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Etiqueta: socialdemocracia

El Derrumbe y el Ocaso del Progresismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís Morales

Las recientes elecciones a las alcaldías del país dejaron grandes repercusiones sobre el sistema político, con el ascenso y descenso de algunos partidos, pero principalmente por el derrumbe definitivo de las fuerzas progresistas que otrora estuvieron representadas por la socialdemocracia y posteriormente por el Partido Acción Ciudadana y el fortalecimiento de las alternativas más conservadoras y cercanas a la economía de mercado como han sido la Unidad Socialcristiana, los partidos evangélicos y más recientemente los partidos liberales o neoliberales.

Aunque ya ese fenómeno político de deterioro del progresismo se había manifestado en las dos anteriores elecciones presidenciales, en esta oportunidad se consolida y muestra la más cruda evidencia con el descenso del papel de Liberación Nacional en su antigua trinchera las municipalidades y el poder local y la desaparición total del PAC como fuerza política en las diferentes regiones del país.

Pero, ¿por qué debe preocuparnos la desaparición del progresismo, representado por los resabios de la vieja socialdemocracia y por el Partido Acción Ciudadana?

Debe preocupar a los grupos políticos, a la sociedad civil y a la población en edades maduras, porque se ha generado un vacío en el espacio político de las fuerzas y de las políticas económicas y sociales progresistas, que está siendo ocupado por los sectores políticos y económicos más conservadores y porque prácticamente desaparecen las luchas y reivindicaciones por lo que queda del estado de bienestar, de la democracia económica y por la permanencia del Estado de Derecho seriamente amenazado en los últimos años.

Debe preocupar también porque la población en edades jóvenes influenciadas fuertemente por la economía de consumo, el conocimiento técnico y las redes sociales, han perdido y ya no tendrán referentes políticos que defiendan la importancia del Estado, las políticas redistributivas, el desarrollo humano, el medio ambiente y los derechos humanos de las minorías.

Los jóvenes de hoy y de mañana, son fáciles presa de las promesas de cambio sin propuestas coherentes, de los partidos unipersonales y de estructuras ficticias y de un espejismo de que el mercado es el ente que asigna los recursos y genera oportunidades para todos y que por ello debe penetrar todas las actividades de la vida en sociedad.

Los grandes dilemas y controversias del pasado, sobre si más Estado o más mercado, si políticas de liberalización y desregulación o de protección y exoneración, si políticas fiscales progresivas o reformas tributarias parciales, la ampliación o reducción de las políticas sociales y del gasto social, la creación de mayores condiciones a la inversión extranjera o fomentar la pequeña y mediana empresa nacional, quedan ahora, sometidos a las visiones electoralistas y a la dispersión de posiciones en un espectro liberal conservador en el que se incluyen la mayoría de los partidos políticos emergentes.

El ocaso del progresismo del siglo XX y del siglo XXI, es el fracaso de las fuerzas políticas que lo impulsaron, quienes dejan a la deriva las grandes desigualdades, los grandes retos de supervivencia del ser humano y la aspiración de un desarrollo más equitativo y sostenible, frente a un mundo unipolar, dominado por el interés individual y corporativo y por la voracidad del capital.

Foto: UCR.

Como que don Pepe les incomoda…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

A los que les falta poco para borrar la ideología «figuerista» sustentada en la SOCIALDEMOCRACIA con que don Pepe y sus compañeros forjaron los cimientos de la Segunda República, la memoria de Figueres les hace bajar la vista. Se saben indignos de su legado y se sonrojan ante sus posiciones pseudoideológicas, pues saben que son vistos como traicioneros de las ideas fundamentales del caudillo.

Hace 71 años, un 12 de octubre, en el suelo fértil, cielo azul y el clima fresco de finca La Paz, en San Ramón, se sembró una semilla, la del Partido Liberación Nacional. En ese lugar, en ese día de 1951, se unieron las manos y voluntades de don Pepe, don Chico, don Daniel y don Luis Alberto, en su compromiso por propagar esa semilla que había nacido y nutrido en los años 40 y que eventualmente floreció con las ideas de la socialdemocracia, que inspiraron (junto al socialcristianismo del doctor, monseñor Sanabria y Manuel Mora) a una generación que aspiraba superarse.

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«Es que eran otros tiempos con diferentes desafíos», dicen con desfachatez. «La socialdemocracia no se puede aplicar al mundo contemporáneo», agregan. «Las leyes del mercado nos hacen volver la mirada hacia Milton Friedman», y, agregamos, también hacia los gurúes economistas cada vez más alejados del pueblo. «Don Pepe nos habría impulsado a vender los bienes del Estado», dicen para justificarse. Y piensan así porque para ellos solo existe el camino trazado por políticos empresarios, que al lucrar con los bienes y servicios de todos los costarricenses, nos han conducido hacia la tambaleante e injusta situación que sufren cientos de miles de compatriotas.

Lo cierto es que de ese PLN originario quizá solo queda la nostálgica bandera que muchos dirigentes incluso se avergüenzan enarbolar. Son los que fácilmente la cambian esporádicamente por otra cualquiera, para que, luego de ser candidato presidencial, por ejemplo, fuere electo alcalde contra un candidato de «su PLN», arropado con la bandera de un grupo evangélico… aunque se dice socialdemócrata.

Así, la SOCIALDEMOCRACIA que nutriera el pensamiento de los grandes que, hombro con hombro, creyeron que los productos de las cosechas serían multiplicados y usados para amasar un futuro mejor, pasó a ser un producto de museo. Sin embargo, aunque no se puede predecir, pensamos que algunas semillas estarán por ahí esperando el momento propicio para brotar, cuando sin complejos, y con valiente disposición, aunque fuese en grupos políticos inéditos diferentes al PLN, las ideas socialdemócratas inspiren nuevamente a los costarricenses hoy hundidos en la desesperanza.

La propuesta del grupo socialdemócrata. (Un episodio de Historia Constitucional)

Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos.

Walter Antillón

En memoria de Fernando Baudrit Solera y Fernando Fournier Acuña,
paladines de la independencia judicial

Hoy día casi nadie en Costa Rica recuerda que en el año de 1949, apenas convocada la Asamblea Constituyente, un grupo de intelectuales cercano a la Junta Fundadora de la Segunda República (gobernaba de facto desde hacía algunos meses) propuso oficialmente un Proyecto de Constitución moderadamente social-demócrata; un Proyecto que la aplastante mayoría conservadora de la Asamblea desechó in limine con argumentos deleznables, optando por utilizar la vieja Constitución de 1871 como modelo a seguir en la redacción de la nueva Carta.

Ello a la postre constituyó, indudablemente, una gran pérdida, porque dicho Proyecto era mucho más moderno y amplio que la vieja Constitución, y que la actual; y en particular, su Titulo VIII, dedicado al Poder Judicial, desarrollaba en 17 enjundiosos artículos, una concepción más racional y garantista que la de las Constituciones anteriores; siendo que éstas, entre otros vicios, en el mecanismo del nombramiento de los Magistrados, colocaban a la Corte Suprema de Justicia en riesgo de sufrir la politización y el sometimiento a las cúpulas políticas y fácticas del País.

Así por ejemplo, en lo que atañe al nombramiento de los magistrados, los artículos 153 y 157 del Proyecto Socialdemócrata aportaban una mejora sustancial con respecto al sistema de la Constitución de 1871, pues proponían la elección a partir de ternas escogidas por la Corte, y planteaban la inamovilidad de los magistrados en sus cargos. Veamos los textos:

“Artículo 153. Los Magistrados serán elegidos por la Asamblea Legislativa, necesariamente de entre los candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia, en número de tres por cada uno que deba nombrarse. La integración de las ternas se hará por voto secreto no inferior a la mitad más cualquier fracción total de los Magistrados que componen la Corte; en la designación se procurará dar preferencia a los funcionarios del Poder Judicial; pero, en todo caso, uno de ellos debe figurar siempre en cada terna.”

“Artículo 157. Los Magistrados tendrán derecho a conservar su puesto, mientras dure su buen desempeño y no hubieren cesado en sus funciones, y a gozar de pensión de retiro en los términos que fije la ley, salvo en el caso de destitución. No podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa o por los otros motivos legales dentro del régimen disciplinario respectivo; en este último caso, por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, votando en secreto por no menos de dos tercios del total de sus miembros.”

Del análisis del artículo 153 del Proyecto extraemos las siguientes disposiciones:

  1. La Asamblea legislativa tiene una potestad limitada en la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para evitar que su intervención no se traduzca en influencia política que socave la independencia de aquellos.

  1. La limitación de dicha potestad consiste en que la elección que haga la Asamblea debe recaer necesariamente en uno de los tres nombres contenidos en una terna escogida por la Corte. El acto de elección de los magistrados por la Asamblea se convierte así en una mera solemnidad, como corresponde en obsequio de la paridad entre dos poderes supremos.

  1. La Corte, un colegio de jueces expertos en la función jurisdiccional, tiene la potestad de designar, con buen criterio, las personas que integrarán la terna que se someterá a la Asamblea.

  1. La Corte integrará la terna mediante el voto secreto de la mayoría absoluta de los Magistrados, para garantizar a éstos una plena libertad de elección.

  1. En la designación de los candidatos, la Corte ‘procurará dar preferencia’ a los jueces en propiedad pertenecientes al Poder Judicial, pues se considera que ellos están mejor calificados, porque presuntamente dominan mejor el oficio de juzgar.

  1. Por lo menos uno de los integrantes de la terna será necesariamente un juez en propiedad perteneciente al Poder Judicial. De hecho, la Corte podría colocar dos o tres jueces en la terna; pero la regla comentada sirve para asegurar en cualquier caso su presencia.

En cuanto al artículo 157, de su análisis se desprende la intención de la Comisión redactora del Proyecto Socialdemócrata de otorgar a los Magistrados de la Corte la inamovilidad en sus cargos ‘mientras dure su buen desempeño’. Se trata de una disposición que hoy es una regla de oro que, en los países civilizados, atañe a todos los jueces, fiscales y defensores del sistema de Justicia.

Ahora bien ¿por qué motivo estas propuestas más que razonables no llegaron a formar parte de nuestra Constitución vigente?

La discusión del Título relativo al Poder Judicial consta en las Actas números 139-148 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, de las cuales extractaremos las piezas pertinentes a nuestro propósito.

  1. Acerca de la inamovilidad de los Magistrados

En el Acta No. 139 del 29 de agosto de 1949 encontramos la propuesta del artículo ‘de la inamovilidad’, redactado por la Fracción Socialdemócrata, y presentada al pleno por el diputado Fernando Fournier Acuña, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Veamos el Acta:

“ …En relación con el artículo ciento veintitrés, la fracción Social Demócrata presentó moción para que se lea así:

“Los Magistrados tendrán derecho a conservar su puesto, mientras dure su buen desempeño y no hubieren cesado en sus funciones y a gozar de pensión de retiro en los términos que fije la ley, salvo en el caso de destitución. No podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa o por los otros motivos legales dentro del régimen disciplinario respectivo; en este último caso, por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, votado en secreto por no menos de dos tercios del total de sus miembros”.

El Licenciado FOURNIER explicó que el artículo anterior pretende establecer lo que la ciudadanía ha venido anhelando por espacio de muchos años: la inamovilidad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de ponerlos al margen de los vaivenes de la política. Luego indicó que todo el título del Poder Judicial del Proyecto del cuarenta y nueve, se basó fundamentalmente en el similar de la Carta de mil ochocientos setenta y uno. Añadió que su Partido -el Social Demócrata-, ha pensado que la independencia del Poder Judicial se garantiza decretando la inamovilidad de los Magistrados.

El Diputado FOURNIER hizo uso extensamente de la palabra, conceptos que se reproducen en el acta. Manifestó que, en su concepto, de no aprobarse la inamovilidad, todo el edificio constitucional que estamos creando, quedaría desquiciado. La inamovilidad, como una de las mayores conquistas democráticas de los pueblos, es la condición esencial para disfrutar de una Corte Suprema de Justicia bien integrada, que sea una verdadera garantía para todos los ciudadanos, sin discriminaciones de ninguna clase, libre de influencias extrañas. La Corte viene a ser -de acuerdo con el nuevo texto constitucional- algo así como el contrapeso de los otros Poderes, que garantiza la justicia por igual de todos los costarricenses. Hay que tener presente que la Corte no sólo va a resolver los conflictos de carácter particular, sino también otros de gran importancia planteados entre los particulares y el Estado. Si las disposiciones de la Corte van a estar tachadas de politiquería, todas esas garantías que hemos creado para los costarricenses -como por ejemplo, el recurso de Hábeas Corpus y el de Amparo- vendrán a quedar por el suelo, y en su calidad de simples principios teóricos, inoperantes en nuestra realidad. Tampoco debe olvidarse que la Corte va a nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, bajo cuyo patrocinio se van a efectuar los procesos electorales. Si la Corte va a estar integrada con un carácter político, la pureza electoral se habrá esfumado también de nuestro medio, pues el partido político mayoritario, a través de la Asamblea Legislativa, decidirá en la integración de aquélla. La Corte, entonces, vendrá a ser un reflejo de los intereses políticos que imperan en la Asamblea Legislativa. Ahí está precisamente el peligro. Para evitar ese peligro, es fundamental decretar la inamovilidad de los Magistrados, para que éstos no estén sometidos a los vaivenes de la política.

En apoyo de la moción de FOURNIER acudió don Fernando Baudrit Solera, quien fue también Profesor y Decano de la Facultad de Derecho, Rector de la Universidad de Costa Rica y finalmente Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Representante BAUDRIT SOLERA se pronunció en términos que íntegros se publican en “La Gaceta”. Manifestó que en ocasión anterior, había expuesto las razones por las cuales la Comisión Redactora del proyecto del cuarenta y nueve había adoptado el sistema de la inamovilidad de los Magistrados. En el seno de la Comisión se discutieron extensamente los beneficios e inconvenientes de ese sistema, que son, estos últimos, los señalados por el señor Arias y aun otros más. El sistema, es claro, tiene sus desventajas. Pero si colocamos sus inconvenientes frente a los del sistema actual, que deja en manos de un cuerpo político, como es el Congreso, la integración de la Corte, llegamos a la conclusión de que es fundamental adoptar el sistema de la inamovilidad de los Magistrados. Agregó que prácticamente el país ha venido viviendo este sistema de la inamovilidad, pues algunos buenos Magistrados han sido reelectos sucesivamente, salvo contadas excepciones y aun cuando tales reelecciones hayan tenido a veces origen político. En cuanto a la idea del señor Arias (don Juan Rafael) de alargar el período a los señores Magistrados, no le parece conveniente por las razones que pasó a exponer. Un abogado electo Magistrado tendrá que abandonar su bufete. Si a él vuelve pasados diez años, por ejemplo, le será muy difícil, si no imposible, recuperar su clientela. Eso le obligaría a acudir al Congreso para influir en el ánimo de los señores Diputados con el propósito de lograr su reelección. Siendo que muchas veces los Diputados abogados tienen asuntos pendientes en los tribunales, tal procedimiento vendría a acarrearnos grandes males, pues aquellos también tratarían de influir en el ánimo de los miembros de la Corte. Por esa y otras razones, fue que en el seno de la Comisión Redactora -continuó diciendo el señor Baudrit-, propuso que los representantes en la Asamblea Legislativa que fueran abogados mientras durasen en sus funciones, no pudiesen ejercer su profesión, moción que cree sólo contó con su voto. Insiste en que el mejor sistema es el de la inamovilidad, que ha dado tan buenos resultados en los países que lo han adoptado, como Brasil, Chile, Argentina, Cuba y los Estados Unidos. Si en esos países el sistema ha dado tan buenos resultados, ¿por qué razón no adoptarlo entre nosotros, máxime si el sistema actual permite abusos, que ya se han cometido? Aclaró el Licenciado Baudrit que la inamovilidad de los Magistrados se mantiene, mientras cumplan a cabalidad su función y no es absoluta. El mismo proyecto del cuarenta y nueve, en sus artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta, establece las causales de cesación y de destitución. Agrega que un artículo transitorio del Proyecto de mil novecientos cuarenta y nueve, dijo que le corresponderá a la próxima Asamblea Legislativa integrar la Corte Suprema de Justicia. Debemos pensar que la Cámara procederá en la mejor forma, a efecto de integrar una Corte que merezca la más absoluta confianza a todos. Concluyó el orador diciendo que mantener el sistema actual le parece un gravísimo error.

Muchos otros constituyentes se sumaron a la tesis de la inamovilidad, recordando situaciones en las que se demostraba la influencia politiquera que acarreaba el régimen de la Constitución de 1871. Aduzco como ejemplo, entre muchos, el testimonio del Diputado don Manuel Antonio González Herrán, prestigioso abogado litigante de San José:

“ …El Diputado GONZALEZ HERRAN declaró que su voto será favorable a la moción planteada. La razón fundamental que lo mueve a otorgar la inamovilidad a los Magistrados, es la de preservar al Poder Judicial de toda influencia extraña, para que se maneje con absoluta independencia. Añadió que no fue a partir de 1940 que se operó la intervención de la política en el Poder Judicial. Ya antes aun cuando el Presidente no influía poderosamente en el nombramiento de los Magistrados los abogados nos dábamos cuenta de lo difícil que era litigar contra un Diputado. Para el país es de muy graves consecuencias que los Diputados, supremos electores de los integrantes de la Corte, tengan juicios pendientes con la justicia. De ahí que opina que a los Altos Jueces que integran la Corte, debe colocárseles al margen de toda posibilidad de quedar bien o mal con los que son sus electores. Los intereses políticos privaban en la elección de los Magistrados cada cuatro años. Es por estas razones, que no puede aceptarse el sistema vigente, que tan pésimos resultados ha dado en nuestro medio, especialmente en los últimos años. Si no se consagra la inamovilidad -concluyó el señor GONZALEZ HERRAN-, nos estaremos exponiendo a padecer los inconvenientes de Magistrados interesados en conseguir los votos de una mayoría parlamentaria. Mientras los Altos Jueces que integran la Corte cumplan con sus obligaciones, deben mantenerse en sus puestos.

La moción de Fournier y Baudrit recogió muchas adhesiones como la que acabo de transcribir, y no tantas opiniones contrarias, pero a la hora de votarla, sorpresivamente fue rechazada. Esa mayoría contraria no contaba en realidad con muchos argumentos; pero parece ser que el desconocimiento de la materia y el miedo a todo lo que es nuevo en muchos de los constituyentes; o el mero espíritu de contradicción; o la conveniencia que les reportaba el sistema vigente a aquellos que ejercían la ‘abogacía política’, etc., hicieron su trabajo.

La tragedia estuvo en que ninguno de los tenaces opositores, como por ejemplo el cartago Mario Alberto Jiménez o el herediano Fernando Vargas, propuso alternativas al sistema que criticaban, de modo que cuando hicieron fracasar la propuesta socialdemócrata, lo que quedó finalmente aprobado fue una versión de la impresentable fórmula de 1871, que irónicamente ninguno de ellos recomendaba, ni nadie en la Asamblea había defendido.

En el Acta de la Sesión No. 141 del 31 de agosto citado, don Fernando Baudrit presenta y razona su moción de revisión del rechazo de la propuesta socialdemócrata sobre la inamovilidad, con abundancia de argumentos y referencias, y presenta una carta del Presidente de la Corte, don Gerardo Guzmán, en apoyo de la inamovilidad.

“ …Artículo 2º.- El Representante BAUDRIT SOLERA presentó moción de revisión sobre la ponencia rechazada en la sesión anterior de la fracción Social Demócrata en relación con la inamovilidad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El mocionante expuso las razones que lo llevan a solicitar la revisión planteada. Empezó diciendo que sus convicciones de mucho tiempo, así como el hecho de desempeñar en nuestra Escuela de Derecho la Cátedra de Derecho Procesal, desde la cual siempre ha abogado por la tesis de la inamovilidad judicial, lo movían a agotar todos los recursos como lo expresó en la sesión anterior para que en la Constitución de 1949 se incorpore el principio de la inamovilidad de los integrantes de la Corte, que estima necesario y saludable para la vida institucional del país. Por otra parte, la votación de ayer no es un reflejo exacto de la mayoría de la Cámara, ya que la moción respectiva se desechó por un solo voto. Por estas razones considera que es necesario ahondar el debate para ver si es posible llevar al ánimo de los señores Representantes la necesidad y conveniencia del sistema de la inamovilidad. Para corroborar su tesis, el señor Baudrit dio lectura a las siguientes opiniones de conocidos tratadistas de la materia, que se pronuncian en un todo de acuerdo con la inamovilidad del Poder Judicial: Francis Lieber, expositor americano, en su libro “On Civil Liberty and Self Government” [1853] página 204, nos dice: “La independencia de los jueces es un concepto de la vieja raigambre de los escritores de la filosofía política de nuestra lengua. Pero debe hacerse observar que la independencia del Poder Judicial, por la cual se entiende generalmente aquella posición del juez independiente del Poder Ejecutivo, (en los Estados Unidos el Presidente nombra los Magistrados sometiendo su aprobación al Senado), sólo es factible si su nombramiento es de por vida y se les respalda con la prohibición de que sus salarios no deben ser disminuidos, después de que su nombramiento ha tenido lugar”. Y reafirmando ese concepto en la página 220, agrega: “La independencia del Derecho y de la Administración de Justicia, requiere esa independencia del Juez”. El tratadista don Fernando Mellado, en su obra Derecho Político, página 780 expone: “La independencia, la inamovilidad y la responsabilidad de los jueces, completan el cuadro de la autoridad judicial. La independencia, porque sin ella los jueces no pueden obrar libremente, ni conforme a Justicia, sino que subordinarían sus sentencias o disposiciones materiales o morales extrañas por completo a lo que debe ser la autoridad judicial. La inamovilidad conduce inmediatamente a la independencia a que acabamos de referirnos; la seguridad por parte del juez de que obrando rectamente no se le ha de seguir perjuicio alguno en el ejercicio de su cargo, facilita que obre con la independencia debida, ajustando todas sus disposiciones a los preceptos de la ley, según los comprenda, los desarrolle y analice su propia conciencia”. El profesor Felipe Tena Ramírez (Derecho Constitucional, página 421), defendiendo el mismo principio y doliéndose de que en México no haya sido respetado en las últimas constituciones políticas, cita la opinión de Rabasa (expuesta en su tratado Organización Política de México), que dice: “La inamovilidad del Magistrado es el único medio de obtener la independencia del tribunal… El nombramiento puede ser del Ejecutivo, con aprobación del Senado, que es probablemente el procedimiento que origina menores dificultades y promete más ocasiones de acierto… Las ligas de origen se rompen por la inamovilidad, porque el Presidente que confiere el nombramiento no puede revocarlo ni renovarlo; el Magistrado vive con vida propia, sin relación posterior con el que tuvo la sola facultad de escogerlo entre muchos, y que no vuelva a tener influencia alguna ni en sus funciones, ni en la duración de su autoridad”. Sobre esta misma materia -continuó diciendo el señor Baudrit- recabó la opinión de don Gerardo Guzmán, actual Presidente de la Corte, con quien los costarricenses tienen contraída una gran deuda. Piensa que el pueblo costarricense, representado en el seno de esta Asamblea, tiene la obligación de conocer y pesar la opinión del gran patricio, don Gerardo Guzmán, el reo de los calderocomunistas, arrancado a su vida hogareña, después del triunfo de la revolución libertadora, para ponerlo al frente del Poder Judicial que ya él había honrado con su vida honesta puesta al servicio de la justicia nacional. El más alto representativo del Poder Judicial está absolutamente de acuerdo con nuestra tesis. Ninguna persona más autorizada para opinar respecto a la inamovilidad que el señor Guzmán. Y no puede de ninguna manera pensarse que don Gerardo esté interesado en este asunto, ya que él tendrá que abandonar la Corte por razones de edad. Terminó el orador dando lectura a la siguiente carta que le enviara el señor Guzmán, advirtiendo que la realidad debió comenzar con la lectura de ese documento.

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE DON GERARDO GUZMÁN QUIRÓS.

“ …San José, 31 de agosto de 1949.

Señor Licenciado don Fernando Baudrit.

S. D.

Muy estimado colega:

En vista de su deseo de obtener mi opinión en cuanto a los bases fundamentales sobre las que debe descansar el Poder Judicial de la República, según la Constitución que ahora se proyecta, con el propósito de estabilidad y prestigio y de que constituya una garantía efectiva para los ciudadanos que a él ocurren en demanda de justicia, me es muy grato complacerlo externando mi parecer en la forma siguiente:

La experiencia de los puebles más cultos los ha llevado al convencimiento de que es indispensable rodear a la administración de justicia de efectivas garantías, a fin de ponerla al abrigo de extrañas y funestas influencias que a veces se dan, pudiendo enturbiar su actuación, y de ahí que en tales países se haya colocado a la judicatura en condiciones especiales y, puede decirse, hasta de ventaja sobre los demás cargos de la Nación, más todo esto, bien se comprende, no con la mira interesada o injusta de favorecer a los ciudadanos que desempeñan las funciones de Magistrados, sino en beneficio directo de todos los habitantes de la República. Relativamente a este punto hay que recordar un yerro del pasado que es preciso rectificar, la Constitución de 1871 fijaba un corto período para el ejercicio de la Magistratura y atribuía la elección de los Magistrados, sin contralor alguno, a un cuerpo esencialmente político, como lo es el Congreso; éste, además, tenía la facultad irrestricta de fijarles sueldo, de aumentárselos o disminuírselos, a su arbitrio. No se concibe una base más deleznable y a todas luces resulta inconveniente por el peligro manifiesto que entraña, y debe reconocerse que la Constitución aludida ofreció amplio campo a los otros Poderes para falsear el Judicial, con quebranto de su prestigio, todo lo cual, indudablemente, debe ser impedido en la nueva Carta Fundamental.

Todo plan para el establecimiento del Poder Judicial bien organizado debe basarse, según lo demuestra la experiencia, en la inamovilidad de los jueces, mientras desempeñen sus funciones con entera dedicación y honradez. Esta idea no es nueva, pues el principio de la inamovilidad de los jueces se halla incorporado, desde hace muchos años, en varias constituciones de otros países y, progresivamente, se ha ido incluyendo en las de otros de avanzada cultura jurídica. En cuanto a las vacantes que ocurran debiera atribuirse al Congreso la facultad de llenarlas, pero escogiendo dentro de las ternas que le envíe la Corte, la cual queda en absoluta liberta de integrarlas, procurando siempre el ascenso, si éste fuera posible. La bondad de este sistema resulta innegable, si se tiene en cuenta que el único interés que podría privar en la Corte, al formar la terna respectiva, sería el de mejor servicio público, sugiriendo como candidatos a la Magistratura a profesionales que por su probidad reconocida, preparación, cultura y esfuerzo personal, fueran idóneos para el desempeño de tan delicadas funciones en un tribunal colegiado. Un procedimiento semejante debiera adoptarse para la elección de Magistrados suplentes, mediante el envío que hiciera la Corte al Congreso de una lista de candidatos, dentro de la cual este último elegiría a dichos funcionarios; y, asimismo, las vacantes también debieran llenarse por medio de ternas enviadas por la Corte al Congreso.

Nuestra Ley Orgánica de 1888 (derogada) contenía la prohibición de rebajar los sueldos de los funcionarios que administraran justicia durante el período para el cual hubieran sido nombrados. Al incorporar esa garantía -que en otros países existe en sus respectivas constituciones- en el estatuto orgánico del Poder Judicial de nuestro país sin duda se tuvo el propósito de evitar represalias de otros poderes que, aun cuando muy improbables, tampoco serían imposibles en momentos de extraordinaria exaltación política. Disposiciones semejantes a la que contenía nuestra Ley Orgánica de Tribunales de 1888, y a la cual me he referido, existían desde hace muchos años en las más avanzadas constituciones políticas de otros países por estimarse como indispensable complemento de la inamovilidad judicial. En cuanto a lo que se conoce como autonomía económica, sea de un poder o de una institución del Estado semiautónoma, debo decir que durante más de medio siglo en el presupuesto general de gastos del Estado, se le reconoció a la Corte y se le estuvo asignando una modesta partida para cubrir los alquileres de locales destinados a oficinas judiciales que, en su mayoría, se alojan en edificios de propiedad particular, compra y reparación de mobiliario, papelería y otros gastos menudos, no habiendo ofrecido ese sistema ningún tropiezo; sin embargo, desde la promulgación de las leyes llamadas de organización fiscal, ya no es el Presidente de la Corte quien gira contra la respectiva partida sino el Ministro de Hacienda, previos dilatados trámites, todo lo cual acarrea pérdida de tiempo y entorpecimiento en el pago de esos pequeños desembolsos, lo cual indica que es conveniente autorizar en la nueva Constitución a la Corte para manejar esa pequeña partida girando contra ella el Presidente de la Corte, sin más requisito que el pago esté debidamente justificado. Las anteriores reformas las había estimado indispensables la corte, en otra oportunidad, para asentar al Poder Judicial sobre bases inconmovibles, ideal que se ha venido intentando durante muchos años, sin que hasta ahora se haya incorporado, como sería de desear, en la Constitución de la República.

Agradezco a Ud. la distinción que se ha servido hacerme al solicitar mi modesto parecer al debatirse la organización del Poder Judicial al cual he servido durante tantos años y por cuya mejora siento el más vivo deseo; aprovecho la ocasión para renovarle las muestras de mi consideración muy distinguida.

GERARDO GUZMÁN

Entre otros colegas, el Diputado Ricardo Esquivel Fernández adujo los siguientes argumentos para apoyar la moción de revisión del Diputado Baudrit:

“…Mucho se ha escrito, en España y fuera de ella, en defensa de la inamovilidad de la magistratura. Resumiremos ahora los principales argumentos aducidos por los partidarios de este principio, a un tiempo orgánico, judicial y político.

Si la inamovilidad se ha dicho es una condición de que deberán gozar todos los servidores del Estado, claro es que no puede dejar de establecerse en favor de aquellos que tienen a su cargo los servicios judiciales, esto es, los jueces y magistrados, y aun con más motivo en cuanto a éstos, no porque tengan a ella mejor derecho, sino por la mayor gravedad de los intereses que se les confían.

Los legisladores de Cádiz conocieron ya la necesidad de declarar inamovibles a los funcionarios judiciales. “Cuando la integridad de los jueces -expone la comisión encargada de extender el proyecto de la Constitución del año 1812- es el requisito más esencial para el buen desempeño de su cargo, es preciso, asegurar en ello esta virtud por cuantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar a cubierto de las impresiones que pueda producir hasta el remoto recelo de una separación violenta. Y ni el desacuerdo del monarca, ni el resentimiento de un Ministro han de poder alterar en lo más mínimo la inexorable rectitud del juez o magistrado. Para ello nada es más a propósito que el que la duración de su cargo dependa absolutamente de su conducta, calificada en su caso por la publicidad de un juicio …”.

“ …El Diputado FOURNIER hizo uso extensamente de la palabra, conceptos que se reproducen en el acta. Manifestó que, en su concepto, de no aprobarse la inamovilidad, todo el edificio constitucional que estamos creando, quedaría desquiciado. La inamovilidad, como una de las mayores conquistas democráticas de los pueblos, es la condición esencial para disfrutar de una Corte Suprema de Justicia bien integrada, que sea una verdadera garantía para todos los ciudadanos, sin discriminaciones de ninguna clase, libre de influencias extrañas. La Corte viene a ser -de acuerdo con el nuevo texto constitucional- algo así como el contrapeso de los otros Poderes, que garantiza la justicia por igual de todos los costarricenses. Hay que tener presente que la Corte no sólo va a resolver los conflictos de carácter particular, sino también otros de gran importancia planteados entre los particulares y el Estado. Si las disposiciones de la Corte van a estar tachadas de politiquería, todas esas garantías que hemos creado para los costarricenses -como por ejemplo, el recurso de Hábeas Corpus y el de Amparo- vendrán a quedar por el suelo, y en su calidad de simples principios teóricos, inoperantes en nuestra realidad. Tampoco debe olvidarse que la Corte va a nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, bajo cuyo patrocinio se van a efectuar los procesos electorales. Si la Corte va a estar integrada con un carácter político, la pureza electoral se habrá esfumado también de nuestro medio, pues el partido político mayoritario, a través de la Asamblea Legislativa, decidirá en la integración de aquélla. La Corte, entonces, vendrá a ser un reflejo de los intereses políticos que imperan en la Asamblea Legislativa. Ahí está precisamente el peligro. Para evitar ese peligro, es fundamental decretar la inamovilidad de los Magistrados, para que éstos no estén sometidos a los vaivenes de la política.

¿Cuáles fueron los principales argumentos de los impugnadores de la inamovilidad? Como antes lo indiqué, el más tenaz opositor fue el Diputado Fernando Vargas Fernández, cuyas razones, así como las del notorio iconoclasta Mario Alberto Jiménez Quesada y las del honesto pero despistado Ramón Arroyo Blanco pesaron para que la mayoría de los constituyentes terminaran instaurando, por la vía de la inercia, el actual sistema que, en realidad ninguno pretendía o se atrevía a defender abiertamente. Veamos el Acta:

“ …El Diputado VARGAS FERNANDEZ usó de la palabra extensamente en términos que se publican en “La Gaceta”. Indicó que se mantenía firme en su criterio anterior opuesto a la inamovilidad de los Magistrados, ya que durante la revisión no se han expuesto nuevos argumentos por parte de los defensores de la tesis contraria. Por esas razones, no votará la revisión planteada. Agregó que ha estado en desacuerdo con esa inamovilidad tan especial que se propone y que ampara sólo a los Magistrados, y no a los Jueces y Alcaldes. Dichosamente el señor Solórzano se ha dado cuenta de esta injusticia y ha presentado una moción para que se incorpore la frase final del artículo 123 de la Constitución del 71. Piensa que el problema no está en la inamovilidad. La base del problema está en el nombramiento de los Magistrados, que anteriormente hacía el Congreso y en el futuro la Asamblea Legislativa. Conceptúa que todas las deficiencias que se la han apuntado al sistema estriban en la falta del establecimiento de la carrera judicial en Costa Rica. Mientras no se establezca, estaremos expuestos siempre a llevar advenedizos a la Corte. Establecida la carrera judicial, los ascensos se operarán automáticamente. Cuando la limpia credencial de un juez sea factor para llegar a la magistratura, coronación de la carrera judicial, entonces sí se podrá estar seguro que en el nombramiento de los Magistrados no intervendrán los factores políticos. ¿Qué se pretende con la inamovilidad si antes no se crea la carrera judicial? Que cualquier litigante que no ha sido funcionario del Poder Judicial, de la noche a la mañana, sin tener quizás credenciales para ello, sea nombrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en evidente perjuicio de quienes por muchos años han venido laborando en funciones judiciales. El caso del Juez don Alfonso Barrantes, ya citado aquí, constituye argumento para el establecimiento de la carrera judicial, pero no para esta inamovilidad por la que se está abogando. Si esa inamovilidad hubiera estado establecida en esa oportunidad, el señor Barrantes habría podido quedarse sin alcanzar la magistratura, no así si la carrera judicial lo hubiera estado. Las opiniones de los tratadistas están muy divididas.

El Diputado ESQUIVEL nos leyó las opiniones favorables a la tesis de la inamovilidad que transcribe la Enciclopedia Jurídica española. Pero en la misma Enciclopedia se transcriben, seguidamente, las opiniones contrarias. Todo esto nos demuestra que en materia tan compleja las opiniones son muy diversas. La tesis tiene sus defensores e impugnadores. Para terminar, el señor Vargas Fernández dio lectura a las opiniones contrarias a la inamovilidad que leyó de la Enciclopedia Jurídica española. Esas opiniones son las siguientes:

2.- OPINIONES CONTRARIAS A LA INAMOVILIDAD JUDICIAL.

El principio de la inamovilidad de la Magistratura ha tenido y tiene también impugnadores, que lo combaten fundados en diversas consideraciones y desde diferentes puntos de vista.

“Verdad es que los jueces, siendo inamovibles -dice Meunier- no pueden descender, pero nada les impide el ascenso con tal que satisfagan y contenten al Jefe del Estado; y con el mismo sentido afirma Vaulabelle que la inamovilidad no logra destruir la ambición, el espíritu de intriga y el deseo de aumentar el sueldo. La justicia se administra constantemente -sostiene Comte- según el modo como se haya hecho el nombramiento de los jueces, y la inamovilidad puede ser muchas veces la permanencia de la ineptitud, de la venalidad o del fanatismo. Tal vez por esto haya creído Stuart Mill que nadie podía negar que la inamovilidad de la magistratura fuese un mal. Pues ¿qué? dice Fasy-, ¿no será posible destituir a un juez incapaz o parcial, y el público habrá de soportar continuamente tales defectos? Y sin negar este autor ciertas ventajas que ha producido la inamovilidad, opina que sólo puede servir como una garantía contra los gobiernos monárquicos, que están facultados para proveer los cargos judiciales”.

Se ha objetado también que, dado el modo de ser del espíritu humano, su tendencia al reposo y la facilidad con que el envanecimiento de los altos cargos lo ciega, cuando el Juez o Magistrado se cree seguro en su oficio para toda su vida, esa seguridad engendra el descuido, y a la larga hasta las naturalezas más activas se tornan perezosas, la práctica degenera en rutina, y la jurisprudencia se hace caprichosa y personal. “Una vez resuelto un caso determinado, el Magistrado, aplica en los análogos la propia doctrina como verdad indiscutible, sin preocuparse por hacer nuevos estudios, de modo que un error varias veces repetido acaba por convertirse en axioma, en verdad infalible. Está en la miseria del corazón humano la tendencia a sostener sus actos y opiniones, encaprichándose en ellos con tanto mayor empeño, cuanto mayor grado de humildad se requiere para volver atrás, o para confesar el error; difícilmente cede el de arriba ante el que cree abajo… La jurisprudencia es una ciencia que adelanta día por día, y como las locomotoras, al que no va con ellas lo deja atrás, cuando menos piensa, como inútil rezagado. Los Magistrados que se sienten seguros en sus puestos, se limitan por lo regular a despachar con las luces y la práctica que ya tienen, las muchas cuestiones concretas, la mayor parte semejantes, que diariamente entran a su estudio, sin cuidarse de la jurisprudencia abstracta y general que avanza y cambia con la rapidez de la civilización, y que sin sospechar se les escapa. De ahí que a veces los hechos vengan a desmentir la fama de sabios de algunos viejos jurisconsultos, porque confiados en su acopio de conocimientos y engreídos con antiguos triunfos, se han quedado, sin saberlo ellos mismos, sentados sobre sus laureles a la vera del camino por donde vuela el tren de la ciencia”.

Finalmente, se ha señalado como otra desventaja de que los cargos judiciales sean inamovibles, la de imponer a los pueblos cual insacudible yugo, la obligación de soportar “a individuos gastados, ignorantes o morosos, sólo porque su conducta es buena y su hogar respetable. Contra esos Magistrados perniciosísimos, no por lo malo que hacen, pues de ello son incapaces, sino por lo bueno que no hacen, debe dejarse a la sociedad al menos el consuelo de esperar en su reemplazo al fin de un período”; y es peligroso “no dejar más medios de salir de ellos que los trastornos públicos, la muerte o la escandalosa promoción a mejores puestos que merecen todavía menos”.

Don Fernando Baudrit, al salir al paso de dichos argumentos, indicó

“ … que parecía deducirse de las afirmaciones del compañero Vargas Fernández, que se estuviera propiciando la llegada de advenedizos a la Corte. Semejante suposición carece por entero de fundamento. El mismo Proyecto del 49 contempla el caso de las vacantes que serán llenadas por la Asamblea Legislativa, escogiendo de una terna que le enviará la Corte; se establece allí que, cuando menos, uno de los integrantes de las ternas, ha de ser funcionario del Poder Judicial. En otra disposición del mismo Proyecto se establece que la ley, en aquello que no está previsto en la Constitución, indicará las condiciones que deben reunir los funcionarios y empleados del Poder Judicial, la duración de sus cargos y la manera de nombrarlos, procurando establecer el sistema de ascenso por méritos. El principio de la carrera judicial está consignado en el Proyecto, que ha sido presentado en forma de mociones a la consideración de la Asamblea. De aprobarse esa disposición de nuestro Proyecto, la futura Ley Orgánica del Poder Judicial tendrá que venir a establecer el sistema de ascenso por méritos. Terminó diciendo que si bien era cierto que la tesis de la inamovilidad contaba con muchos impugnadores, pero frente a los resultados del sistema contrario, es indispensable incorporarla a la nueva Constitución, para acabar de una vez para siempre con la intromisión de la politiquería en las Cortes, a través de cuerpos eminentemente políticos, como son nuestros Congresos y aun del Presidente de la República. Si todos aceptan que la politiquería ha influido en mayor o menor escala en la integración de la Corte, ¿cómo, entonces, empeñarse en mantener un sistema que tan funestos resultados ha dado en nuestro medio?

A pesar de la abundancia de razones a favor de la revisión y de la inconsistencia de los argumentos en contra, la Asamblea la rechazó por dos votos. Lo cual motivó que en el Acta No. 142 del primero de setiembre siguiente, en su última intervención sobre el tema de la inamovilidad, el diputado Baudrit manifestara lo siguiente:

“… que parecía desprenderse de la discusión habida en torno de este asunto en las sesiones anteriores que el escollo principal para establecer la inamovilidad era que ese sistema, a juicio de algunos Diputados, no dejaba abierta la puerta para que la representación nacional ejerciera una especie de contralor en la Corte. Pero hoy -añadió- con gran sorpresa noto que quiere crearse ambiente favorable en la Cámara para mantener el sistema actual de elección de Magistrados, aumentando simplemente el período a diez años. Pero con diez o con ocho años, indiscutiblemente volveremos a tener la politiquería metida en la Corte. La Asamblea Legislativa, bien podrá llevar al seno del Supremo Tribunal de Justicia a cualquier advenedizo. ¿Cómo es posible, señores Representantes, que nos olvidemos tan rápidamente de lo ocurrido en Costa Rica hace apenas muy pocos años? Es cierto que debemos tener confianza en los gobernantes del futuro, pero eso no nos libra de la obligación de evitar, en lo posible, que se abran las puertas para la intromisión de la politiquería en el Poder Judicial. Agregó que se mantenía dentro de su tesis, esto es, que la única forma de poner coto a aquel mal, era estableciendo la inamovilidad de los Magistrados. Fiel a su pensamiento, agotará todos los esfuerzos posibles para que la nueva Constitución incorpore ese principio que juzga imprescindible. Durante la revisión final, volverá a insistir en su tesis aun cuando sólo cuente con su voto. Si ésta es de nuevo rechazada, al menos le quedará la satisfacción moral de haber cumplido hasta el último momento con su deber; no quiere cargar con la responsabilidad histórica de lo que aquí se haga en contra de aquella tesis…”

  1. Acerca de las ternas

El artículo 153 del Proyecto, relacionado con el mecanismo de las ternas a proponer por parte de la Corte Suprema a la Asamblea Legislativa, reintroducido al debate por moción del Diputado Ramón Arroyo (ver Acta 143 citada), no suscitó una discusión tan prolongada como el de la inamovilidad, y perdió fuerza cuando éste fue rechazado. En todo caso, su defensa corrió a cargo del infatigable don Fernando Baudrit. Veamos:

“ …El Representante BAUDRIT SOLERA expresó que la exigencia de las ternas venía a completar el sistema de transacción, que se ha visto obligado a aceptar, al desechar la Cámara la moción que creara la inamovilidad del Poder Judicial. La terna es de todo punto de vista conveniente. La Corte la integrará con los elementos más capaces ¿Quién sino la Corte, va a estar más capacitada para escoger a los miembros que van a integrar esa terna? Añadió que en la práctica, aun cuando no se ha establecido la carrera Judicial, la mayoría de los Magistrados ha pasado previamente por las posiciones inferiores del Poder Judicial. Las ternas, a no dudarlo, vendrán integradas cuando menos por dos elementos del Poder Judicial. Luego expresó que no existía tal contradicción entre la atribución otorgada a la Asamblea Legislativa de nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la moción en debate. En el primer caso se indicó que la Asamblea Legislativa elegiría a los Magistrados, pero no se dijo en qué forma. Ahora en cambio se vienen a establecer las condiciones de esos nombramientos, la forma en que habrá de operar la Asamblea…”

Dichos argumentos fueron secundados por el Diputado Ramón Arroyo Blanco, en los siguientes términos:

“ …se justifica que al Poder Judicial se le otorguen más garantías por cuanto es de los tres Poderes el que más garantías requiera para cumplir su cometido. Hamilton, en su libro “El Federalista” nos dice que el Ejecutivo tiene en sus manos la fuerza pública; el Legislativo dicta las leyes; el Poder Judicial solamente se concreta a dictar el derecho. De ahí que todas las legislaciones, teniendo en cuenta esta debilidad del Poder Judicial, que lo coloca en una situación de inferioridad con respecto a los otros Poderes, lo ha reforzado. Montesquieu expresó que la esencia de las Democracias estaba en la independencia del Poder Judicial. Piensa en consecuencia, que se está desarrollando ese principio, colocando al Poder Judicial en una situación de amparo frente a los otros dos Poderes. El simple hecho de que estemos rodeando de garantías al Poder Judicial -concluyó el señor Arroyo- no debe alarmar a nadie, si se toman en cuenta sus palabras anteriores…”

Sin embargo, la moción del Diputado Arroyo sufrió modificaciones que desvirtuaron su sentido original y finalmente fue desechada sin pena ni gloria (penúltimo apartado del Acta 143).

Y de esa manera, la innovadora propuesta de la Fracción Socialdemócrata, alabada por tirios y troyanos en los debates de la Constituyente, fue derrotada en sus partes más esenciales; mientras que el vetusto sistema de las Constituciones del Siglo XIX (las de 1859, 1869 y 1871), que todos criticaron y nadie defendió, fue emergiendo incólume, como producto impensado (¿indeseado?) de los mil ajustes y reajustes, dudas y asertos, propuestas y contrapropuestas del conjunto de los integrantes de la Asamblea, trayendo irónicamente a la memoria el chiste de la definición del camello: ‘el producto de una comisión que se proponía producir un caballo’.

En un momento crucial para el futuro de la Judicatura y del País, es impostergable el deber de todos de reflexionar acerca de lo que apostamos y perdimos los costarricenses en el campo judicial, durante los trabajos de la Asamblea Constituyente de 1949, y acerca del camino a seguir.

Otro mundo es posible.

CAMBIO DE LA JORNADA DE TRABAJO

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Cuando el Partido Liberación Nacional en el siglo pasado gozaba de cierta dosis de socialdemocracia planteaba algunas cosas interesantes; dos de ellas eran muy atractivas.

La primera, en el aspecto económico, era que había convertir a Costa Rica en un país de propietarios y no de proletarios.

La segunda, en el campo social, era que había que competir en el mercado internacional no con la vista puesta en Centroamérica sino en los países nórdicos, en la Alemania de Brand, en los países socialdemócratas de Europa. Era en otras palabras, que había que competir para atraer inversiones NO con bajos salarios, malas condiciones de vida de los trabajadores o desmejorando la Seguridad Social. Nuestro futuro, decían, estaba en la calidad de la mano de obra, en la igualdad, en buenos salarios, en buenas condiciones de salud, en fin, en un Estado de Bienestar universal.

Ninguno de estos postulados ha perdido vigencia, son principios de la vieja socialdemocracia.

El proyecto de flexibilidad laboral que permite a los patronos establecer una jornada de 12 horas por 4 días, se asemeja más a los países más atrasados laboralmente hablando, que a los más desarrollados con los cuales tenemos que compararnos.

Ingresamos a la OCDE para efectivamente jugar en el club de los países con mayor desarrollo económico y para aprovechar y copiar sus mejores políticas.

La jornada laboral promedio de los países de la OCDE es de 40 horas semanales. Costa Rica con jornada de 48 horas a la semana, con Méjico y Colombia están entre los que más trabajan.

Debería aprovecharse el proyecto de flexibilización laboral para reducir la jornada semanal a 40 horas y, si se considera conveniente, laborar 10 horas diarias por 4 días. Esta medida reduciría considerablemente los problemas de las mujeres y el estudio de los trabajadores estudiantes.

Una jornada de 40 horas semanales no perjudica la competitividad ni la productividad de la mano de obra costarricense que es sumamente calificada, como lo han reconocido los inversionistas. Además, la prueba contundente de que no restaría competitividad al país es que los países de la OCDE son de los que menos horas trabajaban los asalariados. Francia desde 1999 tiene una jornada laboral de 35 horas semanales y es la segunda economía de Europa; y en Australia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Bélgica y Alemania es de 38 horas.

Colombia y Chile con jornadas iguales a las de Costa Rica se proponen reducirlas al promedio de la OCDE, sea 40 horas, de aquí a finales de 2026.

El proyecto de flexibilidad laboral ha permitido a las Cámaras patronales echar mano al manido recurso de manifestar que con esa medida aumentará el empleo. Todas las medidas que atenten contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras para esas cámaras crean más empleo. Estos son los que ven -como decían los socialdemócratas- a los países más atrasados y no a los más avanzados.

Pero lo que si puede ser un cambio radical y un aumento sustancial del empleo es reducir la jornada de trabajo porque se requeriría más mano de obra o sea más trabajadores, lo cual aumentaría la rentabilidad de las empresas y con ello sus utilidades. Así lo comprueban las sociedades europeas más avanzadas.

La excusa que utilizan los patronos para aumentar el empleo es reducir las condiciones laborales de los trabajadores.

Pero lo cierto es que el mejoramiento de las condiciones de los asalariados, como se demuestra en la OCDE, genera un aumento sustancial del empleo y de la competitividad.

Es al revés, sino véase que la tasa de desempleo nacional no se ha reducido en años a pesar del congelamiento de salarios y deterioro de las condiciones de vida.

Es esa la mejor prueba.

Voto joven en defensa del progresismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Sebastián Bermúdez Morúa

La palabra “progre” se ha desvirtuado en los últimos 8 años, en parte gracias a un gobierno que ha demostrado ser uno que utiliza el poder para servir a ciertos intereses particulares y que olvida o ignora en la práctica la verdadera interpretación del progresismo. No solo con las propuestas absolutamente inconstitucionales y regresivas que promueve, como el Plan Fiscal y la ley anti-huelgas, sino también colocando a personas cuestionables en su gabinete, como André Garnier y Rodrigo Chaves. También desoyendo a los sectores que a gritos piden auxilio; líderes indígenas asesinados, cada vez más mujeres víctimas de violencia de género, etc. Este gobierno particularmente ha sido nefasto y regresivo en lo que concierne a la institucionalidad costarricense, sin embargo, se hacen llamar progresistas, y orgullosamente ponen una vez al año la bandera LGBTIQ+ en Casa Presidencial.

El “progresismo” que se ha acuñado en el país en los últimos 8 años es un progresismo burgués, y no de clase. No representa en muchas medida una propuesta disruptiva al sistema imperante, al contrario, se acomoda con los grandes intereses de quienes dirigen al país, dueños de una que otra empresa, y de uno que otro medio de comunicación.

Los últimos 2 gobiernos han evidenciado el decaimiento de un proyecto alternativo (para la derecha), en el cual se ha ido desenmascarando quienes manejan los hilos del poder, las mismas personas que lo tomaron hace más o menos 40 años, por allá del primer gobierno de Oscar Arias. Como persona joven creo en la institucionalidad de este país, estoy convencido de que hay que defenderla y que es rescatable. Es por lo anterior que en las siguientes líneas expreso algunas opiniones e ideas que pienso ayudar a defender un progresismo real, que tan desvirtuado y desfigurado ha quedado luego de la carnicería con que ha hecho en PAC con ese término por 8 dolorosos años para este país.

Creo que es importante trascender la discusión del posicionamiento ideológico, que es a veces trasnochada, al igual que los resentimientos, bien fundados o no, que restan a la discusión del por quién votar este 6 de febrero. Con respecto a esa discusión trasnochada, el Frente Amplio no es un partido comunista y no pienso que deba haber discusión al respecto, ya que es algo muy evidente. Sin embargo, considero que el FA representa en gran medida un progresismo disruptivo contra el conservadurismo moralista que ejerce una violencia leonina, no solo sobre la juventud, sino también sobre las personas sexualmente diversas y las mujeres. La imposición de una clase sobre otra, de quienes tienen derecho y quienes no tienen tanto o no tienen ninguno siempre es violenta. Encontrar un espacio que unifique las luchas de quienes no tienen derecho, con una agenda que a su vez sea progresista y realista es un reto grande en estas elecciones. Hay muchos (25) que dicen tener la respuesta, analizando no sólo las principales propuestas, sino también la historia reciente de esas 25 figuras y lo que han aportado (o no) al país, es muy evidente que el FA destaca como una opción que en sus inicios estaba al frente de las demandas justas de la mayoría y en defensa de la institucionalidad. Conforme ha crecido ese partido y ha perdido claridad ideológica se ha separado, si bien no de todas esas luchas, de quienes hacen esas demandas, de la gente. Hoy en FA se presenta como una opción moderada de centro izquierda en lo económico, más a la derecha que cuando inició, pero con la bandera del progresismo como norte fijo.

Pienso que el “progresismo” puede estar jugando el mismo papel que jugó la socialdemocracia en el desmantelamiento de la propuesta socialista durante la Guerra Fría, un amortiguador que encauce dentro del sistema capitalista burgués las necesidades de quienes a él protestan. Sin embargo, existe en el progresismo una fuerza disruptiva contra el moralismo y el conservadurismo imperante, lo cual es indiscutible, al menos en un verdadero progresismo. Esta última idea me da cuerda para la siguiente, un partido de izquierda no es necesariamente progresista, y el progresismo no es necesariamente de izquierda cuando se lleva junto con una agenda compartida con un modelo económico que atenta contra el derecho, y los derechos, de la mayoría. La frase mal usada de “vivimos en un Estado social de derecho” pierde su significado cuando en la práctica sólo algunas personas tienen derecho, y estas viven en el mismo territorio, pero en un Estado sin derecho.

Como persona joven, resulta muy seductora la idea del progresismo como oposición a ese conservadurismo moralista, o incluso la marginalidad de la izquierda “tradicional” y sus luchas del siglo pasado, las cuales fueron y son justas. Al mismo fin se puede llegar por varios medios, sin embargo, no todos son los correctos, es por esto que considero importante preguntarse si es efectivamente el progresismo una propuesta alternativa al modelo neoliberal.

Hace algún tiempo me preguntaron políticamente cómo me identifico, no supe dar una respuesta clara en el momento. Quisiera encontrar la respuesta a esa pregunta en una frase de José Martí que escuché en una reunión familiar y luego leí en un libro de sus poemas: “con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar…”. Efectivamente, el progresismo real debe buscar devolverle los derechos a quienes los han perdido, y a quienes nunca los han tenido en el contexto del modelo explotador que ha reinado en Costa Rica desde hace 40 años. Paradójicamente el progresismo debe reconquistar las luchas que se dieron en otro tiempo y adaptarlas a los tiempos actuales, además claro, de ser la vanguardia en los nuevos espacios de lucha que abran. Cada derrota abre un nuevo espacio de lucha.

Una izquierda progresista debe necesariamente entender que existe una realidad en la cual no es justo equiparar los “problemas” pequeños burgueses con las contradicciones de clase. Ejemplifico, darles una vida digna a las mascotas otorgándoles derechos es una excelente propuesta, muy bonita, y a la cual es imposible oponerse, no obstante, se vuelve intrascendente cuando se compara con que hay realidades de personas que tienen una vida precaria, niños que no pueden comer más de una vez al día por ejemplo. Una agenda realmente progresista entiende que, el que existan perros callejeros pierde relevancia cuando se equipara con que hay niños en condición de calle, sin acceso a educación y comiendo una vez al día. A la hora de asignar recursos a una problemática, es claro que no debe haber discusión, ahora, proponer dar una vida digna a todas las personas del país suena comunista, legislar sobre los derechos de los animales suena progresista. Ambas propuestas están en el Plan de Gobierno del FA, son dos de los 25 ejes de trabajo que se desarrollan.

Los problemas que atiende una agenda realmente progresista son angulares en el juego de fuerzas que debe existir en el sano desarrollo de la democracia de un país. El Frente Amplio ha sido en la primera década de este siglo quien ha defendido, al menos en la AL, esta agenda realmente progresista. Si pensamos en la historia reciente de Costa Rica, y en las grandes luchas y conquistas sociales, quien ha llevado la batuta de ser una fuerza antagónica a los intereses de la oligarquía nacional (y lobby extranjero), en pro de las grandes masas ha sido el Partido Comunista. Un verdadero salvavidas en el mar de los intereses personales y transnacionales que amenazan con ahogar al país, como ha ocurrido en otras latitudes. Tan trascendental fue el Partido Comunista que luego de la firma de La Paz, se ilegalizó por 25 años la existencia de una formación electoral comunista, y se ordenó la ejecución de cualquier dirigente comunista que se postule en cualquier puesto de elección, obligando a muchos a esconderse por la persecución y a otros, como María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) y Manuel Mora V. a vivir en el exilio. El autor de tan deshonorable y sangrienta traición es hoy conmemorado como un “héroe de la paz”. Tan hondo ha calado la herida a la democracia sobre la que se constituyó la Segunda República que todavía hoy, 47 años después de que se le permitirá a los comunistas inscribirse otra vez en las elecciones, hay una campaña de acoso permanente a cualquier agrupación que se haga llamar de izquierda. En el 2014 fue tan masiva esa campaña que se logró desplazar del primer lugar en las encuestas a José M. Villalta al tercero, llegando a una segunda ronda entre un falso progresismo y un fanático religioso, cuya única propuesta era limitar aún mas los derechos de las personas homosexuales.

Quienes financian estas campañas anticomunistas, de partidos que no son comunistas como el FA, son los mismos que desarrollaron el referéndum del miedo en el TLC, que propusieron y aprobaron el COMBO ICE y que en esta administración aprobaron el inconstitucional y desastroso COMBO Fiscal, si no las mismas personas, al menos los mismos intereses. El Frente Amplio resalta en el radar de esos grupos de poder, y se ven amenazados hasta el punto en el cual se ven obligados a desplegar sus artilugios mediáticos y comenzar con el bombardeo de desinformación que los caracteriza. Cuba y Venezuela es lo que siempre suena rimbombante, comunistas y vividores del Estado también dicen. FA rechaza verse ligado a cualquier país de izquierda y se aleja de ser llamados comunistas, más allá de una traición a los principios de la izquierda tradicional, de los cuales los jóvenes no estamos tan anuentes, esta parece ser una estrategia electorera. En el contexto de las elecciones esto puede ser entendible, hasta que no se puede tomar una postura clara en ciertos temas, como por ejemplo el desarrollo hotelero en Guanacaste, donde al menos para mí, defender una postura correcta y concreta, por más incómoda que parezca, es lo esperable. Aun cuando no se hace, llueven los ataques por todos frentes, y se extienden el tiempo que el dinero pueda comprar.

Trascendiendo esa discusión, que más que incómoda es cansada, el FA tiene sin lugar a dudas un plan de gobierno más completo y realmente progresista. Esto demuestra seriedad y capacidad, al menos discursiva, para gobernar y legislar. Es esperable de una agrupación que se auto percibe de izquierda, que realice un trabajo de acompañamiento permanente a quienes encuentra en esa agrupación un espacio para atrincherarse contra quienes hace 4 décadas pretenden hacer del Estado y de la institucionalidad una piedra en el zapato del “desarrollo”. El FA ha perdido gran parte de esa vocación, y es justo esperar que la retomen y la fortalezcan en los próximos meses y años.

En el contexto electoral en el que estamos, pienso que las personas jóvenes debemos apostarle a un proyecto verdaderamente progresista, y no dejarnos seducir por falsos progresismos ni idealismos. El FA se ha alejado mucho de las comunidades, y eso es percibible de lejos, quisiera achacar esto a la falta de experiencia, y no de voluntad o de lectura dialéctica. Espero que la curva de aprendizaje que han tenido como partido les permita volver a acercarse a esas sensibilidades que su fundador, José Merino, supo leer muy bien. Yo personalmente encuentro en el Frente Amplio un espacio con una gran capacidad de mejora, con personas muy capaces y muy bien intencionadas, lo cual se evidencia en el trabajo de único legislador y en las propuestas plasmadas en su plan de gobierno. Del FA es esperable que le haga honor a su nombre y se constituya como un verdadero Frente que tenga la amplitud para aglutinar a diferentes sectores y sensibilidades, con un progresismo real no como único norte, sino también una lectura dialéctica de la realidad y la lucha permanente de clase, que no sea una continuación del engaño PAC, sino una verdadera alternativa disruptiva al modelo neoliberal despojador de derechos.

Se dice que la fuerza hace el derecho, sin embargo, considero que en el tema del progresismo real, es prudente darle la vuelta a esta afirmación y decir que el derecho debe hacer la fuerza. En esta última premisa se condensa muy bien el tipo de progresismo que la izquierda debe promulgar y defender.

Mi esperanza, y espero que también la de una juventud analítica y crítica, cansada de los políticos tradicionales y de los discursos camuflados de progresismo falso, está en que alguna fuerza social atienda los intereses de quienes viven en este Estado sin derecho. También pongo mi esperanza en que de nuevo, una agrupación política pueda frenar las embestidas que tanto han desangrado al movimiento social y a quienes lo integran, personas trabajadoras. En un progresismo que sea congruente con las luchas de clase, y que esté de lado de quienes menos tienen. Espero que pronto exista de nuevo una agrupación sensible no solo cada 4 años, sino permanentemente todos los días del año y a todas las luchas justas.

La vieja y la nueva derecha en la Torre de Babel

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (14).
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

La descomposición absoluta que muestra el sistema político y social imperante en este cambio de siglo, tanto como la inopia y la estulticia reinantes en materia de pensamiento y acción alcanzan también a la llamada derecha, o las derechas más diversas de nuestros países latinoamericanos, pues sucede que mientras sus pensadores y líderes más destacados han abandonado el escenario histórico sin que aparezca, por ningún lado, una generación de relevo que esté a la altura de los nuevos desafíos históricos, de suyo muy complejos.

Por otra parte, las derechas de raíz oligárquica, tan propias de esta parte del mundo sólo mostraron, a lo largo del siglo anterior, una vocación democrática de la boca para afuera, dado que consideran que sólo cuando ganan ellos no hay fraude electoral, por lo que han acudido a los golpes militares para desplazar a la izquierda y a la centroizquierda del poder, especialmente en los casos de los odiados peronismo argentino y varguismo brasileño (el de Getulio Vargas y sus seguidores Juscelino Kubitschek y Joao Goulart, que gobernaron después de su dramático deceso, ocurrido en 1954), más recientemente han acudido a los golpes parlamentarios y a los juicios políticos fraudulentos como cuando desplazaron del gobierno a la presidenta brasileña, Djilma Roussef, a mediados de 2016, acudiendo para ello a un montaje típicamente mafioso.

También en ese sector, de tendencia conservadora, y defensor en apariencia de un statu quo tan poco transparente e inescrutable, tanto que quienes lo componen no logran siquiera definirlo, dada su desesperación por liquidar el “estado social de derecho”, surgido al concluir la Segunda Guerra Mundial y preconizado por los Figueres Ferrer, Perón, Getulio Vargas, Árbenz, Batle y otros, dentro de un período que encarnó una disminución  importante de la pobreza, la miseria extrema y abrió enormes oportunidades de ascenso social a una población que hace un siglo carecía de ellas en países como Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile, acudiendo al fomento de la inversión pública y la redistribución del ingreso, por la vía de unas políticas que fomentaban los salarios crecientes y fortalecimiento del mercado interno, a la manera keynesiana-rooseveltiana.

Se puede decir que hoy nos encontramos con que el despliegue de una cierta dimensión sociológica, como aquella de la que nos hablaba don Alberto Cañas Escalante (1920-2014), hace ya algún tiempo, la que cobra plena vigencia en estos primeros años de la tercera década del nuevo siglo: la gradería de sol asaltó la cancha y una ruidosa chusma invadió la conducción política, especialmente en el campo de las llamadas derechas, en especial las de los falsos liberales y los falsos cristianos.

En vez de nutrir sus filas con lo que podríamos calificar como una intelectualidad propia del “antiguo régimen” han acudido a los remanentes de una vieja oligarquía, formados por gentes cada vez más incultas y obsesionadas con visiones meramente tecnocráticas de la realidad, en un extraño panorama que se vino desplegando una vez concluida la guerra fría entre los bloques encabezados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, un hecho que para ciertos intelectuales de Washington marcaría el fin de la historia (Fukuyama, dixit) con la derrota del socialismo-comunismo no sólo en su versión soviética, china o trotskistizante, sino incluso en cuanto al fin paulatino de la socialdemocracia, cuyos partidos más representativos tanto en Europa como en América Latina se fueron corriendo hacia la derecha, con lo que dejaron abandonado a su suerte el estado social de derecho o welfare state, del que renegaron para adoptar los dogmas de un novísimo neoliberalismo, que como sabemos de liberal tiene muy poco. Los herederos de la socialdemocracia regional (PLN de Costa Rica incluido) perdieron su esencia aunque no quieren soltar la etiqueta, o franquicia electoral a la que han quedado reducidos, los beneficios que obtienen de ella les resultan muy apetecibles.

Más bien, en medio de ese arrebato neoliberal del cambio de siglo nos hemos encontrado con una chusma como la del fujimorismo en el caso del Perú, o la masa de falsos cristianos (neopentecostales) seguidores de Jair Bolsonaro en Brasil, hoy dedicado a acabar con los bosques de la Amazonía y las conquistas sociales de los trabajadores, campesinos e indígenas, pues esas son unas gentes que han empobrecido hasta límites insospechados y hasta ensombrecido los  escasos debates parlamentarios que todavía suelen darse en esos otros países. Es un populismo (en el mal sentido del término) inculto y vociferante que ha terminado por darle un marcado tono plebeyo a las filas de una ultraderecha emergente, desconcertada ante de los desafíos de sus contrapartes de una izquierda muy diversa. Tanto el fujimorismo como los restos del aprismo (el APRA un viejo partido histórico peruano que marcó la pauta de las aspiraciones de una izquierda democrática, durante la primera parte de los años treinta, pero que topó con una brutal oligarquía que les respondió fusilando a seis mil de los suyos en las ruinas de Chan Chan en el norte peruano, cuando se había consagrado a la organización reivindicativa de los trabajadores azucareros del departamento de La Libertad, es un partido que desde entonces ha venido girando, cada vez más hacia la derecha y hacia las prácticas gangsteriles) se han convertido en un puñado de grupos violentos, vociferantes que amenazan a un tímido intento de transformación social, como el emprendido por el profesor Pedro Castillo Terrones para revertir treinta años de saqueo de la economía nacional por parte de una mafia neoliberal.

Algunas damas de esa plebe derechista y reaccionaria, tales como cierta Patricia Chirinos, hija de un militante aprista y ligada a las prácticas mafiosas en el puerto de El Callao, contiguo a la metrópoli limeña y entrada desde el Pacífico, no sólo se han dedicado a satanizar y denostar a los políticos serranos de izquierda como Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Pedro Castillo que le ganaron las elecciones generales del mes de junio pasado a las élites limeñas, encabezadas por la hija del dictador Alberto Fujimori, sino que ahora dicha señora pide el derrocamiento o vacancia del presidente Pedro Castillo…resultaba intolerable para esta gente, tan rancia como inculta, en el sentido más amplio del término, el sólo hecho de que el hijo de una mujer quechua, que sólo habla esa lengua ancestral de los Andes como Guido Bellido, se desempeñara como Primer Ministro y diera un mensaje en ese idioma tan importante en el Parlamento, o que un profesor primario de Cajamarca, cuya madre habla un castellano con ingredientes de la sintaxis del quechua de esa región, diciendo por ejemplo: “Yo soy su mamá de Pedro Castillo” los ha puesto a delirar, pues para la estrecha y autista visión de las élites (plebe fujimorista incluida) de la capital peruana esto es imposible de aceptar, ni siquiera en términos abstractos. Así están las cosas en estos países que formaron parte del imperio colonial español o del portugués (para el caso de Brasil) durante tres siglos. La derecha tampoco ha tomado nota de los desafíos del presente cambio de siglo.

Rolando Araya Monge, un Gran Ganador

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Rolando Araya Monge es ligeramente unos pocos meses menor que yo. Lo conozco desde que éramos jóvenes en las lides de la Universidad de Costa Rica. Yo nací en 1946 y él en 1947, de modo que llevamos unas cuantas décadas al hombro.

Así hemos coincidido en espacios, el político, el académico, el de escritor, el de participación en medios, él como conductor de Programas de opinión, reflexión y análisis de distintos temas.

En el campo político ambos hemos sido activistas, con distintas intensidades, encontrándonos en el escenario de las elecciones del 2002, como candidatos presidenciales, él representando a Liberación Nacional, yo a Fuerza Democrática, haciéndole oposición como parte del bipartidismo que criticábamos desde las elecciones de 1998. Luego en las elecciones del 2006 donde de nuevo nos enfrentamos, él por otro partido, yo en la última participación electoral que tuve, con Fuerza Democrática, donde pasadas esas elecciones cerré mi participación político electoral, muy rica en lo personal para mí, sin renunciar a ver la Política, como escenario de encuentro de las distintas fuerzas y ciudadanos, pero ya desde una perspectiva más analítica desde los periódicos que me abrieron espacios semanales, desde 1998, para mantener una columna de Opinión.

Antes de estas participaciones políticas Rolando había destacado en el escenario político desde joven, cuando desarrolla su carrera política que lo llevó a ser Presidente de la Juventud Liberacionista, cuando yo también era dirigente estudiantil universitario. En la Universidad fue miembro del Consejo Universitario. También fue director del periódico Combate, del Partido Liberación Nacional. En 1978 es electo Vicepresidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Luego siguió en el Gobierno de Luis Alberto Monge, 1982-1986, como Ministro de Obras Públicas, Superintendente de FERTICA, Diputado, Ejecutivo Municipal de San José, Secretario Internacional del Partido Liberación Nacional, donde llegó a ocupar los puestos de Secretario General y Presidente de ese Partido.

En la campaña electoral del 2006 se alejó de Liberación Nacional. Hizo casa aparte, con una aspiración presidencial con el Partido Alianza Patriótica en el 2010 y luego con una candidatura a diputado con otro partido. Así participó en otras luchas políticas y, finalmente, volvió a Liberación Nacional, hace pocos meses.

Su regreso, sin ser yo militante liberacionista, lo celebré públicamente. Dije que me parecía muy bien para Liberación, porque por su condición de ex Candidato Presidencial, que fue, tenía un puesto asegurado en el Directorio Político de ese Partido, y me parecía que por su condición de activista político, que era, le haría muy bien a ese Directorio y al Partido, porque además, era un cuadro político formado y curtido en la teoría, doctrina y práctica socialdemócrata, que se había abandonado en Liberación Nacional.

Como Secretario de Asuntos Internaciones de Liberación Nacional se proyectó en el campo internacional de la socialdemocracia continental y europea, participando como Vice Presidente Internacional Socialista y en la Comisión Felipe González para replantear la socialdemocracia, con vista a los desafíos del mundo surgido después de 1990 y del Siglo XXI. Fue también presidente y vice presidente la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina.

En el 2004 Rolando Araya fue elegido Presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, SICLAC.

Desde esos escenarios se proyectó Rolando Araya, como Consultor y conferencista internacional en Energía, Medio Ambiente, Política y Economía, formando parte, en este campo internacional, como pocos líderes de Liberación Nacional lo han hecho, en esas otras dimensiones, don Pepe Figueres, Luis Alberto Monge, Daniel Oduber, Oscar Arias, y José María Figueres en estas últimas dos décadas. Cada uno de ellos con sus particulares cualidades, participaciones y reconocimientos internacionales.

En la lucha social estuvo en los frentes oposicionistas a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en los años 2006 y 2007.

En el espacio académico, en que coincidimos, yo me fui por los estudios en Derecho e Historia, dedicándome a la docencia en Historia, desde 1973. Rolando Araya se fue por la Ingeniería Química, ambos graduados de la Universidad de Costa Rica. Más tarde Rolando hizo estudios en la Universidad de La Salle, donde se doctoró en Educación. Desde 1984 ha sido Profesor universitario.

Como escritor ha hecho 8 libros sobre política, economía y filosofía. Uno de sus libros “El socialismo cuántico”, el Presidente Hugo Chaves se lo publicó en Venezuela. Yo he publicado un poquillo más que recogen, especialmente, artículos publicados en periódicos, revistas, transcripciones de entrevistas y discursos.

A Rolando se le puede considerar un inquieto intelectual, serio, un pensador político de los pocos que como líderes partidarios se han dedicado a publicar lo que piensan, un socialdemócrata preocupado por la situación de los partidos socialdemócratas en este momento del siglo XXI.

En el campo de la participación en medios, él lo ha hecho como conductor de Programas de opinión, reflexión, análisis de distintos temas, yo de participante, invitado especialmente, incluso en sus propios programas, que realiza con la periodista Iris Zamora.

Rolando ha incursionado como empresario en desarrollo urbanístico. Desde hace algún tiempo se ha dedicado a estudiar la física cuántica, el Yoga y la filosofía oriental, de lo que da cursos regularmente algunos fines de semana.

Fui sorprendido cuando anunció su precandidatura presidencial por Liberación Nacional, pero me pareció interesante ver cuál sería su resultado, ya que había abandonado Liberación y había regresado. Tenía en ese sentido un camino asegurado, porque Antonio Álvarez Desanti había hecho lo mismo en el 2006, había regresado y fue candidato presidencial en el 2018, enfrentando, en la lucha interna a José María Figueres, a quien derrotó en ese momento, como Rolando participó el pasado 6 de junio, tratando de derrotarlo, logrando un resultado muy favorable de un segundo lugar, a escasos 10 puntos porcentuales de José María Figueres.

El Partido Liberación Nacional históricamente les dio oportunidad a los líderes históricos, cuando siendo candidatos presidenciales perdieron, de repetir una candidatura. Así fue Francisco Orlich que perdió en 1958 y repitió victorioso en 1962, Daniel Oduber que perdió en 1966 y repitió ganador en 1974, como lo fue también Luis Alberto Monge en 1978 y asumió la Presidencia en 1982. Después de ellos a ninguno de los candidatos presidenciales que perdieron se les dio oportunidad de repetir candidatura, Carlos Manuel Castillo en 1990, José Miguel Corrales en 1998, Rolando Araya en el 2002, Johnny Araya en el 2014 y Antonio Álvarez Desanti en el 2018. Pero, sí se produjo un fenómeno muy curioso e interesante en Liberación Nacional de permitir que dos liberacionistas que se habían ido a formar otro partido para enfrentar a Liberación volvieran y se les abrieran las puertas para representar a Liberación Nacional, como son los casos de Antonio Álvarez y de Rolando Araya. Ambos tenían dos antecedentes muy lejanos, cuando en 1958 Jorge Rossi lo había hecho participando con el Partido Independiente, y en 1962 lo hizo Enrique Obregón Valverde con el Partido Acción Democrática Popular, habiendo regresado ambos a Liberación Nacional. Don Pepe reivindicó a Jorge Rossi en la campaña presidencial de 1970 cuando lo llevó de segundo Vicepresidente, mientras Enrique Obregón a sus 95 años se mantiene como el gran atalaya de la socialdemocracia liberacionista, como la conciencia lúcida de ese planteamiento en Liberación, y como un Pepito Grillo al que todos quieren consultarle, como Gran Zeus político que es. Estas candidaturas de Antonio y la de Rolando son un parteaguas en el Liberación del siglo XXI.

El Resultado de Rolando en la Convención del pasado 6 de junio, sin lugar a dudas, lo coloca como el gran victorioso, le dio mucho músculo político que José María Figueres necesita, y quienes rodean a José María no lo pueden ignorar ni marginar.

Si la alianza que hicieron José María Figueres y Antonio Álvarez, que apartó a Antonio de la lucha interna directa, significó, en ese momento, que ellos sumaran el 62% de intención de voto interno, que se materializó en el 40% de votos para José María el pasado 6 de junio, en este momento, la necesaria alianza real y efectiva, entre José María y Rolando, significaría el 65% de los votos de la Convención, y, potencialmente, contribuiría más a procurar el 40% de los votos nacionales para la elección del 6 de febrero.

Si a ello suman los porcentuales, por alianzas reales y efectivas con Roberto Thompson, Carlos Ricardo Benavides y Claudio Alpízar, más asegurarían esa posibilidad de porcentaje, porque ese escenario electoral va a ser muy difícil, por mayor fortaleza que en este momento presente José María Figueres.

Figueres, quiéralo o no Liberación Nacional, se va a convertir en el Talón de Aquiles de la campaña electoral. Todos los partidos políticos, y sus graderías de sol y chusmas politiqueras, le van a poner más atención a José María Figueres que a cualquier candidato que presente el Partido Acción Ciudadana procurando su tercer gobierno consecutivo, que es al que hay que derrotar.

La Campaña contra José María, como intentaron hacerlo en la Convención llamando a votar contra él, con cualquiera de las opciones que en Liberación había, la pueden convertir de manera inconsciente, y algunos hasta conscientemente, en el gran Caballo de Troya para garantizar el triunfo de nuevo del Partido Acción Ciudadana. ¡Cuidado!, con esta equivocada estrategia. Entre más palo le den a José María más facilitan el triunfo de cualquier candidato de Acción Ciudadana. No se fortalecen los otros partidos, individualmente cada uno, en esa lucha contra Liberación con la candidatura de Figueres. Todos se debilitan ante Liberación Nacional y el mismo Acción Ciudadana, que más se fortalece con los ataques a Liberación Nacional. Ese es el desenlace que puede tomar este planteamiento político.

Para asegurar la posibilidad de ganar en primera ronda, el 6 de febrero Liberación Nacional tiene que ir lo más sólido posible, lo más unido posible, sin fisuras de ninguna especie, con objetivos claros de campaña, y con un gran programa político que entusiasme y enamore a la gente, al pueblo electoral en sus distintos componentes sociales, lo que es además de un gran reto, una gran tarea política, y desde ya haciendo sentir que es el Partido que va a gobernar en el 2022. Esto es igualmente válido para todos los partidos políticos, como si fueran en una carrera de caballos, en que no pueden ver al lado.

Es natural que en la política se produzcan acuerdos entre distintos partidos políticos y actores políticos, desde y en el Poder Ejecutivo, y dentro de la Asamblea Legislativa. Todos los días se producen estos acuerdos.

De igual manera tienen que producirse, en el interior de los partidos políticos, cuando se definen estas candidaturas presidenciales.

El grupo de José María Figueres tiene que entender la importancia de estos acuerdos para asegurar, antes que cualquier candidatura adicional, o distribución posible de futuros puestos, el triunfo electoral del 6 de febrero. No se puede dejar de lado a los otros participantes, especialmente a Rolando Araya. Eso es músculo político para la campaña que tienen que enfrentar.

Rolando Araya es Rolando Araya. No es una fuerza “fantasma” foránea a Liberación, que resultó de los que no quisieron que José María fuera el candidato oficial, o de los no liberacionistas que así se manifestaron.

Las conversaciones que se deban hacer con Rolando Araya no son con los que “votaron” desde fuera de Liberación por él, si así se piensa. Él es ahora la fuerza, es parte de Liberación Nacional y hasta miembro destacado de su Directorio Político.

Rolando Araya participó pobremente en la Convención desde el punto de vista organizativo, participó con la fuerza moral que él mismo representa, procurando rescatar un partido, que según Rolando perdió su sentido de misión política, que perdió su vínculo y compromiso con el pueblo, llamando a que el Partido vuelva al compromiso con el país, con el pueblo y no con el mismo partido.

Es con ese Rolando Araya que hay que hablar y pactar lo que corresponda. Esa es la primer tarea política. La segunda, lograr la mayor unidad posible. La tercera, ganar las elecciones. ¿Está preparado Liberación Nacional para esta tarea? ¿Lo entenderán los dirigentes de Liberación Nacional en sus distintas estructuras, las que están en estos momentos en la organización del Partido y en la preparación organizativa de la campaña, así como los líderes de las otras candidaturas que disputaron la candidatura oficial?

Lo veremos en las próximas dos o tres semanas. Esto no puede durar mucho…

Detractores de la autonomía municipal

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Hernández

En materia de autonomía municipal, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público significa viajar en el túnel del tiempo, devolviéndonos más de 70 años atrás, a los lejanos debates de la Asamblea Constituyente, de 1949, en el siglo pasado.

¿Quién lo hubiera creído, a estas alturas de la modernidad del Siglo XXI?

En uno de los debates encendidos de la Constituyente, un diputado afirmó:

“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Otro diputado constituyente enfatizó:

“Si se desea realmente otorgar a las municipalidades plena autonomía, deben desligarse del Poder Ejecutivo.”

El mal llamado proyecto de empleo público, por contrario, aspira que el Poder Ejecutivo dirija y controle el régimen autonómico municipal, implicando un retroceso antidemocrático y una deplorable afrenta contra la Constitución Política.

El proyecto derrumba la Constitución, porque las municipales van a ser simples despachos administrativos de la autocrática MIDEPLAN o la DGSC.

Esto tiene muy graves repercusiones políticas contra la autonomía de los gobiernos locales.

Menos democracia territorial y más concentración de poder en manos del Gobierno.

¡Un Leviatán inconstitucional!

Se deben estar revolcando en sus tumbas los constituyentes socialdemócratas que defendieron la autonomía municipal, maldiciendo a sus detractores del PLN.

De nuevo el mimetismo en la política de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

El cambiante escenario político y social de la Costa Rica de los últimos meses, en medio de un fenómeno como la así llamada “pandemia”, la que si bien se exterioriza en el orden de lo clínico, donde se torna amenazante para la salud, la supervivencia y la vida de la población, pero que también está inextricablemente unido a las dimensiones del orden de lo político, social y económico, dada la enorme complejidad que reviste, aunque muchos no lo puedan entender. Es aquí donde el gobierno y la clase política orientados, de una manera casi unánime, sin importar gran cosa los rótulos partidarios a que quedaron reducidos los viejos partidos políticos, consideraron que había llegado la oportunidad de darle la estocada final al estado social de derecho, establecido por los reformadores sociales durante las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo anterior, por lo que se abocaron a tomar medidas para proceder a su desmantelamiento, eliminando las conquistas sociales de las clases trabajadoras y vendiendo los activos más rentables del estado costarricense. Desde luego que lo hicieron también de manera preventiva, en un primer momento, aprobando una reforma fiscal regresiva hace ya dos años y una legislación para limitar el derecho de huelga y de protesta contra las políticas sociales y económicas del régimen imperante, dando lugar a que en lo sucesivo, con esa legislación aprobada a golpe de tambor, sus efectos no pasarían de ser un saludo a la bandera, casi un mero acto ritual.

La recesión, alimentada por una reducción del poder de compra de los habitantes, se expresó en la quiebra de innumerables negocios, además de muchas pequeñas y medianas empresas que no soportaron la reducción de la demanda agregada de bienes y servicios, a lo largo del año 2019, mucho antes de que empezara la pandemia. Al estallar ésta, en el mes de marzo anterior, con las medidas restrictivas en cuanto a la movilidad de los habitantes que trajo, los efectos de la recesión se aceleraron y colocaron al borde del abismo del hambre y la miseria a grandes sectores de la población, imposibilitados de salir a trabajar y carentes de otros recursos para hacerle frente a la situación. Actividades como el turismo, la pesquería y el agro acusaron el golpe durante muchos meses, en medio de la mayor desesperación para quienes se dedican a ellas. Sólo ahora, en los últimos días de septiembre y primeros de este octubre que está empezando, con la oleada de bloqueos o cierres de carreteras, a todo lo largo y ancho del país, es que reaccionaron ante el cinismo de la clase política, protagonizando una desobediencia civil masiva, dentro de la tradición de Thoureau, Gandhi y Martin Luther King, con lo que la mayor parte del país rural se encuentra al borde de la rebelión, lo que tomó por sorpresa tanto al gobierno, cuyo equipo económico responde a los intereses del capital financiero y a las posturas neocon o neoliberales, como a la Asamblea Legislativa donde el cada vez más totalitario “partido único neoliberal” (PAC PLN PUSC RN NR y otros) ha seguido aprobando legislación laboral que intensificará los efectos más perversos de la recesión económica, tal fue el caso del congelamiento de las anualidades de los trabajadores del sector público durante los dos años venideros, esto traerá la pérdida de más empleos en el sector privado, aunque mucha gente que ha interiorizado el pensamiento económico neoclásico de los neoliberales no lo entienda todavía, a pesar de que están entre quienes habrán de sufrir sus consecuencias.

Como un segundo momento, en medio de la pandemia, y como resultado de una propuesta del gobierno, para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y acceder a un préstamo de 1.750 millones de dólares, cuyo destino no está muy claro, ha estallado un poderoso movimiento social, cuyo liderazgo nacional y regional responde más a las consignas y propuestas reformistas de la vieja socialdemocracia liberacionista, abandonadas por el PLN, con líderes visibles como José Miguel Corrales, Célimo Guido, Óscar Campos y otros de esa procedencia histórica, que a las de una extrema derecha representada por la UCCAEP y algunos libertarians o liberales(neo) reciclados, quienes en un principio quisieron sacar provecho de él, lanzando una campaña contra los trabajadores del sector público, a quienes culpan mentirosamente de los problemas fiscales, a las vez que “atacaron” los nuevos impuestos propuestos por el gobierno(los que desde luego no pagarán ellos, como siempre ha sucedido, con su descarada evasión y elusión), más regresivos aún que los del paquete aprobado hace apenas dos años, que forman parte de la mencionada propuesta para aceptar un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ahora la UCCAEP y las gentes de la ultraderecha, las empresas piñeras y otras muy poderosas, se lanzan contra el movimiento que querían utilizar en su beneficio. El estallido social, del que hemos venido hablando líneas atrás, no sólo no pudieron preverlo sino que se les fue de las manos.

A todo lo anterior se une el hecho de que en Costa Rica se instaló, hace ya dos años, un gobierno de coalición con una fachada diz que “progresista” que se vino situando o desplazando, cada vez hacia la derecha del espectro político ( si es que ese término al igual que el de “izquierda” o “izquierdas” retiene todavía algo de su valor explicativo), habiendo entregado la conducción de la política social y económica a un equipo partidario de un ajuste social y económico de lo más violentos contra los sectores populares. Es aquí donde el fenómeno de la mímesis o mimetismo político comienza a operar, de una manera casi imperceptible, para crear una verdadera “torre de babel” entre las gentes poco habituadas a la complejidad del manejo cotidiano de la política al tornar desechable e inútil todo el lenguaje político. El viejo sentido común “anticomunista”, heredado de los tiempos de la guerra, dentro del que todo aquello que no debe ser, o es malo, es “el comunismo”, interiorizado desde hace muchas décadas por un gran sector de la población, ya intoxicado por el bombardeo propagandístico (recordemos que en inglés propaganda es una mala palabra, por así decirlo) de los grandes medios de comunicación. Todo esto ha conducido a la paradoja de que en tanto en que el gobierno y la clase política se mueven más hacia la derecha, y el autoritarismo más desenfrenado en todas sus decisiones más importantes, un gran sector de la población afirma que el presidente Carlos Alvarado y los cada vez desteñidos progres que lo acompañan son “comunistas”, ergo por lo tanto el gobierno de Costa Rica es “comunista”, y nos lleva por el camino de los de Nicaragua o Venezuela, sin importar siquiera si los gobernantes de esos países lo sean en estricto sentido, pues aquí opera semánticamente aquello de que todo lo que no debe ser, o lo que se percibe como tal es “comunismo” a secas, produciéndose un efecto mimético un tanto extraño (por lo menos para las gentes del mundo académico y el de los estudios de la política) al ser vistos como “comunistas” unos políticos “progres” del PAC que no abandonan el rótulo, aunque hacen precisamente lo contrario derechizándose cada día más, incluso el Frente Amplio se mantiene dentro de la coalición gobernante con lo que acentúa las sospechas hacia los dos lados. A la manera orwelliana, en esta torre de babel la derecha es la izquierda, los desteñidos progres son los comunistas o la izquierda es la derecha, el capitalismo más agresivo es el comunismo y así sucesivamente se exteriorizan el camaleonismo y el caos.