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Etiqueta: universidades públicas

UCR: Las universidades públicas llegan a un satisfactorio acuerdo con el Gobierno

  • Las autoridades garantizaron el respeto absoluto a los artículos 84 y 85 de la Constitución Política

Mesa de negociación este 22 de octubre de 2019. Foto: Johnny Núñez de la Oficina de Comunicación de la UNA. Foto: Anel Kenjekeeva.

Tras seis horas de negociación, las autoridades universitarias y del Gobierno lograron un acuerdo para responder a las demandas de los universitarios. El principal de los puntos de acuerdo es que el Ejecutivo reconocerá la clasificación de partidas del Fondo de Especial para la Educación Superior (FEES) realizada por las universidades, con lo que ellas recuperan su poder de autogobierno y podrán hacer uso del total de los recursos universitarios presupuestados para el 2020.

Lo anterior permite a las universidades reclasificar a lo interno los recursos destinados por Hacienda a inversión de capital y usarlos para su gasto operativo.

En la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto de la República seguirá su curso de forma normal, sin que ese debate afecte los presupuestos universitarios, según lo expresó el ministro de la Presidencia Víctor Morales.

El rector de la Universidad de Costa Rica y representante del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Henning Jensen P. fue enfático además en aclarar a la comunidad universitaria que este acuerdo logra que se respeten los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, con lo que se logra resguardar la autonomía universitaria.

Además, el decreto firmado por el Ejecutivo permite que se incluya en las siguientes negociaciones del FEES a las representaciones del movimiento estudiantil, con lo que la Comisión de Enlace incluirá en adelante a estos nuevos miembros.

Adicionalmente, el documento explicita la voluntad de los firmantes de volver a la negociación quinquenal del FEES. Al respecto la ministra de Educación Guiselle Cruz aseguró que volver a este modelo de negociación del FEES es saludable para el ejercicio de universidades públicas y de los beneficios que aportan al país y así está en la Constitución Política.

Por parte del movimiento estudiantil, la actual presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Andrea Chacón, reconoció el valor de la protesta social iniciada por movimientos independientes de estudiantes, con quienes mantendrán un proceso de diálogo para lograr negociar la reapertura de edificios.

LEA: El acuerdo FEES 22 octubre 2019

Finalizada la negociación la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, hace un llamado a la comunidad universitaria a reanudar las actividades normalmente, a partir del 23 de octubre. Pueden mantenerse, las actividades programadas de análisis y reflexión sobre la defensa del FEES, la realidad universitaria y el contexto nacional.

El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, anuncia los acuerdos entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo. Foto: Anel Kenjekeeva.

DOCUMENTOS

Acuerdo FEES 22 octubre 2019

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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IIS-UCR: pronunciamiento sobre la autonomía universitaria y el FEES

  • Instituto de Investigaciones Sociales

Costa Rica atraviesa por un momento crítico, debido a la aplicación y promoción -por parte del Gobierno y algunas fracciones legislativas- de políticas de austeridad y recortes presupuestarios que tienden a desmantelar el estado social de derecho y que agudizan las condiciones de precariedad laboral y de desigualdad económica.

En el último año, esa tendencia se ha materializado en la implementación de una reforma fiscal que impone su peso en un impuesto por naturaleza regresivo, el IVA, mientras continúa favoreciendo a empresarios y grandes capitales nacionales y transnacionales con exoneraciones y portillos para eludir impuestos. Además, en contradicción con la propia historia del partido de Gobierno, la actual administración ha sido vocera y promotora de una campaña de desprestigio de los y las funcionarias públicas, la cual encuentra en la reforma de ley del empleo público una puerta a una mayor precarización de los y las trabajadoras del sector público. Aunado a lo anterior, el gobierno y sus aliados en el legislativo han promovido políticas y proyectos que buscan criminalizar la protesta social.

Dentro de ese marco general, que incluye también ataques a las instituciones públicas y, en particular, a la educación superior, se ha dado a conocer la decisión del Ministerio de Hacienda, de redireccionar el uso de 70 mil millones de colones del FEES exclusivamente para inversiones en infraestructura, según un acuerdo firmado por CONARE.

En relación con esta decisión, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) considera que:

  • Esa decisión del gobierno es violatoria de la autonomía universitaria establecida en la Constitución Política del Estado
  • Ese redireccionamiento es lesivo para el adecuado funcionamiento de las universidades públicas y para el cumplimiento de sus funciones sustantivas
  • La firma de este acuerdo por parte de los Rectores del FEES atenta contra las mismas universidades que ellos representan y se supone deben defender

En razón de esas consideraciones, el Instituto de Investigaciones Sociales acuerda:

  • Exigir al Gobierno y al Poder Legislativo el respeto pleno a la autonomía universitaria
  • Demandar que el Ejecutivo y la Asamblea legislativa cumplan con la asignación del FEES sin condicionamientos lesivos a la autonomía y al normal funcionamiento de las universidades públicas
  • Apoyar las acciones tomadas por el movimiento estudiantil de la UCR y otras universidades públicas con el fin de presionar al Gobierno y al Legislativo
  • Repudiar la represión contra las y los estudiantes de la Universidad Nacional, así como el ingreso de la fuerza pública al recinto universitario, violatorio de la autonomía universitaria
  • Exigir a las autoridades universitarias (CONARE) que aclaren los términos de las negociaciones realizadas con el Gobierno en relación con el FEES, así como que asuman su responsabilidad en la situación actual y en su débil defensa de las universidades.
  • Demandar a las autoridades universitarias que actúen con prontitud en la defensa clara y sin ambigüedades de la educación pública, la autonomía universitaria y el bienestar del estudiantado y las y los trabajadores
  • Proponer una discusión interna en las universidades públicas en relación con la distribución de los fondos del FEES, con especial consideración a la situación de las Sedes y Recintos, de los y las docentes interinos y del personal subcontratado
  • Convocar a todo el personal académico y administrativo, así como a la población estudiantil de las universidades públicas, para que se movilice en defensa de la autonomía universitaria y el presupuesto universitario
  • Exigir que se conforme una comisión institucional que negocie con el gobierno y la Asamblea legislativa, en la que tengan representación democráticamente electa los y las estudiantes, académicos, administrativos y autoridades.

Viernes 18 de octubre de 2019

 

Imagen ilustrativa UCR.

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La Red de Agroecología se pronuncia por la defensa del FEES

Nos sumamos a la defensa del presupuesto de las Universidades Públicas de acuerdo con el respeto constitucional y con los acuerdos democráticos negociados, conscientes del importante papel que tienen en la formación de profesionales, la investigación y el apoyo a las comunidades, impulsando el bienestar de la sociedad y desarrollando las capacidades en los jóvenes para que aporten al desarrollo nacional. Además el 98% de los profesionales y técnicos en ciencias agrícolas son formados por la educación pública en nuestro país.

¡Por Universidades Públicas robustas, comprometidas con el desarrollo del país en equidad y justicia social y en armonía con la naturaleza!

 

Imagen ilustrativa de la UCR.

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Asociación de Estudiantes de Sociología llama a luchar por presupuesto

El lunes 14 de octubre de 2019 el Ministerio de Hacienda redireccionó 70 000 millones de colones del  presupuesto general universitario a solamente infraestructura y equipamiento.

La UCR está construida en 3 pilares: acción social, docencia e investigación que se verán afectados.

Acorde con la decisión del Ministerio de Hacienda, el rubro de Becas será de los más afectados.

Desde la Asociación de Estudiantes de Sociología les invitamos a sumarse a las distintas acciones que se convoquen.

¡Defendamos la Educación Pública!

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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Kioscos Socioambientales: “Redireccionar” presupuesto es RECORTAR la educación pública

Comunicado del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica

La coyuntura pone sobre la mesa “redirección”, “restricciones” “desvíos”, “disminuciones”, “cambios de partidas” y demás maniobras realizadas por el gobierno. En su conjunto suman una evidente estrategia de estrangulamiento, recorte y desfinanciamiento hacia las Universidades Públicas y otros sectores.

La redirección de los 70 mil millones hacia la partida de inversión en infraestructura, realizada en último momento antes de que el presupuesto del FEES entre a la Asamblea Legislativa, institución que ha creado una persecución contra las Universidades Públicas, materializa las intenciones ya conocidas por paralizar la educación pública.

La redirección o restricción es un recorte

Además, Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda y el gobierno, no sólo cercan el derecho al acceso a la educación pública superior con esta medida, sino también son los responsables de recortar las garantías sociales costarricenses, atacando a distintos sectores con la aprobación del Combo Fiscal, la aprobación del IVA, el proyecto de ley que amenaza el derecho a la huelga, la ley de empleo público que modifica las jornadas laborales, los recortes al sector salud, la desregulación a la protección ambiental, entre otros.

Este recorte del FEES que afecta becas, matrículas, empleos, sedes, también está dirigido a desfinanciar la Acción Social, principal espacio que realiza la función vital de articulación con los sectores que especialmente se están viendo agraviados por las medidas neoliberales del gobierno.

¿Cuántos recortes hacen falta para desmantelar totalmente la educación pública?

Este recorte a la Educación Superior es inaceptable, pero da cuenta de un condicionamiento que de ser aceptado, estaría naturalizando que las Universidades Públicas abandonen este modelo de educación superior y pierdan su autonomía financiera y que esos recursos tan valiosos se usen en partidas absurdas.

¿Y si fuera que este recorte se termina de materializar, podría haber infraestructura sin gente? ¿Para qué? Los 70 mil millones servirían para construir un montón de edificios que nadie habitaría, sin estudiantes, docentes y administrativos para darle uso.

En el pasado se apelaba a la necesidad de un préstamo al Banco Mundial para la construcción de infraestructura, ¿por qué este “redireccionamiento” no se hizo en ese momento y así no tener que quedar condicionados a las negociaciones nefastas del Banco Mundial?

Asimismo, el odio a los empleados públicos y estudiantado es tanto, que el discurso de defender y cuidar las finanzas y la regla fiscal, se desvanece al evidenciar que prefieren que se construyan edificios, a que haya estudiantes y docentes construyendo educación pública.

Acciones por la Educación Pública

Durante el 2018 el Programa Kioscos se mantuvo en huelga contra el Combo Fiscal y participamos de múltiples acciones para defender también los derechos de las comunidades con las que trabajamos.

Proponemos que la lucha por la defensa de este derecho básico que es la educación, no se reduzca a la marcha de un día, y proponemos pensar en estrategias para denunciar y revertir el giro ultra neoliberal del actual gobierno.

Apelamos a la creatividad y la rebeldía de nuestra juventud, organizando con creatividad acciones contra la pacificación del movimiento estudiantil y del personal docente y administrativo de las Universidades Públicas y de otros sectores que también están siendo directamente atacados con estas medidas presupuestarias.

Llamamos a reactivar las caravanas artísticas, la alegría de la organización y tantos diversos saberes para la necesaria labor de informar, sensibilizar y movilizar.

Invitamos a organizarnos con la población joven, colegiales, movimientos sociales y todas las personas que les atañe defender la educación pública y la cultura, buscando nuevas formas de demostrar el descontento.

Rocío Aguilar, Renuncie.

San José, Costa Rica,

17 de octubre del 2019

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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UCR: Ministerio de Hacienda redirecciona 70 mil millones del FEES

  • Cambio en transferencia presupuestaria afectaría gravemente el funcionamiento de las universidades estatales

El Ministerio de Hacienda varió la forma en que transfiere los recursos del FEES en el proyecto de presupuesto nacional que presentó a la Asamblea Legislativa. De esta manera, 70 mil millones de colones fueron clasificados como “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes, por ejemplo becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino solo en infraestructura y equipamiento.

“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.

Al estar condicionado este monto a obras de infraestructura o equipamiento solamente, las universidades públicas tendrán enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior.

El rector explicó que, en el caso de la UCR, la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición la cantidad aproximada de 39 900 millones de colones para realizar las funciones que le son encomendadas por la Constitución Política. “Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende 29 000 millones y el presupuesto de todas las Sedes y Recintos es de 47 mil millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más.”

Cabe resaltar que los rectores, al firmar el convenio del FEES 2020, se comprometieron a realizar una inversión de capital por el monto señalado, pero a partir de la totalidad de sus recursos, no únicamente del FEES como lo está imponiendo ahora el Ministerio de Hacienda en el presupuesto para el 2020. En el caso de la UCR, el FEES asciende al 80% de su presupuesto anual por lo que trasladar 39 900 millones a gastos de capital traería graves implicaciones.

Los presupuestos de las universidades estatales ya han sido aprobados por sus respectivos consejos universitarios o institucionales. En conjunto, contemplan una inversión de capital superior a 90 000 millones para el 2020, según datos de CONARE.

El rector Jensen concluyó que “la decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a defender uno de los más importantes pilares de la sociedad costarricense: la educación superior pública.

 

Imagen ilustrativa.

Andrea Marín Castro

ODI, UCR

Información de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR.

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UCR: El Ministerio de Hacienda redirecciona ¢70 000 millones del FEES

El Ministerio de Hacienda varió la forma en que transfiere los recursos del FEES en el proyecto de presupuesto nacional que presentó a la Asamblea Legislativa. De esta manera, ¢70 000 millones de colones fueron clasificados como “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes, por ejemplo becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino solo en infraestructura y equipamiento.

“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.

Al estar condicionado este monto a obras de infraestructura o equipamiento, las universidades públicas tendrán enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior.

El rector explicó que, en el caso de la UCR, la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición la cantidad aproximada de ¢39 900 millones para realizar las funciones que le son encomendadas por la Constitución Política. “Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende ¢29 000 millones y el presupuesto de todas las Sedes y Recintos es de ¢47 000 millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más”.

Cabe resaltar que los rectores, al firmar el convenio del FEES 2020, se comprometieron a realizar una inversión de capital por lo menos de ¢70 000 millones, lo cual se cumplió, pues se presupuestó un monto superior a los ¢90 000 millones para ese rubro, pero a partir de sus presupuestos totales, no únicamente de los recursos del FEES como lo está imponiendo ahora el Ministerio de Hacienda. En el caso de la UCR el FEES cubre el 80% del presupuesto anual, por lo que trasladar ¢39 900 millones del FEES a gastos de capital traería graves implicaciones en la operación.

Los presupuestos de las universidades estatales fueron aprobados por sus respectivos consejos universitarios o institucionales. En conjunto, contemplan una inversión de capital superior a ¢90 000 millones para el 2020, según datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

El rector Jensen concluyó que “la decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a defender uno de los más importantes pilares de la sociedad costarricense: la educación superior pública.

Las autoridades universitarias han establecido conversaciones con el Poder Ejecutivo, sin que hasta el momento se logre una solución que permita el uso de los recursos.

 

Andrea Marín Castro

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Conversatorio: Sociedad, política y Universidades Públicas en la Costa Rica actual

  • Auditorio Abelardo Bonilla, UCR

  • 6 p.m.

La Universidad de Costa Rica le invita este jueves 10 de octubre al conversatorio: Sociedad, política y Universidades Públicas en la Costa Rica actual, a cargo del Dr. Roberto Ayala de la Escuela de Sociología y el MSc. Roberto Fragomeno de la Escuela de Filosofía.

 

Enviado por Roberto Fragomeno.

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UCR: Universidades públicas reiteran su compromiso en la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas

  • Instituciones desarrollan investigaciones y capacitaciones relacionadas con este lucrativo fenómeno

La falta de oportunidades obliga a ciertos grupos sociales a optar por el exilio y la migración, procesos que conllevan más vulnerabilidad frente a fenómenos como la trata y el tráfico ilícito de personas. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Anel Kenjekeeva.

Cuatro de las cinco universidades públicas del país reiteraron su compromiso con el estudio y erradicación de la trata y el tráfico ilícito de personas, mediante la firma de un convenio interinstitucional.

El acto se dio en el marco del VI Foro Nacional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica (UCR) y congregó a académicos, funcionarios gubernamentales y sociedad civil.

La actividad fue organizada por el Capítulo Costa Rica, del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de personas (ObservaLaTrata), iniciativa académica dedicada al estudio y a la generación de conocimiento sobre este fenómeno.

Según la coordinadora del ObservaLaTrata Capítulo Costa Rica, Mónica Sancho Rueda, el convenio reitera el trabajo que inició en el 2013 la UCR junto con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y al cual han dado continuidad desde entonces.

Hace 3 años se sumaron a la iniciativa la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), dando lugar a un esfuerzo interinstitucional que ya fue concretado por medio de la firma del convenio.

La académica explicó que las cuatro universidades estatales cuentan actualmente con alguna iniciativa que profundiza en el estudio de esta problemática, desde la docencia, la investigación o la acción social.

“Celebramos esta firma que oficializa el compromiso de las universidades estatales para continuar trabajando en la prevención, persecución y erradicación de la trata y el tráfico, como lo han venido haciendo desde hace varios años”, enfatizó Sancho.

El rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, y autoridades de la UNA, la UNED y TEC firmaron el convenio interinstitucional que ratifica el compromiso de las universidades públicas con el estudio de la trata y el tráfico ilícito de personas. Foto: Karla Richmond.

Gobierno y academia articulan trabajo conjunto

El VI Foro Nacional Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes contó con la participación de la directora de la Dirección General de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jauberth, quien celebró el fortalecimiento del trabajo con la academia para atender esta problemática.

Por su parte, el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, señaló el deber de la academia por aportar conocimiento en favor de los grandes problemas sociales, dentro de los figura la trata y el tráfico de personas.

“Propiciar espacios de encuentro y formación especializados sobre el tema e impulsar proyectos de investigación que favorezcan la generación de conocimiento nuevo para colaborar con procesos de prevención y capacitación”, enfatizó el jerarca.

La presidenta de ObservaLaTrata, María Antonia Chávez, denunció la priorización de intereses económicos por parte de los estados, donde «más que administrar la justicia y gestionar la vida, se administra la muerte en razón de los intereses racistas y de clase». Foto: Karla Richmond.

Modelo de desarrollo promueve fenómeno

La presidenta de ObservaLaTrata, María Antonia Chávez, afirmó que lejos consolidar acciones suficientes para la erradicación de esta problemática, prima actualmente una visión criminalizada de la migración y de violación de los derechos humanos.

La investigadora denunció que las políticas impulsadas por organismos gubernamentales e internacionales responden a intereses económicos que “tienen más que ver con gestionar la muerte que la vida”.

Según Chávez, los modelos económicos actuales impiden que ciertos grupos sociales encuentren oportunidades de desarrollo social en sus comunidades y se ven obligados a optar por el exilio o la migración para buscar una mejor vida.

“Si propiciamos que un sector de la población no tenga acceso a sus derechos mínimos para tener una superviviencia digna, estamos propiciando su propia extinción”, dijo la académica, quien señaló la urgencia de atender el tema con políticas públicas que sean posibles de evaluar a corto, mediano y largo plazo.

 

Andrea Méndez Montero

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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