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Etiqueta: Venezuela

Grupo Internacional de Contacto: Declaración de San José sobre Venezuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Este 7 de mayo, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) se reunió en la capital costarricense: se trata de una iniciativa diplomática liderada por la Unión Europea (UE) y 8 de sus integrantes, lanzada en enero del 2019: véase los términos de referencia acordados a finales de enero del 2019 por el Consejo de la UE. Es de precisar que esta iniciativa asocia a cuatro Estados de América Latina (Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay) en aras de encontrar una salida negociada a la crisis que se vive en Venezuela.

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Guaidó no existe

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Bermúdez Kuminev

Organización Política Carmen Lyra

Democracias

“Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados”.

En la actual situación de masiva desinformación cualquier persona podría pensar que el párrafo anterior se refiere al proceso electoral venezolano del 20 de mayo de 2018, sin embargo es parte del informe preliminar de las elecciones del 20 de noviembre de 2018 en Honduras, un país hermano de la región que pertenece al Triángulo Norte, donde el índice de desnutrición es 17% de la población del país, 3% más que en Venezuela: Honduras de donde anualmente junto a más de cientos de miles de personas de Guatemala, El Salvador y México migran hacia Estados Unidos por la crisis ambiental, social y económica que viven en su país desde hace más de 3 décadas, ¿no hay ahí una crisis humanitaria y presidentes ilegítimos?

En Costa Rica los consorcios mediáticos de datos, mal llamados “medios de comunicación” utilizan estrategias de comunicación asertivas para favorecer sus intereses corporativos, logrando una impronta sobre un país que, pese a ser uno de lo que más procesos electorales ha vivido en el continente, insisten en considerarlo hoy como una “dictadura”. Venezuela en 20 años ha vivido más de 20 procesos electorales -incluyendo consultas populares como el referéndum constitucional de 2007 y el referéndum revocatorio de 2004-, y mientras en democracias como la costarricense, aun cuando han pasado más de 70 años desde la guerra civil, apenas se anotan 18 elecciones -incluyendo un referéndum para la aprobación del TLC-.

Pero pasemos de lo cuantitativo a lo cualitativo ¿qué hace que las votaciones parlamentarias de diciembre de 2016 sean reconocidas, “legítimas” y las de 2018 no? En 2016 ganó mayoría la oposición y naturalmente aceptaron el resultado, cosa que también hizo el oficialismo el cual reconoció su derrota; sin embargo, en 2018 la oposición perdió las elecciones presidenciales y desconoció el resultado, al igual que lo había hecho con anterioridad en todos los procesos electorales cuando perdió. De este comportamiento descaradamente oportunista, podemos señalar que de los más de 20 procesos electorales que se han vivido en Venezuela en estos 20 años la oposición reconoce únicamente aquellos donde gana.

Entonces es urgente poder definir con claridad que en estos momentos no compete -como lo señalan las cartas fundacionales de los organismos internacionales- a otras naciones aceptar o desconocer las instituciones y gobiernos de los países de la comunidad internacional; dicha acción corresponde a la determinación de sus pueblos ¿o acaso nos enteramos que en Honduras recientemente hubo elecciones presidenciales profundamente cuestionadas y las desconocimos como con Venezuela? o ¿que en Arabia Saudita no hay elecciones porque el poder se concentra por una cuestión familiar? ¿O hemos estado muy pendientes de los procesos electorales del este europeo?

El buró prófugo

Octubre, noviembre y diciembre fueron meses en los cuales apenas se mencionó, dentro de la matriz desinformativa, la situación que se vivía en Venezuela. Como un ejercicio reiterado y programático vuelve a ocupar la atención de los medios internacionales cuando hay ejercicios de desestabilización social y política. Ante este esquema no era de extrañar que lo que planeaban los grupos opositores -nacionales e internacionales- para enero 2019 sería un posible golpe fuerte.

La noticia llegó el 5 de enero cuando en su discurso inaugural de la Asamblea Nacional, un hasta entonces ignoto político, pero con características empáticas (joven, sin corbata, rasgos trigueños) llegó a la presidencia del parlamento. El súbito y sonriente Juan Gerardo Guaidó Márquez se autoproclamaría estratégicamente el presidente de Venezuela, para ser la punta de lanza del gobierno paralelo que comenzó a fraguarse con la conformación de un tribunal supremo de justicia en el exilio desde 2017, creado y auspiciado desde Washington con el apoyo de senadores republicanos como Marco Rubio y el vicepresidente Mike Pence; mismos personajes que madrugaron para reconocer y apadrinar en primera fila el título de Guaidó Márquez como “presidente encargado” de Venezuela.

Guaidó Márquez ofreció como una de sus primeras resoluciones tras su auto-proclamación, la ley de “amnistía” para las fuerzas armadas, en un fallido intento por agenciarse el respaldo militar. Esta ocurrencia no puede pasar desapercibida en una sociedad que posee antecedentes de terrorismo tan graves como el de Óscar Pérez, un ex-policía entrenado, que secuestró un helicóptero y se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia para dispararle y posteriormente enrumbarse al Poder Judicial y lanzar granadas -de origen colombiano y fabricación israelí- contra la edificación. O los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2018 donde se intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro Moro y al alto mando militar venezolano –al cual hoy se le pide se suma a sus filas “paralelas”- mediante la utilización de dispositivos de agresión no tripulados.

Como parte de este entramado de conspiraciones y acciones terroristas contra la institucionalidad venezolana y sus representantes, están los hechos desenmascarados por parte de los cuerpos de seguridad y corroborados en las acciones cobardes de los prófugos de la justicia Venezolana, entre los que se encuentra una amplia gama de políticos de oposición como Julio Andrés Borges Junyet, el cual una vez descubierto su involucramiento en el atentado terrorista de agosto y levantada su inmunidad parlamentaria, decidió refugiarse en Washington. Desde el 29 de enero funge ya no como diputado, sino como representante de negocios del autoproclamado “presidente” en la capital estadounidense.

Lo mismo podemos mencionar para el “embajador” ante Estados Unidos Carlos Andres Vecchio DeMarie, el cual se encuentra prófugo de la Justicia Venezolana desde 2014 después de que se emitió su orden de captura por los delitos de “incendio intencional, instigación pública, daño a propiedades y asociación para delinquir” junto a Leopoldo López Gil, por los hechos ocurridos contra la sede de la Fiscalía en Caracas. López hoy reside preso en su vivienda.

El presidente 2.0

En definitiva no podemos obviar y mucho menos ser ingenuos al no considerar las redes sociales como un campo nuevo dentro de la contienda política, y Venezuela es un caso paradigmático en este ámbito.

Poco o nada se ha mencionado en Costa Rica sobre las nuevas estrategias de guerra utilizadas en América Latina. Un ejemplo claro han sido los golpes de estado “blandos” dirigidos y ejecutados por los parlamentos latinoamericanos, para destituir estratégicamente gobernantes distantes de Washington, los casos más notorios, pero prácticamente silenciados en nuestro país son los Fernando Armindo Lugo Méndez, destituido por el Parlamento Paraguayo después de un juicio político en 2012; y el caso de Dilma Vana Roussef, destituida por la cámara de diputados de Brasil en 2016.

Y es en el marco de estos procesos de destitución y colocación de agentes aliados, donde se muestran los principales elementos tácticos empleado en las redes mediáticas: la des-información y la construcción de realidades paralelas, virtuales, las cuales terminan gestando hechos concretos.

En Venezuela antes del 5 de enero de 2019 nadie sabía a ciencia cierta quién era Guaidó Márquez, más allá de ser miembro de uno de los partidos minoritarios del parlamento venezolano. Pero esta situación tuvo un giro descomunal en el momento en que, a través de redes sociales y medios informativos internacionales, ha intentado construir un poder paralelo en su propio país, donde aún en los días en que se escriben estas líneas la institucionalidad completa no le reconoce más allá de para lo que fue electo, ser diputado.

Desmontemos un poco mejor esta situación, Guaidó Márquez el día que se le ocurrió autoproclamarse recibió un apoyo inmediato a través de las redes sociales -en este caso twitter- de quienes lo habían predestinado meses atrás, así como de otras naciones latinoamericanas y europeas que se han opuesto tradicionalmente al proceso bolivariano.

Todos y cada uno de estos apoyos, al igual que su accionar han sido desarrollados y ejecutados en las redes sociales, comunicados de prensa, estrategias para la continuidad, plan a seguir, todo ha sido posteado y re-twiteado miles de veces a nivel internacional. Sin embargo, la realidad concreta ha sido que ni la Organización de Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos lo han reconocido a él ni a ninguno de sus supuestos diplomáticos en las instancias correspondientes, demostrando que su accionar violentaría los protocolos internacionales y que actúa de forma ilegítima. Mientras exista el estado de derecho, tener más visualizaciones en twitter que Nicolás Maduro no hace a Guaidó Márquez presidente, aunque así lo quieran hacer parecer en las realidades virtuales.

Lo que es más preocupante y precipita cada vez más hacia la carta desesperada de una posible intervención militar extranjera a Venezuela, es que, contrario a lo que persisten en figurarse sus aliados más allá de las fronteras, en el territorio nacional Guaidó no cuenta con el apoyo deseado, no posee bases, no posee instituciones y no posee credibilidad.

La toma fallida

Estar alejado mediáticamente de la realidad concreta que se vive adquiere resonancias estremecedoras y consecuencias, cuando menos, inquietantes.

Errores que pueden proceder de la ingenuidad y la torpeza, cuando no de la mala fe.

Costa Rica, en este seguimiento ciego y torpe del discurso mediático y de la realidad virtual, contraviene su tradición diplomática de neutralidad y respeto al derecho internacional y decide reconocer a un gobierno autoerigido y aceptar credenciales de una embajadora espuria otorgándole derechos precipitadamente, lo cual desemboca en la toma de la sede diplomática por un grupo de civiles armados y con recursos parapoliciales, quienes violentan el derecho internacional, desalojan a una embajadora oficial, e irrespetan los “acuerdos” tomados recientemente. Ante tal desaguisado el gobierno costarricense responde: “les dimos la mano y nos tomaron el codo”. En esta sarta de desaciertos inducidos ¿sabrán el presidente Alvarado Quesada y su canciller Ventura Robles quienes son realmente sus compañeros del Club de Lima?

La torpe y traicionera acción del “gobierno” paralelo venezolano por imponerse, el juego mediático de silencios, omisiones y tergiversaciones sobre lo sucedido en la frontera colombo-venezolana este 23 de febrero, las acciones diplomáticas de algunos países ajenas al derecho internacional e irrespetuosas de acuerdos, los sonados discursos amenazantes con la invasión armada son la forma en que toma cuerpo las realidades virtuales que consumimos diariamente.

Mientras tanto generan en el diario vivir una anulación de lo que está sucediendo en nuestro país ¿quién está tomando las decisiones? ¿Existirá justicia contra estos delitos contra el derecho internacional? ¿Hasta dónde está dispuesto a perdonar el presidente Alvarado Quesada?

En medio de este sainete de presidentes, embajadoras parece no haber seguridad jurídica para ninguna persona o país en Costa Rica, el presidente es incapaz de respetar la soberanía de otros países, ni como la suya propia.

 

Enviado por el autor.

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Pepe Mujica propone ruta para Venezuela: pluralismo y elecciones libres

Escrito en . Publicado en Derechos.

El expresidente uruguayo José Mujica llama a la ONU y a Europa a comprometerse en la solución política para Venezuela. Propone «elecciones libres con participación de todos» y reconocimiento de que hay «muchas oposiciones» por lo que el pluralismo es la vía para más democracia.

Puede escuchar la propuesta en el video de siete minutos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1GerOMVDp7LT_D9SkGQUAqsPtcMd2fFm1/view

 

Compartido con SURCOS por José Alfredo Pineda Dubón.

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Para Duque y Guaidó: una derrota sin batalla

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Una Derrota Sin Batalla. Novela del escritor ocañero Enrique Pardo Farelo, con el seudónimo de Luis Tablanca, por la persecución política desde siempre en Colombia, fue publicada en el año de 1935 y reeditada en 1983 por la Imprenta Departamental de Cúcuta. El autor fue Secretario de Hacienda Departamental, proponiéndose tomar, drásticas medidas, ante el despilfarro de la cosa pública y la corrupción galopante, que convirtió los cargos públicos en un nido de ratas. Transcurrió durante la llamada hegemonía de un partido único: el conservador, similar a la hegemonía imperante en el día de hoy, de un partido fascista de hegemonía, el Centro Democrático (CD), dominante dentro del Bloque de Poder contrainsurgente, al que se han plegado liberales, socialdemócratas, reformistas. En un escenario de sistema electoral censista predominantemente corrupto y elitista, de igual fisonomía al imperante hoy en día en Colombia.

Entre las medidas propuestas por el autor estuvieron la supresión de algunos cargos, como la de Administrador de la Fábrica de Licores, la de la gerencia de la Empresa de Teléfonos, adscribiéndole sus funciones al entonces Superintendente de Rentas.

Anhelante en la búsqueda de una Educación gratuita (hoy reivindicada como popular) hubo de suprimir las becas departamentales, convertidas en botín clientelista y nido de ociosos; eliminar los auxilios de las bandas municipales para que las asumieran los municipios, acorde con la participación ciudadana.

La novela consiste en ameno relato “de la más exacta radiografía de la picaresca política colombiana y aun americana de todos los tiempos” y en la que expresa sus experiencias de funcionario público. El nombre del personaje es JUAN. Lo tomo en referencia a Juan Guaidó, con la salvedad que al JUAN protagonista de la novela lo movía el sentimiento altruista y regenerador a diferencia del ladino, astuto y disimulado, personaje de la contrarrevolución bolivariana. JUAN en su calidad de empleado oficial nunca podría salir del atolladero en que se encuentra y su nombre quedaría manchado para siempre. Se tejieron y circularon las peores calumnias contra él. La trama de la novela transcurre en el desarrollo de abolengos, jerarquía, privilegios de castas y de favoritismos. Séquitos de aduladores, comitivas de auto elogios y lisonjas. Tocaditas en el hombro y falsas sonrisas. Imperio del clientelismo. Todo un andamio de simulacros. JUAN es desplazado por el desenfreno popular. El Juan de hoy, el Guaidó, sucumbe cual figura retórica que demostró todo lo contrario de lo que pretendía demostrar ser. Producto del tejemaneje de la dictadura mediática, en franca ironía por la aplicación de la práctica política de los millennials; de esa mentalidad del consumismo y el mercado. JUAN asimila que sus gestiones fracasan estrepitosamente. Queda solo en la Capital. Pero viene el carnaval (¿festejo de qué?). JUAN invita a Rosita, que llegó “del país vecino” (Venezuela), se cubre la cara con un antifaz. Ella lo abandona y le roba la billetera. Al otro día JUAN renuncia al cargo y regresa a su pueblo. No supo o no logró encarar la situación. Piensa que ha fracasado lastimosamente que huye sin haberle hecho frente al enemigo. Lo encaró acometiendo retos peligrosos y comprometedores, pero sin afectar correctamente al enemigo. Deduce que ha sido víctima “de una derrota sin batalla” Se consuela: “mi derrota es un triunfo porque la batalla era imposible”… JUAN hizo “como las caballerías cuando tascan el freno y sintió espuma amarga en la boca, pero se la tragó y amablemente repuso…”. Juan consulta al duendecillo: ¿con quién es posible dialogar? Cuando le dice que es imposible luchar solo sin masa popular combativa y organizada y sin milicia popular en las calles.

Opositores y lobbies pelean en Washington por hacer parte del Gabinete de Guaidó. Deambulan por pasillos, edificios del Departamento de Estado, instalaciones y oficinas políticas, con sus curriculum vitae debajo del brazo. Cual carta de presentación: el ser lacayos, sumisos al imperio y a las leyes de mercado…Destituidos por corrupción… De compañías anónimas de teléfonos de Venezuela… Promotores de la libre competencia y de la invasión financiera extranjera… De la Universidad Católica Andrés Bello (jesuitas en guerra con el Papa Francisco)… Analistas del Bank of América para la colocación de Bonos de Venezuela, en competencia con el imperio financiero y siniestro de la Casa o la familia Rothschild, gurús especializados en la compra de Bonos de Venezuela: hacia una Venezuela sin Chavismo… Ministros de Carlos Andrés Pérez, al igual que el embaucador Embajador posesionado en Bogotá, de un presidente o gobierno inexistente… Ex candidatos presidenciales… Ex Alcaldes de Caracas… Antiguos dirigentes estudiantiles, que junto con Guaidó, en noviembre de 2010 participaron en un seminario secreto de cinco días en un hotel de la Ciudad de México, organizado por Otpor, la organización de Serbia dedicada a «cambio de régimen», financiado por Washington, donde se planeó para desestabilizar el gobierno de Venezuela, que también incluyó el asesinato de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro…Impulsores de las guarimbas (terror callejero) de 2014, desplazados por la Milicias Populares… Desertores de la Asamblea Nacional (AN) en desacato-por orden judicial- por obtusa visión política y violadores del Reglamento Interno de esa Corporación, como gestores para que Juan Guaidó ocupara en el mes de enero la presidencia de la AN y se proclamara auto presidente en violación al orden legal y constitucional imperante… Los ahora desertores de la Guardia Bolivariana… codeándose con gigantes corporativos, como Exxon, Mobil y Máster Card…Se sumaron a los donantes de Atlas, que se “prestigió” con figuras destacadas entre los libertarios ultraderechistas, favoreciendo cientos de ONGs conservadoras y pro-imperio.

LA MITOMANIA PUESTA EN ESCENA

Con el reconocimiento de más de 50 países- de 169 en el mundo- de un gobierno inexistente y de un auto proclamado presidente, queda en entredicho el Constitucionalismo moderno y asestado fuerte golpe, en particular, al Constitucionalismo Latinoamericano que propende en sus recientes Constituciones Políticas (Venezuela. Ecuador, Bolivia) por el Buen Vivir en armonía con la Naturaleza. Pero ese desafuero jurídico no repercute con el mismo espectro que la respuesta política genera. La sensación de desagrado y disgusto radica en que tres presidentes: el de Colombia (Duque), Paraguay (Abdo) y Chile (Piñera), junto con el rango de secretario de la OEA, (Almagro) se den a la tarea, en contravía, al ejercicio de sus funciones soberanas. Entronizan cual mentira patológica, lo irrito de sus actuaciones conspirativas contra un estado Soberano y un gobierno único constitucional existente, garante de total institucionalidad. Han pisoteado los principios fundamentales de sus sendas constituciones políticas. Ajustaron un concepto propio de Libertad. Acuñan y pronuncian un concepto extraño de Dictador. Descartan el ejercicio armónico en la conducción estatal de las ramas de poder con esencia independiente. Desconocen el efecto de las decisiones judiciales y hacen caso omiso a las condenas vigentes por desacato a la AN de Venezuela que la mantienen sin validez, ni fuerza obligatoria y de nulidad de toda nulidad sus actuaciones, por obtuso comportamiento y visión de incapacidad política de los Diputados mayoritarios. Personalizaron o individualizaron toda la problemática que implica los pasos históricos que enmarcan los últimos veinte años de vida republicana venezolana y el proceso de aplicación de soluciones alternativas a un orden neoliberal y privacionista impuesto a ultranza. Aplican la “vigencia” de una Constitución Bolivariana desconociendo sus principios fundamentales de autodeterminación nacional en ejercicio del poder originario que emana de la Asamblea Nacional Constituyente. Erigen a un presidente “provisional” o “interino” a sabiendas que no existe tal situación en el orden constitucional vigente en Venezuela, al no existir falta absoluta del presidente Nicolás Maduro Moros. (Artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). De darse la falta total del presidente surge es un encargado que en modo alguno tiene funciones de mandatario en el ejercicio del poder. Por ello y mucho más es dable concluir que han colocado en entarimado el montaje de una mentira patológica, que como tal se define como una invención. Lo demostrable de los acontecimientos lo corroboran. Surgen en contradicción a los acontecimientos probables; siendo la existencia de ese tal gobierno interino fácilmente refutable. Por tratarse de una mentira colectiva lo consciente subsume lo inconsciente del individuo patológico que la crea. Una prueba más de como la extrema derecha se aferra al poder con la mentira y la falsía.

DEL DELITO DE AGRESIÓN

La conducta asumida por el presidente de Colombia al permitir el territorio propio del Estado colombiano para poder agredir con la incursión de una llamada caravana humanitaria que pretendió pasar a la fuerza las fronteras del Estado de la República Bolivariana de Venezuela enmarca dentro de la tipificación del Delito de Agresión o acto contra la paz, contemplado en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Lo preparado y sucedido en la frontera de Colombia con Venezuela el día 23 de febrero de 2019, es un crimen estipulado como tal en el Derecho Internacional Humanitario. Aclaraciones ampliamente difundidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CRIC) resaltaron la inconsistencia de esa campaña, al no mediar el consentimiento del Estado receptor. La definición y comportamiento consecuente de no aceptación del Estado de Curazao para la entrada inconsulta de las ayudas en alimentos y medicamentos; tal como estaba concebida, contribuye a la tipificación del delito enunciado. La clara posición del gobierno de México sobre el presupuesto de autodeterminación de los pueblos para rechazar el procedimiento aplicado, contribuyen al entendido de una situación que ha de asumir la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Tanto el presidente de Colombia como sus aúlicos de Chile y Paraguay y el Secretario General de la OEA, planificaron, propusieron y realizaron los actos de agresión aludidos; desde cualquier punto de vista, como formas incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas. Se multiplicaron las acusaciones de un casus belli, por la insistencia de introducir los cargamentos a Venezuela.

Internamente, el presidente Duque incurre en violación directa de la Constitución Política de 1991; según la cual le corresponde como presidente conservar el orden público (Articulo 189-4 ibidem) y no alterarlo, como en realidad sucedió el día 23 de febrero de 2019 en la zona fronteriza colombiana con Venezuela y Brasil. La consecuente realización de esa conducta conllevó a que luego de tal alteración optara por cesar en la agresión cometida, ordenando recoger los camiones cargados, en el supuesto de hecho que contenían lo enunciado. Se supone o sospecha, aunque no está demostrado, que eran alimentos y medicamentos. Lo presunto radica en que llegaron en aviones militares de carga norteamericanos que como tales valijas son cargas mortíferas. La presencia de aeronaves de carga militar asimila al concepto de tropas en tránsito por el territorio colombiano, como indicio de una violación más al no contar el presidente Duque con la orden así sea, del cuestionado Congreso colombiano. La inducción del Presidente Duque para que el comandante del Ejército colombiano suscribiera declaración en torno a la operación llamada humanitaria conjuntamente con el Comando Sur de las tropas de USA, es una clara muestra de deliberación del alto mando militar en asuntos de política internacional. No le correspondía delegarla al presidente de la República como comandante en jefe de las fuerzas armadas colombianas.

Lo expuesto es solo una muestra de las múltiples implicaciones que la agresión cometida y la fracasada incursión a territorio venezolano genera la autocracia, cuando los actos personales de un gobernante se realizan sin ningún tipo de limitación, modificando el estatus constitucional a su antojo.

Tanto para Juan Guaidó como usurpador de autoridad y funciones públicas, como para el presidente Duque; toda la aventura de esta derrota sin batalla se les volvió un bumerang.

Enviado por el autor.

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Solicite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visite Venezuela

Escrito en . Publicado en Derechos.

Compartimos la siguiente petición creada para solicitar firmas con el objetivo de pedir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visite Venezuela.

El texto de la petición está en inglés y dice lo siguiente:

OPEN LETTER TO THE UNITED NATIONS SECRETARY GENERAL ANTONIO GUTERRES

AND TO THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS MICHELLE BACHELET

from Alfred de Zayas,  23 February 2019

Dear Mr Secretary General of the United Nations,

dear High Commissioner for Human Rights,

As former UN Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International Order (2012-2018) I would like to urge you to once again make your voices heard and make concrete proposals for mediation and peace in the context of the Venezuelan crisis.

The most noble task of the United Nations is to create the conditions conducive to local, regional and international peace, to work preventively and tirelessly to avoid armed conflicts, to mediate and negotiate to reach peaceful solutions, so that all human beings can live in human dignity and in the enjoyment of the human right to peace and all other civil, cultural, economic, political and social rights.  I am particularly worried by the Orwellian corruption of language, the instrumentalization and weaponization of human rights and now even of humanitarian assistance.

I look back at my UN mission to Venezuela in November/December 2017 as a modest contribution to facilitate the cooperation between the United Nations and the Venezuelan government and to open the door to the visits of other rapporteurs.  See my report to the UN Human Rights Council
https://dezayasalfred.files.wordpress.com/2019/02/report-venezuela-dr-alfred-de-zayas-1.pdf and the relevant recommendations.

I believe that it would be timely and necessary for both of you to issue a statement reaffirming General Assembly Resolutions 2625 and 3314 and the 23 Principles of International Order that I formulated in my 2018 report to the Human Rights Council.  See para 14 of
https://dezayasalfred.files.wordpress.com/2019/02/report-alfred-de-zayas-23-principles.pdf

It would be appropriate to recognize the fact that the government of Venezuela has put into effect some of the recommendations contained in my report — and in the six page confidential memo that I personally gave to Foreign Minister Jorge Arreaza upon my departure.  http://vtv.gob.ve/venezuela-onu-medicamentos-alimentos/

Indeed, first the Venezuelan government released 80 detainees — including Roberto Picón and 23 others whose release I had specifically requested — that was on 23 December 2017, followed by other releases in the course of 2018.  Alas, there has been practically no information about this in the mainstream media, although it is easily accessible in the internet.  See also the comments of Venezuela on my report

https://dezayasalfred.files.wordpress.com/2019/02/comments-by-the-government-of-venezuela.pdf

in particular paragraph 46

(xvi) As a result of this on 23 December 2017, 80 people arrested for acts of violence during the protests in the country were released; and on 1 June 2018, 39 more people were released.

and paragraph 46

(xviii) In this regard, the Venezuelan Government values the willingness and disposition of the Independent Expert, who was pleased to inform the competent authorities of the requests he received from some relatives of the persons deprived of their liberty. His recommendations were accepted.

Shortly after my visit Venezuelan authorities met with the UN agencies and made additional cooperation accords, thanks to the valuable efforts Peter Grohmann, the UNDP representative in Caracas.

Now the government of Venezuela has formally asked the United Nations for humanitarian assistance in connection with the current crisis.  We must not let them down.

I think that the US should turn over all the humanitarian assistance and medical supplies it has flown into Colombia and have them distributed as soon as possible with the help of the United Nations and other neutral organizations, including the International Committee of the Red Cross.

Another item of information that is sorely missing from the mainstream media is the delivery last week of 933 tons of food and medicines at port La Guaira — coming from China, Cuba, India, Turkey etc.  https://www.ghm.com.ve/llegaron-al-pais-933-toneladas-de-medicinas/

https://www.uniradioinforma.com/noticias/internacional/556699/venezuela-recibe-933-toneladas-de-medicinas-y-materiales-medicos.html

Moreover an additional 300 tons of medicines and medical supplies provided by Russia arrived by air.

https://www.dw.com/es/maduro-anuncia-arribo-de-300-toneladas-de-ayuda-humanitaria-de-rusia/a-47576323

As I know from my conversations with Venezuelan ministers during my visit in 2017 and the recent conversations I have had with Venezuelan Ambassador to the UN in Geneva Jorge Valero — Venezuela has always welcomed and repeatedly asked for assistance from neutral and friendly governments so as to overcome the adverse human rights impacts of the financial blockade and the sanctions. Such help should be offered in good faith, without strings attached.

I believe that this is the moment for the UN High Commissioner for Human Rights to accept the invitation of the government of Venezuela, extended to her in December 2018, to visit Venezuela personally.  Her presence in Venezuela should ban the growing danger of a military intervention by foreign entities. She should endorse the efforts at mediation launched by Mexico and Uruguay at the Montevideo mechanism.

There are ominous parallels with the run-up to the Iraq invasion in 2003 — an illegal war, as Kofi Annan said on repeated occasions — https://www.nytimes.com/2004/09/16/international/annan-says-iraq-war-was-illegal.html

It is obvious to any first year law student that the constant threats against Venezuela are contrary to article 2(4) of the UN ‘Charter.  What many do not realize is that the threats, the economic war, the financial blockade and the sanctions violate the principles contained in Article 3 of the OAS Charter

“e. Every State has the right to choose, without external interference, its political, economic, and social system and to organize itself in the way best suited to it, and has the duty to abstain from intervening in the affairs of another State. Subject to the foregoing, the American States shall cooperate fully among themselves, independently of the nature of their political, economic, and social systems; f. The American States condemn war of aggression: victory does not give rights; g. An act of aggression against one American State is an act of aggression against all the other American States; h. Controversies of an international character arising between two or more American States shall be settled by peaceful procedures; I. Social justice and social security are bases of lasting peace…”

Moreover, they violate numerous articles of Chapter 4 of the OAS Charter,

“Article 17

Each State has the right to develop its cultural, political, and economic life freely and naturally. In this free development, the State shall respect the rights of the individual and the principles of universal morality.

Article 18

Respect for and the faithful observance of treaties constitute standards for the development of peaceful relations among States. International treaties and agreements should be public.

Article 19

No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. The foregoing principle prohibits not only armed force but also any other form of interference or attempted threat against the personality of the State or against its political, economic, and cultural elements.

Article 20

No State may use or encourage the use of coercive measures of an economic or political character in order to force the sovereign will of another State and obtain from it advantages of any kind.”

Dear Mr Secretary General, dear High Commissioner for Human Rights: The world looks up to you in the hope that you can avert even greater suffering to the peoples of Venezuela. They need international solidarity as expressed in the report of Virginia Dandan, the then independent expert on human rights and international solidarity. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Solidarity/DraftDeclarationRightInternationalSolidarity.pdf

I remain respectfully yours

Professor Dr. Alfred de Zayas, Geneva School of Diplomacy

Si desea firmar la petición, ingrese en el siguiente enlace:

http://chng.it/44nbn5X2YR

Enviado por Walter Antillón.

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Pronunciamiento en pro de la paz en Venezuela – con firmas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las personas abajo firmantes, costarricenses provenientes de diversos sectores de la sociedad, animadas por un hondo sentimiento de preocupación por los peligros que corre la paz, tanto regional como mundial, queremos levantar nuestra voz en pro de una solución pacífica y en concordancia con los principios del derecho internacional para solucionar el conflicto que hoy afecta a los hermanos venezolanos.

Levantamos nuestra voz secundando los llamados a la paz y al diálogo, a fin de buscar una solución por medios estrictamente políticos a los problemas internos de Venezuela. Otro tanto ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas. Secundamos las iniciativas diplomáticas de México y las naciones del Caribe. Todo lo cual va en plena concordancia con la tradición de paz de nuestro país. Costa Rica ha hecho de su proclama de una neutralidad perpetua y activa un principio de su Constitución Política. Costa Rica fue firmante de los acuerdos de la II Cumbre de la CELAC en que declara a los países de América Latina y el Caribe como tierra de paz. Nuestro país debe ser fiel a esta tradición de paz y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados soberanos. Es la hora de actuar en concordancia.

Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Guadalupe Urbina Juárez, cantante y compositora.

Dionisio Cabal Antillón, cantautor y compositor.

Rubén Pagura Alegría, actor y músico.

Esteban Monge Flores, cantautor.

Manuel Monestel Ramírez, músico y compositor.

José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio.

Elizabeth Cook, teóloga, rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana.

Javier Francisco Cambronero Arguedas, educador, ex diputado de la República.

Francisco Enríquez Solano, catedrático emérito UCR.

Margarita Bolaños Arquín, antropóloga, profesora UCR pensionada.

Elsa Tamez, teóloga y biblista.

Juan Stam, teólogo, catedrático pensionado de la UNA.

Franz Hinkelammert, economista, escritor e investigador, Doctor Honoris Causa UNA.

Pablo Richard, teólogo.

Plutarco Bonilla, catedrático pensionado UCR.

Miguel Picado, historiador.

Manuel Araya Incera, historiador.

German Chacón, investigador y académico UNA.

Juan Boza, catedrático pensionado UCR.

Francisco Camacho, ex diputado.

Luis Guillermo Herrera, catedrático pensionado UCR.

Leonardo Perucci, actor.

Rocío Alfaro, filósofa y científica social.

Nieves Martínez, profesora universitaria UNA.

Daniel Camacho Monge, sociólogo, catedrático, profesor emérito UCR.

Walter Antillón, abogado, profesor emérito universitario, catedrático UCR.

Rafael Cuevas Molina, catedrático UNA.

Marcela Dumani Echandi, nutricionista, docente universitaria.

Héctor Ferlini-Salazar, comunicador, docente UCR.

Albino Vargas Barrantes, dirigente sindical.

Mauricio Castro Méndez, abogado laboralista.

Yadira Calvo Fajardo, escritora, filóloga y feminista.

Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora jubilada, ex diputada del PAC.

Claudio Enrique Monge Pereira, catedrático UCR pensionado, ex diputado del PAC.

Arabella Salaverry Pardo, escritora y actriz.

Edvan Córdoba Vega, especialista en género y desarrollo.

Yendri Martínez Rivera, fisioterapeuta.

Gerardo Contreras Álvarez, historiador UCR, asesor sindical.

Célimo Guido Cruz, agricultor, ex diputado de Fuerza Democrática.

Sergio Erick Ardón Ramírez, arquitecto, ex diputado de Pueblo Unido.

Arturo Gudiño Briceño, periodista.

Sergio Reuben, catedrático UCR

Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario, presidente del Movimiento Diversidad.

Edgardo Araya Sibaja, abogado, ex diputado y ex candidato presidencial del Frente Amplio.

Diego Miranda Méndez, regidor en San José.

Mario Grant Sáenz, ingeniero civil, regidor en San José.

Susan Campos Ortega, contadora, regidora en Desamparados.

Mario Ruiz Salas, regidor en Montes de Oca.

José Alberto Castro Porras, regidor en Aserrí.

Paquita Cruz Villalobos, pintora, feminista.

Yolanda Bertozzi Barrantes, abogada.

Wilson Arroyo Oconitrillo, cantautor.

Oscar Jara Holliday, director CEP Alforja, presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL.

Rodolfo Ulloa Bonilla, sociólogo, asesor parlamentario.

Asdrúbal Marín Murillo, filósofo, profesor universitario.

Luis Roberto Zeledón Arias, asesor legislativo ANEP.

Virginia María Acuña Montero, coordinación Justicia Paz e Integridad de la Creación. JPIC C.R.

María Eugenia Román Mora, abogada, asesora parlamentaria.

Vernor Arguedas Troyo, matemático, catedrático jubilado UCR.

Gerardo Hernández Naranjo, politólogo, profesor universitario UCR.

Gustavo Oremanuno Vignet, luchador social.

Alejandro Delgadillo Solano, educador y abogado.

Juan Félix Montero Aguilar, educador pensionado.

Marcela Sánchez Cortés, payasa y actriz, regidora en Montes de Oca.

Ronald Arrieta Calvo, profesor universitario, regidor en Goicoechea.

Geovanna Sandoval Cambronero, técnica en servicio al cliente, regidora en La Unión.

Kattia Rodríguez Brenes, docente, regidora en Turrialba.

Oscar F. Boschini Sáenz, Comité Costarricense de Solidaridad con Venezuela y la Revolución Bolivariana.

Xiomara Esquivel Vargas, actriz y productora de artes escénicas.

Oscar Leiva Cerrato, consultor.

María Rocío Céspedes Rodríguez, profesora pensionada.

Sonia Solís Umaña, antropóloga, profesora pensionada UCR.

Dita Montiel González, estudiante universitaria.

Ana Isabel Robles Cascante, socióloga.

Rafael Angel Ugalde Quirós, periodista y notario público.

Fabio Cerdas Obando, escultor, pintor.

Oscar Barrantes Rodríguez, historiador.

Gerardo Mora Burgos, filósofo, catedrático pensionado, UCR.

Álvaro Fernández González, sociólogo.

Oscar Salas León, profesor jubilado UNA.

Luis Ángel Salazar Osés, sociólogo, profesor jubilado, UNA y UNED.

Circulo Bolivariano Yamileth Lopez – Costa Rica.

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).

Jaime Lobo Segura, matemático UCR.

Orlando Barrantes Cartín, dirigente Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).

Ariel Robles Barrantes, académico UNA.

César López Dávila, psicólogo, asesor sindical.

Álvaro Rojas Valverde, comunicador e historiador popular.

Saúl Umaña Barquero, abogado laboralista.

Adriana Laclé Murray, médica pensionada.

Jorge Lobo Segura, biólogo, catedrático UCR.

Vicky Borbón Pineda, Humanista.

Jesús Campos Méndez, dirigente sindical, presidente de la CTCR.

Walter Quesada Fernández, coplero, dirigente sindical.

Marielos Castro Umaña, educadora jubilada.

Alcides Monge Mora, cc: Gaus, comerciante.

Vera Sancho Mora, docente.

Asdrúbal Duarte Esquivel, profesor jubilado UCR.

Ana Georgina Ulate Chaves, trabajadora social.

Catalina Miranda Matamoros, técnica en masaje terapéutico.

Javier José Prada Ortiz, taxista.

Erika Maritza Álvarez Sandí, educadora.

Eduardo Guillén Gardela, regidor en Desamparados.

Oscar Madrigal Jiménez, abogado.

Marco Tulio Araya Barboza, periodista.

Marcela Naranjo Segura, regidora en Sarapiquí

Ricardo Araya Piedra, abogado.

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical CTRN.

José Gabriel Rivas-Ducca, biólogo.

Jaime Cerdas Solano, docente.

Luis Antonio Ulloa Bonilla, empresario.

Olman Varela Durán, consultor en medio ambiente.

Gerardo Badilla Álvarez, técnico especializado química – farmacia.

Marlon Quesada Medina, ingeniero topógrafo.

Kattia Murillo Jiménez, ingeniera ambiental.

Daniel Torres Sandí, regidor en Moravia.

Erica Guevara Reyes, psicóloga.

Virginia Ramírez Cascante, docente universitaria.

Melania Monge Rodríguez, educadora jubilada.

Lupita Chaves Salas, educadora jubilada.

Erika Henchoz Castro, periodista.

Yadira Martita Brenes, traductora.

Rosa Alvarado Avellán, profesora jubilada.

Iris Zumbado Zumbado, periodista.

Rubieth Jaén Angulo, docente jubilada.

Ileana Monge Serrano, educadora y empresaria.

Elisa Donato Monge, socióloga.

Alicia Eugenia Vargas Porras, educadora jubilada UCR.

María Eugenia Rojas Rodríguez, docente jubilada.

Mirta González Suárez, psicóloga y escritora, catedrática emérita UCR.

Sofía Alejandra Guillén Pérez, economista, asesora.

Bruno Merino Martínez, empresario.

Marcony Lacayo Elizondo, indígena Maleku de Guatuso, conciliador titulado por Los Mayores.

Reinier Canales Medina, dirigente campesino.

Claudio Ansorena Montero, economista.

María Pérez Iglesias, escritora.

José Luis Callaci Leguizamo, consultor, analista político.

Dulce Umanzor Alvarado, abogada.

Violeta Duarte Fonseca, pensionada.

María Elia Rodríguez, filóloga pensionada.

Ivonne Lepe Jorquera, ingeniera.

Rafael Angel Rivas Ducca, consultor de negocios.

Adriano Corrales Arias, escritor.

Hannia Mora Zamora, microbióloga.

Alejandra Espinoza Arias, corredora de seguros.

Luis Guillermo Serracín Fuentes, maestro de obras.

Ignacio Dobles Oropeza, psicólogo, profesor UCR.

Flor de Lis Monestel Corrales, trabajadora social.

Ernesto Luna Palma, sociólogo.

Italo Fera Fallas, sociólogo.

María Ignes Monestel Corrales, abogada.

Laura Gómez Vázquez, decoradora de interiores, regidora en Tibás.

Ricardo Hernández Mora, profesor de química en secundaria.

Aristides Mena Mena, pensionado.

Roy Jiménez Oreamuno, politólogo y economista.

Eliohonay Arias Valverde, médico emergenciólogo.

Lidieth Uribe Loría, microbióloga.

Damaris Rodríguez Lara, ingeniera agrónoma, docente jubilada.

Osvaldo Calvo Rodríguez, agricultor.

Laura Hall Moore, educadora.

Milton Guerrero Poveda, profesor ciencias económicas.

Natalia Solano Vargas, técnica en ciencias médicas – laboratorista.

Jonatán González Díaz, educador.

Paulino Madrigal Rodríguez, abogado, consultor ambiental.

Saúl Castañeda Salazar, director del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana.

María Bejarano Monge, administradora de empresas.

Celina Beatriz Castro Zúñiga, Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas.

Fernando Martínez Montoya, oficinista.

Carlos Luis Aguilar Garro, ingeniero agroquímico y agrónomo.

Juan Carlos Cruz Barrientos, comunicador social.

Eduardo Ureña Solano, programador de computadoras.

Edison Valverde Araya, Movimiento Buen Vivir CR, CaminantedelSur.Com

Fernando Francia, comunicador.

Sandra Paniagua Paniagua, médica.

Grace Prada Ortiz, historiadora, docente pensionada.

José Valverde Fuentes, oficinista.

Ismael Salas Cortés, artesano.

Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.

Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.

Enrique Sandoval Núñez, abogado.

Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.

Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.

Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.

Jorge Martínez Díaz, agricultor.

Marielos Giralt Bermúdez, filósofa, profesora universitaria.

Ricardo Ascanio Sánchez, empresario librero.

Flory María Montoya Hernández, docente.

Millaray Villalobos Rojas, antropóloga.

Carlos Cruz Chavez, profesor universitario.

Ana Lorena Dávila Cubero, trabajadora social.

Carmen Brenes Sáenz, administradora pública, pensionada.

Rodrigo Quesada Solís, ingeniero.

Natalia Fernández Román, médica.

Oscar Morera Madrigal, médico.

José Daniel Fernández Román, estudiante.

Daniel Guillermo Fernández Morales, abogado.

Sonja Amarú Schumacher Fernández, estudiante.

Vladimir Quesada Santamaría, arquitecto.

Daniela Oca Varela, médica.

Margarita Varela Quesada, comerciante.

Alejandra Oca Varela, educadora.

Rashida Shajide Farah Guzmán, médica.

Karen Adriana Carranza Blanco, médica.

Alexis Oca Ramírez, técnico electrónica.

Ismael Salas Cortés, artesano.

Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.

Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.

Enrique Sandoval Núñez, abogado.

Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.

Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.

Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.

Jorge Martínez Díaz, agricultor.

Flory María Montoya Hernández, docente.

Ana Tristán Sánchez, jubilada.

María Magdalena Cano Valle, docente.

Marcos Chinchilla Montes, profesor UCR

Dan Abner Barrera Rivera, académico de la UNA

José Eduardo Medina Guevara, ciudadano.

Nidia Fonseca Rivera, profesora de secundaria.

Dagmar Facio Fernandez, ciudadana.

José Amesty, ciudadano.

Laura Arias Cabrera, ciudadana.

Leda Méndez Arias, abogada.

Sonia Salazar Quirós, ciudadana.

Paulo Barrera Rivera, sociólogo

Marianela Espinoza Vega, docente MEP.

Marco Antonio Umaña Vargas, agricultor.

Jiddu Rojas Jiménez, profesor de filosofía y master en estudios latinoamericanos.

Rudolf Wedel Schweichler, fotógrafo, profesor, UTN.

Marlin Oscar Ávila, ciudadano.

Antonieta Fernández Quirós, abogada.

Víctor Madrigal Sánchez, profesor Escuela Ecuménica UNA.

José Varela Arguedas, técnico en telecomunicaciones.

Hernán Alvarado Ugarte, jubilado.

Ana Isabel Gardela Ramírez, periodista.

Hernán Tasies Guido, ciudadano.

Ana Lucía Cabal Antillón, docente jubilada.

Marta Eugenia López Subirós, socióloga.

José Francisco Alfaro Carvajal, ciudadano.

Suy Wong Ugalde, traductora, activista por los derechos humanos.

Allan Guzmán Delgado, ciudadano.

Luis Del Valle Carazo, médico jubilado.

Isabel Calvo González, académica.

Giovanni Beluche Velásquez, sociólogo.

Carlos Humberto Herrera, trabajador de la construcción.

Gustavo Campos Alfaro, Frente Amplio.

German Urbina Pastora, ingeniero en computación.

Gerardo Vargas Varela, sacerdote católico, ex diputado del Frente Amplio.

Ulises Araya Chaves, estudiante de Enseñanza de los Estudios Sociales.

Otto Ureña Badilla, pensionado.

Juan Carlos Bermúdez, administrador.

José Rafael Jiménez, administrador de empresas.

Víctor Madrigal Sánchez, UNA, EECR.

Hannia Franceschi Barraza, trabajadora social, profesora universitaria jubilada.

Sergio Rodriguez, ciudadano.

Luis Fernando Astorga Gatjens, periodista y educador.

María Elena Fournier Solano, extensionista universitaria, presidenta y fundadora de la Asociación Conservacionista YISKI.

Axel Hernández Fajardo, catedrático jubilado de la Universidad Nacional.

Marta Chacón Mora, ciudadana.

Isabel Ducca Durán, socióloga y filóloga.

Alejandra Ducca Durán, socióloga.

Ana Franzen, defensora de Derechos Humanos Internacional, miembro de honor de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos.

Álvaro Vega, sociólogo.

Andrés Mora Ramírez, coordinador de la maestría en Estudios Latinoamericanos, UNA.

Marino Marozzi Rojas, economista.

Oscar Mario Solano Aguilar, médico, profesor universitario.

Dr. Jaime Delgado, catedrático UNA

Edgar Mora Guerrero, ciudadano cédula 202901140

José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor universitario catedrático

Alejandra Cartín Leiva, psicóloga

Cristóbal Montoya, profesor UCR jubilado, expresidente Colegio de Ingenieros Agrónomos

Carlos Luis Chacón Salas, luchador social

Daniel Acuña Lizano, ciudadano

Antonio Ortega Gutiérrez, secretario general del Frente Amplio

Mauricio Jiménez Alvarado, educador, dirigente sindical

Marielos Álvarez Fernández, catedrática UNA. Jubilada

Carlos Alberto Ulloa Bonilla, ciudadano

Ana Virginia Ortiz Ortiz, administradora de empresas turísticas

Juan Guillermo Ortiz Ortiz. ciudadano pensionado

Eugenia Salazar Aguilar, abogada

Walter Benavides Hernández, compositor, productor y cantautor

E. Danilo Pérez Zumbado, académico pensionado UNA

Dr. Celso Vargas, profesor Instituto Tecnológico de Costa Rica

Gilberth Salas Hidalgo, ciudadano

Lic. Antonio Cabal Trejos, abogado independiente

Aurelia Trejos París, artista, compositora, actriz emérita

Andro Zeledón Castro, artista audiovisual

Marielos Azofeifa Víquez, educadora y administradora jubilada

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo, catedrático UNA

Olga Prieto Cruz, socióloga

Carlos Jaime Soley

 

Si desea suscribir el documento puede comunicarlo a nuestro correo: periodico.surcos@surcosdigital.com

 

Enviado por Rodolfo Ulloa Bonilla.

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Pronunciamiento en pro de la paz en Venezuela

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las personas abajo firmantes, ciudadanos costarricenses provenientes de diversos sectores de la sociedad, pero animadas tan sólo por un hondo sentimiento de preocupación por los peligros que corre la paz, tanto regional como mundial, queremos levantar nuestra voz en pro de una solución pacífica y en concordancia con los principios del derecho internacional para solucionar el conflicto que hoy afecta a los hermanos venezolanos.

Levantamos nuestra voz secundando los llamados a la paz y al diálogo, a fin de buscar una solución por medios estrictamente políticos a los problemas internos de Venezuela. Otro tanto ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas. Secundamos las iniciativas diplomáticas de México y las naciones del Caribe. Todo lo cual va en plena concordancia con la tradición de paz de nuestro país. Costa Rica ha hecho de su proclama de una neutralidad perpetua y activa un principio de su Constitución Política. Costa Rica fue firmante de los acuerdos de la II Cumbre de la CELAC en que declara a los países de América Latina y el Caribe como tierra de paz. Nuestro país debe ser fiel a esta tradición de paz y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados soberanos. Es la hora de actuar en concordancia.

Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Si está de acuerdo en suscribir este pronunciamiento favor enviar su nombre completo y profesión, oficio o puesto a: mora_arnoldo@hotmail.com

*Quienes deseen suscribir el documento puedo comunicarlo a nuestro correo: periodico.surcos@surcosdigital.com

 

Imagen ilustrativa.

Información enviada a SURCOS por Rodolfo Ulloa.

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La declaración del Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela adoptada en Montevideo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

El 7 de febrero pasado, el denominado «Grupo de Contacto Internacional (GCI)» adoptó una primera declaración sobre Venezuela. Pocamente divulgado en medios de prensa internacional, su contenido evidencia un nuevo esfuerzo diplomático, promovido esta vez por la Unión Europea (UE), en aras de encontrar alguna salida al impasse en el que pareciera mantenerse la profunda crisis política en Venezuela. El tono de esta declaración conjunta difiere sensiblemente del de otros comunicados conjuntos o resoluciones sobre Venezuela leídos en los últimos meses.

El Grupo de Contacto Internacional (GCI): breves apuntes

Se trata de una iniciativa desplegada por la diplomacia europea a la que se han sumado Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México en América Latina, en aras de encontrar algun mecanismo de acompañamiento en Venezuela que permita una salida negociada a la crisis que ahí se vive: como bien es sabido, el mes de enero del 2019 ha visto agudizarse significativamente la crisis política que azota a Venezuela desde varios años, al haber iniciado formalmente su segundo mandato por 6 años el Presidente Nicolás Maduro (10 de enero) y al haberse proclamado «Presidente encargado de Venezuela» Juan Guaidó, actual Presidente de la Asamblea Nacional, el pasado 23 de enero.

Foto de la Representante de la Unión Europea en materia de Política Exterior con el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica durante la cita en Montevideo convocada por el GCI. Foto extraída de nota de prensa de Informa-tico titulada «Más países apoyan salida pacífica, política y diplomática a la crisis venezolana».

Desde el punto de vista diplomático, puede resultar extremadamente aventurado intentar mediar en una crisis en la que algunos se han inclinado por reconocer como legítima a una u otra autoridad venezolana. Este nuevo esfuerzo busca encaminar un proceso pese a este delicado escollo, incorporando, además de la UE, a varios Estados de América Latina que mantienen incólumes sus vínculos oficiales con las autoridades lideradas por el Presidente Nicolás Maduro, o que han optado recientemente por replantear su posición con relación a Venezuela (caso de México).

Nótese que el «Mecanismo de Montevideo sobre Venezuela» (véase comunicado oficial de México sobre esta propuesta en 4 etapas) inicialmente ideado por México, Uruguay y varios Estados caribeños también coincidió pocas horas antes de la reunión del GCI en la capital uruguaya: véase nota de El Pais (Uruguay) sobre esta iniciativa que dio lugar a una conferencia de prensa de los cancilleres de México y Uruguay el pasado 6 de febrero. Se trata de un mecanismo que posiblemente mantenga vigencia, en particular si el proceso iniciado por el GCI encuentra algún tipo de dificultad y se debe afianzar. Solicitada con relación a este otro esfuerzo impulsado por México y Uruguay durante una conferencia de prensa, la vocera de la UE expresó con respecto al Mecanismo de Montevideo que:

«They are not incompatible with each other. On the contrary, we have discussed ways in which the two can converge towards the aim of having a peaceful, democratic outcome of this crisis, but the composition, the objective and the life of the two initiatives is different. Uruguay is the link – Montevideo is the physical link – to these two initiatives that remain distinct«

(véase texto completo de sus declaraciones a la prensa con fecha del mismo 7 de febrero del 2019).

Declaraciones previas a la del GCI

Esta primera declaración conjunta del GCI fue precedida por otra declaración del denominado «Grupo de Lima«, adoptada el 4 de febrero en Ottawa (véase nota nuestra al respecto). Como bien se sabe, este grupo reúne desde el 2017 a Estados del hemisferio americano partidarios de mantener un tono confrontativo con el Presidente venezolano Nicolás Maduro: entre sus más entusiastas integrantes figuran Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. En la reunión de Ottawa, los integrantes del «Grupo de Lima» consideraron útil (y oportuno) integrar en sus futuras reuniones a las autoridades venezolanas que consideran legítimas, al acordar que:

«2. Acogen con gran satisfacción la solicitud del Presidente Encargado Juan Guaidó de incorporar al legítimo gobierno de Venezuela al Grupo de Lima y le dan la bienvenida«.

(punto 2 de la Declaración de Ottawa adoptada el 4 de febrero por los siguientes Estados miembros del «Grupo de Lima«: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú).

Es preciso recordar que el 26 de enero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una larga sesión sabatina sobre Venezuela, por más de 4 horas y media, en la que se pudo apreciar cuán dividida se mantiene la comunidad internacional sobre la crisis institucional que se vive en Venezuela. La inusual duración de esta sesión se debió al hecho que, además de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, 21 Estados del hemisferio quisieron participar para dar a conocer su parecer: véase al respecto breve nota nuestra publicada en el sitio especializado de DIPúblico.

En América Latina como tal, las divisiones también son evidentes y la región ha quedado desdibujada como pocas veces en su historia reciente. Cabe precisar que, desde diciembre del 2018, México ya no suscribe las declaraciones del «Grupo de Lima» y se puede considerar que ya no es parte del mismo: se trata de una importante baja, al tratarse de uno de sus principales impulsores desde su creación en el 2017, a raíz precisamente de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Cancún en la que la diplomacia de Venezuela logró evitar la adopción de una resolución en su contra por parte de este órgano interamericano (obligando a México a retirar la resolución en la tarde del 21 de junio: véase breve nota nuestra sobre este epidosio pocamente analizado). El hecho que los dos integrantes del Caribe anglófono (Guyana y Santa Lucía) que integran el «Grupo de Lima» no suscribieran la declaración de Ottawa del pasado 4 de febrero también puede reflejar algún tipo de divergencias en el seno de este grupo.

En el marco interamericano, cabe señalar la adopción de una resolución por parte del Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela el pasado 10 de enero del 2019, con 19 votos a favor (de 34 votos) y la abstención de El Salvador, México y Uruguay: véase breve nota nuestra al respecto, que reproduce el texto de dicha resolución y el detalle del voto obtenido.

La declaración del GCI como tal

El texto de la declaración final adoptada por el GCI en Montevideo el pasado 7 de febrero no contó con el apoyo de Bolivia… ni de México. Su contenido se reproduce a continuación tal como difundido por la diplomacia española (véase enlace oficial) se lee como sigue:

07/02/2019

«Conscientes de la severidad de la crisis actual en Venezuela y de su impacto en la región y profundamente preocupados por la difícil situación de su pueblo, el Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela mantuvo su primera reunión en Montevideo el día 7 de febrero de 2019.

El GCI apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana.

Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional.

El GCI destaca que las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos deben ser respetadas. Deplora los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza y subraya que el uso de la violencia no es nunca una solución.

En su primera reunión, el Grupo analizó la situación del país y discutió sobre cómo podría ayudar para encontrar un camino pacífico que pueda conducir a la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las condiciones y garantías necesarias en conformidad con la Constitución, como fuera establecido en los términos de referencia del GCI.

El GCI también reconoce la crisis humanitaria que se continúa profundizando día tras día, afectando a millones de venezolanos. El Grupo expresó su compromiso de desplegar más asistencia en áreas de necesidad y coordinar su entrega en conjunto con el Representante Especial de la ACNUR/OIM, Sr. Eduardo Stein.

Para dicho fin, el GCI, a través de sus co-presidentes de esta reunión, procederán con los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes así como con los socios regionales e internacionales con el objetivo de: I) establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble, en el menor tiempo posible, II) permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria.

A efectos de implementar ambas metas, el Grupo enviará una misión técnica al país.

El GCI convocará nuevamente una reunión a nivel ministerial a comienzos del mes de marzo para analizar el desarrollo.

La declaración ha sido acordada por los siguientes miembros del Grupo Internacional de Contacto: Uruguay, Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido«.

Tal y como se puede apreciar, el tono de esta declaración difiere sensiblemente del que usualmente se aprecia en las del autodenominado «Grupo de Lima» desde mediados del 2017, priorizando el GCI entre sus objetivos el establecimiento de garantías para un futuro «proceso electoral creíble» en Venezuela. La ausencia de toda mención explícita al carácter legítimo o ilegítimo de las autoridades en Venezuela es otro aspecto a tomar en cuenta: posiblemente explique la ausencia de reacción formal por parte del aparato diplomático venezolano (mediante algún comunicado de prensa) a esta declaración del GCI. Una primera forma de señal que pasó desapercibida para muchos y que, en nuestra opinión, merece mención.

Nótese que el único Estado que participa en el «Grupo de Lima» y a la vez en el GCI es Costa Rica.

A modo de conclusión

Esta primera declaración del GCI permite canalizar los esfuerzos internacionales en aras de intentar mediar en la crisis venezolana, y abrir un espacio para la diplomacia, el cual pareciera haberse cerrado en el marco de la OEA: una organización regional a la que Venezuela dejará oficialmente de ser Estado Miembro en abril del 2019 (al materializarse la denuncia de la Carta de la OEA presentada formalmente por Venezuela en abril del 2017). Cabe destacar que, a diferencia de su homólogo en la OEA, el Secretario General de Naciones Unidas mantiene de igual forma, pero de manera separada al GCI, su disposición ofreciendo sus buenos oficios para lograr resolver la crisis que se vive en Venezuela (véase comunicado oficial del 4 de febrero del 2019).

En el marco subregional, la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) también se expresó en términos similares desde Nueva York (véase declaracion oficial del 31 de enero del 2019).

Con relación a la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC), desde que inició este 2019 no se ha pronunciado sobre la crisis en Venezuela. Bolivia asumió la Presidencia Pro Tempore de esta entidad a mediados del mes de enero.

Por su parte, el Estado del Vaticano, cuyo delegado asistió a la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, también está intensificando sus esfuerzos diplomáticos en aras de lograr una salida negociada en Venezuela.

Tal y como se puede observar, son varios los intentos diplomáticos desplegados y es muy posible que la UE deba aceptar coordinar sus esfuerzos con el de otras entidades regionales para lograr sus objetivos en Venezuela.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

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Costarricenses reclaman autodeterminación para Venezuela

Escrito en . Publicado en Derechos.

Organizaciones gremiales, estudiantiles y personalidades diversas reclamaron independencia y paz regional y advirtieron al gobierno del presidente costarricense, Carlos Alvarado, que desconocer el principio de no injerencia en la República Bolivariana de Venezuela es violar la Carta de las Naciones Unidas.

“Hacemos un llamado respetuoso a nuestro gobierno para que encause sus esfuerzos hacia el rescate de una política exterior de paz, que nos garantice trabajo a todos, independiente y sea apegada a los principios democráticos y del Derecho Internacional”, señalan en un amplio documento divulgado entre medios de comunicación.

El pronunciamiento en el que pide respeto por la soberanía y la autodeterminación de los venezolanos está firmado por profesionales de distintas ramas, jubilados, dirigentes estudiantiles, políticos y municipales, entre otros.

De hecho, el documento contiene un análisis en que demuestra jurídicamente que el llamado grupo de Lima carece de asidero legal para desconocer el orden institucional en Venezuela.

Es solamente las Naciones Unidas con fundamento en su Carta constitutiva la que puede conocer o desconocer otro Estado, indican al gobierno de Alvarado.

Mañana bajo esta equivocada óptica, añaden, cualquiera desconoce el artículo 33 de la Carta de la ONU violando los mecanismos para una solución civilizada de los problemas en los países.

Los firmantes son del criterio que Costa Rica, al plegarse a una visión estrecha de un mundo unilateral y unipolar, que se escuda en valores de la democracia, no solo “amenazan nuestra neutralidad desarmada, sino que con un injerencismo pasmoso y propio del siglo XVI” pone en peligro el desarrollo socioeconómico.

El pronunciamiento indica que quienes intentan imponer a Venezuela la “democracia” del grupo de Lima ni siquiera han resuelto internamente los problemas del desempleo, la falta de vivienda y la erradicación de la corrupción y la impunidad entre otros.

La experiencia ha demostrado que ninguna de las naciones donde se han desarrollado conflictos bélicos escudándose en la democracia y los asuntos de seguridad, para controlar pasos estratégicos o recursos naturales, como Irak, Libia, Siria, Yemen, etc., salieron bien libradas económica y socialmente, enfatizan.

Llaman a redoblar esfuerzos por la paz y piden exigir al gobierno del presidente Alvarado una política exterior independiente, y paz y trabajo.

Es urgente, enfatizan, llamar al gobierno de Costa Rica a rectificar ilegales y peligrosas decisiones recientemente adoptadas en torno a asuntos internos de Venezuela, que fuerzas oscuras instrumentalizan para «justificar» medidas de guerra económica y militar.

PRONUNCIAMIENTO TEXTUAL

Costarricenses reclamamos independencia y paz

Nosotros, miembros de movimiento sociales de diversos signos políticos, hacemos un llamado respetuoso a nuestro gobierno para que encause sus esfuerzos hacia el rescate de una política exterior de paz, que nos garantice trabajo a todos, independiente y sea apegada a los principios democráticos y del Derecho Internacional. Sostenemos que solo la Organización de Naciones Unidas (ONU), conforme a su declaración matriz, tiene asidero en el Derecho Internacional para desconocer en grupo un gobierno como sucedió con la República Bolivariana de Venezuela – mañana bajo esta equivocada óptica puede ocurrir a cualquiera otro-, violándose, a nuestro parecer, el Artículo 33 1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. Artículo 34 El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Artículo 35 1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta. 3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos 11 y 12. Somos del criterio de que, nuestro país, al plegarse a una visión estrecha de un mundo unilateral y unipolar, que se escuda en valores de la democracia que ni siquiera cumplen quienes apuestan a la confrontación regional, no solo amenazan nuestra neutralidad desarmada sino que con un injerencismo pasmoso y propio del siglo XVI sobre los asuntos internos de otros Estados, nos hacen creer que las metas alcanzadas en la economía, en seguridad social y en el desarrollo general del país, quedará al margen de una eventual confrontación bélica regional. La experiencia ha demostrado que ninguna de las naciones donde se han desarrollado conflictos bélicos escudándose en la democracia y los asuntos de seguridad, para controlar pasos estratégicos o recursos naturales, como Irak, Libia, Siria, Yemen, etc., salieron bien libradas económica y socialmente hablando. Ni siquiera los mismos países que promovieron estos conflictos con el silencio o el doble discurso, como los europeos, salieron ilesos, pues al día de hoy siguen sin resolver el hambre y las masivas migraciones que ellos mismo provocaron. Costarricenses: Toda paz por endeble que sea es mejor que cualquiera buena guerra. Exijamos con respeto a nuestro gobierno del Presidente Alvarado una política exterior independiente, paz y trabajo. Urgente llamado al Gobierno de Costa Rica a rectificar ilegales y peligrosas decisiones recientemente adoptadas en torno a asuntos internos de Venezuela, que fuerzas oscuras instrumentalizan para «justificar» medidas de guerra económica y militar que vienen imponiendo, con gravísimas consecuencias para ese país y, seguramente, para toda la región. Fuera injerencismos en América Latina. No a la guerra entre hermanos.

2 de febrero, 2019

Isabel Ducca Durán. Profesional Marcela Naranjo Segura. Regidora municipal, Frente Amplio Ariel Foster. Miembro Frente Amplio de Heredia Fabbio Serdas Alvarado. Pintor y escultor. Oscar Leiva Cerrato. Promotor social Ulises Araya Chaves. Estudiante de la Universidad de Costa Rica, Enseñanza de Estudios Sociales y Cívica. Leda Méndez. Abogada, pensionada Germán Guardiola Solís. Profesional independiente Francisco Avendaño Herrera Sonia Solís. Trabajadora Social, profesora pensionada Universidad de Costa Rica José Zelaya. Líder juvenil y músico Ms. Axel Hernández Fajardo. Catedrático jubilado de la Universidad Nacional Eva Carazo Vargas. Ecologista, consultora independiente Jimmy Arroyo Arrieta. Directivo Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo de Heredia Silvia Rodríguez Cervantes. Profesora Emérita Universidad Nacional. Ecologista Xiomara Esquivel. Actriz y activista Antonio Chaves. Maestro de serigrafía y activista Haydee Blanco Fitori, activista Guillermo Morales Montoya. Abogado Sonia Zamora Chavarría. Pensionada Carlos Cabezas Mora. Administrador María Magdalena Cano Valle. Profesora de Español Rosa María Muñoz Varela. Docente Patricio Arenas. Actor Ana Lucía Cabal Antillón. Educadora pensionada Ana Isabel Robles Cascante. Socióloga Vilma Pacheco Rodríguez, activista derechos humanos Carlos Díaz. Pensionado, activista y trabajador de las artes gráficas Ximena Araneda Fornachiari. Economista Luis Arturo Chaves Alvarado. Economista Lino Rodríguez Sandoval, miembro del Círculo Socialista Bolivariano Nicolás Maduro de Costa Rica. José Luis Callaci, Abogado José Gerardo Riba Lazo, Abogado Eduardo Álvarez, Abogado Trino Barrantes Araya, Poeta Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (FUNDEHUCA) Grupo Semilla Ramonense Círculo Bolivariano Yamileth López Comité Costarricense de Solidaridad con Nicaragua Soberana.

 

Enviado a SURCOS por Rafael Ángel Ugalde Quirós.

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