Cuando una universidad pública decide invertir en infraestructura, toma el costo total de la obra y lo presupuesta, si no concluye la obra en un año, como suele suceder debido a la compleja tramitología, se coloca en el superávit, aparte del presupuesto ordinario, el que financia las becas, la investigación y los salarios día a día.
El FEES es el 80 % del presupuesto de la UCR y el restante 20 % es generado por la propia universidad y no se puede invertir en gastos corrientes.
De esos recursos reservados para obras, es que las universidades se comprometieron con el gobierno a invertir 70 mil millones de colones en infraestructura el próximo año.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda clasificó 70 mil millones del FEES para que sólo se pudiera invertir en infraestructura, a pesar de que las universidades ya tenían otro dinero – incluso una suma mayor – destinado para eso.
Con esta decisión las universidades tienen más dinero del planificado para invertir en edificios y mucho menos para las becas, la investigación, los salarios y el funcionamiento cotidiano. Eso impacta tanto que podría haber un cierre técnico por falta de fondos.
Además, esa decisión es arbitraria e inconstitucional, porque la Constitución Política le da potestad a las universidades de decidir cómo administrar sus fondos, es decir, ni el Ministerio de Hacienda ni la Asamblea Legislativa pueden condicionar el presupuesto del FEES.
¡Defendamos la U Pública!
¡Sigamos construyendo país!
Enviado por la ODI, UCR.
Sea parte de SURCOS:
