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Instituto de Investigaciones Sociales
Costa Rica atraviesa por un momento crítico, debido a la aplicación y promoción -por parte del Gobierno y algunas fracciones legislativas- de políticas de austeridad y recortes presupuestarios que tienden a desmantelar el estado social de derecho y que agudizan las condiciones de precariedad laboral y de desigualdad económica.
En el último año, esa tendencia se ha materializado en la implementación de una reforma fiscal que impone su peso en un impuesto por naturaleza regresivo, el IVA, mientras continúa favoreciendo a empresarios y grandes capitales nacionales y transnacionales con exoneraciones y portillos para eludir impuestos. Además, en contradicción con la propia historia del partido de Gobierno, la actual administración ha sido vocera y promotora de una campaña de desprestigio de los y las funcionarias públicas, la cual encuentra en la reforma de ley del empleo público una puerta a una mayor precarización de los y las trabajadoras del sector público. Aunado a lo anterior, el gobierno y sus aliados en el legislativo han promovido políticas y proyectos que buscan criminalizar la protesta social.
Dentro de ese marco general, que incluye también ataques a las instituciones públicas y, en particular, a la educación superior, se ha dado a conocer la decisión del Ministerio de Hacienda, de redireccionar el uso de 70 mil millones de colones del FEES exclusivamente para inversiones en infraestructura, según un acuerdo firmado por CONARE.
En relación con esta decisión, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) considera que:
- Esa decisión del gobierno es violatoria de la autonomía universitaria establecida en la Constitución Política del Estado
- Ese redireccionamiento es lesivo para el adecuado funcionamiento de las universidades públicas y para el cumplimiento de sus funciones sustantivas
- La firma de este acuerdo por parte de los Rectores del FEES atenta contra las mismas universidades que ellos representan y se supone deben defender
En razón de esas consideraciones, el Instituto de Investigaciones Sociales acuerda:
- Exigir al Gobierno y al Poder Legislativo el respeto pleno a la autonomía universitaria
- Demandar que el Ejecutivo y la Asamblea legislativa cumplan con la asignación del FEES sin condicionamientos lesivos a la autonomía y al normal funcionamiento de las universidades públicas
- Apoyar las acciones tomadas por el movimiento estudiantil de la UCR y otras universidades públicas con el fin de presionar al Gobierno y al Legislativo
- Repudiar la represión contra las y los estudiantes de la Universidad Nacional, así como el ingreso de la fuerza pública al recinto universitario, violatorio de la autonomía universitaria
- Exigir a las autoridades universitarias (CONARE) que aclaren los términos de las negociaciones realizadas con el Gobierno en relación con el FEES, así como que asuman su responsabilidad en la situación actual y en su débil defensa de las universidades.
- Demandar a las autoridades universitarias que actúen con prontitud en la defensa clara y sin ambigüedades de la educación pública, la autonomía universitaria y el bienestar del estudiantado y las y los trabajadores
- Proponer una discusión interna en las universidades públicas en relación con la distribución de los fondos del FEES, con especial consideración a la situación de las Sedes y Recintos, de los y las docentes interinos y del personal subcontratado
- Convocar a todo el personal académico y administrativo, así como a la población estudiantil de las universidades públicas, para que se movilice en defensa de la autonomía universitaria y el presupuesto universitario
- Exigir que se conforme una comisión institucional que negocie con el gobierno y la Asamblea legislativa, en la que tengan representación democráticamente electa los y las estudiantes, académicos, administrativos y autoridades.
Viernes 18 de octubre de 2019
Imagen ilustrativa UCR.
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