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Etiqueta: violencia institucional

Pronunciamiento público: Estado de Costa Rica mantiene impune el asesinato de Sergio Rojas Ortiz

Pronunciamiento público: Estado de Costa Rica mantiene impune el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, situación que agrava la ocupación ilegal de los territorios indígenas y la violencia contra los pueblos originarios.

– Organizaciones firmantes de este comunicado denuncian la impunidad sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak y del Pueblo Bribri de Salitre.

Miércoles 24 de enero 2024. El pasado viernes 19 de enero, la familia Rojas Lázaro comunicó que el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur decidió el sobreseimiento definitivo del caso judicial que investigaba el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. El caso fue conocido por el Juzgado Penal de Buenos Aires, con el número de expediente 19-000178-0990-PE y los imputados eran los no indígenas Edwin Guevara Mora y Víctor Zúñiga Fallas. Como consecuencia del sobreseimiento ambos serán liberados sin ninguna consecuencia judicial; también las investigaciones no continuarán y con ello la impunidad para Sergio, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre se impondrá.

De esta manera, la impunidad y la deuda histórica del Estado costarricense con los Pueblos Originarios se fortalece. Como si eso fuera poco, envalentona a los ocupantes ilegales, agresores y todos los sectores que obtienen beneficios económicos, sociales y políticos de la ocupación ilegal, colonial y racista de los Territorios Indígenas. La violencia institucional y el nulo acceso a la justicia por parte de los Pueblos Originarios es estructural y sistémica. Pese a la continua y sistemática violencia a la que sobreviven los Pueblos Originarios y las múltiples denuncias establecidas antes las instancias judiciales ningún caso ha sido resuelto, muchos menos ninguna persona no indígena ha ido presa por amenazas de muerte, intentos de homicidio y muchas otras formas de agresión. El único fue el asesino confeso del Brörán Jerhy Rivera Rivera, Luis Eduardo Varela, quien fue puesto en libertad meses después por el Tribunal de Apelaciones de Cartago.

Muy al contrario, ha sido la situación de los Pueblos Originarios ante las instancias judiciales: el mismo Sergio fue privado de libertad por 7 meses entre el 2013 y 2014, por una causa judicial que al día de hoy no cuenta con pieza acusatoria. Así, aunque la investigación penal contra la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre (de ese momento) inició en 2012, el Poder Judicial ha sido incapaz de construir una pieza acusatoria. 12 años después la investigación continúa y Sergio fue privado de libertad, aunque esa fase no terminará.

Dolorosamente, las consecuencias de esta sentencia se extienden al Pueblo Bribri de Salitre y otros Pueblos Originarios. La impunidad sobre el caso de Sergio fortalece a los ocupantes ilegales -entre los que sobresalen los imputados en el caso de Sergio, Edwin Guevara y Víctor Zúñiga- a los terratenientes, a los discursos de odio y racistas y, en general, promueve una cultura de violencia en los Territorios Indígenas y comunidades aledañas. La desidia, falta diligencia y celeridad de la Fiscalía tiene consecuencias graves sobre cuerpos, vidas de infancias, mujeres y hombres. Así, el Estado lejos de proteger a los Pueblos Originarios se convierte en uno de sus mayores verdugos.

En diciembre del 2023, en medio de la amenaza al archivamiento del caso que investiga el asesinato de Sergio, 106 persones y 54 organizaciones de al menos 20 países diferentes enviaron cartas solicitando al Juzgado de Buenos Aires que rechazaran la solicitud de sobreseimiento. Entre las organizaciones se encontraban políticas, de Pueblos Originarios, sociales, de Derechos Humanos, ecologistas, entre otras.

En este contexto, se exige al Poder Judicial realizar de forma diligente y urgente las investigaciones y diligencias necesarias hasta dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato de Sergio Rojas para establecer las consecuencias penales respectivas.

Más allá de las exigencias a las instancias gubernamentales e internacionales, como Pueblos Originarios continuaremos los procesos de resistencia. En el fortalecimiento de los procesos organizativos, la reafirmación territorial y la autonomía está la principal arma que nos defenderá de un Estado racista, colonial y violento y los ocupantes ilegales.

Suscribimos este pronunciamiento:
– Coordinadora de Lucha Sur Sur
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
– Alakölpa Ditsö Ajkönúk (Salitre).
– Ditsöpa Keneblok (Salitre).
– Consejo Iriría Sätkök de Yabamï Dí Kátá (Cabagra).
– Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
– Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
– Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
– Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
– Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
– Comunidad Brörán de Crun Shurin.
– Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas Iríria Tsochok.
– Asociación Costarricense de Derechos Humanos.
– Asociación Voces Nuestras.
– Partido Vanguardia Popular.
– Kioscos Socio-ambientales, UCR.
– Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI).
– Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina).
– Costa Rica Afro.
– Colectiva por el Derecho a Decidir.
– Mujeres Rurales de Costa Rica.
– Asociación Tinamaste.
– Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
– Bloque de Vivienda.
– Asociación Solidaria Comparte-Costa Rica.
– Partido Obrero Socialista (POS.)
– Red Solidaridad con Palestina.
– Bloque Verde.
– Red de Gestores Locales del Pacífico Sur (REGELOPS)·
– Movimiento Buen Vivir Costa Rica.
– Fundación Pedagógica Nuestramerica.
– Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).
– Asociación El Camino de la Semilla. Territorio indígena de Térraba.
– Colectivo Agua es vida, no mercancía.
– CR Solidaria.
– Movimiento humanista.
– Asociación Ecologista Desamparadeña (ASECODES).
– Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC.
– Unidas en Justicia e Igualdad de San Ramon de Alajuela.
– Movimiento Popular Costarricense.
– Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI).
– ACI-PARTICIPA, Honduras.
– Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Honduras.
– Organización del Pueblo Kichwa Saraguro, Ecuador.
– Coordinadora de Comunidades afectadas por TRECSA, Guatemala.
– Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), México.
– Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.
– Soldepaz – Pachakuti, España.
– Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza.
– Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EEUU.
– Alianza por la Justicia Global, SOA Watch, EEUU.
– Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos.
– Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela.
– Red de Colectivos La Araña Feminista, Venezuela.
– Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Venezuela.
– Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela.
– Colombianas y Colombianos por la Paz.
– Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colombia.
– Observatorio de Paz, Colombia.
– Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury.
– Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia.
– Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala.
– Comisión Multisectorial del Uruguay.
– Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador.
– Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
– Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá.
– Movimiento Alfa y Omega de Perú.
– Movimiento de Favelas de Rio Janeiro, Brasil.
– Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche.
– Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall).
– Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina.
– Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina.
– Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH).
– Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), México.
– Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC).
– Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI).
– Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH).
– Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX).
– Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco).
– Taller del Sur.
– Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas.
– Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ).
– Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH).
– Colectivo Ocho Trueno.
– Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA).
– Colectivo Insurrección Visual.
– Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México.
– Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América.
– ComuniSur.

 

Foto: Reuters.

Negociación salarial o conflicto social

Manuel Hernández

La pérdida del valor real de las remuneraciones, a merced de las medidas extraordinarias de la Regla Fiscal y el congelamiento de los salarios que receta la Ley Frankenstein, ya se volvió absolutamente inasumible para los trabajadores.

La política extremista de Estado, que impone una devaluación salvaje e indefinida de las remuneraciones, es una política pública de violencia institucional contra la clase trabajadora.

Hasta la misma PGR, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, advirtió que el congelamiento indefinido de los salarios, o por un plazo prolongado, tiene un efecto pernicioso, que vulnera el Convenio 131 OIT y un precedente de la Sala Constitucional, que dispuso que el congelamiento de los salarios sólo puede ser excepcional, por un plazo definido y claramente determinado.

También existe un precedente del Comité de Libertad Sindical, contra el Gobierno de CR, que resolvió una queja, prácticamente en los mismos términos del precedente de la Sala Constitucional.

Cómo decían los Indignados:

“Nos sobra mucho mes al final del sueldo”. (Cártel, Madrid, 2011).

La política de los sindicatos debe ser: ¡negociación salarial o conflicto laboral!

Saludos insumisos.

Violencia institucional: Cruz Roja se niega a ingresar a Territorio Cabécar de China Kichá por conflicto sobre la tierra

  • Menor del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö, recibió atención de salud tardía por negligencia de la Cruz Roja.

Martes 20 de septiembre 2022. El pasado martes 12 de septiembre, el menor Alfred Zúñiga Fernández, del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö -en el Territorio Cabécar de China Kichá-, presentó un deterioro en su salud. Los síntomas, ese día, fueron: vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre y un dolor fuerte en las piernas y rodillas que le dificultaba caminar. Ese día su familia decidió atenderlo con plantas medicinales y otros remedios ancestrales. 

Para el viernes 16 de septiembre la familia del menor decidió contactar a la Cruz Roja para que lo trasladara al Hospital Escalante Padilla en Pérez Zeledón. El EBAIS más cercano al Territorio Cabécar de China Kichá se encuentra desde la plaza del Territorio a 30 kilómetros, en la comunidad de San Pablo. Sin embargo, por la gravedad de los síntomas de Alfred, -quién ya no podía caminar, llevaba 3 días sin poder comer y estaba deshidratado-, su familia decidió que debía recibir una atención de salud mayor a la que se brinda en los EBAIS. 

Desde las 9:00 AM a 12:00 MD la familia de Alfred contactó a la Cruz Roja. En la primera, segunda y tercera llamada la Cruz Roja se negó a trasladar al menor por falta de ambulancias. En la cuarta llamada, la Cruz Roja pidió que el menor fuera trasladado a la comunidad de San Antonio para que aprovechara el traslado de otra unidad a ese lugar, a lo que la familia alegó su imposibilidad de hacerlo por falta de recursos económicos para el traslado del menor hasta el punto de que solicitaba la Cruz Roja; siendo la misma razón por la que se pidió el apoyo de esa institución.

La Cruz Roja también dijo expresamente a la familia de Alfred que necesitaba escolta de la Fuerza Pública. Sin embargo, la familia de Alfred decidió no contactar a la policía porque en todas las ocasiones anteriores que se ha solicitado apoyo de la Fuerza Pública para escoltar a la Cruz Roja, u otras instancias, ésta se ha negado y se desconoce si la Cruz Roja coordinó con la Fuerza Pública.

Pese a ello, la familia de Alfred siguió presionando a la Cruz Roja argumentando que era una situación de emergencia y que la vida del menor estaba en peligro. A ello, la Cruz Roja dijo a la madre del menor de que su servicio no era de taxi. 

Tras presiones junto a personas solidarias de la comunidad de Pérez Zeledón y el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, la Cruz Roja accedió a trasladar al menor siempre y cuando éste se encontrara en el centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Al no encontrar otra solución, con enorme dificultad, el menor y su familia caminaron 1 kilómetro cuesta arriba hasta la plaza del Territorio. La ambulancia llegó sin ninguna escolta policial.

Ese día, Alfred fue diagnosticado con anemia y una infección a la altura de su caja torácica. Recibió suero, además de otros medicamentos y fue dado de alta ese mismo día. Para el día de hoy, la salud de Alfred sigue complicada pues sus síntomas no han disminuido significativamente. A esa preocupación, se suma la angustia de su familia al no contar con recursos económicos para movilizarse fuera del Territorio. Movilización que, además, exige una serie de condiciones de seguridad por el conflicto existente en China Kichá y en el que la madre, padre, hermanas y hermanos de Alfred han resultado afectados y agredidos por el accionar de la Fuerza Pública y personas no indígenas con intereses sobre los terrenos recuperados. 

Este hecho es percibido por la familia de Alfred y otras personas de la comunidad cabécar como un acto de violencia y racismo institucional. No es la primera vez que esto sucede y tampoco es una situación que suceda únicamente en el Territorio Cabécar de China Kichá. 

El argumento de seguridad de parte de la Cruz Roja no es responsabilidad alguna de los Pueblos Originarios, como tampoco lo es la ineficiencia de la Fuerza Pública que debería garantizar el bienestar e integridad de todas las personas dentro y fuera de los Territorios Indígenas. Como personas recuperadoras, reconocemos la existencia del conflicto y el riesgo que implica el mismo, sin embargo, no somos los responsables de la situación de inseguridad existente en nuestras comunidades y tampoco hemos realizado amenazas en contra de instituciones públicas como sí lo ha hecho la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA) el pasado 21 de agosto, en palabras de Gonzalo Peraza Agüero, presidente de AMPBA.

Pese a ello, somos los Pueblos Originarios quienes cargamos con la violencia y racismo institucional que no sólo evita la entrada de una ambulancia a nuestros Territorios, sino que atenta contra nuestra integridad física y vida al no poder acceder a nuestro derecho a la salud.

Denunciamos: 

  • A la Cruz Roja por la falta de ética e integridad a su trabajo y mandato. En situaciones de conflicto y tensión, su labor es todavía más importante. Además, es éste el sentido de su trabajo y mandato internacional.
  • A la Fuerza Pública por su ya reconocida falta de apoyo y su constante negación para escoltar tanto a organizaciones aliadas a nuestra causa como a otras instancias como la Cruz Roja.
  • Al Ejecutivo en pleno, por su falta de acciones en la mejora del acceso y disfrute de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Insistimos en que este tipo de violencia institucional no se limita al Territorio Cabécar de China Kichá.
  • Solicitamos a la Cruz Roja y a la Fuerza Pública un informe sobre lo sucedido en este caso; información que puede ser enviada al correo electrónico: coordinadoraluchass@gmail.com
  • Además, solicitamos a organizaciones, colectivos (as) y personas amigas a que estén atentas a nuestras próximas comunicaciones sobre la violencia institucional que sufrimos en el Territorio Cabécar de China Kichá y en otros Territorios de la zona sur. En numerosas ocasiones, esta situación nos genera la necesidad de solicitar apoyo económico para garantizar la movilidad de distintas personas recuperadoras y sus familias. Que la solidaridad siga presente en nuestros Pueblos, Territorios y país.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Kono Jú. 

Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö. 

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

 

Imagen de portada ilustrativa.

Violencia institucional contra gente trabajadora

Manuel Hernández

Desde el inicio de la pandemia, casi 250.000 personas trabajadoras se han visto afectadas por la salvaje reducción de las jornadas de trabajo y la suspensión de los contratos de trabajo, sin goce de salario.

La Inspección de Trabajo, en lugar de proteger los intereses legítimos de los trabajadores, ha tenido a su cargo la dirección de esta deplorable orquesta patronal.

Esto se llama violencia institucional contra la gente trabajadora más vulnerable.

Con otros ropajes

Montes verdes rodean mi casa.
No distingo, desde las ventanas,
si el sonido es un disparo,
un ruido de pirotecnia,
o un carro que no esquivó el hueco de la carretera.
En mi tierra no hay ejército.
Ciertamente, lo celebro y aplaudo.

El cielo de fiesta tricolor se me oscurece.
La nación desarmada deviene en mito.
Se desmiente en la esquizofrenia
 de una formación militar, intensificada.

El delegado policial, que otrora me cuidaba,
hoy represivo, en la manifestación callejera
me persigue y me calla,
apalea a las personas transgénero
y desatiende la demanda de la población originaria.
Así, la enmascarada militarización,
criminaliza la protesta ciudadana.

Sí, yo me enorgullezco
de que en mi país no circulen tanques.
Pero en tela de juicio se mece mi alarde.

Viví muchos años con ideas románticas.
Por no tener ejército, florecían las escuelas.
Nuestra fuerza era un gran número de docentes,
sus cuarteles, las aulas.
Yo lo creía.
¡Vaya que se ha hecho bien el trabajo!

El despertar me enoja:
Costa Rica, país centroamericano sin ejército, 
es de los que más gastan en seguridad.
Se recortan presupuestos a programas sociales.
La cultura y la educación se ponen a mendigar.

¿Quedó en el limbo nuestra tradición pacífica?
¿Qué fue de nuestro espíritu civilista?

La mampara de la violencia institucional se rompe.
Se desnuda un circo, sale a la luz un ejército escondido.
La vieja institución castrense persiste, con otros ropajes.

Yo, posiblemente ilusa,
apelo
a una policía formada en escuelas policiacas
que no contradigan su función civilista y antimilitar.
A una policía que, nutrida por los derechos humanos,
evite la violencia, las malas praxis y el abuso de autoridad.

Llamo, desde esta tierra gentil.
Urgida, convoco, desde el límpido azul de mi cielo,
a una policía, inscrita, en un proyecto de justicia y paz.

Marta Rojas, a propósito del mito de un país sin ejército…

FECON: Ministro y Director de Fuerza Pública deben renunciar por la agresión en Cañas

FECON (09/10/2020). Tras observar las imágenes transmitidas por el canal virtual TV Live Guanacaste en Cañas y otras denuncias ciudadanas, desde la Federación Ecologista (FECON) repudiamos la intervención policial contra la población de los barrios vecinos del río Cañas y el violento operativo en la zona. La acción desde su inicio no tuvo razón de ser. Fue abiertamente ilegítima y desproporcionada, abusiva y violatoria de los derechos humanos de la población afectada.

Ante estos hechos, consideramos que el Director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, debe ser separado inmediatamente de su cargo, pues corresponde a su persona dar las órdenes y hacerse responsable por el accionar tomado por los oficiales en el lugar. Los antimotines abusaron con sus ataques contra la población sin motivo. Hacemos un llamado a las demás organizaciones sociales del país a unirse a la solicitud de destituir al Director de Fuerza Pública, Daniel Calderón.

Deploramos también las declaraciones inmediatas sobre los hechos (en vivo a Canal 7) de Michael Soto, Ministro de Seguridad, justificando la intervención irracional de la Fuerza Pública culpando a la población bajo la falsa premisa de levantar un bloqueo. Solicitamos al presidente de la República, Carlos Alvarado, pedir la renuncia de Michael Soto como Ministro de Seguridad, por defender el accionar irracional de la policía en una zona donde ni siquiera había bloqueos, dejando dudas sobre el objetivo real de las órdenes de intervención.

Descripción de los hechos:

El jueves 8 de octubre en Cañas, Guanacaste, igual que en todo el país, se realizaban protestas sociales contra las afectaciones que sufren los pueblos, cargado de impuestos indirectos tras la aprobación del Plan Fiscal y amenazado con cargar un nuevo endeudamiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A eso de la 1:30 pm, varias personas se encontraban cerca de la carretera interamericana manifestándose, cuando la Fuerza Pública desplegó un operativo  que incluía decenas de patrullas y un blindado. Según  las imágenes captadas en vivo por TV Live Guanacaste, la carretera no estaba obstaculizada. La gente se encontraba al lado de la vía y había circulación de vehículos.

A pesar de no existir situación vial crítica, ni bloqueo de la ruta, los cuerpos policiales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a la gente que estaba manifestándose pacíficamente en la carretera. Sin mediar ningún tipo de violencia por parte de los vecinos y vecinas que se observaban en el sitio, los antimotines también dispararon gases lacrimógenos hacia las viviendas cercanas al puente sobre el río Cañas y detuvieron arbitrariamente a personas en el lugar.

Luego de ello, sucedió un agresivo operativo en la zona, donde se cometieron todo tipo de abusos por parte de los cuerpos antimotines, quienes lanzaron gases lacrimógenos en caseríos y también piedras contra los manifestantes que huían de los ataques. Con este accionar afectaron a personas de todas las edades que se encontraban en viviendas, afectando a niños, niñas adultos mayores y personas enfermas con su operativo irracional.

Nos solidarizamos con las familias afectadas y rechazamos enérgicamente la criminalización de la protesta social, que es un derecho. Los abusos policiales deben ser erradicados inmediatamente en el país.

FECON, 9 de octubre de 2020

Policías lanzando piedras hacia un barrio de Cañas. Imágenes tomadas por vecinos

Foto de cabecera: Transmisión de TV Live Guanacaste (08/10/2020)

Publicado por FECON en https://feconcr.com/noticias/fecon-ministro-y-director-de-fuerza-publica-deben-renunciar-por-la-agresion-en-canas/ y compartido con SURCOS por esta organización ecologista.