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Etiqueta: Tribunal Supremo de Elecciones

¿Un robo o un faltante de diputados?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Vladimir de la Cruz

He propuesto una reorganización electoral en el seno de cada una de las provincias a efecto de que, de esa manera, se elijan de mejor forma los diputados correspondientes.

Señalé que la forma actual de elegir es discriminatoria al interior de las provincias porque se elabora una sola lista de diputados, para toda la provincia, donde supuestamente están representados los habitantes de los diferentes cantones de cada provincia, lo cual no es cierto.

Esa lista, que preparan y ofrecen los partidos políticos, no representa de la mejor manera a los habitantes de cada provincia, porque los partidos políticos se ven obligados a poner en los primeros puestos de la lista de diputados, a quienes consideran sus más representativos líderes de la provincia, como líderes políticos o partidarios, considerando también la pertenencia de ellos a los cantones con mayor población en el interior de las provincias, con el cálculo de que así pueden atraer más votantes.

El número de diputados nacionales se fijó en la Constitución Política de 1949, en aquel momento era de 45, correspondiendo, en promedio, un diputado por cada 18.000 habitantes. Este número de diputados se mantuvo en el Congreso de 1953 y en el de 1958. Para la integración de la Asamblea Legislativa de 1962 se elevó el número de diputados a 57, cifra que se ha mantenido hasta hoy. En 1956 llegamos al millón de habitantes. La representación de diputado por habitante pasó los 20.000 habitantes.

También la población ha ido creciendo, hoy somos cinco millones, sin que crezca el número de diputados, de la base y proporcionalidad con la población, como originalmente inició en 1949.

Hoy tenemos 5.044.197 habitantes y cada diputado representa a 88.494 habitantes. Si se hubiera establecido la disposición constitucional, que esa relación población-diputado original tenía de 18.000 habitantes por diputado, fuera creciendo de la misma manera, hoy tendríamos una Asamblea Legislativa de 280 diputados. El crecimiento del número de diputados no es lo que quiero analizar. En términos generales, creo que debería aumentarse por lo menos a 81 u 87 diputados la representación actual, con una combinación de diputados provinciales, y de 24 o 30 por lista nacional. Pero, esto es para otro momento y otra discusión.

Lo real es que 18.000 habitantes por diputado establecía una cercanía del diputado con sus habitantes provinciales, especialmente con sus electores, los ciudadanos, que es muchas veces lo que se busca. Hay en la Asamblea Legislativa una propuesta que contempla crear distritos electorales nacionales que elegirían uno o dos diputados por distrito procurando esa cercanía política sobre lo que tenemos hoy; el número de los 57 diputados no ha cambiado desde 1962. Lo que ha cambiado es el número de diputados por provincias según los censos nacionales, que se realizan por ley cada diez años, que es el que determina cuántos diputados le corresponden a cada provincia. Por eso es que en los últimos procesos electorales hubo movimientos de diputados en algunas provincias que perdieron población y otras que ganaron, por lo que de igual manera perdieron o ganaron diputados.

Hoy la Asamblea legislativa se integra de la siguiente manera: la provincia de San José con 20 cantones, tiene 19 diputados que representan a 1.601.167 habitantes; la provincia de Alajuela con 16 cantones tiene 11 diputados que representan a 1.035.466 habitantes; la provincia de Cartago con 8 cantones tiene 7 diputados que representan a 545.092 habitantes; la provincia de Puntarenas con 13 cantones tiene 5 diputados que representan a 500.166 habitantes; la provincia de Heredia con 10 cantones tiene 6 diputados que representan a 479.117 habitantes; la provincia de Limón con 6 cantones tiene 5 diputados que representan a 470 383 habitantes y la provincia de Guanacaste con 11 cantones tiene 4 diputados que representan a 412.808 habitantes.

Con estos datos se elige un diputado en San José por cada 84.271 habitantes, en Alajuela uno por cada 94.133; en Cartago uno por cada 77.870; en Puntarenas uno por cada 100.023; en Heredia uno por cada 79.852; en Limón uno por cada 94.076 y en Guanacaste uno por cada 103.202.

Se puede apreciar que hay una desproporción poblacional para elegir diputados en las diferentes provincias. En el caso de Cartago se tiene una cifra más baja para elegir que en Guanacaste o Puntarenas, que necesitan más electores lo que evidencia una real discriminación, en este caso regional, y de igualdad política ciudadana, lo cual en la práctica guanacaste y Puntarenas tienen desde esta perspectiva menos representación Política en la Asamblea Legislativa.

Si se tomara la cifra de elección de Cartago para elegir diputados de 77.870, que es la más baja, de manera igualitaria para todas las provincias, porque los ciudadanos son iguales en todas la provincias, y en todo el país, habría que tener por lo menos una Asamblea Legislativa integrada por 64 diputados, por lo que faltarían 7 diputados para una igual representación ciudadana. Esto evidencia que, en la distribución de diputados, se esquilma, se menoscaba, se le quitan diputados a la población, en el conjunto de las provincias, por lo pocos que sean, dándole más representatividad a los ciudadanos de unas provincias que a los de otras, lo que no debe ser, lo que debe corregirse.

En mi propuesta de la semana anterior, propuse una reorganización de elección, al interior mismo de las provincias, sin alterar esta conformación legal de población que se hace para definir el número de diputados por provincia. Con ello se pretende una mejor representación de los diputados de cada provincia desde su propia provincia.

Esto se corregiría estableciendo un criterio poblacional, por cantones, de manera que los diputados correspondientes a cada provincia se dividan el número de diputados provinciales, en la proporción debida, por cantones o grupos de cantones, para que esos diputados representen mejor las regiones de sus provincias.

Esto no altera en nada el número de diputados a elegir. No hay que hacer reformas constitucionales o legales especiales. El Tribunal Supremo de Elecciones, por sus propias potestades, puede definirlo y establecerlo, en atención a la mayor equidad e igualdad ciudadana, dentro de las provincias, sin discriminación alguna para regiones provinciales como ahora ocurre.

Lo que se altera es la presentación de los candidatos a diputados por provincia, para lo cual habría que hacer varias papeletas, por agrupamiento de cantones, para la postulación de sus respectivos diputados provinciales. No es tampoco un proceso difícil para el Tribunal Supremo de Elecciones que tiene la experiencia de realizar 84 procesos electorales cantonales simultáneamente. La elección de diputados de esta manera sería más sencilla que la de los representantes populares cantonales.

Se procedería, más o menos de la siguiente manera: En la provincia de San José, con sus 20 cantones, considerando, en términos generales, el promedio de 84.271 habitantes por diputado, el cantón de San José, con 351.958 habitantes tendría derecho a elegir prácticamente cuatro diputados. Solo este cambio le quita la presión política, y la lucha interna más aguda, a los partidos políticos que quieran postular candidatos, que siempre se pelean los primeros puestos de cada provincia.

Le sigue el cantón de Desamparados que con su población de 249.367 podría postular tres diputados; el cantón de Pérez Zeledón con 143.282 habitantes podría elegir dos diputados; los cantones de Santa Ana, Puriscal, Acosta, Mora, Tarrazú, León Cortés, Dota y Turrubares podrían constituir una sola región con derecho a elegir dos diputados; el cantón de Tibás elegiría uno; el cantón de Goicoechea dos; los cantones de Curridabat y Alajuelita un diputado cada uno, los cantones de Moravia y el resto de los cantones prácticamente un diputado cada uno, cantones que se podrían agrupar en microrregiones si no se quisiera tener un diputado por cantón.

Para este proceso, se haría como en las elecciones cantonales, donde todos los partidos participantes pueden presentar candidatos en cada región interna de las provincias.

O, el caso de la provincia de Limón, con seis cantones con 470.383 habitantes que eligen a 5 diputados, pueden reagruparse los cantones así: Limón elige un diputado, los cantones de Pococí y Matina eligen dos diputados; Talamanca, Siquirres y Guácimo, eligen dos diputados.

En próximo artículo haré una radiografía más detallada y precisa sobre esta posible distribución. No lo pude hacer hoy porque encontré datos no precisos y contradictorios de distribución de la población, según los censos y otras instancias, lo que espero solucionar para la próxima semana.

De esta forma, con mayor precisión, por número de habitantes, se pueden fraccionar las provincias en microrregiones cantonales para que con ellas se elijan los diputados correspondientes de cada provincia, de manera más democrática y más representativa de la población y de los electores. Así no faltarán diputados, ni se robarán diputados otras provincias, ni habrá una población fantasma que no está igualmente representada, con diputados porque se elegirán con más precisión.

Volveré sobre este tema.

TSE explica decisiones en torno a la no inscripción de algunas candidaturas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Ihann Paniagua Porras

En un mensaje dirigido a la ciudadanía costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones ha emitido una respuesta a la confusión y desinformación que ha circulado respecto a las decisiones tomadas durante el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones municipales.

«Queremos aclarar que nuestra responsabilidad no se limita a dirigir el proceso electoral de acuerdo con la ley, sino también a explicar las razones detrás de nuestras decisiones», expresó el vocero del Tribunal.

Durante las últimas semanas, se ha presentado un número habitual de rechazos de candidaturas por parte de la parte administrativa del Tribunal, seguido de apelaciones por parte de los partidos políticos, un proceso inherente en todas las elecciones. «Es normal que existan decisiones unánimes y por mayoría en un órgano colegiado como el nuestro», señaló el comunicado.

El Tribunal desmintió rotundamente las afirmaciones que califican las decisiones como un «golpe de estado» o que sugieren que Costa Rica vive bajo una dictadura. Destacaron las diferencias cruciales entre una democracia y una dictadura, haciendo hincapié en que en una democracia son las reglas del proceso electoral y el electorado quienes definen «quién participa y quién resulta electo».

Además, se aclaró que, contrario a algunas afirmaciones, no solo dos partidos se han visto afectados en el proceso de revisión de candidaturas, sino que se han resuelto 82 apelaciones presentadas por múltiples partidos políticos, demostrando que se ha aplicado un proceso equitativo a todas las agrupaciones.

El Tribunal recordó que desde febrero de este año se dispuso la obligatoriedad de la paridad en todas las nóminas de elección popular, decisión que fue acatada y respetada. A pesar de las dificultades para cumplir con esta regla, se estableció la posibilidad de participar siempre y cuando se demostrara el esfuerzo por alcanzarla.

Enfatizaron en la transparencia de las reglas, su comunicación previa a todos los partidos y la aplicación igualitaria de las mismas. «Esto es nuestro deber para con la democracia y la verdad en Costa Rica», concluyó el comunicado del Tribunal.

Esta declaración busca aclarar las dudas y proporcionar transparencia sobre el proceso electoral, subrayando el compromiso del Tribunal Supremo de Elecciones con la imparcialidad y la integridad en el ejercicio democrático.

Les invitamos a ver el video con el comunicado del TSE:

¿Puede el TSE dar un golpe de Estado?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El golpe de Estado es al acto por el cual puede ser depuesto, destituido, por la fuerza el Presidente o el gobernante de un país, siendo sustituido en el ejercicio del gobierno por quien o quienes ejecutan el golpe de Estado.

La historia política en América Latina es en mucho la historia de golpes de Estado en casi todos los países. En el siglo XX y XXI costarricense se han dado dos golpes de Estado, de breve período. El de Federico Tinoco Granados contra el Presidente Alfredo González Flores, en 1917, que duró hasta 1919, resultado de una lucha popular que lo hizo caer. Y el de José Figueres Ferrer, el 1 de mayo de 1948, que impidió en ese momento, el ascenso de Otilio Ulate Blanco a la presidencia de la República, en cuyo nombre, y defensa de su presidencia, burlada en las elecciones, se había realizado la guerra civil.

En ambos casos se contó con fuerzas armadas en capacidad de ejecutar el golpe. En el caso de Figueres, que gobernó 18 meses, entregó voluntariamente el poder presidencial a Ulate, como lo había firmado el 1 de mayo de 1948, haciendo de su golpe de Estado un golpe muy particular, muy sui generis, que hizo fundar lo que llamó la Segunda República. Figueres mismo, luego de devolver el poder político, fundó un partido político, y por la vía electoral, en dos ocasiones, 1953 y 1970, volvió constitucionalmente a la Presidencia de la República, habiendo eliminado el ejército en 1948 como institución permanente del Estado costarricense.

Los golpes de Estado los han realizado los militares. También grupos empresariales o políticos, que cuentan con el apoyo de fuerzas militares, generalmente las del mismo Estado, sin las cuales es muy difícil ejecutar o realizar el golpe de Estado. De hecho, en el golpe de Estado las fuerzas militares del Estado, Ejército y cuerpos policiales, actúan directamente o se someten o pliegan a quienes realizan el golpe de Estado.

El golpe de Estado puede realizarse cuando uno de los Poderes públicos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones, en nuestro caso, realizan el acto de destitución del Presidente del Poder Ejecutivo, asumen el control del Gobierno y del Estado. En el caso del Poder Legislativo, cuando acudiendo a recursos constitucionales puede producir la destitución del Presidente, lo que se ha llamado golpe de Estado blando, como los que se realizaron en el 2008 contra el Presidente Zelaya, en Honduras, o el que se realizó contra el Presidente Lugo en Bolivia, por citar estos dos casos.

En Guatemala, frente al triunfo electoral del Bernardo Arévalo, que ganó recientemente las elecciones, que debe asumir la presidencia de Guatemala el próximo 14 de enero, se han confabulado diversos sectores empresariales y políticos, para impedir su ascenso presidencial. Por ahora solo se sostiene por la declaratoria oficial del Tribunal Electoral guatemalteco y por un enorme apoyo popular social, campesino, rural indígena y popular.

El golpe de Estado blando, es cuando se acude a procedimientos no tradicionales, no violentos de carácter militar, generalmente constitucionales, legales o judiciales, que cuenta con el apoyo del aparato militar o policial y de sectores políticos importantes, del empresariado y de la economía nacional.

Los golpes de Estado blandos generalmente se arropan de legalidad y constitucionalidad en su ejecución.

Los golpes de Estado, a manos de grupos militares, después de las dictaduras en América Latina del período 1970-1990 han quedado muy desprestigiados y desacreditados como mecanismos alternativos para el ejercicio de gobiernos, especialmente por la violación de Derechos Humanos. El desarrollo de la democracia y de la democracia electoral ha colocado a los militares en posiciones, hasta ahora, de respetar los mecanismos electorales, de los procesos electorales, para cambiar gobiernos.

Internacionalmente se han activado mecanismos para consolidar estos procesos democrático-electorales, rechazar los golpes de Estado, y no aceptar o reconocer los gobiernos surgidos por la fuerza de las armas o de los golpes de Estado.

Para el golpe de Estado se requiere un grupo políticamente organizado interesado en darlo, que exista una situación de conflicto interior, que haya una situación de descontento popular con el gobierno o con las estructuras políticas del gobierno, que haya un rechazo de sectores populares hacia los grupos que han ejercido o están en el gobierno, que haya una situación de desabastecimiento, de inseguridad ciudadana o altos índices de criminalidad, que haya una situación económica que se perciba difícil y que altere el movimiento cambiario del dólar; que haya altos índices de corrupción pública y que así se perciba, que se deteriore y debilite institucionalmente la libertad de prensa, como hace el actual gobierno.

Para la ejecución y preparación del golpe se necesita también un apoyo logístico propagandístico, que se tenga por eje a los medios de comunicación, como pilar esencial para ganar la conciencia de la gente, las personas y los ciudadanos, en el apoyo que se requiere para la justificación del golpe.

Con motivo de las próximas elecciones municipales, que no alteran en nada, al gobierno de la República, que no pone en juego su existencia, que no genera gobiernos populares activos y participativos, en los 84 cantones del país, ni genera grupos políticos regionales poderosos, ni grupos de presión de ningún tipo nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones, quien constitucionalmente tiene la responsabilidad de organizar, administrar, ejecutar y hacer la declaratoria de los resultados, ha puesto fuera de la participación electoral a dos partidos políticos, que se han identificado con el Presidente de la República, por incumplir los requisitos legales obligatorios de inscripción de partidos políticos. Esto ha dado motivo para que la principal vocera del Presidente, la diputada Pilar Cisneros, haya tratado de hacer un alboroto diciendo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dado un golpe de Estado técnico, sustentada su afirmación en el voto salvado, o disidente, de dos de cinco magistrados electorales, que sostenían la tesis de que las irregularidades cometidas en la inscripción de esos partidos podían haberse permitido, por circunstancias de imposibilidad real de haberse completado. El Tribunal Supremo de Elecciones, públicamente por la misma vía, ha confrontado a la diputada Cisneros Gallo, ha aclarado la situación y ha defendido la legalidad electoral que se ha aplicado y existe en el país.

La pregunta correcta es: ¿quién realmente tiene interés del golpe de Estado en Costa Rica? ¿Algún partido político? ¿Algún sector empresarial? ¿Alguno de los poderes del Estado?

Ningún partido político nacional, provincial y mucho menos los cantonales, que en su inmensa mayoría, todos ellos, solo se organizan y existen para las elecciones, tiene interés de asumir el gobierno por un golpe de Estado; ni ninguno en este momento tiene posibilidades reales de hacerlo, ni están en capacidad de asumir el gobierno por ese camino.

Los sectores empresariales que podrían tener interés del golpe de Estado podrían ser los que se están beneficiando con el diferencial cambiario, de la baja del dólar, para aumentar sus réditos; o los que se están perjudicando por la misma razón, que no están en el gobierno representados.

Otro grupo empresarial, asociado al gobierno, por la tolerancia que tiene hacia ellos, es el grupo de los empresarios de la droga, del narcotráfico, de la narco política, del lavado de dólares que se aprecia en todo el escenario geográfico nacional, por las inversiones en diversos proyectos empresariales, por la negativa de los bancos de informar al Banco Central del movimiento de esos capitales, por la imposibilidad política y legal del Banco Central, de ejercer esos controles, que también afectan la Hacienda pública; por la forma de exhibición de esas riquezas; por los que sabotean constantemente los controles aduaneros de escáneres; por los comprometidos de la seguridad y policía nacional con estos grupos y redes narco delincuentes, los que exportan prácticamente sin controles públicos las drogas decomisadas a los Estados Unidos desde aeropuertos nacionales; los que mantienen las bodegas de 500 toneladas de droga en el país por año, según información de las autoridades estadounidenses que han hecho del país la más importante bodega de droga del continente.

De los poderes públicos solo el Poder Ejecutivo puede tener interés de un golpe de Estado que le beneficie. Ni la Corte, ni el Tribunal Electoral, ni la Asamblea Legislativa tienen capacidad legal o constitucional para realizar un golpe de Estado.

El que está preparando las condiciones del golpe de Estado es el Poder Ejecutivo, el Presidente Rodrigo Chaves, con sus ataques constantes a la credibilidad y confianza de los restantes poderes públicos, con sus discursos contra todo lo que significa la clase política gobernante, como si él no fuera parte de ella, y el más importante representante actual de la misma.

Es Rodrigo Chaves el que mina la confianza de la información pública, y del control político, que sobre el ejercicio de gobierno se debe hacer desde los medios de comunicación y de los espacios de análisis políticos nacionales.

Es Rodrigo Chaves el que ha dicho públicamente que hay que dinamitar los puentes de las posibles alianzas y acuerdos políticos.

Sin esos acuerdos políticos nacionales y parlamentarios, solo con la fuerza se puede actuar. Para actuar con la fuerza no deben existir los poderes públicos libres, independientes, autónomos en su organización y administración, ni una prensa y medios de comunicación independientes.

Solo Rodrigo Chaves está interesado en ejercer el control absoluto de todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, para poder dictar e imponer sus políticas, de ejercicio de gobierno, con una masa de directores, que como maneja y exhibe a sus ministros, solo acaten lo que él disponga y se le ocurra de cómo debe dirigirse el Gobierno y el Estado nacional, sin respeto alguno al Estado de Derecho.

En su estrategia del posible golpe de Estado que desearía el Presidente dar está el de promover acciones, por ahora no violentas, como las que hacen ya algunos de sus partidarios dirigidos a la Sala Constitucional, al Poder Legislativo y al Tribunal Supremo de Elecciones, de crítica al Poder Judicial y al Ministerio Público y otras instituciones, acompañados del discurso presidencial, contra esos poderes y los medios de comunicación social y contra algunos periodistas en particular, contra los que el Presidente se ha ensañado.

Mantiene el Presidente su discurso contra la corrupción de gobiernos y políticos anteriores, ocultando los actos de corrupción que se mantienen y los que empiezan a florecer en este gobierno.

Su estrategia pasaba por la participación electoral con los partidos municipales que estaba impulsando, para valorar el alcance de su proyección por el control e influencia que ha desarrollado en medios de comunicación rurales.

Ha tratado el Presidente, sin éxito, por ahora, de impulsar su discurso de ingobernabilidad legislativa y constitucional, porque se ha evidenciado que la detención de proyectos de ley y otros actos ejecutivos es porque se viola Constitución o los trámites legales de aprobación de leyes, incluso de su propia gestión. También por ausencia de proyectos de ley propios que no le generan trabajo a los legisladores.

Si el Presidente decía que los presidentes anteriores acudían al expediente de la ingobernabilidad porque faltaban gobernantes y no había, presidentes; con Rodrigo Chaves se ha evidenciado más claramente, que no hay gobernante, que no hay presidente, que no hay hoja de ruta nacional, que no hay capitán, que no hay conductor nacional, que de continuar así podemos ir al despeñadero nacional.

Por eso, para el Presidente Chaves el mejor camino es el de la crisis política, el de preparar el ambiente para una situación de fuerza que él pudiera articular, y movilizar alrededor de ella, para ejercer “por la fuerza” el Poder Público en todas sus dimensiones y alcances; para generar un autogolpe de Estado. Sus métodos autoritarios de gobierno que está desarrollando y evidenciando son parte del proceso educativo que necesita exponer para el apoyo que busca en determinados grupos sociales de la población.

El discurso desgalillado de la diputada Cisneros Gallo contra el Tribunal Supremo de Elecciones, y contra el mismo proceso electoral, es tan solo una antesala de esta situación. Es el golpe de Estado del Poder Ejecutivo el que se trata de tapar y encubrir y no de anunciar un posible golpe de Estado del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto es lo que debemos enfrentar y denunciar.

Apoyar el proceso electoral municipal y la participación consciente electoral de la ciudadanía es la tarea política inmediata.

Costa Rica: Camino a elecciones municipales 2024

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El próximo jueves 24 de agosto a las 9:00 a.m. se realizará la presentación del Fichero Cantonal. La actividad tendrá lugar en el Salón Multiusos, 4to piso, entrada al costado norte del complejo institucional del Tribunal Supremo de Elecciones.

Para aquellas personas que no puedan asistir al sitio de reunión, la presentación será transmitida vía Facebook live y en el canal de Youtube del TSE. 

 

Imagen ilustrativa.

Curso virtual: Ciudadanía Digital Responsable

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Ya está disponible la nueva versión del curso virtual Ciudadanía Digital Responsable. Los participantes tendrán acceso a este curso por medio de la plataforma El Campus Virtual IFED del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Este es un curso autogestionado y completamente gratis, con modalidad virtual en el cual se le otorgará a los participantes que completen el curso un certificado por 10 horas. El curso consta de 5 módulos y los requisitos que se le solicitan a los participantes son los siguientes:

  • Tener un dispositivo electrónico con acceso y conexión estable a internet.
  • Poseer correo electrónico

Para inscribirse debe ingresar al siguiente link: http://ifedvirtual.tse.go.cr/ 

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Presentación del libro: La Iglesia de la Soledad

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La Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, le invitan a la presentación del libro ”La Iglesia de la Soledad” del Dr. Gustavo Soto Valverde. Esta es la décima sexta actividad del ciclo «Historia, cultura y democracia».

 La actividad se realizará el miércoles 30 de noviembre a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y también se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica  https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

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El chorreo de votos y la perversa lógica de Pilar Cisneros

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

Tiene razón la diputada electa Pilar Cisneros en no haberse equivocado al decir que EXPRESAMENTE no se refirió al Tribunal Supremo de Elecciones, cuando en el mitin que tuvo su Partido Progreso Social Democrático, siendo ella la principal oradora, como lo ha sido en todo el país, afirmó, entre otras cosas, que la segunda vuelta no estaba ganada, y enfatizó que “Tenemos al frente un enemigo poderoso, con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección”. También afirmó que “Lo que nos preocupa es no tener fiscales de mesa en todas las mesas y que se pueda producir un chorreo por parte del partido rival”. También afirmó que esa práctica del chorreo es usual en todos los partidos políticos que realizan convenciones políticas para escoger sus candidatos.

Se refería al Partido Liberación Nacional, a su candidato, y a “la estructura sólida y capaz de hacer el chorreo”, donde IMPLICITAMENTE sí comprometió al Tribunal Supremo de Elecciones, porque esa es la estructura “sólida y poderosa” que es la única que puede facilitar “el chorreo de votos”. Salvo que Pilar Cisneros Gallo hable, o cante más que un gallo, sin conocimiento preciso de lo que afirmó, o lo que es peor, en una diputada, que no ligue el cerebro con la lengua.

Sí COMPREMETIÓ al Tribunal Supremo de Elecciones porque es éste el que prepara la papelería electoral, la imprime y la custodia hasta que, con actas en mano, la distribuye, en las tulas oficiales, a los miembros de mesa autorizados de todos los partidos para su custodia final, hasta el día de las elecciones, donde en ese proceso, de nuevo mediante dos revisiones, de esos miembros, de todo lo que contienen las tulas, se comprueba que toda la papelería electoral enviada es correcta, y que no falta nada.

COMPROMETIO LA INDEPENDENCIA del Tribunal Supremo de Elecciones y la transparencia de cómo trabaja. Lo IMPLICO con su afirmación en una POSIBLE componenda con un partido político en este fraude del “chorreo de votos”.

SI ACUSÓ IMPLICITAMENTE al Tribunal Supremo de Elecciones DE FAVORECER EL FRAUDE, en lo que dijo para la segunda vuelta electoral. Quizá lo pensó, pero no se atrevió a decirlo en la primera ronda porque su partido no estaba destacando como finalmente lo hizo.

Si el Tribunal estaba implícitamente comprometido, como ella aseveró, con su afirmación, tenía que estarlo, en ese compromiso de fraude, en primer lugar con el Partido de Gobierno, el Partido Acción Ciudadana, que de acuerdo a su insinuación, sin casi sacar un voto, en la práctica lo dejaron sin papeletas y sin chorreo, en el supuesto también de que los magistrados electorales le respondieran a ese Partido, así como todo el personal del Registro Electoral y del mismo Tribunal, igualmente, le respondieran a ese Partido en el Gobierno, con lo cual el Tribunal, o desde su entraña, se prestó entonces a facilitar papeletas para los partidos que llegaron a la segunda vuelta, en este caso tanto a Liberación como el Progreso Social Democrático, porque habría que pensar que también salió favorecido de ese supuesto chorreo de votos, porque las encuestas no lo colocaban de finalista.

De otra manera costaría pensar, de acuerdo con la perversa lógica de la diputada peruano costarricense, que los dos partidos finalistas llegaran a la final, y en esta segunda vuelta, con esa misma lógica, le preocupa que “el chorreo de votos” posible que pueda hacerse, ¿de nuevo?, se haga a favor de Liberación Nacional como partido y de su candidato, y ya no de su partido.

No sé cuánto sabrá la diputada peruana costarricense de la Historia Nacional, pero la década que culminó en 1948 se terminó con una guerra civil, que tenía como una de las banderas la lucha por la pureza del sufragio. En el otro bando, el del gobierno aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica, los comunistas impulsaron la constitución del Tribunal Nacional Electoral y del Código Electoral, ambos de 1946, con al ánimo de frenar la corrupción electoral que entonces se acusaba contra los gobiernos de turno. Ambas instituciones permanecen, sobrevivieron a la Guerra Civil, a la Junta de Gobierno y a la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy son sólidas columnas de la Democracia Electoral Nacional.

El actual Tribunal Supremo de Elecciones lo estableció la Asamblea Constituyente, respetando la propuesta que hizo la Junta de Gobierno encabezada por José Figueres, y el código electoral de 1946, con sus reformas llegó hasta el 2009 cuando se aprobó el actual Código Electoral.

La Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de la Junta de Gobierno, le dio carácter de poder independiente, al Tribunal Supremo de elecciones, que así lo denominó la Junta de Gobierno, con exclusividad en su función electoral, único organizador, administrador y con capacidad declarativa, sin apelación alguna, de los resultados electorales, lo que ha sido pieza fundamental del desarrollo de la Democracia Costarricense, situación que seguramente en Perú donde la diputada electa inició su primera formación no se conocía, por su historia militar, de golpes de estado, poco democrática, comparada con la costarricense.

El chorreo de votos, como se conoce esta figura del fraude electoral, que usted trajo a cuento, generalmente se hacía en las elecciones oficiales de Costa Rica, antes de 1948, y se podría decir que en todas las elecciones anteriores a esa fecha había distintas formas de hacer fraudes.

En esa época anterior a 1948 el proceso electoral estaba totalmente controlado por el Poder Ejecutivo, y por el partido gobernante. Hasta 1924 el voto de los electores era público con lo cual se podía presionar de muchas maneras, por parte de empleadores, autoridades de gobierno, patronos en general, hacendados, a los electores votantes sabiendo cómo iban a votar. Hasta por la forma cómo se emitía el voto, que podía durar algunos días, era fácil alterar procesos electorales, o por la falta de cedulación, o por una lista abierta de electores donde estaban los fallecidos, por traslados de sitio electoral, por la forma como se leían los telegramas informativos del resultado, o por compra directa de votos etc.

Al controlar el sistema electoral el Poder Ejecutivo ejercía control en la práctica de todo el proceso, desde su organización hasta la elaboración del material electoral y su distribución, además del conteo de votos que prácticamente se hacía en la Casa de Gobierno. La declaración final de los resultados quedaba en manos del Congreso de conformidad al informe que enviaba el Tribunal Electoral de la época.

De esta manera cuando se empleaba el sistema del chorreo de votos se procedía así:

De las papeletas oficiales se sacaban algunas, que no eran impresas como lo hace actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones, tantas como se quisieran emplear en distintos lugares, cantones o provincias, para asegurar el triunfo que se deseaba.

Por sacadas las papeletas, lo que era fácil hacer al partido político que estaba en el Gobierno, porque controlaba al Tribunal Electoral, la emisión de toda la papelería electoral, o al Gobernante de turno que complacía en que esas papeletas se sacaran para ese fin, de chorrear votos, esas papeletas se marcaban en la casilla del candidato que se quería favorecer. Marcada la papeleta entonces se acudía a un votante para proponerle que metiera esa papeleta marcada y trajera la que le daban en el recinto electoral, que era otra papeleta oficial. Así se iniciaba la cadena de votos que se provocaba con ese “chorreo”.

El chorreo se hacía con papeletas oficiales, reales, verdaderas, no con copias o falsas papeletas. Ese proceso podía implicar un acto consciente de quien lo hacía porque lo hacía a favor de un partido y un candidato o bien inducido mediante soborno, pago o compra del voto.

Técnicamente desde la organización de las elecciones nacionales, a partir de las elecciones de diputados de 1949 y las nacionales a partir de 1953 esa forma de fraude desapareció.

Los procesos electorales fueron perfeccionándose en su organización, administración, en la educación popular, en la formación ciudadana, y la cultura cívica que desde entonces se ha desarrollado alrededor del sufragio nacional, como proceso electoral y como ejercicio masivo del derecho político a elegir las autoridades supremas de los Gobiernos del país, el nacional, los diputados y los gobiernos locales. Que recuerde nunca ha habido desde la existencia del actual Tribunal Supremo de Elecciones ningún cuestionamiento a su manejo de las elecciones, hasta ahora que la diputada peruana costarricense lo ha hecho.

El Tribunal Supremo de Elecciones fue el cuestionado por la diputada electa. Con ello, con sus aseveraciones, se afectó la imagen pública, y posiblemente internacional del país, de la democracia nacional y del sistema democrático electoral del país. ¿Cabrá acusación penal contra la diputada electa antes de su juramentación, por el daño causado al país, a la imagen de la democracia costarricense?

Leve visión de la primera ronda

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Sin lugar a dudas la democracia electoral y política nacional se fortaleció el pasado domingo con la culminación de las elecciones, con la participación de 25 partidos nacionales y 36 partidos provinciales, con un mínimo de 26, por provincia hasta un máximo de 29. Opciones había. Lo que no hay, en esto se sigue debiendo, es un sistema de financiamiento que permita contribuir a cubrir los gastos de todos los partidos políticos, y no solo de aquellos que terminan sacando un 4% de votación o elijen un diputado. Ni siquiera los partidos pequeños, y de izquierda, que en el pasado fueron víctimas de este injusto sistema han propuesto proyectos, cuando han tenido o tienen diputados, para tratar de enmendar esta injusticia electoral. En ello quizá pesa el que por elegir diputados no se preocupan de los que no eligen o sacan el porcentaje, porque esa situación permite y posibilita eliminarlos como partidos contrincantes o que les disputan electores, hacia el futuro.

De los 25 partidos nacionales era claro, y así lo había manifestado en distintas intervenciones que hice, que solo un grupo pequeño iba a despuntar, porque así lo iban a definir los primeros encuentros que se hicieran de candidatos, especialmente escogidos por el sector privado, como ocurrió con el primero organizado que preparó la UCCAEP, al que no asistió el candidato del partido Acción Ciudadana, lo que era un grave error, porque dejaron de invitarlo. Es claro también que los encuentros de candidatos organizados por organizaciones privadas, entre ellos los medios de comunicación, que podían invitar solo a quienes ellos quisieran, aun cuando justificaban su escogencia por el puesto delantero, que llevaban en las encuestas. En este sentido escogieron ocho candidatos que a veces los zarandeaban dejándolos a seis o siete. Y esa escogencia a la vez contribuía a influir en las opiniones de los ciudadanos que terminaban reflejándose en las encuestas, como si fuera un círculo perverso, cerrado, obsceno y, así se fue el desarrollo de la campaña.

Ciertamente algunos medios de comunicación, especialmente radiales, entrevistaron a los 25 candidatos, casi nada más para dejar registro de que a todos los dieron al menos un espacio. Con los candidatos diputados a diputados fue semejante con mayor desventaja, porque no era posible tomar en cuenta, por lo menos, a todos los primeros lugares de cada una de las provincias cuando el mínimo de partidos en una provincia resultó de 26 partidos y el máximo de 29.

Ridículo hizo el Tribunal Supremo de Elecciones de organizar un único debate, en tres turnos, como si eso fuera suficiente, con los 25 candidatos, a la ocho de la noche. El Tribunal pudo haber mantenido debates continuos para haberle dado mayor oportunidad a todos los partidos, especialmente a los que la gran prensa y medios de comunicación no tomaban en cuenta y por lo que no aparecían ni despuntaban en las encuestas. Canal 13 y Radio Nacional debieron haber cumplido un papel más decoroso, digno y decente en este sentido. La franja publicitaria de todos los partidos no se hizo sentir. En esto el Tribunal, Canal 13 y Radio Nacional, siempre en estos procesos electorales en este aspecto quedan debiendo. Así como el Tribunal dirige la Fuerza Pública, y queda bajo su control durante el período electoral, así todo el Sistema Nacional de Radio y Televisión debería estar al servicio del Tribunal para estimular la divulgación de los programas, planes de gobierno y la presentación de los candidatos a la Presidencia y por lo menos los primeros lugares de las candidaturas a diputados.

Los llamados debates de candidatos no tienen ese carácter. Tan solo son una presentación en una pasarela televisiva para que expongan ligeros conceptos sobre algunos aspectos que les preguntan, sin posibilidad de debatir, discutir sobre esos temas, apenas para delinearlos o para medio exhibir a algún candidato en que no conoce nada o muy poco de lo que se le pregunta.

En esta segunda ronda a los únicos dos candidatos deberían enfrentarlos sobre temas concretos, y sobre cómo piensan llevar a cabo lo que se les pregunta sobre sus programas, diciéndoles sobre qué les van a preguntar y dándoles más tiempo para explicar sus lineamientos generales.

Que hubiera 25 candidatos presidenciales no me asustaba. En campañas anteriores había hasta 14 partidos. El número de 25 partidos iba a resolverse como sucedió en esta campaña. Los electores escogieron y se decidieron por un grupo de seis partidos que superaron el 8% de votos. El resto, los otros 19 partidos, ninguno llegó al 1% de votos y en su totalidad alcanzaron los 150.000 votantes, que si hubieran actuado en coalición hubieran peleado la elección de 5 diputados.

El resultado de 6 partidos con seis o más diputados fue posible por el alto nivel de abstencionismo que se produjo, lo que los benefició porque el subcociente se redujo notablemente. Si el abstencionismo se hubiera mantenido en el 30% los partidos que sacaron 6 y 7 diputados hubieran reducido a sus diputados a 3 o 4.

A nivel de partidos políticos provinciales en 1990 y 1994 participaron 15, solo 5 eligieron diputados, en 1998 participaron 23 y eligieron 7, en el 2002 participaron 18 y solo 5 eligieron, en el 2006 participaron 27 y solo 8 eligieron, en el 2010 participaron 18 y solo 8 eligieron, en el 2014 participaron 20 y solo 9 eligieron, en el 2018 participaron 25 partidos y solo 7 eligieron. Para estas elecciones del 2022 se inscribieron 36 partidos a nivel provincial pero solo 6 partidos lograron elegir diputados.

A nivel presidencial desde 1990 en dos ocasiones participaron 7 partidos, en tres elecciones lo hicieron 13 partidos, en una fueron 9 partidos, en otra 14 partidos y ahora 25 partidos.

Viendo los anteriores datos, al menos yo estaba claro, que la cantidad de partidos a nivel presidencial o de diputados n o iba a alterar sustantivamente el resultado electoral de diputaciones. Lo que podía alterarse era el de los finalistas presidenciales, como sucedió.

Hay que estudiar, lo haré para próximos artículos, el alto abstencionismo de esta elección, especialmente su distribución geográfica. Por ahora sigo creyendo que los abstencionistas parten de la idea de que no tienen nada que perder con cualquier candidato o partido que gane las elecciones presidenciales. De alguna manera pueden considerar que el que llegue a Zapote les puede mejorar sus condiciones socio económicas o materiales de vida. Pueden ser las condiciones extremas de pobreza los que los lanza objetivamente al abstencionismo y la poca proyección territorial efectiva que tienen los partidos políticos, exceptuando los partidos religiosos cristianos que tienen mayor presencia por sus “templos”, “garajes”, “locales” o iglesias cristianas no católicas, de allí la mayor presencia de Nueva República en las provincias costeras y pobres.

La propaganda electoral, especialmente en vallas, para mí fue deficiente y pésima, en general, para todos los partidos que pudieron poner vallas. El que mejor las conceptuó fue Fabricio Alvarado. Los grandes temas sociales asociados a la pobreza, la extrema pobreza, el desempleo, la necesidad de recuperación de empleos, salarios e ingresos, costo de la vida no se tocaron ni llamaron la atención, excepto en el último de los encuentros programados, el de Canal 7, que empezó con una pregunta en este sentido. Lo mismo que el tema de educación. En general la campaña en esta temática giró alrededor de los grandes temas, a modo de consignas, de carácter económico, poco asimilables para el elector común, el del pueblo.

La segunda ronda, la del primer domingo de abril, será interesante en su desenvolvimiento. Allí puede ser que se planteen dos modelos de desarrollo económico, social y político futuro. Va a depender de la conceptualización política de la campaña electoral que sigue, no de la campaña publicitaria para tratar de vender un producto comercial electoral, con la forma de un candidato. Si se mantienen con la propuesta de un solo modelo y dos variantes no va a suceder un cambio significativo, pero podría ganar el que presente la tesis más populista, más antisistema y que se perciba como la tesis del cambio, aunque no cambie nada… el gatopardismo.

Camino a las Elecciones 2022 – Comunicado de la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por mí (la sabiduría) reinan los reyes,
y los gobernantes decretan justicia.
Proverbios. 8:15VBA

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), inquieta por estar en camino las elecciones generales en Costa Rica, el próximo domingo 6 de febrero 2022, desea compartir algunas inquietudes y preocupaciones, en torno a la contienda electoral.

  1. Aunque para algunos/as es sinónimo de robustecimiento de la democracia, nos preocupa el altísimo número de candidatos/as a la presidencia, con un programa de gobierno, muy bajo, en términos de no abordar los temas de las grandes mayorías empobrecidas. De acuerdo con la experiencia mundial e histórica y con la teoría política, el mayor enemigo de la democracia es la proliferación de partidos sin ideología, ni organización ni cuerpo.
  2. Lo anterior, podría revelar un hastío de la población ante las promesas incumplidas por parte de los anteriores candidatos/as y presidentes/as, y un posible deseo de gobernar, solo por ansias personales. O una estrategia de las clases dominantes para que haya cada vez más abstinencia y mantenerse en el poder, mediante la irresponsabilidad en la gobernanza, la indiferencia a las necesidades del pueblo y la corrupción e impunidad para seguir aumentando su riqueza.
  3. La Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, analizó algunos ejes temáticos basado en la información que los partidos políticos presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones y en el 90% de los mismos, deja mucho que desear las propuestas presentadas en cuanto a Ambiente, Género, Economía, Empleo y Comercio, Educación Superior y Desarrollo en las Zonas Costeras. Nos inquieta que, en ninguna de estos aspectos fundamentales para el país y para la política internacional, el sujeto a destacar es el de las clases media y alta y está totalmente ausente el sujeto empobrecido, o sea el de la clase baja.
  4. Otro aspecto muy preocupante es la total ausencia al acceso directo de las propuestas para el pueblo. Es imposible para una persona, por sus condiciones materiales, acceder a la página del Tribunal Supremo de Elecciones y leer sin ninguna mediación pedagógica la propuesta de 149 partidos inscritos (32 a escala nacional, 26 a escala provincial y 91 a escala cantonal). No es suficiente lo que los periodistas hagan.
  5. Hay necesidades que deben ser atendidas con carácter urgente por quienes pretender llegar a gobernar. Por ejemplo, asegurar trabajo para todas las personas, en especial para quienes están en este momento desempleadas que son el 15% de la población, es decir, cerca de 400 mil personas, es de la única manera que pueden bajar los niveles de criminalidad, de asaltos y consumo de adicciones, el hacinamiento carcelario; la impunidad de quienes invaden los territorios indígenas y el asesinato de sus líderes; cuidado real de los recursos naturales y mercado seguro para los productores nacionales, en especial los agropecuarios y agrícolas; opciones claras para la erradicación de la pobreza; erradicación de las distintas formas de discriminación y de todas las violencias de género, entre muchos otras necesidades más.
  6. Creemos que la sociedad costarricense, merece un trato más inteligente y justo de parte de los candidatos/as, ya que, al parecer, por un lado, solo se trata de ganar la presidencia para fines personales, y segundo, se subestima los aportes de los sectores populares.

Ha quitado a los poderosos de {sus} tronos;
y ha exaltado a los humildes. Lucas. 1:52VBA

La tregua electoral que se avecina no limita la libertad de expresión y opinión de los candidatos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

En una semana prácticamente estaremos entrando, en el período electoral de la llamada Tregua Navideña, o del receso propagandístico, período que se prolonga hasta el domingo 2 de enero, en el cual ninguno de los partidos políticos puede pautar propaganda política electoral, de ningún tipo, en ningún medio de los autorizados ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Esto ha sido así desde hace varios procesos electorales. La finalidad es que no se usen los días de Navidad, especialmente, en este sentido, y darle a los ciudadanos y las familias un descanso propagandístico ante el inminente proceso electoral. Es igual a la tregua y prohibición propagandística que se realiza en los últimos tres días antes de la elección del primer domingo de febrero. Este descanso propagandístico es con la finalidad de que en esos tres días se permita a los electores, y sus familias, tomar la decisión de su elección de candidato y partido, de la manera más sosegada, serena, tranquila posible, una decisión íntima, sin presiones externas de propaganda, una decisión de conciencia, como debe expresarse ese primer domingo de febrero, pensando y razonando cuál es la mejor opción de candidato presidencial y cuál es la mejor opción de candidatos a a diputados en cada provincia. Incluso en esos tres días antes de la elección es prohibido dar o publicar datos de encuestas.

Durante estos períodos en que se paraliza la propaganda electoral, que es prohibida, no se impide que a los candidatos a la Presidencia, como a las diputaciones, se les pueda invitar a programas de radio, de televisión y de espacios en prensa para hablar con ellos, para discutir con ellos, para analizar sus propuestas, porque la emisión de pensamiento no se puede limitar, ni restringir.

El derecho de pensar, de opinar, de hablar, la libertad de pensamiento, de acuerdo a la Constitución Política, se ejerce las 24 horas, todos los días del año. Esta libertad no se puede restringir ni siquiera en estos períodos electorales. Este es un Derecho que viene desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa, pronunciada el 26 de agosto de 1789, junto con su homóloga, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, del 5 de setiembre de 1791, menos conocida ésta que la de 1789.

De la Declaración de 1789 transcribo los siguientes artículos:

Art. 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.

Art. 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Art. 3.- La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.

Art. 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley.

Art. 5.- La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.

Art. 10.- Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.

Art. 11.- Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Art. 15.- La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.

Art. 16.- Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se publicó en entregas en un periódico de Costa Rica, “El Mentor costarricense”, a partir de julio de 1843. Probablemente por ello en la Constitución de 1844 se consagró el derecho a “la resistencia a la opresión”, que no se mantuvo en el ordenamiento constitucional posterior. Un 26 de agosto de 1940, en recuerdo de aquella fecha de 1789, fue creada la Universidad de Costa Rica por el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.

En la vida institucional de Costa Rica desde antes de que llegara la Imprenta, en 1830, desde los gobiernos del Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, 1824-1833, se estimuló la prensa, primero mural, y luego escrita, enfatizando en la libertad de opinar y de emitir y publicar opiniones y pensamientos. Esto a partir de estos gobiernos se mantuvo como una bandera del desarrollo institucional del país, combatiendo también la censura previa de cualquier publicación.

Desde su creación la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 1989, reiteradamente ha fallado en esta misma dirección, de que no se puede restringir la emisión de pensamiento ni restringir la opinión de los ciudadanos.

Hasta ahora, en la materia electoral, de la campaña que ya inició hace un mes, no se ha visto casi nada de propaganda impresa en medios de comunicación, por parte de los partidos políticos. Algunas vallas publicitarias han aparecido en las principales carreteras del país destacando las figuras presidenciales, al menos dos, las de Fabricio Alvarado y Eli Feinzag, y en algunos cantones he podido ver vallas de José María Figueres impulsando candidaturas de diputados, junto a su figura. En televisión casi no se sienten, lo mismo que en la radio los candidatos ni sus partidos.

No es lo mismo en redes sociales, donde los grupos pros y contras se mueven ardientemente a favor de los suyos y contra los otros. Aquí sí intervienen las fuerzas ocultas, algunas desarrolladas por los partidos políticos, a modo de troles, de “terroristas” y “francotiradores”, para estar denigrando candidaturas. Al menos en lo que he podido ver hasta ahora se concentran en el ataque a candidatos, no tanto a los partidos.

En este nivel, el electrónico y de redes digitales, que no se mueven directamente bajo la responsabilidad de partidos políticos. Probablemente, en los días de “descanso de diciembre”, como los de los días previos al domingo 6 de febrero, estas redes y sus comunicados no van a descansar, porque sobre ellos no puede intervenir el Tribunal Supremo de Elecciones, por no ser ellos parte participante, como partidos políticos, en el proceso electoral, y por el anonimato con que generalmente actúan, por lo que pueden mantener su divulgación de opiniones.

Las entrevistas a los candidatos es lo que puede programarse, sin atiborrar, para no chocar con la sensibilidad de las fechas navideñas. Para los días del 24, 25 de diciembre, y del 31 y 1 de enero, con esos motivos de Navidad y Año Nuevo, sí se permite un saludo, en todos los medios de comunicación, con ese contenido, a los partidos políticos y a sus candidatos.

Que la campaña electoral hasta hoy esté aparentemente tranquila, no significa que en la laguna de las elecciones, de superficie sin una sola ola, por debajo no se muevan corrientes de agua fuertemente, que haya remolinos que halen a unos y otros, que los revienten contra las orillas, que los hundan y los saquen de la profundidad. La tregua electoral en este sentido no funciona.

Este período para los partidos políticos es como una situación donde los movimientos peristálticos, en este caso políticos, cumplen su función, contracciones y relajaciones, primarias, secundarias o terciarias, de los músculos partidarios, de sus entrañas organizativas. Siguen funcionando por sí, digiriendo “la política”, pasándola por “el tubo digestivo” de los aparatos partidarios, y “vaciándola”, en sus heces políticas, de distintas formas por los aparatos de “evacuación” intestinal de los partidos, que operan de esta forma. Los medios de comunicación electrónica, las páginas y las redes encargadas de estas formas de comunicación nos mantendrán incómodos, hasta donde puedan, tratando de trastornarnos. Todo esto se producirá si hay más señales nerviosas al tronco cerebral de los partidos, y de sus grupos organizados en estas redes, para coordinar e impulsar esos movimientos peristálticos políticos, que es lo se nos viene encima.

En enero no va a suceder así. Veinticinco partidos políticos nacionales, y un promedio de 27, por cada provincia, van a provocar una avalancha de propaganda, quizá como no hemos visto en anteriores elecciones.

Es natural que así vaya a ser. Por eso también no ha habido por ahora gastos importantes en propaganda. En enero los habrá porque será necesaria, por el volumen de propaganda, atontar a los electores, y apagar y aplastar a los opositores, sobre todo porque es necesario para todos los partidos políticos, hacerse sentir, pero especialmente para los que vayan punteando como principales, en las encuestas particularmente, porque el juego principal, para los principales partidos, es ganar en la primera ronda.

El riesgo de una segunda ronda es fatal para cualquier finalista, por el acomodamiento de fuerzas que tiene que hacerse, de suma de las otras fuerzas que electoralmente perdieron, alrededor de esos dos finalistas, y de los mismos electores, que de pronto tendrán que taparse la nariz para votar en la segunda ronda por quien no quisieran votar, sabiendo que es una mejor alternativa. Nadie votará por echar a perder el país una vez más.

Todos tratarán de sacar la mejor alternativa posible, aunque no sea la más agradable, a favor del país, la democracia nacional y el futuro de Costa Rica.

Así estoy viendo este final de año electoral, donde las elecciones todavía no se sienten, o no han calentado. Los misiles y bombas de baja y alta intensidad explotarán en enero.

Espero que estos días y aires de navidad y de fiestas de año nuevo, que ya se metieron en la propaganda comercial, nos ayuden a pensar serenamente el futuro de la Patria que se está jugando. Este podría ser nuestro mejor regalo.