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Etiqueta: universidades públicas

Plenario aprueba moción de agradecimiento a la UCR por colaboración en crisis del agua contaminada

El plenario legislativo ha aprobado una moción presentada por el Frente Amplio para expresar su agradecimiento a la Universidad de Costa Rica y a sus personas funcionarias por su valiosa colaboración durante la reciente crisis del agua contaminada.

La moción fue respaldada por una mayoría de diputaciones, destacando la disposición de la Universidad de Costa Rica para sumarse a los esfuerzos de mitigación y solución ante la problemática del agua contaminada que afectó a diversas comunidades en el país. La institución académica desempeñó un papel fundamental al proporcionar conocimientos especializados, recursos y apoyo logístico que contribuyeron a enfrentar la emergencia de manera eficaz.

Sin embargo, es importante señalar que la moción no fue respaldada por las diputadas Daniela Rojas y María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). A pesar de la aprobación mayoritaria, la discrepancia de estas dos diputadas destaca la diversidad de opiniones y enfoques en el plenario respecto a la gestión de crisis y agradecimientos.

La crisis del agua contaminada ha sido un desafío para la sociedad costarricense, y la colaboración entre sectores públicos y privados, así como con instituciones académicas, ha sido esencial para superar los obstáculos. Esta moción refleja el reconocimiento oficial del plenario hacia la Universidad de Costa Rica por su papel activo en la resolución de esta problemática ambiental.

La comunidad espera que esta colaboración sirva como ejemplo de unidad y cooperación en situaciones de crisis futuras, demostrando la importancia de trabajar de la mano con instituciones educativas y expertos para enfrentar desafíos ambientales y sociales en el país.

Imagen de portada: UCR.

Cinpe-UNA rechaza categóricamente manifestaciones de presidente y ministra

De nuevo, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA) se ve en la necesidad de denunciar y rechazar categóricamente las manifestaciones dadas por el presidente de la República y de la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), con respecto al estudio Evaluación de impacto económico de la exclusión de proveedores en las inversiones de la red 5G en Costa Rica”.

Con fecha del 22 de noviembre del 2023, el Cinpe-UNA envió el oficio a UNA-CINPE-OFIC-358-2023, dirigido al viceministro del MICITT, Humberto Vargas Picado, donde se da respuesta a cada una de las consultas que se plantearon con respecto a la realización de este estudio.

Al respecto, se detallan elementos técnicos que fundamentaron su elaboración, como, por ejemplo, el modelo econométrico utilizado, la utilización de fuentes y el modelo tarifario. Por ende, no tiene ningún asidero las críticas emanadas públicamente por el Mandatario y la ministra, que fueron justamente contestadas en dicho informe.

“Este ataque directo de parte del Gobierno hacia el trabajo profesional, serio y dedicado de un grupo renombrado de economistas representa un severo intento de amenaza a la labor investigativa, ética e independiente que ejercemos las universidades públicas, en el debate de temas que son de trascendencia nacional. El hecho de que el Poder Ejecutivo no comparta las conclusiones no debe dar cabida a un ataque en estas dimensiones”, manifestó el director del Cinpe, Olman Segura.

Como lo expresara el rector de la UNA, Francisco González, semanas atrás, las universidades públicas tienen como ejes de acción la docencia, la investigación y la extensión universitaria, que justifican la realización de este estudio. “Nuestra credibilidad no se negocia por lo que no aceptamos injerencia alguna en los resultados de nuestras investigaciones, independientemente de que las financien entidades públicas o privadas”.

Así como este trabajo se realizó para la empresa de telecomunicaciones Huawei, el Cinpe destacó que de la misma manera ha procedido con otras instituciones como el propio MICITT, Recope, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana, FAICO, entre otras.

De esta manera, la UNA no solo lamenta la forma en que se ataca a mansalva la labor de la UNA a través de este informe, sino de la sistemática forma en que el actual Gobierno pretende descalificar la acción de las universidades públicas.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Rector de la UNA: “Nuestra credibilidad no se negocia”

Ante las críticas emitidas por el Poder Ejecutivo sobre la forma en que se trabajó un informe sobre exclusión de proveedores para el desarrollo de redes 5G, por parte del Centro Internacional de Política Económica y Desarrollo Sostenible (Cinpe-UNA), el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, defendió la labor realizada y la integridad de sus resultados.

González manifestó que las universidades públicas tienen como ejes de acción la docencia, la investigación y la extensión universitaria, propias de la vinculación con comunidades, regiones y territorios.

“Atendemos necesidades en todos estos campos, nuestra función es pública y documentamos nuestra producción mediante distintos soportes de carácter editorial, reportes e informes detallados de cada intervención en distintos ámbitos, públicos o privados, nacionales e internacionales.

Apostamos por la rendición de cuentas, la probidad y la transparencia. La Universidad Nacional viene ocupando los primeros lugares en el Índice de Transparencia en el Sector Público, estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes, nos acogemos al modelo de Universidad Abierta, precisamente por nuestro compromiso con el valor público, la confianza y la credibilidad como prácticas inherentes a nuestro quehacer”, indicó el rector de la UNA.

Ejemplo de esta labor son trabajos realizados como análisis de aguas en una comunidad, monitoreo de zonas vulnerables por la acción climática, diseño de metodologías de enseñanza o estudios micro o macroeconómicos, solicitados por entidades públicas o privadas. Es el caso del estudio “Evaluación de impacto económico de la exclusión de proveedores en las inversiones de la red 5G en Costa Rica”, realizado por el Cinpe.

Esa investigación y sus hallazgos son públicos, responden a los mismos criterios de rigurosidad académico-científica que los estudios realizados anteriormente para la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, Banco Nacional de Costa Rica, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Programa de Naciones Unidas PNUD, la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL; además, se han firmado convenios con la Cámara de Industrias de Costa Rica, CAPORC Cámara de Pocicultores, CORFOGA Corporación de Fomento Ganadero, CoopeAgropal, Coope Tarrazú, Coope Dota, y entes internacionales, así como apoyo al gobierno en coyunturas críticas como la pandemia por Covid-19 y urgencia de reactivación económica, estos últimos, aportes totalmente gratuitos, entre muchos otros.

En su pronunciamiento, Francisco González, indicó que las universidades públicas también concretan acciones de vinculación externa remuneradas, como una forma de generar recursos propios bajo principios de absoluta legalidad y con apego a referentes éticos y rigurosidad científica.

“Nuestra credibilidad no se negocia, por lo que no aceptamos injerencia alguna en los resultados de nuestras investigaciones, independientemente de que las financien entidades públicas o privadas. Pero tampoco aceptamos acusaciones sin fundamento y cuestionamientos que no hacen referencia a los hallazgos, argumentos o conclusiones en particular, tales como los emitidos el día de ayer públicamente, en contra de la investigación en cuestión”, manifestó el Rector.

Tal y como se determina en el informe del Cinpe, es evidente que en el debate público sobre la asignación de servicios de telecomunicaciones 5G mediante la exclusión de proveedores, mecanismo empleado por el actual Gobierno de la República, amerita un análisis riguroso y del mayor nivel, por tratarse de un tema país.

Finalmente, González invitó a revisar el documento y a hacer partícipes a cualquier autoridad gubernamental, empresarial, universitaria o de otros ámbitos, a un debate de altura, bajo el criterio de que Costa Rica debe aprovechar, plenamente, los beneficios de esta tecnología de manera equitativa y sostenible, promoviendo el desarrollo económico, la inclusión social y la competitividad internacional.

“Reiteramos que la Universidad promueve el análisis sistemático y permanente de la realidad nacional e internacional, con el fin de determinar sus tendencias, y a partir de este conocimiento detectar sus problemas, necesidades y fortalezas, para ofrecer alternativas de solución. Nuevamente, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales al equilibrio, al respeto y a la observancia de la autonomía universitaria, a proporcionar a la ciudadanía información veraz, fundamento de una sociedad más crítica y educada, en democracia”, agregó el Rector de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

INTERINOS/INTERINAS

Mario Valverde Montoya
Profesor jubilado UNED
San Rafael de Montes de Oca

Hoy en día nadie está sometido a esclavitud ni a servidumbre. Hombres y mujeres nacen libres y las cadenas de sumisión que llamó la atención Rousseau, desaparecieron. En nuestra constitución política lo establece con claridad desde el Titulo IV, DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES, art. 20. Toda persona es libre en la República. Y lo refuerza el art. 33, “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Exactamente lo que ocurrió con los amos y esclavos en los sistemas que practicaron el esclavismo. Es decir, unos eran dueños de bienes incluyendo la fuerza de trabajo y como otro objeto, podían organizar sus vidas y sus actos. Por eso la esclavitud la ubican con el nacimiento de los avances agrícolas. Les quedó muy cómodo considerar que otros estaban obligados a trabajar a su servicio. Y luego justificaron en el nombre del soberano, rey o de Dios mismo que eso era así, como especie de ley natural y que nadie podía cambiarlo. El costo en vidas por esa liberación fue enorme. No sin antes por muchas generaciones vivir de la explotación hasta sangrar y secar sus pieles.

La figura del interino y la interina en las universidades públicas está muy lejos de las anteriores prácticas. Sin embargo, quedan resabios sin resolver. Un interino-a no es sujeto de derechos para elegir ni ser electo en los procesos internos (creo la U.N.A. ya superó ese tema con nombramientos a un año). Es decir, no hay mucha diferencia. En el siglo XIX en C.R. se les pedía a los ciudadanos para ejercer su voto, algún ingreso que les permitiera vivir, ser varón y no se les exigía que estuvieran alfabetizados. En el caso de los y las interinas de las universidades públicas los títulos ni investigaciones cuentan para elegir ni ser electos. Y se da el caso de funcionarios que entregaron todo su esfuerzo en vida como los esclavos su fuerza de trabajo, y nunca ejercieron el sagrado derecho de elegir al rector, director de escuela, decano, etc. Pero tampoco son sujetos de crédito en las mismas condiciones por su relación laboral donde les cortan su contrato a fin del semestre y pasan un mes o más sin salario. ¿Cómo pedir ayuda para conseguir un fiador en tales condiciones? O el caso de los profesores que deben aceptar un contrato en enero para poder jugar con su salario, con la condena de no tener vacaciones en todo el año. Es decir, poco a poco, esa relación de amo/esclavo, de dos miradas diferentes, de dos mundos, el de los seguros y el de los que de una u otra forma “deben portarse bien”, o “cumplir las órdenes, aunque se salga del tiempo del contrato” (lo conocí en la UNED, revisar exámenes fuera del tiempo de contrato), se manifiesta y queda pegado en el silencio de los muros universitarios. Yo siempre he creído que mínimo debe nombrarse por tiempo indefinido y después de un año de prueba pasar a propiedad. Muchos interinos.as investigaron, publicaron y se quedaron en un nivel del, no más allá, congelados en su carrera universitaria. Es decir, un poco la relación de amo/esclavo. Unos ascendían y ganaban más y los otros pegaban con la pared de las injusticias, en todo caso, ¿Qué tiene que ver tus cualidades y dones como investigador y la relación laboral?

Hoy en día en la UNIVERSIDADES PÚBLICAS, faro de las libertades, defensora de los derechos de otros, se vive situación, por no ponerle otro nombre, de trabajadores, que viven con el dolor de no encontrar la libertad, la igualdad y la equidad laboral. Entre los iguales no todos son iguales. Y más me duele por los que se fueron, se pensionaron, los que todo lo dieron y nunca les llegó la noticia de la propiedad.

La U pública y la defensa de la Caja

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud.  La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras).  Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.

Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional.  Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron?  ¿Cuánto deberían pagar?  Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.

Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones.  Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno.  Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas.  Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.

La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo.  Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.

Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública.  Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público.  No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud. 

Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos.  Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud.  La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.  

En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior.  Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales.  La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).

Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).

Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario.  Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit.  Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social. 

En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud.  Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países.  Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.

En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.

Inteligencia artificial impacta y revoluciona desarrollo social

La Inteligencia Artificial (IA)como un dinamizador de futuros, plantea desafíos cruciales en el ámbito de la investigación y la formación de profesionales. En un mundo en constante cambio, las universidades se alistan para preparar a las futuras generaciones para empleos y roles de liderazgo que aún no existen.

A nivel internacional, la IA impacta en ámbitos como la salud o la agricultura. “Sabemos que se utiliza en el diagnóstico utilizando el análisis de imágenes para identificar patrones y características que pueden ser indicativos de enfermedades. En la agricultura se utiliza para la optimización de cultivos o la identificación de enfermedades en plantas, lo que puede repercutir positivamente en el mejoramiento de la producción agrícola y por ende en la seguridad alimentaria”, detalló Jorge Herrera, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional (UNA).

La IA desempeñará un papel crucial en la investigación universitaria del futuro al revolucionar la forma en que se generan, analizan y aplican los conocimientos.

La IA puede acelerar significativamente la búsqueda y el análisis de datos, permitiendo a los investigadores procesar grandes conjuntos de información en cuestión de minutos o incluso segundos. Esto no solo aumentará la eficiencia de la investigación, sino que también facilitará el descubrimiento de patrones y relaciones ocultas en datos complejos, lo que conduciría a avances científicos más rápidos.

“Hace 50 años nuestro reto más grande era localizar terremotos, había pocas estaciones de planta para hacerlo, ahora la localización se volvió trivial y sabemos que están ubicados en los márgenes de la placa, esto nos permite conocer la dimensiones y las zonas más activas del planeta. El desarrollo de una red neuronal para detectar terremotos, nos permite tener 13,5 terabytes de datos acumulados desde el 2010, que crece a como crecen los datos La IA nos permite analizar Big Data, y hacer predicciones y/o estimaciones precisas sobre procesos naturales, con esta cantidad de datos nosotros podemos exportar esas bases de datos y, con la aplicación de la tecnología, ver modelos que no nosotros o podemos ver”, explicó Esteban Chaves, investigador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA).

El análisis de datos y prospectiva de la investigación y construcción de escenarios futuros que permitan la anticipación de distintos impactos, cita Herrera, ya se refleja en otra área que presentan grandes desafíos como lo es el cambio climático, “se aplica en el monitoreo y predicción del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de recursos naturales”.

Desde la investigación universitaria, Herrera afirma que la IA se está utilizando para mejorar la eficiencia, la precisión y la innovación. “Se utiliza para analizar grandes cantidades de datos, crear modelos y automatizar tareas. En las ciencias naturales, se desarrollan nuevos medicamentos, materiales y energías renovables. En las ciencias sociales, se estudia el comportamiento humano, la economía y la política. En ingeniería, se diseñan nuevos productos y sistemas. Es una herramienta que está facilitando la toma de decisiones gubernamentales y estratégicas en diversos ámbitos de la vida, las organizaciones y las empresas”.

Academia a la vista

Otro de los ámbitos que tendrá gran impacto es el de la educación.” La IA está aportando una gran cantidad de herramientas que permiten personalizar la enseñanza, lo que potencialmente puede contribuir a la adaptación de programas y el currículo educativo más ajustados a las necesidades individuales de las personas estudiantes. Mayor disponibilidad de recursos en línea, plataformas de educación en línea que pueden ofrecer experiencias de aprendizaje más interactivas y personalizadas. De igual forma la IA puede hacer que la educación superior sea más accesible al ofrecer opciones de aprendizaje en línea, lo que puede democratizar el acceso a la educación de calidad”, dijo Herrera.

Para Willy Castro, de la Vicerrectoría de Docencia, el uso de la IA presenta grandes desafíos para la educación superior. “Tenemos que tener un análisis de cuáles son las tecnologías que realmente requerimos, y esto no pasa a la velocidad que se da en el mercado”.

Para Castro, existe la necesidad de transformar lo que hacemos en la academia. Si la IA toma las actividades más operativas, nos podemos dedicar más a la investigación. “¿Sustituirá la IA al docente? No, pero debemos transformar nuestro quehacer, y es probable que todavía nos sepamos lo que debemos o hacer”.

Castro asegura que la IA requiere del aporte del docente, aunque la innovación no es exclusiva de este profesional. “Los procesos de transformación docente y capacitación, tiene que integrarse con gestores, académicos, administrativo, informáticos y estudiantes, todos debemos estar involucrados en este proceso para que sea efectivo”.

Para Chaves, el incluir la IA en la formación universitaria incluye otro reto: ¿Qué tipo de competencias queremos desarrollar en los estudiantes: consumidores o desarrolladores? En mi opinión se deben fortalecer bloques fundamentes como física, matemática y estadística, no podemos vender que la IA nos a solucionar todo con las bases que otros han puesto a nuestra disposición, así seriamos solo consumidores, tenemos que modernizarnos y modernizar nuestros planes de estudios para incluir programación y Big Data”.

Los desafíos éticos también representan un reto, expertos mundiales en IA como Sam Altman, Bill Gates y Elon Musk, advierten que los sistemas de AI están surgiendo vertiginosamente, y que la humanidad está en una urgencia por establecer rápidamente mecanismo de regulación prudentes.

“En el futuro, la IA seguirá siendo una herramienta fundamental para acelerar el avance científico, optimizar la gestión de recursos, abordar problemas globales y mejorar la calidad de vida. La colaboración interdisciplinaria entre la academia, la industria y el gobierno será esencial para maximizar el potencial de la IA en la investigación y el desarrollo del país. La inteligencia artificial tiene un potencial significativo para impulsar la investigación universitaria y contribuir al desarrollo del país en múltiples áreas. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos éticos y garantizar un uso responsable de la tecnología para maximizar sus beneficios”, puntualizó Herrera.

PARA COLOCAR EN RECUADRO O FRASE DESTACADA

Pensar el futuro

Durante el 11 y 12 de octubre se desarrollará el I Congreso nacional sobre estudios futuros en Costa Rica, a partir de las 8 a.m. en el auditorio Cora Ferro de la Universidad Nacional. Organizado por la Vicerrectoría de investigación y la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, su relevancia radica en fundamentar la importancia creciente de la innovación científica y tecnológica, así como los retos del desarrollo económico el bienestar social y ambiental, los cuales traspasan una planificación de control y corto plazo, a una planificación que cuestiona el futuro.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

La UCR es la institución mejor valorada por los costarricenses

La Universidad de Costa Rica continúa siendo la institución pública mejor valorada por los costarricenses, así lo confirman los datos arrojados en la última encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

La Universidad de Costa Rica continúa siendo la institución pública mejor valorada por los costarricenses, así lo confirman los datos arrojados en la última encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

Las universidades públicas ante al cambio climático

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Científico Social

luis.martinez.sandoval@gmail.com

Luis G. Martínez Sandoval.

La Tierra es nuestro hogar y el daño a la Madre Tierra es irreversible. Los límites del crecimiento (Meadows:1972) han sido superados y hemos talado el árbol de la ciencia del bien y del mal.  El Huerto del Edén creado por Dios para que el ser humano lo “labrara y lo guardase” (Génesis: 2:15) no solo está devastado y destruido sino también hemos eliminado los querubines (Génesis: 3:24) que con sus espadas encendidas guardaban el árbol de la vida.

Hoy, a veintitres años del Siglo XXI y la Tierra con más de 8 mil millones de seres humanos guiados por la sociedad capitalista hiperconsumista global como las sociedades de economia planificada que depredan sin límites los seres vivos de los reinos biológicos, la academia e investigación científica debe dar las respuestas a los problemas desde los centros de educación superior universitaria pública.

Las Universidades Públicas ante el cambio climático tienen la responsabilidad de asumir el liderazgo para crear seres humanos diferentes, que le hagan frente al calentamiento global inducido por: los seres humanos cuyos impactos (IPCC: 2023) son generalizados y severos con emisiones globales que alcanzarán su punto máximo antes de 2025 en las trayectorias alineadas a 1.5 °C y que son producto de la quema de combustibles como el carbón, petróleo y gas. La detonación de más de 2.500 bombas nucleares o dispositivos con carga atómica desde 1945 a nuestros días encabezados por EUA, ex URSS y Francia. La deforestación de selvas y bosques, el excesivo uso de fertilizantes, los residuos y  la ganadería.

Este cataclísmo guiado por ese “atlas del sufrimiento humano y una acusación incriminatoria del fallido liderazgo climático” obliga a  las universidades públicas a cumplir con la Carta de la Tierra y sus pilares: Respeto y Cuidado de Vida, Integridad Ecológica, Justicia Social y Económica, Democracia, No violencia y Paz para cuidar la Pachamama, o Madre Tierra. Están llamadas a liderar, guiadas por sus principios de la conservación, mejoramiento del medio ambiente y el fomento del desarrollo sostenible.

Desde la academia, la extensión, la acción social, la investigación, el movimiento estudiantil y el Consejo Universitario deben contribuir en la búsqueda de soluciones concretas y de corto plazo a los desafíos del cambio climático. Esa es su razón de ser en el Siglo XXI dado, que tienen el deber de desarrollar programas especiales para construir sociedades guiadas por la responsabildad social ambiental y la economía circular. Asimismo, deben estimular la indagación y la construcción de nuevos conocimientos y el impulso del modelo de desarrollo socio económico autosostenible.

En este momento crítico de la humanidad, las universidades públicas tienen el compromiso de hacer suyo el gran mensaje del Jefe indio Seattle, de la tribu Suwamish (1854) y la Carta de la Tierra (lanzada formalmente el 29 de junio de 2000) y sus pilares, para no solo ayudar a enfrentar el cambio climático sino la gran soledad espiritual que permea al ser humano, desde que perdió su misión de labrar y guardar el Huerto del Edén y proteger el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida.

Foro de la Alianza por una Vida Digna en defensa de las instituciones públicas

A lo largo de muchas décadas, y gracias al esfuerzo y la lucha de amplios sectores sociales y políticos, Costa Rica ha desarrollado una institucionalidad pública robusta, que es base de su estado social de derecho. Esta institucionalidad, que funciona en muy diversos ámbitos de la vida nacional, incluyendo la educación, la salud pública y la energía entre otros, ha permitido forjar pactos sociales de gran importancia, que han contribuido a fortalecer el tejido social y la calidad de vida en nuestro país.

Pese a la relevancia de esta institucionalidad, en las últimas décadas sectores económicos, políticos y mediáticos hegemónicos han desarrollado una campaña sistemática de debilitamiento, lo cual ha tenido múltiples impactos negativos en la vida del país. Estas tendencias se han recrudecido con la gestión del actual gobierno, y somos testigos de una política de ataque sin precedentes hacia las instituciones públicas.

Esta crítica situación demanda una actitud alerta, proactiva y decidida por parte de amplios sectores de la sociedad costarricense, para forjar un frente común de defensa de las instituciones públicas y del modelo de país que ellas representan.

Precisamente para reflexionar críticamente sobre esta situación, la Alianza por una Vida Digna organizó un foro sobre la defensa de las instituciones públicas el pasado martes 5 de setiembre. Este foro se desarrolló en la plataforma de Facebook Digital de SURCOS.

En al foro participaron tres personas quienes, desde sus respectivas instituciones y colectivos, luchan denodadamente por la defensa de tres instituciones públicas fundamentales, como son las universidades públicas, la CCSS y el Instituto Costarricense de Electricidad.

Participaron en el foro Karen Marín Arguello, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, Sergio Ortiz Pérez, administrador de empresas y presidente del sindicato Acotel del ICE, y Natalia Solís Rojas, médica infectóloga de la CCSS y es parte del Movimiento Unidos por la Caja.

En el foro se presentaron diversos enfoques y perspectivas sobre cómo han sido y están siendo debilitada, por sectores hegemónicos, la institucionalidad pública en estos tres ámbitos esenciales de la vida nacional. Se discutió ampliamente las serias implicaciones que este proceso de hostigamiento y debilitamiento tiene para el estado social de derecho y para la convivencia democrática.

También se mencionaron diversos esfuerzos y luchas que los colectivos a los cuales pertenecen estas personas llevan adelante en defensa de la institucionalidad y se discutió cómo, desde la base social, comunitaria e institucional del país, se deben desarrollar formas de organización que incidan para defender y fortalecer este patrimonio.

Al concluir las exposiciones, hubo un espacio de preguntas y comentarios por parte de personas que acompañaron la actividad, espacio en el cual se plantearon inquietudes e iniciativas de suma importancia.

Las y los invitamos a ver el video de este foro en el siguiente enlace: