La falta de liquidez comunicada por el Poder Ejecutivo coloca a las universidades públicas – y en particular a la Universidad de Costa Rica (UCR) – en una incógnita financiera de cara al presupuesto del próximo año, el cual deberá presentar la Rectoría al Consejo Universitario el próximo 26 de agosto.
Según el gobierno central, como ha trascendido en la prensa nacional, la escasez de recursos puede complicar el cumplimiento del mandato constitucional, el cual establece el 8% del producto interno bruto (PIB) para el sector educación. Esta incertidumbre ha provocado que no exista al día de hoy ningún planteamiento específico sobre el FEES del próximo año, lo cual causa inquietud en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), instancia que espera una pronta definición del presupuesto para 2018.
«No tenemos un avance concreto en la negociación del FEES. Estamos en incertidumbre financiera. No contamos aún con una oferta clara por parte del gobierno, por lo que esperamos que se intensifiquen en frecuencia y profundidad las negociaciones en la Comisión de Enlace. El Poder Ejecutivo ha sido transparente al mencionar que se encuentra en una situación de bajos ingresos que dificulta hacer los giros correspondientes», explicó el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen.
Estos atrasos en el giro del FEES ya han golpeado las finanzas actuales de las instituciones públicas de educación superior. La UCR reporta una demora tanto de los recursos provenientes del fondo como de otras fuentes de financiamiento procedentes del Ejecutivo, según informó el Vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya.
«De acuerdo con lo establecido en el convenio del FEES, este se gira en treceavos: en el mes de enero se giran dos cuotas y después uno por mes. La costumbre es que los treceavos se giren el día 10 de cada mes. Hacemos el flujo de caja con proyecciones de esa fecha. Hemos tenido pequeños atrasos de un día, pero en julio tuvimos una demora de cuatro días por parte de la Tesorería Nacional, que posteriormente solicitó cuatro días más. Además hemos sufrido atrasos en el depósito de recursos más allá del FEES, como los establecidos por ley para el recinto de Paraíso», expresó el Dr. Araya.
El vicerrector además subrayó que ante estos atrasos, la Tesorería Nacional ha establecido algunas regulaciones a cambio del envío de esos fondos, como la solicitud de información financiera hecha a nuestra institución. Ante esto, la UCR ha respondido que estos recursos deben enviarse de manera paralela y simultánea al FEES, sin requisitos nuevos adicionales.
Una de las instancias universitarias afectadas por esos atrasos de presupuestos fuera del FEES ha sido el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el cual lleva varios meses a la espera de la cancelación proveniente del porcentaje que por ley le corresponde del impuesto a los combustibles. A la fecha, el gobierno ha dicho que girará los fondos de manera parcial, de acuerdo con el director del Lanamme, M.Sc. Alejandro Navas.
«Tenemos compromisos adquiridos y estos atrasos complican nuestras obligaciones financieras para el resto del año, aunque esto depende de cuánto se prolongue la demora. Nos han ofrecido girarnos solo el monto de planillas, de esta forma no comprometemos al personal, pero no podríamos seguir ejecutando las tareas que por ley le corresponde al Lanamme (como la fiscalización de las carreteras, ndr*); mientras tanto, el gobierno sí recauda el impuesto a los combustibles con cada vehículo que pasa por una gasolinera. Necesitamos una entrevista con el tesorero nacional para que nos explique cuáles serán las medidas por tomar», comentó el director de Lanamme.
La definición del monto para el FEES 2018 es básica para que el gobierno central defina el proyecto de ley del Presupuesto Ordinario 2018, el cual debe quedar aprobado a más tardar el 29 de noviembre por la Asamblea Legislativa.
Cuatro expertas en educación aportan criterio para ampliar el concepto de democracia
María Encarnación Peña Bonilla,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
El sistema educativo en Costa Rica ha venido experimentando cambios conceptuales importantes, tendientes a posibilitar desde las aulas una educación para una nueva ciudadanía con posibilidades de innovación; con miras hacia un desarrollo sostenible; hacia una identidad local; una ciudadanía digital; con equidad social y consciente del significado de los derechos humanos. Así también se contribuye a construir democracia.
Compartimos con ustedes el criterio de tres destacadas docentes de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, sobre cómo desde el aula, desde la educación, se contribuye a construir la democracia. Una construcción cotidiana que va desde las aulas de pre escolar, hasta las aulas universitarias, y la educación no formal que hoy en día tiene también una notable relevancia en nuestro paìs.
Dra. Guiselle M. Garbanzo Vargas, Decana Facultad de Educación UCR
«La democracia se construye desde las aulas. Las sociedades como Costa Rica, que han decidido apostarle a un sistema de vida bajo los principios de la democracia, lo logran mediante la educación, este es el instrumento social que permite su construcción.
En el aula se construye sociedad, desarrollo social, libertad, inclusión social, respeto por cualquier manifestación de vida y valores. Se construye democracia también, siendo consciente de las responsabilidades y obligaciones como individuo parte de un cosmos, que para su adecuado equilibrio requiere de una sana y responsable convivencia basada en los más altos estándares de respeto y ética social.
El docente como formador de ciudadanos tiene la más noble de las profesiones a las que aspira cualquier sociedad, ésta a su vez debe tener como condición ser construida bajo los principios de respeto mutuo, libertad, valores en armonía con los códigos éticos y morales aceptables bajo una sociedad en armonía, se traduce a su vez en trasmisores de la construcción de la democracia.
La calidad de la formación docente determina también, la sociedad que se construye, y el docente construye su obra basada en su formación. Precisamente es el aula el espacio donde los individuos llegan en busca de encontrarse a sí mismo mediante las sendas del saber, recibiendo una educación que potencialice al individuo como ser pleno consigo y con los demás.
Un ser que conviva y se desarrolle respetuoso de los demás; no permitiendo ninguna manifestación de discriminación para nadie, indistintamente de sus creencias, etnia, condición social, género y orientación sexual, sin afectar las libertades de nadie, respetando la naturaleza en todas sus manifestaciones, teniendo presente el humanismo que debe prevalecer en cada individuo consigo mismo y con los otros. Un ambiente educativo marcado por estos principios, es un ambiente educativo que construye una sociedad democrática».
Dra. Magda Sandì Sandì, Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Facultad de Educación UCR
«El docente, como guía, orientador y facilitador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, predica con su ejemplo, aspectos como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la honestidad, son valores que son inherentes al ser humano, pero como los jóvenes y adultos estudiantes están también en una etapa de formación, no se debe dejar de lado estos principios».
¿Qué es significa construir democracia desde las aulas? significa desarrollar en nuestros estudiantes una actitud crítica y reflexiva ante los problemas del país, región y mundo.
Significa estar buscando soluciones prácticas y solidarias a los problemas de una determinada comunidad. Significa también ser justos, equitativos, inclusivos, conscientes de mi papel como persona y ciudadano en la comunidad en la que estoy.
Construir democracia significa también elevar las voces cuando tenemos que luchar por ideales o situaciones que puedan atentar contra nuestros derechos, pero también debemos inculcar en los estudiantes que tenemos deberes para con la Patria, mi comunidad y los que habitamos en este país y planeta.
La democracia también se construye dialogando, discutiendo, debatiendo, haciendo y poniendo en práctica estrategias que permitan el desarrollo de mi país, mi profesión y disciplina».
Msc. Carmen Liddy Fallas Jiménez, especialista en Educaciòn Cìvica, Directora Escuela de Formación Docente Facultad de Educación UCR
«La democracia como forma de vida apunta a construir formas y relaciones de ciudadanía participativas e incluyentes. La escuela es un espacio de socialización, de formación de cultura y comportamientos ciudadanos democráticos; la convivencia se constituye en uno de los saberes que deben ser aprendidos y practicados en la escena de la cotidianidad escolar y ciudadana.
La Escuela es el escenario donde más y mejor se puede internalizar y practicar la democracia con miras a una real vivencia de solidaridad, de respeto, diálogo, colaboración y bienestar. Es un espacio de transmisión de valores y un lugar público institucionalizado que debe potenciar aprender a vivir en democracia como tema clave de una época que reclama una ciudadanía con plena conciencia de sus derechos y responsabilidades ante nuevos desafíos.
Para construir democracia desde las aulas, estas deben asumirse como el espacio de interacciones sociales por excelencia marcado por un tiempo pedagógico dedicado a producir vivencias positivas, placenteras, creador de un espacio y un ambiente organizativo propicio a las experiencias del aprendizaje en común, cooperativo, personal, humano».
Dra. Lupita Chaves Salas, ex Decana Facultad de Educación UCR
«En educación construimos democracia a partir del trabajo cotidiano que se desarrolla en las aulas. La educación tiene como propósito la formación integral del estudiantado en cuanto a saberes, habilidades, destrezas, afectos, valores que los lleve al ejercicio de una ciudadanía activa para sociedades democráticas, pacíficas y en armonía con la naturaleza.
Para lograr este propósito desde las aulas es necesario contar con docentes bien formados que tengan claro el papel que desempeñan como formadores. Deben crear ambientes escolares democráticos donde se promueva la equidad y el respeto. Deben promover metodologías activas que propicien la participación, el diálogo, la crítica, el conflicto cognoscitivo, el análisis y la solución de problemas por parte de la población estudiantil, así como el trabajo en equipo.
Es necesario enlazar los contenidos de los programas de estudio con proyectos comunales para que el estudiantado los desarrolle, vivencie y haga propuestas de mejora. Así mismo se requiere estudiar problemáticas nacionales y mundiales y de esta manera crear conciencia en nuestros estudiantes de la responsabilidad social que todos tenemos y que debemos asumirnos como protagonistas de los cambios individuales y sociales que se deben impulsar para contribuir con la equidad social, el respeto a la diversidad y al desarrollo humano y sostenible de nuestro mundo.
Lo anterior debe ser práctica diaria en las instituciones educativas y aulas escolares mediante una acción pedagógica dirigida a la formación de ciudadanas y ciudadanos para sociedades democráticas».
Entrevista al politólogo y comunicador, Gustavo Araya Martínez
Tatiana Carmona Rizo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Los contenidos y las opiniones que usted comparte en sus redes sociales sobre el ámbito político contribuyen en la construcción de la democracia.
Así lo considera el politólogo y comunicador, Gustavo Araya Martínez, quien explica en la siguiente entrevista cómo las redes sociales se han convertido en herramienta para que la ciudadanía ejerza un rol más activo en la política.
–¿Considera usted que las redes sociales son una herramienta para construir democracia?
«Cuando hablamos de democracia primero hablamos de participación, y cuando hablamos de participación hablamos de una participación reglada, que no puede ser anómica. La segunda gran condición es que la democracia tiene un principio que es que no solamente parte de reglas del juego sino que además se hace de manera constructiva. Es por eso que si ponemos esos elementos para evaluar las redes sociales diríamos entonces que sí, que sí se cumple que la participación ciudadana a través de las redes sociales se puede considerar como una participación democrática».
Esto porque primero hay fuerte reglamentación general en las redes sociales, la cual dice que la participación tiene que estar apegada a valores, generalmente quienes participan en estos espacios están dispuestos a cumplir –más allá de las reglamentaciones que ofrecen la plataforma– con una participación que se hace con tolerancia, con respeto, con solidaridad, y tienden a privilegiarse en las redes sociales este tipo de comportamientos, entonces sí podríamos hablar de democracia en ese primer momento. Y el segundo gran momento es que es si esto se hace con un propósito, efectivamente las redes sociales también son un espacio para hacer democracia, cuando uno ve la participación que se da en política por ejemplo, se da cuenta de que cada vez más la política se está construyendo fuera de los ambientes o espacios tradicionales y cada vez más se construye desde una lógica ciudadana más abierta y en espacios distintos de donde estaban antes, que eran en las plazas públicas, en los barrios, en las comunidades, y ahora las plazas públicas son permanentes y en las redes sociales.
En ese sentido, antes los discursos de los políticos eran los discursos en donde el político se suponía que todo lo sabía, todo lo podía y todo lo quería hacer, bueno ahora estamos en unas redes sociales en donde la democracia se hace ver como qué la participación tiene otra connotación que es que yo como ciudadano sí sé qué es lo que quiero, acerca de qué me refiero, sé por dónde debe ir el rumbo del país o de mi comunidad o ambiente más inmediato, pero además en donde el político está sometido a una horizontalidad, lo puedo criticar, lo puedo transparentar, le puedo pedir cuentas de manera inmediata, entonces podemos decir que las redes sociales sí son un espacio en donde se abre camino la democracia.
–Algunos teóricos de la comunicación aseguran que a pesar de que las redes sociales ofrecen una gran variedad de voces y de contenidos, la gente sigue consumiendo temas como sucesos y entretenimiento en estos espacios y que por esta razón las redes sociales aún no se pueden definir como una herramienta para construir democracia ¿cuál es opinión al respecto?
«La democracia nunca es un sistema perfecto, si creemos que la ciudadanía que se está expresando en las redes sociales es la democracia griega, de la ciudadanía masculina con propiedades que tenía esclavos a su cargo, pues sí efectivamente estamos hablando de una democracia diferente, porque la democracia actual son aquellos que tienen acceso a la plataforma, aquellos que tiempo para la plataforma y aquellos que están en las condiciones materiales para tener una presencia efectiva y permanente para participar, no podemos pensar hoy en día una democracia extendida en un cien por ciento a toda la ciudadanía, eso en cuanto a estructura. Y en los contenidos, pasa lo siguiente: y es que si esperamos a que los contenidos vengan todos desde la propia ciudadanía, estamos hablando de algo que no es democracia, y es que el papel de la democracia está según roles asignados, entonces si esperamos que los medios de comunicación no sean la fuente primaria para establecer procesos democráticos estamos equivocados. Y es que los medios de comunicación son por naturaleza los mecanismos mediante los cuales la democracia se asegura el acceso a la información».
Efectivamente, tenemos hoy mayor cantidad de participación ciudadana de alguna manera, esa ciudadanía que efectivamente no es toda y que efectivamente tiene fuentes limitadas, pero tenemos una mayor participación ciudadana merced a esas condiciones que están presentándose gracias a estos mecanismos, y es que no hay que olvidar que las redes sociales no son en sí mismas un ente, sino que están constituidas por personas y por eso las redes sociales son la caja de resonancia que nos permite hoy tener en tiempo real cuál es la participación de las personas.
–¿Cómo han influido las redes sociales en la forma de hacer política?
«La forma de hacer política también ha cambiado porque las redes sociales se constituyeron en ese espacio en donde puedo tener en tiempo real cuáles son las reacciones ciudadanas a las diferentes temáticas y personalidades que existen en el mundo de la política, antes tenía que esperarme a hacer la encuesta, hoy –aunque no es necesariamente representativo de la población– puedo tener algunos elementos cualitativos de cuáles son las formas en las que se hace la apropiación de los contenidos simbólicos y programáticos de los partidos políticos».
Desde el punto de vista ciudadano, yo esperaría entonces que los partidos políticos atiendan más en tiempo, en frecuencia y en calidad, las demandas populares que se dan a través de mecanismos más directos como las redes sociales, que lo que hacían anteriormente a través de medios de comunicación o a través de contactos controlados por parte de políticos en plazas públicas. Entonces, yo esperaría que los partidos políticos entiendan de una vez y por todas, que esas reglas del juego, de tolerancia, respeto, de solidaridad y demás valores democráticos como la transparencia y las buenas intenciones empiecen a privilegiarse en estos espacios, lejos de estar haciendo manipulación y tergiversación y otras prácticas que son desdeñables para los partidos políticos.
–¿Qué mecanismos pueden utilizar los ciudadanos para dar un mejor uso de las redes sociales y así poder construir democracia desde esos espacios?
Bueno la recomendación es efectivamente considerar las fuentes, lo primero es tener una conciencia crítica respecto a aquello que lee, ve o escucha, que sepa que todo tiene una intencionalidad y todo tiene una posición.
Entonces hay que tratar de que cada vez más la población tenga mejores y mayores elementos para la crítica, y ¿cómo se logra eso? Bueno haciendo una lectura completa de los medios de comunicación no solamente titulares; haciendo que tengan conocimiento de cómo se elabora un discurso político –y sé que eso es un tema educativo y pero bueno tienen que pasar por formación ciudadana en los espacios educativos de Costa Rica, y no puede ser posible que yo ciudadano crea o no crea dependiendo de percepciones ideológicas sin fundamento, tiene que ser con apego a relaciones de lógica, formal, con evidencias, con pruebas fehacientes y con argumentaciones–, y entonces en esa medida en la que la ciudadanía critique menos personalmente a los políticos, o que esté menos apegada a clichés como que la política es corrupción y entienda mejor que la política es otra cosa diferente a la que vende el show, creo que estaríamos haciendo un mejor esfuerzo en ese sentido.
Gustavo Araya Martínez es politólogo y Máster en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Tiene una trayectoria de más de 20 años de trabajo profesional como investigador, consultor, en las áreas de Investigación de Mercados, Medios de Comunicación Masiva, Análisis de Contenido, Evaluación y Análisis de Discurso, Seguimiento y Análisis de Noticias en Medios de Difusión Masiva, Mapeo político y estrategias de comunicación.
También es asesor de comunicación política, Director de Estudios de Opinión Pública para Centroamérica y República Dominicana para las compañías CID-Gallup y GfK, así como Director de Public Affairs para Ipsos, en Centroamérica y República Dominicana, y Director de Instituto Ciudadano.org.
Para la Dra. Monserrat Sagot la investigación debe ser vista como un componente esencial de la acción social universitaria. Foto: Eduardo Muñoz.
“La UCR desde sus orígenes, como institución pública, siempre se planteó un gran compromiso con la transformación social, no solo la producción de conocimiento por sí mismo, sino justamente que ese conocimiento sirviera a las comunidades para construir esa noción tan importante de bien común”, afirmó la Dra. Monserrat Sagot Rodríguez, integrante de la Comisión Organizadora del “Foro de Acción Social: La Inter-acción Universidad- Sociedad: propuestas y desafíos a cien años de la Reforma de Córdoba”.
El foro, que es un espacio de diálogo constructivo que concluirá en abril del próximo año, busca reflexionar sobre propuestas concretas en las dimensiones conceptual, funcional y estructural de la acción social frente a los desafíos del siglo XXI. Sobre la pertinencia del mismo, la Dra. Sagot comentó que es momento para “mirarnos, de ver si la parte reglamentaria y la estructura de la misma universidad han permitido que la acción social no se vea como un pilar integrado a la docencia y la investigación. Es necesario hacer todos los cambios para devolverle la importancia que tiene en el accionar universidad”, comentó.
El foro es coordinado por la Vicerrectoría de Acción Social, e involucra a las unidades académicas, centros e institutos de investigación y la comunidad estudiantil para generar una discusión reflexiva y propositiva, con el fin de analizar la función social presente y futura de la interacción universidad-sociedad.
La acción social promueve proyectos comunitarios para revitalizar sus espacios públicos. Foto archivo VAS.
Revisión necesaria. La Dra. Sagot recordó que ese compromiso de la UCR es parte intrínseca del Estatuto Orgánico y relevante desde el III Congreso Universitario. “Con el paso del tiempo como cualquier proceso pudo haberse diluido, haber cambiado las expectativas, pero evidentemente es fundamental reafirmarlo. Si esa estructura está presentado fallos, si a lo mejor por el paso del tiempo ha demostrado que necesita modificaciones, es esencial que la universidad valore como está organizada la acción social, con qué canales se establece: por un lado con las unidades académicas, entre el estudiantado, el sector docente y las estructuras administrativas. Esa relación estructural es vital porque el conocimiento no se va a trasladar por si mismo a las comunidades, tiene que haber un sistema, una voluntad, y esa se ve reflejada en la forma en que la universidad gestiona la acción social”, acotó la socióloga.
En su criterio, al ser un mandato orgánico, la acción social universitaria no puede verse separada de la docencia y la investigación. Por ejemplo, acotó, “en los procesos docentes no es únicamente la parte final de hacer un trabajo comunal del que hay que salir”. Asimismo, en cuanto a la investigación las universidades públicas deben revisar los aspectos reglamentarios y la forma en que ha sido concebida para reposicionarla dentro del quehacer institucional. “Que la investigación se vea como parte de un proceso de devolución y relación con las comunidades, que se transforme casi de manera natural en acción social hacia el bien común”, explicó.
La UCR capacita a mujeres emprendedoras para contribuir a la movilidad social y el mejoramiento de sus calidades de vida. Foto archivo VAS.
Una discusión nacional. La M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social, enfatizó que este foro es una discusión oportuna para la defensa de la universidad pública y el bien común. “Vemos en la acción social una herramienta importantísima para crear movilidad, como un elemento que hará la diferencia de otras formas de hacer educación superior.”
Como parte de esta reflexión, las distintas unidades académicas de todos las sedes y recintos pueden organizar sus propios Encuentros comunitarios o de reflexión acerca de la acción social, como una forma de generar insumos para esta discusión. Estos serán compartidos en octubre próximo en un Encuentro de puesta en común de aportes de dichos encuentros. Con ese fin la VAS diseñó una guía con recomendaciones para dichos encuentros, disponible en este enlace.
Para más información sobre este foro puede contactar a Natalia Carballo al 2511-4423 o Vania Solano al 2511-6210, de la Unidad de Gestión de la VAS, o al correo forodeaccionsocial@ucr.ac.cr. Encuentre más información sobre este proceso en: https://accionsocial.ucr.ac.cr/forodeaccionsocial.
Institución abre sus puertas a jóvenes de todo el país
Tatiana Carmona Rizo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
En la Feria Vocacional de la UCR participan estudiantes provenientes de más de 200 centros educativos de todo el país – foto Karla Richmond.
Con mucha ilusión, decenas de jóvenes de diferentes colegios y regiones del país visitan la Feria Vocacional UCR 2017 para evacuar dudas y conocer más acerca de las más de 75 opciones de estudio que brinda la Universidad de Costa Rica.
Estudiantes de más de 200 colegios asisten a la Feria Vocacional de la UCR, invitados por la Oficina de Orientación de la universidad. Los colegios que quieren participar previamente se inscriben y se comprometen a trasladar a sus estudiantes a la sede de la feria.
Esta actividad se realiza todos los años en diferentes momentos y en todas las sedes, con el objetivo de favorecer el proceso de toma de decisiones vocacionales en las personas interesadas en ingresar a la educación superior.
Por medio de charlas, dinámicas y exposiciones, estos jóvenes reciben recomendaciones e información sobre las distintas carreras y áreas del conocimiento por parte de profesores y estudiantes universitarios.
Durante esta feria, los jóvenes también tienen la posibilidad acercarse a la dinámica universitaria y obtener información sobre servicios y trámites estudiantiles como: solicitud de becas, matrícula, y admisión.
En esta actividad, los visitantes pueden obtener información sobre el 100% de la oferta educativa de grado de la Sede Rodrigo Facio, así como de las carreras que se imparten en las sedes regionales.
La Feria Vocacional UCR 2017 se mantendrá abierta hasta este viernes 28 de julio a las 3:00 p.m. y es para todo público.
Para más información puede contactar con la Oficina de Orientación en: http://eoee.ucr.ac.cr/
Colegios de zonas alejadas también se acercaron a la feria vocacional para conocer más sobre la oferta académica de las diferentes sedes y recintos de la UCR.
Inició encuentro de expertos internacionales en la gestión del riesgo
Rebeca Madrigal López,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Impacto del Huracán Otto sobre el cantón de Upala el 24 noviembre del 2016. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Ante el impacto de los desastres a nivel mundial, la academia tiene un papel fundamental que cumplir: generar conocimiento a través de la investigación en gestión del riesgo mediante la integración de las ciencias naturales y sociales y la formación y profesionalización de recursos humanos.
Con el interés de contribuir en la temática, la Universidad de Costa Rica reunió esta semana a expertos internaciones en el taller “Espacios, territorios y contextos de la Gestión del Riesgo”, una actividad que reúne a investigadores de 10 países diferentes para abordar nuevas perspectivas de investigación y acción conjunta alrededor de los desafíos, el estudio de casos y métodos de análisis en la gestión del riesgo.
Esta primera sesión contó con la presencia de expositores del Laboratorio Técnicas, Territorios y Sociedad (LATTS) de la Universidad de París; el Centro de Protección para Desastres de El Salvador, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica.
La gestión del riesgo de desastres en América Central y la adaptación ante el cambio climático fueron dos de los temas principales durante esta primera jornada, donde además se abordaron otras aristas como el riesgo en las laderas y cuencas urbanas y en los asentamientos urbanos en áreas naturales protegidas.
Durante el acto de inauguración, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Manuel Martínez Herrera, puntualizó que las ciencias sociales deben ser determinantes en la gestión del riesgo, porque el desastre tiene rostro humano.
Durante el acto de inauguración, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Manuel Martínez Herrera, señaló que ante la condición de vulnerabilidad nacional, la Universidad de Costa Rica se ha vinculado con el tema de gestión del riesgo desde hace 30 años, tratando siempre de superar los enfoques fisicalistas y integrar las disciplinas de las diferentes ciencias.
Allan Lavell, especialista en la gestión del riesgo, señala que la academia debe dilucidar cómo debe de plantearse el problema y en consecuencia cómo debe enfrentarse debido a la falta de éxito en la gestión del riesgo a pesar de algunos avances en el mundo.
“Es posible que la academia debe replantearse las preguntas y organizar el pensamiento y tal vez preguntarse si hemos entrado al problema en los términos correctos”, puntualizó Lavell.
Agregó que el tema de los desastres es un problema social no de la naturaleza. Por tal razón, la tarea de dilucidar el problema corresponde a las ciencias sociales en primera instancia adaptando los procesos de educación mediante la construcción y transmisión del conocimiento hacia los entes públicos, ONGs y las comunidades en condiciones de riesgo.
Durante el primer día del taller, se abordaron diferentes tópicos. En la foto, los panelistas Valéri November de LATTS-Francia, Alain Musset de EHESS-Francia, Lily Caballero de UNAH-Honduras y Armando Campos de Flacso-Costa Rica, durante el conversatorio Enfoques teóricos en la temática de la Gestión del Riesgo. – foto Karla Richmond.
Lilly Caballero, de la Universidad Autónoma de Honduras, señala que desde la academia se debe incidir en las políticas públicas con innovadores abordajes metodológicos en temas puntuales como son la gestión comunitaria y planificación urbana, porque la dinámica de la construcción social del riesgo cambia de forma vertiginosa debido a que las ciudades crecen, surgen formas nuevas de comunicación a través de las redes sociales, nuevos sistemas constructivos, entre otros.
Este taller es un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, la Escuela de Geografía de la misma casa de enseñanza y el LATTS, con el apoyo de otras instituciones nacionales.
“El puente lo hace el programa del Instituto de las Américas que alberga la Facultad de Ciencias Sociales. Este es un programa de investigación y de cooperación científica que dura tres años y cuyo objetivo es acercar los dos espacios académicos: el centroamericano y el francés”, explica Sofía Guevara Víquez, coordinadora de Antena América Central.
La actividad se extenderá hasta el próximo jueves 20 de julio, en la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, ubicada en el primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad de la Investigación.
Durante ese período se desarrollarán temas como las temporalidades del riesgo y la consolidación de territorios en América Latina, así como las herramientas para gestionar, estudiar y comunicar este tema. Tanto las mesas redondas como las conferencias magistrales son abiertas al público, puede consultar el programa aquí.
Las recientes noticias sobre el informe técnico de la OIT, sobre aparentes fallas metodológicas en el informe actuarial que hiciera la Escuela de Matemáticas de la UCR sobre el estado financiero del IVM, han dejado una gran estela de dudas al respecto de nuestro conocimiento real sobre la situación del mayor sistema de pensiones del país.
Todo esto ha puesto en evidencia que, o bien se han tomado decisiones sustentadas en información errónea, cargando en las personas trabajadoras la responsabilidad de dar sostenibilidad a un sistema aparentemente en vías de quebrar -tal como la medida de aumentar la cuota obrera en un 1%-; o bien se han tomado decisiones manipuladas por información cuyo objetivo era mostrar un sistema de pensiones al borde del colapso, para favorecer las agendas políticas de los enemigos de la seguridad social.
Tras analizar este informe técnico de la OIT se puede interpretar que se sobredimensionó la población con derecho a pensionarse en las proyecciones futuras, así como el monto de los derechos de pensión que se tendrían que pagar, como señala la Nota Técnica de la OIT, estaríamos en presencia de un serio problema de transparencia, si fuera intencional sería un intento de ocultar la realidad y defraudar a la clase trabajadora, si fuera un error sería irresponsable de parte de la CCSS pagar por un informe con semejantes deficiencias.
En cualquiera de los casos, los señalamientos de la OIT sobre el informe actuarial de la UCR son muy graves y ponen al descubierto que la anunciada catástrofe del IVM -que motivó acciones apresuradas que enturbian el diálogo social necesario para la mejora de todo el sistema de la CCSS- no es tal, y que debe estudiarse a profundidad la situación para buscar soluciones reales, que no se alejen de la ruta de la solidaridad social.
Lo cierto es que el país requiere, con urgencia, conocer el estado actual de su principal sistema de pensiones, señalando con claridad tanto las causas de su situación, como las dimensiones precisas de los problemas financieros y de sostenibilidad que tiene. Sin esta información es irresponsable tomar medidas que sólo ocultan los verdaderos peligros a los que se enfrenta el IVM y nos expone más a su debilitamiento.
Las nuevas generaciones no merecen vivir con la incertidumbre sobre su futuro y el pueblo, que ha construido con esmero a lo largo de más de 74 años, este pilar de la solidaridad y la justicia social, no merece verlo desplomarse o desaparecer con respuestas individualistas de privatización o deteriorarse al punto de no poder dar pensiones dignas a la clase trabajadora del país.
Sabemos perfectamente que ha habido un constante ataque a todas las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho, y no podemos obviar que la CCSS y su sistema de pensiones han sido también blanco de esa ofensiva neoliberal. Desde finales del siglo pasado se identificaron grandes problemas de gestión, decisiones financieras y administrativas equivocadas tomadas por los poderes políticos que se expresan en su Junta Directiva, de las cuales aún esperan juicio 14 personas en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Para el SEC es claro que no puede concentrarse toda la problemática del IVM en el factor del cambio de la pirámide demográfica del país. Para nutrir el diálogo social que busque la mejora del sistema debe señalarse con rigurosidad el impacto de:
Los indebidos intereses de las aseguradoras privadas mezclándose con la seguridad social.
La gestión negligente en cuanto a la inversión de fondos, la pérdida de millones por no hacer valer su derecho al no pago de renta y el no cobro de morosidad, empresarial y estatal.
Del creciente deterioro de las condiciones laborales para la mayoría de la clase trabajadora con el crecimiento desmedido de población laborando en la informalidad.
Del abandono malintencionado del cobro del 15% de las utilidades de las instituciones públicas contempladas en el artículo 78 de La Ley de Protección al Trabajador.
De las decisiones políticas de los gobiernos de Oscar Arias en cuanto a la disminución de la contribución del Estado de 3.25% a tan solo 0.25%, que además se adeuda, la apertura de cientos de plazas sin justificación real, la promoción de aumento de montos de pensiones y pensiones adelantadas.
Como clase trabajadora tenemos mucho que decir, que proponer y que defender en cuanto al IVM, exigimos por ello información veraz, voluntad política y transparencia en el diálogo y en la toma de decisiones que afectan de forma tan sensible a todo el pueblo trabajador.
En nombre de las y los trabajadores de este país, exigimos que se desestime y detenga cuanto antes la medida de incremento del 1%, esto para evitar un deterioro mayor de las condiciones económicas y calidad de vida de la clase trabajadora. Lo anterior hasta que la OIT o cualquier otra entidad con competencia en el tema realice un nuevo estudio actuarial.
En I Foro Institucional 2017: Costa Rica reflexiona sobre tarea pendiente en materia de libertad de expresión, comunicación y democracia en un momento clave para el país
Gabriela Mayorga López y redacción ODI-UCR,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
En las puertas de entrada a la televisión digital la pregunta sobre qué tipo de televisión queremos, es ahora más pertinente que nunca. Costa Rica se despide de la TV por aire en un contexto de concentración mediática y derechos mermados en materia de expresión e información. – foto Karla Richmond.
¿Qué tipo de democracia tenemos en Costa Rica? Es una que crece con la crítica constructiva, que es inclusiva y deliberativa. No.
Por el contrario, la Dra. Nora Garita Bonilla, catedrática de la Escuela de Sociología, cree que se trata de una que no tolera el disenso, que no es deliberativa y que no muestra la exclusión. Afirma que hay prácticas de discriminación, exclusión y omisión que aplican los medios de comunicación y que ocultan que realmente vivimos en una sociedad atravesada por la desigualdad. En ese contexto Costa Rica dará el paso a la televisión digital.
Para analizar el tema, la Universidad de Costa Rica realizó del 6 al 28 de junio el I Foro Institucional del 2017 que se dedicó a la libertad de expresión, comunicación y democracia. En total se realizaron ocho mesas redondas que convocaron a más de 30 voces expertas y opiniones diversas que evidenciaron una realidad mediática deslucida y en deuda con la calidad democrática.
Los críticos foristas tuvieron el reto de mostrar opciones de ruta para construir opinión y activar acciones que fortalezcan la democracia costarricense, el foro fue un intento por hacer un alto en el camino y provocar una reflexión necesaria, para poder retomar tareas, ojalá en la dirección correcta.
El próximo 15 de diciembre, será el apagón analógico y nacerá la televisión digital (TVD), lo que supone el fin de la televisión por aire y la promesa de una mejora de la calidad de imagen y sonido, pero además este paso también debería garantizar pluralismo ideológico y diversidad cultural.
Sin embargo, la definición de un modelo televisivo depende más allá de la tecnología, de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Entonces la respuesta a la pregunta ¿Cuál televisión queremos en Costa Rica? hoy más que nunca es definitoria.
Concentración de medios y mala información
La concentración de medios en Costa Rica “es un tema complejo, políticamente muy delicado, casi intocable, pues los grandes empresas mediáticas tienen sus agentes y sus condicionantes y sus silencios también”, señaló en la apertura del Foro Institucional el Dr. Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional.
La voz del magistrado Cruz fue inaugural para el debate al cual se unieron investigaciones, datos y conclusiones: el sistema de medios de comunicación no es plural ni diverso, además es “excluyente, absolutamente comercial y discriminatorio” agregó la Lic. Giselle Boza, del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) de la UCR.
Para el 2016 la mayor concentración de las frecuencias en radio y televisión disponibles, la tiene la firma Representaciones Televisivas (Repretel) que posee ocho canales de televisión y 13 frecuencias de radio.
Además, la iglesia católica y otras cristianas, junto con dos firmas internacionales, Otoche SRL y The Worldwide University Network Radio concentran la mayor cantidad de frecuencias y canales.
El tema de la concentración de medios se agravaría en el momento que entre a funcionar la televisión digital en Costa Rica, pues este permite el aumento en la cantidad de canales de televisión disponible ¿A quién se los darán?
La M.Sc. Luisa Ochoa Chaves afirmó que los vacíos legales que presenta la actual “Ley de radio”, creada en 1954, impide que se reconozca la participación de los medios locales y comunitarios, mientras “permite el traspaso y venta de frecuencias”.
De momento, el plan nacional de asignación de frecuencias ofrece un permiso provisional experimental de prueba de televisión digital, esas mismas asignaciones funcionarán luego del paso a la televisión digital, según explicó el investigador del Prosic-UCR Roberto Cruz Romero.
Falsa conciencia: es cuando conscientemente se ofrece una interpretación errónea de la realidad.
Una misma voz en muchos canales supone un riesgo para la democracia, pues niega el derecho de libertad de expresión e información a quienes no tienen los medios para hablar. No garantizar un conjunto de medios de comunicación plural, sería debilitar la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en un país.
Empero por sobre la estructura mediática con la que convivimos a diario, la queja también es sobre la calidad del contenido que se nos ofrece. Al respecto la M.Sc. Carolina Carazo, comunicadora, docente e investigadora de la UCR recordó que los medios de comunicación construyen diariamente la realidad social y opinión pública al visibilizar ciertas realidades o actores en su agenda de contenidos.
Estas coberturas noticiosas responden de forma permanente a los intereses económicos y políticos de los medios de comunicación, pero lejos de plantear posturas editoriales claras, aprovechan su credibilidad para legitimar tratamientos intencionados frente a las audiencias.
Lo anterior es aun más grave en el contexto de las campañas electorales. El M.Sc. Fernando Zeledón afirmó que los medios de comunicación apuestan cada vez más por el desarrollo de un “tratamiento marginal de la política”.
Zeledón lamentó que lejos de desarrollar un debate profundo de las propuestas que realiza cada partido político, las agendas de los medios de comunicación reproducen “lo que dice la gente de lo que se debate, más que lo debatido”.
En general la omisión y exclusión de ciertos temas y actores de la agenda informativa costarricense preocupa a académicos.
“Muy a menudo lo más importante que dicen los medios es lo que no dicen” señaló el Dr. Carlos Sandoval García, académico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigador, con esta frase lanzó la llamada de atención para hacer una lectura crítica de la agenda informativa de los medios y su impacto en la construcción del espacio público y el ejercicio de la democracia.
Además recordó otros usos y tratamientos informativos como la distorsión deliberada de ideas y conceptos, la banalización de los hechos, el aumento del infoentretenimiento y la falsa conciencia.
Todo lo anterior se replica en las plataformas tradicionales y en las digitales, donde aprovechando su credibilidad se favorece la viralización de ese discurso.
Falsa conciencia: es cuando conscientemente se ofrece una interpretación errónea de la realidad.
UCR pide proteger el derecho a la libre expresión
Además del paso a la TV digital y la distribución de frecuencias, la Universidad de Costa Rica abordó el tema del derecho a la libre expresión, comunicación y democracia; también para evidenciar debilidades en el sistema costarricense que deben ser atendidas.
A la ciudadanía, el I Foro Institucional UCR 2017 advirtió que el derecho a la libertad de expresión no se circunscribe únicamente a la emisión de opinión o pensamiento, también comprende manifestaciones artísticas, libertad de manifestaciones de cariño en público o privado (referido a comunidad LGBTI), colegiatura obligatoria o no para emitir criterio, la posibilidad de exigir a los medios derechos de respuesta, el derecho de libre expresión de los mismos periodistas dentro de los propios medios donde trabajan, protesta social, derechos de los ciudadanos frente a la publicidad engañosa y educación sexual distinta a concepciones religiosas.
Ese fue el criterio de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de la República y coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, quien abordó el tema del entorno legal y la jurisprudencia de la libertad de expresión en Costa Rica.
Banalización: se comete cuando un tema que es trascendente se trivializa. Sucede cuando se le dan cualidades humanas a los objetos. Ejemplo tomado de la presentación del académico Carlos Sandoval García sobre «Causas y formas de discriminación y exclusión social en las agendas de los medios» En la imagen: anuncio de vehículo en prensa escrita de la marca Isuzu indica «Llegó el semental, el del pelo en pecho, el que no pide permiso, el mal amansado, llegó papi».
El girasol se voltea hacia la luz
Es necesario crear espacios para la libertad de pensamiento por medio de políticas públicas que promuevan el pensamiento crítico y una “ciudadanía de personas, no de individuos”, concluía el Magistrado Fernando Cruz.
Luego de ocho mesas redondas y 30 voces expertas, entre investigadores, docentes, invitados de la empresa privada y Gobierno, quedó claro que el marco jurídico costarricense referido a la libertad de expresión y comunicación, debe robustecerse para propiciar el pluralismo, la diversidad de actores, evitar la concentración de medios y dar espacios a medios comerciales, comunitarios y públicos.
También, como generadores todos de contenido en la sociedad de la información y el conocimiento, la academia pide reflexionar sobre la democracia que queremos y el rol de los medios en esta construcción. Así como cuestionar si las redes sociales realmente son la vía de expresión ciudadana democrática o si por el contrario, están jugando como factores de desmovilización social.
“No percibo ninguna voluntad política para tener esa nueva ley de medios, y no la percibo ni en la Asamblea Legislativa ni en el Poder Ejecutivo” con esas palabras el pasado 28 de junio el rector Henning Jensen Pennington señaló la apatía política para reformar la Ley de Radio que data de 1954 – cuando en Costa Rica aún no existían siquiera las televisoras –, y sigue siendo la única normativa que regula el funcionamiento de medios de comunicación en el país y que tiene grande vacíos.
Al cerrar el I Foro Institucional del 2017 queda en claro que: hay necesidad de crear políticas públicas que promuevan el pensamiento crítico; que se debe reforzar la legislación que regula el derecho de expresión e información, especialmente en el contexto del paso a la TV digital y la distribución de frecuencias; que es importante que la ciudadanía sea vigilante y garante de sus derechos frente a la agenda mediática, el sistema educativo, la represión de la protesta y otros casos.
La Universidad de Costa Rica realiza desde el 2009 los foros institucionales que abordan temas en los que la universidad considera necesario abrir un espacio de reflexión para abordar temas nacionales que ameritan una pausa.
Cada año la UCR realiza dos espacios de este tipo y ha abordado temas como: funcionamiento del Estado para un desarrollo con equidad, la Universidad de Costa Rica como aporte al Estado Social de Derecho, planificación del recurso hídrico, el desarrollo eléctrico en Costa Rica, fortalecimiento del sistema educativo y cómo se dibuja el futuro de Costa Rica, entre otros.
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Mediante talleres de gestión del riesgo, las familias y sus comunidades fortalecen sus capacidades organizativas para identificar sus riesgos y lograr una estructura sólida para futuras emergencias.
Decenas de familias afectadas por el Huracán Otto fueron acompañadas de forma sistemática durante todo el primer semestre del presente año por parte de docentes y estudiantes de diferentes disciplinas de la Universidad de Costa Rica.
Bajo la coordinación de la Vicerrectoría de Acción Social, grupos interdisciplinarios realizaron giras mensuales para asesorar a las familias y personal de instituciones que sufren aún, las consecuencias de la emergencia.
Jessenia Solís, de la comunidad de Pueblo Nuevo de Upala, señala que la UCR los apoyó a nivel psicológico para sobrellevar el devastador impacto de la emergencia y enseñarles a elaborar planes de emergencia a nivel comunal y familiar para estar preparados ante una nueva emergencia.
La UCR puso en marcha un Plan Maestro de intervención para apoyar los procesos de recuperación de Upala mediante varios ejes estratégicos de acción, entre ellos, el fortalecimiento de capacidades para la gestión integral del riesgo, la facilitación de procesos de divulgación y comunicación, la gestión de las microcuencas, la recuperación de la Salud Integral y la dinamización de la economía Social solidaria, agricultura Familiar, seguridad alimentaria y nutricional.
Un grupo de estudiantes del Módulo de Psicología en los procesos comunitarios de las sedes Rodrigo Facio y Occidente (San Ramón) concluyó un proceso de capacitación con familias de 8 comunidades.
Los ejes de acción son el resultado de un proceso de diagnóstico participativo, donde se identificaron necesidades concretas como fue el fortalecer sus capacidades organizativas para que aprendieran a identificar sus riesgos y se lograra una estructura organizativa sólida para futuras emergencias.
El tema fue abordado mediante talleres mensuales y se brindó adicionalmente apoyo psicológico con la colaboración de estudiantes del Módulo de Psicología en los procesos comunitarios de la sede Rodrigo Facio y la Sede Regional de Occidente de San Ramón.
Además, se generó una metodología de trabajo de intervención en crisis a las familias más afectadas, realizando visita casa por casa para el manejo adecuado del duelo, la pérdida, la ansiedad, entre otros aspectos.
Otro de los ejes de trabajo fue la intervención con 41 familias concretas que, aunque sufrieron pérdidas importantes, no califican para la ayuda gubernamental. Mediante varios instrumentos, se ha generado información que orientará a las instituciones de gobierno a visibilizar las características de dichas familias y encontrar soluciones a sus necesidades concretas.
Con una amplia participación de hombres, mujeres, niños y niñas de 8 comunidades, la UCR generó talleres de capacitación y sensibilización. Los talleres se llevaron a cabo en Bijagua y San José de Upala.
Apoyar a quien apoya
De acuerdo con la psicóloga de la UCR, Lorena Sáenz Segreda, coordinadora de la Brigada de Atención Psicosocial, otra de las tareas fue el proceso de acompañamiento a los funcionarios públicos que fueron impactados por la emergencia. Ante esta situación, se realizó un trabajo para su pronta recuperación y elevar así, la capacidad de respuesta institucional.
El objetivo de este proceso fue empoderar a las instituciones brindando atención psicosocial para que se insertaran rápidamente en le proceso de recuperación con una visión más social y humana del problema y al fortalecimiento de las redes de apoyo grupal.
Este proceso de intervención aunado a la estrategia de la primera intervención en crisis de las familias duró un mes y medio y culminó con un pasacalles que se denominó “Upala con las botas puestas, construye esperanza”.
La tarea continúa
El fortalecimiento de la estrategia de salud mental comunitaria continuará en el segundo semestre del año por parte de la Brigada ya que hay muchas personas afectadas y en el cantón no se cuenta con servicios de salud especializados que garanticen a la población un tratamiento diferenciado para niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores, entre otros.
Sáenz puntualiza que la vulnerabilidad es diferente para cada sector. Además, es importante destacar que aunado al drama que trae consigo una emergencia hay elementos que agudizan las situación como son las condiciones transfronterizas, interculturales, entre otros aspectos, que particularizan el manejo de recuperación.
Orientar a las familias para enfrentar los nuevos desafíos que surgen post emergencia es una tarea que la UCR asumió para apoyar a a las autoridades de gobierno y elevar las capacidades tanto instituciones como familiares y comunitarias.
Las personas reportan, por ejemplo, un desconocimiento del riesgo actual ya que la emergencia impactó el espacio temporal. Algunos agricultores indican que ahora desconocen donde y qué sembrar porque el ambiente cambió.
Por ello, se continuará el proceso de intervención en cuanto a la asesoramiento técnico en agricultura solidaria y generación de empleo. Asimismo, la evaluación geológica e estructural de las condiciones de riesgo de sus viviendas y sus parcelas con el apoyo de profesionales de las Escuelas de Geografía, Ingeniería y Geología.
La Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), encargada de realizar el estudio actuarial del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afirma que el modelo empleado en el análisis no infla la población afiliada, así como tampoco la acumulación de derechos; la modelización demográfica es adecuada y no genera una sobreestimación de la población afiliada y jubilada y la modelización de los salarios de referencia y las fórmulas de cálculo de las pensiones se apegan a lo establecido en el reglamento del IVM.
Asimismo, los expertos de la Escuela de Matemática, en respuesta enviada a la CCSS en relación con las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguran que las conclusiones de la Nota Técnica de este organismo internacional carecen de sustento técnico.
Los académicos advierten que al ser el IVM de vital importancia para el futuro de la población costarricense, el bienestar de las familias y las personas, la politización de los aspectos técnicos significa un gran riesgo de distorsión de los datos que no beneficiará a nuestro país ni a sus habitantes.
En cuanto a los puntos planteados por la OIT, aclaran lo siguiente:
El uso de la base completa de 2,8 millones de afiliados del IVM, en lugar de utilizar solamente 1,5 millones de cotizantes, fue ampliamente analizado entre los actuarios de la UCR y de la CCSS.
Se hicieron dos estudios actuariales separados: uno con los afiliados, que es el que se incluyó explícitamente en el estudio actuarial, y otro con los cotizantes que se entregó con el oficio adjunto N° UCR-CCSS-023-2016 del 8/12/2016. Los costos sobre los salarios, los años en que se agotarán los ingresos totales y la reserva, resultaron bastante similares en ambas situaciones.
Un total de 62.537 afiliados de IVM no cotizaron en el año 2015 y al 31 de diciembre del 2015 estaban vivos y no pensionados, con 15 o más años cotizados. Estas personas bien pueden no volver a cotizar; sin embargo, en caso de invalidez, vejez o muerte, se consolida el derecho a los beneficios, sin aparecer como Población Económicamente Activa (PEA). Incluso, alguna parte de ellos podría estar fuera de Costa Rica, por lo que tampoco aparecería en la población nacional. Pueden seguir cotizando y tendrán mayores beneficios. Los que tienen menos de 15 años cotizados y no cotizaron en 2015 pueden aportar nuevas cuotas y pensionarse si llegan a cumplir los requisitos. Por lo tanto, no se pueden dejar de incluir en el modelo, pues si se excluyen se tendría una subestimación de la cantidad de pensiones.
En el estudio actuarial realizado por la UCR se indicó que las migraciones, las nuevas modalidades de pensión aprobadas en 2005 y 2007, la informalidad laboral, la posibilidad de acceder a más de una pensión y la no prescripción de las cuotas, ocasionarán un aumento en la cantidad de pensiones, principalmente en el caso de vejez, lo cual causará que los 6,4 cotizantes por pensionado que se tenían en 2015 se reduzcan a 1,4 en el largo plazo. En países como Finlandia el número de cotizantes por pensionado es 1,6 y bajará hasta niveles de 1,3 y 1,4 en el largo plazo.
El estudio actuarial realizado por la UCR aclara en la página 27 que la cantidad de afiliados de IVM no debe compararse con la Población Económicamente Activa, precisamente para evitar las confusiones que tiene la OIT.
La anterior reseña permite afirmar que lo observado por la OIT sobre el modelo demográfico que utilizó la UCR, no aporta nada novedoso a lo que ya se había analizado en el año 2016; sin embargo, es importante atender puntualmente las principales observaciones sobre asuntos demográficos y financieros contenidas en dicha nota técnica, como se indica a continuación.
El diagrama que aparece en la Figura 2 de la nota técnica de la OIT no corresponde al modelo utilizado por la UCR. La afirmación de que “el modelo UCR se basa en una estructura distinta, donde solo existen dos poblaciones, no afiliados y afiliados”, es incorrecta. En el estudio actuarial de la UCR no hay una proyección de la población no afiliada, sino de las poblaciones de afiliados y de cotizantes. Al grupo de afiliados se agregan anualmente las nuevas generaciones de cotizantes que se obtienen de la proyección de PEA suministrada por la CCSS.
La afirmación de que “si la formulación del modelo UCR fuera adecuada, la densidad de cotización se aplicaría solamente para la población afiliada cotizante activa” y que “el modelo UCR trata de emplear la densidad como sustituto de tasas de re-entrada y salida”, son incorrectas y sin sustento. La densidad de cotización empleada se calcula sobre el total de afiliados (a diferencia de otras metodologías que solo usan cotizantes) por lo que deben aplicarse a tal población.
En las comparaciones de cobertura con los nacimientos que hubo en algunos años, la OIT no toma en cuenta las variables que se mencionaron al principio de este resumen (migraciones, nuevas modalidades de pensión, no prescripción de cuotas, informalidad y posibilidad de acceder a más de una pensión). Esto muestra que la cantidad de afiliados no está limitada por la PEA.
Se indica que “el modelo no utiliza una curva de salarios”, lo cual es una afirmación incorrecta, ya que más bien se utilizan escalas salariales por sexo, edad y años cotizados.
Así mismo, se afirma que “en muchos años, el salario de referencia para el cálculo de las pensiones crece más que el salario promedio cotizable, lo cual es una consecuencia indirecta de la manera que el modelo UCR modeliza cohortes y la utilización de dos grupos demográficos en lugar de tres”, lo cual también es incorrecto. La razón por la que eso sucede es que el salario promedio de referencia depende de la inflación de los últimos 20 años, mientras que el salario promedio cotizable depende de la inflación de a lo sumo un año de tiempo.
Se indica erróneamente que “La pensión promedio crece más rápido que la inflación, y en muchos casos más que el salario promedio cotizable. Esto es una consecuencia directa de la sobreestimación del número de nuevas pensiones (consecuencia a su vez de una modelización demográfica inadecuada), así como del hecho de que las pensiones se calculan usando un salario que crece más rápido que el salario promedio“. El motivo por el cual la pensión promedio crece más que la inflación es que, como es obvio, las pensiones nuevas son mayores que las que están en curso de pago y las pensiones terminadas son inferiores a las de curso de pago. Según datos de la CCSS, por año hay unas 20 mil pensiones nuevas, mientras que las terminadas rondan 7 mil.
“La fórmula de cálculo de la pensión empleada por el modelo, utiliza solo el último salario cotizado como referencia, y no el promedio actualizado de los últimos veinte años según establece la ley”. Esta afirmación es falsa y temeraria. En las hojas de cálculo entregadas por la UCR, la CCSS corroboró que se utilizó la fórmula contenida en la página 245 del estudio actuarial, la cual usa como salario promedio de referencia el promedio de los salarios cotizados en los últimos 20 años, indexados con la inflación de los precios. Es sorprendente que el análisis técnico hecho por la OIT omitiera este detalle.
En la Nota Técnica de la OIT se indica que “estos problemas explican las grandes diferencias que existen entre los resultados de las proyecciones del trabajo de la UCR, con respecto a los resultados generados por el modelo actuarial de la CCSS, así como con respecto a otras proyecciones, incluidas las de la OIT”.
Dado que la nota técnica de la OIT no aporta estos datos, se hizo un análisis de algunos estudios actuariales realizados por la CCSS y el que la CCSS contrató con la OIT con corte al año 2008, denominado “Reporte sobre la Validación de la Valuación Actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) efectuada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, que fue investigado por la Auditoría Interna de la CCSS en el año 20131. Comparando las proyecciones realizadas con los datos estadísticos observados en el año 2015, se obtienen resultados que causan preocupación. Como se describirá a continuación, la realidad indica que las proyecciones de la OIT subestiman significativamente la cantidad de afiliados y los gastos del IVM. Insistimos en que esto no corresponde a una opinión nuestra, sino a una comparación objetiva con la realidad observada.
Por ejemplo, la OIT supuso que la tasa de cobertura sobre la PEA sería de un 71 % en 2015, pero el dato real observado fue de un 62 %; a partir de 2029 la OIT supuso inexplicablemente, que la tasa de cobertura contributiva sería de un 82 % sobre la PEA. Para el año 2015 la OIT estimó 62.282 pensiones de vejez, pero el dato real que se observó fue de ¢108.085, cifra que es un 74 % mayor que la estimada por la OIT. Lo anterior explica que, según los cálculos de la OIT, en 2015 se tendrían 9 cotizantes por pensionado, pero el dato real fue 6,4. También explica los motivos por los cuales la OIT estimó que en 2015 el IVM tendría un superávit de ¢529.040 millones, cuando en realidad solo sobraron ¢101.587 millones y lo que es más delicado, que en 2015 los costos de IVM serían 6,5 % sobre los salarios; sin embargo, el dato real fue 9,0 %. Para la OIT el IVM tendría en 2015 una reserva equivalente a 4 gastos anuales, pero el dato real fue 2.4 gastos anuales. Según los cálculos de la OIT de 2009, el faltante de contribuciones en IVM se presentaría a partir del año 2028; pero el déficit se presentó desde el año 2012.
La CCSS, en su estudio actuarial con corte al año 2008, mostró cifras similares a las de la OIT. No obstante, a partir del año 2010 la CCSS corrigió drásticamente sus estimaciones, señalando que el déficit de contribuciones se tendría un año después, en 2011, en lugar del año 2027 que había estimado en 2008. Sin embargo, no modificó los años en que los ingresos totales se agotarían (año 2037), ni el año en que se consumiría totalmente la reserva (año 2042).
También se analizó el estudio actuarial realizado por la CCSS con corte al año 2014, encontrándose varias inconsistencias, por lo que se solicitó que revisaran el modelo PRODEFI auditado por la OIT en 2009 y que usaran una inflación de los precios de 4,5 % en lugar de 8 %. Los resultados que obtuvieron fueron bastante cercanos a los de la UCR y muy diferentes a los del estudio actuarial de 2014; sin embargo, aún el PRODEFI no permite utilizar la base completa de afiliados, lo cual motivó que la UCR incluyera en su informe la recomendación de que fuese mejorado.
Con todo lo anterior se muestra que las conclusiones de la Nota Técnica de la OIT carecen de sustento técnico. El modelo empleado por la UCR no infla la población afiliada, ni la acumulación de derechos. La modelización demográfica es adecuada y no genera una sobreestimación de la población afiliada y jubilada. La modelización de los salarios de referencia y fórmulas de cálculo de las pensiones se apegan a lo establecido en el reglamento de IVM.
No obstante lo anterior, ante la premisa de que ningún modelo es perfecto y dada la trascendencia que tienen las decisiones que se adopten en la Mesa de Diálogo, la Universidad de Costa Rica tiene la anuencia de analizar con más profundidad el asunto, para lo cual es importante que la OIT aporte la información técnica que sustenta sus cálculos y observaciones, y que envíe a un actuario para que exponga en la Mesa de Diálogo la Nota Técnica, con la presencia de los actuarios de la UCR.
Para consultas con los investigadores, se atenderá a la prensa de 9 a.m. a 11 a.m. Comunicarse con la Oficina de Divulgación e Información al 2511-1168 con Patricia Blanco.
1 Informe ASF-288-2013 del 20/12/2013.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.clapem.emate.ucr.ac.cr
Información generada desde la Oficina de Divulgación e Información, UCR.
