El próximo jueves 24 de agosto a las 9:00 a.m. se realizará la presentación del Fichero Cantonal. La actividad tendrá lugar en el Salón Multiusos, 4to piso, entrada al costado norte del complejo institucional del Tribunal Supremo de Elecciones.
Para aquellas personas que no puedan asistir al sitio de reunión, la presentación será transmitida vía Facebook live y en el canal de Youtube del TSE.
Imagen ilustrativa.
Ya está disponible la nueva versión del curso virtual Ciudadanía Digital Responsable. Los participantes tendrán acceso a este curso por medio de la plataforma El Campus Virtual IFED del Tribunal Supremo de Elecciones.
Este es un curso autogestionado y completamente gratis, con modalidad virtual en el cual se le otorgará a los participantes que completen el curso un certificado por 10 horas. El curso consta de 5 módulos y los requisitos que se le solicitan a los participantes son los siguientes:
Para inscribirse debe ingresar al siguiente link: http://ifedvirtual.tse.go.cr/
La Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, le invitan a la presentación del libro ”La Iglesia de la Soledad” del Dr. Gustavo Soto Valverde. Esta es la décima sexta actividad del ciclo «Historia, cultura y democracia».
La actividad se realizará el miércoles 30 de noviembre a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y también se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
Vladimir de la Cruz
Tiene razón la diputada electa Pilar Cisneros en no haberse equivocado al decir que EXPRESAMENTE no se refirió al Tribunal Supremo de Elecciones, cuando en el mitin que tuvo su Partido Progreso Social Democrático, siendo ella la principal oradora, como lo ha sido en todo el país, afirmó, entre otras cosas, que la segunda vuelta no estaba ganada, y enfatizó que “Tenemos al frente un enemigo poderoso, con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección”. También afirmó que “Lo que nos preocupa es no tener fiscales de mesa en todas las mesas y que se pueda producir un chorreo por parte del partido rival”. También afirmó que esa práctica del chorreo es usual en todos los partidos políticos que realizan convenciones políticas para escoger sus candidatos.
Se refería al Partido Liberación Nacional, a su candidato, y a “la estructura sólida y capaz de hacer el chorreo”, donde IMPLICITAMENTE sí comprometió al Tribunal Supremo de Elecciones, porque esa es la estructura “sólida y poderosa” que es la única que puede facilitar “el chorreo de votos”. Salvo que Pilar Cisneros Gallo hable, o cante más que un gallo, sin conocimiento preciso de lo que afirmó, o lo que es peor, en una diputada, que no ligue el cerebro con la lengua.
Sí COMPREMETIÓ al Tribunal Supremo de Elecciones porque es éste el que prepara la papelería electoral, la imprime y la custodia hasta que, con actas en mano, la distribuye, en las tulas oficiales, a los miembros de mesa autorizados de todos los partidos para su custodia final, hasta el día de las elecciones, donde en ese proceso, de nuevo mediante dos revisiones, de esos miembros, de todo lo que contienen las tulas, se comprueba que toda la papelería electoral enviada es correcta, y que no falta nada.
COMPROMETIO LA INDEPENDENCIA del Tribunal Supremo de Elecciones y la transparencia de cómo trabaja. Lo IMPLICO con su afirmación en una POSIBLE componenda con un partido político en este fraude del “chorreo de votos”.
SI ACUSÓ IMPLICITAMENTE al Tribunal Supremo de Elecciones DE FAVORECER EL FRAUDE, en lo que dijo para la segunda vuelta electoral. Quizá lo pensó, pero no se atrevió a decirlo en la primera ronda porque su partido no estaba destacando como finalmente lo hizo.
Si el Tribunal estaba implícitamente comprometido, como ella aseveró, con su afirmación, tenía que estarlo, en ese compromiso de fraude, en primer lugar con el Partido de Gobierno, el Partido Acción Ciudadana, que de acuerdo a su insinuación, sin casi sacar un voto, en la práctica lo dejaron sin papeletas y sin chorreo, en el supuesto también de que los magistrados electorales le respondieran a ese Partido, así como todo el personal del Registro Electoral y del mismo Tribunal, igualmente, le respondieran a ese Partido en el Gobierno, con lo cual el Tribunal, o desde su entraña, se prestó entonces a facilitar papeletas para los partidos que llegaron a la segunda vuelta, en este caso tanto a Liberación como el Progreso Social Democrático, porque habría que pensar que también salió favorecido de ese supuesto chorreo de votos, porque las encuestas no lo colocaban de finalista.
De otra manera costaría pensar, de acuerdo con la perversa lógica de la diputada peruano costarricense, que los dos partidos finalistas llegaran a la final, y en esta segunda vuelta, con esa misma lógica, le preocupa que “el chorreo de votos” posible que pueda hacerse, ¿de nuevo?, se haga a favor de Liberación Nacional como partido y de su candidato, y ya no de su partido.
No sé cuánto sabrá la diputada peruana costarricense de la Historia Nacional, pero la década que culminó en 1948 se terminó con una guerra civil, que tenía como una de las banderas la lucha por la pureza del sufragio. En el otro bando, el del gobierno aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica, los comunistas impulsaron la constitución del Tribunal Nacional Electoral y del Código Electoral, ambos de 1946, con al ánimo de frenar la corrupción electoral que entonces se acusaba contra los gobiernos de turno. Ambas instituciones permanecen, sobrevivieron a la Guerra Civil, a la Junta de Gobierno y a la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy son sólidas columnas de la Democracia Electoral Nacional.
El actual Tribunal Supremo de Elecciones lo estableció la Asamblea Constituyente, respetando la propuesta que hizo la Junta de Gobierno encabezada por José Figueres, y el código electoral de 1946, con sus reformas llegó hasta el 2009 cuando se aprobó el actual Código Electoral.
La Asamblea Nacional Constituyente, con el apoyo de la Junta de Gobierno, le dio carácter de poder independiente, al Tribunal Supremo de elecciones, que así lo denominó la Junta de Gobierno, con exclusividad en su función electoral, único organizador, administrador y con capacidad declarativa, sin apelación alguna, de los resultados electorales, lo que ha sido pieza fundamental del desarrollo de la Democracia Costarricense, situación que seguramente en Perú donde la diputada electa inició su primera formación no se conocía, por su historia militar, de golpes de estado, poco democrática, comparada con la costarricense.
El chorreo de votos, como se conoce esta figura del fraude electoral, que usted trajo a cuento, generalmente se hacía en las elecciones oficiales de Costa Rica, antes de 1948, y se podría decir que en todas las elecciones anteriores a esa fecha había distintas formas de hacer fraudes.
En esa época anterior a 1948 el proceso electoral estaba totalmente controlado por el Poder Ejecutivo, y por el partido gobernante. Hasta 1924 el voto de los electores era público con lo cual se podía presionar de muchas maneras, por parte de empleadores, autoridades de gobierno, patronos en general, hacendados, a los electores votantes sabiendo cómo iban a votar. Hasta por la forma cómo se emitía el voto, que podía durar algunos días, era fácil alterar procesos electorales, o por la falta de cedulación, o por una lista abierta de electores donde estaban los fallecidos, por traslados de sitio electoral, por la forma como se leían los telegramas informativos del resultado, o por compra directa de votos etc.
Al controlar el sistema electoral el Poder Ejecutivo ejercía control en la práctica de todo el proceso, desde su organización hasta la elaboración del material electoral y su distribución, además del conteo de votos que prácticamente se hacía en la Casa de Gobierno. La declaración final de los resultados quedaba en manos del Congreso de conformidad al informe que enviaba el Tribunal Electoral de la época.
De esta manera cuando se empleaba el sistema del chorreo de votos se procedía así:
De las papeletas oficiales se sacaban algunas, que no eran impresas como lo hace actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones, tantas como se quisieran emplear en distintos lugares, cantones o provincias, para asegurar el triunfo que se deseaba.
Por sacadas las papeletas, lo que era fácil hacer al partido político que estaba en el Gobierno, porque controlaba al Tribunal Electoral, la emisión de toda la papelería electoral, o al Gobernante de turno que complacía en que esas papeletas se sacaran para ese fin, de chorrear votos, esas papeletas se marcaban en la casilla del candidato que se quería favorecer. Marcada la papeleta entonces se acudía a un votante para proponerle que metiera esa papeleta marcada y trajera la que le daban en el recinto electoral, que era otra papeleta oficial. Así se iniciaba la cadena de votos que se provocaba con ese “chorreo”.
El chorreo se hacía con papeletas oficiales, reales, verdaderas, no con copias o falsas papeletas. Ese proceso podía implicar un acto consciente de quien lo hacía porque lo hacía a favor de un partido y un candidato o bien inducido mediante soborno, pago o compra del voto.
Técnicamente desde la organización de las elecciones nacionales, a partir de las elecciones de diputados de 1949 y las nacionales a partir de 1953 esa forma de fraude desapareció.
Los procesos electorales fueron perfeccionándose en su organización, administración, en la educación popular, en la formación ciudadana, y la cultura cívica que desde entonces se ha desarrollado alrededor del sufragio nacional, como proceso electoral y como ejercicio masivo del derecho político a elegir las autoridades supremas de los Gobiernos del país, el nacional, los diputados y los gobiernos locales. Que recuerde nunca ha habido desde la existencia del actual Tribunal Supremo de Elecciones ningún cuestionamiento a su manejo de las elecciones, hasta ahora que la diputada peruana costarricense lo ha hecho.
El Tribunal Supremo de Elecciones fue el cuestionado por la diputada electa. Con ello, con sus aseveraciones, se afectó la imagen pública, y posiblemente internacional del país, de la democracia nacional y del sistema democrático electoral del país. ¿Cabrá acusación penal contra la diputada electa antes de su juramentación, por el daño causado al país, a la imagen de la democracia costarricense?
Sin lugar a dudas la democracia electoral y política nacional se fortaleció el pasado domingo con la culminación de las elecciones, con la participación de 25 partidos nacionales y 36 partidos provinciales, con un mínimo de 26, por provincia hasta un máximo de 29. Opciones había. Lo que no hay, en esto se sigue debiendo, es un sistema de financiamiento que permita contribuir a cubrir los gastos de todos los partidos políticos, y no solo de aquellos que terminan sacando un 4% de votación o elijen un diputado. Ni siquiera los partidos pequeños, y de izquierda, que en el pasado fueron víctimas de este injusto sistema han propuesto proyectos, cuando han tenido o tienen diputados, para tratar de enmendar esta injusticia electoral. En ello quizá pesa el que por elegir diputados no se preocupan de los que no eligen o sacan el porcentaje, porque esa situación permite y posibilita eliminarlos como partidos contrincantes o que les disputan electores, hacia el futuro.
De los 25 partidos nacionales era claro, y así lo había manifestado en distintas intervenciones que hice, que solo un grupo pequeño iba a despuntar, porque así lo iban a definir los primeros encuentros que se hicieran de candidatos, especialmente escogidos por el sector privado, como ocurrió con el primero organizado que preparó la UCCAEP, al que no asistió el candidato del partido Acción Ciudadana, lo que era un grave error, porque dejaron de invitarlo. Es claro también que los encuentros de candidatos organizados por organizaciones privadas, entre ellos los medios de comunicación, que podían invitar solo a quienes ellos quisieran, aun cuando justificaban su escogencia por el puesto delantero, que llevaban en las encuestas. En este sentido escogieron ocho candidatos que a veces los zarandeaban dejándolos a seis o siete. Y esa escogencia a la vez contribuía a influir en las opiniones de los ciudadanos que terminaban reflejándose en las encuestas, como si fuera un círculo perverso, cerrado, obsceno y, así se fue el desarrollo de la campaña.
Ciertamente algunos medios de comunicación, especialmente radiales, entrevistaron a los 25 candidatos, casi nada más para dejar registro de que a todos los dieron al menos un espacio. Con los candidatos diputados a diputados fue semejante con mayor desventaja, porque no era posible tomar en cuenta, por lo menos, a todos los primeros lugares de cada una de las provincias cuando el mínimo de partidos en una provincia resultó de 26 partidos y el máximo de 29.
Ridículo hizo el Tribunal Supremo de Elecciones de organizar un único debate, en tres turnos, como si eso fuera suficiente, con los 25 candidatos, a la ocho de la noche. El Tribunal pudo haber mantenido debates continuos para haberle dado mayor oportunidad a todos los partidos, especialmente a los que la gran prensa y medios de comunicación no tomaban en cuenta y por lo que no aparecían ni despuntaban en las encuestas. Canal 13 y Radio Nacional debieron haber cumplido un papel más decoroso, digno y decente en este sentido. La franja publicitaria de todos los partidos no se hizo sentir. En esto el Tribunal, Canal 13 y Radio Nacional, siempre en estos procesos electorales en este aspecto quedan debiendo. Así como el Tribunal dirige la Fuerza Pública, y queda bajo su control durante el período electoral, así todo el Sistema Nacional de Radio y Televisión debería estar al servicio del Tribunal para estimular la divulgación de los programas, planes de gobierno y la presentación de los candidatos a la Presidencia y por lo menos los primeros lugares de las candidaturas a diputados.
Los llamados debates de candidatos no tienen ese carácter. Tan solo son una presentación en una pasarela televisiva para que expongan ligeros conceptos sobre algunos aspectos que les preguntan, sin posibilidad de debatir, discutir sobre esos temas, apenas para delinearlos o para medio exhibir a algún candidato en que no conoce nada o muy poco de lo que se le pregunta.
En esta segunda ronda a los únicos dos candidatos deberían enfrentarlos sobre temas concretos, y sobre cómo piensan llevar a cabo lo que se les pregunta sobre sus programas, diciéndoles sobre qué les van a preguntar y dándoles más tiempo para explicar sus lineamientos generales.
Que hubiera 25 candidatos presidenciales no me asustaba. En campañas anteriores había hasta 14 partidos. El número de 25 partidos iba a resolverse como sucedió en esta campaña. Los electores escogieron y se decidieron por un grupo de seis partidos que superaron el 8% de votos. El resto, los otros 19 partidos, ninguno llegó al 1% de votos y en su totalidad alcanzaron los 150.000 votantes, que si hubieran actuado en coalición hubieran peleado la elección de 5 diputados.
El resultado de 6 partidos con seis o más diputados fue posible por el alto nivel de abstencionismo que se produjo, lo que los benefició porque el subcociente se redujo notablemente. Si el abstencionismo se hubiera mantenido en el 30% los partidos que sacaron 6 y 7 diputados hubieran reducido a sus diputados a 3 o 4.
A nivel de partidos políticos provinciales en 1990 y 1994 participaron 15, solo 5 eligieron diputados, en 1998 participaron 23 y eligieron 7, en el 2002 participaron 18 y solo 5 eligieron, en el 2006 participaron 27 y solo 8 eligieron, en el 2010 participaron 18 y solo 8 eligieron, en el 2014 participaron 20 y solo 9 eligieron, en el 2018 participaron 25 partidos y solo 7 eligieron. Para estas elecciones del 2022 se inscribieron 36 partidos a nivel provincial pero solo 6 partidos lograron elegir diputados.
A nivel presidencial desde 1990 en dos ocasiones participaron 7 partidos, en tres elecciones lo hicieron 13 partidos, en una fueron 9 partidos, en otra 14 partidos y ahora 25 partidos.
Viendo los anteriores datos, al menos yo estaba claro, que la cantidad de partidos a nivel presidencial o de diputados n o iba a alterar sustantivamente el resultado electoral de diputaciones. Lo que podía alterarse era el de los finalistas presidenciales, como sucedió.
Hay que estudiar, lo haré para próximos artículos, el alto abstencionismo de esta elección, especialmente su distribución geográfica. Por ahora sigo creyendo que los abstencionistas parten de la idea de que no tienen nada que perder con cualquier candidato o partido que gane las elecciones presidenciales. De alguna manera pueden considerar que el que llegue a Zapote les puede mejorar sus condiciones socio económicas o materiales de vida. Pueden ser las condiciones extremas de pobreza los que los lanza objetivamente al abstencionismo y la poca proyección territorial efectiva que tienen los partidos políticos, exceptuando los partidos religiosos cristianos que tienen mayor presencia por sus “templos”, “garajes”, “locales” o iglesias cristianas no católicas, de allí la mayor presencia de Nueva República en las provincias costeras y pobres.
La propaganda electoral, especialmente en vallas, para mí fue deficiente y pésima, en general, para todos los partidos que pudieron poner vallas. El que mejor las conceptuó fue Fabricio Alvarado. Los grandes temas sociales asociados a la pobreza, la extrema pobreza, el desempleo, la necesidad de recuperación de empleos, salarios e ingresos, costo de la vida no se tocaron ni llamaron la atención, excepto en el último de los encuentros programados, el de Canal 7, que empezó con una pregunta en este sentido. Lo mismo que el tema de educación. En general la campaña en esta temática giró alrededor de los grandes temas, a modo de consignas, de carácter económico, poco asimilables para el elector común, el del pueblo.
La segunda ronda, la del primer domingo de abril, será interesante en su desenvolvimiento. Allí puede ser que se planteen dos modelos de desarrollo económico, social y político futuro. Va a depender de la conceptualización política de la campaña electoral que sigue, no de la campaña publicitaria para tratar de vender un producto comercial electoral, con la forma de un candidato. Si se mantienen con la propuesta de un solo modelo y dos variantes no va a suceder un cambio significativo, pero podría ganar el que presente la tesis más populista, más antisistema y que se perciba como la tesis del cambio, aunque no cambie nada… el gatopardismo.
Por mí (la sabiduría) reinan los reyes,
y los gobernantes decretan justicia.
Proverbios. 8:15VBA
La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), inquieta por estar en camino las elecciones generales en Costa Rica, el próximo domingo 6 de febrero 2022, desea compartir algunas inquietudes y preocupaciones, en torno a la contienda electoral.
Ha quitado a los poderosos de {sus} tronos;
y ha exaltado a los humildes. Lucas. 1:52VBA
En una semana prácticamente estaremos entrando, en el período electoral de la llamada Tregua Navideña, o del receso propagandístico, período que se prolonga hasta el domingo 2 de enero, en el cual ninguno de los partidos políticos puede pautar propaganda política electoral, de ningún tipo, en ningún medio de los autorizados ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Esto ha sido así desde hace varios procesos electorales. La finalidad es que no se usen los días de Navidad, especialmente, en este sentido, y darle a los ciudadanos y las familias un descanso propagandístico ante el inminente proceso electoral. Es igual a la tregua y prohibición propagandística que se realiza en los últimos tres días antes de la elección del primer domingo de febrero. Este descanso propagandístico es con la finalidad de que en esos tres días se permita a los electores, y sus familias, tomar la decisión de su elección de candidato y partido, de la manera más sosegada, serena, tranquila posible, una decisión íntima, sin presiones externas de propaganda, una decisión de conciencia, como debe expresarse ese primer domingo de febrero, pensando y razonando cuál es la mejor opción de candidato presidencial y cuál es la mejor opción de candidatos a a diputados en cada provincia. Incluso en esos tres días antes de la elección es prohibido dar o publicar datos de encuestas.
Durante estos períodos en que se paraliza la propaganda electoral, que es prohibida, no se impide que a los candidatos a la Presidencia, como a las diputaciones, se les pueda invitar a programas de radio, de televisión y de espacios en prensa para hablar con ellos, para discutir con ellos, para analizar sus propuestas, porque la emisión de pensamiento no se puede limitar, ni restringir.
El derecho de pensar, de opinar, de hablar, la libertad de pensamiento, de acuerdo a la Constitución Política, se ejerce las 24 horas, todos los días del año. Esta libertad no se puede restringir ni siquiera en estos períodos electorales. Este es un Derecho que viene desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa, pronunciada el 26 de agosto de 1789, junto con su homóloga, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, del 5 de setiembre de 1791, menos conocida ésta que la de 1789.
De la Declaración de 1789 transcribo los siguientes artículos:
Art. 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.
Art. 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Art. 3.- La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.
Art. 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley.
Art. 5.- La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.
Art. 10.- Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.
Art. 11.- Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.
Art. 15.- La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.
Art. 16.- Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se publicó en entregas en un periódico de Costa Rica, “El Mentor costarricense”, a partir de julio de 1843. Probablemente por ello en la Constitución de 1844 se consagró el derecho a “la resistencia a la opresión”, que no se mantuvo en el ordenamiento constitucional posterior. Un 26 de agosto de 1940, en recuerdo de aquella fecha de 1789, fue creada la Universidad de Costa Rica por el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.
En la vida institucional de Costa Rica desde antes de que llegara la Imprenta, en 1830, desde los gobiernos del Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, 1824-1833, se estimuló la prensa, primero mural, y luego escrita, enfatizando en la libertad de opinar y de emitir y publicar opiniones y pensamientos. Esto a partir de estos gobiernos se mantuvo como una bandera del desarrollo institucional del país, combatiendo también la censura previa de cualquier publicación.
Desde su creación la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 1989, reiteradamente ha fallado en esta misma dirección, de que no se puede restringir la emisión de pensamiento ni restringir la opinión de los ciudadanos.
Hasta ahora, en la materia electoral, de la campaña que ya inició hace un mes, no se ha visto casi nada de propaganda impresa en medios de comunicación, por parte de los partidos políticos. Algunas vallas publicitarias han aparecido en las principales carreteras del país destacando las figuras presidenciales, al menos dos, las de Fabricio Alvarado y Eli Feinzag, y en algunos cantones he podido ver vallas de José María Figueres impulsando candidaturas de diputados, junto a su figura. En televisión casi no se sienten, lo mismo que en la radio los candidatos ni sus partidos.
No es lo mismo en redes sociales, donde los grupos pros y contras se mueven ardientemente a favor de los suyos y contra los otros. Aquí sí intervienen las fuerzas ocultas, algunas desarrolladas por los partidos políticos, a modo de troles, de “terroristas” y “francotiradores”, para estar denigrando candidaturas. Al menos en lo que he podido ver hasta ahora se concentran en el ataque a candidatos, no tanto a los partidos.
En este nivel, el electrónico y de redes digitales, que no se mueven directamente bajo la responsabilidad de partidos políticos. Probablemente, en los días de “descanso de diciembre”, como los de los días previos al domingo 6 de febrero, estas redes y sus comunicados no van a descansar, porque sobre ellos no puede intervenir el Tribunal Supremo de Elecciones, por no ser ellos parte participante, como partidos políticos, en el proceso electoral, y por el anonimato con que generalmente actúan, por lo que pueden mantener su divulgación de opiniones.
Las entrevistas a los candidatos es lo que puede programarse, sin atiborrar, para no chocar con la sensibilidad de las fechas navideñas. Para los días del 24, 25 de diciembre, y del 31 y 1 de enero, con esos motivos de Navidad y Año Nuevo, sí se permite un saludo, en todos los medios de comunicación, con ese contenido, a los partidos políticos y a sus candidatos.
Que la campaña electoral hasta hoy esté aparentemente tranquila, no significa que en la laguna de las elecciones, de superficie sin una sola ola, por debajo no se muevan corrientes de agua fuertemente, que haya remolinos que halen a unos y otros, que los revienten contra las orillas, que los hundan y los saquen de la profundidad. La tregua electoral en este sentido no funciona.
Este período para los partidos políticos es como una situación donde los movimientos peristálticos, en este caso políticos, cumplen su función, contracciones y relajaciones, primarias, secundarias o terciarias, de los músculos partidarios, de sus entrañas organizativas. Siguen funcionando por sí, digiriendo “la política”, pasándola por “el tubo digestivo” de los aparatos partidarios, y “vaciándola”, en sus heces políticas, de distintas formas por los aparatos de “evacuación” intestinal de los partidos, que operan de esta forma. Los medios de comunicación electrónica, las páginas y las redes encargadas de estas formas de comunicación nos mantendrán incómodos, hasta donde puedan, tratando de trastornarnos. Todo esto se producirá si hay más señales nerviosas al tronco cerebral de los partidos, y de sus grupos organizados en estas redes, para coordinar e impulsar esos movimientos peristálticos políticos, que es lo se nos viene encima.
En enero no va a suceder así. Veinticinco partidos políticos nacionales, y un promedio de 27, por cada provincia, van a provocar una avalancha de propaganda, quizá como no hemos visto en anteriores elecciones.
Es natural que así vaya a ser. Por eso también no ha habido por ahora gastos importantes en propaganda. En enero los habrá porque será necesaria, por el volumen de propaganda, atontar a los electores, y apagar y aplastar a los opositores, sobre todo porque es necesario para todos los partidos políticos, hacerse sentir, pero especialmente para los que vayan punteando como principales, en las encuestas particularmente, porque el juego principal, para los principales partidos, es ganar en la primera ronda.
El riesgo de una segunda ronda es fatal para cualquier finalista, por el acomodamiento de fuerzas que tiene que hacerse, de suma de las otras fuerzas que electoralmente perdieron, alrededor de esos dos finalistas, y de los mismos electores, que de pronto tendrán que taparse la nariz para votar en la segunda ronda por quien no quisieran votar, sabiendo que es una mejor alternativa. Nadie votará por echar a perder el país una vez más.
Todos tratarán de sacar la mejor alternativa posible, aunque no sea la más agradable, a favor del país, la democracia nacional y el futuro de Costa Rica.
Así estoy viendo este final de año electoral, donde las elecciones todavía no se sienten, o no han calentado. Los misiles y bombas de baja y alta intensidad explotarán en enero.
Espero que estos días y aires de navidad y de fiestas de año nuevo, que ya se metieron en la propaganda comercial, nos ayuden a pensar serenamente el futuro de la Patria que se está jugando. Este podría ser nuestro mejor regalo.
A todos los alajuelenses y al país.
El partido Renovemos Alajuela manifiesta:
Comité Ejecutivo
Partido Renovemos Alajuela
El pasado 3 de noviembre el Tribunal Supremo de Elecciones cerró el proceso de inscripciones, de partidos políticos, al sortear los puestos en las papeletas de presidente y de diputados por provincias.
Un total de 60 puestos a elegir, un Presidente y dos Vicepresidentes y 57 diputados es lo que resultará de esta elección.
A nivel presidencial, partidos de carácter nacional, participarán 27, de ellos 26 con candidato presidencial. Uno de ellos, Fuerza Democrática, apelando su participación porque en la Oficina de Partidos Políticos no le aceptaron la documentación física, que en tiempo presentó al Tribunal, que solicitaba se le entregara preferiblemente de manera electrónica.
Hasta donde yo sé si estaba bien presentada físicamente su papelería de inscripción, en tiempo y hora, en la sede del Tribunal, en la Oficina correspondiente, no tenían, ni tienen, por qué haber rechazado esta documentación de inscripciones de candidaturas. Un partido más, a estas alturas del juego, no hace daño alguno, más que a la democracia funcional y a la imagen pública e histórica del Tribunal Supremo de Elecciones. Más si es por esa simple razón.
En el Código Electoral no dice que sea únicamente de forma electrónica que se debe presentar la papelería. También se puede físicamente. La Sala IV entiendo ha resuelto situaciones de este tipo. Recuerdo las campañas electorales de Fuerza Democrática, cuando yo participé en 1998, 2002 y 2006 que por abaratar costos de publicación de los anuncios que obligadamente teníamos que hacer de las convocatorias de las Asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacional, las hacíamos en la Gaceta oficial, y el Tribunal Supremo de Elecciones no podía impedir que allí las publicáramos, a pesar de que nos enviaba notas para que hiciéramos un esfuerzo de publicarlas en “periódicos de mayor circulación nacional”. Es algo parecido.
Todos los 27 partidos prácticamente participan a nivel provincial. Aquí, de nuevo, por las mismas razones le rechazaron al Partido Fuerza Democrática las candidaturas en las provincias de Puntarenas y Limón, que también, por la misma razón, las tienen apeladas ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Por ahora van 26 candidatos presidenciales, con sus vicepresidentes.
De estos solo habrá un ganador, que arrasa con todo el Poder Ejecutivo, con la posibilidad de nombramiento y designación de los Ministros, que no se integran proporcionalmente al número de votos que cada partido político saca en las elecciones.
Para elegir al Presidente en la primera ronda de votación, el 6 de febrero, se necesita que el partido ganador, o el candidato gane el 40% o más de los votos válidamente emitidos.
El padrón electoral, casi totalmente cerrado, al 10 de octubre pasado, señala que hay 3.542.498 (tres millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho) votantes. Así, si votaran todos los electores el 40% que se necesita para ganar la Presidencia es 1.416.999 (un millón cuatrocientos dieciséis mil novecientos noventa y nueve) votos.
Si el abstencionismo electoral fuera del 30%, promedio de los últimos sorteos electorales desde el 2002, del total de electores, los que no emiten su voto, serían 1.062.749. De manera que quienes decidirían la elección son los ciudadanos que sí se presentan a votar, y teóricamente lo hacen bien, y que sus votos son válidamente emitidos, suponiendo que lo hacen bien y en urnas no anulan sus votos. Así la Presidencia de la República la decidirían 2.479.749 ciudadanos. De estos, el 40% se necesita para elegir el primer domingo de febrero, que serían 991.899 votantes. Esta cifra no se ha alcanzado en ningún proceso electoral anterior. La más cercana fue Laura Chinchilla Miranda, que sacó 896.516, con un 46.91% de votos en su favor, en la elección del 2010, con alrededor de 500.000 (quinientos mil) electores menos que en esta elección, que comparativamente con la anterior, la del 2018, los nuevos electores rondan los 300.000 jóvenes ciudadanos, que por primera vez van a votar.
Así las cosas, no parece fácil, pero no es imposible, que alguno de los partidos pueda alcanzar este 40% de votantes, lo que obligaría ir a la segunda ronda electoral, programada para el primer domingo de abril.
De llegar a esta situación la votación se define por simple mayoría de votos, entre los dos que avancen a la segunda ronda, siendo los que más votos saquen o más alto porcentual obtengan el primer domingo de febrero. Esto va a depender, sobre todo, del carácter de la propaganda con los candidatos, con la agitación de sus principales temas de campaña y de Gobierno, y de lo que ofrezcan a los oídos de los electores de manera más agradable y esperanzadora.
Dependiendo de quienes pasen a la segunda ronda, en caso de darse, la elección puede ser tan tensa y electrizante como la del 2018, en la cual el que iba en el segundo lugar quedó de primero.
Las papeletas, como las he visto, sin las fotos de los candidatos, se ven bien, no tan confusas como creía que se iban a ver. Se distinguen bien los colores de las banderas y los nombres de los partidos. Las fotos ayudarán en este caso a la escogencia, las que deberán ser muy claras, precisas y directas para que el votante reconozca fácilmente su candidato.
Algunos partidos, por sus colocaciones estratégicas, en la papeleta podrán hacer más bulla para la localización de la casilla electoral. A otros les va a costar un poco más. Aquí pesará mucho el tipo y claridad de consigna al llamado “a votar por…. en el lugar…. de la papeleta”.
A nivel provincial, para la escogencia y elección de los diputados, lo que vale es el número de votos a favor de cada partido. Aquí no juegan los porcentuales de votación. Juegan los números cerrados, lo que se llaman cocientes electorales, y los subcocientes electorales, que son los residuos que le quedan a los partidos, mitad más uno de los cocientes, una vez que se han asignado las plazas de diputados por cocientes, con lo que siguen arrastrando diputados, según tengan el cociente de mayor a menor.
En este nivel, todavía, en el Código Electoral, con complicidad del Tribunal Supremo de Elecciones, en la aprobación del actual Código en el 2009, y por la interpretación que se hace de los resultados electorales, se mantuvo y se mantiene esta situación de arrastre de más de un diputado con un solo subcociente electoral, lo que a todas luces, y de toda lógica, no debe suceder, porque al aplicar el subcociente, para elegir, se acaban los votos del partido que usa el subcociente. Lo que correspondería es que agotados los cocientes y subcocientes, y si aún quedan plazas por nombrar, entonces se siga el mismo procedimiento con aquellos partidos que tienen el mayor número de votos sin haber logrado subcocientes, de forma tal, también, que haya una mejor y más rica representación parlamentaria, porque no sería correcto que con un subcociente se puedan elegir dos diputados como ha sucedido, contra un grupo de ciudadanos al que se le niega su representación parlamentaria por un ardid legal que funciona a favor de los grandes partidos, una vieja tradición impuesta por el añejo bipartidismo político, hoy tripartidismo gubernativo si se considera al Partido Acción Ciudadana, que no hizo nada en estos dos gobiernos, que ha tenido, para mejorar esta parte del proceso electoral. Y, no ha hecho nada porque de ello se beneficia también. Y, los partidos, de cualquier signo político, y representaciones parlamentarias pequeñas, no están para defender a los más pequeños, ni a sus propias representaciones, que también por ese motivo salen perjudicadas.
Veamos las cifras provinciales. El número de diputados por provincia se define por la cantidad de habitantes según determine el censo decenal, lo que no ha cambiado para esta elección.
Así las Provincias eligen en San José 19 diputados, en Alajuela 11, en Cartago 7, en Heredia 6, en Guanacaste 4, en Puntarenas 5 y en Limón 5.
Las provincias tienen los siguientes electores: San José 1.159.113, Alajuela 679.899, Cartago 410.082, Heredia 355.844, Guanacaste 260.051, Puntarenas 333.230 y Limón 294.981.
Si aplicamos, igualmente un posible 30% de abstencionismo electoral nacional, los números de electores provinciales se reducen así: San José a 811.380, Alajuela a 475.930, Cartago a 287.058, Heredia a 249.091, Guanacaste a 182.036, Puntarenas a 233.261 y Limón 206.487.
Si dividimos a estos votantes por provincia, entre el número de diputados que elige cada provincia, tendremos el cociente electoral por diputado, es decir, el número de votos que se necesita para elegir un diputado por cada provincia. Así tenemos que los cocientes por provincia son los siguientes: en San José se necesitan 42.704 votos para elegir cada uno de los 19 diputados de la provincia, en Alajuela se necesitan 43.266 votos para elegir cada uno de los 11 diputados de la provincia, en Cartago se necesitan 43.008 votos para elegir cada uno de los 7 diputados de la provincia, en Heredia se necesitan 41.515 votos para elegir cada uno de los 6 diputados de la provincia, en Guanacaste se necesitan 45.509 votos para elegir cada uno de los 4 diputados de la provincia, en Puntarenas se necesitan 46.652 votos para elegir cada uno de los 5 diputados de la provincia, en Limón se necesitan 41,297 votos para elegir cada uno de los 5 diputados de la provincia.
Estas cifras no son fáciles de alcanzar para los partidos políticos, aún aquellos que tienen historia de participación en varios procesos electorales, que tienen sus públicos cautivos, sus seguidores sean por partidos o candidatos, o que hacen convenciones electorales para escoger sus candidatos.
Son números difíciles de lograr para los partidos que son más pequeños y para aquellos que participan por primera vez, y para los que no tienen financiamiento electoral asegurado, por procesos electorales anteriores o porque por salir con bajos porcentuales en encuestas, los bancos públicos y privados no les dan crédito para la campaña electoral, y porque el Tribunal Supremo de elecciones históricamente no ha hecho nada para asegurar el financiamiento a todos los partidos políticos de manera efectiva, lo que sí se puede hacer.
El caso de la Provincia de Guanacaste, en la elección anterior, es uno de esos casos difíciles de elegir. En esa ocasión ningún partido sacó cociente electoral. Todos se fueron por subcocientes y sucedió que un partido eligió dos diputados con un subcociente por la forma tramposa como se aplica esa fórmula. Si la aplicación del subcociente se hace para elegir un diputado y se borra esa cifra, entonces otro partido puede elegir con su residuo electoral mayor, y se produce una mayor y mejor representación democrática. Esto lo puede resolver el Tribunal Supremo Electoral por jurisprudencia, si así lo quisiera, apartándose de sus intereses y compromisos con los grandes partidos del bipartidismo tradicional y del tripartidismo actual, en beneficio de la Democracia Electoral Nacional.
En 1956 cuando la cifra de diputados se elevó a 57 cada diputado representaba a 18.000 costarricenses. Hoy los mismos 57 diputados representan cada uno a 90.000 costarricenses, por eso es importante elevar el número de diputados para que estén mejor representados los costarricenses y todos sus partidos políticos, independientemente cuantos partidos participen y de su tamaño, pero tendrían mayor opción de elegir sus representantes populares las minorías nacionales y populares.
En la próxima elección como candidatos participan 26 ciudadanos a la presidencia, 52 a las vicepresidencias. En la Provincia de San José participan un total de 429 candidatos por los 29 partidos inscritos para elegir solo a 19 diputados, en la Provincia de Alajuela participan un total de 308 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 11 diputados, en la Provincia de Cartago participan un total de 210 candidatos por los 30 partidos inscritos para elegir solo a 7 diputados, en la Provincia de Heredia participan un total de 108 candidatos por los 27 partidos inscritos para elegir solo a 6 diputados, en la Provincia de Guanacaste participan un total de 112 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 4 diputados, en la Provincia de Puntarenas participan un total de 105 candidatos por los 26 partidos inscritos para elegir solo a 5 diputados, y en la Provincia de Limón participan un total de 140 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 5 diputados.
Para quedar electo como diputado un candidato tiene que trabajarla duro, intensamente, dedicándose a esa candidatura prácticamente a tiempo completo, recorriendo toda su Provincia, concentrando su tiempo y trabajo en aquellos lugares donde pueda llegarle al mayor número de votantes, pero sobre todo lo que va a valer más es el mensaje con que cada diputado pueda llegar a sus electores.
Los candidatos que van en la doble candidatura, para presidente y diputado, tienen que diseñar muy bien su mensaje, porque los votos presidenciales y los de diputados son distintos, con distintos objetivos y escenarios. Tienen que asegurar una muy buena proyección presidencial para que les ayude en la de diputados en caso de que no alcancen la presidencial, y pueda asegurar la de diputados. Los que tienen esta posibilidad de la diputación por la presidencial son realmente pocos, de los que llevan esa doble vestidura, la solemne presidencial sobre la ordinaria diputadil.
Hasta ahora no he oído a ninguno de estos dobles candidatos decir que quieren esa doble candidatura para irse formando mejor como posibles candidatos presidenciales posteriormente, aprendiendo mejor el ejercicio de la política desde la Diputación, formándose mejor como políticos y dirigentes políticos, con lo cual la mayoría da la sensación de un mero oportunismo electoral, aunque sea válido.
Con una participación tan amplia, por el número de partidos políticos que están inscritos, los partidos y candidatos que se sienten con más posibilidad de ganar, o de llegar a la segunda vuelta, tienen que hacer una campaña muy fuerte para que sus votantes también les den el músculo político con una buena cantidad de diputados electo. No vaya a suceder que las cifras sigan bajando… el Partido Acción Ciudadana que ganó las elecciones del 2014 eligió 14 diputados de 57, y en el 2018 el mismo partido ganó con 10 diputados de 57.
Se requiere para el próximo gobierno músculo legislativo fuerte, fracciones fuertes, líderes parlamentarios capaces de negociar y hacer los pactos políticos que el país necesita para salir adelante y tratar de superar los graves problemas que tenemos como país y como sociedad, y como modelo de desarrollo económico, político e institucional.
Costa Rica, como país, goza de una fama internacional de Democracia centenaria, de gran estabilidad política y de ser un país sin Ejército desde 1949, aparte de gozar, también, de uno de los índices de mayor felicidad en el mundo.
La tradición antimilitarista es real. Desde el siglo XIX, aun cuando hubo un Ejército Nacional que desempeñó un papel heroico, derrotando la presencia filibustera norteamericana en Costa Rica, en Nicaragua y en Centroamérica, durante los años 1856 y 1857, a partir de 1869 empezó a debilitarse su presupuesto nacional, fortaleciéndose a la vez los presupuestos orientados a la educación e instrucción pública.
El primer Jefe de Estado, luego de la Independencia de España, en 1821, fue un educador, quien gobernó el país desde 1824 hasta 1833, marcando desde entonces un impulso al proceso educativo, contrastado con el resto de los países centroamericanos que no apostaron por la educación como una política prioritaria de Estado y de Gobiernos.
Desde aquellos años iniciales después de la Independencia hasta hoy los Jefes de Estado y los Presidentes han sido principalmente educadores, abogados, médicos y civiles. No se desarrollaron ni surgieron líderes militares, porque el Ejército desde 1869 estuvo controlado en su dirección política superior por civiles, y por ausencia de conflictos militares internos y externos, que hubieran facilitado el desarrollo de castas y líderes militares.
Excepcionalmente militares han ocupado, por breves períodos el Gobierno sin haberse perpetuado como dictadores o tiranos, al estilo de los países centroamericanos y latinoamericanos.
Dictaduras y golpes de Estado en el Siglo XX fueron dos, una desde 1917 hasta 1919, que cayó por la lucha y presión popular, y la otra, desde 1948 hasta 1949, que resultó de la Guerra Civil, de marzo abril de 1948, que voluntariamente dejó el Poder entregando la Presidencia de la República al candidato Otilio Ulate, a quien el Congreso le anuló la elección de febrero de 1948, lo que provocó ese alzamiento armado y el establecimiento de esa Junta de Gobierno de Facto.
En la práctica electoral desde 1872 los gobiernos han sido alternos, cada seis, tres o cuatro años, que han sido los plazos de gobiernos, en distintos momentos. Desde 1882 cada cuatro años los gobiernos han alternado regularmente.
Hasta 1890 las autoridades de gobierno se elegían sin participación de partidos políticos, que empezaron a funcionar desde 1890. Desde entonces solamente a través de partidos políticos se puede ser candidato a puestos de elección popular, municipales, provinciales, de diputados, y presidenciales.
La reelección de diputados y concejales municipales se permitió de manera continua hasta 1948. Desde 1949 no se permite la reelección consecutiva de diputados ni de presidentes. Sí se permite la reelección consecutiva de concejales municipales y de partidos políticos en las estructuras de poder ciudadano, y alternativa al menos de un período de gobierno para los puestos de diputados y presidentes.
El sistema electoral desde 1821 se ha perfeccionado, ampliado y democratizado. Hasta 1913 las elecciones eran indirectas, y de segundo grado, con pocos electores. Directas a partir de ese año por parte de todos los electores. A partir de 1924 se establecieron las votaciones secretas, frente a la práctica del voto público imperante. En 1935 se estableció un mecanismo que le dio mayor estabilidad al proceso electoral, de decidir las elecciones con el 40% de los votos válidos.
En 1949 se estableció el voto universal reconociendo el voto de la mujer, quien lo empezó a ejercer en 1951 siendo electas por primera vez en el nivel legislativo en 1953, y a nivel presidencial por primera vez en el 2010. Desde 1974 se estableció el voto a los 18 años.
Un elemento clave en este proceso fue el desarrollo de las instituciones electorales, la legislación electoral anterior a 1948, la constitución de un Tribunal Nacional Electoral en 1946, que a partir de 1949 se le dio rango constitucional, llamado desde entonces Tribunal Supremo de Elecciones, como cuarto Poder de Estado, separado e independiente de la esfera del Gobierno, con capacidad de organizar plenamente los procesos electorales y con la capacidad declarativa de sus resultados sin posibilidad de su revisión o apelación.
La experiencia electoral desde 1949 le ha dado a este organismo la confianza pública, en los procesos electorales y sus resultados.
Un elemento que distingue a Costa Rica en estos procesos electorales es que durante el período electoral, que cubre en la práctica 5 meses, cuatro anteriores a las elecciones y uno posterior, toda la Fuerza Pública, y todas las policías administrativa, como la de Tránsito, pasan a la potestad administrativa y dirección política nacional del Tribunal Supremo de Elecciones, y durante el día de las elecciones, ningún miembro de la Fuerza Pública puede presentarse a los recintos y juntas electorales con sus armas de servicio.
Todo el proceso electoral, y de los materiales electorales, papeletas de votación, y lo que se necesita para ese día de las elecciones, lo entrega el Tribunal Supremo de Elecciones a los miembros civiles, que son representantes de los partidos políticos, que participan en las elecciones, que son quienes componen o integran esas Juntas Electorales. Del resultado electoral se hacen actas de cada Junta Electoral, con copia a cada miembro de partido de esa Junta, para los controles ciudadanos y partidistas correspondientes.
Desde 1949 hasta hoy se ha perfeccionado bastante el sistema de partidos políticos y de la participación. Electoralmente desde 1953 hasta hoy han habido 17 gobiernos. El próximo 6 de febrero se harán las elecciones nacionales para elegir un nuevo gobierno.
De los 17 gobiernos que ha habido, nueve los ha ganado el partido Liberación Nacional, de orientación social demócrata, seis por tres coaliciones de partidos en general socialcristianos y tres por el partido Unidad Social Cristiana, y los dos últimos gobiernos por el Partido Acción Ciudadana, que no tiene una ideología de referencia. De esto se desprende que en el país se haya hablado de un Bipartidismo dominante que corresponde al dominio de los socialdemócratas y socialcristianos en 15 de 17 gobiernos. Actualmente podemos hablar de un tripartidismo gobernante. También se ha hablado de un Bipartidismo legislativo en tanto hasta 1998, desde 1953, estos dos grupos dominantes también ejercieron la mayoría parlamentaria, lo que les permitía tomar acuerdos políticos fácilmente, aun cuando había otras fuerzas representadas en el Poder Legislativo. Pero, a partir de 1998 ese bipartidismo legislativo parlamentario se perdió. Los grupos hasta entonces dominantes perdieron su conjunta mayoría, y desde ese momento se ha entrado en una situación cada vez más amplia de partidos políticos parlamentarios.
A nivel presidencial hasta las elecciones del 2018 participaban hasta 15 partidos a nivel presidencial. Para las próximas elecciones de febrero hay 27 partidos en trámite de inscripción presidencial, pudiendo quedar finalmente en unos 20 participando, con orientaciones políticas muy divididas entre sí. Los resultados electorales de los últimos dos procesos electorales significaron que el Partido Acción Ciudadana, partido gobernante, eligiera 14 y 10 diputados de los 57 que integran la Cámara legislativa, lo que lo ha hecho un partido débil parlamentariamente, lo que no le ha impedido hacer acuerdos legislativos más por la agenda nacional común política que por proyectos propios.
Esta situación ha alterado ligeramente el ambiente electoral, porque a nivel legislativo se estima que todos esos partidos participarán con sus propios candidatos para elegir los 57 diputados nacionales, más 26 partidos provinciales que solo participan en este nivel legislativo, para un total de probablemente más de 45 partidos finalmente inscritos, para las elecciones legislativas, con un total de por lo menos 2500 candidatos a diputados, con una población electoral que ronda los 3 millones de ciudadanos, de los cuales puede haber un electorado abstencionista de un 25 al 30%.
Esta es la encrucijada electoral que enfrenta Costa Rica a partir de esta publicación, cuando ya estará definido todo el panorama electoral, que volveré a atender en diciembre, al realizarse la tregua electoral, de quince días, de la navidad.
