Etiqueta: violencia institucional

IEM-UNA: Impunidad y omisión institucional también representan violencia contra las mujeres

Escrito en 01/05/2026. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Pronunciamiento del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) en el caso de la denuncia por hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado

UNA Comunica. OC-116-2026. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) expresa su profunda indignación y preocupación ante los hechos recientes relacionados con el caso de denuncia por hostigamiento sexual presentado por la exdiputada Marulin Azofeifa, particularmente, la negativa de la Asamblea Legislativa de conocer y votar la posible sanción ética correspondiente, producto de ausencias deliberadas que impidieron el cuórum requerido.

Este hecho no constituye un simple trámite no realizado. Por el contrario, representa una omisión institucional gravísima que trasciende el caso individual y tiene implicaciones directas sobre la credibilidad de las instituciones democráticas y la garantía de los derechos de las mujeres.

Tal como señalamos en nuestro pronunciamiento anterior, la violencia contra las mujeres en espacios de poder no es un fenómeno aislado, sino estructural e histórico. Lo ocurrido en el cierre del período legislativo evidencia una vez más cómo las dinámicas políticas pueden operar como mecanismos de disuasión o neutralización de las denuncias, particularmente cuando involucran a figuras de poder.

El hecho de que no se haya tomado una decisión, independientemente de su resultado, ya causó un daño institucional y social profundo. El haberse negado a analizar si era necesaria una sanción envió un mensaje a la sociedad, y en particular, a las mujeres: aunque tengan el valor de denunciar, no se garantiza el acceso a la justicia e incluso habrá un precio qué pagar personalmente.

Este tipo de desenlaces contribuye a reforzar la desconfianza en los mecanismos de denuncia y alimenta la denominada “cifra invisible” de la violencia sexual, en la que la mayoría de los casos no llegan a ser denunciados debido a los altos costos personales, sociales y políticos que enfrentan las mujeres.

Asimismo, resulta necesario advertir que la exposición pública de este caso ha reproducido patrones ampliamente documentados: la puesta en duda del relato de la denunciante, la politización de la denuncia y el desplazamiento del foco desde la conducta denunciada hacia la persona denunciante, generando procesos de revictimización y desgaste que afectan no solo a quien denuncia, sino a todas las mujeres que observan estos procesos.

El argumento de que debe “esperarse la resolución judicial” no es de recibo porque el proceso penal es independiente del administrativo. Las denuncias de violencia sexual en espacios de poder requieren respuestas institucionales contundentes e inmediatas, orientadas a garantizar todos los espacios como libres de violencia.

El Estado costarricense, así como las instituciones públicas, tienen la obligación de actuar conforme al principio de debida diligencia reforzada, lo que implica no solo investigar y sancionar, sino también prevenir, proteger, reparar el daño a las denunciantes y evitar la repetición de estos hechos.

La falta de acción oportuna no es neutral. La omisión también produce efectos concretos: valida la violencia, debilita los mecanismos de protección y envía un mensaje de permisividad frente a conductas de hostigamiento sexual.

Desde el Instituto de Estudios de la Mujer reiteramos que la forma en que las instituciones responden a este tipo de denuncias constituye una prueba del compromiso real con los derechos humanos, la igualdad de género y la democracia.

Costa Rica no puede permitirse normalizar la impunidad en casos de violencia sexual, particularmente cuando involucran a personas en posiciones de poder. La democracia se debilita cuando las instituciones fallan en garantizar condiciones básicas de justicia, protección y dignidad para las mujeres.

El IEM reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y hace un llamado a cumplir la normativa vigente y fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar que ninguna denuncia de violencia sexual quede sin respuesta.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría resuelve caso a favor de mujer a partir del derecho al cuidado

Escrito en 01/05/2026. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La Defensoría de los Habitantes aplicó los estándares contenidos en la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el derecho al cuidado, luego de conocer el caso de una mujer quien fue excluida, de manera automática de un beneficio social, a pesar que acreditó verse obligada a ausentarse de un proceso de formación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por situaciones médicas propias y de su hija menor de edad.

Para la Defensoría, ese rechazo del beneficio sin considerar la condición de mujer cuidadora exclusiva, en contexto de pobreza y con una persona menor de edad enferma a su cargo, que depende de ella para su cuidado, evidencia una aplicación formalista del principio de igualdad que, lejos de garantizar derechos, reproduce una discriminación indirecta por omisión de trato diferenciado.

“La Corte IDH ha establecido el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo y fundamental para la sostenibilidad de la vida, por lo cual el IMAS debió haber realizado una valoración material, integral y contextualizada de dichas justificaciones; así como ponderar la existencia de una causa de fuerza mayor que permitiera una excepción razonable y proporcional a la regla de asistencia. La falta de dichas valoraciones evidencia una aplicación meramente formal de la normativa, carente de análisis del caso concreto y de consideración de los derechos involucrados”, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

La Corte IDH ha señalado que el cuidado constituye una necesidad humana universal y una condición indispensable para una existencia digna, y que su tratamiento fragmentado o secundario dentro de las políticas públicas resulta incompatible con la protección efectiva de los derechos humanos. En consecuencia, los Estados están obligados a adoptar medidas administrativas y de política pública que eviten que las responsabilidades de cuido se traduzcan en sanciones, exclusiones o pérdida de derechos, particularmente para las mujeres.

Para la Defensoría la omisión de valoración del cuido como factor determinante en la conducta de la usuaria implica un desconocimiento directo del derecho a cuidar, así como del derecho a ser cuidado de la persona menor de edad, cuyo bienestar también se ve afectado por la suspensión del subsidio. Además, resulta incompatible con los principios de igualdad sustantiva, razonabilidad y proporcionalidad, así como con los estándares interamericanos vigentes.

Debe recordarse que los programas del IMAS no tienen naturaleza sancionatoria, sino protectora. Su finalidad es garantizar condiciones mínimas de subsistencia, autonomía y desarrollo a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, mediante políticas públicas orientadas a corregir desigualdades estructurales.

“En este caso, la exclusión automática del beneficio, sin acompañamiento institucional, sin valoración del contexto y sin medidas de mitigación, constituye una forma de violencia institucional por omisión, que revictimiza a la persona usuaria y profundiza su situación de vulnerabilidad, en lugar de garantizarle una protección efectiva. Por tal motivo hemos recomendado al IMAS valorar a la mayor brevedad posible, la restitución del beneficio económico a la usuaria”, agregó la Defensora.

Asimismo, se le indicó al IMAS la necesidad que incorpore de manera explícita el derecho al cuidado como criterio relevante en la toma de decisiones administrativas, en concordancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-31/25, particularmente en los casos en que las personas usuarias asumen responsabilidades de cuido exclusivas o intensificadas, entre otras recomendaciones.

Nueva sentencia contra expsicólogo reaviva llamado a justicia para sobrevivientes

Escrito en 17/04/2026. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Diversos sectores celebraron la nueva sentencia dictada este 15 de abril contra Carlos Garita, expsicólogo del Hospital Roberto Chacón Paut, en un caso presentado como símbolo de la lucha contra la violencia y la impunidad dentro de instituciones públicas. El pronunciamiento destaca que la resolución judicial representa un paso importante para las sobrevivientes, luego de un proceso calificado como largo, doloroso y revictimizante.

Según el texto difundido, las denunciantes debieron enfrentar nuevamente el proceso tras la anulación de una sentencia previa en 2024 por errores técnicos. Esa decisión obligó a repetir declaraciones y prolongó durante años el desgaste emocional provocado por el caso, además de exponer fallas estructurales del sistema judicial en la atención a personas sobrevivientes.

El mensaje reconoce especialmente la valentía de Melissa y Karen, señaladas como ejemplo de dignidad y perseverancia por sostener sus testimonios a pesar de los obstáculos enfrentados. También subraya que su búsqueda de justicia trascendió el ámbito personal, al contribuir a la protección de otras personas usuarias del sistema de salud.

La consigna final del comunicado, “¡Hasta que la dignidad sea costumbre!”, resume el reclamo por una justicia más sensible, eficaz y libre de revictimización para quienes denuncian violencia.

Armas nucleares y la destrucción del espíritu humano

Escrito en 24/03/2026. Publicado en Aportes para el desarrollo.

David Andersson / pressenza

Charla presentada como parte del panel de Pressenza titulado “Armas nucleares, amenazas existenciales y periodismo: mirando hacia el futuro” durante el 3er Festival de Comunicación de la Juntanza de Nuestra América CIESPAL, en Quito, Ecuador, el viernes 20 de marzo de 2026.

Las armas nucleares ya han destruido la sociedad que se suponía que debían proteger. Incluso sin una sola bomba que haya explotado, su mera existencia ha corroído el tejido moral, ético y humano de nuestra civilización. Generan una forma de violencia institucional tan profunda, una deshumanización tan completa, que la sociedad destinada a ser protegida por ellos se está colapsando desde dentro, desintegrando ante nuestros ojos.

Tendemos a pensar en términos materiales. Nos tranquilizamos: ninguna bomba nuclear va a caer sobre Nueva York, Ciudad de México, París, Berlín, Calcuta o Beijing. Pero lo que no vemos es el nivel de destrucción psicológica y espiritual que estas armas ya han producido: un miedo generalizado y violencia ambiental que excede lo que los seres humanos pueden absorber para crecer, incluso para desarrollarse, permanecer plenamente humanos. Esta es la verdadera crisis de la era nuclear.

Consideremos a los Estados Unidos, el único país que ha usado estas armas, y sigue siendo el más poderoso del mundo, y sin embargo, una nación en un estado de permanente miedo, que opera en modo de supervivencia. Gasta más en seguridad y militarmente que el resto del mundo sumado, no por fuerza, sino para manejar un temor irracional: el miedo al otro, a los inmigrantes, a la oposición política, al cambio mismo. Las armas nucleares no crearon seguridad, crearon una civilización rehén de su propio arsenal.

Estas armas también han hecho algo más sutil y quizás más dañino: han distorsionado nuestra brújula interior. Han erosionado nuestra capacidad de distinguir entre los estados internos de declive y compulsión, lo crepuscular, lo moribundo, y algo mucho más significativo: la posibilidad de crecimiento interno, de profundidad, de una vida orientada hacia el propósito en lugar de la supervivencia. Cuando la aniquilación es un estado mental permanente, se hace más difícil imaginar, y mucho más construir, algo por lo que vale la pena vivir.

Nosotros, como comunicadores, también somos parte del problema. Transmitimos la violencia como una especie de radiación, normalizándola, convirtiéndola en un elemento fijo de nuestra conciencia diaria, hasta que la lucha se siente casi imposible. Conflicto tras conflicto, bomba tras bomba, genocidio tras genocidio, el espíritu humano es arrasado por un enemigo invisible. Incluso cuando los drones hacen gran parte de la matanza y no se detona ningún arma nuclear, la destrucción espiritual es la misma.

Nos sorprende el colapso del orden internacional, pero ¿por qué deberíamos estar sorprendidos? Las mismas estructuras que produjeron esta arma demoníaca, transformando el equilibrio de poder en un mecanismo de destrucción masiva, ahora se aferran desesperadamente a controlar a cualquier costo. Normalizamos lo absurdo, y ahora vivimos las consecuencias.

Estamos en la fase final de este proceso. E incluso si no se utiliza ningún arma nuclear en Irán, Ucrania o en cualquier otro lugar, su existencia es en última instancia insostenible. La próxima civilización no tendrá más remedio que ir más allá de ellas, no como un acto de idealismo, sino como una necesidad, redirigiendo la energía y los recursos gastados en los arsenales nucleares hacia las prioridades que realmente hacen posible la vida humana y que vale la pena vivir.

Trabajar por la erradicación de las armas nucleares es trabajar por la humanización del mundo.

Video completo de la presentación:

Nuevo juicio, mismo trauma: “Exigimos justicia para sobrevivientes de violencia sexual” – con firmas

Escrito en 27/02/2026. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento sobre el nuevo juicio contra psicólogo condenado por violencia sexual a pacientes del Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut. En el enlace puede ver las firmas que apoyan el siguiente texto:

Inicia nuevo juicio contra psicólogo condenado por violencia sexual a pacientes del Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut.
Sobrevivientes deben volver a declarar tras anulación de sentencia.

El próximo martes 03 de marzo a las 8:00am en los Tribunales de Cartago, dará inicio un nuevo juicio contra el psicólogo, exfuncionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y exdocente universitario, que en marzo de 2024 fue condenado a 111 años de prisión (pena ajustada a 36 años) por múltiples delitos de violación y violencia sexual en perjuicio de tres mujeres pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut.

Los hechos ocurrieron en 2013, cuando las mujeres se encontraban internadas en condición de alta vulnerabilidad. Según quedó acreditado en el primer juicio, el imputado se aprovechó de su posición de poder y de la condición médica y emocional de las pacientes para agredirlas sexualmente en el contexto de supuestas sesiones terapéuticas.

Aunque el Tribunal Penal dictó sentencia condenatoria en 2024, el fallo fue posteriormente anulado por errores en la fundamentación jurídica de la sentencia. No se trató de falta de pruebas ni de descrédito de los testimonios, sino de aspectos técnicos en la redacción de la argumentación judicial.

Esto implica que el proceso debe iniciar nuevamente desde cero y al menos dos de las sobrevivientes vinculadas al caso tendrán que declarar de nuevo.

Volver a declarar: Cuando el sistema obliga a revivir el trauma

La anulación de la sentencia obliga a las sobrevivientes a volver a declarar, y con ello narrar con detalle hechos profundamente dolorosos que ya fueron probados ante un tribunal.

Una de las sobrevivientes, lo explica con claridad:

“Lo que más duele es que cuando tengo que volver a contar todo lo que pasó, con lujo de detalles, mi cerebro lo revive. Mi cerebro no entiende que estoy contándolo porque estoy en un juicio. Empiezan las pesadillas, los flashbacks, empieza todo otra vez. Estoy muy molesta y frustrada de tener que volver a contar lo que ese tipo me hizo. No fue porque no nos creyeron, fue por algo técnico… y yo tengo que regresar a contar mi historia otra vez.”

Desde la neurociencia del trauma sabemos que en casos de violencia sexual el cerebro no distingue con facilidad entre el recuerdo narrado y el evento vivido. Las memorias traumáticas se almacenan con una carga sensorial y emocional tan fuerte, que activan la amígdala, el sistema límbico y las respuestas fisiológicas del estrés. Cuando una persona sobreviviente es obligada a relatar repetidamente los hechos en contextos adversos, puede experimentar reactivación traumática, síntomas de estrés postraumático, alteraciones del sueño, ansiedad intensa y desregulación emocional. Esto tiene nombre: victimización secundaria. Y ocurre cuando el propio sistema que debería garantizar justicia reproduce la violencia, generando aún más daño.

¡Exigimos Justicia!

Este caso evidencia una falla estructural en el sistema judicial costarricense: procesos excesivamente largos, errores técnicos que derivan en nulidades y una carga desproporcionada para quienes denuncian.

Han pasado más de diez años. Las agresiones ocurrieron en 2013. La primera denuncia formal se presentó en 2017. La sentencia condenatoria llegó en 2024. Y ahora, en 2026, las sobrevivientes deberán enfrentar nuevamente un juicio completo.

La justicia que llega tarde, No es justicia.
La justicia que revive el trauma, Tampoco.

Por eso hacemos un llamado respetuoso pero firme a jueces y juezas a emitir sentencias sólidamente fundamentadas, con ética, perspectiva de género, empatía y enfoque en derechos humanos, colocando en el centro la vida, la dignidad y la integridad de las personas sobrevivientes.

Los errores técnicos no pueden seguir traduciéndose en nuevas formas de violencia institucional.

Un llamado a acuerpar y a movilizarnos

Estamos a las puertas del 8 de marzo, fecha emblemática de lucha, reivindicación y memoria colectiva. Pero la defensa de la vida y la dignidad de las mujeres no puede limitarse a una fecha en el calendario. La lucha se sostiene todos los días. Especialmente cuando alguna necesita que la acuerpemos.

Por eso convocamos a los movimientos de mujeres, organizaciones feministas, colectivas, redes comunitarias y ciudadanía comprometida a acompañar este juicio, a mantenerse vigilantes y a exigir una sentencia firme y justicia efectiva.

Porque si tocan a una, respondemos todas.
Porque la justicia no puede seguir siendo un camino desgarrador, para quienes ya hemos sobrevivido a tanto.
Porque la ternura radical también es presencia.

Hoy alzamos la voz y el corazón al lado de nuestras compañeras valientes.

Exigimos justicia en firme y que la dignidad de las personas sobrevivientes sea el centro del sistema judicial.

Documento con firmas y adhesiones: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/COMUNICADO-DE-PRENSA-NUEVO-JUICIO-CONTRA-PSICOLOGO-Y-EX-DOCENTE-CONDENADO-POR-VIOLACIONES-2.pdf

Documento responsabiliza a las autoridades ante supuesta desaparición de menores por desalojo

Escrito en 10/01/2026. Publicado en Derechos.

Una carta dirigida a la Presidencia de la República, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a la Defensoría de los Habitantes denuncia la supuesta desaparición de siete personas menores de edad tras el desalojo de 77 familias en la comunidad de Chorreras, cantón de San Carlos, ocurrido a finales de noviembre pasado (en la imagen una de las casas de la comunidad).

El documento —remitido también a instancias nacionales de protección de derechos humanos— advierte que la desaparición de las personas menores se habría producido en el contexto de un operativo calificado como violento, desproporcionado y carente de planificación, en el que participaron distintas autoridades estatales, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Fuerza Pública y la Policía de Migración.

Las personas firmantes recuerdan que la niñez es responsabilidad directa del Estado costarricense, independientemente de su origen social o situación habitacional, y subrayan que Costa Rica ha ratificado instrumentos internacionales clave como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros convenios que obligan a garantizar la protección integral de las personas menores.

La carta identifica con nombre y número de identificación a las siete personas menores presuntamente desaparecidas y señala que, a varios días de interpuesta la denuncia, no existía información clara sobre su paradero, pese a la gravedad del caso. Según se expone, no figuraban en registros oficiales del PANI, albergues, Migración ni informes públicos, lo que incrementó la preocupación de familiares, comunidades y organizaciones sociales.

El texto recoge además testimonios de personas de la zona, quienes describen escenas de pánico durante el desalojo: presencia policial fuertemente armada, uso de amenazas, cierre de caminos y huida de familias —incluidas personas menores— hacia el río San Juan, ante el temor de detenciones o encarcelamientos. Un abogado penalista citado en la carta califica el operativo como una acción inédita en el país por su nivel de violencia y desorden.

Las personas y organizaciones firmantes responsabilizan a las autoridades ejecutoras y a quienes ordenaron el desalojo por el terror provocado, especialmente en la niñez, y advierten que la supuesta desaparición no puede desligarse del clima de miedo generado durante el operativo. Asimismo, exigen una respuesta clara y urgente del Estado y anuncian que, de no obtenerla, elevarán el caso a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.

A continuación, se reproduce íntegramente la carta enviada a las autoridades, tal como fue recibida por SURCOS.

SURCOS comparte la carta con firmas tal como fue enviada a la Presidencia de la República, al PANI y a la Defensoría de los Habitantes.

San José, 9 de enero 2026

Presidencia de la República
Defensoría de los Habitantes
Patronato Nacional de la Infancia

Quienes suscribimos esta denuncia, personas físicas, organizaciones sociales y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, acudimos a las máximas autoridades de la República, del Patronato Nacional de la Infancia y de la Defensoría de los Habitantes porque consideramos muy grave la supuesta desaparición de siete personas menores a raíz del brutal desalojo de 77 familias en la comunidad de Chorreras en San Carlos.

Quisiéramos recordar el compromiso adquirido frente a todo el país, el 8 de mayo de 2022, por el señor Rodrigo Chaves Robles cuando afirmó: “Si el Estado no puede garantizar la seguridad de sus habitantes, hemos fracasado como país, y el fracaso no es admisible para quien sirve a la Patria con amor”. La mejor expresión del amor social es el respeto a los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye el gran salto cualitativo de la Humanidad después de los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial.

Universales significa que no tienen nacionalidad, clase social, edad, rango, color de piel u origen étnico. Esos siete infantes eran y son responsabilidad del Estado costarricense. Sus nombres y número de identificación son:

Alondra González Dávila – 6-0553-0829

Dilan Gael González Dávila – 2-1053-687

Jacksón Rivera Dávila – 210300445

Liam Daniel Rivera Dávila – 211100547

Balbino Steven Rivera Dávila – 1-2242-0425

Pamela Rivera Dávila – 2-0907-0060

Julíeth González Dávila – YR2022-26288

También traemos a colación la ratificación que Costa Rica ha realizado de:

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)(1989): El principal tratado internacional de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes, ratificado por Costa Rica en 1990.
Protocolos Facultativos de la CDN:
1. Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000).
Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (1998): Protege a los niños de la sustracción internacional y garantiza el respeto de los derechos de custodia y visita.

Por estas razones, esperamos una respuesta digna de los marcos legales que protegen a la niñez en nuestro país.

10 de diciembre

Día Internacional de los Derechos Humanos

Siete menores aterrorizados y desaparecidos en Costa Rica

por brutal desalojo en San Carlos

Exigimos al gobierno costarricense respeto a los Derechos Humanos

A finales de noviembre, nos conmovió y nos dolió mirar y escuchar los videos que circularon a raíz del desalojo de más de 70 familias de la comunidad de Chorreras en San Carlos. ¡Cómo nos hubiera encantado ver al MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía) con la misma diligencia y operatividad para el caso de la tala ilegal en Gandoca Manzanillo!

Hoy, 11 de diciembre, se nos ha mezclado el dolor con el estupor y la indignación al leer en el Semanario Universidad la noticia: Denuncian supuesta desaparición de siete menores costarricenses tras el desalojo de más de 77 familias en Chorreras. Según la noticia, el PANI recibió la denuncia de la desaparición de siete menores de edad desde el 4 de diciembre y el martes, es decir el 16, se “participaría en una reunión interinstitucional sobre el caso”. Doce días después de puesta la denuncia. ¡Cuánta celeridad para atender un caso de tal magnitud y gravedad!

Dos personas de San Carlos describen el horror de lo sucedido en la comunidad de Chorreras:

“…la activista Susan Rodríguez, del Observatorio Ciudadano de La Fortuna, afirmó que, después del operativo, siete menores costarricenses no aparecen en ningún campamento, albergue, lista del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Migración o informe oficial y que hoy su paradero es completamente desconocido”. Esa desaparición se dio a la vista y paciencia de funcionarios de los ministerios de Ambiente y Energía (MINAE), de Seguridad Pública, de Salud, de la Policía Profesional de Migración y de la Fuerza Pública quienes, de acuerdo con los testimonios, actuaron con violencia sin acatar las normas y cuidados que requieren las personas menores, adultas mayores, con necesidades especiales y las mujeres.

Así lo puntualizó un abogado penalista: “Francamente yo no había visto en Costa Rica una acción de este tipo. Sencillamente llegó la policía con cualquier cantidad de perreras, fuertemente armada, encañonaron a todo el mundo, los hicieron sacados de las casas y les dijeron ‘salgan porque vamos a derribar las casas’. En esa confusión que se generó, al no hacerlo de forma planificada ni resguardando las garantías básicas de las personas, cerraron los caminos”.

“La gente se asustó porque creyeron que los iban a detener o mandar a la cárcel y muchas personas, incluyendo niños, optaron por buscar el río (San Juan); mucha gente se montó en botes y salió asustada huyendo”^[1].

Responsabilizamos a todas las autoridades involucradas en ese operativo del terror provocado sobre todo en las personas menores de edad, pues la desaparición no se puede desligar de ese terror implantado, del irrespeto de las garantías básicas y de los derechos humanos. Tanto las autoridades ejecutantes del desalojo como quienes lo ordenaron y lo permitieron deben dar cuentas del irrespeto a los derechos humanos.

Exigimos una respuesta clara de esas autoridades y veremos los procedimientos pertinentes para elevar este caso a los organismos nacionales e internacionales pertinentes.

¿Cómo quedarnos indiferentes frente a esto: “En este momento es que no se sabe si algunos niños tomaron un bote, no se sabe qué pasó, si se ahogaron en el río, si están detenidos por la policía en el lado de Nicaragua, o si están escondidos; no sabemos nada”?

Gobierno de Costa Rica:

¡Respete los Derechos Humanos de la niñez y sus familias!

Firmas que suscriben

A nivel personal

Albertina Alfaro Chinchilla
Alejandra Bonilla Leiva
Alejandra Martínez Gamboa
Alejandro Augusto García Valerio
Allen Cordero Ulate
Allisson Villalobos
Amsi Mariana López Valverde
Ana Cecilia Jiménez Arce
Ana Franzen

Andrea Brenes Gómez

Andrea Cordero
Ángel Hernando Sánchez

Angélica Alvarado Barrantes

Angie Loría Arroyo
Ann Marie Saidy
Aroon Abarca Guillén
Blanca Arce López
Bruno de Jesús Coto Barboza
Carlos Cabezas Mora
Carlos Luis Martínez Méndez
Carlos Manuel Muñoz Jiménez

Carmen María Chacón Mora
Carmen María Rojas González

Carolina Soto
Casilda Sancho
Catarina Goldoni Ruíz
Cecilia Castillo Nanjarí

Christopher Castillo
David Morera Herrera
Digna Rivera Navas

Edison Valverde Araya
Elí Ortiz Torres

Fabiola Bernal Acevedo

Fedra Brenes Sánchez
Félix López Zambrana

Flora de los Ángeles García Zamora
Gabriela Mayorga López
German Masís Morales
Gerardo Cerdas Vega
Gerardo Cruz Zuchini
Gerardo Vázquez Gamboa
Giselle Arce Fonseca

Gloriana Carranza Bonilal

Grace Serrano Corea
Guadalupe Urbina Juárez

Guiomar del Rocío Martín Tedman
Guiselle Gómez Hernández

Héctor Ferlini-Salazar
Henry Mora Jiménez
Hernán Arroyo Calderón
Idalía Mirjana Morales Alfaro

Irené Barrantes Jiménez
Isabel Ducca Durán

Ivonne García Bueso

Jahaira Jarquin
Jesenia Cid

Jimena Alejandra Vargas Forero
Jorge Amador González

José Alberto Amesty Rivera
José Joaquín Meléndez González
José Mario Villalobos Corella

Juan Martín Escuza Cervera
Julieta Dobles Izaguirre
Julieta Rodríguez Arias
Karina Vargas Espinoza
Katherine Rodríguez Oreamuno
Kattia Isabel Castro Flores

Kendra Hall Fune
Kimberling Martinez

Laura Carolina Garrigues Herrera

Ligia Barrantes Cartin
Luis Alberto Salas Sarkís
Luis Ángel Céspedes Rodríguez

Luis Carlos Bonilla Soto

Luis Mario Solano Víquez

Luis Paulino Vargas Solís

Madeline Kiser
Marbella Martin Fragachán

Marcela Dumani Echandi

Marcela Naranjo Segura

María Cecilia Mora Camacho

María Elena Amen Castillo

María Elena López
María Gabriela Soto Muñoz

María Trejos Montero
Maricela del Carmen Fernández Zambrano
Marielos Muñoz Solórzano
Maya Álvarez Aravena

Maylin Karlson Flores

Miguel Barrios Gutiérrez.
Minor Corrales Gamboa

Miranda Sequeira Guzmán

Naomi Jiménez Jarrett

Natalia Caro Bernal

Nicole Scott Fonseca
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Ninoska Varinia Pineda Ordoñez

Noah Phillips Álvarez
Nubia Ordónez Ugalde
Nuria Calvo Fajardo
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Olman Bolaños Ortiz
Olman Bolaños Vargas
Orlando Barrantes Cartín
Patricia Blanco Picado
Paz McLean Pérez
Rafael Barrantes
Rafael Isaac Gutiérrez Ramírez
Ricardo Sánchez Andrés
Rocío Ramírez Varela
Roger Chaves Grijalba
Rosa María Soto Quesada
Ruth Martínez Carrillo
Ruth Vindas Benavides
Sandra Vergara
Sharo Rosales Arce
Shi Alarcón-Zamora
Sileny Vásquez Orozco
Silvia Regina de Lima Silva
Sofia Gutiérrez Guido
Sonia Ulate Fallas
Susan Rodríguez Calvo
Suy Wong Ugalde
Tyronne Esna Montero
Wilson Arroyo
Ximena del Rio Urrutia
Yajaira Rojas Jiménez
Yamileth Monterrey López
Yasy Morales Chacón

Organizaciones o colectivos

Agrupación Universitaria Raíz UCR
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
Asociación de Estudiantes de Sociología UCR
Asociación de Mujeres por los Derechos en Guanacaste Alza tu Voz-Carrillo, Guanacaste
Asociación Ecoturística Barra del Colorado.
Buen Vivir-CR
Casa del migrante
Coalición Feminista
Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera
Comisión Vertiente Atlántica
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT-Costa Rica)
Consejo Iriria Sätkök-Organización Autónoma del Territorio Ancestral Yäbamï Dí kàtá, conocido como Cabagra
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
Feministas en Resistencia
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS)
Grupo de seguimiento Agenda CEDAW
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
Juventud Vanguardista Costarricense
Luciérnagas Sobre Ruedas
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Mujeres en Lucha Social
Mujeres peladoras y procesadoras de camarón barra del colorado
Observatorio Ciudadano
Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
Partido Vanguardia Popular (PVP)
Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD)
Sindicato Unitario de la Uned

España

SOS Ribagorza

Honduras

Hedme Castro – ACI Participa

Christopher Castillo -ARCAH

Ecuador

Sisa Pacari – Pueblo Saraguro

Venezuela

Unión Evangélica Pentecostal Venezolana

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Guatemala Hugo Garrido Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Honduras Coordinador General Christopher Castillo de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG Guatemala; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC.

[1] Pomareda, F. (2025, 10 de diciembre). Denuncian supuesta desaparición de siete menores costarricenses tras el desalojo de más de 70 familias en Chorreras

Una disculpa extemporánea

Escrito en 29/09/2025. Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El 27 de marzo de 2023 se produjo un incendio en una Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, en Ciudad Juárez. En este siniestro murieron 40 migrantes y 27 hombres y 15 mujeres resultaron con heridas profundas que no han podido sanar aún.

Se trata de más de 80 víctimas para las cuales el Estado mexicano no garantizó los recursos mínimos de resguardo mientras se encontraban en ese lugar.

En investigaciones realizadas por organismos civiles y de derechos humanos, se determinó que la negligencia y el desinterés de los funcionarios destacados en el Centro fueron los principales causantes de que a las personas que se encontraban en ese lugar no se les abriera la puerta principal para que pusieran sus vidas a salvo. No en vano en varios espacios de comunicacion civil circula un poderoso hastag con la leyenda: #nofueelincendiofueelestado, aludiendo la omisión que le costó la vida a esas 40 personas.

Luego se supo que las condiciones en las que permanecían en aquel sitio eran inhumanas: hacinados, sin agua ni comida, razones suficientes para causar un motín, que terminó arrebatándoles la vida.

Más de 900 días luego del hecho, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco G. Y., ofreció una disculpa pública a los sobrevivientes y las familias de los fallecidos. Este acto ocurrió el pasado 26 de setiembre.

Como parte del proceso que se sigue en su contra por los hechos acaecidos aquel marzo de 2023, el funcionario emitió una declaración que no sirve para traer a las personas fallecidas de vuelta ni reparar el daño físico y psicológico causado a las personas sobrevivientes y sus familiares.

Una disculpa extemporánea, tardía, inútil. Inútil si, porque es ahora y responde a procesos que no salen de su fuero interno, sino de mecanismos que la justicia mexicana habilita para seguir el debido proceso en una investigación de este calibre. No es desde su corazón que nace el ofrecimiento.

En su intervención en la reciente Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a atizar su odio visceral contra la migración en el mundo y en su propio país. Habló de proteger fronteras y terminar con la migración irregular que está “acabando con el mundo”, según sus palabras.

No debe extrañar que, en su afán, las políticas migratorias de otros países continúen en consecuencia triturando humanidades, exterminándolas.

Los tiempos que nos tocó vivir ciertamente convocan a la desesperanza. Pero cuando uno ve la fuerza de la migración que empuja y acciona, no le queda más que saludar la motivación, acompañar a estas personas que caminan por un futuro mejor desde cualquier trinchera. Metafóricamente deberíamos hacer lo mismo: caminar para construir, no detenernos nunca.

Carta de la contralora al presidente y anexos que deben leerse en conferencia de prensa

Escrito en 22/08/2025. Publicado en Derechos.

La contralora general, Marta E. Acosta Zúñiga exigió al presidente Chaves un derecho de respuesta que debe leerse en la próxima conferencia de prensa. SURCOS transcribe la carta íntegra y ofrece en el último párrafo el enlace al documento anexo que contiene el texto que debe leerse. La exigencia de la contralora se da al “amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

Señor
Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República
Señor Presidente:

El pasado miércoles 20 de agosto, al final de la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial y dirigida por usted, en el período de consultas, pero también en otros espacios públicos en los que participa, falsamente se atribuyen actuaciones a los funcionarios y funcionarios de la Contraloría General de la República; falsedad que se ha puesto de moda en sus conferencias y discursos públicos. Lo hace sobre temas sensibles en materia de educación y salud; entre otros, mintiendo de forma reiterada y con saña para engañar a costarricenses decentes y de buena fe. Utilizar a las comunidades de la forma en que lo hace; aunque sus mentiras no sean sostenibles en el tiempo, es más que deplorable.

Estupor causa que durante la conferencia y ante consulta de un periodista, su respuesta haya sido decir: “Uy don Nino, yo creí que ya le había dado suficiente a la Contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je je je”. Respuesta violenta y además misógina hacia mi persona, así como irrespetuosa hacia la entidad que represento. Han sido meses de agresiones; todas ellas debidamente documentadas como lo exige la ley para cualquier demanda o proceso judicial posterior.

Uno de los temas expuestos en la conferencia corresponde a las Escuelas Santa Elena en Monteverde y Portalón en Quepos, con respecto a las cuales se nos endilgan actuaciones ilegales cuando lo cierto es que la actuación de la División de Contratación Pública de la CGR se enfoca en resolver dos recursos de apelación, respetando los procedimientos BCIE y las condiciones específicas, a partir de las cuales se anuló la decisión del Ministerio de Educación Pública de declarar fracasadas las licitaciones.

No es ganancia para las comunidades que por aspectos intrascendentes se declaren fracasadas las licitaciones promovidas para construir las escuelas, ni tampoco plantear cuestionamientos que no fueron vistos en apelación. El MEP es quien puede seguir con los procedimientos y permitir la construcción. A las comunidades afectadas y al país debe decírseles la verdad, la resolución de la Contraloría General permite seguir con el trámite que el mismo Ministerio de Educación frenó en su momento por un tema intrascendente.

Si ya es nefasto pretender obstaculizar que se sigan los procedimientos iniciados para la construcción de las escuelas también lo es referirse al Hospital de Cartago para atribuirle a la Contraloría el supuesto incumplimiento de plazos para resolver. Le recuerdo que esta contratación cuenta con adjudicación en firme y que pese a ello la CCSS demoró un mes el envío de información necesaria para concluir el estudio del proceso de refrendo, siendo responsabilidad de la CCSS presentar los documentos completos oportunamente, máxime que se trata de la satisfacción de necesidades apremiantes de las personas.

A todo ello, se suma utilizar la inauguración de la nueva sede de Coopesalud, en el Llano de Desamparados, el 19 de agosto anterior como espacio para atacar a los funcionarios de esta Contraloría General en relación con el caso “Barrenador”, llamándonos “sinvergüenzas” y acusándonos de tener una alianza “inmoral” con otros funcionarios y de los delitos de colusión y corrupción.

Rechazamos las declaraciones difamatorias y calumniosas que con tanta facilidad y sin prueba alguna se lanzan contra funcionarios de la Contraloría General. Nuestras actuaciones ajustadas a la técnica y a la ley no han tenido nunca un afán intimidatorio como sí lo tiene la campaña sistemática de ofensas, violencia y mentiras que desde hace meses recibimos. Demandamos que cese inmediatamente ese tipo de manifestaciones y si tiene pruebas presente las denuncias que correspondan. La dignidad de nuestros funcionarios y la autonomía de esta institución son innegociables.

Por la extensión de sus declaraciones, las respectivas transcripciones y nuestros argumentos están en documento anexo, acompañados de los párrafos que exigimos sean leídos en la próxima conferencia de prensa al amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y por brindar las declaraciones en un formato de amplia difusión en youtube y por redes sociales en el que se intercalan también presentaciones en videos previamente preparados.

Seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de forma firme e indeclinable.

Sin otro particular,
Marta E. Acosta Zúñiga
Contralora General de la República

La resistencia comunal no duerme: ¡Por una educación digna que defienda el presente y futuro de nuestros hijos e hijas!

Escrito en 02/07/2025. Publicado en Derechos, Educación.

Carolina Zúñiga Castro

En el ámbito de la educación de nuestra niñez y juventud, enfrentamos un sistema profundamente desafiante. Se ha trazado una ruta de la Educación imaginaria, marcada por recortes presupuestarios que culminan en una alfabetización escasa, casi nula. Esto no es accidental; es una estrategia que busca erosionar la capacidad crítica de las futuras generaciones.

¡Auxilio! ¿Qué sucede en el Circuito 01 de Desamparados, del MEP?

Hoy, el Circuito 01 de Desamparados se encuentra en un caos total. Los recortes presupuestarios, las Juntas de Educación que no logran resistir un sistema desgastante, las familias agotadas por los maltratos institucionales y una infraestructura en constante deterioro son la cruda realidad. La indiferencia de las autoridades ante esta situación es alarmante y se traduce en aulas superpobladas y migración a escuelas fuera de su comunidad, falta de materiales didácticos y un personal docente desmotivado y sobrecargado. Un ambiente laboral hostil que enferma al cuerpo docente.

El principio establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, que reza: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, no se cumple. Cientos de familias desamparadeñas vivimos en un estado de alerta constante por la educación de nuestros hijos e hijas. Nos preguntamos: ¿Están en buenas manos? La respuesta, lamentablemente, es un rotundo no. La calidad educativa se deteriora a pasos agigantados, hipotecando el futuro de nuestros jóvenes.

Asistimos a un debilitamiento del pensamiento y del razonamiento. ¿Qué se busca? Una población adormecida, ¡claro! Es mucho más fácil dominar a las masas desde la ignorancia. No hay otra interpretación posible ante la crisis sistémica que estamos experimentando. Se fomenta la memorización por encima del análisis crítico, limitando la capacidad de nuestros estudiantes para cuestionar y proponer soluciones.

Condenamos la violencia institucional que transgrede los Derechos Humanos y que obstaculiza el acceso a políticas públicas, especialmente para mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Esta violencia se manifiesta en la negación de oportunidades, la falta de apoyo a estudiantes con necesidades especiales y la precarización de las condiciones laborales de quienes luchan por una educación digna.

La lucha comunal vive y no está dormida, ni sumisa. Desde las bases, “los de abajo” nos levantamos para exigir el respeto a nuestros derechos y la garantía de una educación pública de calidad. No callaremos ante la injusticia y seguiremos alzando la voz hasta que se reconozca que la educación es la base de una sociedad justa y equitativa. La resistencia es nuestra arma más poderosa y la usaremos para construir un futuro mejor para todos.

Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres

Escrito en 30/01/2025. Publicado en Equidad y derechos de la mujer, Sin categoría.

Comunicado

¡EMERGENCIA NACIONAL: ¡TRES FEMICIDIOS EN MENOS DE 12 HORAS!

Costa Rica vive hoy una tragedia que no puede ser ignorada: en menos de 12 horas, tres mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Estos crímenes son la manifestación más brutal de una violencia estructural que el Estado ha sido incapaz de prevenir. Frente a esta realidad, alzamos nuestra voz para exigir medidas claras, urgentes y efectivas que pongan fin a esta emergencia nacional.

Nuestra preocupación es profunda: el Estado costarricense y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como ente rector, han fallado en garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. No basta con discursos ni medidas simbólicas, necesitamos acciones concretas que respondan al mandato de los convenios internacionales que Costa Rica ha suscrito, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Ambos instrumentos exigen políticas efectivas, integrales y sostenidas para erradicar la violencia de género.

Exigimos:

Declaratoria de emergencia nacional por violencia contra las mujeres. Este es un llamado urgente a priorizar recursos y políticas públicas para prevenir, atender y sancionar toda forma de violencia.
El fin de la violencia institucional. Necesitamos instituciones que estén del lado de las mujeres, no del poder ejecutivo que perpetúa y naturaliza la violencia de género. Exigimos un INAMU que represente los intereses de las mujeres y no sea un apéndice del Ejecutivo.
Una ministra comprometida con las mujeres. Queremos un liderazgo que no justifique las acciones del Ejecutivo, sino que aplique con firmeza los mandatos de los convenios internacionales y las leyes nacionales para salvar la vida de las mujeres.
Cumplimiento de los compromisos internacionales. Es indispensable que el Estado costarricense cumpla con las obligaciones que ha asumido en la CEDAW y Belém do Pará, generando políticas efectivas, seguimiento integral y protección real para las mujeres en riesgo.

Un llamado a la acción colectiva:

Instamos a todas las organizaciones de mujeres, colectivos feministas y movimientos sociales a unirse en una Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres. Esta lucha no puede ser de corto plazo ni limitada a las calles; debe ser sostenida y llevada a todos los espacios:

En las comunidades, trabajando juntas para concienciar y capacitar a las personas en prevención de la violencia de género.
En las instituciones, exigiendo cambios estructurales y denunciando la negligencia.
En los centros de trabajo, promoviendo espacios seguros y libres de discriminación.
En los hogares, educando desde la familia para erradicar los patrones de violencia.
En las calles, alzando nuestras voces juntas en una lucha incansable por los derechos de las mujeres. Nos vemos este

Hoy, más que nunca, debemos acuerpar a cada mujer que enfrenta violencia, construir redes de apoyo y compartir información que salve vidas. Esta es una lucha que nos compromete a todas y todos, porque la vida de las mujeres no puede seguir siendo arrebatada por la indiferencia, la negligencia y la impunidad.

¡Por una Costa Rica justa, segura e igualitaria!

¡Que nuestras voces retumben en cada rincón del país y exijan un cambio real!

Desde la resistencia y por la vida de las mujeres.

DECLARAMOS EMERGENCIA NACIONAL YA.