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Etiqueta: universidades públicas

Los cincuenta años de la UNA y el ethos de sus fundadores (II)

Rogelio Cedeño Castro

Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

La nueva institución universitaria que junto con el TEC o Instituto Tecnológico de Costa Rica, con sede en la ciudad de Cartago, vino a diversificar y a innovar la enseñanza superior universitaria pública de nuestro país, al menos durante los primeros años de su existencia, razón por la que resulta pertinente seguir reflexionando sobre sus orígenes.

Desde sus inicios, dentro de un contexto de intensas y enriquecedoras polémicas, tanto hacia el interior de la incipiente universidad, como con respecto del conjunto del país, se produjeron tensiones y reacciones en el orden de lo político, lo social, lo cultural y lo ideológico (en términos doctrinarios, relativos a la asunción de posturas de fondo frente a la realidad nacional y universitaria de entonces) en el seno del Partido Liberación Nacional (PLN), la organización o partido político más importante del país, la que en esos años mantenía desplegadas sus posiciones socialdemócratas y reformistas, tanto desde el Poder Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa, desde donde impulsaron la fundación de la UNA, Francisco Morales Hernández y otros de sus compañeros de la Fracción Parlamentaria del PLN (1970-1974), de la que viven aún sólo Manuel Carballo Quintana y Ángel Edmundo Solano Calderón, según decía Francisco en días pasados.

En la primera elección para escoger al rector de la UNA se enfrentaron-por así decirlo- Benjamín Núñez Vargas, apoyado por la izquierda de su propio partido, y un numeroso grupo de académicos y estudiantes de las demás organizaciones o partidos de ese sector del espectro político, mientras en el otro lado, el filósofo y connotado académico, Francisco Antonio Pacheco, en representación de las fuerzas conservadoras que, desde hacía algún tiempo, consideraban a la UCR algo así como un “nido de comunistas”, razón por la que habían decidido emigrar al nuevo espacio universitario, dado el clima de efervescencia revolucionaria entre los jóvenes de aquella generación de los setenta, influenciados por el mayo francés de 1968 y la rebelión del estudiantado mexicano, pidiendo democracia (Esa democracia bárbara de México, como la llamaba el escritor José Revueltas) que fue aplastada a sangre y fuego en octubre de ese mismo año en la plaza de Tlatelolco, por la maquinaria político-militar del presidente Gustavo Díaz Ordaz, aconsejado por la CIA estadounidense. Benjamín Núñez fue el primer rector de la UNA, y paradoja de paradojas, con el paso del tiempo, en honor a la verdad, considero que fue el más académico y visionario de todos los que estuvieron al frente de la institución: tenía un proyecto universitario innovador, y era un sociólogo brillante, además de un estratega político singular que supo moverse en las turbulentas aguas de la política y la vida académica universitaria de hace medio siglo, pero sobre todo corría con colores propios y en un terreno que era el suyo, en toda la extensión de ese término. Al final fueron, o fuimos otros actores de ese proceso universitario, los que no estuvieron o estuvimos a la altura de las circunstancias.

En la perspectiva del tiempo de la larga duración histórica pienso que los logros académicos, tanto en el terreno de la enseñanza universitaria como en el de la investigación en todas las disciplinas hubieran sido mucho mayores, de haberse continuado la propuesta de Núñez-Ribeiro (¿UNIVERSIDAD NECESARIA? No como consigna, sino como esencia del quehacer de la joven institución que estaba destinada a grandes logros).

Fue así, como desde el principio entraron en pugna las visiones y enfoques, que partían del modelo universitario interdisciplinario y horizontal propuesto por Darcy Ribeiro, al que hicimos alusión supra en la primera parte de este artículo, el que impulsaron Benjamín Núñez y sus compañeros más cercanos, y por otra parte, la de los que buscaban un modelo universitario orientado hacia una fábrica de graduados estandarizados y de chicos “bien portados”, funcionales al establecimiento político, que con el tiempo deberían responder a la magia de la demanda empresarial y del mercado.

Hacia finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta el proyecto universitario inicial de Núñez y sus compañeros se encontraba bajo el fuego sistemático de los grandes medios de comunicación social (prensa impresa, radio y televisión), en especial el diario La Nación dirigido entonces por Eduardo Ulibarri, que contaba con el concurso la acerada pluma del columnista Enrique Benavides, quien llegó hablar de la teratología o monstruosidades  de una universidad, de la que afirmaba que se había tragado y deformado a la parroquial ciudad de Heredia, con su discurso político e innovador, al parecer altisonante: el herediocomunismo (Ver Rodrigo Quesada Monge, revista ABRA de Ciencias Sociales # 19 20 II semestre 1994 p.p. 123-129), ese cuco que  tanto asustaba a los defensores del statu quo, los que ya empezaban a tranquilizarse con la llegada de la larga contrarrevolución neoliberal de Margaret Thatcher y Ronald Reagan (entre 1979 y 1981) que ha prevalecido desde entonces.

A pesar de todo, los logros en este medio siglo de la UNA han sido muchos, y hablaremos de ellos en una tercera entrega de este artículo. Lo cierto es que el proyecto de aquella universidad necesaria de los fundadores de la nueva institución de educación superior se fue abandonando gradualmente, para dar paso a la departamentalización de las disciplinas, o en escuelas que optaron por programas de estudio verticales y por materia.

El abandono del IESTRA o liquidación en su espíritu inicial del Instituto de Estudios del Trabajo es una demostración de lo que hemos venido afirmando, para acelerarse poco después luego cuando se puso fin a los cursos o estudios propedéuticos que formaban el tronco común en todas las facultades, asediados por los sectores de una derecha, cada vez más agresiva, hacia el interior de la UNA.

De ahí en adelante se apostó por ofrecer menos al país, exigir poco o no tanto a los estudiantes (que estaban en el proceso de convertirse en “clientes” del sistema preconizado por el pensamiento único neoliberal), encuadrando su formación hacia posturas tecnocráticas, de meros graduados que tanto interesaban a las élites del poder: el orden y el progreso decimonónicos han terminado reinando en los años finales del siglo pasado.

Los cincuenta años de la UNA y el ethos de sus fundadores(I)

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

De aquella Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), que fuera fundada hoy hace medio siglo, un 15 de febrero de 1973, durante la tercera administración de José Figueres Ferrer (1970-1974) queda, como suele suceder, la institucionalidad que se ha venido consolidando con el paso del tiempo de larga duración histórica. El riesgo de que la propia institucionalidad se haya convertido en un fin sí mismo existe, y resulta ser el producto de una encrucijada inevitable una vez que la fase carismática (Max Weber, dixit) de la “dominación” (entendida en el buen sentido del término, no en el peyorativo), propia del proceso fundacional se fue agotando, de manera gradual y casi imperceptible, durante la primera década de su existencia, para entrar en otro proceso de racionalización y burocratización creciente, como resultado de la influencia y las presiones externas a la institución, especialmente de las fuerzas conservadoras y los medios de comunicación interesados en encuadrar a la UNA, dentro de los intereses del establecimiento político imperante, e incluso de aquellos que responden a los poderes fácticos, por lo general hostiles a los procesos democráticos.

A lo anterior, se une la fragilidad de la “memoria histórica” de la gran mayoría de las gentes, como un factor que se acentúa con la llegada de nuevas generaciones de académicos, estudiantes y administradores que, por lo general, ya no vienen impregnados del ethos que quisieron imprimirle a la institución sus fundadores. Además la nueva universidad recogía la herencia del importante proyecto académico que representó la vieja Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1915, por Alfredo González Flores, un presidente reformista que marcó una ruptura dentro de la república liberal.

Convendría entonces, examinar o explicitar ¿cuáles fueron las visiones y las expectativas de los fundadores de la entonces nueva institución universitaria, ubicada en la ciudad de Heredia, sin que aquellos se hicieran manifiestos, como por arte de magia, para la totalidad de las gentes que intervinieron en la vida de la naciente universidad. Lo cierto que algunos de sus fundadores más importantes como el sociólogo y presbítero Benjamín Núñez Vargas y el abogado, politólogo y notorio dirigente liberacionista Francisco Morales Hernández, entre otros que no vienen por ahora a mi memoria, se inspiraron e impulsaron un modelo universitario, propuesto por el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro (autor de obras tan importantes como EL PROCESO CIVILIZATORIO) que buscaba, entre otras cosas, una integración horizontal de los saberes y disciplinas universitarias, partiendo de una sólida base humanista y propedéutica que encontraron eco en muchos de los académicos y estudiantes de aquellas generación que dieron el punto de partida a la nueva universidad.

La existencia de los certificados integrados que se aprobaban en bloque en las distintas carreras, a diferencia de las redes curriculares de cursos, con años o niveles, por lo general verticales marcaban un nuevo paradigma educativo en la institucionalidad universitaria de Costa Rica. Todo esto, sin que el nuevo proyecto abandonara en lo esencial muchas de las premisas de lo que fuera el espíritu de la Reforma Universitaria, de 1954, promovida por Rodrigo Facio Brenes desde la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), la que marcó un parteaguas en el fortalecimiento de los valores humanistas, al lado del conocimiento científico y los saberes disciplinarios e interdisciplinarios en las universidades públicas de Costa Rica.

No en vano, el propio Benjamín Núñez Vargas, quien fuera el primer rector de la UNA (1974-1977) había sido parte importante de la Cátedra de Fundamentos de Sociología en la UCR, y se había impregnado del espíritu de aquella Reforma Universitaria tan importante, durante la segunda mitad de los años cincuenta y los sesenta del siglo anterior. El propio Núñez nos dejó un importante opúsculo, bajo el título de LA UNIVERSIDAD NECESARIA, el que muy pocos académicos y estudiantes se preocuparon de examinar con detenimiento para asumirlo como hecho consciente, esencial para marcar los vectores más importantes del propio proceso fundacional, evitando convertirlo en una mera consigna con propósitos electorales, dentro de la toma de decisiones en la administración y la política universitaria.

Óscar Aguilar Bulgarelli responde ante las afirmaciones del presidente

Óscar Aguilar Bulgarelli responde ante las afirmaciones sobre las universidades públicas presentadas por el presidente de la República el pasado primero de febrero, donde Rodrigo Chaves lanzó afirmaciones que pronto serían desmentidas por el CONARE.

“Una frase que a mí me dejó pensando y fue la frase que señor presidente textualmente “nosotros estamos desafiando al sistema” a cuál sistema se refería señor presidente, al sistema universitario de financiamiento de las universidades, que hoy está demostrado que usted mintió, o está cambiando el sistema cuando usted se enfrenta al poder judicial, al poder legislativo, a la prensa, a la caja del seguro social, al ICE, cuando destruye nuestro sistema de cuido ambiental, cuando se enfrenta la banca con los proyectos del banco de Costa Rica y al ataque al BCT, al sistema de salud con la renuncia de tantos y tantos científicos, es al sistema demócratico al que usted se está enfrentando, eso debería aclararlo señor presidente porque si es así, créame, los costarricenses así no jugamos”.

Esto debido a que el presidente Chaves realizó afirmaciones erróneas frente a las universidades públicas, en este caso la Universidad de Costa Rica, sobre el uso de los recursos, donde el CONARE realizan un respuesta clara frente a las acusaciones basado en elemento comprobables, donde aclaran que las universidades han reducido significativamente el pago de salarios, el aumento de becas e investigación, recordando que las Universidades Públicas están en la disponibilidad y al servicio del país.

Le invitamos a escuchar a don Óscar:

UNDECA, BUSSCO y el Movimiento Sindical Unido rechazan antidemocrático reglamento a Ley de Empleo Público

Los representantes sindicales, con la participación del secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, entregaron un fundamentado documento con la posición unánime del movimiento sindical, respecto a la consulta pública del Proyecto de Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público.

En síntesis, las organizaciones deploraron y advirtieron que al igual que con la Ley de Empleo Público, el proyecto de reglamento se tramita de manera atropellada y antidemocrática, presionado por la OCDE y el FMI, manifestando su oposición por los siguientes motivos:

1.- Falta de legitimidad democrática de la reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: una anodina consulta, sin participación democrática y diálogo social, a días de la vigencia de la ley, para cumplir un formalismo, de mero trámite.

2.- Deficiencias, inconsistencias y omisiones en la implementación y reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: la falta de claridad conceptual, criterios metodológicos y técnicos, reflejo de la incapacidad de Mideplan; causa incerteza administrativa y jurídica. (Informe CGR- DFOE-FIP-RF-00002-2022)

3.- La Ley y el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público: un caballo de Troya: con el pretexto de la crisis fiscal se extralimitaron en la ley y el ejercicio del poder reglamentario, reconfigurando la institucionalidad y vaciando de contenido la autonomía atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades públicas y municipalidades, a contrapelo de la Constitución Política.

4.- El núcleo duro de la ley y su reglamento: la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN:  todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa “tutela” política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial.

5.- El producto estrella: el salario único global: el más misterioso y sombrío del proyecto, que genera grandes dudas acerca de las condiciones y derechos laborales en que quedarán los funcionarios.  

6.- La política extrema de devaluación de los salarios: la continuidad de la política de reducción de los salarios reales y empobrecimiento de la clase trabajadora del sector público.

7.- El proyecto de reglamento omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

8.- El proyecto de reglamento omitió el Informe Técnico de OIT acerca de la Ley Marco de Empleo Público: los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones fueron ignoradas.

A merced de esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en nuestro país la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios.

¡UNDECA alerta y llama a la clase trabajadora a defender la CCSS, la institucionalidad pública y los legítimos derechos de las y los trabajadores públicos.!

San José, 14 de febrero de 2023.

SURCOS comparte el documento enviado a la ministra de Planificación:

Gira “Misión Costa Rica” define ruta de lucha en defensa de los derechos laborales y autonomía universitaria

La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) comunica:

“El día 7 de febrero del 2023 inició la segunda jornada de gira denominada “MISIÓN COSTA RICA” en las instalaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde recibieron representantes de la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) con la participación de los vicepresidentes Walter Merkis de FATUN Argentina; Lourdes Zea de STUNAM México, Damián Espino Castillo de SINTUP Panamá y el Secretario Ejecutivo de la CONTUA, Marcelo Di Stefano y los dirigentes sindicales de las Universidades Públicas, Kendy Chacón Víquez secretaria general de la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC); Álvaro Madrigal Mora, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN) y Harold Chavarría Vásquez del SINDEU. 

Como lo escribieron los de la OIT de Centro América en un mensaje en Twitter se “sostuvo hoy un espacio de diálogo con representantes sindicales de universidades públicas de Costa Rica, México, Panamá”… Argentina y se habló “sobre derechos laborales fundamentales: libertad sindical y negociación colectiva”, cerró el comunicado.

Posteriormente, se sostuvo la segunda reunión en las instalaciones del SITUN en la Universidad Nacional en Heredia; quien se unió a la gira el representante de la Internacional de los Servicios Públicos (ISP) Oscar Rodríguez. En este espacio, el secretario ejecutivo de la CONTUA Di Stefano, recordó el objetivo de esta misión que como él mismo lo expresó, “ustedes más que nosotros los tienen muy claro”, porque aquí hay un ataque en dos miradas, porque si atacan a la Universidad nos atacamos a nosotros mismos. 

Continuo el mensaje diciendo que “viendo ese diagnóstico que se dio en el Congreso de Guadalajara de la CONTUA en México en donde vimos necesario ingresar a estos espacios, donde se condena la violación a los derechos laborales y a la Ley del Empleo Público que condiciona la autonomía universitaria.

Durante la tarde, los representantes de la CONTUA y de los Sindicatos Universitarios se reunieron con los rectores que conforman CONARE en donde se exigió de una vez por todas una ruta de acción para la defensa de las Universidades Públicas.

Con respecto a la Ley de Empleo Público, el rector de la Universidad Técnica Nacional, Emmanuel González Alvarado expresó que CONARE había sacado un acuerdo en donde aseguraba que ninguna universidad va a dividir a los funcionarios administrativos de los docentes, donde fueran excluyentes (ante el MIDEPLAN) y concluyó “ese fue el primer acuerdo que llegamos”. 

Además, enfatizó que CONARE ha emitido comunicados de forma constante, en donde expresan su oposición a las Leyes de la Regla Fiscal y Empleo Público y el proyecto de ley llamado “Ley Reguladora del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal”, expediente N° 23.380. La ruta es seguir unidos en esta lucha. A nivel de la OIT se canalizarán las denuncias respectivas a nivel internacional.

“Unidos somos más y más fuertes” 

Página web del SINDEU: http://www.sindeu.ucr.ac.cr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sindeu.universidadcr 

Para más información: Por WhatsApp 8510 5531 con Lillianne Sánchez Angulo, 8343 4986 SINDEU 2511 1960 y Oficina central del SINDE”.

Video: No caigamos en discursos falsos. Defendamos las Universidades Públicas con la verdad

Carlos Araya, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica desmiente punto por punto las falsedades emitidas por el Presidente Rodrigo Chaves. En este video se menciona cómo la Universidad de Costa Rica dedica un porcentaje menor de su presupuesto en salarios en comparación a muchas otras instituciones públicas, así como también el aumento en becas, en inversión en infraestructura y el papel tan importante que juegan las universidades públicas en la investigación nacional. 

CONARE rechaza y desmiente declaraciones del Presidente de la República sobre financiamiento de la educación superior pública

3 de febrero del 2023. Ante las declaraciones del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, realizadas ayer durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, en la cual indicó que las universidades estatales no rinden cuentas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que se ha recortado presupuesto destinado a las becas, a la investigación y a la infraestructura, entre otras argumentaciones.

El Consejo Nacional de Rectores rechaza y desmiente enfáticamente los argumentos falsos del Poder Ejecutivo emitidos sin datos ni evidencia y que están alejados de la realidad y de la gestión de las universidades estatales.

1. La educación universitaria pública para el año 2021, contaba con una población de más de 143.000 estudiantes. De la cual el 82% de los estudiantes matriculados de primer ingreso procedían de los colegios públicos y más del 64% de los graduados de las universidades estatales provenían de hogares donde los padres no tienen un título universitario.

2. Durante el año 2021, el 63% de los estudiantes de las universidades públicas contaron con algún tipo de becas, porcentaje superior al 80% en las regiones periféricas del país.  Las universidades estatales han reforzado de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes.

3. Aumento en el acceso a la universidad estatal de jóvenes de hogares más pobres afirma el último informe del Estado de la Educación (2021). En una década, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años de hogares de quintil bajo de ingresos (quintil 1, quintil 2 y quintil 3) que accedió a la educación universitaria pública aumentó pasando de 8% en 2010 a 20,12% (2021) en el quintil 1, de 15,5% a 26,21% en el quintil 2 y de 21,7% a 32,47% en el quintil 3.

4. En Costa Rica son las Universidades Públicas las que más invierten en investigación científica, el desarrollo e innovación, más del 90% de la investigación desarrollada en el país se realiza en las universidades públicas. Durante el 2021, se realizaron 2.240 proyectos de investigación, más de 2.000 publicaciones científicas y se invirtió 67.599 millones de colones en I+D.

5. Las universidades públicas son las únicas que realizan proyectos de Extensión y Acción Social para solventar las necesidades de poblaciones y sectores claves para el país. En el 2021 se desarrollaron 1.259 proyectos, ejemplo de ello es el proyecto “Costa Rica aprende con la U pública”. Esta modalidad organiza cursos virtuales gratuitos y su oferta ha sido de 152 cursos que han impacto alrededor de 5.000 personas.

6. Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, por la naturaleza de sus servicios, requieren de un fuerte componente de talento humano, y esto lógicamente se refleja en sus presupuestos. Para el 2021 y 2022, no hubo ningún tipo de aumento salarial, ni reconocimiento de la anualidad. Estas medidas y otras en materia salarial han hecho que el presupuesto destinado a “Remuneraciones” muestre una tendencia a la baja, disminuyendo en el periodo 2019-2022 en ¢2.782 millones de colones. Se debe tener presente que los resultados de las medidas tomadas en materia salarial tienen un efecto mayor a largo plazo.

7. El Consejo Nacional de Rectores trabaja en un régimen de empleo unificado para el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal con sus procesos de remuneraciones, reclutamiento, selección, nombramiento, administración, méritos, evaluación y sancionatorios, conforme a los principios del régimen de empleo del sector público, estipulados en las leyes, los Estatutos Orgánicos de las universidades y la Constitución Política, el cual estará listo para el 2024.

8. Las universidades estatales cumplen con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Se somete a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, las universidades públicas han cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

9. El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

10. El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Es evidente que la posición del Poder Ejecutivo no tiene fundamento, los argumentos empleados son falsos y responden a un ataque que pretende debilitar y dañar la gestión de las universidades públicas, con la intención de intervenir en la educación universitaria estatal, como lo pretende hacer con el proyecto de ley 23.380, contrario a lo establecido constitucionalmente.

Desde las universidades públicas nos permitimos recordar que la mejor defensa de la ley y la institucionalidad, pasa por garantizar a la educación pública el presupuesto del 8% del PIB como un mínimo garantizando por la Constitución, esa es la mejor arma contra la politiquería, las noticias falsas, los discursos de corte populista y la polarización de la sociedad costarricense.

Pese al tono ofensivo de las palabras, emitidas en la conferencia de prensa, las universidades públicas seguirán esperando que el Poder Ejecutivo permita que se materialice la aspiración constitucional de que, en el marco de la autonomía, coordinemos para buscar potenciar el desarrollo nacional, como lo hemos hecho siempre.

Es por eso, que hacemos un llamado al Gobierno de la República al equilibrio, al respeto y a la observancia de la Constitución Política, a proporcionar información veraz que es la base para una sociedad más crítica, educada y que pueda tener herramientas para discernir las ideas que nos hagan progresar hacia una sociedad más democrática y equitativa.

Coordinadora Popular de Occidente: A la gente trabajadora y a la sociedad costarricense

El año 2022 que llega a su fin en pocos días, ha sido el primero de post-pandemia; sin embargo, con la llegada al poder Ejecutivo del Señor Rodrigo Chaves, -luego de una generación fuera del país, como representante del Banco Mundial-, asume el gobierno de Costa Rica el 8 de Mayo y a partir de ese día se continua con el proceso para el desmantelamiento del Estado Social de Derecho y de los Servicios Públicos, con dicha acción, la democracia costarricense empieza a ceder espacio al autoritarismo más que al diálogo o el consenso.

Datos:

“Ataque” a las Universidades Públicas, golpe al Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES); presión al ICE, para seguir socavando las principales fuentes de generación de riqueza; proyecto de cierre del Banco de Costa Rica, retirado temporalmente, para obtener la aprobación de los eurobonos ($5 mil millones), deuda para pagar deuda.

Lo más reciente, golpe a la CCSS, al destituir primero al presidente ejecutivo, Álvaro Ramos y ahora a la representación laboral y otros miembros, en total 5. Esto representa una violación a todas las normas y leyes de nuestro país, y precisamente destituye a representantes elegidos por una gran mayoría de la clase trabajadora, como es la compañera Marta Rodríguez, cuya postura en la directiva de la Caja ha sido la defensa de la institución para que siga siendo patrimonio de toda la población costarricense.

Llamamos a las y los trabajadores de la región de Occidente, del país y a la población en general, a manifestar su repudio y pedir la inmediata reinstalación de los sectores laborales en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Los 81 años de vida de la Caja demuestran su valioso aporte a la sociedad y su capacidad para dirigir la Seguridad Social de nuestra Patria.

¡Alto a la privatización de la Caja y otras instituciones!
¡Construyamos justicia social luchando por nuestros derechos!

Costa Rica dialogará sobre innovación en territorios y comunidades

En IV Congreso Nacional de Innovación

  • Actividad se realizará en sedes universitarias de las diferentes regiones del país.

  • Inicia el 01 de noviembre en la Región Brunca en Pérez Zeledón.

A lo largo del territorio nacional y durante todo el mes de noviembre se llevará a cabo el IV Congreso Nacional de Innovación organizado por las universidades públicas costarricenses. El Congreso es una oportunidad para generar espacios de diálogo y articulación entre los actores del sistema nacional de innovación y emprendimiento y para esta cuarta edición está enfocado a contribuir con el desarrollo de la innovación en las seis regiones del país.

De esta manera por primera vez durante sus cuatro ediciones, el Congreso se desarrollará de manera presencial en las regiones: Pacífico Central, Brunca, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe y Central. Los organizadores esperan que este Congreso se convierta en un espacio de análisis y discusión sobre las oportunidades de innovación de cada región de Costa Rica.

El IV Congreso tendrá conferencias, charlas y espacios de networking, que se realizarán en las sedes y recintos de las universidades estatales del país. En el sitio web del Congreso se podrá obtener información adicional de las diferentes actividades a realizar: https://www.congresoinnovacion.conare.ac.cr/

En cada encuentro, habrá un espacio dedicado a las “Charlas relámpago” en el que personas de diversos sectores, así como docentes, estudiantes y personal administrativo de las Universidades Públicas de Costa Rica podrán dar a conocer sus trabajos colaborativos y de articulación interinstitucional o intersectorial que hayan impactado positivamente a las regiones.

En el congreso pueden participar todas aquellas personas vinculadas con la academia, el gobierno, la sociedad civil y el sector productivo en pro del desarrollo nacional. Pueden ser personas estudiantes, docentes, investigadoras, líderes comunales, empresarias, representantes de cooperativas, personas emprendedoras o de organizaciones sociales, etc.

Para participar puede registrarse en el sitio: https://www.congresoinnovacion.conare.ac.cr/inscripciones

Este esfuerzo se lleva a cabo con el apoyo de las entidades patrocinadoras Coopelesca, Nutrisnacks, Wenox y los socios estratégicos: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ( MIDEPLAN), Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica (MTSS), Programa Nacional de Clústeres, Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Instituto Nacional de Aprendizaje y Cámara de Industrias de Costa Rica, el proyecto TECHNOLOGY TRANSFER INNOVATION SCHEMES IN LATIN AMERICA (TETRIS) y la Comisión Impulsa de CONARE

Fechas del Congreso en las regiones y las sedes son las siguientes:

01 de noviembre de 2022: Región

Brunca

En las instalaciones de la Sede

Regional Brunca de la Universidad Nacional (UNA) ubicada en el campus de Pérez Zeledón.

 

08 de noviembre de 2022: Región

Huetar Norte

En el Campus Tecnológico

Local San Carlos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ubicado en Santa

Clara de San Carlos.

09 de noviembre de 2022: Región Huetar Caribe

Sede del Caribe de la

Universidad de Costa Rica, ubicada en el Bº La Colina, Contiguo al Liceo

Nuevo de Limón.

15 de noviembre de 2022: Región Chorotega

En la Sede Regional de Guanacaste de la Universidad Técnica Nacional (UTN), ubicada en el recinto Corobicí, 200 mts noreste del

Liceo Miguel Araya de Cañas.

22 de noviembre de 2022: Región Pacífico Central

En las instalaciones de la Sede Universitaria Puntarenas de la Universidad Estatal a Distancia

(UNED), ubicadas contiguo a la Delegación Policial de Puntarenas,

Barrio El Cocal de Puntarenas.

29 de noviembre de 2022: Región

Central

En el Edificio Dr. Franklin Chang

Diaz, en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores.

“Esperamos que esta sea una oportunidad de contribuir al fortalecimiento de la participación de las diferentes regiones con la productividad y el desarrollo del país, además pretendemos generar interés en proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida las diferentes regiones, respetando las particularidades de cada territorio”, aseguró la Lic Geannina Sojo, Directora de la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación de la Universidad de Costa Rica e integrante de la Subcomisión NEXO Universidad-Sector Socio productivo que junto con los Órganos de Coordinación Universitarios Regionales (OCIR) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), organizan la actividad, apoyados por un grupo de socios estratégicos.

Con el lema “Dialoguemos sobre innovación para los territorios y las comunidades”, este año las universidades estatales reafirmaron su compromiso con el desarrollo de las regiones mediante el acuerdo adoptado por CONARE al declarar el 2022 el Año de las Universidades Públicas por los Territorios y las Comunidades, con la finalidad de fortalecer las acciones del quehacer universitario en las regiones del país y continuar atendiendo las demandas de las comunidades y del sector productivo.

Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos

Dra. Yamileth González García, exrectora UCR y Colectivo Mujeres por Costa Rica

Costa Rica vive en la actualidad circunstancias que amenazan, como nunca, su estabilidad democrática y que, ponen en riesgo el Estado Social de Derecho y, en particular a las instituciones de educación superior pública.

El proyecto del Gobierno de Costa Rica que plantea una “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior”, expediente 23.380, es un irrespeto a las universidades públicas y muestra una ignorancia impropia de un Poder Ejecutivo. El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor, errada de lo que son las universidades públicas, desconociendo profundamente sus características y la esencia misma de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, evidencia, además, desconocer que durante los años de 1980 y 1990 ese financiamiento se vio severamente disminuido, particularmente para la educación superior, como, también, lo ha sido en décadas más recientes.

Cuando se afirma que la universidad pública ha sido considerada, simplemente “…como un mecanismo de movilidad social, fundamental para el país…“ nos hace entrar en dudas si los proponentes de este proyecto entienden la esencia de la Universidad; se pone en evidencia que, para el Gobierno, las universidades son, de manera excluyente, simples casas de enseñanza, centros de formación de profesionales y, quienes vivimos la vida universitaria a profundidad, sabemos que en nuestro país el quehacer de estas instituciones es mucho más que eso, que está asentado sobre tres pilares esenciales: la investigación, la docencia y la acción social, cuando, además, se señala que las universidades, no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la pregunta ¿Qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales para la empresa privada y su interés mercantil? Si la visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demande la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, de arte y las humanidades? que son, precisamente, las que desarrollan en sus graduados la formación de destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en grupos, que tanto ha influido en la idiosincrasia nacional.

En el artículo1 se establecen límite a la distribución del FEES, el cual sería, fundamentalmente, para financiar la regionalización, las becas y la infraestructura y, entonces, ¿no existe financiamiento para la investigación y la acción social? En la perspectiva de este proyecto a la investigación se le da un papel marginal y la acción social es absolutamente inexistente. Y eso no es casual: así buscarían romper o silenciar la significativa relación que las universidades tienen con la sociedad. A eso se le une que, según este proyecto de ley, la creación de nuevas carreras solo se podría dar si son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo (art.7), o sea que se elimina la potestad de las universidades de hacer inversión académica en áreas que estas consideren pertinentes.

A pesar de que, como se señala en el expediente 23.380, hubo, desde la Asamblea Constituyente de 1949, algunos legisladores que discutieron sobre la asignación del presupuesto para la Universidad, otros con sabia visión, como Rodrigo Facio, Carlos Monge y Fernando Baudrit… buscaron protegerla de posibles y futuros embates, como el que se vive en los momentos actuales.

Es inadmisible que, el Gobierno, tergiverse la Constitución Política y señale que el Estado solo debe comprometerse presupuestariamente, con lo necesario para las universidades, y así dejarlas sometidas a los criterios políticos de turno, asignando el mínimo y no el máximo.

No es admisible desde ningún punto de vista y el proyecto lo hace, que se irrespeten los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), quinquenalmente se han elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Por todo lo anterior resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES. Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos.

No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades quieren estar exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc), también de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente: por eso la defensa frente a esta proyecto que atenta contra sus derechos, no solo es necesaria y urgente, así como cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.

Inconcebibles son las trabas que se proponen para una ágil y eficiente administración de los recursos, si estos pasan a ser administrados por el Banco Central, y, peor aún, que las universidades tengan que hacer, mensualmente, los trámites para solicitar los fondos requeridos (art.3) y si los recursos, considerados excedentes deben pasar a la Caja única del Estado, pues, entonces, se crean impedimentos para la realización de obras que requieren más tiempo que el que define el período presupuestario señalado.

Es de esperar que una propuesta que irrespeta tanto a las universidades públicas no reciba la atención de la Asamblea Legislativa y que, en ese espacio, no olviden que, aún en tiempos de crisis, no se debe amenazar, como lo ha hecho inconcebiblemente el Presidente Chaves, a la sociedad con el quiebre de nuestro sistema democrático, sino que, por el contrario, recuerden que consolidar la naturaleza de bien público de la educación, constituye el mejor camino para fortalecer la democracia.