Ir al contenido principal

Etiqueta: transnacionales

Libro: Maíz, transgénicos y transnacionales

El jueves 10 de junio se presentó el libro de Silvia Ribeiro, “MAÍZ, TRANSGÉNICOS Y TRANSNACIONALES”, basado en el trabajo colectivo del Grupo ETC, que abarca un período de 15 años desde que se descubre la contaminación transgénica del maíz nativo en México, su centro de origen. Brinda elementos para entender el contexto histórico y la situación actual de la agricultura y la alimentación, las maniobras desde el poder corporativo y político a nivel nacional e internacional y las luchas de resistencia desde los pueblos campesinos e indígenas, los movimientos y organizaciones sociales.

El libro se puede encontrar en https://tinyurl.com/2nhvezsw

RECOPE es garantía para Costa Rica

Freddy Pacheco León

Al ser Recope una empresa altamente eficiente, la prestigiosa Fitch Ratings la califica como AAA. ¡La más alta calificación! Así, el presupuesto administrativo ronda solo el 8% pues no solo está muy bien administrada la sociedad anónima del Estado, sino que funciona SIN fines de lucro. Sus diversos productos, desde la emisión asfáltica, a la gasolina para aviones de turbina, pasando por el gas licuado de petróleo, el kerosene, el diésel, los tipos de gasolina según el octanaje, están en segura disposición de los usuarios en los lugares que los requieren y al mismo precio por producto, independientemente de quién sea el proveedor final. El precio, sin impuesto, es el más bajo del istmo centroamericano y la calidad de todos sus productos es la mejor, garantizada desde puerto Moín a todos los rincones de Costa Rica.

Para todos los compatriotas es importante que nuestras fuentes de energía estratégicas no dependan de los caprichos de compañías transnacionales, como sucedía antes de que don Pepe dispusiera acabar con los contratos que nos amarraban a la Allied Chemical, que por dicha es solo un recuerdo. La inmensa capacidad de almacenamiento que tiene nuestra empresa del Estado, nos garantiza el funcionamiento seguro de los procesos productivos. Eso y más resume las ventajas que tiene para el país el que la empresa más grande de Centroamérica y Panamá, sea propiedad del Estado y funcione con tanta eficiencia.

El impuesto único a los combustibles que la ley le ordena recaudar (aunque ni un colón sea para la institución) es el tercer impuesto en importancia en nuestro país, solo superado por la renta y el IVA, y recaudado más eficientemente Recope que esos otros. Solo en el 2019 significó un monto de ¢552.000 millones.

¡Ah, otra cosa! De la convención colectiva de sustento constitucional que tienen los trabajadores de Recope con la administración, solo alrededor de ¢3,50 es lo que representa en el precio del litro de gasolina, precio determinado por los países y empresas productoras, y el cambio del dólar con respecto al colón, principalmente. Por ejemplo en julio del 2014 llegó a estar a ¢816 el litro de gasolina, mientras que en diciembre pasado estuvo a ¢529 el litro. Ambos precios, por supuesto, determinados por la independiente ARESEP.

Además, la misma Aresep y otros conocedores, han demostrado que si otra empresa (esta vez privada) se encargara de todas las funciones que cumple Recope, inevitablemente los precios aumentarían pues esas empresas sí funcionarían buscando el lucro. Empresas que tendrían que invertir miles de millones de dólares para satisfacer todas las necesidades, que se iniciarían en la ejecución de las labores en el muelle petrolero, la construcción de las estructuras de procesamiento, almacenamiento, bombeo, construcción de un poliducto de cientos de kilómetros de longitud, estructura administrativas, etcétera, para poder «competir» con una empresa estatal que ofrecería mejores precios a los consumidores. Realidad que pocos se detienen a analizar cuando gritan «hay que abrir Recope a la competencia», «hay que acabar con ese monopolio», y otros estribillos sin fundamento. Así, por lo señalado, no creemos que haya en el planeta ningún empresario dispuesto a meterse en semejante «negocio». Y lo saben tan bien políticos como Otto Guevara y otros «libertarios» que «le van a la cola», como Eli, Muñoz, Chaves, Avendaño, y otros, que en el proyecto de ley N°17.888 de Otto y Natalia Díaz, que fue tomado para un fracasado referendo, proponían que se vendieran las acciones de RECOPE que posee el Consejo de Gobierno (seguro a precios ridículos) o a que toda la multimillonaria infraestructura que los costarricenses hemos invertido en nuestra empresa a través de los años, se le traslade en administración al MINAE, para que desde allí se ofrezca en ALQUILER ¡a la misma Recope! y a las empresas privadas que NO han invertido ni un dólar devaluado en tales bienes. ¿Se imaginaban tal desfachatez?

Por eso y más, reiteramos la necesidad de que, más allá de los tendenciosos titulares de prensa, SE INFORMEN para que después de ello, su respetable criterio, esté fundamentado. No se trata de «defender» a Recope, se trata de conocer esa gran empresa nacional para así tener un criterio informado.

Después de Trump

Arnoldo Mora

La conciencia que la humanidad tiene del rol preponderante que juegan los Estados Unidos, el más reciente y último –eso esperamos- imperio universal de Occidente, quedó patente, una vez más, con la actitud asumida casi unánimemente por los pueblos de la tierra, frente a los acontecimientos que tuvieron verificativo en ese país durante las elecciones presidenciales pasadas y, sobre todo, ante los acontecimientos que pusieron término – ¿por ahora? – dramáticamente al conato de golpe de estado. Ese intento de golpe de estado, inspirado en la manera como ellos mismos lo acostumbran hacer en todas partes en donde ven amenazados sus “intereses”- es decir, los intereses de sus trasnacionales, que se nutren de la explotación de las materias primas de los países periféricos – puso en vilo a la humanidad entera; todo el mundo estaba consciente de que allí se jugaba, en medida no desdeñable, el destino de la especie sapiens; no era un asunto doméstico de quienes lo habían provocado; podría devenir en un asunto de vida o muerte para la humanidad entera; un golpe de estado de índole fascista en Washington haría realidad lo que Hitler intentó hacer y tuvo como desenlace la II Guerra Mundial. No nos ha de extrañar, por ende, el sentimiento de alivio que muchos en todos los rincones del planeta experimentaron cuando se dio el feliz desenlace de tan arriesgada y riesgosa aventura; sentimiento acentuado con la inusual ceremonia – marcada por las medidas militares de precaución ante la amenaza de terroristas nacionales y para evitar el contagio de la Covid-19- de la toma de posesión del nuevo presidente, un anciano de endeble salud y formado en la más rancia tradición política, pues su único oficio conocido es haber sido senador. La escogencia de Biden sólo puede interpretarse como una visceral y clara reacción de la mayoría del electorado yanqui, ante el fracaso de la afirmación de Trump de que todos los males de la sociedad norteamericana provenían de la corrupción del establishment político, incrustado en las instituciones consideradas, desde los días de los padres de la patria, como base fundamental del edificio “democrático” de la nación, y ubicadas en la Casa Blanca y el Capitolio; esto explica el ataque de hordas fascistas al Capitolio y el berrinche de Trump al verse obligado a abandonar, sino hasta el último minuto y sugiriendo que volvería, las instalaciones de la Casa Blanca.

El fracaso de Trump – ¿momentáneo? – es el fracaso de un intento de deslegitimar las tradiciones o, más exactamente, la rutina del ejercicio del poder político imperial. Pero, en realidad, sólo se trataba de cambiar las formas, no el fondo del quehacer político; más aún, si algún “mérito” (¿?) le hemos de reconocer a Trump, es haber puesto en evidencia la podredumbre que excreta el poder imperial de la Roma americana; como en la conocida y divertida leyenda, bastó que un niño –Trump- señalara que la noble dama Lady Godiva andaba desnuda, para que la impúdica farsa del poder imperial quedara al desnudo ante la mirada estupefacta del mundo entero.

Pero, no nos hagamos ilusiones, Trump puede estar no sólo ya muerto políticamente y a un tris de parar con sus huesos de viejo y degenerado corrupto en la cárcel -¡ojalá¡- pero sólo como persona física, porque el movimiento que él ha suscitado, sale hoy más fuerte que hace 4 años; las cifras no engañan: más de 74 millones votaron por él, 45% de los cuales le siguen con perruna fidelidad aún hoy día; 95% de los que votaron por Trump creen que hubo fraude, es decir, están firmemente convencidos de que el nuevo gobierno es espurio y, por ende, antidemocrático; la fe en el sistema “democrático” norteamericano está severamente golpeada; haga lo que haga la nueva administración, siempre será objeto de sospecha y rechazo por casi la mitad de los ciudadanos yanquis, pues en la política pasa lo mismo que en el amor: si se pierde la confianza todo está arruinado. Esto lo cambia todo; hoy el enemigo de Estados Unidos no está afuera; en vano se buscaría en Pekín o Moscú, y menos en Pyongyang, Caracas o la Habana, porque está en sus propias entrañas; como en la lúcida y esclarecedora película de Bergman, la serpiente ha incubado un huevo que engendrará una nueva víbora. Desde este punto de vista, buscar las causas de los males endémicos de la “democracia” norteamericana fuera de sus fronteras, no deja de ser un acto de mala fe, como sospecho parece estar incurriendo el nuevo Secretario de Estado; si insiste en ese trillado e irresponsable juego, como ya lo advirtió en la cumbre (virtual) de Davos el líder de China, la consolidada potencia hegemónica mundial, el nuevo gobierno yanqui pondría en peligro la paz mundial en detrimento de todos, incluidos en primer lugar, quienes lo provoquen. Por su parte, Putin, al derrotar en Siria a la OTAN y a sus aliados regionales del régimen sionista, ha demostrado estar mucho más avanzado en tecnología bélica y estrategias militares que sus adversarios occidentales. China ha proseguido con su política de conformar pactos de amplio espectro en el campo comercial, como lo demuestra la formación de una zona de libre comercio – la más amplia y poderosa del mundo actualmente- con todos los países de Asia y Oceanía, con la – ¿momentánea? – excepción de la India; en la misma línea de apertura mundial en los mercados, ha de interpretarse el acuerdo recién firmado entre China y la Unión Europea. Con ello, queda claro que el epicentro de las finanzas mundiales no es más Wall Street.

Las repercusiones en los ámbitos económico, social y político no han hecho sino ahondar y acelerar la crisis estructural del fallido modelo neoliberal, crisis que, desde 2008, ha venido siendo el protagonista principal del escenario de la geopolítica mundial. Hasta ahora, las medidas adoptadas por los sectores hegemónicos de la metrópoli imperial para enfrentar su crisis interna, no sobrepasan el ámbito coyuntural, muy justas por lo demás, tales como dar de inmediato multimillonarios subsidios a los sectores más empobrecidos, solventar el problema de los inmigrantes, contrarrestar la ola racista y combatir los prejuicios supremacistas tan en boga en la administración anterior y, lo más importante, tratar de imponer mayores cargas impositivas a las minorías plutocráticas. Pero esto no basta; para llegar al fondo del problema se debe cambiar radicalmente el “orden” económico-mundial imperante desde los acuerdos de Breton Wood, impuestos por la potencia que se creyó ganadora luego del cataclismo de la II Guerra Mundial. La solución no está en exportar la guerra a los países periféricos con el único fin de satisfacer los apetitos criminales de ganancias del complejo militar industrial, el más poderoso lobby en los sinuosos pasadizos de Washington; las élites imperiales deben, por fin, llegar al convencimiento de que la guerra ya no es un negocio, como lo ha señalado en múltiples ocasiones el Papa Francisco. Para lograr una salida a la crisis actual, se requiere que los países periféricos se unan y conformen un bloque que les dé protagonismo en el escenario de la geopolítica mundial; la pandemia ha demostrado fehacientemente que la humanidad es una sola, por lo que ya no hay problemas locales: las calenturas de unos pocos pronto se convierten en la pulmonía de todos…

Y para poner punto final a estas reflexiones, cabe preguntarse: y en Tiquicia ¿qué? Ese asunto lo trataré en un próximo artículo.

La importancia de las alianzas estratégicas

Se firma convenio colectivo en subsidiaria de Palma Tica (Grupo Numar)
Con Maikol Hernández

En las fincas al servicio del capital transnacional la persistencia antisindical es sello de distinción. Sindicatos, convenciones colectivas, reivindicaciones obreras son eliminadas de raíz en los campos de Costa Rica. El secretario general de Fentragh analiza ese escenario donde la percepción democrática del país vista desde afuera, ignora por completo el avasallamiento sistemático de derechos humanos producido por el feudalismo agrario en lo profundo de las plantaciones.
Gerardo Iglesias

-Firmar un convenio colectivo en Costa Rica….

-(Sonrisas) Algo excepcional, extraño, sin lugar a dudas.

-¿Cuántos convenios colectivos vigentes hay en el sector agroindustrial en Costa Rica?

-Muy pocos. Hay un par de convenios en el sector del banano, uno con Chiquita Brands y otro con Del Monte, en la zona del Caribe, otros dos firmados con sindicatos de Palma Tica y en el sector de manufactura sanitaria tenemos uno más. Y paramos de contar.

Con el cierre de las operaciones de Chiquita en Limón y de la transnacional Dole quedaron sin validez los convenios con estas empresas.

Espejismos

-En el exterior Costa Rica emerge como una nación democrática ejemplar, mientras en las plantaciones impera una dictadura despiadada, donde los sindicatos brillan por su ausencia.

-Se trata de una situación muy complicada. Desde el Ministerio de Trabajo el esfuerzo es raquítico para garantizar la libre sindicalización y más para promover la negociación colectiva.

Es más probable que el ministerio favorezca a los comités permanentes, que son organizaciones impulsadas por las empresas. Antes de 2017 era todavía más complicado porque los procesos ordinarios llegaban a durar hasta 15 años.

A la poca atención por parte del Ministerio de Trabajo se le suma una política empresarial dirigida a menoscabar al sindicato y facilitar la actuación de los comités permanentes, que no son otra cosa que estructuras pro empresa.

Allí se ocultan las malas prácticas de las empresas en temas tan sensibles como el uso de agrotóxicos, como hace poco denunciamos en Dole, donde una trabajadora fue fumigada literalmente y a lo largo del tiempo muchas han enfermado por la exposición a los químicos.

Nadie vence en soledad

-¿Cómo se logró el convenio colectivo en Palma Tica?

-Este convenio colectivo es el fruto de una acción articulada entre la Rel UITA, la Federación y el sindicato.

Dania tuvo un respaldo importantísimo por parte del Clamu, así como de los integrantes del equipo asesor de la Secretaría Regional en Costa Rica, Frank Ulloa y Gerardo Castillo.

Hay que tener en consideración, como ya se manifestó, que estos procesos en Costa Rica son complejos. Por lo tanto, fue muy valioso el acompañamiento técnico y político por parte del equipo de la Regional.

Nobleza obliga, debemos reconocer también el invaluable respaldo de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), especialmente de su presidente Gilberto Cascante y de su secretaria general Carmen Brenes Pérez, así como de Guillermo García Segura.

La ANDE, cuya importancia estratégica a nivel sindical en Costa Rica es fundamental por su presencia en las zonas más alejadas del país y con la cual la Rel UITA ha firmado un convenio de cooperación, fue de enorme ayuda durante el proceso de negociación, que se realizó en el predio de un colegio que el gremio de los educadores nos facilitó en la zona de Puerto Jiménez.

Eso permitió tener un mayor control y repeler las acciones antisindicales de la empresa durante el proceso de negociación.

-Felicitaciones a la Federación por este nuevo logro.

-Muchas gracias. Que sea uno de muchos logros conjuntos.

 

Imagen: Maikol Hernández | Foto: Giorgio Trucchi | Rel UITA.

¿Por qué la pandemia de #COVID19 es un gran negocio para las transnacionales?

Al ver sus ganancias amenazadas por la pandemia, empresas transnacionales planean demandar a los países, en tribunales privados de arbitraje, debido a la adopción de políticas públicas de emergencia para combatir la crisis.

Compartimos esta publicación de la Internacional de Servicios Públicos que da respuesta una importante pregunta que nos planteamos en este momento: ¿Por qué la pandemia de #COVID19 es un gran negocio para las transnacionales?

El aumento de litigios de las empresas contra los gobiernos se da posterior a cada crisis global o local y todo apunta de que esta situación que enfrentamos no será la excepción.

En este video se presenta un resumen de los resultados del informe:

Puede acceder a la publicación completa aquí:  La pandemia: un gran negocio para empresas transnacionales

Información enviada a SURCOS por Óscar Rodríguez León, ISP.

Lucha contra negociación del «comercio electrónico» en la OMC

Urgente: Solicitud de adhesiones de organizaciones

Estimad@s:

Nos encontramos ante una batalla sin precedentes en la lucha contra la desigualdad y la globalización agenciada por las empresas transnacionales: ¡la necesidad urgente de detener el inicio de negociaciones por una OMC 2.0!

Las grandes empresas de tecnología con sede en Estados Unidos son hoy las mayores empresas del mundo. Su poder creciente sobre nuestras comunicaciones, información, medios, elecciones, comercio, transporte, educación, agricultura y más -básicamente todos los aspectos de nuestros empleos, medios de sustento y economías, es cada día más evidente. Ahora están usando sus ganancias monopólicas para intentar transformar fundamentalmente las normas de la economía global para liberalizar por completo todos los aspectos de la economía, que tendrán todos ellos un aspecto digital en el futuro. Su meta es obtener nuevos derechos para operar en los mercados de todo el mundo, imponiendo a la vez restricciones a las medidas de control y la reglamentación de interés público; preservar su poder monopólico y el control de los datos; acceder a una oferta ilimitada de mano de obra a la que se le niegan todos los derechos; y evitar pagar impuestos. Encubren sus intenciones aparentando promover el «comercio electrónico para el desarrollo», pero sus propuestas van más allá del «comercio electrónico» y se contraponen a cualquier desarrollo futuro o prosperidad compartida para l@s trabajadores/as y consumidores/as de todo el mundo.

El 25 de enero de 2019 anunciaron en el Foro Económico Mundial la intención de iniciar negociaciones sobre «comercio electrónico» en la Organización Mundial del Comercio.

Es imprescindible detener esta propuesta de negociaciones. Instamos a vuestras organizaciones a sumarse a la declaración adjunta antes del 27 de marzo de 2019. Enviaremos la carta a los gobiernos, los medios y el público el 1 de abril, fecha en que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, una gran conferencia sobre comercio electrónico.

POR FAVOR manifiesten su respaldo como organizaciones en contra del avasallamiento de la economía mundial por las grandes empresas de tecnología, sumándose aquí https://form.jotform.com/90508616440151 a la declaración a más tardar el 27 de marzo.

Gracias por vuestra adhesión y por vuestros esfuerzos a favor de una economía mundial justa, sustentable y democrática.

Saluda atentamente,

Deborah James

Red Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS)

Breves antecedentes: En julio de 2016, a solicitud de las grandes empresas de tecnología, Estados Unidos propuso establecer disciplinas sobre el comercio digital (también conocido como comercio electrónico) en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde entonces, se han circulado decenas de propuestas. El mandato actual en el marco de la OMC es mantener discusiones sobre el comercio electrónico en la OMC, pero no llevar a cabo negociaciones sobre posibles normas vinculantes. Al mismo tiempo, desde el inicio de la Ronda de Doha en 2001, la OMC tiene el mandato de restringir su facultad de limitar el margen de maniobra de los países en desarrollo en materia de políticas para su desarrollo, pero los países desarrollados miembro se han negado a acordar los cambios necesarios. (Además, los países desarrollados también han impedido que prosperen las reformas a las normas agrícolas que vienen exigiendo los países en desarrollo desde hace décadas, ya que limitan la facultad de los países pobres de proporcionar alimentos subsidiados a sus propias poblaciones empobrecidas).

De todas maneras en 2017, la meta de los países ricos en la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires fue dejar de lado para siempre la agenda de desarrollo y en su lugar dar inicio a nuevas negociaciones sobre comercio electrónico en la OMC. Intentan promocionar estas nuevas negociaciones presentando el comercio electrónico como algo bueno para el desarrollo, las mujeres y las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME). Sin embargo, en ese momento, muchos delegados africanos entendieron que las propuestas iban mucho más allá del «comercio electrónico» y que en realidad lo que querían era una liberalización completa de todos los aspectos de la economía digital del futuro.

Los miembros de OWINFS han argumentado que, entre otros problemas fundamentales:

  • Esta nueva agenda del comercio electrónico consolidaría el control monopólico de las empresas de tecnología de los países desarrollados en sus países y su condición y ventajas como pioneras, particularmente a través del control de los datos;
  • También anularía el margen de maniobra en materia de políticas de desarrollo para que los países puedan emprender su propia industrialización digital;
  • Usar el comercio electrónico para desarrollarse es completamente distinto que negociar normas vinculantes que fueron redactadas por los abogados de las empresas de tecnología con sede en Estados Unidos;
  • Las disciplinas propuestas para la OMC les darían a las multinacionales derechos de acceso al mercado a la vez limitarían el papel del Estado como órgano regulador;
  • El impacto fiscal negativo sería de inmensas proporciones si se llegasen a aprobar las cinco maneras distintas que las grandes empresas de tecnología se inventaron para evitar tener que pagar impuestos, mientras que las empresas no digitales seguirían estando obligadas a contribuir al fisco;
  • Los países desarrollados han hecho oídos sordos a las necesidades de los países en desarrollo en lo que hace a cerrar la brecha digital, en materia de infraestructura, acceso a electricidad y banda ancha, mejorar su habilidades, y otros prerrequisitos;
  • Los países desarrollados querían que se aprobase iniciar las nuevas negociaciones «gratuitamente», sin aceptar ninguno de los reclamos que vienen haciendo los países en desarrollo desde hace décadas a favor de mayores márgenes de maniobra en materia de políticas de desarrollo que conducirían a más empleo, desarrollo y reducción de la pobreza en todo el mundo.

Con mucho apoyo de la sociedad civil, los países en desarrollo, liderados por el Grupo Africano, rechazaron esta táctica de señuelo y sustitución, y se negaron a aprobar nuevas negociaciones en el marco de la OMC sobre comercio electrónico (ahora llamado «comercio digital) en la Conferencia Ministerial de la OMC realizada en Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 2017.

La agenda de comercio electrónico sigue su curos en la OMC en la forma de discusiones, no negociaciones. Y los países en desarrollo tienen margen de maniobra para promover el comercio digital mediante empresas nacionales y desarrollar su industrialización digital a través de diversas políticas, requisitos de desempeño, subsidios, incentivos y similares.

Pero las grandes empresas de tecnología y sus defensores en la OMC continúan presionando a favor de esta agenda anti-desarrollo con el propósito de debilitar la resistencia y garantizar que en la próxima Conferencia Ministerial se aprueben sus intenciones. (Lo hacen con apoyo de algunos países en desarrollo para tratar así de minimizar el evidente carácter anti-desarrollo de esta agenda).

En el Foro Económico Mundial de Davos el 25 de enero de 2019, los promotores del comercio electrónico anunciaron su intención de iniciar negociaciones.

Hay mucha investigación disponible realizada por expertos/as de la sociedad civil en www.ourworldisnotforsale.net.

Foto: https://www.alainet.org/es/articulo/192490 (SURCOS recomienda ir a este artículo)

 

Enviado por Pasalavoz.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

La agroecología en el país más fumigado del mundo

Henry Picado Cerdas (*)

 

Irónicamente en la víspera del día de Acción Global Contra los Plaguicidas el presidente costarricense Luis Guillermo Solís firmó un nuevo reglamento para la incorporación de más agroquímicos en el país más fumigado del mundo.

Los personeros de Ministerio de Agricultura y Ganadería anunciaron el pasado que “entre los avances que contempla la nueva normativa, está el registro por incorporación de elementos activos grado técnico que ya hayan sido registrados en otros países miembros de la OCDE.”

Hay que aclarar que según este reglamento cualquier agroquímico registrado en cualquier de los 34 países de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) será admitido en Costa Rica para su registro de forma automática. ¿Será esto un avance? ¿A quién beneficia esta medida?(1).

Cabe señalar la OCDE es un órgano multilateral de carácter privado, fuera de las organizaciones de Naciones Unidas, famoso en el mundo entero por emitir “recomendaciones” de eliminación de políticas de bienestar social (educación, economía, ambiente y salud). Forzando a los países miembros a adoptar políticas de libre comercio y de corte pro-empresarial.

El gobierno tico considera “un avance” mermar los controles y análisis técnicos nacionales para la entrada de “nuevos” plaguicidas sustituyéndolos por registros hechos en otros países con condiciones ambientales y agrícolas diferentes. Cientos de plaguicidas serán incorporados como permitidos en Costa Rica sin pasar ni una sola prueba específica para nuestro contexto biológico, climático y productivo.

Un arsenal de contaminantes está a punto de entrar al país y las compañías de agroquímicos se frotan las manos. Las mismas manos que escribieron este reglamento, puño y letra de Cámara de Agricultura, compuesta por cualquier cosa menos por agricultores. Esta Cámara es un sindicato de empresas transnacionales del agronegocio, presidida y dirigida por Alfredo Volio, el Capitán de la Campaña del “Sí Al TLC”.

Para este “Gobierno del Cambio” no bastan los 18.2 kilogramos de agroquímicos anuales por hectárea que se consumen el país. Parece que está de acuerdo con los empresarios piensan que tenemos que comer más veneno tres veces al día.

Pero dichosamente hay esperanza. Gente que se organiza y se pone a trabajar a pesar del mal tiempo y de las malas políticas agrícolas que asolan el país hace 30 años. En el marco del día internacional de Acción Contra los Plaguicidas cientos de campesinos, campesinas, se encontraron en el Festival Cultivando Pura Vida con consumidores/as, cocineros/as músicos/as, activistas, académicos/as… personas de todo el país.

Durante dos días en el Centro Especializad en Agricultura Orgánica en Cartago se encontraron tejidos, fermentos, hortalizas, legumbres, granos, tubérculos, frutas, mieles, semillas, artesanía, chocolate, café, cosméticos y mil sorpresas más.

Iniciativa que genera vínculos, conocimiento y redes de trabajo en torno a la agroecología. Se sabe que toda esta gente valiente no se rendirá y seguirá luchando desde los surcos fértiles en muchos rincones de este país.

Nota:

(1) Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía.

 

(*)Red de Coordinación en Biodiversidad.

 

Imagen tomada de www.biodiversidadla.org

Enviado por Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.

Honduras: mujeres lanzan campaña por la defensa de sus territorios

Durante el encuentro se entregó petición al Congreso Nacional para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca

 

Tegucigalpa, 6 de septiembre 2016. Ante el incremento de los proyectos de explotación y extracción en las zonas rurales de Honduras, organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y de derechos humanos lanzan la campaña «Defensoras de la Madre Tierra», con el objetivo de visibilizar el rol histórico de las mujeres que exigen el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.

La campaña destaca que a partir del 2009 las administraciones gubernamentales de Honduras han acelerado el otorgamiento de licencias a empresas transnacionales, nacionales y extranjeras, para proyectos turísticos, mineros y de generación de energía renovable, sin consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades locales.

«Actualmente hay 537 licencias concedidas para la explotación minera y 252 para la generación de energía; muchos de estos proyectos se encuentran en territorios campesinos, indígenas y garífunas, irrespetando diversos acuerdos nacionales e internacionales, como la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Honduras es suscriptor», expresó Wendy Cruz, representante de la campaña «Defensoras de la Madre Tierra».

Las voceras de la campaña resaltaron que el acaparamiento de las tierras para estos proyectos, afecta los medios de vida de las mujeres, «los territorios son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas y está comprobado que estos proyectos no generan desarrollo social, provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres en las comunidades garífunas», detalló recientemente Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La campaña advierte que la instalación de mega proyectos de explotación y extracción en esos territorios, afectan directamente la economía de miles de personas, la diversidad cultural, el medio ambiente y la paz social en las comunidades, «la garantía de los derechos legales a la tierra repercute positivamente en la seguridad alimentaria, diversos análisis demuestran que existe una correlación entre los derechos a la tierra y la ausencia de hambre en las poblaciones», detalló Juan Almendares, coordinador de la organización Madre Tierra, miembro de la campaña.

honduras-mujeres-lanzan-campana-por-la-defensa-de-sus-territorios2

Criminalización

A seis meses del asesinato de la excoordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, la campaña presentó el documental «Berta Vive»; posteriormente la madre de la lideresa, Austraberta Flores, entregó simbólicamente al Congreso Nacional una moción para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca.

«Las mismas investigaciones realizadas por el Ministerio Público han confirmado el involucramiento directo de la empresa DESA en el asesinato de mi hija. Por obvias razones ahora el proyecto está temporalmente detenido, pero no es posible que la licencia de explotación permanezca activa, por lo que demandamos al Congreso Nacional la anulación de la concesión», manifestó Austraberta Flores.

La campaña también destacó que actualmente hay más de 3,800 campesinos y 1,200 campesinas que enfrentan procesos judiciales, «a nosotras se nos criminaliza por el hecho de defender nuestras tierras y territorios, se nos acusa de “usurpadoras”, pero nosotras nos preguntamos, ¿cómo puede alguien usurpar sus propias tierras?», comentó Yasmin López , representante de la campaña.

Por el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.

¡No más criminalización a las defensoras de la vida!

 

Organizaciones participantes de la Campaña “Defensoras de la Madre Tierra”:

ASOCIACIÓN MADRE TIERRA, PLATAFORMA AGRARIA, CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS – LA CENTRAL, CAMPAÑA LAS CAMPESINAS MERECEN TODO NUESTRO CRÉDITO, CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LOS FEMICIDIOS, PLATAFORMA 25 DE NOVIEMBRE, LA VÍA CAMPESINA – HONDURAS, FUNDACIÓN SIMIENTE, Oxfam en Honduras , COFADEH, Asociación de Organismos No Gubernamentalesde (ASONOG), Asociación Ecológica, San Marcos de Ocotepeque (AESMO), Organización para el Desarrollo de Corquín (ODECO), Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH),GRUPO SOCIEDAD CIVIL, Familia De Berta Cáceres , Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Cuna Maya Unión de Cajas Y empresa del Occidente de Honduras (UNICEMOCH), Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) , Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Tortura Víctimas y Familiares (CPTRT),Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ACI Derechos Humanos, Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo(MNIGR), Asociación de Desarrollo Rural de Honduras (ADROH) y Asociación Popular de Desarrollo Integral (APDI).

 

Contacto:

 

Enviado a SURCOS Digital por Plataforma Agraria: www.plataformaagraria.hn

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Privatizando el agua

Luis Alberto Salas Sarkís

 

SI quieren privatizar el agua mediante el proyecto legislativo “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, expediente No. 17.742. No es cierto que el declarar el agua como un derecho humano fundamental e indispensable, sea una garantía de que nunca nos faltará el preciado líquido en nuestros hogares (artículo 2 inciso a), lo que en realidad están haciendo es legalizar los “racionamientos” de manera que con solo un tiempo de bombeo de agua en las cañerías para hacer llegar a las casas una cantidad que cumpla estándares de sobrevivencia, se dé por cumplido el compromiso de “acceso al agua” y por supuesto todo el resto del agua será para que los políticos puedan vendérsela a las transnacionales y a los hoteles.

Analicen la trampa que nos están tendiendo: según los organismos internacionales como la OMS y la ONU entre 50 y 100 litros de agua son suficientes para que una persona pueda decir que tuvo acceso al agua como un derecho humano. Si tomamos en cuenta que de una cañería a nuestros hogares pueden llegar 4 litros de agua por minuto, quiere decir que en 25 minutos se obtendrían los 100 litros que nos quieren asignar por ley. La familia promedio es de 5 miembros, por lo que con un flujo de agua durante 125 minutos (2 horas y 5 minutos) sería “suficiente” para que el Gobierno cumpla con su “compromiso” de agua como derecho humano. Después de esto se reserva la acción de decretar un racionamiento del líquido para vendérselo a las hoteleras y corporaciones transnacionales, como la Nestle.

¿Cómo y por qué haría eso un político? Ese proyecto de ley convierte el agua en un “bien económico” o sea le da un valor económico (artículo 2 inciso b). Desde ese momento se convierte en una mercancía que puede ser vendida o concesionada por el Gobierno de turno (artículo 60) entonces las corporaciones trasnacionales, empresas nacionales, las hoteleras y personas físicas o jurídicas que casi siempre han querido las fuentes de agua para explotarlas sin control ni decencia, podrán ser objeto de una concesión de las fuentes de agua (artículo 62) al cumplir con una cantidad “adecuada” para la subsistencia de las personas, el resto será para vender sin control alguno. Esto se deduce claramente del artículo 74 del proyecto, donde el Estado se libera de responsabilidad por la falta de caudal o disminución natural que pudiera resultar en una concesión. Lo que nos indica que el concesionario puede sacarle toda el agua que pueda a la concesión al punto de secar un río, un manto acuífero, un lago, estanque… lo que se le otorgue sin control absoluto pero liberando al Gobierno del faltante.

También esta ley cierra un círculo que desde hace tiempo vienen los políticos corruptos de nuestro país queriendo concluir. Permite la concesión del agua marina y así podrán no solo aprovechar nuestros recursos acuíferos marinos, sino explotar el titanio, el gas natural y otros metales preciosos del fondo marino de nuestros océanos, a los cuales no podían llegar sin la concesión de espacios de mar (artículo 93) La concesión de APM-TERMINALS y esta ley cumplirán el sueño de enriquecerse entregando nuestras costas al mejor postor.

Esta ley causará la derrota a las comunidades que han estado luchando por la defensa de sus ríos en contra de los abusos que ganaderos y empresas agropecuarias que han cometido abusos con las fuentes de agua donde les han sacado más agua de lo que en realidad pueden dar. Ejemplo de esto es Miramar que después de que les secaron dos ríos, han luchado fuertemente contra unos ganaderos irresponsables quieren secar otro río más en su zona. Con esta ley su lucha será en vano porque permite la conformación de “sociedades de usuarios que podrán hacer el justo aprovechamiento colectivo de las aguas entre sus socios” (artículo 105)

Y para cerrar con broche de oro este proyecto privatizador le permite a los que han estado explotando el agua descaradamente, continuar haciéndolo sin ninguna regulación o pago justo por sus abusos. Ejemplo de esto es la Florida ICE y FARM quien paga 600 mil colones al año por todo el agua que le saca a un nacimiento del líquido en sus instalaciones con la que produce cerveza, refrescos y agua embotellada (transitorio XI). Ese dinero tan solo corresponde a la utilidad que obtienen por unas horas de producción, y después de esta ley ya nadie podrá ponerle el “cascabel al gato” y obligarlos a pagar un precio justo por el agua que aprovechan. ¿Por qué creen que La Nación y Teletica guardan silencio con respecto a esta ley?

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Definen estrategias conjuntas frente a problemáticas causadas por la expansión piñera

Comunicado de prensa

Definen estrategias frente a expansion pinera

Personas de comunidades afectadas, organizaciones ecologistas, representantes sindicales y legisladores y legisladoras participaron en un encuentro para definir estrategias conjuntas y construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión intensiva y extensiva del monocultivo de la piña en Costa Rica.

El encuentro, realizado el pasado 4 de junio, fue un espacio para fortalecer y ampliar los esfuerzos de lucha contra la expansión piñera, y poder llevar esta acción a una escala nacional e internacional. Uno de los objetivos que se cumplieron en esta reunión fue construir un plan de acción conjunta ante esta problemática.

En la reunión participaron personas del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Actividad Piñera (FRENASAPP), la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de Costa Rica (SITRAP), los despachos de la diputada Patricia Mora y del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, entre varios otros.

Este esfuerzo es importante porque es un espacio donde existe una voluntad compartida y reúne a mucha gente y a muchos actores que, durante casi 20 años, han trabajado y estudiado el tema de los daños causados por las piñeras y acompañando a las comunidades afectadas.

En el país, el sector piñero sigue buscando un crecimiento agresivo y formas de competir con otros países exportadores de piña. Ha quedado claro que actores poderosos como la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) ejercen fuerte presión ante el actual Gobierno, tanto en políticas agrícolas como en medidas fitosanitarias. Cuando recientemente el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) -adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)- ordenó la inspección de contenedores de piña para exportación en los puertos de salida, los productores se quejaron por este endurecimiento de controles sanitarios, y presionaron al Gobierno hasta que se sacó al director de dicha instancia, Francisco Dall’Anese. La medida había sido dictada por un aumento en los casos de detección de insectos en estos contenedores, destinados a Estados Unidos.

En las últimas décadas han aumentado en Costa Rica las héctareas sembradas de piña, el número de transnacionales instaladas y es claro que se ha generado una dinámica de dependencia de las economías locales donde están las fincas piñeras.

Investigadores del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional realizaron un estudio sobre jóvenes nicaragüenses y las dinámicas laborales en fincas piñeras de la Zona Norte, específicamente en las localidades de Guatuso, Pital y Aguas Arcas de San Carlos, Los Chiles, y Upala.

De acuerdo con el estudio, las 21 personas entrevistadas no tienen jornadas laborales claras ni vacaciones sino que sus horarios están sujetos a la demanda del mercado exterior y al período de cosecha. Trabajan un promedio de 6-7 días a la semana y entre 8-10 horas al día. Además, no existe un salario mínimo y éste varía según la finca. Las violaciones más graves ocurren con la figura del contratista, pues según las personas entrevistadas éste no tiene responsabilidad patronal, no les paga seguro social ni póliza de riesgos y se les obliga a largas jornadas de trabajo.

En abril de este año se dio a conocer el estudio “Condiciones de producción, impactos humanos y ambientales del sector piña en Costa Rica”. El reporte, elaborado por Oxfam y la Oxfam y la Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente (ARCA) estaba dirigido a los países consumidores de la piña que se produce aquí.

La investigación concluyó que grandes empresas piñeras que alaban la sostenibilidad vierten sus aguas residuales contaminadas con químicos cerca de reservas de agua potable sin ocultarlo; y que compañías responsables de contaminar aguas subterráneas no han pagado indemnización alguna ni construido el sistema de abastecimiento de agua requerido para subsanar el daño. Asimismo, se destacaron las quejas de las personas trabajadoras en las piñeras sobre sueldos, horas de trabajo e incumplimiento de derechos sindicales.

Después de tener un panorama sobre las principales consecuencias socioambientales y laborales causadas por la expansión piñera -y que son resultado de experiencias de ex-trabajadores, de personas vecinas de las fincas piñeras, y de investigaciones académicas-, en el Encuentro se discutieron las posibles rutas a seguir en conjunto para la construcción de alternativas.

Las y los participantes en el Encuentro aseguraron que continuarán trabajando en esa dirección, al lado de las comunidades que sufren las consecuencias directas del desarrollo, muchas veces irresponsable, de la actividad piñera; a vista y paciencia de todo el aparato institucional.

 

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/