Ir al contenido principal

Etiqueta: Tribunal Supremo de Elecciones

Camino a las Elecciones 2022 – Comunicado de la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

Por mí (la sabiduría) reinan los reyes,
y los gobernantes decretan justicia
.
Proverbios. 8:15VBA

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), inquieta por estar en camino las elecciones generales en Costa Rica, el próximo domingo 6 de febrero 2022, desea compartir algunas inquietudes y preocupaciones, en torno a la contienda electoral.

  1. Aunque para algunos/as es sinónimo de robustecimiento de la democracia, nos preocupa el altísimo número de candidatos/as a la presidencia, con un programa de gobierno, muy bajo, en términos de no abordar los temas de las grandes mayorías empobrecidas. De acuerdo con la experiencia mundial e histórica y con la teoría política, el mayor enemigo de la democracia es la proliferación de partidos sin ideología, ni organización ni cuerpo.
  2. Lo anterior, podría revelar un hastío de la población ante las promesas incumplidas por parte de los anteriores candidatos/as y presidentes/as, y un posible deseo de gobernar, solo por ansias personales. O una estrategia de las clases dominantes para que haya cada vez más abstinencia y mantenerse en el poder, mediante la irresponsabilidad en la gobernanza, la indiferencia a las necesidades del pueblo y la corrupción e impunidad para seguir aumentando su riqueza.
  3. La Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, analizó algunos ejes temáticos basado en la información que los partidos políticos presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones y en el 90% de los mismos, deja mucho que desear las propuestas presentadas en cuanto a Ambiente, Género, Economía, Empleo y Comercio, Educación Superior y Desarrollo en las Zonas Costeras. Nos inquieta que, en ninguna de estos aspectos fundamentales para el país y para la política internacional, el sujeto a destacar es el de las clases media y alta y está totalmente ausente el sujeto empobrecido, o sea el de la clase baja.
  4. Otro aspecto muy preocupante es la total ausencia al acceso directo de las propuestas para el pueblo. Es imposible para una persona, por sus condiciones materiales, acceder a la página del Tribunal Supremo de Elecciones y leer sin ninguna mediación pedagógica la propuesta de 149 partidos inscritos (32 a escala nacional, 26 a escala provincial y 91 a escala cantonal). No es suficiente lo que los periodistas hagan.
  5. Hay necesidades que deben ser atendidas con carácter urgente por quienes pretender llegar a gobernar. Por ejemplo, asegurar trabajo para todas las personas, en especial para quienes están en este momento desempleadas que son el 15% de la población, es decir, cerca de 400 mil personas, es de la única manera que pueden bajar los niveles de criminalidad, de asaltos y consumo de adicciones, el hacinamiento carcelario; la impunidad de quienes invaden los territorios indígenas y el asesinato de sus líderes; cuidado real de los recursos naturales y mercado seguro para los productores nacionales, en especial los agropecuarios y agrícolas; opciones claras para la erradicación de la pobreza; erradicación de las distintas formas de discriminación y de todas las violencias de género, entre muchos otras necesidades más.
  6. Creemos que la sociedad costarricense, merece un trato más inteligente y justo de parte de los candidatos/as, ya que, al parecer, por un lado, solo se trata de ganar la presidencia para fines personales, y segundo, se subestima los aportes de los sectores populares.

Ha quitado a los poderosos de {sus} tronos;
y ha exaltado a los humildes
. Lucas. 1:52VBA

La tregua electoral que se avecina no limita la libertad de expresión y opinión de los candidatos

Vladimir de la Cruz

En una semana prácticamente estaremos entrando, en el período electoral de la llamada Tregua Navideña, o del receso propagandístico, período que se prolonga hasta el domingo 2 de enero, en el cual ninguno de los partidos políticos puede pautar propaganda política electoral, de ningún tipo, en ningún medio de los autorizados ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Esto ha sido así desde hace varios procesos electorales. La finalidad es que no se usen los días de Navidad, especialmente, en este sentido, y darle a los ciudadanos y las familias un descanso propagandístico ante el inminente proceso electoral. Es igual a la tregua y prohibición propagandística que se realiza en los últimos tres días antes de la elección del primer domingo de febrero. Este descanso propagandístico es con la finalidad de que en esos tres días se permita a los electores, y sus familias, tomar la decisión de su elección de candidato y partido, de la manera más sosegada, serena, tranquila posible, una decisión íntima, sin presiones externas de propaganda, una decisión de conciencia, como debe expresarse ese primer domingo de febrero, pensando y razonando cuál es la mejor opción de candidato presidencial y cuál es la mejor opción de candidatos a a diputados en cada provincia. Incluso en esos tres días antes de la elección es prohibido dar o publicar datos de encuestas.

Durante estos períodos en que se paraliza la propaganda electoral, que es prohibida, no se impide que a los candidatos a la Presidencia, como a las diputaciones, se les pueda invitar a programas de radio, de televisión y de espacios en prensa para hablar con ellos, para discutir con ellos, para analizar sus propuestas, porque la emisión de pensamiento no se puede limitar, ni restringir.

El derecho de pensar, de opinar, de hablar, la libertad de pensamiento, de acuerdo a la Constitución Política, se ejerce las 24 horas, todos los días del año. Esta libertad no se puede restringir ni siquiera en estos períodos electorales. Este es un Derecho que viene desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa, pronunciada el 26 de agosto de 1789, junto con su homóloga, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, del 5 de setiembre de 1791, menos conocida ésta que la de 1789.

De la Declaración de 1789 transcribo los siguientes artículos:

Art. 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.

Art. 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Art. 3.- La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.

Art. 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley.

Art. 5.- La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.

Art. 10.- Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.

Art. 11.- Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Art. 15.- La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.

Art. 16.- Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se publicó en entregas en un periódico de Costa Rica, “El Mentor costarricense”, a partir de julio de 1843. Probablemente por ello en la Constitución de 1844 se consagró el derecho a “la resistencia a la opresión”, que no se mantuvo en el ordenamiento constitucional posterior. Un 26 de agosto de 1940, en recuerdo de aquella fecha de 1789, fue creada la Universidad de Costa Rica por el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.

En la vida institucional de Costa Rica desde antes de que llegara la Imprenta, en 1830, desde los gobiernos del Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, 1824-1833, se estimuló la prensa, primero mural, y luego escrita, enfatizando en la libertad de opinar y de emitir y publicar opiniones y pensamientos. Esto a partir de estos gobiernos se mantuvo como una bandera del desarrollo institucional del país, combatiendo también la censura previa de cualquier publicación.

Desde su creación la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 1989, reiteradamente ha fallado en esta misma dirección, de que no se puede restringir la emisión de pensamiento ni restringir la opinión de los ciudadanos.

Hasta ahora, en la materia electoral, de la campaña que ya inició hace un mes, no se ha visto casi nada de propaganda impresa en medios de comunicación, por parte de los partidos políticos. Algunas vallas publicitarias han aparecido en las principales carreteras del país destacando las figuras presidenciales, al menos dos, las de Fabricio Alvarado y Eli Feinzag, y en algunos cantones he podido ver vallas de José María Figueres impulsando candidaturas de diputados, junto a su figura. En televisión casi no se sienten, lo mismo que en la radio los candidatos ni sus partidos.

No es lo mismo en redes sociales, donde los grupos pros y contras se mueven ardientemente a favor de los suyos y contra los otros. Aquí sí intervienen las fuerzas ocultas, algunas desarrolladas por los partidos políticos, a modo de troles, de “terroristas” y “francotiradores”, para estar denigrando candidaturas. Al menos en lo que he podido ver hasta ahora se concentran en el ataque a candidatos, no tanto a los partidos.

En este nivel, el electrónico y de redes digitales, que no se mueven directamente bajo la responsabilidad de partidos políticos. Probablemente, en los días de “descanso de diciembre”, como los de los días previos al domingo 6 de febrero, estas redes y sus comunicados no van a descansar, porque sobre ellos no puede intervenir el Tribunal Supremo de Elecciones, por no ser ellos parte participante, como partidos políticos, en el proceso electoral, y por el anonimato con que generalmente actúan, por lo que pueden mantener su divulgación de opiniones.

Las entrevistas a los candidatos es lo que puede programarse, sin atiborrar, para no chocar con la sensibilidad de las fechas navideñas. Para los días del 24, 25 de diciembre, y del 31 y 1 de enero, con esos motivos de Navidad y Año Nuevo, sí se permite un saludo, en todos los medios de comunicación, con ese contenido, a los partidos políticos y a sus candidatos.

Que la campaña electoral hasta hoy esté aparentemente tranquila, no significa que en la laguna de las elecciones, de superficie sin una sola ola, por debajo no se muevan corrientes de agua fuertemente, que haya remolinos que halen a unos y otros, que los revienten contra las orillas, que los hundan y los saquen de la profundidad. La tregua electoral en este sentido no funciona.

Este período para los partidos políticos es como una situación donde los movimientos peristálticos, en este caso políticos, cumplen su función, contracciones y relajaciones, primarias, secundarias o terciarias, de los músculos partidarios, de sus entrañas organizativas. Siguen funcionando por sí, digiriendo “la política”, pasándola por “el tubo digestivo” de los aparatos partidarios, y “vaciándola”, en sus heces políticas, de distintas formas por los aparatos de “evacuación” intestinal de los partidos, que operan de esta forma. Los medios de comunicación electrónica, las páginas y las redes encargadas de estas formas de comunicación nos mantendrán incómodos, hasta donde puedan, tratando de trastornarnos. Todo esto se producirá si hay más señales nerviosas al tronco cerebral de los partidos, y de sus grupos organizados en estas redes, para coordinar e impulsar esos movimientos peristálticos políticos, que es lo se nos viene encima.

En enero no va a suceder así. Veinticinco partidos políticos nacionales, y un promedio de 27, por cada provincia, van a provocar una avalancha de propaganda, quizá como no hemos visto en anteriores elecciones.

Es natural que así vaya a ser. Por eso también no ha habido por ahora gastos importantes en propaganda. En enero los habrá porque será necesaria, por el volumen de propaganda, atontar a los electores, y apagar y aplastar a los opositores, sobre todo porque es necesario para todos los partidos políticos, hacerse sentir, pero especialmente para los que vayan punteando como principales, en las encuestas particularmente, porque el juego principal, para los principales partidos, es ganar en la primera ronda.

El riesgo de una segunda ronda es fatal para cualquier finalista, por el acomodamiento de fuerzas que tiene que hacerse, de suma de las otras fuerzas que electoralmente perdieron, alrededor de esos dos finalistas, y de los mismos electores, que de pronto tendrán que taparse la nariz para votar en la segunda ronda por quien no quisieran votar, sabiendo que es una mejor alternativa. Nadie votará por echar a perder el país una vez más.

Todos tratarán de sacar la mejor alternativa posible, aunque no sea la más agradable, a favor del país, la democracia nacional y el futuro de Costa Rica.

Así estoy viendo este final de año electoral, donde las elecciones todavía no se sienten, o no han calentado. Los misiles y bombas de baja y alta intensidad explotarán en enero.

Espero que estos días y aires de navidad y de fiestas de año nuevo, que ya se metieron en la propaganda comercial, nos ayuden a pensar serenamente el futuro de la Patria que se está jugando. Este podría ser nuestro mejor regalo.

Partido Renovemos Alajuela se manifiesta ante “Caso Diamante”

A todos los alajuelenses y al país.

El partido Renovemos Alajuela manifiesta:

  1. Lamentamos profundamente la situación que se ha presentado con la investigación denominada «Caso diamante».
  2. Que deben seguir las autoridades investigando todo este asunto y llegar a las últimas consecuencias con relación a los responsables.
  3. Que en virtud de que la Municipalidad de Alajuela se ha visto involucrada en esta vergonzosa investigación y que ha habido actores importantes en ella exigimos:
    • Que dadas las evidencias que se han divulgado en la prensa nacional que el señor Humberto Soto Herrera proceda a poner su renuncia al cargo de alcalde de Alajuela.
    • Que en caso de que no renuncie, proceda el Concejo Municipal a aprobar una moción para que el cantón de Alajuela realice un plebiscito y se proceda a revocar su nombramiento.
    • Que las autoridades del OIJ y el Ministerio Público continúen con las investigaciones y procedan a detener a todos aquellos que hayan participado en actos de corrupción por más pequeños que sean. 4. Además, solicitamos a aquellos que queden supliendo a los alcaldes detenidos e involucrados que colaboren con las autoridades para resolver todos estos actos de corrupción.
  4. Que dadas las manifestaciones emitidas en las conversaciones transcritas en la prensa nacional, que el Tribunal Supremo de Elecciones ordene una investigación del crimen organizado en las elecciones internas del PLN y se sancione, en caso de comprobarse esa relación PLN crimen organizado.
  5. Consideramos necesario que la investigación abarque espacios de tiempo más allá de lo que hoy vivimos y que no hayan prescrito las acciones que se puedan desarrollar en contra de quienes hayan cometido acciones delictivas.

Comité Ejecutivo

Partido Renovemos Alajuela

¡Ahora sí! …los números están echados y los números hablan…

Vladimir de la Cruz

El pasado 3 de noviembre el Tribunal Supremo de Elecciones cerró el proceso de inscripciones, de partidos políticos, al sortear los puestos en las papeletas de presidente y de diputados por provincias.

Un total de 60 puestos a elegir, un Presidente y dos Vicepresidentes y 57 diputados es lo que resultará de esta elección.

A nivel presidencial, partidos de carácter nacional, participarán 27, de ellos 26 con candidato presidencial. Uno de ellos, Fuerza Democrática, apelando su participación porque en la Oficina de Partidos Políticos no le aceptaron la documentación física, que en tiempo presentó al Tribunal, que solicitaba se le entregara preferiblemente de manera electrónica.

Hasta donde yo sé si estaba bien presentada físicamente su papelería de inscripción, en tiempo y hora, en la sede del Tribunal, en la Oficina correspondiente, no tenían, ni tienen, por qué haber rechazado esta documentación de inscripciones de candidaturas. Un partido más, a estas alturas del juego, no hace daño alguno, más que a la democracia funcional y a la imagen pública e histórica del Tribunal Supremo de Elecciones. Más si es por esa simple razón.

En el Código Electoral no dice que sea únicamente de forma electrónica que se debe presentar la papelería. También se puede físicamente. La Sala IV entiendo ha resuelto situaciones de este tipo. Recuerdo las campañas electorales de Fuerza Democrática, cuando yo participé en 1998, 2002 y 2006 que por abaratar costos de publicación de los anuncios que obligadamente teníamos que hacer de las convocatorias de las Asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacional, las hacíamos en la Gaceta oficial, y el Tribunal Supremo de Elecciones no podía impedir que allí las publicáramos, a pesar de que nos enviaba notas para que hiciéramos un esfuerzo de publicarlas en “periódicos de mayor circulación nacional”. Es algo parecido.

Todos los 27 partidos prácticamente participan a nivel provincial. Aquí, de nuevo, por las mismas razones le rechazaron al Partido Fuerza Democrática las candidaturas en las provincias de Puntarenas y Limón, que también, por la misma razón, las tienen apeladas ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Por ahora van 26 candidatos presidenciales, con sus vicepresidentes.

De estos solo habrá un ganador, que arrasa con todo el Poder Ejecutivo, con la posibilidad de nombramiento y designación de los Ministros, que no se integran proporcionalmente al número de votos que cada partido político saca en las elecciones.

Para elegir al Presidente en la primera ronda de votación, el 6 de febrero, se necesita que el partido ganador, o el candidato gane el 40% o más de los votos válidamente emitidos.

El padrón electoral, casi totalmente cerrado, al 10 de octubre pasado, señala que hay 3.542.498 (tres millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho) votantes. Así, si votaran todos los electores el 40% que se necesita para ganar la Presidencia es 1.416.999 (un millón cuatrocientos dieciséis mil novecientos noventa y nueve) votos.

Si el abstencionismo electoral fuera del 30%, promedio de los últimos sorteos electorales desde el 2002, del total de electores, los que no emiten su voto, serían 1.062.749. De manera que quienes decidirían la elección son los ciudadanos que sí se presentan a votar, y teóricamente lo hacen bien, y que sus votos son válidamente emitidos, suponiendo que lo hacen bien y en urnas no anulan sus votos. Así la Presidencia de la República la decidirían 2.479.749 ciudadanos. De estos, el 40% se necesita para elegir el primer domingo de febrero, que serían 991.899 votantes. Esta cifra no se ha alcanzado en ningún proceso electoral anterior. La más cercana fue Laura Chinchilla Miranda, que sacó 896.516, con un 46.91% de votos en su favor, en la elección del 2010, con alrededor de 500.000 (quinientos mil) electores menos que en esta elección, que comparativamente con la anterior, la del 2018, los nuevos electores rondan los 300.000 jóvenes ciudadanos, que por primera vez van a votar.

Así las cosas, no parece fácil, pero no es imposible, que alguno de los partidos pueda alcanzar este 40% de votantes, lo que obligaría ir a la segunda ronda electoral, programada para el primer domingo de abril.

De llegar a esta situación la votación se define por simple mayoría de votos, entre los dos que avancen a la segunda ronda, siendo los que más votos saquen o más alto porcentual obtengan el primer domingo de febrero. Esto va a depender, sobre todo, del carácter de la propaganda con los candidatos, con la agitación de sus principales temas de campaña y de Gobierno, y de lo que ofrezcan a los oídos de los electores de manera más agradable y esperanzadora.

Dependiendo de quienes pasen a la segunda ronda, en caso de darse, la elección puede ser tan tensa y electrizante como la del 2018, en la cual el que iba en el segundo lugar quedó de primero.

Las papeletas, como las he visto, sin las fotos de los candidatos, se ven bien, no tan confusas como creía que se iban a ver. Se distinguen bien los colores de las banderas y los nombres de los partidos. Las fotos ayudarán en este caso a la escogencia, las que deberán ser muy claras, precisas y directas para que el votante reconozca fácilmente su candidato.

Algunos partidos, por sus colocaciones estratégicas, en la papeleta podrán hacer más bulla para la localización de la casilla electoral. A otros les va a costar un poco más. Aquí pesará mucho el tipo y claridad de consigna al llamado “a votar por…. en el lugar…. de la papeleta”.

A nivel provincial, para la escogencia y elección de los diputados, lo que vale es el número de votos a favor de cada partido. Aquí no juegan los porcentuales de votación. Juegan los números cerrados, lo que se llaman cocientes electorales, y los subcocientes electorales, que son los residuos que le quedan a los partidos, mitad más uno de los cocientes, una vez que se han asignado las plazas de diputados por cocientes, con lo que siguen arrastrando diputados, según tengan el cociente de mayor a menor.

En este nivel, todavía, en el Código Electoral, con complicidad del Tribunal Supremo de Elecciones, en la aprobación del actual Código en el 2009, y por la interpretación que se hace de los resultados electorales, se mantuvo y se mantiene esta situación de arrastre de más de un diputado con un solo subcociente electoral, lo que a todas luces, y de toda lógica, no debe suceder, porque al aplicar el subcociente, para elegir, se acaban los votos del partido que usa el subcociente. Lo que correspondería es que agotados los cocientes y subcocientes, y si aún quedan plazas por nombrar, entonces se siga el mismo procedimiento con aquellos partidos que tienen el mayor número de votos sin haber logrado subcocientes, de forma tal, también, que haya una mejor y más rica representación parlamentaria, porque no sería correcto que con un subcociente se puedan elegir dos diputados como ha sucedido, contra un grupo de ciudadanos al que se le niega su representación parlamentaria por un ardid legal que funciona a favor de los grandes partidos, una vieja tradición impuesta por el añejo bipartidismo político, hoy tripartidismo gubernativo si se considera al Partido Acción Ciudadana, que no hizo nada en estos dos gobiernos, que ha tenido, para mejorar esta parte del proceso electoral. Y, no ha hecho nada porque de ello se beneficia también. Y, los partidos, de cualquier signo político, y representaciones parlamentarias pequeñas, no están para defender a los más pequeños, ni a sus propias representaciones, que también por ese motivo salen perjudicadas.

Veamos las cifras provinciales. El número de diputados por provincia se define por la cantidad de habitantes según determine el censo decenal, lo que no ha cambiado para esta elección.

Así las Provincias eligen en San José 19 diputados, en Alajuela 11, en Cartago 7, en Heredia 6, en Guanacaste 4, en Puntarenas 5 y en Limón 5.

Las provincias tienen los siguientes electores: San José 1.159.113, Alajuela 679.899, Cartago 410.082, Heredia 355.844, Guanacaste 260.051, Puntarenas 333.230 y Limón 294.981.

Si aplicamos, igualmente un posible 30% de abstencionismo electoral nacional, los números de electores provinciales se reducen así: San José a 811.380, Alajuela a 475.930, Cartago a 287.058, Heredia a 249.091, Guanacaste a 182.036, Puntarenas a 233.261 y Limón 206.487.

Si dividimos a estos votantes por provincia, entre el número de diputados que elige cada provincia, tendremos el cociente electoral por diputado, es decir, el número de votos que se necesita para elegir un diputado por cada provincia. Así tenemos que los cocientes por provincia son los siguientes: en San José se necesitan 42.704 votos para elegir cada uno de los 19 diputados de la provincia, en Alajuela se necesitan 43.266 votos para elegir cada uno de los 11 diputados de la provincia, en Cartago se necesitan 43.008 votos para elegir cada uno de los 7 diputados de la provincia, en Heredia se necesitan 41.515 votos para elegir cada uno de los 6 diputados de la provincia, en Guanacaste se necesitan 45.509 votos para elegir cada uno de los 4 diputados de la provincia, en Puntarenas se necesitan 46.652 votos para elegir cada uno de los 5 diputados de la provincia, en Limón se necesitan 41,297 votos para elegir cada uno de los 5 diputados de la provincia.

Estas cifras no son fáciles de alcanzar para los partidos políticos, aún aquellos que tienen historia de participación en varios procesos electorales, que tienen sus públicos cautivos, sus seguidores sean por partidos o candidatos, o que hacen convenciones electorales para escoger sus candidatos.

Son números difíciles de lograr para los partidos que son más pequeños y para aquellos que participan por primera vez, y para los que no tienen financiamiento electoral asegurado, por procesos electorales anteriores o porque por salir con bajos porcentuales en encuestas, los bancos públicos y privados no les dan crédito para la campaña electoral, y porque el Tribunal Supremo de elecciones históricamente no ha hecho nada para asegurar el financiamiento a todos los partidos políticos de manera efectiva, lo que sí se puede hacer.

El caso de la Provincia de Guanacaste, en la elección anterior, es uno de esos casos difíciles de elegir. En esa ocasión ningún partido sacó cociente electoral. Todos se fueron por subcocientes y sucedió que un partido eligió dos diputados con un subcociente por la forma tramposa como se aplica esa fórmula. Si la aplicación del subcociente se hace para elegir un diputado y se borra esa cifra, entonces otro partido puede elegir con su residuo electoral mayor, y se produce una mayor y mejor representación democrática. Esto lo puede resolver el Tribunal Supremo Electoral por jurisprudencia, si así lo quisiera, apartándose de sus intereses y compromisos con los grandes partidos del bipartidismo tradicional y del tripartidismo actual, en beneficio de la Democracia Electoral Nacional.

En 1956 cuando la cifra de diputados se elevó a 57 cada diputado representaba a 18.000 costarricenses. Hoy los mismos 57 diputados representan cada uno a 90.000 costarricenses, por eso es importante elevar el número de diputados para que estén mejor representados los costarricenses y todos sus partidos políticos, independientemente cuantos partidos participen y de su tamaño, pero tendrían mayor opción de elegir sus representantes populares las minorías nacionales y populares.

En la próxima elección como candidatos participan 26 ciudadanos a la presidencia, 52 a las vicepresidencias. En la Provincia de San José participan un total de 429 candidatos por los 29 partidos inscritos para elegir solo a 19 diputados, en la Provincia de Alajuela participan un total de 308 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 11 diputados, en la Provincia de Cartago participan un total de 210 candidatos por los 30 partidos inscritos para elegir solo a 7 diputados, en la Provincia de Heredia participan un total de 108 candidatos por los 27 partidos inscritos para elegir solo a 6 diputados, en la Provincia de Guanacaste participan un total de 112 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 4 diputados, en la Provincia de Puntarenas participan un total de 105 candidatos por los 26 partidos inscritos para elegir solo a 5 diputados, y en la Provincia de Limón participan un total de 140 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 5 diputados.

Para quedar electo como diputado un candidato tiene que trabajarla duro, intensamente, dedicándose a esa candidatura prácticamente a tiempo completo, recorriendo toda su Provincia, concentrando su tiempo y trabajo en aquellos lugares donde pueda llegarle al mayor número de votantes, pero sobre todo lo que va a valer más es el mensaje con que cada diputado pueda llegar a sus electores.

Los candidatos que van en la doble candidatura, para presidente y diputado, tienen que diseñar muy bien su mensaje, porque los votos presidenciales y los de diputados son distintos, con distintos objetivos y escenarios. Tienen que asegurar una muy buena proyección presidencial para que les ayude en la de diputados en caso de que no alcancen la presidencial, y pueda asegurar la de diputados. Los que tienen esta posibilidad de la diputación por la presidencial son realmente pocos, de los que llevan esa doble vestidura, la solemne presidencial sobre la ordinaria diputadil.

Hasta ahora no he oído a ninguno de estos dobles candidatos decir que quieren esa doble candidatura para irse formando mejor como posibles candidatos presidenciales posteriormente, aprendiendo mejor el ejercicio de la política desde la Diputación, formándose mejor como políticos y dirigentes políticos, con lo cual la mayoría da la sensación de un mero oportunismo electoral, aunque sea válido.

Con una participación tan amplia, por el número de partidos políticos que están inscritos, los partidos y candidatos que se sienten con más posibilidad de ganar, o de llegar a la segunda vuelta, tienen que hacer una campaña muy fuerte para que sus votantes también les den el músculo político con una buena cantidad de diputados electo. No vaya a suceder que las cifras sigan bajando… el Partido Acción Ciudadana que ganó las elecciones del 2014 eligió 14 diputados de 57, y en el 2018 el mismo partido ganó con 10 diputados de 57.

Se requiere para el próximo gobierno músculo legislativo fuerte, fracciones fuertes, líderes parlamentarios capaces de negociar y hacer los pactos políticos que el país necesita para salir adelante y tratar de superar los graves problemas que tenemos como país y como sociedad, y como modelo de desarrollo económico, político e institucional.

Costa Rica en la encrucijada electoral. Un análisis a inicios del bicentenario de la Independencia

Vladimir de la Cruz

Costa Rica, como país, goza de una fama internacional de Democracia centenaria, de gran estabilidad política y de ser un país sin Ejército desde 1949, aparte de gozar, también, de uno de los índices de mayor felicidad en el mundo.

La tradición antimilitarista es real. Desde el siglo XIX, aun cuando hubo un Ejército Nacional que desempeñó un papel heroico, derrotando la presencia filibustera norteamericana en Costa Rica, en Nicaragua y en Centroamérica, durante los años 1856 y 1857, a partir de 1869 empezó a debilitarse su presupuesto nacional, fortaleciéndose a la vez los presupuestos orientados a la educación e instrucción pública.

El primer Jefe de Estado, luego de la Independencia de España, en 1821, fue un educador, quien gobernó el país desde 1824 hasta 1833, marcando desde entonces un impulso al proceso educativo, contrastado con el resto de los países centroamericanos que no apostaron por la educación como una política prioritaria de Estado y de Gobiernos.

Desde aquellos años iniciales después de la Independencia hasta hoy los Jefes de Estado y los Presidentes han sido principalmente educadores, abogados, médicos y civiles. No se desarrollaron ni surgieron líderes militares, porque el Ejército desde 1869 estuvo controlado en su dirección política superior por civiles, y por ausencia de conflictos militares internos y externos, que hubieran facilitado el desarrollo de castas y líderes militares.

Excepcionalmente militares han ocupado, por breves períodos el Gobierno sin haberse perpetuado como dictadores o tiranos, al estilo de los países centroamericanos y latinoamericanos.

Dictaduras y golpes de Estado en el Siglo XX fueron dos, una desde 1917 hasta 1919, que cayó por la lucha y presión popular, y la otra, desde 1948 hasta 1949, que resultó de la Guerra Civil, de marzo abril de 1948, que voluntariamente dejó el Poder entregando la Presidencia de la República al candidato Otilio Ulate, a quien el Congreso le anuló la elección de febrero de 1948, lo que provocó ese alzamiento armado y el establecimiento de esa Junta de Gobierno de Facto.

En la práctica electoral desde 1872 los gobiernos han sido alternos, cada seis, tres o cuatro años, que han sido los plazos de gobiernos, en distintos momentos. Desde 1882 cada cuatro años los gobiernos han alternado regularmente.

Hasta 1890 las autoridades de gobierno se elegían sin participación de partidos políticos, que empezaron a funcionar desde 1890. Desde entonces solamente a través de partidos políticos se puede ser candidato a puestos de elección popular, municipales, provinciales, de diputados, y presidenciales.

La reelección de diputados y concejales municipales se permitió de manera continua hasta 1948. Desde 1949 no se permite la reelección consecutiva de diputados ni de presidentes. Sí se permite la reelección consecutiva de concejales municipales y de partidos políticos en las estructuras de poder ciudadano, y alternativa al menos de un período de gobierno para los puestos de diputados y presidentes.

El sistema electoral desde 1821 se ha perfeccionado, ampliado y democratizado. Hasta 1913 las elecciones eran indirectas, y de segundo grado, con pocos electores. Directas a partir de ese año por parte de todos los electores. A partir de 1924 se establecieron las votaciones secretas, frente a la práctica del voto público imperante. En 1935 se estableció un mecanismo que le dio mayor estabilidad al proceso electoral, de decidir las elecciones con el 40% de los votos válidos.

En 1949 se estableció el voto universal reconociendo el voto de la mujer, quien lo empezó a ejercer en 1951 siendo electas por primera vez en el nivel legislativo en 1953, y a nivel presidencial por primera vez en el 2010. Desde 1974 se estableció el voto a los 18 años.

Un elemento clave en este proceso fue el desarrollo de las instituciones electorales, la legislación electoral anterior a 1948, la constitución de un Tribunal Nacional Electoral en 1946, que a partir de 1949 se le dio rango constitucional, llamado desde entonces Tribunal Supremo de Elecciones, como cuarto Poder de Estado, separado e independiente de la esfera del Gobierno, con capacidad de organizar plenamente los procesos electorales y con la capacidad declarativa de sus resultados sin posibilidad de su revisión o apelación.

La experiencia electoral desde 1949 le ha dado a este organismo la confianza pública, en los procesos electorales y sus resultados.

Un elemento que distingue a Costa Rica en estos procesos electorales es que durante el período electoral, que cubre en la práctica 5 meses, cuatro anteriores a las elecciones y uno posterior, toda la Fuerza Pública, y todas las policías administrativa, como la de Tránsito, pasan a la potestad administrativa y dirección política nacional del Tribunal Supremo de Elecciones, y durante el día de las elecciones, ningún miembro de la Fuerza Pública puede presentarse a los recintos y juntas electorales con sus armas de servicio.

Todo el proceso electoral, y de los materiales electorales, papeletas de votación, y lo que se necesita para ese día de las elecciones, lo entrega el Tribunal Supremo de Elecciones a los miembros civiles, que son representantes de los partidos políticos, que participan en las elecciones, que son quienes componen o integran esas Juntas Electorales. Del resultado electoral se hacen actas de cada Junta Electoral, con copia a cada miembro de partido de esa Junta, para los controles ciudadanos y partidistas correspondientes.

Desde 1949 hasta hoy se ha perfeccionado bastante el sistema de partidos políticos y de la participación. Electoralmente desde 1953 hasta hoy han habido 17 gobiernos. El próximo 6 de febrero se harán las elecciones nacionales para elegir un nuevo gobierno.

De los 17 gobiernos que ha habido, nueve los ha ganado el partido Liberación Nacional, de orientación social demócrata, seis por tres coaliciones de partidos en general socialcristianos y tres por el partido Unidad Social Cristiana, y los dos últimos gobiernos por el Partido Acción Ciudadana, que no tiene una ideología de referencia. De esto se desprende que en el país se haya hablado de un Bipartidismo dominante que corresponde al dominio de los socialdemócratas y socialcristianos en 15 de 17 gobiernos. Actualmente podemos hablar de un tripartidismo gobernante. También se ha hablado de un Bipartidismo legislativo en tanto hasta 1998, desde 1953, estos dos grupos dominantes también ejercieron la mayoría parlamentaria, lo que les permitía tomar acuerdos políticos fácilmente, aun cuando había otras fuerzas representadas en el Poder Legislativo. Pero, a partir de 1998 ese bipartidismo legislativo parlamentario se perdió. Los grupos hasta entonces dominantes perdieron su conjunta mayoría, y desde ese momento se ha entrado en una situación cada vez más amplia de partidos políticos parlamentarios.

A nivel presidencial hasta las elecciones del 2018 participaban hasta 15 partidos a nivel presidencial. Para las próximas elecciones de febrero hay 27 partidos en trámite de inscripción presidencial, pudiendo quedar finalmente en unos 20 participando, con orientaciones políticas muy divididas entre sí. Los resultados electorales de los últimos dos procesos electorales significaron que el Partido Acción Ciudadana, partido gobernante, eligiera 14 y 10 diputados de los 57 que integran la Cámara legislativa, lo que lo ha hecho un partido débil parlamentariamente, lo que no le ha impedido hacer acuerdos legislativos más por la agenda nacional común política que por proyectos propios.

Esta situación ha alterado ligeramente el ambiente electoral, porque a nivel legislativo se estima que todos esos partidos participarán con sus propios candidatos para elegir los 57 diputados nacionales, más 26 partidos provinciales que solo participan en este nivel legislativo, para un total de probablemente más de 45 partidos finalmente inscritos, para las elecciones legislativas, con un total de por lo menos 2500 candidatos a diputados, con una población electoral que ronda los 3 millones de ciudadanos, de los cuales puede haber un electorado abstencionista de un 25 al 30%.

Esta es la encrucijada electoral que enfrenta Costa Rica a partir de esta publicación, cuando ya estará definido todo el panorama electoral, que volveré a atender en diciembre, al realizarse la tregua electoral, de quince días, de la navidad.

Ante un inmediatismo político vacío

Vladimir de la Cruz

Estamos a pocos días, el próximo 22 de octubre, cuando se cierre el plazo de inscripción definitivo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, de saber con exactitud cuántos partidos políticos participarán a nivel presidencial y cuántos a nivel legislativo. Del mismo modo, cuántos con sus dobles candidaturas, a nivel presidencial y a nivel de diputados, y cuántos solo a nivel de diputados.

Lo que para algunos sobresalta es el número de partidos a nivel presidencial con relación a los procesos anteriores, en tanto habrá, finalmente, alrededor de 20 partidos cuando el promedio de los últimos procesos electorales fue de 13. De esto destaca la cantidad de candidatos presidenciales que postulan doblemente a la candidatura de diputados, poco más de la mitad de ellos.

A nivel presidencial solo uno de todos ellos ganará. A nivel de diputados pocos de ellos, los doble candidatos, tienen la posibilidad real de ser electos diputados. Si eso sucede puede empezar a tener resultados positivos si no llegan, por este camino, “populistas”, y lleguen dirigentes serios, que entiendan bien el arte del Gobierno, y del buen gobierno construido con pactos y acuerdos legislativos de cara a la población y el electorado.

Hasta hoy la campaña electoral ha mantenido un bajo nivel. Poca presencia de los candidatos y de los partidos. Probablemente ante la duda de la cantidad real han preferido no empezar a gastar dinero en vallas ni en publicidad hasta tener la certeza de cuántos efectivamente son, y dentro de estos cuáles perfilan como principales o punteros. También, porque ante tantos partidos y candidatos es mejor concentrar todos los recursos propagandísticos al final, para que los partidos que tienen más recursos provoquen mayor impacto publicitario, y no gastar esos recursos ahora, que sería, para usar el refrán popular, como gastarlos en zopilotes.

Se está ante una táctica no militar sino propagandística al estilo de un blitzkrieg, ante una guerra relámpago, de atacar enemigos e influir sobre todo el electorado de una manera rápida, simultánea y constante durante los días finales de la campaña, desde enero hasta el día de las elecciones. Quizá sea la mejor manera de hacerse sentir, de visualizarse y de distinguirse ante tantos candidatos y partidos.

Incluso un partido como Liberación Nacional, que tenía en sus manos la fecha del 70 aniversario de su fundación, el pasado 12 de octubre, y el ejercicio de nueve gobiernos de los 17 que ha habido desde 1953, desaprovechó esa oportunidad para haber hecho un gran escándalo sobre ese aniversario, de los logros que pueden atribuirse a Liberación Nacional en estos 73 años de Segunda República, considerando el Gobierno de Facto de 1948-1949. En este caso la sensación que me produce es que este partido se desmemorió, su edad de 70 años lo tiene olvidando constantemente sus principales momentos. Padece de un mal, ¿un alzheimer político?, que no le permite ni siquiera recordar bien los hechos y eventos de su pasado, de su “glorioso” pasado como algunos lo podrían ver, como lo exalta constantemente el “único” liberacionista que queda de ese estilo, Francisco Morales Hernández, y de vez en cuando le acompaña Fernando Berrocal Soto, porque del presente prefieren no acordarse conscientemente por las políticas que han venido impulsando, que probablemente continuarán, que chocan violentamente con el Estado Social de Derecho que contribuyeron a impulsar, y que contribuyen a desmembrar y acabar. Más se mantiene a flote Liberación Nacional por el escándalo familiar alrededor de la ex Primera Dama y ex Diputada, madre del actual candidato, que es un asunto interno de familia, que se presenta, por otra parte, como la defensa de una adulta mayor.

Los otros partidos tradicionales, todos, los grandes y los pequeños, los que han entrado compactos a la Asamblea Legislativa y los que allí se han dividido, los que han venido participando en elecciones desde 1998, que todavía están jugando, no tienen memoria política pública porque no tienen eventos que lucir como parte de su patrimonio político y electoral de estos años.

Lo que hasta ahora se nos presenta en el panorama electoral es un inmediatismo político vacío. No hay caminos recorridos por esos partidos que puedan verse con dignidad e importancia en sus resultados ante los ciudadanos. No es la discusión de grandes temas. Es la discusión fundamental de lo que se está acabando, el Estado Social de Derecho, lo que debe interesarnos a los ciudadanos. Es el conjunto de leyes sociales y laborales que se han venido afectando y que están en la mira de limitarlas, debilitarlas y eliminarlas hasta donde se pueda. Es el conjunto de políticas orientadas a eliminar la autonomías institucionales existentes, para desde el Poder Político, del Poder Ejecutivo principalmente, con el Ministerio de Planificación de ejecutor, golpear definitivamente los rasgos democráticos que aún existen institucionalmente. Quienes así están actuando, e impulsando estas medidas restrictivas de esas instituciones, y concentrando estos poderes, de esta manera distorsionada, o están impulsando un modelo fascista de Estado, que pareciera ser, o están creando las condiciones para que cualquier líder populista que pueda llegar al Gobierno con esos mecanismos tenga todos los poderes para actuar a lo Maduro, a lo Ortega o a lo Bukele. ¿Eso es realmente lo que quieren quienes impulsan estas políticas? No se quejen después si esto llega a suceder, sea por la izquierda o por la derecha, pero las condiciones institucionales que se están creando, en ese sentido, hacia eso se orientan.

¿La clase política y gobernante se está dando cuenta realmente de este camino institucional que están creando hacia el fascismo “a la tica”, hacia el “totalitarismo” institucional? ¿O son tan tontos o retontos?

Ningún populista tiene nada que alterar, del sistema político, para desarrollar sus políticas populistas, cuando ya le han dado en bandeja de plata toda la institucionalidad y legalidad para actuar de esa manera bien servida.

Hasta ahora no han aparecido, en sus discursos y mensajes estos líderes populistas. Pero pueden resultar y salir, y saltar, como si surgieran de un sombrero de mago, que las elecciones dan para todo. Veo esto con asombro, pero no dejo de preocuparme por la Democracia costarricense.

Los 200 años de la República de Costa Rica

(Conferencia del Historiador Vladimir de la Cruz, en el acto de Clausura del XXXIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Patología, SLAP, realizado en San José, Costa Rica, los días 25 y 26 de setiembre del 2021)

Celebramos en Centroamérica, y en Costa Rica, los 200 años de la Declaración de la Independencia de España.

Con la celebración del Bicentenario deberíamos estar valorando el desarrollo de nuestros países durante estos 200 años. Sin embargo, la atención de los historiadores y especialistas, así como de los comentaristas de diverso tipo, no han atendido este proceso histórico y, por el contrario, se han concentrado en recordar la fecha de la Independencia, de acuerdo al Acta de Independencia de Guatemala del 15 de setiembre de 1821, que actuó como detonante de las Declaraciones de Independencia de El Salvador, el 21 de setiembre, de Comayagua, Honduras, y de Nicaragua, el 28 de setiembre y de Costa Rica, el 29 de octubre.

Los sucesos que provocaron la Independencia de Guatemala, entonces, la cabecera de la vieja Capitanía General de Guatemala, del Reino de Guatemala y de la Diputación de Guatemala, según lo queramos considerar, fueron el resultado de luchas anteriores.

En 1808, el costarricense, joven estudiante de Medicina en la Universidad de San Carlos, de Guatemala, Pablo Alvarado Bonilla, el 15 de setiembre de ese año, enterado de los sucesos de ocupación francesa de España, y ante los movimientos que se orientaron a favor de la monarquía, inmerso en las ideas de la Ilustración que ya se conocían en Guatemala, y de los grupos que a su alrededor se formaban con sentido republicano e independentista, se alejó de esas posiciones exaltando opiniones contra la presencia española.

Las mismas razones de protesta y de lucha contra la ocupación francesa de España eran válidas para los movimientos anti españolistas e independentistas de la América Hispana. La lucha contra la ocupación francesa de España era igualmente válida contra la ocupación española de América, la lucha por la Libertad de los españoles de Francia, era igualmente válida de la libertad de los americanos de España, la lucha por la Independencia de España de la ocupación francesa era igualmente válida de la independencia de América de la ocupación española, la lucha por la expulsión de los ocupantes y usurpadores franceses de España era también igualmente válida en América, de la expulsión de los españoles y del cese de su autoridad colonial.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, de carácter pontificio, como lo fueron prácticamente todas las universidades durante la colonia, fue fundada en 1681. La práctica médica durante esos años de la colonia fue fundamentalmente asistencialista en los dos hospitales que se fueron creando en Guatemala, administrados por órdenes religiosas.

Desde la fundación de la Universidad se dieron los estudios de Medicina, iniciados el 20 de octubre de 1681. Así, puede considerarse a la Universidad de Guatemala como la primera del imperio hispanoamericano en desarrollar estudios de Medicina, en tener una Cátedra de Medicina, en tanto en México, en el Virreinato, la carrera de Medicina se estableció hasta 1729.

Los médicos Manuel de Avalos y Porres, Joseph Felipe Flores y Narciso Esparragosa y Gallardo marcaron los primeros pasos de los estudios de Medicina en Guatemala colonial. Estos médicos influyeron, en su formación, a discípulos que en los días de la lucha por la Independencia destacaron, como médicos comprometidos en esta lucha, entre ellos, a Pedro Molina, uno de los más prominentes patriotas, liberal y luchador por la Independencia.

El estudiante de medicina Pablo Alvarado se formó en esos últimos años de la colonia, al calor de estos ilustres médicos guatemaltecos, inquietos políticamente y comprometidos en la lucha anticolonial.

Así el 15 de setiembre de 1808 publicó Pablo Alvarado unas notas en El Hispanoamericano, que le provocaron la cárcel en Guatemala, considerándose Pablo Alvarado el primero en haber caído preso por esta lucha en la Capitanía General, y de hecho en el Virreinato de Nueva España.

Su Grito de Independencia fue precursor de estos movimientos en la región. Pedro Molina, profesor de Medicina en la Universidad de Guatemala, impulsor del periódico El Editor Constitucional, luego llamado El Genio de la Libertad, donde difundía las ideas liberales, junto con el prócer independentista salvadoreño José Matías Delgado, ambos eran amigos de Pablo Alvarado.

Al declararse la Independencia en Guatemala junto con la copia que se envió a las Provincias de la Capitanía, Pablo Alvarado envió escritos a los costarricenses para apoyar la Independencia. Días después, proclamada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821, había enviado escritos que fueron la base de la redacción de la Primera Constitución Política de Costa Rica, que se denominó Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia.

Así, con el Acta de Independencia de Guatemala operando como el detonante de la Independencia, el resto de las Provincias lo hicieron de seguido, terminando esas Declaraciones con la de Costa Rica.

Entre el Grito de Independencia de Pablo Alvarado, en 1808, y los días que precedieron la Declaración de Guatemala, en Centroamérica, el 15 de setiembre de 1821, se dieron una serie de movimientos anti españolistas e inconformistas que prepararon el rompimiento con el orden colonial español, entre ellas en 1809 la insurrección en Ciudad Real de Chiapas, en 1810 el intento del Ayuntamiento de Guatemala de desconocer el Consejo Supremo de Regencia y establecer la autonomía del Reino de Guatemala, en 1811 la sublevación de San Salvador, León y Granada de Nicaragua, Honduras, en 1812, la sublevación de Chiquimula en Guatemala y la Segunda Conspiración de San Salvador, en 1812 y 1813 la Conspiración de Belén en Guatemala, en 1814 la Conspiración de San Salvador, y en 1812 las protestas contra los estancos y estanquillos en Costa Rica.

A ello se sumaron las luchas internas en el Virreinato de México que culminaron en febrero de 1821 con el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide, quien también se proclamó emperador, invitando a la anexión a su Imperio, arrastrando a las Provincias de la Capitanía General de Guatemala a sumarse.

Declarada la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821, se inició la marcha de estos 200 años, que se acaban de celebrar el pasado 15 de setiembre, que se tiene como fecha oficial de celebración de la Independencia de Centroamérica. En Costa Rica se celebrará el próximo 29 de octubre.

El arranque inicial, por impulso de la Declaración de Independencia de Guatemala fue la convocatoria a un Congreso centroamericano para tomar una decisión conjunta, ya declaradas las independencias de cada provincia, para valorar la continuidad de una unidad política regional, en período independiente, como se había tenido y vivido en el período colonial.

Así entramos a partir de 1823 a las llamadas Provincias Unidas de Centroamérica y en 1824 a la República Federal de Centroamérica, siguiendo el modelo de federalismo que se había constituido en las colonias que se habían independizado de Inglaterra, las que impulsaron la creación de los Estados Unidos.

Como símbolos de las Provincias Unidas y de la República Federal se imitó la Bandera de Argentina en sus colores, celeste, blanco, celeste, de igual forma, que la creó Manuel Belgrano, ya enarbolada el 27 de febrero de 1812 que, junto con su Sol, recuerda la gesta del 25 de mayo de 1810, cuando inicia el proceso independentista en el Virreinato del Río de la Plata.

Bajo la Federación Centroamericana, con un régimen presidencialista, y la constitución de los tres poderes clásicos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, impuso la creación de Estados en las antiguas Provincias coloniales, de manera que a partir de 1824 empezamos a tener la forma de Estado de Costa Rica, con la estructuración de los tres poderes políticos.

Las Provincias Unidas de Centroamérica dio paso a la República Federal de Centroamérica, que por circunstancias internas, se desagregó de hecho en 1838. Costa Rica, bajo la Jefatura de Francisco Morazán, en 1842 intentó reunirla de nuevo. Sin embargo, por la caída de Morazán y su fusilamiento en setiembre de ese año, este proyecto federal fracasó. Costa Rica bajo la Jefatura de Estado de José María Castro Madriz declaró la República el 31 de agosto de 1848, elaboró su nuevo símbolo nacional, la Bandera, siguiendo los colores de la Bandera de Francia y lo que ellos enarbolaban de la Gran Revolución Francesa.

Durante el período de 1821 a 1823 Costa Rica estuvo gobernada por una Junta de Legados y Juntas Superiores Gubernativas. La primera, nombrada el 12 de noviembre de 1821, la cual impulsó la redacción de la Primera Constitución Política, el 1 de diciembre de ese año. Las otras dos Juntas impulsaron dos Estatutos Políticos dando origen a nuestro desarrollo constitucional, que desde esos tiempos hasta hoy ha tenido 13 Constituciones Políticas, 11 de ellas entre 1821 y 1871, período clave en la gestación del sólido Estado Derecho que se ha formado en el país. La última, y vigente, Constitución viene desde el 7 de noviembre de 1949

La estructuración política del país se ha mantenido con los tres poderes clásicos. De excepción el Poder Legislativo, en breves períodos, ha tenido un sistema bicameral, con Congreso y Senado. La última vez que existió el Senado fue entre 1917 y 1919.

Desde los días de la Independencia se establecieron mecanismos de elección de autoridades políticas y de representantes populares, que con el tiempo se han ido perfeccionando, y de amplia participación ciudadana en cabildos y ayuntamientos. Al inicio el sistema electoral era muy excluyente. No podían votar las mujeres, los analfabetas, los que carecieran de cierto monto de ingresos o rentas. Había un sistema de elección de Electores, entre los que tenían la capacidad de votar o la condición de ciudadanos políticos, y de votación de segundo grado, donde los electores escogían entre ellos a otros que finalmente votaban o elegían, y lo hacían de manera pública.

Con motivo de unos sucesos que se interpretaron como una intención de posible fraude a favor de un candidato en la elección de 1889, que tenía esas condiciones de elección, se produjo una movilización ciudadana, entonces cercana a los 5000 habitantes, cerca de medio millón hoy, entre ellas mujeres para hacer respetar el resultado electoral. Ello, dio origen a que esa fecha 7 de noviembre de 1889, haya sido declarada como fecha de la Fundación de la Democracia Nacional, asociada en este caso a la defensa de un resultado electoral.

De esta fecha destaca la participación de las mujeres en esa lucha cívica que dio base para que el Presidente José Joaquín Rodríguez, 1890-1894, favorecido por esa elección, empezara a hablar del reconocimiento de voto de las mujeres, lo que se alcanzó hasta la Asamblea Constituyente de 1949, que estableció el voto universal, a pesar de que desde ese momento, 1889, se empezara a agitar la idea del sufragio femenino, más tarde alentado por la Liga Feminista y sufragista, y por intenciones que así se plantearon en la Asamblea Constituyente de 1917 y en otros movimientos políticos.

De esa fecha, del 7 de noviembre de 1889, destaca también el surgimiento de un régimen electoral basado en partidos políticos, de manera que desde esa época hasta hoy solo por medio de partidos políticos los ciudadanos pueden aspirar a cargos de elección popular.

En 1913 se introdujo la reforma electoral del voto directo de los ciudadanos, eliminando el voto indirecto, pero manteniendo aún el voto público, que se eliminó en 1924 cuando se estableció el voto secreto. Más tarde, en 1935 se realizó otra modificación en el sistema electoral que estableció que los resultados electorales para elegir presidente se resolvían con el 40% o más de los votos a favor de un candidato, lo que le empezó a dar más estabilidad al sistema electoral y al resultado de las elecciones.

Hasta 1948 los resultados electorales se pasaban al Congreso para conocer de los mismos y resolver sobre ellos, si fuera del caso, cuando no se alcanzaba, en esa época, el 50% de los votos por algún candidato.

Las leyes electorales que venían funcionando hasta 1948 daba esa facultad al Congreso y los Tribunales Electorales que operaban eran muy controlados por el Poder Ejecutivo. Esto empezó a corregirse en 1946 y en 1949 cuando se constituyó el Tribunal Supremo de Elecciones como un Poder de Estado, absolutamente independiente y director con facultad declarativa de los procesos y resultados electorales.

La integración de los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones es de elección de la Corte Suprema de Justicia. Interesante es que el Tribunal Supremo de Elecciones desde que se declara el período oficial de elecciones, y se convoca a las mismas, a inicios del mes de octubre, del año anterior a las elecciones, hasta 3 meses después de las mismas, todas las autoridades policiales y de seguridad del Estado quedan bajo la potestad y mando de este Tribunal para asegurar el mismo proceso electoral y evitar cualquier intromisión política de gobiernos que pudiera haber. De igual modo es prohibido a los miembros de los cuerpos policiales y de la Fuerza Pública durante el día de las elecciones asistir a los recintos electorales con armas. Como ciudadanos en ejercicio de su función policial deben presentarse, a las urnas, para emitir su voto, sin armas. Los recintos electorales están al cuidado de Juntas Electorales compuestas por ciudadanos, así como las mesas electorales están bajo el cuido de delegados que nombran, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos políticos.

Los otros avances en materia electoral dentro de estos 200 años de Independencia, es el voto de los jóvenes mayores de 18 años logrado en 1994, y especialmente las leyes que se han ido aprobando para asegurar la mayor equidad e igualdad entre hombres y mujeres en la participación como candidatos a elección, así se llegó a la paridad vertical en las listas de diputados y se avanzó a la paridad horizontal, obligando a los partidos políticos que participan en varias provincias a que también haya igualdad de posibilidad electoral en los primeros puestos de elección por provincia.

Administrativamente con la Independencia se tuvo un país que era una unidad en sí mismo, sin ninguna división interior. Costa Rica como región era una parte de la Capitanía General de Guatemala y de la Diputación de León de Nicaragua. Al independizarnos la región se mantuvo tan solo dividida por la presencia de los distintos pueblos, villas y ciudades existentes. En 1824 se unió a Costa Rica el Partido de Nicoya, que era una región territorial autónoma entre Nicaragua y Costa Rica, dependiente tanto de Guatemala como de Nicaragua en distintos aspectos administrativos de la colonia.

Con la Independencia, la población del Partido de Nicoya, por plebiscito, el 25 de julio de 1824, acordó su agregación a Costa Rica. Esto facilitó para que en 1835 se estableciera una división interna territorial que comprendía tres Departamentos, el Oriental y el Occidental, que se dividían en el Valle Central del país, y el de Guanacaste como se conocía el Partido de Nicoya. En 1848 con el Dr. José María Castro Madriz se estableció la actual división administrativa por Provincias. En ese momento cinco, San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y dos Comarcas, Puntarenas y Limón, que luego alcanzaron la condición de Provincias. A su interior se fueron creando Cantones y al interior de los Cantones se crearon Distritos administrativos. Actualmente el país se constituye de 7 Provincias, 82 Cantones y alrededor de 487 Distritos.

Las Provincias hasta 1998 tuvieron de autoridad superior un Gobernador, cargo que fue eliminado ese año. Se fortalecieron los órganos de representación popular cantonal y distrital con Consejos Municipales y Consejos Distritales, y a partir del año 2002 con Alcaldes cantonales, cuya elección separada de las elecciones nacionales se hace desde el 2010, para darle más importancia a los gobiernos locales.

Desde 1821 se empezó a fortalecer la educación y los valores cívico ciudadanos. La educación en la colonia fue muy reducida, muy pocas escuelas con una orientación de enseñar a leer, escribir y contar. En 1814 se creó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás que fue un bastión importante, a pesar de las limitaciones de época, de divulgación de las ideas liberales.

Con la Independencia, y bajo la dirección del primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, que era educador, se dio impulso a las escuelas con apoyo municipal, tanto para la educación de niños como de niñas. Más tarde, en 1847, se fortaleció la enseñanza de mujeres y hacia 1885-1887 se produjo una revolución educativa bajo la dirección del Ministro de Instrucción Mauro Fernández, fortaleciendo la educación secundaria y la formación de maestros. Esto se fortaleció luego con otras reformas impulsadas, entre otros, por Miguel Obregón Lizano, otro Ministro de Instrucción, que también impulsó Bibliotecas, entre ellas la Nacional, que esta semana acaba de ser declarada Institución Benemérita Nacional.

En 1914 se creó la Escuela Normal, en la ciudad de Heredia, para la formación y preparación de maestros y profesores, que en esos días jugaron también un importante papel en la lucha contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919, con cuyas movilizaciones junto a las luchas populares y el movimiento cívico militar encabezado por Julio Acosta la derrumbaron.

Dentro de esos alcances educativos estuvo la Reforma Liberal que, desde 1882, separó la educación religiosa de la enseñanza pública estatal, lo que se mantuvo hasta 1940, junto con otras reformas liberales de julio de 1884, que también se mantuvieron casi todas hasta 1940.

La Universidad de Santo Tomás creada en 1843 fue cerrada en 1888, manteniendo unas pocas áreas de estudio abiertas. En ella se impulsaron los estudios de Medicina, con poca participación de estudiantes. Los jóvenes que deseaban estudiar Medicina lo hacían yendo a la Universidad de Guatemala, o a la de León de Nicaragua, que se había fundado al calor de los sucesos de Cádiz. Unos pocos, a partir de la década de 1840 pudieron ir a estudiar a Europa, especialmente con motivo de los primeros contactos comerciales de exportación de café a partir de 1843.

En 1940 se creó la Universidad de Costa Rica y en 1956 dentro de ella la Escuela de Medicina. La Universidad de Costa Rica por su proyección regional centroamericana es la más importante en investigaciones y programas académicos. La Escuela de Medicina ha sido modelo de formación de médicos desde su creación. Hoy Costa Rica tiene una medicina de primer mundo prácticamente en todos los campos médicos, disciplinas y especialidades.

La educación ha sido un gran motor del desarrollo nacional. En el siglo XX ha tenido grandes reformas. En 1956 la reforma que amplió y fortaleció la escuela primaria y secundaria.

A nivel universitario se diversificó los estudios. La escuela privada se desarrolló como complemento de la pública. A partir de la década de 1970 se amplió la educación superior pública que hoy tienen seis universidades, y a nivel privado hay 50 universidades y más de 60 instituciones parauniversitarias. La población estudiantil de escuelas y colegios alcanza el 1.200.000 niños y jóvenes, hoy gravemente afectados en sus estudios por el impacto de la Pandemia del Coronavirus, que ha sacado del proceso educativo a cerca de 120.000 estudiantes en el último año.

Las tierras que pertenecieron al Rey y a la Corona durante al período colonial, al momento de la Independencia pasaron a ser tierras estatales, conservando y respetando los títulos que en el régimen colonial se habían dado a particulares. Esto hizo posible importantes políticas de colonización por parte del Estado desde 1821 hasta 1948 cuando todavía se daban tierras para colonizar o había grupos sociales, políticamente organizados, que luchaban por tierras para colonizar. Esto permitió desarrollar un régimen de pequeña propiedad muy desarrollado asociado al cultivo del café principalmente, producto que se había introducido en el país a finales del siglo XVIII.

De ese período traíamos como cultivo principal el tabaco, y se tenía el cacao, además de otras actividades productivas o agro productivas, como la ganadería. Hacia la década de 1840, sobre experiencias del cultivo de caña en la colonia, se vuelve a activar sus cultivo en Valle Central.

Desde 1819 hasta 1844 se explotaron minas en los Montes de los Aguacates, en el Valle Central, que sirvieron de acumulación de riqueza que fue reinvertida en café y caña de azúcar en esos años.

En 1843 se empezó a realizar comercio de café con Europa. Fue exitoso y poco tiempo después se fortaleció dando origen a la construcción de la vía férrea al Atlántico, como se denominaba la región Caribe. Para ello se trajo a contratistas extranjeros que entre 1870 y 1884 terminaron la construcción del Ferrocarril al Atlántico. De ello derivaron beneficios para los contratistas que estimularon las plantaciones de banano en toda la región Atlántica caribeña y de explotaciones mineras en las regiones norte del país, en los distritos de Abangares y de Tilarán.

Junto a los constructores del ferrocarril se abrió el país a procesos migratorios fuertes tanto para trabajar directamente en esa obra, dado que la mano de obra del país no podía desplazarse a esos trabajos por estar, prácticamente empleada en su totalidad a los cultivos agrícolas de Café y Caña de azúcar en el Valle Central. Aquí hubo migraciones de negros traídos de Panamá, cesantes de los trabajos en la construcción del canal cuando paralizaron su obra, y de Jamaica.

Igualmente trajeron ciudadanos de Italia y chinos que eran literalmente comprados, bajo la fórmula de contratos de trabajo con los cuales podían adquirir su libertad laboral.

También migrantes de Europa, de todos los países, en la segunda mitad del siglo XIX, que se proyectaron en los campos de la cultura, la educación, las ciencias, las artes, la ingeniería y la arquitectura, y en la medicina.

El progreso social y material que se iba desarrollando con la Independencia cubrió las preocupaciones por las obras públicas básicas, las de impulsar caminos que comunicaran a los principales pueblos el Valle Central y del resto del país, especialmente hacia los puertos del Pacífico y en la búsqueda de la ruta hacia el Caribe. Se dio la preocupación por el saneamiento público, letrinas, aceras y desagües en la construcción de poblados, desarrollo de hospitales, el Leprosario o Lazareto y luego el Hospital San Juan de Dios en 1845. A finales del siglo XIX ya había varios hospitales en otras partes del país y se habían desarrollado los llamados médicos de pueblo.

Se impulsó el consumo de agua potable con una cañería pública en 1865. Desde entonces hasta hoy, en todo el territorio nacional se puede consumir o beber agua de cualquier tubo de agua de la administración pública de Acueductos y Alcantarillado.

En las actividades agrícolas se impulsaron grandes campañas de saneamiento, especialmente en la de grandes cultivos como el banano con el concurso en la década de 1920 de las Fundaciones Rockefeller y Kellogg.

En 1924 se creó la Secretaría de Salud que jugó un papel muy importante en este sentido, y en 1928 se creó la Secretaría de Trabajo.

Intentos de políticas de seguridad social se dieron en 1917 cuando en la Constitución Política de ese año se estableció la obligación del Estado por políticas de seguridad social, lo que se logró hasta 1940 cuando se fundó la Caja Costarricense de Seguridad Social. Siendo hoy, esta institución, junto con el Ministerio de salud, los dos pilares más importantes de atención de la salud de los costarricenses, y los grandes buques insignia en la lucha contra la Pandemia del Coronavirus que nos afecta a todos. En materia de salud basta señalar que en 1800 la expectativa de vida de los costarricenses era de 30 años, en 1900 era de 35 años, en 1943 era de 45 y hoy es de 82 años las mujeres y de 78 los hombres. Hoy también tenemos una zona azul, en la región de Nicoya, donde se alcanzan edades mayores de los 100 años.

En cuanto a otros eventos que afirmaron la independencia, y aseguraron el desarrollo del Estado y de la democracia costarricense podemos señalar lo siguiente:

En 1841, el Jefe de Estado Braulio Carrillo estableció lo que se llamó el Código General de Carrillo, que fue un compendio de legislación básica nacional que dejaba atrás la legislación española que todavía se usaba, por lo que se le llama el constructor del Estado costarricense.

En 1856 la amenaza de la intervención filibustera norteamericana en Centroamérica, en Nicaragua particularmente, y en Costa Rica, nos hicieron desarrollar el Ejército Nacional, pero después de esos sucesos por contradicciones políticas y económicas internas profundas, que provocaron el asesinato de Estado, de los héroes nacionales y jefes de la lucha antifilibustera, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, hicieron que el Ejército poco a poco fuera debilitándose, al reducirle sus gastos para dárselos a la educación. En 1949 en la Asamblea Constituyente se tomó la decisión de eliminar el Ejército Nacional, lo que ya se había propuesto en el Congreso en 1946. Del impacto del asesinato de Estado contra el Presidente Mora y el general Cañas se abolió la pena de muerte en 1882.

La clave más importante del desarrollo de la democracia nacional fue que en el ejercicio de la Jefatura de Estado o de la Presidencia de la República, y en el ejercicio del cargo de diputados, han predominado educadores, abogados, médicos y civiles sobre militares. Los militares casi no han ejercido cargos públicos, de tipo político, de importancia. El debilitamiento de lo militar fortaleció la educación pública, en general, y se ha alcanzado un régimen de garantías individuales, de libertades públicas y de derechos ciudadanos amplio, hoy fortalecido con políticas audaces de Derechos Humanos.

Otro elemento que caracteriza la Costa Rica de estos 200 años es que, desde el inicio de la vida republicana, aún sin imprenta, en el período 1821-1830, se estimuló prensa escrita en periódicos murales, con fortalecimiento en la libertad de opinión, de pensamiento. Con la imprenta, en 1833 aparecieron los primeros periódicos que fueron de gran vida ciudadana, de organización alrededor de ellos de grupos preocupados por la política y por la formación ciudadana. En los gobiernos del Dr. José María Castro Madriz se fortaleció la libertad de prensa y de la prensa crítica opositora al gobierno. Desde entonces se ha tendido a fortalecer el ejercicio de la libre emisión y publicación del pensamiento, y de la libertad de prensa.

Los proyectos unionistas centroamericanos, tratando de mantener la unidad regional existente antes de la Independencia, solo se dieron en el período 1823-1838, luego en 1842 y con la proclamación de la República en 1848 empezamos a caminar por cuenta propia en el escenario internacional. Se iniciaron las relaciones diplomáticas con Europa, el Vaticano y Estados Unidos principalmente. Con el Vaticano se logró en 1852 la Diócesis de Costa Rica con lo cual se creó la Iglesia Católica costarricense con autoridad propia. Antes de esto se dependía de la Iglesia de León, de Nicaragua.

La apertura a procesos migratorios, de carácter laboral, principalmente, en el siglo XIX fue importante para estimular una sociedad tolerante y solidaria, que han permitido que hoy el país se defina como una país multiétnico y pluriracial.

La Guerra Nacional y Centroamericana contra los filibusteros norteamericanos, encabezados por William Walker, que llegando invitados a Nicaragua en 1855, amenazaron con anexar los territorios centroamericanos a los estados sureños de los Estados Unidos y de esclavizar estos pueblos a sus intereses. Walker estableció el esclavismo en Nicaragua en 1855. La Guerra Nacional dirigida por Juan Rafael Mora, su hermano Joaquín y el General José María Cañas, con colaboración de los ejércitos centroamericanos, después de la peste del cólera en 1856, que derrota a los filibusteros, afirma la Soberanía, la Independencia y la Libertad de Centroamérica, y de Costa Rica, en lo podría considerarse la primera gran derrota, de este tipo, que sufrió Estados Unidos, el único país que reconoció a William Walker como Presidente de Nicaragua.

Desde 1849 los procesos electorales han sido bastante estables, con períodos de gobierno de 6 o cuatro años, con ligeros momentos de interrupción, lo que ha hecho en el país, una práctica democrática de ejercicio político cada vez más consolidado. Así desde 1882 el proceso político solo se ha interrumpido ligeramente en noviembre de 1889, bajo la dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919, y bajo el Gobierno de Facto de José Figueres, 1948-1949.

El desarrollo municipal desde el siglo XIX fortaleció la democracia política, distribuyendo poder y aliviando tensiones políticas.

A partir de 1980 con el impulso de los Planes de Ajuste Estructural, y a partir de 1990, con la política de Tratados de Libre Comercio, que se han firmado 17, Costa Rica ingresa a un nuevo modelo de desarrollo económico, que hace girar las exportaciones de pocos productos tradicionales, café, azúcar, ganadería y algunos otros a una canasta de exportación de más de 5000 productos.

En política exterior del país ha girado alrededor de los siguientes ejes, como políticas de Estado: derecho de asilo político, defensa de la democracia y del sistema democrático, la paz, la lucha contra el militarismo y la defensa de los derechos humanos en todas sus formas, lucha y condena contra regímenes militares y dictaduras, atención de refugiados, la defensa del derecho de asilo.

La inserción en las nuevas relaciones internacionales, abiertas. Especialmente las relaciones con la República Popular China desde el 2008 ha hecho gravitar la economía nacional con otros motores, y potenciarlos en esta década 2020-2030, que se vislumbra que China llegará a ser el principal motor económico del mundo. La Incorporación a la OCDE y la posibilidad del Tratado de la Cuenca del Pacífico serían también parte estos pilares del desarrollo próximo.

Estos han sido algunos de los principales caminos de estos 200 años en la construcción de la actual Costa Rica.

Hacia el primer domingo de febrero

Vladimir de la Cruz

Este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el pitazo de salida hacia las elecciones que se harán el primer domingo de febrero próximo. Hasta el 22 de octubre próximo tienen los partidos políticos tiempo para terminar sus procesos internos y presentar oficialmente sus candidaturas a Presidente, Vicepresidentes y a Diputados.

A partir de ese 6 de octubre, igualmente, toda la Fuerza Pública del país queda supeditada al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo no exagerar al resaltar que este acto es único en el mundo, que es una de las fortalezas y distinciones de la Democracia costarricense como sistema político y electoral de vida. Ningún país entrega sus fuerzas policiales, armadas o militares, durante el tiempo de un proceso electoral, casi siete meses, que puede prolongarse hasta el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda electoral.

De igual manera, el día de votaciones, ningún efectivo de la Fuerza Pública o de la Policía puede entrar o presentarse a votar armado, o con las armas oficiales que debe portar. Entran al recinto electoral desarmados. En países vecinos y del continente esto es absolutamente infrecuente, impensable. En muchos de esos países son los mismos uniformados del Ejército, y los cuerpos militares, los que prácticamente “cuidan” los procesos electorales, y en no pocos casos se quedan con las urnas electorales y los resultados.

Al escribir esta columna no tengo los datos finales de cuántos partidos políticos han terminado exitosamente sus procesos de inscripción definitivos, y cuántos tienen asuntos pendientes con el Tribunal Supremo de Elecciones, de que les aprueben sus trámites. Pero andan en una suma superior a los 20 partidos políticos nacionales y otro tanto de partidos provinciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones sin lugar a dudas desempeña una encomiable y excelente labor en la parte organizativa del proceso electoral, en la confianza que se deposita en él, en la certeza y seguridad que produce el sistema electoral con los partidos que participan en las elecciones, en la hechura de la papelería que se usa el día de las elecciones, en la distribución de las mismas desde varios días antes a los miembros de las Juntas Electorales, y en su recolección. Del mismo modo como ha ido perfeccionando sus sistemas de conteo de votos de manera que el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche prácticamente ya hay un primer resultado, no definitivo oficialmente, de quién puede ser el ganador o de quienes pueden ir a una segunda vuelta, así de cómo se configurará la próxima Asamblea Legislativa.

Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando, fardo que arrastra de su historia electoral, es que no ayuda en el buen sentido a la participación electoral partidaria. Hace todo lo que puede no para que los ciudadanos puedan inscribir partidos, sino para ponerles obstáculos de inscripción, algunos totalmente absurdos, como se ha visto en este período de Pandemia.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería contribuir a llevar de la mano a los ciudadanos para que puedan ver cristalizados sus procesos de inscripción partidaria. Es tan burocrática esa acción del Tribunal que hace que algunos de sus funcionarios y funcionarias, a cargo de esta tarea, actúen de una manera autoritaria, despótica, de tipo fascista, contra los partidos y sus procesos de inscripción poniéndoles trabas, anulándoles asambleas, obligándolos a repetirlas absurdamente, estableciéndoles el cumplimiento de requisitos que aunque estén en sus vetustos Estatutos partidarios, el Código Electoral, norma suprema los ha eliminado, lo que tácitamente significa que también los borró de esos Estatutos, sin embargo les obligan a aplicar los Estatutos y no el Código, en lo que los beneficia, creando también una desigualdad real de aplicación de una Ley que es para todos.

De esa manera, este accionar, de esos funcionarios y funcionarias, pareciera favorecer, con esos actos, a los grandes y tradicionales partidos. Eso sí es una cochinilla, o mejor dicho una gran cochinada que todavía se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Si la cochinilla no estuviera concentrada en asuntos de obras públicas bien podría pensarse que alguna cochinilla, y no solo de dádivas económicas, de comidas, de hoteles, o de favores sexuales, sino ideológicas, o de persecución política, o antipatía personal contra algunos posibles candidatos, podría haber en esos empleados y empleadas ensañados y empeñados en impedir la inscripción de partidos, o de anular sus inscripciones, cuando en buena filosofía democrática, y de la mayor participación ciudadana, deberían estimular la inscripción de partidos, sin importar su número.

Hoy no hay restricciones ni impedimentos constitucionales o legales para la inscripción de partidos, por razones ideológicas o políticas, como existieron con el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno y el Segundo párrafo del Ar. 98 de la Constitución, párrafo vigente hasta 1975, que el Tribunal solo lo aplicaba a la siniestra sin ningún miramiento, con solo olfatear o suponer algo de izquierda, por la sola firma de quienes solicitaban una inscripción partidaria, o por pertenecer a los órganos constitutivos de esos partidos que les aplicaban esas normas.

En esos años no había mucha distinción entre el dominio que se ejercía, desde partidos políticos gobernantes, o desde gobiernos, sobre los magistrados, como se hace actualmente en Nicaragua o en Venezuela.

Lamentablemente siguen existiendo rémoras institucionales, para mí, de corte fascista, en algunos funcionarios, que me imagino actúan al margen y sin directrices de los Magistrados electorales, en esas actitudes negativas, poco estimulantes para la participación más amplia electoral.

Aparte de este hedor que me provocan esos actos de esos funcionarios, de menor escala, pero con fuerte poder anulatorio de procesos de inscripción de partidos, saludo la apertura del proceso electoral.

Nos queda a los ciudadanos exigirle, en esta campaña electoral, a los candidatos presidenciales y a sus diputados, como a los partidos políticos, que nos digan cuáles van a ser, por lo menos, sus primeros cinco Proyectos de Ley y sus primeros cinco Decretos Ejecutivos, a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo próximo, de los diputados y del próximo presidente. Esto por cuanto todo lo que ofrezcan en la campaña electoral, en discursos y programas, tienen oportunidad de traducirlo desde el primer día que asuman su puestos, el 1 o el 8 de mayo, los diputados y el Presidente, en Proyectos de Ley o en Decretos Ejecutivos. Si esto lo cumplieran empezarán a contribuir para restituir confianza en la Política, en los Políticos, en los Gobernantes, en el Presidente, en los Diputados y en los Partidos políticos… Ya sería algo.

Los tufos y perfumes de las encuestas

Vladimir de la Cruz

El ambiente electoral tienden a caldearlo, un poco, con las diferentes encuestas que se vienen publicando que retratan partidos políticos, y a sus principales dirigentes, especialmente a aquellos que han venido sonando como posibles precandidatos presidenciales, como reconocidos dirigentes de sus partidos o de la vida nacional. También retratan a los funcionarios del Poder Ejecutivo, al Presidente y sus Ministros, como a veces a otros funcionarios de las Instituciones públicas y Poderes del Estado.

Las encuestas técnicamente son un rico instrumento de medición de comportamientos individuales, en un momento determinado, del momento o día cuando se hacen las encuestas, las que a veces se llevan a cabo en días diferentes y también en días distanciados unos de otros. Tan solo son eso, un retrato de un momento, como son las fotografías.

Las encuestas son perversas en la manipulación que se puede hacer de ellas, por el tipo de pregunta que se hace al entrevistado o encuestado. Así por ejemplo, si existen 10 partidos y solo se pregunta sobre cuatro de ellos o, si hay 20 precandidatos y solo se pregunta sobre unos cuantos.

Las encuestas también se pagan, en lo que puede interesar a quienes contratan a las casas encuestadoras para realizarlas. Quien paga tiene derecho a establecer las preguntas y a conocer sus resultados. Dependiendo como se haga una pregunta así puede haber un resultado. Esto vale hasta para asuntos judiciales.

En este caso, el de las encuestas, solo el que paga conoce el resultado de lo preguntado. Así las casas encuestadoras hacen un tren, un conjunto de vagones, con diferentes temas cada uno a preguntar, y de la misma manera se “venden”. De este modo, en el caso de partidos políticos pequeños y de precandidatos, o ya candidatos, con menos recursos menos acceso tienen a toda la encuesta.

Hay partidos y candidatos, que por sus capacidades económicas tienen a su servicio exclusivo una casa encuestadora permanente, y llevan el pulso, técnicamente al día, del movimiento partidario, del candidato y de los temas sensibles de la población como de la agenda nacional, para saber como opinar o para dirigir mensajes. Los gobiernos generalmente tienen este seguimiento diario desde una Oficina que les realiza este trabajo, evaluando al Presidente, sus Ministros, los dirigentes de las instituciones públicas y de los poderes de Estado, así como a dirigentes de la oposición política, comentaristas, analistas y críticos de la situación del país, llevándole el pulso a esas críticas que se hacen a la gestión gubernativa, a las políticas públicas y a los pronunciamientos de los funcionarios públicos, y al impacto que tienen en la población, o en los sectores que se quieren evaluar y conocer.

Una encuesta mata a otra encuesta, dice el refrán técnico. En la guerra de encuestas, cuando los partidos políticos tienen sus propias casas encuestadoras, porque las contratan de manera exclusiva, se desata una guerra de desinformación de resultados, de manera que si se favorece en una encuesta a un candidato otra encuesta opuesta lo puede desfavorecer. Las encuestas son también armas y así se pueden usar en campañas electorales, sobre todo cuando los candidatos y partidos políticos “se venden” como “productos” de consumo y de alto consumo. Desde 1958, en Estados Unidos, desarrollaron las encuestas políticas, de candidatos y de campañas electorales, al estilo de venta de productos en una sociedad de consumo. Un libro en esa época, “Cómo se vende un Presidente”, hecho por uno de los asesores de Richard Nixon, es muy ilustrativo de la nueva época que se iniciaba en ese sentido, como hoy pueden ser las armas de las nuevas perspectivas electrónicas, como los tweets muy desarrollados por Trump, y otros candidatos presidenciales, y Presidentes en ejercicio, para la comunicación de sus mensajes.

En las campañas políticas, cuando se han abierto los bancos nacionales y privados para facilitar créditos a los partidos, para financiar sus campañas electorales, estas instituciones se guían justamente por las encuestas que se orientan a proyectar posibles resultados electorales, con lo cual, de esa manera, solo “prestan” dinero, “dan” créditos o “adquieren” bonos de la deuda electoral, que emiten los partidos, a los que puntean en esas encuestas y por ello aseguran que con su posible resultado puedan recuperar los dineros girados a los partidos políticos.

El financiamiento público para los partidos políticos, en sus campañas electorales, es igualmente manejado, de manera perversa para solo asegurar a aquellos partidos que sacan más de un 4% de votos, o que eligen un diputado. Así ha funcionado siempre, con lo cual solo se favorece a menos del 10% de los partidos que participan, y estableciendo mecanismos para asegurar, en una época al bipartidismo dominante, y desde 1998 hasta hoy a un poco más de esos partidos del bipartidismo, siempre y cuando cumplan con esos resultados. Cada ciudadano que vota no vale igual para el Tribunal Supremo de Elecciones, respecto al costo por voto de lo que vale cada ciudadano.

Uno de los elementos que se atiza constantemente hoy, o en estos tiempos, es valorar el porcentaje de las personas que no tienen partido político, que no están definidas respecto a candidatos, con referencia también a la actitud que tienen frente a la Política, los Partidos Políticos, los candidatos presidenciales, o las elecciones mismas. En esta época, en estos meses, cuando aún no se ha definido en todos los partidos políticos los candidatos oficiales, que entrarán a la contienda es natural que haya altos índices de indiferencia electoral y a las opciones electorales, como partidos y como candidatos. El desánimo de las encuestas que puede rondar el 70% en promedio es técnicamente igual al mismo porcentaje de hace cuatro años o de hace ocho años, o de otros períodos electorales similares. Lo que se mide hoy no es lo que va a resultar cuando ya estén todos los partidos y candidatos jugando. Allí empezará de nuevo a jugar la rueda de la fortuna de las encuestas.

Si consideramos que el abstencionismo nacional, en promedio, desde 1953 hasta el 2018 ha sido de un 24%, y que desde el 2002 hasta el 2018 ha girado entre el 31% y el 34%, bajando en la segunda ronda del 2018 al 31%, ese es el abstencionismo histórico, que puede moverse muy poco hacia arriba, como ha sucedido. Los que se asustan, desaniman o sorprenden, con las encuestas que se están publicando deben tener esta referencia del abstencionismo histórico, no el momentáneo actual ante un panorama que todavía no muestra todos los partidos ni a todos los candidatos. Aún hay partidos en procedo de inscripción. Aún no se han desconfigurado las posibilidades de coaliciones, ni de candidatas femeninas, que podrían hacer algo de bulla.

Tengo la sensación, sin embargo, que en la próxima campaña puede reducirse ese abstencionismo por los candidatos que hoy suenan como principales en la disputa, y por el esfuerzo que harán todos los partidos por sacar del Gobierno, y evitar un tercer gobierno continuo del Partido Acción Ciudadana. Igualmente, tengo la sensación, de que en la próxima Asamblea Legislativa habrá fracciones de partidos más fuertes y con más diputados de los que ahora tienen, sin perjuicio de que partidos pequeños sigan representados.

Así los tufos de las actuales encuestas ahorita empiezan a aromarse, a perfumarse. Es tan solo un problema de esperar algunas semanas para ver partidos y candidatos debidamente perfumados en las encuestas y en los índices de opinión, hasta con la nota olfativa oriental de Pachuli, que como aceite tiene bondades medicinales aptas para cualquier campaña política, es antiséptico, desinfectante, antiinflamatorio, cicatrizante, regenerador celular, diurético, afrodisíaco, antidepresivo, sedante para el sistema nervioso… todo lo que necesitan los candidatos y también muchos electores por la forma como se va a llevar esta campaña que viene.

Hacia la elección del Presidente y la Asamblea Legislativa para la Costa Rica del Bicentenario… de los próximos 30 años

Vladimir de la Cruz

La realización de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional ha sido lo más importante para ese Partido, y en cierta forma para los demás partidos, que están con procesos de convocatoria de Convención, abierta o cerrada, sobre todo porque no aplazó ni postergó la Convención fechada para los primeros días de junio. Liberación Nacional está marcando la cancha y obligando a andar detrás de ellos.

Esta es una prueba de fortaleza de ese Partido que le permitirá evaluar sus fortalezas y debilidades organizativas, de este proceso, que mínimamente movilizará a los 20.000 candidatos que aspiran a distintos puestos de la estructura política verde y blanco. Y, que movilizará, por lo menos, 60.000 personas contando dos más por cada candidato que hay a elegir.

Por electos esos candidatos sabrán también las debilidades regionales, considerando que la Convención es nacional, en todo el país, con casi mil puestos de votación, y empezarán a afilar machetes hacia la campaña electoral, a potenciar la organización partidaria alrededor de los candidatos electos y, especialmente, a prepararse para la Asamblea Nacional que deberá ratificar al candidato presidencial y también escogerá los candidatos a diputados.

El reto más importante del resultado de la Convención es mantener en la línea partidaria a los otros candidatos, a saber, negociar con los que no queden electos sus posibilidades políticas dentro de la campaña electoral, considerando igualmente, en proporción a los resultados, sus intereses y aspiraciones partidarias. Si Liberación Nacional quiere ganar las elecciones debe integrar, y amarrar sólidamente, a todos los restantes candidatos en el carro presidencial. Al menos ya están bien consolidados los que se adhirieron a José María Figueres.

La próxima campaña, para todos los partidos, pero especialmente para Liberación Nacional, Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana, que han sido partidos gobernantes, es ganar en la primera vuelta. Una segunda vuelta, dependiendo de los finalistas, puede llegar a ser más tensa que la segunda vuelta del 2018.

La verdad, para mí, es que, en estos partidos, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, en cierta forma las cartas ya están echadas. No hay mucho margen para jugadas políticas sorpresivas, ni para que los precandidatos levanten más de lo que ya tienen.

En estos partidos quedan las candidaturas de diputados. En Liberación Nacional entiendo que los definirá, como corresponde, la Asambleas Nacional, que le dará más atención a la calidad política de los diputados y les permitirá escudriñar mejor sus candidatos de manera que no les aparezca otro Viales. Hay partidos que no aguantan mucho este tipo de escándalos. Y hay escándalos que provocan manchas casi indelebles.

En mi opinión la Asamblea Nacional deben realizarla cuanto antes le sea posible. No tiene por qué ser convocada en la víspera del cierre de inscripciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones de las candidaturas, porque esto también les da ventaja sobre los otros partidos políticos, especialmente sobre los que han postergado sus procesos convencionales internos, mostrando más debilidad organizativa que atención a las medidas precautorias frente al COVID.

En la Unidad Social Cristiana más dependen de las Asambleas Provinciales. Los candidatos que piensan que deben ocupar los primeros lugares tienen que presionar rápidamente para la realización de ellas y definir así las candidaturas. Asamblea que nombra candidatos no puede moverlos. Las últimas tendrán que ajustarse a la representación paritaria horizontal, como ya se las aplicó el Tribunal Supremo de Elecciones en la pasada campaña cuando obligó a invertir la candidatura de San José porque ya había electo los candidatos masculinos de la cuota horizontal del primer lugar. Los diputados actuales, en cierta forma los haló su candidato presidencial del 2018, Rodolfo Piza. En esta elección van sin un Rodolfo Piza que les asegure esa cantidad de diputados. Arriesgan a disminuir su bancada actual diputadil con los candidatos que tienen a la vista. Tampoco tienen mucho donde escoger y con el planteamiento conservador que tiene, la Unidad Social Cristiana, tratando de competir con los partidos cristianos no católicos, ramachecos, no llega a esa población, porque los ramachecos la tienen cautiva, sobre todo si tienen un tema nacional que explotar electoralmente que en este momento no está en la agenda nacional, ni me parece que les aparecerá natural ni artificialmente.

En los otros partidos tampoco hay mucho de sorpresa porque varios de esos partidos son personales, tienen dueño o patrono, y no tienen mucho que discutir respecto a candidaturas presidenciales, ni mucho que decidir respecto a los primeros puestos de candidatos a diputados.

En Acción Ciudadana solo definirán en la Convención el candidato presidencial. Le dejan a la Asamblea Nacional las candidaturas a diputados y al propio candidato que tiene una cuota de nombramiento de los primeros puestos.

El postergar la Convención, como las Asamblea Nacionales, o Provinciales, cuando éstas tienen poder de designación de candidatos, es riesgoso por pleitos internos, por procesos viciados en la convocatoria y realización de la Convención como de las Asambleas, que deben reprogramarse, y lleva sus días y atraso frente al electorado de mostrar las candidaturas, así como por apelaciones que puedan producirse.

La gente, los electores, en mi experiencia, cuando aparecen los candidatos oficiales empiezan a definirse, a dar apoyo y a declarar y comprometer lealtades.

En los otros partidos las aguas parecen bastante mansas, pero como en las lagunas y ríos debajo de esa tranquilidad de aguas en la superficie, puede haber corrientes muy fuertes y remolinos que pueden engullirse a cualquiera. Así es también la política.

Las posibilidades de la coalición alrededor de la candidatura de Rodrigo Chaves, que impulsa principalmente el Partido Republicano Social Cristiano no se ha agotado, pero se les está yendo el tiempo. Sin coalición, por pequeña que sea, su candidatura se verá muy disminuida. Y si la coalición tiene un sesgo conservador también se depreciará. Tiene Rodrigo Chaves la capacidad y el talento, como pocos de los candidatos, para un discurso social desde su propia óptica por la experiencia internacional que ha tenido atendiendo y tratando de resolver problemas de pobreza en casi 50 países, de manera que sabe cómo enfrentar causas estructurales de la pobreza y sus posibles soluciones, en países como Costa Rica. De lograrse esta coalición es la única, y por sí da imagen de mayor tamaño que sus propios partidos. ¿Acaso no fue así la coalición de la UNIDAD en 1978, que lo que tenía era un gran candidato? Me parece que algunos de quienes impulsan su candidatura, de manera oportunista, lo que les interesa es su nombre para ver si pueden elegir unos cuantos diputados más, haciendo uso de él como lo hizo el Partido Integración Nacional con Juan Diego Castro en el 2018.

Las otras fuerzas electorales de signos parecidos van hasta hoy divididas e individualizadas cada una de ellas, con pocas posibilidades de elección incluso de diputados porque sus rediles electorales los tienen divididos. Y tienen buenos candidatos a la vista, y de lo que suena, más allá de si a uno le gustan o no esos candidatos o sus planteamientos, pero que son candidatos buenos lo son, para las necesidades que tiene el país, y el trabajo parlamentario.

Tarea política urgente es llevar calidad política a la Asamblea Legislativa, y especialmente a la Presidencia a quien con certeza se sepa que no es un candidato improvisado, ni ad hoc, para la ocasión del 2022. Este debe ser el objetivo y propósito de todos los partidos políticos en la contienda electoral que está en marcha.

Es el Presidente y la Asamblea Legislativa para la Costa Rica del Bicentenario, a partir del 2022 al menos con visión y acción hacia los próximos 30 años.