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Invitación a conferencia de prensa: Enjambre de minería subterránea de oro en Costa Rica

Escrito el 03/04/2024. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El próximo miércoles 3 de abril a las 9:00 a.m. se llevará a cabo una importante presentación en la Sala de Audiovisuales, situada frente al Decanato de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Este evento marcará la presentación del informe de investigación sobre las solicitudes de concesión de minería subterránea de oro y plata en el Pacífico de Costa Rica, elaborado con base en el catastro y los expedientes mineros de la Dirección de Geología y Minas al 2024.

El estudio revela la existencia de varias decenas de expedientes para concesiones de exploración de minería subterránea, abarcando más del 1.5% de la superficie total del país y solicitados desde el año 2019 hasta la fecha. Estas solicitudes se extienden por 15 cantones de las provincias de Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José.

La presentación estará a cargo del proyecto ED-3526 «Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica», parte del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2020, este proyecto se ha dedicado a analizar y acompañar a comunidades en procesos de conflictividad socioambiental en sus territorios.

Históricamente, el oro ha sido el mineral de mayor interés en Costa Rica. Desde 1820, se registran explotaciones en la provincia de Puntarenas, en distritos como Esparza y Montes del Aguacate. Según el investigador Rolando Castillo (1997), se identifican cuatro ciclos mineros en el país, cada uno con sus características y efectos.

El cuarto ciclo, iniciado en 1990, se caracteriza por la llegada de transnacionales que emplean técnicas de cielo abierto con lixiviación de cianuro. Durante este periodo, se abrieron minas como Macacona en Esparza y Mina Beta Vargas en Chomes, entre otras. Sin embargo, estas operaciones enfrentaron irregularidades y problemas, lo que llevó al cierre de algunas.

Desde el año 2010, la minería metálica a cielo abierto está prohibida en el país, permitiendo únicamente la minería subterránea. Según la Dirección de Geología y Minas (DGM), se reservaron ciertos cantones para minería artesanal y de pequeña escala.

El 9 de noviembre de 2010, se aprobó por unanimidad la ley N° 8904 para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto, archivando todos los proyectos pendientes que no contaban con una concesión válida. Incluso se restringió el uso de mercurio en la recuperación de oro.

Para ampliar información, se convoca a los interesados a participar en la Conferencia de Prensa, donde se proporcionarán detalles adicionales sobre la investigación y se responderán preguntas pertinentes. La actividad también está abierta al público en general.

Para más detalles, contactar a Mauricio Álvarez Mora al 88709165, del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

¿Justicia para quién? Reflexionamos en torno a la piña en Costa Rica

Escrito el 13/06/2023. Publicado en Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

En menos de 15 días, hemos asistido a una situación que llamó la atención en torno al ejercicio de la justicia por parte de la población. Resulta que alrededor del 6 de junio una empresa transacional hace anuncio que una de sus varieradades exclusivas estaba siendo cosechada de forma ilegal en territorio costarricense. Es así que en menos de una semana, el Estado acciono su aparato institucional y detectó inicialmente 3 fincas donde se producía, procedió a destruir los productos e iniciar los procesos judiciales.

El mismo día que esto sucedía, el Ministerio Público del país, reseñaba que el 33% de las hectáreas donde se siembra piña en el país se ubican en Áreas Silvestres Protegidas o en humedales, pero que no cuentan con los recursos para atender este tipo de delitos ambientales.

No profundizamos en las afectaciones que produce este monocultivo en las personas trabajadoras y las violencias laborales que atraviesan, o los efectos negativos en las comundiades que viven en las cercanías, ni mucho menos aquellas poblaciones que se enfrentan a la intensificación de este cultivo, llegando a rodear sus hogares y espacios públicos. Ante estos eventos, la institucionalidad se comparta ajena, y hasta se podría decir que toma posición como supuestos promotores de la actividad económica, sacrificando el derecho al ambiente sano.

A partir de estos hechos, nos preguntamos ¿justicia para quién? Reflexionamos como este tipo de hechos evidencian cuales son los sectores privilegiados por parte de la institucionalidad estatal.

Tierra para quien la trabaja: 12 años de la lucha en Medio Queso, hoy El Triunfo

Escrito el 24/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Eva Chaves Arias, estudiante de Sociología, y Miguel Cruz Guevara, estudiante de Ciencias Políticas

Como país y como institucionalidad pública, le debemos mucho a las comunidades. El hecho de que, como estudiantes podamos salir de nuestros entornos académicos y nos desplacemos hacia territorios en donde predomina el abandono estatal, pero también las resistencias comunitarias, no solo implica un proceso fundamental de formación, sino de responsabilidad ética y política que el Estado costarricense debe cumplir hacia las personas agricultoras, migrantes, indígenas y defensoras de los territorios. La Acción Social permite acompañar, escuchar y construir formas de bienestar con las comunidades.

Desde el TC-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales de Kioscos Socioambientales y la Escuela de Sociología, las personas estudiantes acompañamos y aprendemos de conflictos socioambientales que múltiples comunidades, como la de El Triunfo, sufren día a día a manos de empresas extractivistas productoras de monocultivos como la piña o la naranja. Transnacionales que no solo se benefician de la destrucción de los bienes comunes como el agua, la tierra y los bosques de nuestro país, sino que, además, lucran a costa de la salud y el bienestar de quienes habitan estas tierras. Explotación y condiciones precarizadas, son las únicas opciones laborales que brindan estas empresas.

Ante esto, el Gobierno hace poco o nada para contrarrestar las violaciones de los derechos laborales y humanos en general de estas comunidades. Asimismo, mantiene en vilo a familias enteras, pues el acceso a tierra y a un hogar digno, aún está lejos de ser una realidad. Actualmente, el Inder sostiene un proceso de arrendamiento para las familias de El Triunfo, pero no ha garantizado servicios básicos como el agua o la luz.

Diferentes administraciones, desde la expresidenta Laura Chinchilla, hasta el actual presidente Rodrigo Chaves, han convertido las promesas de un mejor futuro para estas comunidades en un desamparo o, en su defecto, en un asedio estatal para que abandonen su lucha por la tierra.

Pese a esto y gracias a la resistencia comunitaria, el acuerpamiento por parte de las universidades públicas y de las organizaciones sociales, este asentamiento campesino conmemora 12 años de lucha por el derecho a la tierra para trabajar y vivir.

El pasado fin de semana (del 14 al 16 de abril) en un trabajo conjunto entre este TCU y la organización comunitaria, se llevaron a cabo diversas actividades que recuperan tradiciones de ocio y diversión propios de su cultura campesina y nicaragüense, como una forma de encuentro y fortalecimiento de la lucha.

La historia de este asentamiento ha servido de ejemplo para el surgimiento de procesos de organización campesina en la zona, como la Alianza Campesina del Norte, integrado por 7 nuevos asentamientos de familias que exigen tierra para trabajar y vivir.

La experiencia de acompañamiento a ese proceso organizativo, nos enseña a nosotros, estudiantes y ciudadanos, que el avance en materia de derechos humanos es posible a través de la organización colectiva, la cual nace de la denuncia, la autogestión de los pueblos y la articulación de redes institucionales.

En el marco de esa doceava celebración, se llevó a cabo el Encuentro Campesino Nacional, el cual contó con la participación de más de 300 personas de los asentamientos que integran la Alianza Campesina, además de distintas delegaciones de sindicatos y organizaciones civiles.

En este encuentro, las personas campesinas establecieron, por unanimidad, una serie de acuerdos que fortalecen y direccionan su lucha:

Que la Alianza Campesina prepare una jornada para presionar al gobierno y al INDER, con el fin de iniciar el proceso de expropiación.
La oposición al gobierno proempresarial de Rodrigo Chaves, quién rompió la mesa de diálogo.
Se declaró la organización independiente del gobierno y los grandes empresarios.
La denuncia de la violencia estatal, empresarial, policial y de la seguridad privada contra las personas campesinas.
La lucha por una reforma agraria que garantice el derecho a la tierra para quien la trabaja.
Que habrá una representación de la Alianza en la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de la Persona Trabajadora.

Frontera sociopolítica de la industria piñera vs el Estado. ¿Desterritorialización o reterritorialización capitalista?

Escrito el 16/11/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Wendy Navarro Abarca, Hellen Bonilla Rivera, Carlos Zúñiga Álvarez

El Estado costarricense, cómo organización política, fuera de desempeñar un papel protector a lo largo y ancho del territorio nacional, desvirtúa su función cara a las periferias, mismas que a través del recuento histórico han permanecido invisibilizadas; ya que las diferentes manifestaciones de gobierno reflejan el enfoque hacia el centro del país.

Es así, como ciertas transnacionales han entrado al país aprovechando los vacíos de poder estatal, con el objetivo de malversar recursos naturales, aprovechando estos para la producción piñera, misma que genera deterioro ambiental. También, da a cambio a las personas menos de lo que les corresponde. Con ello han logrado implantarse dentro del territorio nacional para fines capitalizados de agricultura extensiva, al mismo tiempo que sacan beneficios de la mano de obra barata (explotación) en las periferias. De manera que, el abandono del Estado ha minimizado la protección de los ciudadanos y sus necesidades, representando así una región que se adhiere a los precarios beneficios de la hegemonía piñera.

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Este último ente, que se adjudica con una vehemente participación en el desarrollo socio-económico, para la estructura de carácter relacional llamado territorio nacional. Ha desamparado principalmente a sectores encarecidos atinentes a zonas rurales, donde la industria piñera se posiciona como “benefactora” de la población rural, debido a la contribución que realiza como parte de la “Responsabilidad Social Corporativa”. El abandono ha desencadenado un proceso donde los actores locales están siendo desplazados y poseen poca capacidad de ejercer en su territorio, debido a procesos de dominación de empresas capitalistas “desterritorialización”.

Ejemplificando cómo esta desterritorialización inherente a la práctica capitalista, es parte del debilitamiento del Estado y la ausencia de fuerza dentro de las fronteras. Se refleja la inoperancia estatal, como pacto de intransigencia Estado- multinacional, que fundamenta el daño colateral del impacto socioambiental de la actividad piñera, cediendo a la entidad multinacional el rol que por deber le corresponde al gobierno.

Claramente, el Estado como organización protectora/paternal será el principal señalado por invisibilizar estas regiones periféricas (rurales en su mayoría). Pero ¿realmente se puede adjudicar al Estado la responsabilidad completa de este “abandono”? o ¿la población -generalizando- de estas regiones también deciden, de cierto modo, darle la espalda al Estado en presencia de estas industrias extranjeras? En este caso, en la actualidad muchas de estas zonas le dan la espalda al Estado debido a que están cansados de buscar ayuda, buscar oportunidades donde no se las han dado.

Por ello, se han presentado casos en comunidades piñeras y de palma, donde la población reafirma su apoyo a las industrias transnacionales, pues ven en ella una fuente de ingreso segura, una contribución al desarrollo como comunidad. El Estado se había mantenido completamente ausente de brindarles una oportunidad. Se resalta que, estas ayudas representan migajas para la totalidad de ganancias que estas trasnacionales perciben.

Por un lado, tenemos la inacción del Estado en términos de la libertad que brinda a estas compañías, por otra parte, el apoyo/respaldo que estas compañías encuentran en las comunidades abandonadas. Se da lugar a un proceso de reterritorialización, por medio de procesos de reconfiguración socio-económica, político-cultural y simbólico-cultural.

Ahora bien, conociendo los factores económicos como el motor de casi todos los sistemas y organismos presentes, podemos ver la relación Estado-transnacional como un mutualismo entre ambas organizaciones; es decir, hay un beneficio para las diferentes partes en cuestión. Esto no implica que la relación sea la correcta o adecuada, pero es una que ha funcionado tanto al Estado como a muchas comunidades que se sostienen con la presencia de estas compañías de gran envergadura e importancia.

Siendo así cómo este fenómeno social destituyó al Estado de su función, para poder conciliar los derechos naturales de todo ser, implicando una crisis ambiental, como daño colateral. Donde el ente protector además de abandonar su ejercicio en zonas altamente susceptibles, redirige las funciones a trasnacionales. Los cuales no tienen responsabilidad social propia con el país, pero terminan siendo apoyadas por las masas periféricas y el Estado, descuidando la política verde y la marca país bajo una repercusión de peligro ambiental.

Generando una frontera socio-política de la industria piñera vs el Estado, para las poblaciones periféricas excluidas del ojo estatal que se resguardan en una trasnacional que les ofrece más garantías y mayor compromiso comunal. Estos procesos están repercutiendo en la desterritorialización capitalista del Estado al ceder poder y responsabilidad, abriendo las puertas a la reterritorialización multinacional como método de escape a problemáticas socio-económicas y ambientales.

De esta manera, este ente por descuido provoca más problemas de los que está resolviendo. Y aunque quisiera arreglar la situación, en cierta forma no puede, en este punto hacer algo con conciencia social, que mejore las condiciones, es poco creíble y probable. Estas poblaciones seguirán venerando a aquellos que sí les brindan “apoyo”, esto sin importar que sean migajas y tenga como consecuencia una crisis ecológica inminente. Al final el principal culpable es el gobierno por desasistir a su población.

Imagen ilustrativa.

Cien días de prepotencia y altanería

Escrito el 17/08/2022. Publicado en Derechos.

Cien días de insolencia y patanería. Cien días sin sustancia, cargado de exhibicionismo y de malos augurios

DECLARACIÓN DEL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR

En esta Costa Rica nuestra, cunde la desocupación y nunca antes vivimos en la pobreza que hoy azota a los trabajadores ocupados pero que se ensaña contra la enorme legión de los desocupados y de los viven pellejeándola. Son muchos los niños que buscan en el sueño de la noche el modo de esconder su hambre crónica.

Somos parte de los países más desiguales, es decir de los más injustos, en el mundo entero.

Pero no es a esa parte de la población a la que le habló el presidente Chaves en su informe sobre los primeros cien días de su gobierno. Habló a sus vecinos en un residencial de superlujo, donde las residencias se venden por millones de dólares.

Cien días de gobierno para el autobombo. Se presentó con aires mesiánicos, pero sin obras y sin sustancia. Sueña en convertir a nuestro país en una factoría para beneficiar a los grandes millonarios, a los grandes estafadores transnacionales. Su sueño es convertir a nuestra Costa Rica en un nuevo Singapur; pero la mayoría de los ticos no queremos esa vida, queremos continuar con nuestra esencia nacional, pero con justicia social. El bienestar sin brutales desigualdades es posible sin que nos impongan modelos ajenos. Como dice la canción patriótica: “es mil veces más bella mi tierra/ con su palma, su brisa y su sol”.

El gobierno que preside el señor Chaves es un gobierno de metidas de pata. No conoce ni las costumbres ticas, ni la Constitución ni las más elementales normas legales. No conocen ni el artículo 85 Constitucional y para que se percataran de su existencia fue necesaria una gigantesca manifestación de estudiantes y de trabajadores universitarios.

El ministro de Hacienda de este Gobierno, que antes lo había sido de otros, dice ahora “que no sabía que no se podía rebajar el FEES. Tampoco lo sabía la ministra de Educación. Realmente quien no lo sabía era el presidente Chaves.

Pero tras la paja del mensaje si existe un propósito claro: entregar el patrimonio nacional a las grandes empresas extranjeras o nacionales. No importa a quién, el propósito es entregar lo que, al menos en apariencia, es de todos, para el disfrute particular. El propósito es hacer que nuestro pueblo cada día sea más dependiente de poderes extranjeros o extraños. La Hacienda Pública la gobierna el Fondo Monetario Internacional y el comercio exterior los monopolios imperialistas de la agricultura y del comercio.

Los monopolios extranjeros y los explotadores con cédula tica comparten el mismo propósito: privar al pueblo de cualquier forma de propiedad de los bienes nacionales. Todos comparten el mismo propósito: establecer un monopolio absoluto de la propiedad privada sobre todos los bienes y empresas. El Gobierno de Chaves ganó las elecciones, financiado por los grandes millonarios, para que cumpliera ese designio: monopolio de la propiedad privada incluyendo los bienes hasta ahora han sido nacionales.

Los puertos son un retrato del encarecimiento del costo de vida: el monopolio TCM Terminal presta servicios encarecidos por su carácter monopólico; y lo mismo ocurre en Puntarenas, por sus deficiencias técnicas. En todo caso, al fin de cuentas, todo lo paga el consumidor final, paga por las deficiencias técnicas, por la corrupción y por los favoritismos gubernamentales.

La corrupción camina por los trillos y por las grandes carreteras, también por las costas y navega en alta mar.

La propuesta disimulada es la privatización del ICE. ¿por qué la dirección del ICE decidió dejar sin operar las plantas térmicas y la geotérmica? Pues sencillamente porque las van a sustituir con nuevos contratos con los operadores privados y será el primer paso hacia la privatización de la emblemática institución.

Pronto se cerrará el negocio de venta de la sección de telefonía y de la televisión.

El destino del ICE está marcado. Se privatizará, si se cumplen los propósitos del nuevo presidente. Ese es el camino trazado. El ICE es el negocio más apetecido por los monopolios.

En el pasado reciente se han dado grandes luchas en defensa del ICE, esa experiencia es necesario repetirla tantas veces como sea necesario.

Ahora todo depende del pueblo

Otro propósito del Gobierno de Chaves: privatizar el INS. A este gobierno le estorban las empresas nacionales, aunque, cómo este caso se trate de empresas boyantes.

El INS nació como instrumento público para luchar contra la corrupción, hace muchos años. ¿Renacerá la corrupción en el complejo negocio de los seguros? Ya el INS aparecieron casos flagrantes de corrupción; con el concurso de los privados estos crecerán con toda seguridad.

¿Esto es lo que persigue el Gobierno de Chaves? Pues sí, esto es lo que persigue.

Y los bancos.

Bicsa es un elefante blanco y seguramente no tendrá ninguna importancia su desaparición.

Pero no es lo mismo la venta del BCR. ¿Qué se persigue? Pues obviamente engordar los negocios de los bancos privados. No existe ninguna otra razón. La destrucción de la banca nacional es sencillamente entregar este negocio a los bancos privados, que pasarían a manejar y a dominar casi la totalidad de esta actividad.

El pretexto es tan estúpido como los intentos de privatizar al ICE. Perder fuentes de riqueza para el pago de deudas, es la sinrazón del engaño.

Esperamos que el pueblo consciente no muerda el anzuelo que les pone un gobierno sin sentido patriótico.

Es necesario organizarse para defender lo nuestro.

Nos dirigimos especialmente a los sindicatos que en el pasado reciente lucharon en defensa del patrimonio nacional, para que siga siendo nuestro.

Recordemos la enseñanza del Libertador, Juan Rafael Mora Porras: EL QUE NO CUIDA LO QUE TIENE TERMINA SIENDO INQUILINO EN SU PROPIA CASA

PARTIDO VANGUARDIA POPULAR

Texto e imagen enviada por el PVP.

SE ALQUILA RECOPE

Escrito el 23/05/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León
23 de mayo del 2022
frepaleon@gmail.com

Montándose, cual jinete apocalíptico, en la propuesta de Natalia Díaz y Otto Guevara, y aprovechándose de las consecuencias planetarias que provoca la guerra en Ucrania, el prematuro candidato presidencial Eliécer Feinzaig, propone una «entrega total» de Recope a empresarios privados.

Cual si los costarricenses no hubiésemos invertido miles de millones de dólares en la infraestructura de esa empresa de energía del Estado, que se evidencian en el muelle petrolero, gigantescos tanques de procesamiento y almacenamiento de búnker, gas, diésel, diferentes gasolinas, asfalto, estructuras de bombeo, facilidades de distribución, cientos de kilómetros de poliductos, terminales en Ochomogo, Limón, La Garita, Turrialba, Barranca, estación Siquirres, y abastecimiento de aeronaves en los aeropuertos internacionales y de vuelos locales, personal especializado en los diferentes procesos de eficaz funcionamiento en el edificio Hernán Garrón, como el departamento financiero, centro de planificación estratégica, departamento presupuestario, mercadeo internacional y fletes marítimos, auditorías internas, control de calidad, así como personal de mantenimiento y seguridad las 24 horas diarias, entre muchas otras funciones. Recursos humanos muy calificados y recursos materiales que ha tomado años poner a disposición de los usuarios, que hemos de valorar en lo que realmente valen, pero que lamentablemente son desdeñados por Feinzaig y sus socios en Zapote y otras oficinas, pues para él y los del «movimiento» que ahora lidera, lo importante es «cerrar Recope», o más bien, ALQUILAR RECOPE, bajo el pretexto de querer deshacerse de la sociedad anónima del Estado. «Bronca» donde los testaferros ticos ya hacen números y algunas movidas de presión, como son los piquetes con una decena de personas, obviamente «acordados» y promocionados como «bloqueos, que necesito para poder ayudarlos», les habrían prometido.

Ahora bien, para lograrlo habrá que dar facilidades a las empresas transnacionales que, según ellos, vendrían a hacerse cargo del abastecimiento de energía a partir de los combustibles fósiles que «mueven a Costa Rica» y que insólitamente (para los conspiradores neoliberales) realiza Recope SIN LUCRAR.

La idea que proponen es sencilla: para que las empresas foráneas (con testaferros ticos) lucren con las funciones que cumple Recope, sin tener que invertir ni un dólar en los bienes materiales requeridos, esos políticos proponen ALQUILAR «a precios módicos» toda la infraestructura de Recope, a los que quieran usufructuar de la riqueza de la empresa más grande y eficiente del istmo centroamericano, la de todos los costarricenses, incluyendo por derecho propio como costarricenses a los seis diputados de Feinzaig y al presidente Chaves, también dueños de esa sociedad anónima del Estado que tiene como accionista al Consejo de Gobierno.

Lo anterior, aunque no les importe que el seguro y oportuno abastecimiento de los combustibles fuesen a quedar peligrosamente bajo el dominio y control de empresas transnacionales, y que nos vaya a resultar más caro el caldo que los huevos. Pero eso no le importa a Feinzaig, Natalia, Otto, Chaves y otros. No. Lo que les importa es, dicen para que les oigan, «cerrar Recope», aunque eventualmente no se pueda garantizar un suministro eficiente de combustibles en todo el territorio nacional, a un mismo precio, y de la mejor calidad. Eso «se resolverá» en el camino, aseguran, en momentos en que, asimismo, se logre de paso, obligar al ICE a comprar energía eléctrica a empresarios privados, aun cuando no se necesite y su precio sea mayor, como ha sucedido. Y es así porque a los liberales-libertarios les es insoportable ver al Estado costarricense cumpliendo eficientemente su labor y sin lucrar con ello. Por eso hacen todo lo posible por comprar o alquilar (como en este caso) las empresas del Estado, como parte de un negocio que muchos beneficios financieros quizá les podría generar a partir de una mínima inversión o un pequeño alquiler.

En fin, como las viles mentiras son su arma exclusiva, es prudente que al pueblo costarricense se le brinde la Información que merece, para que no sea utilizado como el «tonto útil» que baila al ritmo que le imponen.

El contrato de ALCOA- cincuenta y un años de una protesta que no ha perdido vigencia

Escrito el 24/04/2022. Publicado en Derechos, Formación.

Fernando Cruz Castro*

La protesta del veinticuatro de abril de 1970 es sólo la manifestación visible de un malestar que siempre requiere algo más que la rebelión ciudadana, en este caso, existían razones importantes para objetar el Contrato Ley. Los argumentos que fundaban el criterio de los opositores, siguen resonando en el escenario de la historia, que no debe archivarse, que no debe olvidarse. El 24 de abril de 1970 se produjo una violenta protesta por la aprobación del contrato ley con la transnacional Alcoa. El Contrato Ley era una expresión genuina de la asimetría que existe entre el norte y el sur, para decirlo de alguna manera. Se aprobaba una ley especial para establecer un régimen de privilegio entre la empresa y el Estado. Doce diputados votaron en contra del contrato, entre ellos, don Rodrigo Carazo, don Armando Arauz, don Fernando Volio, don Jorge Luis Villanueva y otros siete diputados disidentes. Dato interesante, porque la disidencia dentro de las fracciones parlamentarias, casi ha desaparecido. Los contratos leyes tuvieron vigencia en Costa Rica hasta mediados de la década del setenta del siglo pasado, en que se reformó la Constitución. Hay algunas similitudes entre esos contratos y los tratados de Libre Comercio, contienen regímenes de privilegio, imponen restricciones al poder del Estado y le dan un trato privilegiado al inversionista.

En muchos casos el formato jurídico ignora la desigualdad entre las partes, algo que parece obvio, pero que se invisibiliza. Es cierto que el contrato ley, fue derogado, pero la esencia de su contenido, aparece ahora con otros formatos, especialmente en el régimen de exoneraciones, que se extienden como manchas de aceite. La Constitución establece la obligación, para todos, de contribuir a los gastos del Estado, pero en esta globalización y sus inequidades, hay empresas y empresarios que no pagan tributos, lo mismo que ocurría con los contratos leyes. Ahora hay regímenes de arbitraje privilegiados, como ocurría con el formato del contrato ley. Eso pasa, cambian las formas, sobreviven las asimetrías, las desigualdades aprobadas en el marco constitucional.

Como telón de fondo encontramos el tema de la inversión extranjera, tan necesaria para los países poco desarrollados. Sin embargo, el problema es determinar el precio que se paga por el ingreso de tal inversión. Es un drama para los países con menos recursos. En el caso del contrato de Alcoa, lo más importante no fue la protesta ciudadana, que tuvo excesos, lo que tuvo relevancia fue la discusión previa, analizando las ventajas y amenazas de este contrato. Hubo mucha discusión ciudadana, realmente la jornada cívica relevante fue la participación de todos los sectores de la población en la discusión. En el año sesenta y nueve la Federación de Estudiantes Universitarios, organizó un seminario en el que se discutió el contenido y las consecuencias del Contrato con Alcoa. El presbítero Benjamín Núñez asumió un papel destacado como opositor al contrato; fue muy activo como formador de opinión, curiosamente, don José Figueres Ferrer, no se opuso al contrato.

Poco se analizó el tema del impacto al ambiente que provocaría esta actividad minera, aunque hubo intervenciones muy bien fundadas del ingeniero agrónomo, Ricardo Orozco, quien destacaba los peligros y costos medioambientales que provocaría la actividad. Esa discusión fue mucho más rica en el caso de la mina Crucitas.

Esta página de Alcoa no se ha pasado, los mismos temas que se discutieron en su momento, siguen pendientes, mantienen actualidad. El papel de la inversión extranjera, el poder de las transnacionales, el marco jurídico y sus deformaciones y desigualdades, el balance real que dejará la inversión una vez que abandone la producción y otros puntos, siguen pendientes, porque las limitaciones al desarrollo, no han cambiado en su esencia, porque la injusticia también tiene dimensiones planetarias. Aquí no es tema de optimistas o pesimistas, arriesgados o contenidos, es el tema de la justicia que en las relaciones internacionales tiende a imponer la ley del más fuerte, del poderoso. Y la justicia, el discurso jurídico, siempre encuentra un buen traje, para disimular la desigualdad y la inequidad.

Buenos recuerdos de aquella jornada, pero hay que identificar las raíces de una asimetría, una dependencia, que sigue vigente, muy parecida a la que se respiraba el 24 de abril de 1970. El poder global de las corporaciones y sus rostros que se pierden en la opacidad, asi imponen su ley muchos de los poderes reales que definen el futuro de la humanidad y de nuestro país.

Debo rescatar los nombres de los doce diputados de Liberación Nacional y Unificación Nacional, que expresaron su disidencia, votando en contra de la aprobación del contrato. Los opositores fueron:

Armando Arauz
Arnulfo Carmona Benavides
Cecilia González
Fernando Gutiérrez Benavides
Fernando Guzmán Mata
Fernando Volio Jiménez
Jorge Luis Villanueva Badilla
José Antonio Bolaños
José Hine García
Matilde Marín Chinchilla
Rodrigo Carazo Odio
Uriel Arrieta Salas

Estos ciudadanos expresaron su criterio, a pesar de que no era lo políticamente correcto. Ahora los destaco, para recordarlos, porque pasaron a la historia, a pesar de ser minoría. La democracia, se fortalece en la disidencia…… las preguntas de la dependencia, de la injusticia internacional en las relaciones económicas, las desigualdades, siguen sin respuesta.

Debemos aceptar la realidad con esos disfraces jurídicos que disimulan la desigualdad y la
inhumanidad. Así seguimos, con la mente crítica, la disidencia, asumiendo el destino de las minorías. Algo cambió con la derogatoria de los contratos leyes, pero la esencia de la desigualdad, de la opacidad y los regímenes tributarios de privilegio, siguen vigentes, ahora como moneda de curso legal en nuestro régimen jurídico.

* Reproducido por SURCOS, tomado de https://www.facebook.com/100000595279450/posts/5647553855274401/?sfnsn=mo

Los supuestos beneficios del llamado “acuerdo” del gobierno PRD con Minera Panamá

Escrito el 22/01/2022. Publicado en Comunidad, Derechos, Madre Tierra, Salud.

La minería y las prácticas extractivistas se encuentran a la orden del día en muchos países de América Latina, esto genera una gran preocupación porque los más afectados resultan ser las pequeñas comunidades rurales, que a mediano o largo plazo presentan problemas ambientales, algunos de carácter irreversible, problemas en la salud pública debido a la contaminación de aguas o subsuelo y problemas socioeconómicos causado por los bajos salarios a los se ven obligados cientos y miles de trabajadores.

Este tipo de prácticas son permitidas por las autoridades gubernamentales, quienes generan políticas públicas en beneficio de grandes empresas transnacionales, mediante la creación de leyes, sin consultar previamente a las comunidades, con proyectos que poseen pocos o nulos estudios de viabilidad. Incluso con contratos acompañados de prórrogas con largos plazos, con pagos exorbitantes en caso de finiquitar un acuerdo o bien, con la permisibilidad de las instituciones para que las empresas operen al margen de la ley.

Siguiendo este tema, se encuentra la preocupante situación en Panamá, que en el año 2010, la Corte Suprema de Justicia de ese país señaló que el contrato entre la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) y el gobierno era inconstitucional; no fue hasta diciembre del 2021 que se publicó en la Gaceta Oficial dicha sentencia. Esta maniobra implica un futuro incierto para las comunidades y el medio ambiente que se señala en el siguiente comunicado realizado por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales que puede descargar a continuación.

burla-y-traicion-minera Descarga

Imagen ilustrativa.

Libro: Maíz, transgénicos y transnacionales

Escrito el 11/06/2021. Publicado en Madre Tierra.

El jueves 10 de junio se presentó el libro de Silvia Ribeiro, “MAÍZ, TRANSGÉNICOS Y TRANSNACIONALES”, basado en el trabajo colectivo del Grupo ETC, que abarca un período de 15 años desde que se descubre la contaminación transgénica del maíz nativo en México, su centro de origen. Brinda elementos para entender el contexto histórico y la situación actual de la agricultura y la alimentación, las maniobras desde el poder corporativo y político a nivel nacional e internacional y las luchas de resistencia desde los pueblos campesinos e indígenas, los movimientos y organizaciones sociales.

El libro se puede encontrar en https://tinyurl.com/2nhvezsw

RECOPE es garantía para Costa Rica

Escrito el 13/04/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Al ser Recope una empresa altamente eficiente, la prestigiosa Fitch Ratings la califica como AAA. ¡La más alta calificación! Así, el presupuesto administrativo ronda solo el 8% pues no solo está muy bien administrada la sociedad anónima del Estado, sino que funciona SIN fines de lucro. Sus diversos productos, desde la emisión asfáltica, a la gasolina para aviones de turbina, pasando por el gas licuado de petróleo, el kerosene, el diésel, los tipos de gasolina según el octanaje, están en segura disposición de los usuarios en los lugares que los requieren y al mismo precio por producto, independientemente de quién sea el proveedor final. El precio, sin impuesto, es el más bajo del istmo centroamericano y la calidad de todos sus productos es la mejor, garantizada desde puerto Moín a todos los rincones de Costa Rica.

Para todos los compatriotas es importante que nuestras fuentes de energía estratégicas no dependan de los caprichos de compañías transnacionales, como sucedía antes de que don Pepe dispusiera acabar con los contratos que nos amarraban a la Allied Chemical, que por dicha es solo un recuerdo. La inmensa capacidad de almacenamiento que tiene nuestra empresa del Estado, nos garantiza el funcionamiento seguro de los procesos productivos. Eso y más resume las ventajas que tiene para el país el que la empresa más grande de Centroamérica y Panamá, sea propiedad del Estado y funcione con tanta eficiencia.

El impuesto único a los combustibles que la ley le ordena recaudar (aunque ni un colón sea para la institución) es el tercer impuesto en importancia en nuestro país, solo superado por la renta y el IVA, y recaudado más eficientemente Recope que esos otros. Solo en el 2019 significó un monto de ¢552.000 millones.

¡Ah, otra cosa! De la convención colectiva de sustento constitucional que tienen los trabajadores de Recope con la administración, solo alrededor de ¢3,50 es lo que representa en el precio del litro de gasolina, precio determinado por los países y empresas productoras, y el cambio del dólar con respecto al colón, principalmente. Por ejemplo en julio del 2014 llegó a estar a ¢816 el litro de gasolina, mientras que en diciembre pasado estuvo a ¢529 el litro. Ambos precios, por supuesto, determinados por la independiente ARESEP.

Además, la misma Aresep y otros conocedores, han demostrado que si otra empresa (esta vez privada) se encargara de todas las funciones que cumple Recope, inevitablemente los precios aumentarían pues esas empresas sí funcionarían buscando el lucro. Empresas que tendrían que invertir miles de millones de dólares para satisfacer todas las necesidades, que se iniciarían en la ejecución de las labores en el muelle petrolero, la construcción de las estructuras de procesamiento, almacenamiento, bombeo, construcción de un poliducto de cientos de kilómetros de longitud, estructura administrativas, etcétera, para poder «competir» con una empresa estatal que ofrecería mejores precios a los consumidores. Realidad que pocos se detienen a analizar cuando gritan «hay que abrir Recope a la competencia», «hay que acabar con ese monopolio», y otros estribillos sin fundamento. Así, por lo señalado, no creemos que haya en el planeta ningún empresario dispuesto a meterse en semejante «negocio». Y lo saben tan bien políticos como Otto Guevara y otros «libertarios» que «le van a la cola», como Eli, Muñoz, Chaves, Avendaño, y otros, que en el proyecto de ley N°17.888 de Otto y Natalia Díaz, que fue tomado para un fracasado referendo, proponían que se vendieran las acciones de RECOPE que posee el Consejo de Gobierno (seguro a precios ridículos) o a que toda la multimillonaria infraestructura que los costarricenses hemos invertido en nuestra empresa a través de los años, se le traslade en administración al MINAE, para que desde allí se ofrezca en ALQUILER ¡a la misma Recope! y a las empresas privadas que NO han invertido ni un dólar devaluado en tales bienes. ¿Se imaginaban tal desfachatez?

Por eso y más, reiteramos la necesidad de que, más allá de los tendenciosos titulares de prensa, SE INFORMEN para que después de ello, su respetable criterio, esté fundamentado. No se trata de «defender» a Recope, se trata de conocer esa gran empresa nacional para así tener un criterio informado.