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Etiqueta: Terminal de Contenedores de Moín

¿Pudimos ser trinqueteados hace 28 años con la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos?

Francisco Guevara Matarrita

Una interpretación constitucional, una ficción de aprobación legislativa anticipada y veintiocho años de consecuencias para el control democrático de los bienes públicos.

Francisco Guevara Matarrita

Hay decisiones cuyos efectos no se descubren el día en que se adoptan, sino décadas después, cuando la realidad permite comprender qué se decidió, qué se dejó de decidir y cuáles competencias constitucionales pudieron quedar desplazadas.

En 1998, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la Ley N.º 7762, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, promulgada el 14 de abril de aquel año.

La ley estableció un régimen general para la participación privada en el financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de determinadas obras públicas y servicios asociados.

Su aprobación fue presentada dentro de una discusión nacional sobre la modernización de la infraestructura, las limitaciones financieras del Estado y la necesidad de atraer inversiones.

Pero detrás de aquella discusión existía otra cuestión, mucho más profunda, que comprometía directamente la distribución constitucional de las competencias públicas.

¿Podía la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de una ley general, tener por aprobados contratos administrativos que todavía no existían?

¿Podía una autorización normativa sustituir la aprobación parlamentaria de un contrato concreto cuando la Constitución exigiera esa intervención?

¿Y podía una interpretación de la Sala Constitucional convertir el ejercicio de una competencia legislativa en el supuesto ejercicio anticipado de otra competencia constitucional enteramente distinta?

Veintiocho años después, estas preguntas adquieren una trascendencia extraordinaria.

Porque en 2012 se suscribió el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín con APM Terminals, sin que ese contrato fuera sometido a una aprobación legislativa individual.

El contrato existe. Sus obligaciones existen. Sus condiciones de explotación existen. Sus consecuencias sobre la actividad portuaria, JAPDEVA, Limón y la economía nacional también existen.

Lo que no existe es un acto parlamentario mediante el cual la Asamblea Legislativa haya examinado y aprobado individualmente ese contrato.

Y, sin embargo, durante años se ha sostenido que aquella aprobación no era necesaria porque la Ley N.º 7762 ya había proporcionado una autorización legislativa general.

Ahí comienza nuestra controversia.

No estamos afirmando que los magistrados que desarrollaron esa interpretación actuaran deliberadamente para favorecer intereses particulares. Una imputación semejante exigiría pruebas que no pueden sustituirse por sospechas.

Estamos cuestionando algo que puede examinarse mediante documentos, disposiciones constitucionales, antecedentes legislativos y resoluciones judiciales.

¿Cómo pudo tenerse por ejercida una competencia parlamentaria de aprobación contractual mediante la aprobación de una ley general, cuando ambas funciones poseen naturaleza, objeto y finalidad constitucionalmente diferentes?

Y todavía más:

¿Cómo pudo aquella interpretación terminar sirviendo de fundamento para la ejecución de un contrato portuario de extraordinaria trascendencia nacional que nunca fue sometido a aprobación individual de los representantes del pueblo?

Esa es la pregunta que da sentido al título de este texto.

I. La Asamblea Legislativa aprobó una ley. Ese fue el acto que realizó.

Conviene comenzar por lo elemental, porque precisamente en lo elemental puede encontrarse el origen de una confusión de enormes consecuencias.

En 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N.º 7762.

Al hacerlo, ejerció su potestad constitucional de legislar.

Estableció un régimen normativo general destinado a regular determinadas concesiones de obras públicas con servicios públicos.

Ese fue el acto legislativo realizado. Ni más ni menos.

No aprobó mediante aquella votación el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín.

No podía haberlo hecho porque ese contrato todavía no existía.

No conoció sus cláusulas, sus condiciones económicas, su distribución de riesgos, sus obligaciones particulares, sus condiciones de exclusividad ni las consecuencias que tendría para JAPDEVA.

Tampoco conoció la identidad de quien años después resultaría adjudicatario de aquella concesión.

La Ley N.º 7762 creó un marco jurídico para actuaciones futuras.

Pero la aprobación de una ley y la aprobación legislativa de determinados contratos administrativos constituyen funciones constitucionalmente distintas.

Cuando la Asamblea Legislativa dicta una ley, ejerce una potestad normativa general.

Cuando aprueba un contrato administrativo sujeto constitucionalmente a su conocimiento, ejerce una función de control sobre un acto jurídico determinado.

En el primer caso, establece normas.

En el segundo, se pronuncia sobre un acto concreto.

La diferencia no desaparece porque ambas competencias correspondan a la Asamblea Legislativa.

La identidad del órgano no produce identidad entre sus actos.

Este principio constituye el punto de partida de nuestro cuestionamiento.

No discutimos que la Asamblea Legislativa tuviera competencia para aprobar la Ley N.º 7762.

La tenía.

Lo que discutimos es que aquel acto legislativo pudiera considerarse, por una interpretación judicial, como el ejercicio anticipado de otra competencia constitucional: la aprobación de contratos administrativos particulares, cuando esta resulta exigible.

Porque una competencia constitucional no se demuestra ejercida simplemente porque el mismo órgano haya ejercido otra competencia diferente.

Y llamar aprobación general a una autorización normativa no demuestra, por sí solo, que haya existido una aprobación contractual.

II. La reforma constitucional de 1975: el antecedente que no puede ignorarse

Para comprender la dimensión del problema debemos regresar a 1975.

Mediante la Ley N.º 5702, del 5 de junio de aquel año, se reformaron los artículos 124 y 140, inciso 19, de la Constitución Política.

La reforma introdujo una distinción expresa entre la aprobación legislativa de contratos administrativos y la naturaleza jurídica de las leyes.

El artículo 124 estableció que la aprobación legislativa de contratos, convenios y otros actos administrativos no les confiere carácter de ley, aunque se tramite siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.

Por su parte, el artículo 140, inciso 19, reafirmó que la aprobación legislativa de determinados contratos no los transforma en leyes ni los exime de su régimen jurídico administrativo.

Pero la reforma hizo algo más.

Eliminó expresamente del artículo 140, inciso 19, la excepción relativa a los contratos regidos por leyes especiales.

Este detalle merece especial atención.

El constituyente derivado no se limitó a realizar una modificación terminológica. Intervino sobre el tratamiento constitucional de los contratos administrativos y su relación con la potestad legislativa.

La aprobación de un contrato no debía confundirse con la promulgación de una ley.

Tampoco debía transformar el contrato en una disposición legislativa ni sustraerlo de su régimen jurídico administrativo.

De aquella reforma surge una consecuencia que consideramos fundamental.

Legislar y aprobar contratos son competencias constitucionalmente diferenciadas, aunque ambas puedan ejercerse mediante procedimientos parlamentarios.

Por supuesto, esta distinción no significa que todos los contratos administrativos deban someterse individualmente a la Asamblea Legislativa.

Pero sí significa que, cuando la Constitución exige esa aprobación, debemos explicar cómo se cumple la competencia y qué acto jurídico constituye su ejercicio.

Y aquí aparece una pregunta que no puede resolverse mediante una simple referencia a la Ley N.º 7762.

Si en 1975 se eliminó la excepción relativa a los contratos regidos por leyes especiales, ¿cómo debe justificarse constitucionalmente que, años después, una ley general pueda considerarse suficiente para prescindir de la aprobación individual de determinadas concesiones?

La pregunta es particularmente relevante cuando se trata de bienes protegidos por el artículo 121, inciso 14, de la Constitución.

Porque el legislador ordinario no puede, por medio de una ley, modificar la distribución de competencias establecida por la Constitución.

Tampoco una interpretación judicial puede prescindir de la finalidad de una reforma constitucional sin ofrecer una justificación rigurosa.

III. El antecedente de los contratos-ley y la verdadera dimensión de la reforma

La reforma de 1975 debe comprenderse dentro de la evolución histórica del derecho público costarricense.

Durante décadas, la aprobación legislativa de determinados contratos generó discusiones sobre su naturaleza jurídica y sus efectos.

El problema de los llamados contratos-ley consistía, entre otros aspectos, en la posibilidad de atribuir a un contrato administrativo una condición normativa que dificultara su control mediante los mecanismos ordinarios del derecho administrativo.

La reforma constitucional procuró separar esos planos.

Un contrato administrativo no se convierte en ley porque la Asamblea Legislativa lo apruebe.

Y la aprobación legislativa no elimina su naturaleza contractual.

Esta distinción resulta particularmente importante para nuestra investigación.

Porque si la Constitución separó expresamente la aprobación de contratos de la promulgación de leyes, no podemos aceptar sin examen que, mediante una interpretación posterior, la aprobación de una ley general termine produciendo los efectos de una aprobación contractual.

No son operaciones jurídicas equivalentes.

Una ley general regula una pluralidad de situaciones futuras.

Un contrato administrativo establece obligaciones y derechos entre sujetos determinados.

Y su aprobación legislativa, cuando resulta constitucionalmente exigible, constituye una decisión de control sobre ese acto particular.

Por eso, la discusión sobre la Ley N.º 7762 no puede reducirse a determinar si el Parlamento tenía facultades para aprobar un régimen general de concesiones.

Por supuesto que las tenía.

La cuestión es quién convirtió esa potestad de legislar en el supuesto ejercicio anticipado de una competencia diferente.

IV. De 1992 a 1993: el cambio jurisprudencial que abrió el camino

La interpretación que cuestionamos no nació exclusivamente en 1998.

Sus antecedentes se encuentran en la jurisprudencia constitucional de los años anteriores.

En la sentencia N.º 3789-92, del 27 de noviembre de 1992, la Sala Constitucional examinó un proyecto legislativo relacionado con las concesiones de obra pública.

En aquella oportunidad, consideró constitucional un procedimiento que contemplaba la aprobación parlamentaria de concesiones para construir y explotar nuevas instalaciones de ferrocarriles, muelles y aeropuertos.

La Sala reconoció entonces la existencia de un procedimiento calificado que suponía finalmente la aprobación de la Asamblea Legislativa.

La importancia de aquel razonamiento radicaba en la especial protección constitucional de los bienes involucrados.

No se trataba de bienes públicos ordinarios.

Se trataba de instalaciones y actividades sometidas a un régimen particular de protección constitucional.

Sin embargo, en la sentencia N.º 6240-93, del 26 de noviembre de 1993, la Sala Constitucional desarrolló una interpretación diferente.

Reconoció dos vías para determinadas concesiones: una mediante intervención directa de la Asamblea Legislativa y otra mediante concesiones otorgadas por la Administración Pública bajo condiciones establecidas en una ley general.

Esta segunda interpretación permitió sostener que la Asamblea Legislativa podía establecer anticipadamente las condiciones imperativas de determinadas concesiones, sin intervenir necesariamente en cada contrato individual.

Aquí encontramos un cambio de extraordinaria importancia.

La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la aprobación parlamentaria de un contrato concreto y comenzó a admitir la posibilidad de una autorización normativa general como forma suficiente de intervención legislativa.

La cuestión que debemos examinar es si ese cambio interpretativo respetó plenamente la distribución constitucional de competencias.

Porque una cosa es reconocer que la Asamblea Legislativa puede establecer condiciones generales para concesionar determinados bienes.

Y otra, muy distinta, es sostener que mediante esa regulación se cumple automáticamente la aprobación particular de un contrato cuando la Constitución la exige.

La diferencia no es semántica.

Es constitucional.

V. Marzo de 1998: las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98

El 31 de marzo de 1998, la Sala Constitucional dictó las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98, en el contexto de consultas legislativas relacionadas con el proyecto que desembocaría en la Ley N.º 7762.

La resolución N.º 2319-98 reviste particular importancia porque retomó la doctrina de la autorización legislativa general.

La Sala consideró constitucionalmente admisible que una ley marco facultara al Poder Ejecutivo para otorgar determinadas concesiones sin requerir una aprobación legislativa individual.

La interpretación descansaba en que la Asamblea Legislativa habría conferido una aprobación general mediante la propia legislación.

Aquí se consolidó la construcción jurídica que constituye el centro de nuestro cuestionamiento.

La aprobación de una ley general fue considerada suficiente para satisfacer la intervención parlamentaria constitucionalmente exigible en determinados supuestos.

Pero hay un problema que no podemos ignorar.

Ni las resoluciones constitucionales ni la Ley N.º 7762 pueden mostrar un acto parlamentario individual de aprobación de los contratos que posteriormente se celebrarían.

Lo que pueden mostrar es una ley aprobada.

Lo que pueden mostrar es una interpretación judicial que atribuyó a esa ley efectos de autorización general.

Lo que no pueden mostrar es que la Asamblea Legislativa hubiera conocido y aprobado las condiciones particulares de contratos todavía inexistentes.

Y no pueden mostrarlo porque aquel examen contractual no ocurrió.

La cuestión no consiste en negar que la Sala haya reconocido jurídicamente la autorización general.

La reconoció.

El problema consiste en determinar si ese reconocimiento podía convertir el ejercicio de la potestad legislativa en el cumplimiento de una competencia constitucional distinta.

Porque llamar aprobación general a una ley no demuestra, por sí mismo, que se haya producido una aprobación contractual.

Puede constituir la conclusión de una interpretación jurisprudencial.

Pero no demuestra la existencia histórica de un segundo acto parlamentario.

Y, cuando se trata de una competencia constitucional, la diferencia entre interpretar que un acto es suficiente y demostrar que otro acto se realizó resulta fundamental.

VI. El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: la limitación que no puede desaparecer

Hay un aspecto particularmente importante que debe incorporarse al análisis.

Las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98 fueron dictadas en el contexto de consultas legislativas de constitucionalidad.

No constituyeron sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad contra el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín.

Ese contrato ni siquiera existía.

El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece una regla expresa sobre los efectos de los dictámenes emitidos durante las consultas legislativas.

Dispone que solamente son vinculantes cuando determinan la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado.

También establece que esos dictámenes no impiden la impugnación posterior de las normas mediante los mecanismos de control de constitucionalidad.

Esta disposición obliga a distinguir entre el valor interpretativo de una opinión consultiva y sus efectos jurídicos vinculantes dentro del procedimiento legislativo.

Las opiniones consultivas pueden contener razonamientos relevantes.

Pueden orientar interpretaciones posteriores.

Incluso pueden convertirse en antecedentes de una línea jurisprudencial consolidada.

Pero no deben confundirse sus efectos originarios con los de una decisión jurisdiccional que examine un contrato concreto ya celebrado.

Las resoluciones de 1998 examinaron un proyecto legislativo.

No examinaron el contrato TCM–APM Terminals.

No examinaron sus adendas.

No examinaron las condiciones específicas de exclusividad operativa.

No examinaron las consecuencias que su ejecución produciría sobre JAPDEVA.

Por consiguiente, no pudieron efectuar un control constitucional concreto de esos actos futuros.

Una opinión consultiva puede interpretar un proyecto de ley. No puede crear un acto parlamentario de aprobación contractual que nunca ocurrió.

Y aquí surge otra interrogante esencial.

Si el artículo 101 no atribuyó efectos vinculantes generales sobre el fondo a aquellas opiniones consultivas, ¿cómo debe justificarse el uso posterior de sus razonamientos para sostener que una aprobación legislativa particular resultaba innecesaria?

Es necesario reconocer que la Sala Constitucional reiteró posteriormente la doctrina de la autorización general en decisiones dictadas fuera del procedimiento consultivo.

Por tanto, el problema actual no se agota en los efectos originarios de las resoluciones de 1998.

También debemos examinar críticamente esa jurisprudencia posterior.

Pero una cosa permanece inalterable.

Ni la reiteración de una doctrina ni la autoridad de quienes la formularon pueden convertir en acontecimiento histórico una aprobación parlamentaria individual que nunca se produjo.

Los artículos 13 y 87: la fuerza de los precedentes no equivale a cosa juzgada constitucional

La discusión no termina con reconocer que la Sala Constitucional reiteró posteriormente la doctrina de la aprobación legislativa general.

Precisamente porque esa reiteración existió, corresponde distinguir dos instituciones jurídicas que no deben confundirse: la fuerza vinculante de los precedentes y los efectos de las sentencias que desestiman acciones de inconstitucionalidad.

El artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece expresamente:

«La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma».

La disposición reconoce la fuerza obligatoria de los criterios constitucionales frente a los demás órganos y sujetos del ordenamiento jurídico.

Pero contiene una excepción igualmente importante: la propia Sala Constitucional no queda vinculada de manera inmutable por sus precedentes.

Puede distinguirlos, precisarlos, reconsiderarlos y variar su interpretación cuando existan fundamentos jurídicos suficientes.

La autoridad de una interpretación constitucional, por consiguiente, no significa que esa interpretación haya quedado sustraída para siempre del examen de la propia jurisdicción constitucional.

El artículo 87 introduce una segunda distinción, todavía más relevante para nuestra controversia.

Dispone que las resoluciones que denieguen una acción de inconstitucionalidad deben examinar todos los motivos alegados para fundamentarla.

También establece que esas resoluciones solamente surten efectos entre las partes en el caso concreto y no producen cosa juzgada, permitiendo ejercer nuevamente la acción contra normas o actos previamente declarados constitucionales en casos o procesos distintos.

La ley distingue así entre una sentencia desestimatoria y una sentencia estimatoria que declara la inconstitucionalidad y anula la norma o el acto impugnado.

Esta última produce los efectos de cosa juzgada previstos en el artículo 88.

La diferencia es decisiva.

Una sentencia que desestima una acción no convierte automáticamente en definitivamente resueltas todas las controversias constitucionales que puedan surgir posteriormente alrededor de los mismos instrumentos jurídicos.

Tampoco la mención de un contrato, una ley, una cláusula o un decreto en una resolución anterior demuestra que todos sus posibles vicios constitucionales hayan sido examinados.

Para determinar qué fue realmente resuelto, debemos identificar el objeto impugnado, la causa jurídica, el parámetro constitucional utilizado, los argumentos sometidos al Tribunal y la razón decisoria del pronunciamiento.

Por eso, la expresión «estése a lo resuelto» no puede atribuir a una sentencia anterior un contenido que esta nunca tuvo.

La remisión a un precedente no puede convertir un rechazo procesal en un examen de fondo inexistente.

Ni puede transformar la coincidencia documental entre dos acciones en identidad de sus respectivas controversias constitucionales.

Reconocer los precedentes no significa atribuirles efectos mayores que los establecidos por la ley.

Y respetar la jurisprudencia constitucional no significa renunciar al derecho de exigir que los nuevos cargos reciban el examen que jurídicamente corresponda.

Esta es una de las cuestiones fundamentales de nuestra acción de inconstitucionalidad del 15 de septiembre de 2026.

No pretendemos que se anulen las sentencias anteriores.

Pretendemos que se examine una controversia constitucional concreta: la interpretación y aplicación de la Ley N.º 7762 como aprobación política anticipada de contratos futuros, los actos públicos que materializaron esa interpretación y la omisión continuada del Poder Ejecutivo de someter el contrato de Moín a aprobación legislativa particular.

Porque la existencia de precedentes sobre la autorización general no demuestra que esos tres objetos, con sus fundamentos y pretensiones propios, hayan recibido anteriormente una respuesta constitucional material.

Y menos aún demuestra que la Asamblea Legislativa haya aprobado individualmente un contrato que nunca le fue sometido.

VII. La aprobación general que nadie puede mostrar como acto contractual

Aquí llegamos al centro de la controversia.

Durante años se ha sostenido que la aprobación de la Ley N.º 7762 produjo una autorización legislativa general suficiente para determinadas concesiones futuras.

Pero debemos separar cuidadosamente dos afirmaciones.

La primera consiste en sostener que la Asamblea Legislativa aprobó un régimen general de concesiones.

Eso es un hecho histórico y jurídico verificable.

La segunda consiste en sostener que esa aprobación legislativa equivalía al ejercicio anticipado de la competencia constitucional de aprobar determinadas concesiones particulares.

Esa es una interpretación jurídica.

No son afirmaciones idénticas.

La primera puede demostrarse mediante el procedimiento legislativo y la promulgación de la ley.

La segunda requiere demostrar que la Constitución permite atribuir a ese acto normativo los efectos de la competencia contractual que se considera satisfecha.

Y precisamente esa demostración es la que cuestionamos.

No basta señalar que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N.º 7762 para demostrar que también aprobó los contratos particulares celebrados posteriormente.

Tampoco basta invocar una sentencia que haya considerado constitucionalmente suficiente la autorización general.

Es necesario explicar cómo esa interpretación se concilia con las competencias diferenciadas de la Asamblea Legislativa, con la reforma constitucional de 1975 y con las exigencias especiales del artículo 121, inciso 14.

La Constitución no puede ser sustituida por una fórmula interpretativa cuya conclusión se utilice como demostración de su propia validez.

Si se sostiene que la aprobación general era suficiente, corresponde demostrar por qué la Constitución permitía prescindir de la aprobación individual.

No podemos invertir la carga del razonamiento y afirmar que la aprobación particular no era necesaria simplemente porque una interpretación previa así lo estableció.

Eso equivaldría a convertir la conclusión discutida en su propia justificación.

La existencia de una doctrina jurisprudencial demuestra que esa doctrina fue adoptada. No demuestra, por sí sola, que su contenido sea la única interpretación constitucionalmente admisible.

VIII. El artículo 121, inciso 14: los bienes públicos no son una mercancía cualquiera

El artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política establece un régimen especial de protección para determinados bienes de la Nación.

Entre ellos se encuentran los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales en servicio.

La disposición contiene restricciones expresas destinadas a impedir que esos bienes salgan del dominio y control del Estado.

También regula las condiciones constitucionales bajo las cuales pueden desarrollarse determinadas formas de explotación.

Por eso no podemos analizar una concesión portuaria como si se tratara de un contrato administrativo ordinario.

La especial protección constitucional de los muelles nacionales exige examinar la naturaleza del bien, las facultades concedidas, las restricciones asumidas por el Estado y las condiciones de explotación.

No basta afirmar que el Estado conserva la titularidad formal de la infraestructura.

La concesión no equivale necesariamente a una enajenación, pero la permanencia de la propiedad pública tampoco resuelve automáticamente todas las cuestiones constitucionales relacionadas con su explotación.

Debe examinarse si el Estado conserva las facultades de dirección, regulación y control exigidas por la Constitución.

Y debe determinarse si las condiciones particulares de la concesión requieren intervención parlamentaria específica.

En nuestra tesis, la aprobación de la Ley N.º 7762 no podía sustituir esa intervención respecto del contrato de la Terminal de Contenedores de Moín.

No porque neguemos la posibilidad constitucional de concesionar determinadas obras públicas.

Sino porque sostenemos que la autorización general no puede confundirse con el ejercicio de una competencia parlamentaria de aprobación contractual cuando esta resulta constitucionalmente exigible.

La cuestión es especialmente relevante frente a contratos que establecen condiciones de explotación exclusivas o restricciones de operación que inciden sobre instituciones públicas preexistentes.

La protección constitucional de los bienes nacionales no se agota en conservar su nombre en un registro de propiedad. Comprende también el régimen jurídico de su utilización y las competencias públicas que deben intervenir en las decisiones que los afectan.

IX. El contrato de Moín: desde 2012 existe una concesión sin aprobación legislativa individual

En 2012 se suscribió el contrato de concesión de obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.

La concesión fue otorgada a APM Terminals dentro del régimen de la Ley N.º 7762.

El contrato obtuvo el refrendo de la Contraloría General de la República mediante el oficio N.º 02739, DCA-0692, del 21 de marzo de 2012.

Este dato es importante.

El contrato no careció de toda intervención institucional.

Existieron actuaciones administrativas, adjudicación y refrendo contralor.

Pero ninguna de esas actuaciones constituye, por sí misma, una aprobación legislativa individual.

La Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa ejercen competencias constitucionales diferentes.

El refrendo contralor no es una votación parlamentaria.

La adjudicación administrativa tampoco lo es.

Y la suscripción del contrato por las autoridades correspondientes no demuestra que haya sido sometido a la Asamblea Legislativa.

Desde 2012 existe, por tanto, un contrato de concesión de extraordinaria trascendencia nacional que no recibió aprobación legislativa individual.

Ese es el hecho que sostenemos.

La controversia constitucional consiste en determinar si aquella aprobación era jurídicamente indispensable.

Nuestra posición es afirmativa.

Y por eso consideramos que la falta de aprobación no constituye una simple particularidad procedimental, sino una omisión constitucional cuyos efectos continúan proyectándose sobre la ejecución del contrato.

No pretendemos desconocer que la jurisprudencia constitucional ha sostenido una interpretación diferente.

Precisamente cuestionamos esa interpretación.

Porque ninguna resolución puede modificar por sí misma la distribución de competencias establecida por la Constitución.

Y ninguna ley ordinaria puede conferir a un órgano potestades que la Constitución haya reservado a otro.

X. La sentencia de 2013: la controversia fue planteada y la Sala mantuvo su doctrina

Sería incorrecto presentar esta discusión como si nunca hubiera sido examinada judicialmente.

En la sentencia N.º 15693-2013, la Sala Constitucional resolvió una acción relacionada con la Ley N.º 7762 y la necesidad de aprobación legislativa de determinadas concesiones, incluyendo el cuestionamiento vinculado con la Terminal de Contenedores de Moín.

La Sala mantuvo la doctrina que reconocía la posibilidad de que una ley general estableciera las condiciones suficientes para que el Poder Ejecutivo otorgara concesiones sin requerir aprobación parlamentaria individual.

La acción fue declarada sin lugar.

Ese pronunciamiento constituye un precedente constitucional que debemos reconocer expresamente. Pero el artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que las sentencias desestimatorias no producen cosa juzgada en los términos allí previstos, mientras que el artículo 13 reconoce que la propia Sala puede reconsiderar sus precedentes.

Nuestra acción de inconstitucionalidad de 2026 no reproduce simplemente la omisión legislativa examinada en 2013. Identifica una interpretación y aplicación normativa concretas, actos subjetivos de autoridades públicas y una omisión continuada atribuida al Poder Ejecutivo.

Por consiguiente, la existencia de aquella sentencia no elimina la necesidad de determinar si estos cargos autónomos, sus parámetros constitucionales y sus pretensiones específicas fueron efectivamente examinados y resueltos.

Este antecedente debe reconocerse expresamente.

No podemos sostener que la controversia carece de respuesta jurisprudencial.

La tiene.

Pero eso no significa que la respuesta esté exenta de examen crítico.

La Sala consideró constitucionalmente suficiente la autorización general.

Nosotros cuestionamos que esa interpretación preserve adecuadamente la distinción entre la potestad de legislar y la competencia de aprobar determinados contratos.

La diferencia es sustancial.

La existencia de una sentencia que acoge una interpretación no demuestra la existencia histórica de un acto parlamentario individual.

Demuestra que el tribunal consideró innecesario ese acto bajo su interpretación de la Constitución.

Y precisamente allí permanece nuestra objeción.

No afirmamos que la Sala haya inventado materialmente una votación legislativa. Afirmamos que su doctrina atribuyó a una votación legislativa general efectos equivalentes a los de una aprobación contractual particular.

Esa equiparación es el objeto de nuestra crítica.

Y debe ser confrontada con la reforma de 1975, el artículo 121, inciso 14, el artículo 140, inciso 19, y la naturaleza diferenciada de las competencias parlamentarias.

XI. JAPDEVA y Limón: cuando la interpretación constitucional se convierte en consecuencias materiales

La controversia adquiere una dimensión particularmente grave cuando examinamos sus consecuencias sobre JAPDEVA y la provincia de Limón.

JAPDEVA no es una simple empresa portuaria.

Es una institución pública creada dentro de una concepción histórica del desarrollo regional, vinculada con la administración portuaria y con la responsabilidad del Estado de promover el progreso económico y social del Caribe costarricense.

La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín modificó sustancialmente el escenario de la actividad portuaria nacional.

Las condiciones de operación de la nueva terminal, particularmente las relativas al manejo de determinados tipos de carga contenerizada, afectaron el ámbito de actuación de JAPDEVA.

La exclusividad operativa concedida merece un examen específico.

No solamente por sus efectos comerciales.

También por sus consecuencias sobre la capacidad institucional, los ingresos, la utilización de infraestructura y las oportunidades de desarrollo regional.

En nuestra investigación hemos señalado que las condiciones de exclusividad relacionadas con la carga contenerizada y la operación de buques portacontenedores especializados constituyen elementos fundamentales para comprender la transformación de la actividad portuaria.

Estas condiciones no pueden examinarse aisladamente del contrato que las estableció.

Tampoco pueden separarse del régimen constitucional de los bienes públicos ni de las competencias de las instituciones afectadas.

La pregunta no es simplemente si APM Terminals construyó y opera una infraestructura moderna.

La pregunta es si el modelo contractual utilizado, sus condiciones de exclusividad y sus consecuencias institucionales respetaron íntegramente las exigencias constitucionales aplicables.

Porque el desarrollo portuario no debe medirse únicamente por la capacidad de movilizar contenedores.

Debe examinarse también por sus efectos sobre la economía nacional, la sostenibilidad de las instituciones públicas y el bienestar de las comunidades.

Limón no puede reducirse a un punto geográfico por donde entra y sale mercancía.

Es una provincia habitada por personas cuyas oportunidades económicas están profundamente relacionadas con las decisiones adoptadas sobre sus puertos.

Y una interpretación constitucional que contribuyó a definir el régimen jurídico de una concesión de semejante trascendencia no puede quedar fuera del escrutinio democrático.

XII. La protección territorial y ambiental también forma parte del problema

El examen de la Terminal de Contenedores de Moín no debe limitarse al régimen contractual.

La infraestructura portuaria se desarrolló en un espacio sujeto a disposiciones jurídicas de protección territorial y ambiental.

Entre los antecedentes relevantes se encuentra la Ley N.º 2906, relacionada con la zona comprendida entre Portete y Doce Millas, así como las disposiciones aplicables al entorno del río Moín.

También deben examinarse los actos administrativos y reglamentarios mediante los cuales se modificaron o interpretaron condiciones de utilización del territorio.

Entre ellos figuran actuaciones del Instituto Costarricense de Turismo, del Poder Ejecutivo y de las autoridades ambientales.

La relación entre el régimen de protección territorial, la concesión portuaria y las decisiones administrativas posteriores constituye una controversia adicional.

No debemos confundirla con la cuestión específica de la aprobación legislativa contractual.

Pero tampoco debemos separarla artificialmente de la realidad institucional del proyecto.

Porque una concesión de esta magnitud no produce efectos únicamente sobre una relación contractual entre el Estado y una empresa.

También afecta el uso del territorio, la organización de servicios públicos y el ejercicio de competencias administrativas.

Por ello, la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones relacionadas con el proyecto deben examinarse dentro de sus respectivos regímenes jurídicos.

XIII. La omisión constitucional continuada: el problema no terminó en 2012 y sus efectos permanecen

Presentamos ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad por omisión continuada, contra actos subjetivos de autoridades públicas y contra la interpretación y aplicación inconstitucionales de la Ley N.º 7762.

No se trata de una acción dirigida a anular las sentencias de 1998 ni a desconocer la existencia de pronunciamientos constitucionales posteriores.

Su objeto es mucho más preciso y sus consecuencias son considerablemente más profundas.

Cuestionamos que una interpretación atribuida a la Ley N.º 7762 haya permitido sustituir una competencia constitucional de aprobación parlamentaria mediante la ficción de que los contratos futuros quedaron políticamente aprobados desde 1998, cuando todavía no existían.

Y denunciamos que esa interpretación fue posteriormente aplicada al contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, consolidado con sus adendas números 1 y 2 y suscrito el 13 de febrero de 2012.

Nuestra acción identifica tres manifestaciones de una misma infracción constitucional.

La primera es la interpretación y aplicación de los incisos 2) y 3) del artículo 2 y del inciso 4) del artículo 5 de la Ley N.º 7762, mediante las cuales una autorización legislativa general para tramitar y adjudicar concesiones terminó siendo considerada una aprobación política anticipada de contratos particulares.

La segunda comprende los actos subjetivos de las autoridades públicas que tuvieron por plenamente eficaz y ejecutable el contrato de Moín sin someterlo al control parlamentario concreto que estimamos constitucionalmente indispensable.

La tercera, y principal, es la omisión continuada del Poder Ejecutivo de remitir a la Asamblea Legislativa el contrato ya formado para que esta ejerciera la competencia de aprobación que sostenemos reservada por la Constitución.

Esta distinción resulta fundamental.

No estamos acusando a la Asamblea Legislativa de haber incumplido su obligación de pronunciarse sobre un contrato que nunca recibió.

Estamos denunciando que el Poder Ejecutivo omitió someterlo a su conocimiento y permitió que se ejecutara como si la intervención parlamentaria hubiera quedado satisfecha catorce años antes.

La abstención no consistió en una simple demora administrativa.

No se postergó la aprobación. Se actuó como si nunca hubiera sido necesaria.

Y esa decisión produjo consecuencias que no terminaron con la firma del contrato.

Mientras la concesión continúe desplegando efectos jurídicos, operacionales y económicos bajo la misma interpretación, permanece la situación constitucional que cuestionamos.

El tiempo transcurrido no puede convertir una omisión en cumplimiento.

La ejecución material del contrato tampoco puede crear retroactivamente el acto parlamentario que nunca se realizó.

El artículo 101 y los límites de las consultas de 1998

Nuestra acción examina particularmente las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98, dictadas durante el procedimiento legislativo que culminó con la Ley N.º 7762.

El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional limita los efectos vinculantes de las opiniones consultivas legislativas a los supuestos en que se declaran trámites inconstitucionales.

Los pronunciamientos de 1998 no declararon la existencia de esos vicios procedimentales.

Por consiguiente, sostenemos que sus criterios de fondo sobre la aprobación general no adquirieron, por el solo hecho de haber sido emitidos en aquellas consultas, eficacia vinculante capaz de cerrar definitivamente el control constitucional posterior.

Reconocemos que esa interpretación fue retomada en la jurisprudencia posterior.

Pero distinguimos cuidadosamente el valor de los precedentes, los efectos de las opiniones consultivas y la existencia de una decisión material sobre los cargos concretos que ahora planteamos.

La acción tampoco ignora la sentencia Nº 2013-015693, que resolvió por el fondo una controversia relacionada con la aprobación legislativa de concesiones.

La diferencia que exponemos es sustancial: aquella acción cuestionó una omisión normativa atribuida al legislador por no incorporar expresamente un trámite de aprobación parlamentaria dentro de la Ley N.º 7762.

La nuestra denuncia una omisión posterior del Poder Ejecutivo, surgida cuando el contrato quedó formado y mantenida durante su ejecución.

No cuestionamos que la Asamblea Legislativa pudiera establecer un régimen general de concesiones.

Cuestionamos que esa autorización normativa fuera interpretada y aplicada como sustitución anticipada de una competencia parlamentaria distinta.

Por ello, nuestra acción distingue cuidadosamente entre el valor vinculante de los precedentes, la inexistencia de cosa juzgada derivada de las sentencias desestimatorias en los términos del artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y los efectos propios de los rechazos procesales. No pretendemos desconocer lo resuelto. Exigimos que no se atribuya a las resoluciones anteriores un examen de fondo que no realizaron, ni se utilice la reiteración de la doctrina de la aprobación general para impedir el conocimiento de los cargos constitucionales autónomos que ahora formulamos.

Lo que solicitamos a la Sala Constitucional

Nuestra pretensión no se agota en obtener una declaración sobre la inexistencia de aprobación legislativa individual.

Solicitamos que la Sala declare inconstitucional la interpretación que atribuye a la Ley N.º 7762 el efecto de aprobar políticamente contratos futuros todavía inexistentes.

Solicitamos que declare la omisión continuada del Poder Ejecutivo y ordene remitir el contrato consolidado, sus adendas y sus instrumentos integrantes a la Asamblea Legislativa, dentro del plazo que establezca la sentencia.

No pretendemos que la Sala apruebe o impruebe el contrato en lugar de los diputados.

Pretendemos que determine si la Constitución exigía que los representantes populares ejercieran esa competencia.

Pero nuestra acción también reclama el examen de otras infracciones constitucionales autónomas.

Solicitamos que se determine si la Terminal de Contenedores de Moín, como muelle nacional, permanece bajo el dominio y control efectivos del Estado, conforme al artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política.

Cuestionamos la suficiencia de una titularidad estatal puramente nominal cuando el ejercicio material de facultades públicas queda condicionado por estipulaciones contractuales.

Reclamamos el reconocimiento y restablecimiento de las competencias de JAPDEVA como Autoridad Portuaria y actor público en el Caribe costarricense.

Cuestionamos el desplazamiento de las disposiciones protectoras del régimen demanial, particularmente las relacionadas con las Leyes N.º 6043 y N.º 2906.

Y solicitamos el examen constitucional de las condiciones de exclusividad funcional que reservan automáticamente determinados tráficos portuarios a la terminal concesionada y restringen la participación de JAPDEVA.

La exclusividad no debe confundirse con la existencia misma de la infraestructura.

La utilidad de construir y operar una nueva terminal no demuestra, por sí sola, que fuera constitucionalmente indispensable excluir a la institución portuaria pública de determinados segmentos de actividad.

Por eso reclamamos que se examine la razonabilidad y proporcionalidad de ese régimen y su correspondencia efectiva con la finalidad pública invocada.

Restablecer la Constitución no significa paralizar el puerto

Hay un aspecto de nuestra acción que merece especial claridad ante la opinión pública.

No solicitamos que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad provoque automáticamente el cierre, desmantelamiento o paralización de la Terminal de Contenedores de Moín.

La infraestructura portuaria constituye una realidad material que debe continuar sirviendo al país.

Lo que reclamamos es que su funcionamiento se ajuste íntegramente a la Constitución.

Por ello, solicitamos que, si la Sala declara alguna de las infracciones denunciadas, determine sus consecuencias, elimine los efectos jurídicos incompatibles con el orden constitucional y establezca, cuando corresponda, una transición institucionalmente organizada.

Esa transición deberá preservar la continuidad del servicio, la seguridad de las operaciones, los derechos legítimamente consolidados de buena fe y las competencias de las autoridades públicas.

También deberá impedir que la continuidad del servicio se utilice como justificación para perpetuar indefinidamente los efectos de un régimen declarado inconstitucional.

No estamos pidiendo que se sustituya una irregularidad por otra.

Estamos reclamando que se restablezca el orden constitucional sin sacrificar innecesariamente el funcionamiento de una infraestructura estratégica.

Y, sobre todo, que el control público no quede reducido a una declaración formal de propiedad estatal mientras las condiciones materiales de explotación permanecen fuera de las competencias que la Constitución y las leyes atribuyen a las instituciones públicas.

La cuestión que planteamos trasciende la suerte de una empresa concesionaria.

Concierne a la separación de poderes, al patrimonio público, a la organización del servicio portuario y al derecho de la ciudadanía a que las decisiones de extraordinaria trascendencia nacional sean adoptadas mediante los procedimientos constitucionalmente establecidos.

Porque una cosa es que la Sala Constitucional reconozca la validez de una autorización legislativa general.

Y otra es que esa interpretación pueda sustituir, sin justificación constitucional suficiente, una aprobación contractual concreta que sostenemos exigida por la propia Constitución.

La ley de 1998 existió. El contrato de 2012 existe. Lo que no existió fue una aprobación legislativa individual de ese contrato.

Nuestra acción exige que se determine si la Constitución permitía prescindir de ella.

Y, si no lo permitía, que se restablezca la competencia omitida y se corrijan los efectos constitucionalmente incompatibles del régimen que continúa ejecutándose.

Porque la Constitución no debe escoger entre la legalidad y el funcionamiento del puerto.

El puerto debe funcionar dentro de la Constitución.

XV. ¿Pudimos ser trinqueteados?

Volvamos a la pregunta que encabeza este artículo.

La palabra trinqueteados tiene una carga política deliberada.

Sugiere la posibilidad de que una construcción jurídica haya permitido presentar como constitucionalmente cumplida una competencia cuyo ejercicio concreto no ocurrió.

Pero debemos utilizarla con responsabilidad.

No estamos afirmando que exista prueba de una maniobra fraudulenta deliberada.

No estamos atribuyendo conductas dolosas a magistrados, diputados, funcionarios o empresarios.

Estamos señalando una controversia constitucional que puede investigarse a partir de sus fundamentos y consecuencias.

La Ley N.º 7762 fue aprobada como ley.

Las resoluciones constitucionales reconocieron la suficiencia de una autorización general para determinadas concesiones.

El contrato de la Terminal de Contenedores de Moín fue celebrado en 2012.

Y ese contrato no recibió aprobación legislativa individual.

Estos hechos deben distinguirse de la conclusión jurídica que se pretende extraer de ellos.

Nuestra tesis es que la aprobación de la ley general no podía sustituir la aprobación parlamentaria particular exigible para un contrato de esa naturaleza.

La jurisprudencia constitucional ha sostenido una interpretación diferente.

Pero esa discrepancia no elimina nuestra obligación de examinar el problema.

Al contrario.

La convierte en una controversia que merece una explicación pública especialmente rigurosa.

Porque si una interpretación permite considerar cumplida una competencia constitucional sin que se haya producido el acto individual que, según nuestra tesis, debía realizarse, debemos preguntarnos si estamos ante una autorización legítima o ante una ficción de aprobación.

Y una ficción jurídica no se convierte en realidad constitucional por haber sido repetida durante veintiocho años.

XVI. El pueblo costarricense merece una explicación constitucional, no una fórmula

El problema no se resuelve afirmando que la Ley N.º 7762 fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

Eso nadie lo discute.

Tampoco se resuelve recordando que la Sala Constitucional admitió la autorización legislativa general.

Eso también es conocido.

La controversia consiste en determinar si esa autorización podía sustituir válidamente una competencia parlamentaria particular.

Y si podía hacerlo respecto de un contrato de concesión portuaria de la naturaleza y trascendencia del celebrado en Moín.

La respuesta debe construirse desde la Constitución.

Debe explicar la reforma de 1975.

Debe confrontar los artículos 121, 124 y 140.

Debe analizar los efectos de las opiniones consultivas conforme al artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Debe examinar el cambio jurisprudencial entre 1992 y 1993.

Debe explicar la doctrina consolidada en 1998 y su reiteración posterior.

Y debe confrontar todo ello con la realidad contractual iniciada en 2012.

No basta invocar la autoridad de una sentencia.

Es necesario explicar por qué su interpretación preserva las competencias constitucionales que afirma respetar.

Tampoco basta afirmar que una ley general produjo una aprobación general.

Debe demostrarse qué significa jurídicamente esa aprobación y por qué puede considerarse suficiente cuando se cuestiona la falta de aprobación particular.

La aprobación de una ley es un hecho legislativo. La suficiencia de ese hecho para sustituir una aprobación contractual es una conclusión constitucional que exige demostración.

Confundir ambos planos es precisamente lo que denunciamos.

XVII. Veintiocho años después, la pregunta sigue abierta para la democracia

Costa Rica no puede construir su futuro sobre la idea de que las interpretaciones del pasado son incuestionables.

La seguridad jurídica es un valor fundamental.

Pero también lo son la supremacía constitucional, la separación de poderes y el control democrático sobre los bienes públicos.

Ninguno de esos principios debe desaparecer detrás de la conveniencia administrativa.

La modernización de la infraestructura es necesaria.

La inversión puede ser legítima.

La participación privada en determinadas actividades públicas puede encontrarse autorizada por el ordenamiento jurídico.

Pero ninguna de esas circunstancias sustituye la obligación de respetar las competencias constitucionales.

La experiencia de Moín nos obliga a examinar cómo se adoptaron decisiones que transformaron la actividad portuaria nacional y afectaron profundamente el escenario institucional de JAPDEVA.

También nos obliga a preguntarnos si la Asamblea Legislativa ejerció todas las competencias que constitucionalmente le correspondían.

Porque el problema no es únicamente jurídico.

Es democrático.

Y sus consecuencias no se quedaron encerradas en los expedientes judiciales.

Llegaron a los puertos, a las instituciones públicas, a los trabajadores, a las empresas y a la vida económica de Limón.

Por eso, veintiocho años después de la aprobación de la Ley N.º 7762, debemos exigir una explicación que no descanse exclusivamente en la reiteración de una doctrina.

Una explicación que demuestre, desde la Constitución, cómo se justificó considerar suficiente una autorización general para prescindir de la aprobación individual del contrato de la Terminal de Contenedores de Moín.

No estamos preguntando únicamente si en 1998 se interpretó equivocadamente una ley.

Estamos preguntando si aquella interpretación terminó atribuyendo a la Asamblea Legislativa una aprobación contractual que nunca realizó individualmente.

Estamos preguntando si el ejercicio de una potestad normativa general fue considerado equivalente al ejercicio de una competencia constitucional diferente.

Estamos preguntando si esa equiparación permitió que, desde 2012, se ejecutara una concesión portuaria de extraordinaria trascendencia sin aprobación parlamentaria particular.

Y estamos preguntando si las consecuencias de esa interpretación continúan afectando la organización de los servicios públicos, el patrimonio nacional y las posibilidades de desarrollo de Limón.

Tal vez no podamos demostrar que alguien quiso trinquetear al pueblo costarricense.

Pero sí podemos demostrar que la Asamblea Legislativa aprobó una ley en 1998 y que el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, celebrado catorce años después, no fue sometido a su aprobación individual.

Y podemos exigir que se justifique constitucionalmente por qué aquella primera decisión fue considerada suficiente para prescindir de la segunda.

Porque una interpretación judicial puede sostener que una autorización general satisface determinada exigencia constitucional.

Lo que no puede hacer es convertir en un acontecimiento histórico una aprobación parlamentaria individual que nunca ocurrió.

Y si la Constitución exigía esa aprobación particular, ninguna ficción interpretativa podía sustituirla legítimamente.

Esa es la controversia que hemos planteado.

Esa es la responsabilidad institucional que reclamamos esclarecer.

Y esa es la pregunta que, veintiocho años después, sigue esperando una respuesta capaz de convencer no solamente por la autoridad de quienes la pronuncian, sino por la fuerza constitucional de sus fundamentos.

Porque el derecho de la Constitución no puede descansar sobre la ficción de que el pueblo, por medio de sus representantes, aprobó un contrato que jamás tuvo oportunidad de examinar.

Y cuando esa ficción se proyecta durante años sobre bienes públicos estratégicos, instituciones nacionales y el destino económico de una provincia entera, el problema deja de pertenecer exclusivamente a los tribunales.

Se convierte en una cuestión de responsabilidad histórica ante toda Costa Rica.

Solicitan activar opinión consultiva ante la Corte IDH por concesión de la Terminal de Contenedores de Moín

El ciudadano Marco Levy Virgo, vecino de Limón, presentó una solicitud formal al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que el Poder Ejecutivo active el mecanismo de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La solicitud busca que la Corte determine si la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) resulta compatible o incompatible con los estándares interamericanos de derechos humanos, considerando que fue adjudicada y ejecutada sin consulta previa, libre e informada a la población afrodescendiente del Caribe costarricense, reconocida como pueblo tribal.

El planteamiento se fundamenta en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

En el documento, Levy Virgo señala que el propio Poder Ejecutivo sentó un precedente reciente al promover una opinión consultiva ante la Corte IDH en materia de pensiones del sector público, argumentando que cuando existe una duda razonable sobre la compatibilidad de una política pública con la Convención Americana, el Estado debe actuar de forma preventiva para evitar responsabilidades internacionales. Desde esa misma lógica —afirma— resulta jurídicamente ineludible aplicar ese mecanismo cuando se trata de una decisión estatal que impacta de forma estructural a un pueblo tribal históricamente discriminado.

La solicitud detalla que la obligación de consulta previa para pueblos indígenas y tribales rige en Costa Rica desde 1992, año en que el país ratificó el Convenio 169 de la OIT, por lo que dicha obligación no depende de decretos posteriores ni de reconocimientos administrativos internos. Asimismo, se enfatiza que el derecho de propiedad protegido por el sistema interamericano incluye su dimensión colectiva, abarcando el vínculo especial de los pueblos tribales con su territorio, su trabajo histórico y sus medios de subsistencia.

En cuanto a la concesión cuestionada, se precisa que corresponde a la obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, otorgada en 2012 a APM Terminals Moín, con participación del Poder Ejecutivo, el MOPT, el Ministerio de Hacienda y la JAPDEVA, y refrendada por la Contraloría General de la República.

El documento expone dudas razonables y jurídicamente fundadas sobre la compatibilidad de dicha concesión con los tratados internacionales ratificados por Costa Rica, señalando, entre otros aspectos, la omisión de la consulta previa, los impactos sociales y económicos diferenciados sobre la población afrodescendiente y la posible afectación del derecho al trabajo y del derecho al desarrollo con identidad.

Entre los efectos señalados se mencionan la pérdida de empleo históricamente ocupado por población afrodescendiente, el debilitamiento de la economía local en Limón y el desplazamiento de ingresos económicos fuera del territorio, profundizando desigualdades regionales y patrones de exclusión estructural.

Finalmente, la petición solicita que la Corte Interamericana no solo determine la compatibilidad o incompatibilidad de la concesión con los estándares interamericanos, sino que también establezca parámetros de reparación, mitigación y garantías de no repetición, en caso de confirmarse la vulneración de derechos.

Posteriormente, el mismo ciudadano presentó una segunda solicitud al Poder Ejecutivo, ampliando el planteamiento hacia una omisión histórica del Estado costarricense en el reconocimiento de los derechos colectivos de la población afrodescendiente, incluyendo propiedad ancestral, consulta previa y autodeterminación, más allá de un caso específico.

Acción de inconstitucionalidad cuestiona concesión de la Terminal de Contenedores de Moín por violar la supremacía constitucional

Recurso solicita a la Sala Constitucional anular normas y actos que habrían permitido una concesión monopólica sin control legislativo

Una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional cuestiona de manera integral el marco normativo, contractual y administrativo que dio origen y sustento a la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a la empresa APM Terminals, al considerar que dicho proceso se realizó en abierta violación de la Constitución Política, debilitando el control democrático, el patrimonio público y la función estatal portuaria.

El recurso fue interpuesto el 10 de noviembre de 2025 por el ciudadano Francisco Guevara Matarrita, en su condición de habitante de la provincia de Limón, consumidor, contribuyente y defensor de intereses difusos, y fue formalmente recibido por la Sala Constitucional el 18 de noviembre de 2025, bajo el expediente 25-035979-0007-CO.

Lo que se impugna

La acción solicita la declaratoria de inconstitucionalidad, entre otros extremos, de:

  • Cláusulas específicas del contrato de concesión de obra pública con servicio público de la Terminal de Contenedores de Moín.
  • Oficios y criterios legales emitidos por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Consejo Nacional de Concesiones.
  • El Decreto Ejecutivo n.° 38172-MINAE-MOPT, que declaró de conveniencia nacional e interés público la Ruta Nacional n.° 257 (Sandoval–Moín).
  • La Ley n.° 7762, Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicio Público, por omitir la exigencia de aprobación legislativa previa para concesiones sobre bienes demaniales.

El accionante sostiene que este conjunto de normas y actos permitió que el Poder Ejecutivo asumiera competencias que la Constitución reserva de forma exclusiva e indelegable a la Asamblea Legislativa, particularmente en materia de concesiones sobre bienes de dominio público.

Afectación estructural y derechos comprometidos

Según el recurso, la concesión de la TCM configuró un monopolio de facto en un punto estratégico del comercio exterior del país, con consecuencias que trascienden lo contractual y administrativo. Entre los impactos señalados se incluyen:

  • El debilitamiento y desplazamiento funcional de JAPDEVA, institución pública que históricamente ejerció la función portuaria en la vertiente Caribe.
  • Incrementos sustanciales en las tarifas portuarias, que habrían encarecido las exportaciones, importaciones y el costo de vida.
  • Pérdida de empleo, deterioro de infraestructura pública y afectación al desarrollo económico regional.
  • Un uso restrictivo y excluyente de bienes de dominio público, en particular en zonas de la Zona Marítimo-Terrestre, declaradas por ley para fines de recreo, turismo y desarrollo público.

La acción argumenta que estas consecuencias lesionan derechos y principios constitucionales como la igualdad, la legalidad, la razonabilidad, la eficiencia administrativa, la protección del ambiente, el derecho de las personas consumidoras y el equilibrio presupuestario del Estado.

Interés difuso y control constitucional

El recurso enfatiza que no se trata de un conflicto individual, sino de la defensa de un interés difuso de alcance nacional, relacionado con el patrimonio público, la soberanía económica y la vigencia del Estado social y democrático de derecho. En ese sentido, se solicita a la Sala Constitucional ejercer un control material, integral y efectivo, tanto sobre la ley como sobre los actos administrativos y contractuales derivados de ella.

La petitoria final solicita que se declare la inconstitucionalidad de las normas y actos impugnados, se restituya la reserva legislativa en materia de concesiones demaniales y se restablezcan los principios constitucionales que rigen la administración de bienes estratégicos de la Nación.

Claves del recurso de inconstitucionalidad

  • ¿Qué se impugna?
    La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y el marco legal, administrativo y contractual que permitió su otorgamiento a APM Terminals sin aprobación legislativa expresa.

  • ¿Ante quién se presenta?
    Ante la Sala Constitucional, bajo el expediente 25-035979-0007-CO.

  • ¿Quién presenta la acción?
    El ciudadano Francisco Guevara Matarrita, en defensa de intereses difusos, como habitante de Limón, contribuyente y usuario de servicios públicos.

  • ¿Qué normas y actos se cuestionan?
    Cláusulas del contrato de concesión, el Decreto Ejecutivo n.° 38172-MINAE-MOPT, oficios del ICT y del Consejo Nacional de Concesiones, y disposiciones de la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicio Público.

  • ¿Cuál es el argumento central?
    Que el Poder Ejecutivo habría sustituido competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa, violando la supremacía constitucional en materia de concesiones sobre bienes de dominio público.

  • ¿Qué impactos se señalan?
    Debilitamiento de JAPDEVA, creación de un monopolio portuario, aumento de tarifas, afectación al empleo y al desarrollo regional, y uso restrictivo de bienes públicos estratégicos.

  • ¿Qué se solicita a la Sala Constitucional?
    Que declare la inconstitucionalidad de las normas y actos impugnados y restituya el control legislativo y los principios constitucionales en la administración portuaria.

Recurso de amparo cuestiona concesión de la Terminal de Contenedores de Moín por falta de consulta a comunidades afrodescendientes

El ciudadano Marco Levy Virgo presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en el que denuncia la omisión del Estado costarricense de aplicar estándares internacionales de protección a los pueblos tribales afrodescendientes, en relación con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a la empresa APM Terminals.

En el escrito, Levy sostiene que la concesión fue otorgada sin consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades afrodescendientes de Limón, a pesar de que estas mantienen una identidad colectiva, modos de vida tradicionales y un vínculo histórico con su territorio, características que —según el recurso— las configuran como pueblo tribal conforme a los estándares interamericanos.

El documento detalla que la entrada en operación de la TCM ha generado impactos sociales y económicos profundos, entre ellos el desplazamiento laboral de mano de obra afrodescendiente, el cierre de operaciones de empresas privadas como Standard Fruit Company (Dole) y Chiquita Brands, y la reducción de actividades en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Estos procesos, afirma el recurso, agravaron el desempleo, la pobreza y las tensiones sociales en una región históricamente vulnerable.

Asimismo, se señala la afectación a actividades tradicionales como el turismo comunitario y la pesca artesanal, así como al tejido social ancestral de comunidades de Moín y zonas aledañas, sin que se hayan implementado medidas efectivas de mitigación o compensación.

El recurso argumenta que la ausencia de consulta no constituye una omisión formal, sino una violación estructural y sistemática de derechos colectivos, que perpetúa la discriminación contra la población afrodescendiente. En respaldo de esta afirmación, se citan instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido el derecho a la consulta de pueblos tribales afrodescendientes en proyectos de gran impacto.

El escrito también cuestiona lo que califica como una aplicación selectiva de los mecanismos interamericanos por parte del Estado costarricense, al recordar que el país sí solicitó una opinión consultiva a la Corte IDH en otros temas de derechos humanos, mientras no ha hecho lo mismo frente a los impactos del proyecto portuario en Limón.

Finalmente, el recurso solicita a la Sala Constitucional que declare la violación de los derechos fundamentales invocados, que se anulen los efectos lesivos de la concesión en lo que respecta a las comunidades afectadas y que se ordenen medidas de reparación integral, incluyendo la realización de una consulta adecuada y la compensación por los daños ya causados.

Contexto y antecedentes

La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín y sus impactos sociales, laborales y territoriales han sido abordados en diversas notas publicadas previamente en SURCOS, donde se ha documentado la situación histórica de exclusión que enfrenta la población afrodescendiente del Caribe, el debilitamiento de la institucionalidad pública portuaria y las transformaciones económicas que ha vivido la provincia de Limón en las últimas décadas.

En esos antecedentes se ha señalado la ausencia de procesos de consulta y participación efectiva de las comunidades afectadas, así como la persistencia de brechas estructurales en empleo, acceso a derechos y reconocimiento cultural. El recurso presentado ante la Sala Constitucional se inscribe en este marco más amplio de disputas por justicia social, derechos colectivos y reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, temas que han sido objeto de seguimiento informativo constante por parte de SURCOS.

Puede consultarse este enlace para una visión histórica del tema:

Asociación ecologista solicita informe con base en fotografías georeferenciadas sobre Terminal de Contenedores de Moín

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita información y acciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Consejo Nacional de Concesiones en relación con el proyecto Terminal de Contenedores Moín. Piden lo siguiente:

  • Ordenar al Regente Ambiental ampliar su informe del 20 de febrero de 2024 sobre la presunta erosión del material de relleno utilizado en el proyecto, teniendo en cuenta las fotografías aportadas.
  • Realizar un estudio sedimentológico integral e independiente de la situación, aplicando el principio precautorio. 
  • Exigen saber por qué la empresa APMT no ha realizado los dragados y movimientos de sedimento acumulado en la costa de Moín como estaba comprometida, causando daños ambientales.
  • Solicitan respuestas claras a sus preguntas y preocupaciones, apelando al derecho a un medio ambiente sano. De no recibir la información, amenazan con acciones legales.

La Asociación, presidida por Marco Levy Virgo, denuncia la presunta erosión de materiales de relleno en el proyecto y acumulación de sedimentos en la playa de Moín, exigiendo mayor información, estudios independientes y acciones concretas por parte de las autoridades y la empresa concesionaria para corregir la situación y sus daños ambientales.

Se adjunta los documentos de referencia con los detalles del proceso.

 

Imagen ilustrativa.

¡Al Rescate de JAPDEVA!

SURCOS comparte la siguiente información:

San José, 16 de junio del 2021

Señor
Carlos Alvarado Quesada.
Presidente de la República de Costa Rica.

Estimado Señor presidente:

Nosotros, expresidentes ejecutivos, de diferentes períodos, de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), preocupados por la situación del sector portuario del Caribe costarricense, y ante la crisis nacional y provincial de Limón, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Durante sus primeros 57 años de vida, JAPDEVA fue una Institución robusta y autosuficiente, gracias a los ingresos que percibía de la actividad portuaria. Como suele suceder con todos los puertos del mundo, JAPDEVA tenía una amplia incidencia en todo el quehacer de la región en donde se encuentra y con la aparición de APM Terminal se denota un vacío de liderazgo en todos los asuntos comunales de la provincia. La Institución destinaba una parte importante de sus ingresos, para promover el desarrollo rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica, generando bienestar y contribuyendo en la atención de emergencias climáticas en la región.

Señor presidente, como usted bien lo señaló en su Informe Presidencial de mayo del presente año; “El caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) es complejo y da para mucho debate. Lo cierto es que al firmarse el contrato en 2012 para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), lo que se concretó ahí fue el traslado del 84% de la carga y el 80% de los ingresos de JAPDEVA a la TCM, a cambio de un canon. Se cedió un negocio público a un privado sin una compensación portuaria adecuada, y sin garantías de mejores tarifas y mejor operación. Además, sin un plan claro de transición de JAPDEVA. Así, al iniciar operaciones la TCM en febrero 2019, JAPDEVA se topa de frente con la caída masiva de sus ingresos y manteniendo el mismo nivel de gasto.

Hoy la realidad es que las tarifas de la TCM son más caras que antes y la terminal, a dos años de su entrada en operación, está ya llegando a su saturación operativa. Como Gobierno, en representación del Estado que firmó este contrato, velaremos por su cumplimiento. Pero no podemos dejar de mencionar esta realidad. (…)” El destacado es nuestro.

A partir de lo anterior, el efecto en las condiciones financieras de la Institución, han sido desastrosas y en consecuencia, su capacidad para coadyuvar en la generación de empleo y apoyar en las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, han sido nulas; tal y como ha ocurrido, con muchos empleadores de la zona, incluido el sector exportador y productor del país, debido al incremento en el costo de los servicios portuarios, por parte del concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y a todo esto, hay que agregar la tardanza de la operación en la TCM que incide en los tiempos de espera, las pérdidas de las citas previas y la formación de largas filas de furgones en la ruta 32.

La Ley N° 7404, Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, (LCOP), en sus Artículos 1 y 7 se indica lo siguiente: Artículo 1: “La concesión de obra pública, es el instituto jurídico de derecho público, mediante el cual, el Estado encarga a una persona, la ejecución de una obra y le transmite, temporalmente, los poderes jurídicos necesarios para que la explote, por medio del pago de una contraprestación o tarifa, que abonarán los usuarios, con la autorización, control y vigilancia de la administración, pero por cuenta y riesgo del concesionario”. Artículo 7: “La explotación del bien objeto de la concesión, se entenderá siempre para beneficio del interés público. Este propósito se cumplirá, con la prestación del servicio público, según los siguientes principios: conveniencia nacional, legalidad, generalidad, continuidad, eficiencia, adaptabilidad y justa retribución “.

De conformidad con lo establecido en la Ley LCOP, un puerto dado en concesión se construye, para plantearse un beneficio económico para el concesionario y también para el país, tanto para los usuarios del nuevo servicio, así como en lo social; es decir, el país tiene que sacar un beneficio de menores costos y mayor eficiencia.

Como usted mismo Señor presidente, muy acertadamente reconoce que, con este contrato, se cedió contractualmente una actividad económica, a cambio de una prestación no equilibrada; un negocio público, a un privado, sin una compensación adecuada, sin garantías de mejores tarifas y mejor operación.

Nosotros, preocupados por la situación de JAPDEVA y del País, coincidimos con usted, en que la relación contractual de APM no es equilibrada ni justa, situación esta, que queda reflejada con las múltiples quejas del sector exportador e importador y, a las nefastas consecuencias que se visualizan sobre las finanzas de JAPDEVA, el desempleo y la falta de fuentes de trabajo en la Provincia de Limón.

La firma de este contrato, entre APM y el Gobierno de la República, ha generado gran incertidumbre por los puestos de trabajo que han tenido y tendrán que disminuirse en JAPDEVA.

De acuerdo con las bases de la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos (LCOP), los principios que inspiraron a la Administración Pública a suscribir ese contrato, no se está cumpliendo y, por lo tanto, al revisar los aspectos jurídicos contenidos en la Ley General de Administración Pública, relacionados con el interés público, se corrobora, que éste debe prevalecer sobre el interés privado. El propósito del contrato no es hacer que solo el concesionario obtenga un beneficio justo, sino satisfacer el interés público del país, de los exportadores, importadores y de la población en general, mediante la obtención de una mejora sustancial en el concepto de tarifas y servicio. Tiene que darse un equilibrio entre las partes, Concesionario y Estado.

Ante tal situación y conscientes del grave daño que se le está provocando al País y a JAPDEVA como Institución, creada por ley para promover el desarrollo rápido y eficiente en la Vertiente Atlántica, teniendo a la vista los resultados ya señalados de altas tarifas e ineficiencia en el manejo portuario, todo esto relacionado en su Informe Presidencial ante el Congreso de la República, presentado el pasado primero de mayo 2021 y, por las múltiples quejas de todos los sectores usuarios de los servicios de APM y el clamor de la comunidad limonense, le solicitamos de manera muy respetuosa las siguientes acciones:

Revisión del Contrato de Concesión para un mejor equilibrio de las partes.

Iniciar de manera urgente un proceso de revisión del contrato firmado con APM, en cuanto a sus elementos económicos, financieros y técnicos, que den equilibrio a todas las partes, teniendo como prioridad satisfacer a cabalidad los aspectos relacionados con el interés público del país, que dieron origen a la necesidad de suscribir este contrato de concesión. Dicho análisis permitirá definir a ciencia cierta lo relativo al rescate de la concesión por razones de interés público en la misma vía de conclusión de su informe presidencial y de acuerdo con lo establecido por el contrato de concesión en su cláusula 18.3.1

Aplicación de Sanciones por Incumplimientos.

Señor Presidente, respetuosamente le pedimos que como miembro de la Administración Concedente Compleja del Contrato de Concesión de la TCM, instruya al señor Ministro de Transportes para que en su carácter de Presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) proceda con la urgencia del caso a verificar el estado actual de los procesos sancionatorios (denuncias) que debe tramitar el CNC de acuerdo a las disposiciones del régimen sancionados del contrato de concesión y el artículo 137 del Reglamento de Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín.

Lo anterior considerando las denuncias realizadas por los empresarios y usuarios de los servicios públicos que fueron concesionados. ANEXO.

JAPDEVA debe asumir su rol en el Desarrollo de la Provincia de Limón.

Intervenir de manera urgente y tomar las acciones necesarias para estabilizar la situación económica en la Provincia de Limón y, devolver a JAPDEVA, su rol protagónico en el desarrollo de la Vertiente Atlántica, aspecto que ha venido a menos desde la entrada en operación de la APM. JAPDEVA por su parte, ha visto reducido su espacio para atender las necesidades del desarrollo en la región, debido a la pérdida de su capacidad financiera y de su impacto para generar empleo directo e indirecto. Revisar para que sea la Junta Directiva de JAPDEVA juntamente con MIDEPLAN quien en forma separada de lo portuario maneje los fondos provenientes del famoso Canon que por Ley tiene que girar APM Terminal al Gobierno de la República.

Instancia al Poder Ejecutivo.

Le solicitamos señor presidente, muy respetuosamente, que instruya a los funcionarios que corresponda, para que ante el incumplimiento en la aplicación de tarifas (elevadas) y el cronograma de construcción (no se han construido los puestos acordados) que se revise el contrato y en dicha apertura se logren los siguientes puntos:

  • Disminuya las tarifas de APM Terminals que actualmente ahogan a los exportadores.
  • Que los muelles de JAPDEVA puedan atender barcos de contenedores además de los ya pactados, esto con el fin de dar un respiro para incrementar los ingresos de JAPDEVA.
  • Que la Autoridad Portuaria se le devuelva a JAPDEVA en forma clara y definida de acuerdo con la ley.

Instancia a la Junta Directiva de JAPDEVA.

  • Para que JAPDEVA actualice el Máster Plan de sus puertos tanto de Limón como el de Moín.
  • Que con las nuevas proyecciones de atención a buques establezca los Programas de Ingresos y Egresos para que la Institución como tal, logre un punto de equilibrio propio y sea autosuficiente sin tener que apalancarse con el presupuesto del Poder Central.
  • Que JAPDEVA acelere los estudios, planes y programas de los muelles para atender cruceros y la marina.

Con todo respeto, atentamente,

JOSE MANUEL AGUERO ECHEVERRIA (siguen más firmas de otras personas que han ocupado la presidencia ejecutiva, pueden verse en el documento para descargar).

ANEXO

Los representantes de las cámaras de exportadores y navieras están de acuerdo con el reciente castigo que impuso el MOPT a APM Terminals; sin embargo, esperan que a futuro se impongan más, por los constantes problemas operativos de la megaterminal. https://semanariouniversidad.com/pais/empresarios-piden-mas-sanciones-por-ineficiencia-de-apm-terminals/

Exportadores critican tarifas y fragilidad en servicios de APM Terminals. https://semanariouniversidad.com/pais/exportadores-critican-tarifas-y-fragilidad-en-servicios-de-apm-terminals/

Carlos Alvarado pide evaluar gestión de APM Terminals https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-pide-evaluar-gestion-de-apm-terminals

Exportadores y navieros piden sanciones contra APM Terminals. https://www.multimedios.cr/nacional/video-exportadores-y-navieros-piden-sanciones-contra-apm-terminals

Adjuntamos el documento oficial:

Ecologistas apelan viabilidad para APM Terminals y rechazan actuación de SETENA

Piden investigaciones y sanciones

Está bien otorgado el contrato con APM Terminals como lo dice el Gobierno2
Imagen con fines ilustrativos

 

El lunes 5 de enero, el abogado ambientalista Álvaro Sagot y el presidente de la FECON, Mauricio Álvarez, presentaron un extenso recurso de revocatoria por la manera en que otorgó la viabilidad ambiental a la terminal de contenedores en Moín, justo dos días antes del asueto de fin de año, el pasado 17 de diciembre. El recurso incluye apelación subsidiaria y recusación a la Comisión Plenaria de la SETENA.

Para los ecologistas el recurso que presentaron debe elevarse directamente a la autoridad superior inmediata de la Comisión Plenaria de SETENA y esta debe abstenerse de conocerlo, pues dicha Comisión optó por apartarse del criterio técnico emitido por la Unidad Técnica de SETENA para poder dar la viabilidad ambiental a AMP Terminals (ver considerando 17 del permiso ambiental). Y es que si bien la Unidad Técnica (UT) de SETENA emitió criterios negativos sobre el proyecto, la Comisión Plenaria asumió una función que no le correspondía al desconocer la posición de la UT y proceder a convertirse sin nombramiento en una Unidad Técnica ad hoc, aprobando por sí mismos el permiso o licencia ambiental.

Para Álvarez y Sagot, la Comisión Plenaria cometió una falta muy grave con esta maniobra, pudiéndose configurar en abuso de poder, fraude de ley, violación al principio de transparencia y al de legalidad.

Consideran que con este accionar la Secretaría parece haberse convertido en la defensora del desarrollador frente a su propio equipo técnico, utilizando además criterios superficiales con el fin de forzar la aprobación de la viabilidad ambiental para APM, a pesar de que lo que procedía era revocar el criterio de los técnicos o remitir nuevamente el expediente a dicha Unidad.

Los ecologistas solicitaron que se abra un procedimiento administrativo que sancione a los miembros de la Plenaria, porque consideran que dicha Comisión descalificó, minimizó y suplantó, el trabajo de análisis y evaluación de más de dos años de un grupo interdisciplinario especializado, asegurando que hizo una revisión completa del expediente (más de 25 mil folios) y en un plazo extraordinariamente corto (entre el 03 y el 17 de diciembre,apenas 14 días), centrándose en un aspecto de forma y no de fondo: si el desarrollador respondió o no lo solicitado por la SETENA cuando solicitó el Anexo. Afirman que no profundiza en lacorrecta evaluación de impacto ambiental del Megaproyecto, sino quese concentra en buscar en qué parte del expediente se encuentranlas respuestas o lo que la Comisión Plenaria califica como unarespuesta satisfactoria para así poder señalar que se da por solventadoeste punto.

Sagot y Álvarez destacan que en ningún punto del informe técnico de la Comisión Plenaria se hace una discusión integral, sólida ni completa sobre los efectos ambientales principales del proyecto, sino que refuta, con muy poca argumentación de fondo, la larga lista de incumplimientos que detectó la Unidad Técnica como parte dela revisión del expediente. Afirman que esto convierte una decisión técnica en una decisión de carácter político, además inconsistente y parcializada y consideran que así la Secretaría Técnica pasa a funcionar como una Secretaría Política.

Si bien la Comisión Plenaria reconoció que pese a su revisión, hay incumplimientos en el expediente que logró constatar, los minimizó al forzar el otorgamiento de la viabilidad ambiental así como haber hecho caso omiso del documento respaldado por más de 130 organizaciones sociales y presentado por ambientalistas en el que se hace una ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto TCM, el cual no fue analizado, ni tomado en cuenta como parte del proceso de revisión.

Una vez más, los ecologistas ponen en evidencia las inconsistencias técnicas y jurídicas que derivan de un proyecto que, mucho antes de contar con el visto bueno de Setena, ya contaba con la viabilidad política, y afirman que expone groseramente la seguridad jurídica y ambiental de la población costarricense.

Para conocer en detalle el Recurso de Revocatoria interpuesto a SETENA, haga click en el siguiente enlace:

RecursoAPM

 

Para más informes: Alvaro Sagot, tel: 8863 2887 o Mauricio Álvarez,

tel 8870 9165.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Cientos de organizaciones se oponen a la viabilidad ambiental del megaproyecto de la Terminal de Contenedores de Moín

Comunicado público

Está bien otorgado el contrato con APM Terminals como lo dice el Gobierno2
Imagen con fines ilustrativos

 

Más de ciento treinta organizaciones no creemos que deba otorgarse la viabilidad ambiental del megaproyecto de la Terminal de Contenedores de Moín pero sí estamos a favor de una modernización portuaria que cuide el ambiente y los intereses sociales y económicos del país.

Una amplia y diversa representación de diferentes sectores y regiones del país tales como organizaciones sociales, académicas, culturales, indígenas, feministas, estudiantiles, ecuménicas, cívicas, de derechos humanos, del sector salud, de diversidad sexual, artísticas, comunicación popular, juveniles, turísticas, de economía solidaria, educación, campesinas, cooperativas, productivas, comunitarias, migrantes, políticas y ambientales que suscribimos el presente documento, deseamos dejar de manifiesto nuestro total apoyo al documento presentado por ambientalistas en el que se hace una“Ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto de la terminal de contenedores de Moín”.

Consideramos que los argumentos presentados, tanto de forma, como de fondo, son lo contundentes para demostrar que el proyecto no es viable, no solo por la seria y grave cadena de impactos ambientales que produciría, sino también por el flagrante incumplimiento del marco legal vigente en nuestro país y de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Son muchos los argumentos presentados, destacándose los siguientes:

 

Aspectos de forma

-Se irrespetó el principio de participación pública, al presentarse un Anexo Único con más de 25 mil páginas de información, no ordenada, de bulto, que no permite y facilita la comprensión clara de la evaluación de impacto ambiental.

-No se cumplió a cabalidad con las respuestas a las más de 110 observaciones técnicas solicitadas por la SETENA.

-El Anexo Único presenta contradicciones e inconsistencias muy serias. Mientras por un lado se dice al SENARA que no se utilizarán sustancias peligrosas en el Campamento, a la SETENA se le dice que sí. De igual manera, en el la descripción del proyecto, se comenten omisiones muy serias, como la no incorporación de los 11 sitios de explotación minera submarina o el dragado capital, que introducen un serio error de raíz en el resto de la EIA.

-Se irrespeta la legislación vigente al presentarse información en otro idioma diferente al español, así como documentos con tachadoras y correcciones a mano.

-El diseño final del proyecto y su presupuesto fueron aprobados por el Consejo Nacional de Concesiones hace más de un año, y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sin que ni siquiera se hubiera iniciado el proceso de audiencia pública y se terminara de revisar el estudio ambiental, lo cual muestra el irrespeto que se tiene por trámite de evaluación de impacto ambiental.

 

Aspectos de fondo

-El análisis de alternativas para la selección de la propuesta objeto de la EIA, adoleció de una correcta evaluación ambiental, lo que llevó a una opción que no tiene el debido sustento ambiental. Había una mejor alternativa (la “C”) para el desarrollo de la Terminal, y no la que finalmente se seleccionó.

-El área seleccionada para la instalación del campamento en tierra no es apta desde el punto de vista ambiental para su uso con ese fin.

-Las 11 fuentes submarinas de materiales mineros no fueron objeto de una EIA individual ni del trámite correspondiente según lo establece el Código de Minería y la Constitución.

-El área de botadero submarino no fue objeto de EIA detallada ni del debido trámite de autorización para ser utilizada para ese fin, razón por la cual, dicho opción no es viable ambientalmente.

-El sitio seleccionado para la construcción de la Terminal y las obras relacionadas no son aptas por aspectos de Geoaptitud, razón por la que se origina una seria cadena de impactos ambientales que hacen inviable el megaproyecto.

-La metodología de la identificación de los impactos ambientales incumple lo señalado en la Guía de EIA (Decreto Ejecutivo No. 32966 MINAE) por lo que la valoración de impacto realizada resulta confusa, poco objetiva y parcializa a justificar el proyecto.

-Las medidas de compensación para los efectos acumulativos son insuficientes y hay deficiencias serias sobre la valoración de los sinergísticos del área del proyecto y su extensa área de influencia (no se toman en cuenta los impactos que ya producen por las actividades urbanas, portuarias, industriales y turísticas que se desarrollan en los alrededores).

-El balance de costo beneficio ambiental del megaproyecto es insuficiente, con el agravante de que la inversión en gestión ambiental que se propone es muy reducida respecto al costo del proyecto (menos del 1 % de la inversión total).

-No se establecen de forma correcta y completa los compromisos ambientales del proyecto, incumpliendo la Guía de EIA (decreto 32966 – MINAE).

-Los impactos en los ecosistemas marinos serán altamente significativos, hasta críticos tal y como reconoce el mismo estudio de impacto ambiental. Se afectarán los arrecifes y la pesca, así como las actividades turísticas, durante varios años de construcción.

-El EsIA reconoce que el proyecto producirá efectos negativos en la morfología del litoral costero de Moín, los cuales serían de tipo irreversible y generarían importantes cadenas de impacto ambiental que no fueron detalladamente valoradas en el EsIA

En consideración de los argumentos resumidos aquí, y en particular del documento citado, es que solicitamos que no se otorgue la Viabilidad Ambiental al Proyecto de la Terminal de Contenedores del Moín y que se proceda al archivo correspondiente del expediente.

 

Concordamos que debe darse un proceso de modernización de la infraestructura portuaria de Limón – Moín, por lo que debe realizarse un correcto proceso de planificación estratégica, que aplique la legislación ambiental vigente y determine las alternativas de solución técnica y ambiental que sean verdaderamente sostenibles. En particular, ahora que se plantea otra megapuerto en Moín, para el denominado Canal Seco. La intención es que no se repitan los errores del pasado, y la soluciones de desarrollo, en vez ser impuestas, sean discutidas de forma abierta y participativa.

 

Entidades que suscriben: ADI de China Kichá, Consejo de Vecinos Amubri, Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras (ANHACO), Consejo de Vecinos de la Pera, Frente Cívico Guanacasteco, Alianza de Mujeres Costarricenses, Red Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS),Consejo de Vecinos Kachabri, Era Verde, Finca Integral Loroco Talamana, Canal UCR, FEDEAGUA, Cámara de Turismo Rural Comunitario de Coto Brus, Consejo de Vecinos Mojoncito, Consejo de Vecinos Soki, Consejo de Vecinos Suretka, Consejo de Vecinos Tsuiri, Consumo y Comunicación Alternativa, COOPETSIOLA, Federación de Uniones Zonales de Asociaciones de Desarrollo La Amistad, Alianza de Redes Ambientales (ARA), Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA),Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Amigos de Pacuare, Asoc. Proyectos Alternativos –PROAL, Bagaces 2030,Asociación Regional del Pacifico Sur, Asociación de Estudiantes de Economía de la UNA Consejo de la persona con discapacidad y adulto mayor Rey Curre, Asociación por la conservación y desarrollo de Montezuma (ASOMONTE), Consejo Cultural Yimba, Comité de jóvenes Rey Curre, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE), Asociación CRISOL de Cartago, Asociación de Desarrollo Integral de Limoncito Coto Brus, Asociación de Ecología Social, , Asociación de Estudiantes de Geografía UNA, Asociación Dokus , Asociación Palmareña para la Recuperación del Ambiente (APRA), Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente (ARCA), , Bloque Verde, Caminantes por la Vida, Centro Cultural Bribripa Kaneblo de Salitre, Centro de Arte y Sostenibilidad de Longo Mai, Centro de Comunicación Voces Nuestras, Centro en Acción por Derechos Humanos (CADH), Coalición Barva Unida, COECOCEIBA-Amigos de la tierra Costa Rica, Cokomal, SC. , Colectivo 8 Remolinos, Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete, Colectivo Voces Ecológicas, Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, Comisión para la Defensa de la Zona Protectora El Chayote, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, Comité Cantonal de la persona joven de Belén, Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus, Comité Cívico Bonaerense, Comité de Turismo Longo Mai, Comité para la Protección de los Recursos Naturales de Guacimal, Comité Socio-Ambiental de Lagunilla de Heredia, Consejo de Asociaciones Estudiantiles de la UNA, Coordinadora ni una mina Más, Coordinadora Patriótica Cañera, Coronado por la Naturaleza, Costa Rica Neutral, COVIRENA de Desamparados de Alajuela, Culturas Vivas Comunitarias, El Frente Ecologista Universitario, EquipoCritica.org, Federación Ecologista (FECON), Federación Indígena Estudiantil de Costa Rica, Finca agroecológica Amalur, Foro Cantonal Barveño en Defensa del Agua, Foro de Carrillo, Frente Ecologista de Paraíso, Freshwater Action Network(FAN),Fundación Bandera Ecológica, Fundación La Legión, Fundación Sol de Vida de Guanacaste, Fundación Xtremas ,Grupo Agroecológico Generaleño, Grupo Ambientalista de Tinamastes, Grupo Conservacionista los Congos, Grupo de Mujeres Shiroles, Grupo Ecológico de Occidente (GEO), Grupo mujeres Alakolpa U, Guanared Cultura Comunitaria, Indígenas Estudiantes de la Universidad Nacional, IndignadosCR, Instituto de Oceanología de Costa Rica, Juventud Progresista (JUNPRO),Kokopelli Costa Rica, Kolectiva para otras Planificaciones UNA, Las hijas de la negrita, Movimiento Cívico Cruceño, Movimiento Cívico de Liberia, Movimiento Cívico Santacruceño, Movimiento en Defensa de los Ríos de Dota, Movimiento Felix Arcadio Montero-Sto. Domingo, Movimiento Talamanca por la Vida y por la Tierra, Ofensiva Urbana, Oilwatch Costa Rica, Partido UNA Voz, Peña Curridabat, Programa Kioscos Socio-ambientales para la organización Comunitaria UCR , Proyecto Biodiversidad de Costa Rica, Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), Red de Coordinación en Biodiversidad, Red de Forestería Análoga, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativos, Red de Mujeres Nicaragüenses, Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, Red feminista contra la violencia, Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Servicio Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ), Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) Costa Rica, Sonámbulo (Banda Psicotropical), Surcos Digital, Talamanca Unida, Un Rojo (Banda de reggae),Unión de Amigos para la Protección del Ambiente (UNAPROA), Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, Vía Campesina Costa Rica, Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), Unión Vital, Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo de Coto Brus, Vida Autentica

 

Enviado a SURCOS Digital por Presidencia FECON.

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El Megaproyecto de la Terminal de Contenedores de Moín no debe ser objeto de Viabilidad Ambiental

COMUNICADO PÚBLICO para firmar

Está bien otorgado el contrato con APM Terminals como lo dice el Gobierno2
Imagen con fines ilustrativos

 

Las organizaciones ambientales que suscribimos el presente documento, deseamos dejar de manifiesto nuestro total apoyo al documento presentado por algunos ambientalistas en el que se hace una “Ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto de la terminal de contenedores de Moín”.

Consideramos que los argumentos presentados, tanto de forma, como de fondo, son lo suficientemente contundentes para demostrar que el proyecto no es viable, no solo por la seria y grave cadena de impactos ambientales que produciría, sino también por el flagrante incumplimiento del marco legal vigente en nuestro país y de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Son muchos los argumentos presentados, destacándose los siguientes:

ALGUNOS ASPECTOS DE FORMA:

1. Se irrespetó el principio de participación pública, al presentarse un Anexo

Único con más de 25 mil páginas de información, no ordenada, de bulto, que no permite y facilita la comprensión clara de la evaluación de impacto ambiental.

2. No se cumplió a cabalidad con las respuestas a las más de 110 observaciones técnicas solicitadas por la SETENA.

3. El Anexo Único presenta contradicciones e inconsistencias muy serias.

Mientras por un lado se dice al SENARA que no se utilizarán sustancias peligrosas en el Campamento, a la SETENA se le dice que sí. De igual manera, en la descripción del proyecto, se comenten omisiones muy serias, como la no incorporación de los 11 sitios de explotación minera submarina o el dragado capital, que introducen un serio error de raíz en el resto de la EIA.

4. Se irrespeta la legislación vigente al presentarse información en otro idioma diferente al español, así como documentos con tachadoras y correcciones a mano.

5. El diseño final del proyecto y su presupuesto fueron aprobados por el

Consejo Nacional de Concesiones hace más de un año, y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sin que ni siquiera se hubiera iniciado el proceso de audiencia pública y se terminara de revisar el estudio ambiental, lo cual muestra el irrespeto que se tiene por trámite de evaluación de impacto ambiental.

ALGUNOS ASPECTOS DE FONDO:

1. El análisis de alternativas para la selección de la propuesta objeto de la EIA, adoleció de una correcta evaluación ambiental, lo que llevó a una opción que no tiene el debido sustento ambiental. Había una mejor alternativa (la “C”) para el desarrollo de la Terminal, y no la que finalmente se seleccionó.

2. El área seleccionada para la instalación del campamento en tierra no es apta desde el punto de vista ambiental para su uso con ese fin.

3. Las 11 fuentes submarinas de materiales mineros no fueron objeto de una EIA individual ni del trámite correspondiente según lo establece el Código de Minería y la Constitución.

4. El área de botadero submarino no fue objeto de EIA detallada ni del debido trámite de autorización para ser utilizada para ese fin, razón por la cual, dicho opción no es viable ambientalmente.

5. El sitio seleccionado para la construcción de la Terminal y las obras relacionadas no son aptas por aspectos de Geoaptitud, razón por la que se origina una seria cadena de impactos ambientales que hacen inviable el megaproyecto.

6. La metodología de la identificación de los impactos ambientales incumple lo señalado en la Guía de EIA (Decreto Ejecutivo No. 32966 MINAE) por lo que la valoración de impacto realizada resulta confusa, poco objetiva y parcializa a justificar el proyecto.

7. Las medidas de compensación para los efectos acumulativos son insuficientes y hay deficiencias serias sobre la valoración de los sinergísticos del área del proyecto y su extensa área de influencia (no se toman en cuenta los impactos que ya producen por las actividades urbanas, portuarias, industriales y turísticas que se desarrollan en los alrededores).

8. El balance de costo beneficio ambiental del megaproyecto es insuficiente, con el agravante de que la inversión en gestión ambiental que se propone es muy reducida respecto al costo del proyecto (menos del 1 % de la inversión total).

9. No se establecen de forma correcta y completa los compromisos ambientales del proyecto, incumpliendo la Guía de EIA (decreto 32966 – MINAE).10.Los impactos en los ecosistemas marinos serán altamente significativos, hasta críticos tal y como reconoce el mismo estudio de impacto ambiental. Se afectarán los arrecifes y la pesca, así como las actividades turísticas, durante varios años de construcción.

11. El EsIA reconoce que el proyecto producirá efectos negativos en la morfología del litoral costero de Moín, los cuales serían de tipo irreversible y generarían importantes cadenas de impacto ambiental que no fueron detalladamente valoradas en el EsIA.

En consideración de los argumentos resumidos aquí, y en particular del documento citado, es que solicitamos que no se otorgue la Viabilidad Ambiental al Proyecto de la Terminal de Contenedores del Moín y que se proceda al archivo correspondiente del expediente.

Concordamos que debe darse un proceso de modernización de la infraestructura portuaria de Limón – Moín, por lo que debe realizarse un correcto proceso de planificación estratégica, que aplique la legislación ambiental vigente y determine las alternativas de solución técnica y ambiental que sean verdaderamente sostenibles. En particular, ahora que se plantea otra megapuerto en Moín, para el denominado Canal Seco. La intención es que no se repitan los errores del pasado, y la soluciones de desarrollo, en vez ser impuestas, sean discutidas de forma abierta y participativa.

Se solicita el apoyo de las organizaciones que defienden los mares y todos los recursos aportando las firmas de las mismas. Además circularlo con otras agrupaciones que crean pueden ayudar a difundir este mensaje.

Envíe la adhesión de su organización. El límite de tiempo será 1 diciembre y pueden enviar al siguiente correo:

presidencia@feconcr.org

 

Información enviada a SURCOS Digital por Mauricio Álvarez.

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APM Terminals: interrogantes ambientales y alternativas de solución

APM TERMINALS artículo de Allan Astorga

Allan Astorga G.*

La Terminal de Contenedores de Moín (TCM) es un megaproyecto portuario de aproximadamente $1000 millones de inversión, dada en concesión (30 años) por el gobierno de Costa Rica a una empresa holandesa (licitación con un solo oferente, lo cual es un aspecto de cierto cuidado para el Estado Costarricense). Se pretende construir una isla artificial (como la Sabana), en el sector oeste de la Bahía de Moín. Pese a que hay un contrato firmado, el único compromiso pendiente por parte de la empresa concesionaria es demostrar que dicho megaproyecto es ambientalmente viable, algo que, desafortunadamente para muchos especialistas, tiene serios cuestionamientos.

Problemas ambientales: primero, debo explicar que en el 2012 fungí como testigo perito de la empresa holandesa, en el juicio en el que se cuestionaba la “viabilidad ambiental potencial” dada por la SETENA al Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín presentado por Japdeva. En ese caso expliqué lo que significaba dicha viabilidad potencial al plan, y subrayé la relevancia de que eso no implicaba que el megaproyecto se pudiera construir, sino que su compromiso era realizar un detallado y completo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que demostrara su viabilidad.

En otros artículos he insistido también en la necesidad de hacer una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de desarrollo portuario Limón – Moín, hasta el punto de que colaboré con el Estado (ad honoren y por responsabilidad profesional) en la preparación de los términos de referencia para su realización. Algo que, después de años, sigue sin realizarse, lo cual es sumamente frustrante: el país sigue creándose problemas teniendo herramientas técnicas para evitárselos.

Precisamente por esa responsabilidad profesional me di a la tarea de revisar con sumo cuidado y detalle el extenso EsIA presentado por la empresa y elaborado por el Centro Científico Tropical. Es un documento de 1200 páginas y una gran cantidad de anexos técnicos. Como producto de esa revisión llegué a la conclusión de que el EsIA no logra demostrar la viabilidad ambiental del megaproyecto. Por el contrario, a pesar de ciertas limitaciones que tiene el Estudio, deja en evidencia que su eventual aprobación, con el diseño que tiene, significaría grandes daños ambientales a la costa caribeña de gran parte de la provincia de Limón, haciendo que los beneficios del megaproyecto sean mucho menores que el costo ambiental de los daños que podría producir.

Los impactos ambientales negativos que se producirían son muchos, pero hay unos que son críticos y que hacen que el balance costo beneficio ambiental del megaproyecto tenga un cotejo claramente negativo. Algunos de esos grandes impactos incluyen: a) el dragado de más de 10 millones de m3 de lodos marinos que serían desechados en el mar, frente a Limón, y que provocarían una cadena de impactos ambientales negativos, como el arrastre del sedimento hacia la costa caribeña sur (Cahuita, Manzanillo y Gandoca, con posibilidad incluso de llegar hasta Bocas del Toro en Panamá, causando un daño transfronterizo); b) ese impacto tiene el agravante de que, solo para la primera etapa del megaproyecto, perduraría por 3 años, con lo cual se afectarían durante un largo tiempo los ya impactados arrecifes coralinos de la costa del Caribe al Sur de Limón, la pesca y también las actividades turísticas de la zona que dependen de la buena salud de estos arrecifes; c) desarrollo de 11 tajos submarinos para extraer más 5 millones de m3 de arena para rellenar la isla artificial, que además de los impactos en los ecosistemas marinos provocará: d) afectación del equilibrio ambiental de la costa Caribe Norte, particularmente de las áreas de Tortuguero y de los sitios de anidación de tortugas; e) afectación por procesos erosivos de varios kilómetros de la costa de Moín, con afectación de los ecosistemas marinos y f) afectación en el río Moín y los humedales que lo colindan, entre otros.

El mayor problema con estos impactos es que se darían durante mucho tiempo para cada una de las fases del proyecto, por lo que muchos de ellos, por su duración y magnitud, tendrían que ser calificados como daños ambientales irreversibles. Esta situación de deterioro ambiental que se daría en la costa Caribeña debe balancearse respecto a la apertura de menos de 500 plazas de trabajo que ofrece el megaproyecto.

Esta situación llevó al autor, junto con el abogado Alvaro Sagot y el geógrafo Mauricio Álvarez, a presentar ante la SETENA (el 03.09.2013), una Petitoria de No Otorgamiento de Viabilidad Ambiental. En ese documento aclaramos que no se trata de estar en contra del desarrollo socioeconómico de Limón y de la infraestructura portuaria del país. Todo lo contrario. Pero dicho desarrollo no debe significar un sacrificio ambiental tan grande para Limón y para el país, e incluso más allá de las fronteras, hacia Panamá.

Consecuencias: el asunto es sumamente delicado, pues mientras la viabilidad ambiental (VA) no se otorgue, nuestro país no tiene responsabilidad, no obstante, al momento en que dicha VA se apruebe, el contrato de concesión ya firmado se revierte, y hace que el país asuma casi toda la responsabilidad en el caso de que el megaproyecto no pudiera ejecutarse por alguna causa ambiental.

Así, nuevamente el país se expone a una demanda, como en el caso de Crucitas o de OAS (carretera a San Ramón), solo por mencionar las dos más recientes y llamativas. La conducta de nuestras autoridades en relación a la refinería china se puede añadir a esta larga lista de infortunios.

Ante esto, es claro que la decisión sobre la VA del megaproyecto, y los daños y sacrificios ambientales que significa, requiere ser revisada con sumo cuidado y de la manera más transparente y abierta, y no solo por un ente técnico de la SETENA o un grupo de entidades escogidas “a dedo” para que revisen el EsIA, algunas de las cuales con solo limitarse a señalar “que cumple con los términos de referencia de la SETENA”, como hizo la UNA, lo cual no es suficiente.

Alternativas de solución: al analizar con detalle el megaproyecto y sus consecuencias ambientales, es claro que el diseño original del mismo, respecto a su ubicación, contiene un grave error. No se contempló la imponderable de que el sitio seleccionado no parece ser apto para la ubicación de la megaestructura, lo cual hace que sus efectos ambientales adquieran grandes dimensiones. Si un fondo marino no es rocoso, sino lodoso, no hay estudio técnico que valga, y todo se resume a una cuestión de sentido común del que parecen adolecer nuestras autoridades ambientales desde hace ya varios años.

No obstante, hay vías de solución, que incluso pueden aprovechar gran parte de los estudios técnicos hechos hasta ahora para plantear un diseño diferente, que cambie de ubicación el muelle artificial y lo localice sobre un sustrato más duro. Es decir, como una prolongación de los muelles actuales. En este caso, se limitaría mucho el aporte de sedimento y el megaproyecto podría “sembrar” arrecifes como medida compensatoria. Inclusive, la alternativa debería llevar a que el megapuerto sea desarrollado de forma conjunta entre el Estado y la empresa, de manera que se eviten las confrontaciones que se han dado hasta ahora, que lejos de incluir, han sido excluyentes.

La posibilidad de entrar a discutir el rediseño del megaproyecto debería emparejarse con la realización de la EAE del Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín, de manera que la sociedad debidamente representada sea protagonista de las decisiones estratégicas, incluyendo las ambientales. Solo así podremos hacer avanzar y progresar a Limón y al país.

Una y otra vez nuestras autoridades se están convirtiendo en hacedoras de problemas en vez de solucionarlos con las herramientas técnicas que tienen a su disposición. Tienen la palabra.

* Geólogo. Doctor en ciencias naturales con énfasis en sedimentología por la Universidad de Stuttgart, Alemania. Profesor Escuela Centroamericana de Geología, UCR

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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