SURCOS comparte la versión de avance no editada del documento con las observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, para el caso de Costa Rica.
Invitamos a descargar el documento para conocer el detalle de las observaciones.
En una de sus secciones se indica:
“El Comité valora los esfuerzos realizados por el Estado parte para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. En particular, toma nota del trabajo que lleva a cabo el Equipo de Respuesta Inmediata, así como de la celebración de acuerdos binacionales orientados a promover flujos migratorios laborales seguros, así como las labores de inteligencia con finalidad de prevenir estos actos. El Comité lamenta, no obstante, las deficiencias señaladas en varios informes en la identificación de las víctimas de la trata, especialmente entre las personas migrantes, y mayor incidencia de estos casos detectados de personas en situación vulnerable, incluidos los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. Además, se observa que el número de casos de trata investigados y enjuiciados es muy reducido en comparación con la incidencia de este fenómeno en el Estado parte. Finalmente, el Comité expresa su preocupación ante las informaciones que indican una reducción de las partidas presupuestarias para programas de prevención de la trata y acompañamiento a las víctimas como consecuencia de las medidas de austeridad financiera en vigor desde el 2020.
Más adelante dice:
“El Comité mantiene su preocupación ante las informaciones que documentan actos de hostigamiento y atentados contra la vida o la integridad física de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y activistas medioambientales ocurridos durante el período objeto de examen. Aunque toma nota de la información facilitada por la delegación del Estado parte sobre sus esfuerzos en la materia, incluido el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, así como el enjuiciamiento del asesinato del líder indígena Jehry Rivera, el Comité observa con preocupación que, conforme a diversas fuentes, otras agresiones y asesinatos, como el atentado contra la vida del líder indígena Sergio Rojas en 2019 habrían quedado sobreseídos o no resueltos”.
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
El Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades.
Los enemigos de Cuba promueven informaciones distorsionadas que buscan empañar la imagen del país y presentarlo como cómplice de estas acciones, que rechazamos categóricamente.
Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo y desempeña un papel activo en las Naciones Unidas en repudio de esa práctica, siendo autor de varias de las iniciativas que se aprueban en ese foro.
Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país.
El Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), presentó los resultados de la encuesta nacional: “Percepción sobre la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”.
La encuesta se realizó en el Centro Tecnológico de Investigación Social (CETIS) del IDESPO, del 14 al 22 de abril 2023, abarcando una población de 910 personas, con un 3,2% de error de muestreo y un 95% de confianza. La muestra se ajusta por la no respuesta con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En esta ocasión el ajuste se realizó con la distribución por sexo, edad y educación de la ENAHO 2022.
“El objetivo de esta encuesta fue conocer las percepciones que tenía la población costarricense acerca del delito internacional de trata de personas, y de forma específica retratar las vías en que se acceso a dicho conocimiento, identificación de vulnerabilidades, características y finalmente relacionar cuáles factores estructurales inciden para que se den situaciones de trata de personas”, indicó la coordinadora del Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del IDESPO, Dra. Cynthia Mora Izaguirre.
Dentro de los principales hallazgos, en cuanto a la trata de personas, se observó que gran parte de la población encuestada, 77,6% tiene una acertada percepción del concepto, el cual se definió como el comercio de personas para la explotación sexual y laboral e incluso para el tráfico de órganos. De la población encuestada el 16,9% no sabe qué es y lo confunde con otro concepto el 5,5%.
Por otra parte, la gran mayoría (87,2%) estuvo de acuerdo en que las personas con mayor riesgo a ser tratadas son los menores de edad; seguidos por las personas menores de 35 años (66,2%). Otros grupos poblaciones que se identificaron que también corren riesgo son los migrantes (89%), las personas con bajo nivel educativo (81,2%) y las desempleadas (73,4%). Y con respecto al sexo, se consideró que son las mujeres a quienes les afecta más esta situación con un 67,9%.
En el tema de acceso a la información sobre este delito, un 66,5% mencionó que sí ha tenido acceso a ella, y es la televisión el principal medio por el cual la gente se informa sobre esta temática (90,9%), seguido por las redes sociales (80,7%).
Los factores determinantes de la trata de personas mostraron que la población consultada es bastante pesimista y reconoce que en el país se dan diversas formas de explotación (doméstica, agrícola, infantil con fines sexuales, sexual por medio de redes de prostitución).
Los encuestados consideraron que hay una serie de situaciones que requieren atención urgente por parte del Gobierno de la República en el siguiente orden de relevancia: tráfico y venta de drogas, delincuencia organizada, inseguridad, violencia de cualquier tipo, pobreza, desempleo, personas que piden en las calles, migración de extranjeros, ofertas de trabajo engañosas, turismo sexual y trabajo infantil. Es decir, que más allá de la trata de personas, el país es propenso para que se cometa casi cualquier delito y es urgente que el gobierno intervenga ya que se considera que todos los días en Costa Rica se dan sucesos violentos, crimen organizado, tráfico de armas, coyotaje y trata de personas.
Otro dato importante, es que casi una cuarta parte de la población encuestada no tiene claro que es tráfico ilícito de migrantes o coyotaje, de estas personas, la mayoría lo confunde con el concepto de trata.
También, respecto al tema de los derechos humanos, se asocia más con igualdad y el respeto de los derechos de las personas y que se les garantice un mínimo de recursos para la subsistencia.
Por último, como conclusiones se recomienda volver a implementar campañas estatales, especialmente a la luz de un alto tráfico de personas atravesando nuestro país rumbo a los Estados Unidos, índices de desempleo e informalidad tan altos, hace imperativo que el Gobierno de la República invierta en posicionar el tema para su prevención y denuncia.
Además, es fundamental también el papel del Estado en cuanto a políticas públicas enfocadas a la prevención, así como de proveer y garantizar a las personas el acceso a una educación de calidad y mejores condiciones laborales, pues estos condicionantes sirvan para repeler los engaños de los que son objeto las personas por parte de los tratantes. La inversión social es la más poderosa herramienta que puede contribuir a luchar contra este flagelo.
En América Central la migración internacional duplica y cuadruplica las estimaciones regionales e internacionales, respectivamente; especialmente de personas que viven en los países del llamado Triángulo Norte, integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala. Foto OIM-ONU.
18 de diciembre, Día Internacional del Migrante
La muerte, desaparición y explotación son parte de la migración humana en el mundo
Desde los orígenes mismos de la humanidad la historia ha estado marcada por la migración para reconstruir la vida en otras tierras. Pero en la actualidad los movimientos migratorios se han convertido en un tema político electoral en muchas naciones, aunque millones de historias están manchadas con sangre.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU) entre 2014 y 2022 más de 50000 personas perdieron la vida durante estos trayectos. En América Latina más de 6900 personas encontraron la muerte, especialmente en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, que a la fecha suman 114 niños y niñas, 360 mujeres y 2349 hombres; pero OIM-ONU reconoce que existe un subregistro de las muertes en parte porque se desconocen todas las rutas migratorias transfronterizas.
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En la región centroamericana, con el norte apuntando hacia los Estados Unidos, el año pasado más de 100000 personas cruzaron el Tapón del Darién, ubicado entre las fronteras de Panamá y Colombia, donde oficialmente se contabilizan 199 fallecimientos, pero la ONU advierte que testimonios de los migrantes afirman que encontraron una gran cantidad de fallecidos tendidos a lo largo de esa mortal ruta.
Por dicho motivo desde el año 2000, cada 18 de diciembre los países miembros de la ONU se unen en el marco del Día Internacional del Migrante, dado el “creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes”.
Hasta mediados del año 2020 la OIM-ONU estimó que unos 288 millones de personas estaban bajo la categoría de migrantes, un 3.6% de la población global. Los migrantes trabajadores representan el 62% del total, y la mayoría se moviliza a países de rentas altas, aunque ha aumentado el porcentaje de aquellos que llegan a países de renta media.
El Dr. Carlos Sandoval García, director del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), y editor del libro “Migraciones en América Central, Política, territorios y actores”, asegura que en el istmo se estima que entre un 12 y un 14 por ciento de la población no vive en sus países de nacimiento, por lo que “la migración internacional duplica y cuadruplica las estimaciones regionales e internacionales, respectivamente. Se trata de una realidad estructural y estructurante de la vida de millones de personas. Sea que se considere desde la experiencia personal, los imaginarios sociales, las políticas públicas o la acción política, las migraciones son un lugar crucial desde el cual acercarse a describir, explicar y comprender la región”.
Acciones desde y con la comunidad
Las largas travesías para migrar hacia América del Norte están llenas de sueños de personas que esperan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, dejando tras de si historias de dolor. Miles pierden la vida en el intento y otros desaparecen en caminos desconocidos por las autoridades migratorias regionales. Foto OIM-ONU.
Para la Licda. Soledad Hernández Carrillo, coordinadora del proyecto de Acción Social (VAS) denominado “Migra-acciones: Acompañando población migrante y refugiada, más allá de las fronteras” (TC-723), es vital que el Estado “genere información sobre la trata de personas para identificar estas situaciones de riesgo y generar prevención mediante procesos socioeducativos y de difusión para que mediante procesos comunitarios no se victimice a las personas”.
El objetivo del TC-723, iniciativa de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR) es fortalecer las capacidades de incidencia y organización de las personas migrantes, solicitantes y refugiadas pertenecientes a diversas agrupaciones para la validación de sus derechos humanos. Para lograr su fin, el proyecto genera procesos de sensibilización, información y acompañamiento a estas poblaciones, organizaciones e instituciones que trabajan sobre esta temática, desde un enfoque psicosocial, de género, e interculturalidad.
En el mundo, un 13% de las personas migrantes son menores de edad, y cada año más se suman a largos trayectos migratorios sin compañía de adultos. Foto Rafael Rodríguez/OIM-ONU 2018.
Durante el año 2022 el TC-723 colaboró con una serie de instituciones como ReT Internacional, Cenderos, Red de Mujeres Pinoleras, entre otras. Este año se impartieron talleres socioeducativos a personas solicitantes de refugio, sobre sus derechos laborales, salud, ferias y actividades lúdicas para niños y niñas migrantes, entrega de paquetes educativos a escolares e información y cuidados en el uso de las plataformas digitales.
En suma, con el aporte de estudiantes de distintas carreras se generan propuestas interdisciplinarias mediante la construcción conjunta de saberes y acciones en defensa de los derechos humanos. Por otra parte, y desde otro enfoque, se capacita al personal de los sistemas judicial y policial para la adecuada atención de las personas en condición de migrante o en proceso de solicitud de asilo.
De acuerdo con la Licda. Hernández, la propuesta es contar por personas funcionarias bien capacitadas en estos temas “y generar una adecuada utilización de los recursos para brindar servicios especializados y pertinentes, ya que aunque el Estado tiene una infraestructura a veces no existe una designación específica de fondos y muchas organizaciones no gubernamentales terminan asumiendo labores que corresponden al Estado».
Las personas como mercancía
En la legislación costarricense el tráfico ilícito de personas es un delito penado con hasta 10 de años de cárcel, y en ocasiones quienes hacen estos recorridos caen en redes delictivas relacionadas con la trata de personas.
El tráfico ilícito de migrantes implica el traslado y cruce entre fronteras en el que media un pago y una relación comercial conocida como “coyotaje”. En la trata de personas, que también ocurre dentro del mismo país de origen de la víctima, “existe un engaño, una coacción, una amenaza y la persona es vista como una mercancía, es una de las violencias más extremas que atenta contra la dignidad humana y la explotación en diversas formas como laboral, sexual, servidumbre, uso de vientre de alquiler, adopciones ilegales, venta de órganos. En particular en Costa Rica se da la explotación laboral en fincas agrícolas, y la sexual particularmente con mujeres y niñas, niños y población LGBTIQ”, detalló Hernández. En Costa Rica, el artículo 172 del Código Penal tipifica como delito la trata sexual y laboral y a la luz de esa normativa en el 2021 se identificaron 21 víctimas en el país, 6 mujeres, 14 niñas y 1 niño, en su mayoría costarricenses y personas nicaragüenses y de otras nacionalidades. Aunque existe un subregistro global, recientemente la OIM-ONU ha detectado casi 160 mil casos de tráfico y esclavitud moderna.
Hernández recordó que en la UCR existen varios proyectos e iniciativas que abordan el tema de la migración y que por ello, en el marco de la pasada Semana de la Persona Migrante, celebrada en setiembre, se gestionó una red de trabajo sobre migración, refugio, los procesos de atención y cumplimiento de derechos de las personas migrantes, especialmente en estos escenarios de migración forzada. “Lo que se percibe es que se puede vulnerar o colocar en mayor riesgo a personas que ya huyen de otras vulnerabilidades”, acotó.
¡Para denunciar!
Si usted conoce sobre actividades de tráfico ilícito de migrantes o trata de personas puede reportarlo de manera confidencial al 9-1-1, a la Policía de Migración al 2106-4005 o interponer una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial; también escribiendo al correo electrónico denunciatrataytrafico@migracion.go.cr
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
“El 14 de diciembre la compañera Anita Rodríguez Brown, del Territorio Seguro Puerto Viejo de Talamanca, de ascendencia indígena de clan y Carlos Campos Rojas, coordinador nacional del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, presentamos ante la Fiscalía de Limón, la denuncia penal por las expresiones realizadas (por parte del alcalde de Matina) en conversación con un representante de MECO.
Confiamos en que el instituto de la justicia haga prevalecer el respeto a la persona ciudadana y especialmente a nuestros pueblos originarios”.
El documento presentado señala:
Provincia de Limón, 10 de diciembre de 2021
Señores
Fiscalía de Asuntos Sexuales Ministerio Público de Limón
Por este medio, los suscritos CARLOS CAMPOS ROJAS, cédula 10605 0202 y ANITA RODRÍGUEZ BROWN, cédula 7 0130 0513, ante usted con el debido respeto nos presentamos a formular una DENUNCIA en contra del señor WALTER CESPEDES SALAZAR, cédula 5 0147 1200 quien actualmente funge como Alcalde Municipal de Matina.
La denuncia se formula con la intención de que esa dependencia analice las publicaciones que se han realizado en los últimos días en los medios de comunicación, de las cuales le adjuntamos copias, en las que se acredita que en el marco de las investigaciones judiciales de los casos COCHINILLA y DIAMANTE, gracias a las intervenciones telefónicas que fueron autorizadas, se captó una conversación del señor Céspedes, aquí denunciado, con un Gerente de la empresa MECO, a quien, según dice la información, don Walter le ofreció que cuando viniera a Matina, «le iba a tener a su disposición a una indígena”.
Ante la gravedad de los hechos, nos parece indispensable que se profundice en una investigación por parte de esa Fiscalía y por eso formulamos la presente denuncia, ya que esas actuaciones, de resultar ciertas -como parece ser pues el mismo don Walter ofreció disculpas por haberlas realizado- podrían constituir algunos tipos penales que merecen investigarse y juzgarse, como podrían ser trata de personas, prostitución, proxenetismo, o cualquier otro que esa Fiscalía puede determinar.
Esperamos que la Fiscalía pueda analizar el caso denunciado y proceder conforme corresponde.
A la espera de su respuesta, quedamos a la orden para ampliar detalles o aclarar cualquier duda.
De usted atentamente, Carlos Campos Rojas, Coordinador Nacional; Anita Rodríguez Brown, Territorio Seguro Puerto Viejo.
La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos comparte la siguiente imagen en honor del Día Internacional contra la Trata, problema que actualmente afecta a nuestra sociedad.
En el canal de Youtube “Los Dioses Están Locos”, se puede encontrar el video titulado “Cero Trata de personas. Somos partes del problema, seamos parte de la solución”, el cuál tiene como mensaje unirnos a denunciar las violencias y no hacer un silencio cómplice, y deja como reflexión ¿Nos unimos junto a otras organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la trata y el tráfico de personas? No podemos desoír una problemática tan violenta como esta, es ahora.
Somos parte del problema, seamos parte de la solución.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Los primeros resultados de una rápida búsqueda en cualquier explorador de internet a la palabra Manrique, Colombia, devuelven cierta narrativa sobre violencia y peligrosidad. Se trata de un gran conglomerado poblacional, la comuna número 3, ubicada al noroeste de Medellín, capital de Antioquia, con una historia ciertamente compleja, pero no la única que atraviesa sus espacios sociales.
Hace algunos años como parte de un proyecto sobre trata de personas y derechos humanos que nos juntaba a personas investigadoras de Colombia, España y Costa Rica, fuimos a dar a Manrique, donde conocimos a un cura revolucionario, organizador incansable de acciones encaminadas a arrebatarle al niño, niña y joven de esta comuna, al riesgo social.
Una tarde, conversando en su comuna, me confesó que una de las estrategias para trabajar con estas poblaciones era alentar su cercanía con el arte como vehículo de transformación. Que tenía que ser contextualizada esa relación. Y cómo no advertir que justamente en Manrique se teje una de las conexiones populares de largo aliento con el tango como expresión cultural.
Durante esos días en la comuna, pude observar el trabajo de academias enteras de niños y niñas practicando tango por las calles. A todas horas y en todos los espacios, este territorio con una rica historia gardeliana, permite a sus niños y niñas expresar y recrear sentido de la vida.
Recordé justamente una de las formas mediante las cuales Medellín encontró para contender la violencia a nivel político, pero sobre todo sociocultural: disputar los espacios públicos a los actores involucrados y crear uno de los festivales de poesía más emblemáticos a nivel mundial, como es el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que este año cumple 31 años ininterrumpidos de llevar la palabra a las comunas y zonas más complejas de esta capital antioqueña.
Como un brazo artístico y amoroso, este festival desarrolla el Proyecto Gulliver, consistente en impulsar la creación poética y literaria en los niños y niñas de las distintas comunidades en riesgo. En ambos casos, la poesía y el tango, no resultan solamente expresiones estéticas y de representación de la vida, sino herramientas comprometidas para la transformación social.
Hará quizá hace dos años fui invitado a participar en un encuentro literario en el municipio de Quezaltepeque, en El Salvador. También las narrativas sobre las violencias en ese país son recurrentes y provienen casi siempre de interlocutores con poca capacidad analítica para sopesar las razones históricas y estructurales de los procesos de exclusión social y desigualdad en aquel país.
En el marco de esa actividad fuimos invitados a leer a una escuela de un sector rural del municipio. Al llegar, nos recibieron cerca de 300 niños y niñas que prepararon un escenario con nuestras fotografías, buscaron nuestros trabajos poéticos en internet para leerlos en la actividad y hurgaron en nuestras biografías para conocernos mejor.
Esa mañana comprendí el profundo vínculo entre el arte como vehículo social y las formas diversas para reconocer la realidad para transformarla, como es el caso de las diversas disciplinas que conforman el vasto campo de las Ciencias Sociales.
En una nota sobre la proclamación del Día Mundial del Arte, que se celebra todos los 15 de abril, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, el Arte y la Cultura (UNESCO) indicaba: “El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés y el dialogo. Estas son cualidades que el arte siempre ha tenido y tendrá, si continuamos apoyando entornos donde se promuevan y protejan los artistas y la libertad artística. De esta manera, al fomentar el desarrollo del arte también se fomentan los medios a través de los cuales poder lograr un mundo libre y pacífico” (es.unesco.org).
Ciertamente experimentamos un entorno plagado de incertidumbre, de hegemonías duras en lo económico y excluyentes en lo social. A estas durezas solo se les resiste desde otras posibilidades expresivas, que contienen en sus cimientos una política de los cambios y las transformaciones.
Vincular el arte como herramienta y la ciencia social como expresión ontológica y epistemológica de vida y de transformación, debe ser un objetivo común para quienes aspiramos a un mundo un poco mejor al que ya existe. En ese camino andamos.
Instituciones desarrollan investigaciones y capacitaciones relacionadas con este lucrativo fenómeno
La falta de oportunidades obliga a ciertos grupos sociales a optar por el exilio y la migración, procesos que conllevan más vulnerabilidad frente a fenómenos como la trata y el tráfico ilícito de personas. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Anel Kenjekeeva.
Cuatro de las cinco universidades públicas del país reiteraron su compromiso con el estudio y erradicación de la trata y el tráfico ilícito de personas, mediante la firma de un convenio interinstitucional.
El acto se dio en el marco del VI Foro Nacional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica (UCR) y congregó a académicos, funcionarios gubernamentales y sociedad civil.
La actividad fue organizada por el Capítulo Costa Rica, del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de personas (ObservaLaTrata), iniciativa académica dedicada al estudio y a la generación de conocimiento sobre este fenómeno.
Según la coordinadora del ObservaLaTrata Capítulo Costa Rica, Mónica Sancho Rueda, el convenio reitera el trabajo que inició en el 2013 la UCR junto con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y al cual han dado continuidad desde entonces.
Hace 3 años se sumaron a la iniciativa la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), dando lugar a un esfuerzo interinstitucional que ya fue concretado por medio de la firma del convenio.
La académica explicó que las cuatro universidades estatales cuentan actualmente con alguna iniciativa que profundiza en el estudio de esta problemática, desde la docencia, la investigación o la acción social.
“Celebramos esta firma que oficializa el compromiso de las universidades estatales para continuar trabajando en la prevención, persecución y erradicación de la trata y el tráfico, como lo han venido haciendo desde hace varios años”, enfatizó Sancho.
El rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, y autoridades de la UNA, la UNED y TEC firmaron el convenio interinstitucional que ratifica el compromiso de las universidades públicas con el estudio de la trata y el tráfico ilícito de personas. Foto: Karla Richmond.
Gobierno y academia articulan trabajo conjunto
El VI Foro Nacional Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes contó con la participación de la directora de la Dirección General de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jauberth, quien celebró el fortalecimiento del trabajo con la academia para atender esta problemática.
Por su parte, el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, señaló el deber de la academia por aportar conocimiento en favor de los grandes problemas sociales, dentro de los figura la trata y el tráfico de personas.
“Propiciar espacios de encuentro y formación especializados sobre el tema e impulsar proyectos de investigación que favorezcan la generación de conocimiento nuevo para colaborar con procesos de prevención y capacitación”, enfatizó el jerarca.
La presidenta de ObservaLaTrata, María Antonia Chávez, denunció la priorización de intereses económicos por parte de los estados, donde «más que administrar la justicia y gestionar la vida, se administra la muerte en razón de los intereses racistas y de clase». Foto: Karla Richmond.
Modelo de desarrollo promueve fenómeno
La presidenta de ObservaLaTrata, María Antonia Chávez, afirmó que lejos consolidar acciones suficientes para la erradicación de esta problemática, prima actualmente una visión criminalizada de la migración y de violación de los derechos humanos.
La investigadora denunció que las políticas impulsadas por organismos gubernamentales e internacionales responden a intereses económicos que “tienen más que ver con gestionar la muerte que la vida”.
Según Chávez, los modelos económicos actuales impiden que ciertos grupos sociales encuentren oportunidades de desarrollo social en sus comunidades y se ven obligados a optar por el exilio o la migración para buscar una mejor vida.
“Si propiciamos que un sector de la población no tenga acceso a sus derechos mínimos para tener una superviviencia digna, estamos propiciando su propia extinción”, dijo la académica, quien señaló la urgencia de atender el tema con políticas públicas que sean posibles de evaluar a corto, mediano y largo plazo.
El objetivo es desarrollar un programa de formación en trabajo decente y derechos fundamentales
Cumpliendo con su lema “SEC junto al pueblo” y comprometido con la lucha contra las actuales tendencias de precarización del trabajo, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense firmó un acuerdo con la Oficina Internacional del Trabajo OIT, para desarrollar en el 2017 un programa de formación en el área de trabajo decente y derechos laborales fundamentales.
Gilberth Díaz, Presidente del SEC, destacó la importancia de este proceso de capacitación que va en consonancia con el interés del sindicato de apoyar la lucha por la erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso, de las formas de esclavitud moderna y de la trata de personas. Así mismo, este programa complementa los contantes procesos de formación con los cuales se busca que la comunidad educativa conozca sus derechos laborales para poder ejercerlos y defenderlos.
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC
