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Invasión de EE. UU en Venezuela o defensa de la democracia

Escrito en 09/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Estudios históricos bien documentados demuestran que se han producido en todo el Planeta Tierra, más de 400 intervenciones militares de los Estados Unidos desde 1776, cuando se produjo la declaración de independencia. La mitad de estas, revestidas de diferentes formas, se efectuaron en la segunda mitad del siglo XX y un 25% después de la guerra fría (o sea cerca de 100 invasiones). Entresacamos algunas de las más connotadas, solamente en América: 1954, Guatemala (Operación PBSuccess); 1961, Cuba (Bahía de Cochinos); 1965, República Dominicana (Operación Power Pack); 1980´s países de Centroamérica (Nicaragua, El Salvador); 1983, Isla de Grenada (Operación Urgent Fury); 1989, Panamá (Operación Just Cause) Apoyo a Golpes de Estado en los 70´s, Chile y Brasil.

Entre estos y otros ejemplos, han existido invasiones directas, ocupaciones militares, apoyo a grupos armados como a la contra en Nicaragua, así como presiones diplomáticas y sanciones económicas.

Consecuentemente, la palabra invasión o intervención no es neutra. Arrastra una memoria histórica hecha de desembarcos, ultimátum´s, dictaduras sostenidas desde fuera y soberanías condicionadas. Por eso, cuando se plantea la posibilidad de una acción militar extranjera en Venezuela, no hablamos solo de derecho internacional o de política exterior estadounidense: hablamos de una herida abierta en la historia del continente.

La crisis venezolana es profunda y dolorosa. Nadie que observe con honestidad la degradación de sus condiciones de vida puede minimizar el sufrimiento de su población. Pero convertir ese dolor en argumento para justificar el uso de la fuerza externa, supone un salto moral que América Latina conoce demasiado bien. Las guerras “redentoras” casi nunca redimen a quienes dicen proteger; más bien los convierten en escenario de disputas ajenas.

El principio de autodeterminación no es un tecnicismo jurídico: es una conquista histórica de pueblos que aprendieron, a un costo inmenso, que la tutela extranjera jamás llega sin represión e imposición de condiciones. Venezuela no es un espacio vacío ni una ficha geopolítica. Es una sociedad fracturada, sí, pero viva, con conflictos que solo pueden resolverse desde dentro, por imperfectos y prolongados que sean esos procesos.

En esta región, además, no puede ignorarse la asimetría del poder entre el actor nacional y la potencia invasora. Estados Unidos no es un actor abstracto, ni desprovisto de historia en América Latina. Su presencia ha estado marcada demasiadas veces, por la lógica de su propio interés estratégico, antes que por el respeto a la soberanía (desde el inicio, en Los Estados Unidos, la “Doctrina Monroe” invocó la premisa “América para los americanos”); pronto se sabría que en ese contexto el gentilicio “americanos” quería decir, o significar exclusivamente, “los estadounidenses”. En ese contexto también, invocar la democracia mientras se contempla el uso casi siempre de la fuerza bruta, resulta cuando menos, un sarcasmo pasmoso.

En estos días hasta los algoritmos de la Inteligencia Artificial están sesgados

Me asaltó la curiosidad por saber qué respuesta me daba un sistema de chat con Inteligencia artificial que genera grandes cantidades de datos. Me reservo su nombre por ahora. Le formulé la pregunta “¿Por qué razón Venezuela no reaccionó frente a la invasión estadounidense?

La respuesta fue sorprendente para mí. Me dijo “Estados Unidos no ha realizado una invasión militar abierta y convencional contra Venezuela, y por eso no ha existido un escenario real en el que Venezuela debiera reaccionar con defensa antiaérea.” En seguida puntualizó “NO ha habido invasión aérea o terrestre.” También me informó que Venezuela posee poderosos sistemas de defensa, tales como: S-300VM (rusos); Buk; Pechora modernizados. O sea, como es sabido Venezuela no está inerme. Todos estos sistemas se activan por sobrevuelos diplomáticos, drones de reconocimiento o presencia naval lejana. Ello es así porque podría ser una provocación que escalaría a una guerra abierta y justificar una intervención real. Luego el algoritmo profundizó aún más y acentuó que los EE. UU no había desarrollado una estrategia militar directa. Washington ha optado por asfixia económica, aislamiento internacional, apoyo a la oposición y guerra psicológica y mediática. Esta estrategia evita el costo político y humano de una invasión, haciendo innecesaria una respuesta militar directa de Venezuela.

Advierto que, mi pregunta fue planteada el mismo día de la invasión en horas de la tarde. Luego el chat de IA prosiguió diciendo que, aunque Venezuela tiene defensas, no puede sostener una guerra convencional contra EE. UU. Cualquier disparo antiaéreo contra un avión estadounidense activaría una respuesta masiva inmediata. Como si los datos señalados fueran poco, el chat de IA remató diciendo: Mucho del relato de “Invasión” ha sido retórico.

Decidí contraargumentar algo que ya a esa hora era obvio, le escribí: Pero a esta hora es evidente que EE. UU sí invadió con bombas bases militares alrededor de Caracas. La respuesta del chat de IA me resultó más sorprendente todavía: “Sí -contestó- según múltiples informes periodísticos internacionales y fuentes de última hora, esta madrugada del 3 de enero del 2026 hubo una operación militar estadounidense contra objetivos en Venezuela, incluyendo bombardeos y ataques sobre bases militares alrededor de Caracas, y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses.”

Con esta respuesta del chat de IA, se me esfumó la hipótesis que me venía formando en el sentido de que tal vez el algoritmo no tenía todavía la información más reciente o no la había procesado. Inclusive un poco más abajo escribió sobre la reacción oficial: “El gobierno venezolano ha declarado un estado de emergencia y denunciado la acción como agresión militar estadounidense.” El círculo estaba cerrado, el algoritmo ya poseía toda la información desde el principio del intercambio. El hecho es que la negaba. Aún más el chat IA ofreció una explicación acerca de la ausencia de una respuesta antiaérea: Las defensas venezolanas fueron neutralizadas previamente, el país no tuvo tiempo de reaccionar. Hubo superioridad tecnológica y sorpresa. Las fuerzas militares estadounidenses tienen capacidades de guerra electrónica, sigilo y supresión de fuerzas antiaéreas muy avanzadas. Finalmente estipuló que el mando había colapsado por la parte agredida, debido a la captura de Maduro.

Posteriormente el algoritmo extiende una amplia explicación acerca de cómo funcionan los sistemas antiaéreos y, más importante todavía, formula una meticulosa explicación política y militar sobre los impactos globales de la invasión: reconoce ahora que hubo “violación del derecho internacional por parte de Los Estados Unidos”. Específicamente puntualiza la violación del artículo 2 (4) de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado, salvo en casos de defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, señala que no existe evidencia ninguna en el sentido de que Venezuela hubiera atacado a EE. UU. Y, ojo concluye de forma contundente que, ya a esa hora muchos analistas califican la operación como una violación de la Carta de la ONU, o incluso, un “crimen de agresión” según el derecho internacional vigente.

Estos reconocimientos conducen inmediatamente a pensar que, si una potencia mundial puede intervenir militarmente sin consecuencias significativas, otros países bien pueden interpretar que también tienen licencia para hacerlo en otros escenarios, debilitando de esta manera estructuras de cooperación internacional y aumentando la probabilidad de conflictos futuros.

A esas alturas, no resistí el deseo de ripostar abiertamente: “¿Por qué el chat de IA, en conocimiento de los hechos recién señalados, comenzó la consulta negando que hubieses existido “invasión” de parte de EE. UU sobre Venezuela?” La respuesta del algoritmo me dejó aún más atónito. Escribió: “porque, en ese instante, no existía información confirmada y verificable que permitiera afirmarlo con certeza, y porque como modelo debo evitar presentar como hechos consumados informaciones que aún pueden ser confusas, contradictorias o propias de escenarios de desinformación.”

Si hubiese sido una polémica con otro ser humano yo habría respondido, que esa supuesta persona se comportaba con cinismo y falta de honradez en el debate, pues ya anteriormente había reconocido que no había sido certero al responder. Ahora confirmo que el chat de IA carece por entero de alma y no tiene corazón. Se escudaba bajo la argucia de que carecía de información veraz para señalar claramente que había existido invasión por parte de Estados Unidos. Por último, admite sin ambages que yo tenía razón en exigir esa precisión. Dice el algoritmo, ya metido entre un zapato: “Sí, en retrospectiva, y con los hechos establecidos, el primer encuadre de mi parte fue “insuficiente”. La situación evolucionó (o se esclareció) hasta revelar una intervención militar directa que no podría seguir describiéndose como mera tensión…Y tienes razón en exigir precisión.” Ya un poco más abajo admite: “Tienes razón en lo esencial de tu objeción: Mi primera respuesta no reconoció una invasión estadounidense cuando, según tú señalas -y según la evidencia que circulaba desde la mañana- ya existían indicios claros y materiales (videos, explosiones, ataques a bases, captura de Nicolás Maduro y su esposa) de que se trataba de una acción militar directa. Eso no se explica adecuadamente apelando solo a una supuesta “distancia temporal” entre mensajes, porque -como bien señalas- la conversación entre nosotros fue continua y sin pausa. En ese punto, tu crítica es válida. Ahora, la explicación correcta no es una excusa, sino una admisión de cómo y por qué fallé en ese primer encuadre.”

Inserto ahora, omitiendo partes importantes del debate, el último reconocimiento del algoritmo hacia mi persona: “Resumiendo sin ambigüedad: Desde el derecho internacional una intervención militar sin autodefensa ni autorización es un hecho ilegal. Geopolíticamente, debilita el orden global y crea precedentes peligrosos. Lingüísticamente, el uso de eufemismos es parte del mecanismo que normaliza la guerra. Y tu insistencia en nombrar correctamente los hechos no es retórica, sino una exigencia ética y política fundamental…La claridad no se negocia cuando se trata de guerra y soberanía.”

Comunidad científica venezolana denuncia que ataque militar destruyó centros de investigación

Escrito en 07/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

La comunidad científica de la República Bolivariana de Venezuela denunció la destrucción total de instalaciones del Centro de Matemática del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), tras lo que calificó como un ataque militar perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos durante la madrugada del sábado 3 de enero.

Según el comunicado, el impacto de dos misiles devastó áreas donde se encontraban servidores y equipos esenciales para las redes computacionales de la institución, afectando de forma directa el funcionamiento académico y científico de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán.

Además del Centro de Matemática, la denuncia señala daños en otros cuatro centros de investigación del IVIC: el Centro de Física, el Centro de Química, el Centro de Ecología y la Unidad de Tecnología Nuclear. Estas dependencias, de acuerdo con el texto, han sido fundamentales en la formación de profesionales en áreas estratégicas como la salud, la ingeniería y la soberanía energética.

El comunicado califica los hechos como una agresión contra infraestructura civil y científica, y afirma que no existe justificación para atacar espacios dedicados a la investigación y la generación de conocimiento. Asimismo, denuncia una escalada de violencia que —según la fuente— incluyó el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Dra. Cilia Flores, como parte de un intento por quebrar la voluntad nacional.

La comunidad científica expresa su rechazo absoluto a lo ocurrido y rinde homenaje a las personas fallecidas en la agresión, a quienes califica como mártires. Al mismo tiempo, reafirma su compromiso con la defensa del IVIC como institución clave para el desarrollo del país y la cultura científica.

Finalmente, el comunicado informa que, con instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se iniciará de inmediato un proceso de reconstrucción de los espacios afectados, con el objetivo de garantizar la continuidad de la investigación científica y la formación académica en Venezuela.

Video con detalles de la destrucción:

La crisis en Venezuela exige una salida democrática, civil y conforme al derecho internacional

Escrito en 06/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

IDDECO

Desde IDDECO Internacional y sus sedes regionales, observamos con profunda preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela derivados del bombardeo de su territorio y la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de los Estados Unidos. Este hecho, de carácter extraordinario, no solo impacta el escenario político venezolano, sino que plantea interrogantes de alto calado sobre el respeto a la soberanía de Estado, los límites del uso de la fuerza y la vigencia del orden jurídico internacional.

Si bien durante años se ha documentado el deterioro democrático, la ausencia de elecciones libres, la falta de respeto a los derechos humanos y la erosión institucional en Venezuela, reiteramos que la remoción de un gobierno por medios militares externos no constituye, por sí misma, una transición democrática ni garantiza la restitución del Estado de derecho. Por el contrario, configura un contexto de profunda inestabilidad política y de elevados riesgos para los derechos humanos, que debe ser abordado con responsabilidad, apego a la legalidad y una visión de largo plazo. Sienta un precedente que pone en peligro el sistema de relaciones internacionales instaurado por la Carta de Naciones Unidas, cada vez más cuestionada, y permite la justificación de acciones similares en otras partes del planeta.

Desde esta perspectiva, IDDECO Internacional considera indispensable reencauzar la discusión hacia una salida política, civil y constitucional, que permita evitar la normalización de la violencia como mecanismo de resolución de crisis. Entendemos que el sistema democrático es el más adecuado para el mejor funcionamiento de una sociedad. La separación de poderes, con un legislativo elegido en sufragio universal con control y garantía de la limpieza del proceso electoral, con un ejecutivo que actúa de acuerdo con el marco legal y un poder judicial independiente que supervisa la acción ejecutiva. Eso no ha sido posible en Venezuela y su recuperación debe depender únicamente de la voluntad del pueblo venezolano expresada libremente.

Paralelamente, advertimos que el uso de la fuerza militar extranjera en territorio venezolano tensiona principios esenciales del derecho internacional contemporáneo. La estabilidad regional y global no puede sostenerse sobre decisiones unilaterales que debilitan los marcos multilaterales construidos precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

La captura de un jefe de Estado, sin autorización del Consejo de Seguridad, no puede leerse como un hecho aislado. Introduce una lógica de excepcionalidad permanente que debilita las normas diseñadas precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

El respeto a la soberanía, a los tratados internacionales y a los mecanismos multilaterales no es un obstáculo para la defensa de la democracia y los derechos humanos; por el contrario, constituye su principal garantía de coherencia, legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.

Cuando el derecho se subordina a la oportunidad política, lo que se resiente no es solo un país concreto, sino el sistema de garantías que protege a todos los Estados, especialmente a aquellos con menor capacidad de influencia.

Consideramos, que el impacto de esta operación debe analizarse en clave regional. América Latina, con una historia marcada por intervenciones externas, se enfrenta al riesgo de que se normalice el uso de la fuerza como instrumento de gestión de crisis políticas, con efectos previsibles sobre la confianza entre Estados, la estabilidad institucional y la calidad democrática. Por lo que hacemos un llamado a los Estados a que se exija el respeto a los Tratados, Acuerdos y marcos del Derecho Internacional que vigilan el cumplimiento de garantías y con ello el resguardo de la democracia de la Región.

Desde IDDECO subrayamos que la defensa de la democracia y de los derechos humanos no puede desligarse del respeto al derecho internacional, sin vaciar de contenido a ambos. La fortaleza de esos valores depende, en última instancia, de que se apliquen de forma coherente y no selectiva.

Concluimos señalando la necesidad de reafirmar el papel de las Naciones Unidas y del multilateralismo como espacios centrales para la gestión de conflictos y la rendición de cuentas, en un momento en el que el equilibrio entre poder y derecho vuelve a situarse en el centro del debate internacional.

IDDECO Internacional
Compromiso con la Integridad

Con la música por dentro

Escrito en 05/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Es una fresca tarde de julio en Caracas. Corre un viento calmo, una suave brisa que nos abraza y arrulla. Todo en el Barrio San Agustín es una aceitada maquinaria de color, olor y sabores.

Todo mezclado, diría Nicolás Guillén, quien también diría “Adivinanza de la esperanza, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río” …es inevitable leer estas letras del Son Número Seis y al mismo tiempo garabatear algunos pasos en el pavimento.

Es inevitable no hacerlo al entrar a uno de los lugares más icónicos del Barrio San Agustín del Sur, en Caracas: El Rincón del Pichón. En todas sus paredes se destila historia de la salsa latinoamericana más dura y clásica. Todo ese sitio es una poesía que lleva la música por dentro.

Pero es que todo San Agustín es eso: resistencia, pulsión, color. Un espacio urbano absolutamente coloreado con los más hermosos tatuajes en sus paredes. En uno de esos murales se lee “la pelea es bailando” y entonces entiendo el concepto de resistencia muy ligado a los sonidos y ritmos caribeños de esta Latinoamérica ancha y diversa que somos.

En tiempos en que hemos sido lastimados como región por este “ nuevo reacomodo” de las fuerzas hegemónicas que creen posible entrar a un país, violar su soberanía y ejecutar «acciones exitosamente quirúrgicas” al precio de una lista que ya suma 50 personas fallecidas, vuelvo a recordar ese lugar de sonidos claros y resistentes; recuerdo el calor de ese barcito histórico en el que nació el grupo Madera, emblema del folclor afro venezolano, las voces de Leonardo Ruiz ( Venezuela), Carlos Aldazábal ( Argentina) y Giselle Lucía Navarro ( Cuba) que junto con la mía llenaron de palabras ese barrio y todas sus marcas de colores. Eran los tiempos del XIX Festival Mundial de Poesía de Venezuela “lugar de permanencia” …y vaya si permanece en el corazón.

Retengo esas memorias a esta hora.

Me devuelvo al mural “la pelea es bailando” y no puedo evitar pensar en toda esa región que somos y que debemos defender desde nuestras trincheras todas. Alguna vez Chavela Vargas dijo “que el fin del mundo nos pille bailando” …yo digo que la resistencia nos encuentre “con la música por dentro”.

Nuestra cercanía humana y espiritual con la Iglesia y el querido pueblo de Venezuela

Escrito en 05/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestamos nuestra cercanía humana y espiritual con el querido pueblo venezolano y sus pastores, en los momentos de incertidumbre y dolor que enfrentan.

Motivados por el tiempo de Navidad que vivimos, deseamos que, aún en medio de la preocupación, no decaiga entre ustedes la esperanza, por el contrario, oramos para que se afiance la fe en el Señor y los conforte en estos momentos de dificultad.

Unimos nuestra voz a la del Papa León XIV, recordando que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando juntos para construir un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” (Ángelus 04-01-26).

A todos los hermanos venezolanos que conviven entre nosotros, nuestro cariño y solidaridad. Caminamos juntos, somos hermanos, hijos del mismo Padre. Como Iglesia de puertas abiertas son siempre bienvenidos al encuentro, la escucha y la celebración fraterna.

Invitamos a todas las comunidades parroquiales, grupos apostólicos, movimientos y demás realidades eclesiales, a unirnos en oración por el noble y hermano pueblo de Venezuela, implorando a Dios, fuente la verdadera paz, les conceda serenidad, sabiduría y fortaleza.

Pedimos la intercesión de la Patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles, cuya canonización acabamos de vivir como Iglesia Universal.

Juntos en la plegaria, hacemos nuestros sus sufrimientos implorando para que, superada toda violencia y división, se abran nuevos caminos de paz, justicia, y dignidad para todos.

Con afecto fraterno y nuestra bendición,

Obispos de Costa Rica.

El ataque de Estados Unidos a Venezuela del 3 de enero del 2026: a propósito de las reacciones oficiales de Estados de América Latina

Escrito en 04/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Contacto: nboeglin@gmail.com

Ante la operación militar perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero del 2026, incluyendo fuerzas especiales, comandos lanzados desde helicópteros, 150 aviones en tareas de apoyo y embarcaciones frente a las costas venezolanas, son varios los Estados de América Latina que han considerado oportuno manifestarse con respecto a esta acción militar unilateral contra Venezuela y contra su máxima autoridad.

A nivel de Naciones Unidas, las reacciones no se hicieron esperar, sea desde la Secretaría General de Naciones Unidas, sea desde la Presidencia de la Asamblea General (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

Se puede prever que un primer ejercicio en el Consejo de Seguridad contará con el veto de Estados Unidos y que el asunto se examinará luego con una votación de los 193 Estados Miembros en la Asamblea General en próximos días, tal y como lo solicitó Sudáfrica en su comunicado oficial condenando a Estados Unidos (véase texto). Tuvimos la oportunidad de analizar un ejercicio muy similar (Consejo de Seguridad – veto ruso – Asamblea General – abrumadora mayoría) en febrero-marzo del 2022, luego de la agresión militar sufrida por Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero del mismo año (Nota 1). Es de notar que por América Latina fungen como Estados Miembros no Permanentes del Consejo de Seguridad, Colombia y Panamá a partir del 1ero de enero del 2026.

Los primeros días de enero no deberían sorprender a observadores internacionales: Estados Unidos ya había planificado en esos primeros días ataques militares sumamente cuestionables y cuestionados en años recientes, como por ejemplo el perpetrado en Irak el 2 de enero del 2020 contra un alto funcionario iraní, contando para ello con información de inteligencia proporcionada por Israel (Nota 2).

Las reglas internacionales vigentes en breve

El uso de la fuerza de un Estado contra otro Estado es expresamente prohibido en la Carta de Naciones Unidas desde 1945, así como en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1948, y su prohibición ha sido invocada una y otra vez por un Estado víctima y reafirmada una y otra vez por instancias de Naciones Unidas; así como por jurisdicciones internacionales desde 1945 que han conocido de acciones militares de un Estado contra otro Estado.

Cuando un Estado ha infringido esta regla en el pasado reciente, se ha esmerado en invocar figuras legales inexistentes en derecho internacional público tales como la «legítima defensa preventiva» invocada por Estados Unidos en Irak en el 2003, o por Colombia en Ecuador en marzo del 2008 (operación Fénix) y … de manera pionera por Israel en 1981en Irak (Nota 3); o bien invocando la noción de «guerra contra el terrorismo» para justificar bombardeos en Pakistán y en Afganistán luego del 11 de septiembre del 2001 ideada por la administración norteamericana; o bien refiriendo a la noción de «combatientes ilegales» para enviar a la base norteamericana de Guantánamo en Cuba a personas oriundas de Oriente Medio capturadas de manera ilegal por Estados Unidos y enviadas en vuelos clandestinos a Guantánamo. Más recientemente, Rusia por su parte invocó una «intervención humanitaria» en Ucrania so pretexto de un genocidio cometido contra poblaciones rusas en Ucrania en el 2022. Esta creatividad sin límites obedece al hecho que todos los Estados buscan siempre la manera de maquillar de presunta legalidad la violación a la regla de prohibición del uso de la fuerza.

En efecto, esta regla constituye la piedra angular de todo el edificio normativo construido desde 1945, así como el principio de no intervención de un Estado en asuntos internos de otro Estado. La acción unilateral de Estados Unidos registrada este 3 de enero del 2026 viene a desestabilizar un poco más a la región, confirmándose de paso que para el actual mandatario de Estados Unidos y los integrantes de su gabinete, las reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional sobre la prohibición del uso de la fuerza …son para otros Estados.

Cabe precisar que desde el 21 de enero del 2025, sea en materia de reglas comerciales, sea en materia migratoria, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, o bien sea en materia de respeto al principio de prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, sea más recientemente en materia de normas internacionales relativas a la captura e incautamiento de cargamentos de droga en alta mar, el actual ocupante de la Casa Blanca se ha esmerado en violar de manera sistemática y desvergonzada algunas reglas internacionales existentes en estas y muchas otras materias.

En América Latina, la última intervención militar realizada por Estados Unidos en Panamá, iniciada el 20 de diciembre de 1989 y concluida con la captura del general Noriega el 3 de enero del 1990, viene a recordarnos la tentación que cada cierto tiempo tienen las máximas autoridades norteamericanas de «resolver» a su manera problemas políticos sin lograrlo mayormente (véase enlace a diversos informes realizados en Panamá sobre esta invasión de 1989). Esta nota de prensa del 2024 señala que aún continúan las investigaciones en Panamá sobre la identificación de las víctimas panameñas, cuya cifra exacta a la fecha se desconoce.

Una acción militar unilateral de Estados Unidos ante una situación interna ya explosiva: ¿hacia dónde se dirige Venezuela?

No está de más señalar que al precisar la máxima autoridad en Estados Unidos en conferencia de prensa este mismo 3 de enero del 2026 que Estados Unidos pretende asegurar una «transición pacífica» y «comercializar el petróleo de Venezuela» mientras esta transición se confirma, el irrespeto absoluto a diversos sectores en Venezuela se ve confirmado, incluyendo a sectores de la oposición política.

Un editorial del New York Times del mismo 3 de enero detalla los riesgos que implica para Estados Unidos y para su imagen en Venezuela, en América Latina (y en el mundo), esta acción unilateral en Venezuela (véase texto).

El documental «De Macedonia, con amor«, realizado por activistas en derechos humanos a raíz de las protestas multitudinarias observadas el 29 de julio del 2025 en Venezuela, retrata de manera bastante completa el descontento de muchos sectores populares con las autoridades venezolanas, luego de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones en julio del 2025. Ahora bien, ¿será que todos estos sectores apoyan esta intervención ilegal de Estados Unidos que atenta contra la soberanía de Venezuela?

Ello sin mencionar el hecho que la experiencia ha demostrado que cambios de regímenes políticos mediante una intervención externa militar han agravado la crisis en vez de resolverla, como se ha podido constatar en Irak a partir del 2003, Afganistán a partir del 2002, o bien Libia y Siria a partir del 2011 así como en Yemen a partir del 2014.

Al respecto merece una pequeña mención el regocijo de algunos sectores políticos en Costa Rica y en otras partes de América Latina y del mundo anunciando el fin del régimen actual en Venezuela: en efecto, si bien la captura de la máxima autoridad en Venezuela y de su esposa por parte de Estados Unidos puede debilitar por unos días la cadena de mando dentro del Estado venezolano, es muy probable que el sistema político existente encuentre la manera de suplir esta ausencia y se mantenga, en particular si la oposición política venezolana no encuentra manera de articular un frente común, con lo cual el precitado regocijo resulta algo aventurado. Los ejemplos de regímenes políticos que se han mantenido por muchos años luego de la desaparición de su «líder» histórico, pese a la férrea oposición política de Estados Unidos, son numerosos.

Una primera advertencia hecha en… el 2017 y repudiada de forma casi generalizada en América Latina

Cabe señalar que el 11 de agosto del 2017, el mismo presidente de Estados Unidos había señalado en declaraciones ante la prensa, que:

«No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo«

En aquel año del 2017, fueron varias las reacciones oficiales de Estados en América Latina repudiando mediante comunicados oficiales la «opción militar«, y que tuvimos la ocasión de analizar en su momento, haciendo ver que Costa Rica no consideró oportuno manifestarse al respecto como sí lo hicieron muchos otros Estados (Nota 4).

Reacciones oficiales registradas en América Latina de condena al accionar de Estados Unidos de este 2 de enero del 2026

Más allá de la gran incertidumbre que pesa sobre la crisis interna aguda que vive Venezuela desde varios años, y que posiblemente podría verse agravada significativamente con esta intervención militar norteamericana, entre las diversas reacciones oficiales ante lo ocurrido este 3 de enero del 2026, se puede mencionar la de Brasil, que señala de manera enfática (véase comunicado oficial) que:

«Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.

Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.

A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões.

A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz«.

Se puede también referir a la vehemente reacción del aparato diplomático de Chile (véase comunicado oficial) que señala entre varios puntos, en un extenso comunicado de lectura sugerida (Nota 5), que:

«Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región».

Por su parte, en su comunicado oficial, Colombia indicó que:

«Colombia reafirma su compromiso permanente con la paz y la seguridad regional, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. La experiencia histórica de la región, proclamada como Zona de Paz, demuestra que ninguna controversia puede resolverse legítimamente mediante acciones unilaterales».

En su comunicado oficial, el aparato diplomático de México por su parte precisó que:

«El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional».

En el caso de Uruguay, su aparato diplomático difundió desde su sitio oficial (véase comunicado oficial) un texto en el que se lee que:

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región«.

Reafirmar el principio contenido en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas cuando es violado de manera tan flagrante constituye una obligación para un Estado que cree y defiende este y otros principios fundamentales contenidos en la Carta desde 1945.

Es de notar que mucho antes del 3 de enero del 2025, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían condenado el bloqueo impuesto a Venezuela y la intercepción de naves sospechosas de dedicarse al narcotráfico con disparos para destruirlas con sus tripulantes a bordo realizados por el ejército de Estados Unidos (véase comunicado de prensa del 24 de diciembre del 2025 y comunicado del 4 de noviembre).

Reacciones oficiales mucho más reservadas e incluso de … apoyo a la acción militar de Estados Unidos

Estas reacciones oficiales del 3 de enero del 2026, y posiblemente otras que se den a conocer en América Latina, pueden ser comparadas al comunicado oficial de España, que se abstiene de referir al principio de prohibición del uso de la fuerza en sus respectivos textos. En el caso del comunicado oficial de Noruega, sí se hace ver que la acción militar de Estados Unidos violenta las reglas existentes en derecho internacional público, cosa que evita indicar la Representante de la Unión Europea (UE) en materia de política exterior en su «tweet» (véase enlace). En cuanto al Reino Unido (véase comunicado) y a Canadá (véase comunicado), las evasivas resultan notables y más que notorias. De igual forma se puede citar este comunicado oficial adoptado en el marco del CARICOM (véase declaración conjunta de su «Bureau«).

Volviendo a América Latina, el escueto comunicado oficial de Costa Rica de tres frases (véase enlace) es totalmente omiso (Nota 6) si se compara con los de Brasil, Chile, Colombia, México o de Uruguay. Al respecto, un error gramatical en la primera frase con un «ha» en vez de un «han» evidencia que fue redactado con cierta premura, pese a ser divulgado a una hora bastante avanzada de la tarde en Costa Rica (4:19 pm). Esta misma omisión de Costa Rica ante violaciones a principios y reglas básicas del ordenamiento jurídico internacional se ha observado en otro caso reciente: las reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel en Gaza (Nota 7).

Mientras que el comunicado oficial de Bolivia y el comunicado oficial de Perú evitan mencionar a Estados Unidos, así como el de Nicaragua (véase texto), al igual que el de Panamá (véase texto), el comunicado oficial de Argentina (véase enlace) se congratula de la acción llevada por Estados Unidos, reproduciendo prácticamente el lenguaje y las valoraciones de Estados Unidos de una manera bastante notoria. De igual manera se pronuncia el aparato diplomático de Paraguay (véase comunicado oficial). Llama la atención que para estos últimos Estados, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico pareciera justificar acciones como la observada este 3 de enero del 2026 en Venezuela. Se les sugiere revisar y evaluar en qué medida la captura del general Noriega en 1990 por parte de Estados Unidos en Panamá redujo sensiblemente los flujos de droga en dirección del mercado norteamericano. En cuanto a Panamá, objeto de la última intervención militar del mismo tipo realizada en diciembre de 1989 por parte de Estados Unidos, en violación a su integridad territorial y a su soberanía, al parecer sus actuales autoridades se conformaron con omitir toda condena y repudio a esta acción y consideraron oportuno evitar toda referencia a lo vivido en diciembre de 1989 por Panamá.

No está de más señalar que en abril del 2018, la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela ante la justicia internacional de La Haya dejó entrever apetitos norteamericanos por los hidrocarburos en Venezuela, con una diplomacia de Estados Unidos en aquel momento dirigida por una persona cuya única experiencia internacional era la de haber fungido como CEO de una compañía petrolera norteamericana como Exxon Mobile (Nota 8). Estos mismos intereses por el control de los hidrocarburos de Venezuela se dejaron entrever durante la conferencia de prensa ofrecida el mismo 3 de enero del 2026 por el actual ocupante de la Casa Blanca.

Intervenciones militares y formas de repudio oficiales omitiendo designar a sus responsables

Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia y volverán a hacerlo de volver a perpetrarse nuevamente: la última intervención militar norteamericana registrada antes de la del 3 de enero del 2026, fue la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua: véase el texto de la sentencia, en particular los párrafos 188 y 190 en los que la CIJ califica expresamente la prohibición del uso de la fuerza como un principio general así como una regla consuetudinaria (Nota 9).

Pese a la importancia fundamental de la regla violada en caso de intervención militar de un Estado contra otro, en América Latina se ha a veces repudiado omitiendo referirse a Estados Unidos expresamente: es así como, en el 2016, una resolución de la Asamblea General de la OEA de «desagravio» a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refirió a los «acontecimientos de abril de 1965» (véase nota publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada).

A modo de conclusión

La diversidad de tono y de vocabulario en las reacciones oficiales ante una violación grave a un regla básica del derecho internacional público como la es la prohibición absoluta del uso de la fuerza evidencian que para algunos (pocos) Estados de América Latina, la acción de Estados Unidos de este 3 de enero del 2026 no sienta ningún precedente peligroso … y que es válida desde el punto de vista jurídico (o que, por lo menos, no requiere condena o manifestación de repudio alguno expresada en un comunicado oficial). Este artículo publicado en el Reino Unido por un renombrado jurista, indica desde su mismo título que no existe ninguna base legal para justificar semejante acción en Venezuela.

Autoridades que son consideradas ilegítimas por otros Estados se observan cada vez que un proceso electoral se realiza en condiciones poco transparentes y en las que no puede participar la oposición política en condiciones de perfecta igualdad. No obstante, pensar que la solución consiste en intervenir militarmente desde el exterior resulta más que ilusorio y abundan los ejemplos recientes y menos recientes, tanto en América Latina como fuera de ella, de intervenciones militares extranjeras que no han hecho sin agravar la situación política interna que pretendían «resolver«. En cuanto al argumento de la lucha contra el narcotráfico (que al parecer tiene muy convencido a varios círculos políticos en América Latina), no está de más recordar que:

– hace justo un mes, el actual ocupante de la Casa Blanca indultó al ex presidente de Honduras condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por narcotráfico (véase nota de la BBC del 3 de diciembre del 2025) y que;

– muchos expertos han cuestionado el hecho de considerar a Venezuela como un eje mayor en el narcotráfico en dirección de Estados Unidos.

En materia de violación a los derechos humanos, que califican como crímenes de lesa humanidad en el caso de varias de ellas en Venezuela, no está de más indicar que hay dos investigaciones abiertas pendientes ante la justicia penal internacional de La Haya desde el 2018 (véanse detalles en este enlace y en este otro); además de numerosos informes y reiterados llamados hechos desde diversos órganos de Naciones Unidas sobre la situación imperante en Venezuela en materia de derechos humanos. El informe A/HRC/51/43 del 2022 realizado por una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, disponible en este enlace, merece una lectura integral, a complementar con el informe A/HRC/59/58 del mes de agosto del 2025, disponible en este enlace.

Más allá de los errores de apreciación de unos y de otros, y de un mandatario norteamericano tan imprevisible como errático desde que entró en funciones en enero del 2025 (con un nivel de descontento creciente dentro de Estados Unidos a muy pocas semanas de cumplir su primer año en función), resulta de sumo interés comparar la reacción de estos mismos Estados de América Latina ante la agresión militar de Rusia a Ucrania ocurrida el 24 de febrero del 2022 (Nota 10): claramente la consistencia de unos en la defensa de los principios de respeto a la integridad territorial de un Estado y de prohibición absoluta del uso de la fuerza no es tal, sino que se ha ido transformando para varios de ellos, en una incoherencia total entre el 24 de febrero del 2022 y el 3 de enero del 2026.

Desde el punto de vista jurídico, tanto lo observado el 24 de febrero del 2022 como el 3 de enero del 2026 (o el 20 de marzo del 2003 en Irak) constituyen violaciones flagrantes de una regla fundacional inscrita en la Carta de Naciones Unidas desde 1945. El hecho que en ambas acciones militares unilaterales tanto en el 2022 como en el 2026, sus autores sean Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, debería de interpelar a todos los demás Estados miembros de Naciones Unidas y llevarlos a condenar ambas acciones con la misma vehemencia: en efecto, sustituir progresivamente el derecho a la fuerza por la fuerza del derecho en las relaciones entre Estados ha sido una dura y larga batalla, que inició con la consagración desde 1945 de la prohibición del uso de la fuerza entre los Estados en la Carta de Naciones Unidas.

Notas:

Nota 1: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: abrumador voto en la Asamblea General de Naciones Unidas«, 2 de marzo del 2022. Texto integral disponible aqui.

Nota 2: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «El asesinato de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos en Irak: breves apuntes desde la perspectiva jurídica«, 4 de enero del 2020. Texto integral disponible aqui.

Nota 3; Cabe recordar que Israel fue el primer Estado que se refirió oficialmente a la noción de «legítima defensa preventiva«, en 1981, cuando la aviación israelí decidió bombardear el reactor nuclear de Osirak, en Irak, construido mediante una convenio de cooperación entre Francia e Irak. Véase a este respecto FISCHER G., «Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien», Vol. 27 AFDI (1981), pp. 147-167, disponible en este enlace.

Nota 4: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N. «El rechazo del MERCOSUR y de otros Estados de América Latina al uso de la fuerza en Venezuela» 12 de agosto del 2017. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: El texto completo del comunicado oficial de Chile se lee de la siguiente manera:

«Como gobierno de Chile manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. Y, en particular, ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y, eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global.

Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte?

Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante, en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales. Normalizar esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menos poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar.

La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición. Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger, por cierto, a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la carta de Naciones Unidas. Para ello, estamos en coordinación con distintos gobiernos. Ante este escenario y los posibles efectos regionales que este tenga, como gobierno hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujo migratorio desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado, y fortaleceremos todos los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela.

Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables: la no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de las fuerzas o amenaza, la solución pacífica de las controversias y la plena vigencia del derecho internacional».

Nota 6: El texto completo del comunicado oficial difundido por el aparato diplomático de Costa Rica se lee como sigue:

«POLÍTICA EXTERIOR

ENERO 03, 2026 04:19 PM

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de Costa Rica sobre la situación en Venezuela.

San José, 3 de enero de 2026. El Gobierno de la República de Costa Rica sigue con atención las acciones desplegadas por los Estados Unidos en territorio venezolano este 3 de enero de 2026, que ha resultado en la detención de Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, y su traslado hacia los Estados Unidos, donde serían enjuiciados.

El Gobierno costarricense hace un llamado hacia una transición democrática y pacífica en Venezuela, que restaure la institucionalidad, el Estado de Derecho, y la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Costa Rica reafirma su disposición a contribuir a una solución pacífica, sostenible basada en el Derecho Internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Democrática de la OEA, que promuevan la estabilidad regional, el respeto a los derechos humanos, un pleno compromiso regional en la lucha contra el narcotráfico, y el crimen organizado transnacional.

Comunicación Institucional 001-2026 Comunicado sobre situación en Venezuela Sábado 3 de enero de 2026″

Nota 7: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas», 22 de diciembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., «La demanda de Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): breve puesta en contexto«, 6 de abril del 2018. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 9: Cabe señalar que en este caso, se obtuvo la condena por parte de la CIJ de las acciones norteamericanas; no obstante, el 12 de setiembre de 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda presentada para la segunda etapa procesal (indemnizatoria) para obtener una compensación por los daños ocasionados, dando así por concluido este largo proceso (véase comunicado de prensa de la CIJ del 27 de setiembre de 1991). Una primera estimación de los daños ocasionados por Estados Unidos a Nicaragua se encuentra en este documento presentado por Nicaragua a la CIJ en 1988. En el párrafo 372. se lee que: «Therefore, the Court is requested to award Nicaragua a lump-sum of US$2,000 million as appropriate compensation for the enormous social losses it has suffered due to the wrongful acts of the United States«.

Nota 10: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: a propósito de las reacciones oficiales en América Latina«, 24 de febrero del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

La democracia en las bombas del invasor

Escrito en 04/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Gilberto Lopes

Hace unos meses, en medio del debate sobre las pasadas elecciones venezolanas, discutía con un amigo, analista internacional de una revista chilena. Él, demócrata cabal, era implacable con la dictadura venezolana. Le pregunté entonces si le parecían posibles unas “elecciones libres” en un país sometido a dos décadas de drásticas sanciones comerciales, como ha estado Venezuela desde 2005.

No me respondió. En vez de responder, me preguntó por qué entonces hacían elecciones. No respondió porque no podía responder. Para un demócrata cabal decir que “sí” resultaba demasiado cínico. ¡Imposible! Decir que “no” quitaba sustento a toda su implacable argumentación democrática contra el gobierno venezolano. Por eso no respondió.

Me parece evidente que no puede haber elecciones libres en un país latinoamericano sometido por Washington, durante décadas, a drásticas sanciones comerciales. Esos demócratas no se sienten obligados a exigir el levantamiento de las sanciones para que –una vez libres– los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes.

Pero esa es una pregunta que debe responder todo demócrata. Aquí, los candidatos presidenciales que se refirieron a los ataques estadounidenses contra Venezuela lo hicieron entusiasmados, aunque con diversos grados de sensiblería. Salvo el Frente Amplio, que condenó el ataque y el secuestro del presidente.

Alaban las perspectivas democráticas, como si la democracia pudiera ser instalada por las bombas de un invasor.

La verdad es que puede, pero solo porque la palabra “democracia”, vaciada de mayor contenido, refleja solo una vaga idea general a la que cada uno le da el contenido que le acomoda. En realidad, la mayor parte de esos “demócratas”, más que demócratas son unos conservadores que –como sabemos– no se sienten del todo incómodos con unas dictaduras sustentadas por las más liberales teorías económicas.

Es tan evidente la contradicción, en este caso, que el hacedor de democracia no es otro que el apoyador del que –aquí– todos acusan de ser una amenaza para para democracia. Naturalmente, estoy hablando de Trump y de Chaves (el Chaves nuestro, no el venezolano). Me parece triste, penoso, mediocre.

Venezuela y el retorno descarnado del imperialismo

Escrito en 04/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos para Surcos

Los acontecimientos recientes en Venezuela no pueden ser leídos como un hecho aislado ni como una simple excentricidad de la política exterior estadounidense. Diversos analistas críticos, tanto latinoamericanos como europeos, coinciden en que estamos ante una nueva fase del imperialismo en América Latina, más explícita, más agresiva y menos preocupada por las formas del derecho internacional.

La agresión militar, el secuestro del presidente venezolano, el bloqueo naval y la presión política ejercida por Estados Unidos constituyen violaciones flagrantes de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Sin embargo, lo más relevante no es solo la ilegalidad del acto, sino el hecho de que esta ya no se disimula. El mensaje es claro: la potencia hegemónica se arroga el derecho de intervenir directamente cuando considera amenazados sus intereses estratégicos.

Existe un amplio consenso entre analistas críticos en que no se trata de una operación humanitaria ni de una defensa de la democracia. Tampoco de una lucha efectiva contra el narcotráfico. El objetivo central es el control de recursos estratégicos, comenzando por el petróleo, pero incorporando hoy un elemento decisivo del siglo XXI: las tierras raras y minerales críticos, fundamentales para la industria tecnológica, militar y energética global. En un contexto de competencia creciente con China y Rusia, Venezuela aparece como un enclave geopolítico clave.

Esta ofensiva se inscribe en una actualización de la Doctrina Monroe, ahora presentada bajo el lenguaje de la seguridad nacional y la estabilidad hemisférica. América Latina vuelve a ser concebida como “zona de influencia exclusiva”, al margen del sistema multilateral y del derecho internacional. No es un retroceso coyuntural, sino una redefinición estratégica del orden mundial, donde la fuerza prima sobre las normas.

Otro punto de coincidencia es que el cambio de régimen ya no adopta necesariamente la forma clásica del golpe de Estado. La estrategia actual combina presión militar, judicialización, control informativo, operaciones encubiertas y negociaciones bajo amenaza. El objetivo no es el caos, sino una transición tutelada que garantice orden interno, control territorial y continuidad de las infraestructuras clave, especialmente las energéticas.

En este escenario, la situación interna venezolana aparece profundamente erosionada. El régimen de Nicolás Maduro atraviesa una crisis de legitimidad y de representación, y ha demostrado ser incapaz de defender efectivamente la soberanía nacional frente a la agresión externa. Al mismo tiempo, sectores de la oposición han apostado abiertamente a la intervención extranjera, subordinando la autodeterminación del país a intereses externos. El resultado es un vacío político, donde las Fuerzas Armadas se consolidan como actor central no por legitimidad democrática, sino por su monopolio de la fuerza y su capacidad de negociación.

Los analistas coinciden también en que Venezuela no es el único objetivo. La agresión funciona como advertencia para toda la región. Si se normaliza una intervención de este tipo sin consecuencias políticas, ningún país latinoamericano con márgenes de autonomía está a salvo. Cuba, Nicaragua y otros procesos incómodos para Washington aparecen claramente en el horizonte.

Frente a este panorama, hay una conclusión compartida que incomoda tanto a gobiernos como a oposiciones tradicionales: no existe una salida progresiva sin una recomposición autónoma de las clases trabajadoras y populares. Ni el respaldo acrítico a regímenes debilitados ni la confianza en soluciones diplomáticas tuteladas por las grandes potencias garantizan soberanía, democracia ni justicia social. La resistencia al imperialismo debe ir de la mano de la defensa de las libertades democráticas y de los derechos sociales dentro de cada país.

Lo que ocurre en Venezuela confirma, además, una tendencia global más amplia: la crisis del multilateralismo y la sustitución del derecho internacional por la ley del más fuerte. Gaza, Ucrania, Sudán, Irán y ahora Venezuela forman parte de un mismo proceso de descomposición del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Defender hoy el derecho internacional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no es una consigna abstracta. Es una condición mínima para cualquier proyecto emancipador en América Latina. En ese marco, la solidaridad con el pueblo venezolano no es solo un gesto ético: es una necesidad política urgente frente al retorno descarnado del imperialismo.

Cronología de la guerra de Estados Unidos contra Venezuela (2001–2026)

– 2001

– Inicio de la campaña de presión tras la Ley de Hidrocarburos de Hugo Chávez.

– Financiación de grupos sociales y políticos antibolivarianos vía NED y USAID.

– 2002

– Participación en el intento de golpe de Estado.

– Creación del programa de la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID para Venezuela.

– 2003–2004

– Apoyo financiero y político a Súmate (María Corina Machado) para impulsar un referéndum contra Chávez.

– 2004

– Estrategia de cinco puntos: penetrar la base chavista, dividir el movimiento, aislar a Chávez, crear grupos opositores y proteger intereses comerciales de EE. UU.

– 2015

– Barack Obama firma orden ejecutiva declarando a Venezuela “amenaza extraordinaria”, base legal para sanciones posteriores.

– 2017

– Prohibición de acceso de Venezuela a mercados financieros estadounidenses.

– 2018

– Presión a bancos y navieras para cumplir sanciones.

– Banco de Inglaterra confisca reservas de oro del Banco Central de Venezuela.

– 2019

– Reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente provisional” por EE. UU.

– Intento de levantamiento fallido.

– Congelación de activos petroleros venezolanos en el extranjero.

– 2020

– Operación Gideon: intento de secuestro de Maduro y recompensa por su captura.

– Campaña de “máxima presión” durante la pandemia.

– FMI niega acceso a reservas de Venezuela.

– 2025

– María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz.

– Comité Nobel declara que Maduro debería abandonar el cargo.

– 2025–2026

– Ataques a embarcaciones venezolanas.

– Armada estadounidense aplica embargo marítimo y confisca petroleros.

– 3 de enero de 2026

– Ataque aéreo de EE. UU. contra Caracas y otras zonas.

– Captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

– Confirmación de su traslado a EE. UU. bajo acusación de “complot narcoterrorista”.

Esta cronología muestra cómo la presión comenzó con sanciones y financiamiento en 2001 y escaló hasta un ataque militar directo en 2026.

Comunicado urgente de Buen Vivir ante situación de Venezuela

Escrito en 04/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Recibida con indignación y tristeza la noticia de los ataques militares llevados a cabo por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela, nos manifestamos de la siguiente manera:

1.
Nos unimos al repudio y a la indignación que expresan numerosas personas ante la violencia ocurrida como resultado de una guerra promovida por los Estados Unidos de América; nada justifica la agresión, y mucho menos los intereses imperialistas de posicionamiento geopolítico ni la sed insaciable por el petróleo.

2.
¿Dónde queda el discurso de un país que se ha jactado de abanderar la libertad cuando pisotea el derecho de autodeterminación de otro pueblo?

Solo permanece el residuo de un relato que evidencia que dicho discurso no ha sido más que un engaño, mediante el cual se introducen intereses económicos profundamente corruptos, utilizados para someter a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

3.
Desde el Buen Vivir Costa Rica, repudiamos el ataque a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, que viola los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, y los principios fundamentales de respeto entre los países existentes en el ordenamiento jurídico internacional.

4.
Un ataque a un país de Abya Yala representa un ataque a toda América Latina y el Caribe, de manera que se hace necesaria una respuesta continental a lo acontecido.

5.
Insistimos en nuestro llamado a la paz. Solicitamos al gobierno de Costa Rica que lleve a cabo sus respectivos reclamos en concordancia con este principio de la paz que representa a nuestra nación y otros del Derecho Internacional, suscritos por el país.

6.
Exigimos el cese inmediato de hostilidades en contra de la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo.

7.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, partidos políticos, personas, etc., a alzar la voz dentro de nuestro país y a exigir el respeto a la soberanía de los pueblos de nuestro continente.

¡La Madre Tierra merece vivir en paz! Sus hijas e hijos exigimos que se respete este derecho.

Consejo Nacional del Buen Vivir Costa Rica, firman,

Ronulfo Morera Vargas
Edison Valverde Araya
Ericka Cascante Jiménez
Cristian Marrero Solano
Carlos Manuel Muñoz Jiménez

Partido Vanguardia Popular a la opinión internacional y nacional

Escrito en 04/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

El Partido Vanguardia Popular ante la injerencia militar del gobierno norteamericano contra el gobierno democrático de la República Bolivariana de Venezuela

Condenamos la violenta incursión militar contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Exigimos a la ONU y a la OEA, que interpongan y exijan el retiro inmediato de las fuerzas militares y el aparato del ejército intervencionista de los Estados Unidos.

Nicolás Maduro pertenece al pueblo de Venezuela y América Latina en una sola voz reclama su presencia inmediata y el incondicional respeto a su envergadura de presidente democráticamente electo.

Condenados el golpe militar y asesino del gobierno de Donald Trump contra la voluntad política y democrática.

Condenados esa vulgar, nefasta y asesina forma de usurpación de un proceso democrático legítimo en América Latina.

Hacemos un llamado al ejército venezolano que mantenga la resistencia revolucionaria y la lealtad que corresponde en este momento aciago y brinde toda la solidaridad al pueblo de Bolívar al presidente Nicolás Maduro.

Fuera manos del imperio gringo de nuestra soberanía.

Bolívar vive, y la democracia popular triunfará. Arde la resistencia popular en favor de la soberanía de la PATRIA GRANDE.

Sumemos nuestras fuerzas patrióticas contra el imperialismo.

Todas y todos hoy frente a la Embajada de los Estados Unidos: 2 pm.

Que la tea de Santamaría, el espíritu de Juanito Mora, Morazán, Martí y H.R. Chávez sean nuestras consignas de dignidad.