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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

El frenazo al presidente Chaves y el fortalecimiento de la democracia costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El próximo cuatro de febrero la democracia política costarricense se someterá a una prueba electoral más. Costa Rica tiene reconocimiento internacional de ser un país de larga y estable democracia política y electoral. También tiene reconocimiento de una democracia social avanzada.

De América Latina es el país que más ha gozado de esa estabilidad política como ninguno otro. Trece constituciones políticas desde 1821. La primera, del 1 de diciembre de 1821, a cuatro semanas de haber declarado la Independencia el 29 de octubre de 1821. Once de ellas entre 1821 y 1871, unas de muy poca duración, dos de carácter decenal. La de 1871 llegó de hecho hasta 1949, con una breve interrupción entre 1917 y 1919, y la vigente actualmente desde 1949.

Desde 1849 prácticamente ha habido rotación presidencial cada cuatro años, con breves interrupciones, las últimas dos, en el siglo XX, la dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919 y la Junta de Gobierno o Junta Fundadora de la Segunda República, 1948-1949.

La estructura del Estado, y del Estado de Derecho, con sus tres poderes clásicos viene desde 1824, con independencia funcional reconocida, respetada, exclusiva e indelegable; con sometimiento de los Jefes de Estado, 1824-1848 y de los Presidentes de la República, 1848-2023, a las Constituciones y las Leyes.

Con una presencia, en el ejercicio del Poder Ejecutivo, al frente del Poder Ejecutivo, de educadores, desde el primer Jefe de Estado, 1823-1833, Juan Mora Fernández, especialmente de abogados, de médicos, y de civiles; reformadores y liberales importantes; excepcionalmente de militares.

Administrativamente el país se desarrolló, siguiendo la tradición española, con tres Departamentos, entre 1835 y 1848, y con cinco Provincias y dos comarcas desde 1848 hasta hoy. Las dos comarcas evolucionaron a Provincias en la segunda mitad del siglo XIX.

Al interior de las provincias se desarrollaron, siguiendo la tradición española de los cabildos y ayuntamientos, los cantones, con sus Concejos Municipales y al interior de éstos, los distritos con Concejos distritales. Hoy existen 84 cantones y alrededor de 490 distritos.

El sistema electoral del país evolucionó desde los mismos días de la Independencia, en Centroamérica y en Costa Rica, eligiendo representantes a los organismos federales que se impulsaron y a los órganos de poder interno que surgieron. El sistema electoral evolucionó desde el voto directo, público, restrictivo, de electores y de segunda vuelta, al voto directo, 1913, al secreto en 1924 y al universal en 1949. En 1974 se amplió la ciudadanía a los mayores de 18 años, votando los jóvenes por primera vez ese año.

Desde 1889 se estableció un sistema de partidos políticos mediante el cual solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular.

El sistema de partidos políticos impuso el control del Gobierno y del Poder Legislativo por pocos partidos políticos, desarrollando en la segunda mitad del siglo XX un fuerte régimen bipartidista, dominado por corrientes políticas socialdemócratas y socialcristianas. Así de los últimos 18 gobiernos, nueve los ha ejercido la socialdemocracia, seis el socialcristianismo.

En el 2014 irrumpieron nuevas fuerzas políticas, heterogéneas, desdibujadas ideológicamente, con dos gobiernos del partido Acción Ciudadana, 2014-2022. En el 2022 surgió como partido gobernante el Partido Progreso Social Democrático, nuevo, de reciente formación, que llevó a la Presidencia a Rodrigo Chaves Robles, más desdibujado ideológicamente, con un discurso político populista, anti bipartidismo gobernante, anticorrupción, sin experiencia personal política en el país; un funcionario de muchos años del Banco Mundial. Acción Ciudadana quedó fuera del escenario electoral. Los tradicionales sobreviven, siendo actualmente la fracción legislativa más fuerte, la socialdemocracia con 18 de 57 diputados.

A nivel legislativo el bipartidismo tradicional socialdemócrata y socialcristiano se distribuyeron el Congreso mayoritariamente, hasta 1998 cuando perdieron las mayorías parlamentarias, obligados a pactar con pequeñas fuerzas políticas que elegían diputados. Esta situación no ha variado desde entonces. Rasgo importante de estos años es que los partidos de gobierno no han tenido mayorías parlamentarias, y los últimos tres gobiernos no han elegido más de 12 diputados. El actual partido gobernante solo tiene 10. Dos de ellos están fuera de la órbita del Poder Ejecutivo. Los otros restantes ocho diputados juegan a varias bandas políticas.

Alrededor del Presidente Rodrigo Chaves se han articulado diferentes grupos políticos, con ánimo de desarrollar casa propia, partido propio, ya que el Partido Progreso Social Democrático fue un partido taxi, Uber, prestado al candidato que resultó electo, sin que él controle en nada a dicha organización ni sea un líder de la misma. Así, han impulsado dos organizaciones electorales, Partido Pueblo Soberano y el Partido Aquí Costa Rica Manda, que las trataron de poner a prueba en las próximas elecciones municipales del 4 de febrero.

La evolución electoral del país ha llegado a un punto de paridad de género, hombres y mujeres, casi absoluto, que obliga a que en las listas de candidatos obligadamente vayan alternos hombres y mujeres en el orden en que inician las papeletas. A ello se ha sumado que cuando un partido político, nacional o provincial, participa en varios cantones de la misma provincia, la paridad de candidaturas ofrecidas por cada partido también sea horizontal, de manera que, si una Provincia tiene 20 cantones, 10 deben ir con candidaturas encabezadas por mujeres y 10 por hombres. La igualdad opera a favor de la mujer. Si un partido llevase 12 candidatas mujeres en doce de veinte cantones no sería problema. Al contrario, sí.

El Tribunal Supremo de Elecciones, el órgano máximo, descentralizado, autónomo, independiente, con rango de Poder de Estado, que administra todos los procesos electorales desde 1948, es quien vela de esta paridad política. En las elecciones del 2022 obligó al Partido Unidad Social Cristiana a cambiar una candidatura masculina en la provincia de San José, donde descansa la capital de la República y los Poderes de Estado como la mayoría de las instituciones públicas.

Para el reciente proceso electoral, de las elecciones municipales, que elige popularmente casi 8000 dirigentes políticos cantonales, los dos partidos que para esta ocasión se trataron de inscribir a favor del actual Presidente Rodrigo Chaves, Partido Pueblo Soberano y el Partido Aquí Costa Rica Manda, fallaron en la inscripción igualitaria de candidaturas, pese a las advertencias que el Tribunal Supremo de Elecciones les señalara, motivo por el cual les anularon la totalidad de sus candidaturas.

Obvio que sus fanáticos, por ahora visiblemente no muchos, han realizado protestas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, las que no han tenido éxito alguno. El mismo Presidente ha mantenido una campaña de descrédito hacia los poderes del Estado y hacia el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, que de paso investiga malas prácticas organizativo partidarias, y posiblemente de ilegales financiamientos a la campaña del Presidente, en las instancias paralelas y partidarias que se crearon para llevarlo a la Casa Presidencial.

Para mí es una lástima que le hayan dejado por fuera a sus esfuerzos partidarios, que son dirigidos por funcionarios que desde la Casa Presidencial operan. Una lástima, porque hubiera sido importante medir electoralmente cuál es el alcance, especialmente en simpatía electoral, que realmente ha tenido el Presidente Rodrigo Chaves en sus 21 meses de gobierno, dado que en las encuestas de opinión sobre su figura ha venido cayendo, mientras a nivel presidencial su figura se mantiene con índices relativamente altos para la experiencia política costarricense.

Sí el Presidente Chaves ha impulsado, con sus funcionarios y simpatizantes, dos partidos, por ahora, para participar en elecciones cantonales, es claro que para las próximas elecciones nacionales del 2026, va a tratar de participar con más fuerza para tratar de que con alguno de sus partidos, con estos u otros que pueda inventarse, se pueda elegir su sucesor presidencial, porque en Costa Rica, no hay reelección sucesiva. Es claro que quiere seguir en política, en política electoral y posiblemente sueñe y se desvele con volver a ser electo presidente, en el 2030 o el 2034…

El otro dato interesante es que el gabinete de ministros, y de altos funcionarios del gobierno de escogencia presidencial, del Presidente Chaves ha sido como sacar premios de una tómbola de feria. La inmensa mayoría sin experiencia de partidos políticos, lo que ha provocado, por el estilo de gobernar, que haya habido una remoción en sus 19 meses en promedio cada 15 días, lo que realmente impide desarrollar una real obra de gobierno sujeta a una visión país, de mediano o largo plazo, y de atacar los problemas principales del país, buscando los acuerdos políticos necesarios para ello.

Un problema central del país es el desarrollo del narcotráfico y el peso que cada día han ido tomando los grupos del crimen organizado en todas las esferas de la vida institucional, pública y política, al punto que, a Costa Rica, recientemente se le ha comparado, en su situación, con Ecuador, de ser las bodegas más importantes del tráfico de droga internacional de sur y de centro América hacia Estados Unidos y Europa.

El otro aspecto, es que en el gabinete del Presidente está su Ministra de la Presidencia, muy importante para él hasta este momento, que fue candidata presidencial que lo adversó en la campaña electoral del 2022, quien para las elecciones municipales del 4 de febrero próximo, le estaba compitiendo, con su propio partido, Unidos Podemos, que ha quedado inscrito para participar en estas elecciones, y posiblemente seguirá inscrito para las del 2026, con ella de candidata, por sí misma o como candidata del propio Presidente, quien por su parte tiene también sus ahijados políticos en su propio gabinete, al ministro de Obras Públicas y al de Hacienda, que son por ahora los que mantienen el mayor rumor a su favor.

Valorando el proceso democrático electoral hay que reconocer la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones con la decisión tomada, sin temor al Poder Ejecutivo, al Presidente como persona, permitiendo ejemplificar a este Poder electoral, y a la democracia costarricense, con los poderes electorales de Nicaragua o Venezuela, por citar dos casos de la región latinoamericana, donde estos poderes responden a los dictados de sus palacios presidenciales y de sus gobernantes.

Las cartas del proceso electoral ya están echadas. Ya empezó a entregarse la papelería electoral a las Juntas Electorales, que se integran con representantes de los partidos políticos en todo el territorio nacional. Los resultados los tendremos el próximo 5 de febrero a partir de las 8 de la noche, cuando empiecen a darse los primeros resultados electorales.

El poder ciudadano cantonal, base de la democracia administrativa nacional, ya está funcionando. Los votantes tienen la palabra decisoria. El abstencionismo electoral, que a este nivel ha sido alto históricamente, es un gran reto para superar. El aumento de partidos cantonales contra los tradicionales es una gran riqueza política que se manifiesta en esta dirección.

Por ley se ha dispuesto que casi la mitad de los actuales alcaldes y representantes populares cantonales no pueden reelegirse por tener dos o más períodos en el cargo, por lo que tendremos una gran renovación de autoridades políticas cantonales, lo que será una gran expectativa para la vida cívica y ciudadana de los cantones.

Con lo sucedido al Presidente de la República, y a quienes le impulsan en sus proyectos electorales, se les ha dado una gran lección. El Estado de Derecho funciona; el Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano del Estado independiente en sus decisiones. En el Tribunal Supremo de Elecciones descansa, en este proceso electoral, la vida política de la democracia costarricense, con el apoyo de la ciudadanía. Al Presidente Chaves de le ha dado un frenazo y se ha fortalecido la democracia costarricense.

Artículo publicado en la revista internacional MEER.com el martes 23 de enero del 2024 y compartido con SURCOS por el autor.

Las raíces históricas de la Contraloría General de la República

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Contraloría General de la República es una institución del Estado costarricense, surgida al calor de la Revolución de 1948, cuando se instaló la Junta Fundadora de la Segunda República, quien la impulsó. Antes de 1948 esta institución como tal no existía, lo que facilitaba la corrupción y la mala administración pública del período histórico anterior. Lo que existía desde 1922 era un órgano llamado Centro de Control.

Instalada la Junta, en su sesión No. 83, el 15 de marzo de 1949, se comentó “la necesidad de crear la Contraloría General de la República. ”En esa misma sesión se señaló que se “hará la Ley y se someterá a la Constituyente para que ésa haga el nombramiento de Contralor General de la República.”

Cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, en 1949, en el Proyecto de Constitución Política, elaborado por la Comisión nombrada por la Junta Fundadora de la Segunda República, se estableció en su parte introductoria y justificativa, un apartado a la Contraloría General de la República que indicaba:

“Como un departamento auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública y de la correcta ejecución del Presupuesto Nacional, pero con absoluta independencia funcional y administrativa se crea la Contraloría General de la República, institución que ya existió entre nosotros, desde que por reforma constitucional de 1922 se creó el mal llamado Centro de Control. La importancia de esta Institución, si se la llega a organizar como un organismo estrictamente técnico y se la dota de directores capacitados y responsables, no es necesario ponderarla. Existe en casi todos los países sudamericanos como organismo constitucional, y hay algunos de ellos, como Panamá y Colombia, donde ha llegado a tener tal relevancia que el Contralor General es considerado el segundo funcionario de la República, después del Presidente. Viene a ser, además, el necesario complemento para los principios consignados en relación con el Presupuesto Nacional.

En el proyecto se hace gozar al Contralor y al Sub-Contralor de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea para destituirlos, por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si se les llagare a comprobar dolo, culpa o ineptitud en el ejercicio de sus funciones, o mala conducta”.

Quedaba claro en esa filosofía que la Contraloría General de la República debería ser un “departamento auxiliar” , así propuesto originalmente, de la Asamblea Legislativa. Debería ser un “organismo estrictamente técnico”, con “directores capacitados y responsables”, que tuviera amparo constitucional, como existía en otros países latinoamericanos. Se enfatizaba en la idea deseable que el Contralor General de la República llegar a ser “considerado el segundo funcionario de la República, después del Presidente”.

En la propuesta de la Junta de Gobierno el Contralor y el Subcontralor debían tener “inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes”, y solo la Asamblea legislativa puede sustituirlos, así como nombrarlos.

Cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, en el Proyecto de Constitución Política elaborado por la Comisión nombrada por la Junta Fundadora de la Segunda República, se justificó la existencia de la Contraloría General de la República, en varios artículos. En el artículo 189, de la formación de las leyes, en el período de sesiones ordinarias, se señaló que la Contraloría General de la República, “tendría esa iniciativa”. En el Artículo 204, se señaló que Asamblea no podrá discutir moción de aumento a los egresos ni tramitar ninguna solicitud para ampliar el Presupuesto vigente, con el fin de hacer nuevos gastos o suplir deficiencias de las rentas, si no se señalan nuevos ingresos que cubra, previo informe de la Contraloría sobre la efectividad fiscal de los mismos. Si el informe fuere desfavorable al proyecto, solo podrá ser aprobado por ley extraordinaria”. En el Artículo 208 se ordena que “el Ministerio de Hacienda deberá enviar a la Contraloría la liquidación del Presupuesto, a más tardar el 1º de marzo siguiente al vencimiento del mismo; la Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su dictamen a más tardar el 1º de mayo siguiente. En el dictamen se hará constar las infracciones cometidas en la ejecución de Presupuesto, debiendo señalarse, en cuanto fuere posible al funcionario o funcionarios responsables. En caso de diferencias de orden numéricos entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría, o entre alguno de ellos y la Asamblea, decidirá en definitiva el Tribunal de Cuentas de que habla en artículo 211”.

Igualmente se estableció, en el proyecto constitucional, un Capítulo V, referido a la Contraloría General de la República, que en su parte medular dice:

“Artículo 210. La Contraloría General de la República será un departamento auxiliar de la Asamblea Legislativa, en la vigilancia de la Hacienda Pública y de la correcta ejecución del Presupuesto Nacional, pero gozará de absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.

Artículo 211. La Contraloría General de la República tendrá plena competencia administrativa en todos los asuntos referentes al examen, glosa y fenecimiento de cuentas de los funcionarios o empleados encargados de recibir, entregar o custodiar fondos o bienes públicos, que en sentencia deberá aprobar o rechazar en todo o en parte. Esa sentencia será apelable ante el tribunal de cuentas que designe la Corte Suprema de Justicia en la forma que determine la ley.

La Contraloría tendrá, además, las otras funciones que esta Constitución indique, y las que las leyes pongan a su cargo.

Artículo 212. No se publicará en el Diario Oficial ningún acuerdo de pago con cargo al Tesorero Nacional giro u orden de pago contra los fondos del Estado, sino cuando la Contraloría haya visado el acuerdo respectivo.

Quedan exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos que, por circunstancias muy especiales, considere el Consejo de Gobierno que no deben publicarse, en este caso, el Ejecutivo deberá comunicarlo así por escrito a la Contraloría y la Tesorería, e informar inmediatamente en nota confidencial a la Asamblea Legislativa.

Artículo 213. La Contraloría estará a cargo de un Contralor y de un Subcontralor. Ambos serán nombrados por la Asamblea Legislativa dos años después de haberse iniciado el período presidencial, durarán en sus funciones un período fijo de ocho años, pudiendo ser reelectos por votación no menor de las dos terceras partes del total de los miembros de los Supremos Poderes.

El Subcontralor aparte de las funciones propias que la ley le asigne, sustituirá al Contralor en sus ausencias temporales.

Dichos funcionarios podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare dolo, culpa o ineptitud en el ejercicio de sus funciones, o mala conducta.”

De igual manera, en el Artículo 252, referido a las Municipalidades se indicó que los presupuestos municipales “requerirán para entrar en vigencia la aprobación de la Contraloría General de la República y quedarán sujetos a la fiscalización superior de ese organismo”.

De manera contundente se señalaba en el Artículo 264, que los “presupuestos ordinarios y extraordinarios de las Instituciones Autónomas serán formuladas por cada una de ellas, pero los de índole administrativa requerirán, para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General de la República, y su ejecución y liquidación estarán fiscalizadas por esta última”.

Al crearse la Contraloría General de la República en su ley constitutiva en sus artículos 1 y 2 se dice:

“Artículo 1.- Naturaleza Jurídica y Atribución General. La Contraloría General de la República es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley.

Artículo 2.- Garantía de Independencia. En el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República goza de absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público. Sus decisiones solamente se encuentran sometidas a la Constitución Política, a tratados o convenios internacionales y a la ley. El Contralor General de la República y el Subcontralor General de la República responden ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones.”

Aquí se afirma a la Contraloría General de la República como “órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley”, con “Garantía de Independencia el ejercicio de sus potestades”, con “absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público”, cuyas “decisiones solamente se encuentran sometidas a la Constitución Política”, y que el “Contralor General de la República y el Subcontralor General de la República responden ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones”.

En la Constitución Política vigente los artículos 24, 175, 179, 180, 181, 187 y los artículos 183 y 184, del Capítulo V, referido específicamente, a la Contraloría General de la República, se regula las funciones y obligaciones de la Contraloría General de la República, que son de estricto conocimiento, y acatamiento en lo que corresponda, de quienes ejercen los Poderes de la República, y están al frente de las instituciones del Estado y la Administración Pública.

Históricamente la Contraloría General de la República ha funcionado constitucionalmente con los gobiernos de Otilio Ulate Blanco, José Figueres Ferrer, Mario Echandi Jiménez, Francisco Orlich Bolmarcich, José Joaquín Trejos Fernández, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós, Rodrigo Carazo Odio, Luis Alberto Monge Álvarez, Oscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Fournier, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espriella, Oscar Arias Sánchez, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera, Carlos Alvarado Quesada, y existe con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles.

El Contralor General de la República es un funcionario que se nombra por períodos de ocho años pudiendo ser reelegible en su cargo por la Asamblea Legislativa. Los Contralores Generales han sido Amadeo Quirós Blanco (1950-1956), Francisco Ruiz Fernández (1956-1961), Jorge Nilo Villalobos Dobles (1961-1964), Eugenio Rodríguez Vega (1964-1970), Roberto Jesús Losilla Gamboa (1970-1972), Rafael Ángel Chinchilla Fallas (1972-1987), Elías Soley Soler (1987-1992), Samuel Hidalgo Solano (1992-1996), Luis Fernando Vargas Benavides (1996-2004), Alex Solís Fallas (2004-2005), Rocío Aguilar Montoya (2005-2012) y Marta Acosta Zúñiga (desde el 2012 hasta hoy).

En el caso de la actual Contralora, que lleva ejercicio de su cargo 14 años, también había sido Sub Contralora en el periodo 2004-2012, siendo de todos los Contralores la única persona que se desempeñó en ambos cargos. Por ello, su experiencia, la dignidad, honestidad, honradez, probidad, señorío, capacidad, profesionalismo e idoneidad con que ejerce su cargo es la experiencia acumulada de 20 años de trabajo, de hecho, al frente de la Contraloría General de la República.

Solo en un caso, en el 2005, el Contralor ha sido removido por la Asamblea Legislativa.

En toda la vida institucional, desde su existencia, nunca había habido por parte de ningún Presidente de la República, ataque, descalificación, ni puesta en duda de las gestiones de la Contraloría.

El actual Presidente Rodrigo Chaves Robles, ha sido quien incluyó a esta institución en sus expresiones descalificadoras, acusándola de debilidad ante los anteriores gobiernos, y de severidad con su gobierno.

La presión que ha querido ejercer con la Contraloría tampoco se vio en otros gobiernos. Las reuniones que tuvieran los presidentes anteriores con contralores nunca se vieron denunciadas como falsamente comunicadas por el Mandatario de lo tratado en esas reuniones. Ni nunca, en estos 72 años de existencia de la Contraloría, se le ha obligado al Presidente a reunirse con la Contralora de cara al público, grabada la conversación, para evitar falsificaciones de lo que se trate.

Respeto es lo que siempre ha habido con las decisiones de la Contraloría aun cuando no se compartan sus decisiones técnico-jurídicas.

La acusación del Presidente no ha sido a la actual Contralora. Ha sido a los anteriores contralores de a haber sido complacientes, dóciles o agachados ante los anteriores gobernantes, situación que quisiera el actual presidente de la Contralora General de la República.

El problema fundamental de los gobernantes es saber que tienen que someterse a un Estado de Derecho, a un régimen legal al que deben someterse en el ejercicio de su cargo, a un respeto institucional y jurídico a la independencia, autonomía de las Instituciones y Poderes Públicos en la especificidad y especialidad de sus funciones.

No es bajándole el piso ni legitimidad a una institución como la Contraloría General de la República como se debe gobernar.

El poder de una funcionaria, mujer, al frente de una institución por sí poderosa institucionalmente no debería molestarle a ningún Mandatario, salvo que su gobernanza se exprese en una misoginia institucional, de odiar, rechazar, despreciar a las funcionarias, mujeres, que no puede mandar y darle órdenes que deben acatar.

Rodrigo Chaves era una aberración política, pero significaba renovación y esperanza

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

¿Qué pasó en las elecciones del 2022? Todavía no se ha hecho un buen análisis de ese proceso electoral. La sociedad política y empresarial nacional todavía está en shock emocional con el triunfo de Rodrigo Chaves.

La primera ronda de esas elecciones las ganó el Partido Liberación Nacional, el partido socialdemócrata y su candidato José María Figueres Olsen. Eso no significó que triunfara, en la conciencia de los votantes, en ese momento de febrero, el ideario socialdemócrata, ni el ideario figuerista, referido a don Pepe Figueres, que ha sido lo tradicional en la percepción política que ha girado alrededor de ese partido, y en cierta forma en el aire político nacional.

José María en los últimos cinco días de campaña, antes de la votación de la segunda ronda, intentó atraer a los votantes con su propuesta Ochomogo2.0, una plataforma social que en ese momento presentada fue como un canto a la luna. En su partido, y a su alrededor, se habían impuesto los grupos más conservadores y neoliberales de Liberación Nacional, que frente a los cantos de sirena de Rodrigo Chaves no causaban ningún enamoramiento electoral en la segunda ronda, no por la discusión social o política, que debía mantenerse, sino por el discurso anti partido tradicionales, anti políticos tradicionales, anti Política nacional, anticorrupción en general, que Rodrigo Chaves mantenía y que hacía representar en José María Figueres su principal candidato opositor, hacia abril del 2022.

Su discurso fue también contra las élites gobernantes, que no solo eran las políticas sino también de ciertos grupos empresariales, económicos, productivos y financieros, que tradicionalmente se habían coaligado alrededor de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

La base material y emocional que le dio el Triunfo a Rodrigo Chaves, en mucho fue la pobreza, la extrema pobreza, la marginación, la exclusión, los graves problemas relacionados con desempleo, empleo informal, deserción estudiantil; la desatención de la población en instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social y en la educación pública, la desestructuración del Estado Social de Derecho que se ha venido impulsando; el debilitamiento que se ha venido haciendo de instituciones claves para el país y la población, como el ICE; las políticas privatizadoras de instituciones estatales que se impulsan, los problemas asociados a la violencia social, a la inseguridad ciudadana, a la narco economía, la narco política, a la explosión numérica de bandas criminales en el país y la lucha que tienen por territorios, por el control de las drogas, su comercialización y exportación, que se expresan en el sicariato.

Además de la renovación política que él mismo se auto proponía, también se presentó como El Salvador, la esperanza de los pobres, de los marginados y excluidos. Era la utopía realizable para la mayoría social que le apoyó.

Rodrigo Chaves era el símbolo de la renovación, de la limpieza institucional nacional. De allí también su arraigo en costarricenses, que aún mantiene desde la Casa Presidencial, porque una inmensa mayoría nacional y social costarricense se ha sentido marginada, desplazada de la atención pública estatal. Zonas geográficas se han abandonado de estas políticas nacionales, las que él trata de atender publicitariamente.

Su surgimiento desde afuera de la política tradicional fue en cierta forma su empaque de éxito, del foráneo, del outsider. En él, miles de costarricenses descubrieron que podían herir el statu quo, el establishment político, votando por un personaje impensado.

Fueron votantes airados, que pudieron votar a la derecha como a la izquierda, según se le hubiera llegado al oído, según se le hubiera apelado al llamado del pueblo. En cierta manera, hoy se ven en los pequeños partidos que se ha tratado de impulsar desde la Casa Presidencial, que se movilizan en protestas contra la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y contra el Tribunal Supremo de Elecciones, que también se impulsa desde el discurso presidencial contra medios de comunicación, periodistas y analistas políticos, contra diputados y altos funcionarios públicos, que él no ha podido nombrar, ni dependen de su escogencia y designación.

Este canto de sirenas ya se venía introduciendo en la vida política nacional desde la campaña del 2018, de manera más evidente. Como consigna se traía desde años atrás sin que repercutiera políticamente.

En el contexto mundial había una tendencia al populismo político, al autoritarismo político y hacia gobiernos de derecha. En América Latina el péndulo político de nuevo se movía hacia populismos de derecha y gobiernos autoritarios.

A Liberación Nacional lo dejaron solo en la segunda ronda tanto liberacionistas, de la primera ronda, como los grupos opositores que debieron haberse coaligado con Liberación y Figueres, para la segunda vuelta, obviamente con una plataforma política y un efectivo gobierno de unidad nacional, que ni siquiera se sugirió.

El abstencionismo, en este sentido, fue la mayor expresión de este abandono electoral el primer domingo de abril del 2022. Pero eso tuvo sus consecuencias, el ascenso de Rodrigo Chaves a la Casa Presidencial. Su triunfo era una aberración política, pero significaba renovación y esperanza

El golpe casi mortal que recibió el partido Acción Ciudadana, luego de dos años de gobiernos continuos, fue un mayor shock político. Contra este partido los grupos y organizaciones sociales que le habían apoyado se desmovilizaron, especialmente por las reformas legislativas que se impulsaron en el gobierno de Carlos Alvarado, dirigidas desde la Asamblea Legislativa por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Desmovilizados esos sectores sociales, de Acción Ciudadana, no hubo hacia ellos un discurso que les provocara confianza en Liberación Nacional como alternativa final de esa campaña electoral.

La campaña electoral al final no fue un problema de izquierdas o derechas, de progresistas o neoliberales. Fue una lucha por la renovación política de la que Rodrigo Chaves se hacía el representante más importante contra la vieja política y la corrupción histórica que representaba el escenario político nacional sobre su pasado histórico, que recaía en los partidos gobernantes del bipartidismo clásico, liberacionistas y socialcristianos, como del partido Acción Ciudadana.

El resultado electoral desde febrero estaba echado en la Asamblea Legislativa, donde Liberación Nacional tenía la fracción de diputados más grande. Pero, eso no era suficiente. Ni siquiera para darle la posibilidad a Liberación Nacional en caso de que hubiera llegado a la Presidencia.

El partido Progreso Social Demócrata y el Liberal Progresista de Eli Feinzaig Mintz habían sido la sorpresa con su cantidad de diputados, 10 y 6 respectivamente. Una Asamblea Legislativa constituida por representantes de seis partidos. Los partidos Unidad Social Cristiana, con una fracción muy conservadora políticamente, muy alejada de la tradición socialcristiana, y una fracción de gente muy joven, bien preparada, del Partido Frente Amplio, que se ha lucido legislativamente en estos dos años. Es el cuerpo legislativo nacional.

Para nosotros los costarricenses la democracia no es suficiente declararla. La democracia tiene que justificarse. Cuando ésta se debilita en la conciencia y en la realidad el autoritarismo se convierte en un gran atractivo, la fuerza en toda su expresión se vuelve intuitiva, provoca el instinto gorila, que antes estaba reservado a los militares y ahora lo asumen políticos como Rodrigo Chaves.

Su gorilismo institucional se expresa en el descontento popular existente, heredado de gobiernos anteriores, a quienes constantemente se dirige expresándoles e identificándose con su frustración, y haciéndoles ver que eso es parte suya. Se presenta como adalid del deseo insatisfecho de las mayorías. De allí su posición revanchista contra las clases y élites políticas del reciente pasado nacional.

El populismo no hay que demonizarlo. Es una respuesta democrática, arropada de liberalismo político. Es un liberalismo antidemocrático. Esto es lo que representa Rodrigo Chaves, de la misma manera como los dictadores y tiranos son reacciones antidemocráticas. El populismo tiene diferentes formas de presentarse. El zoológico humano político produce distintos olores y aromas seductores, atractivos. El populismo más que un sistema de creencias o posturas filosóficas es una forma de gobernar y organizar todo el tinglado político institucional.

Rodrigo Chaves, como el populista que él trata de representar y hacer sentir, es el líder principal. Todo se mueve alrededor suyo. Hace girar toda la acción estatal e institucional en el vértice que él constituye. Lo que se aparta de ese punto lo elimina, destituye o sustituye. Exige reconocimiento, demanda y atención constante. Sus encuentros de prensa semanal procuran eso. Han fracasado hasta hoy tanto que ninguna de sus reuniones semanales provoca una agenda nacional política de discusión, lo que le debe ser altamente frustrante. Por ello se pelea con los periodistas de los espacios de opinión, y con sus invitados, que para él generan más opinión pública, más credibilidad y más agenda política nacional de discusión. La crítica contra el gobierno es válida democráticamente y es el gobernante el que tiene que demostrar la invalidez de la crítica o de sus afirmaciones.

Como populista que es trata de ordenar toda la vida pública a su alrededor, especialmente de su voluntad. Su discurso político, su oralidad presidencial es su forma de gobernar, es su forma de hacer política, es su forma de crear realidades paralelas a la que se tiene real y naturalmente; es su forma de seleccionar hechos descontextualizados donde él define los términos en que deben ser tratados, abordados o diagnosticados.

El populismo y el autoritarismo político rechazan y niegan las evidencias empíricas, el método científico, el discurso o análisis de los expertos, la legitimidad del periodismo, porque inventan o crean un mundo a sus propias medidas y dimensiones, introduciendo narraciones no verdaderas pero creíbles.

El populismo ha surgido también por la crisis de representación que se ha dado en gobiernos y en la representación parlamentaria y municipal. El tema central es si este populismo ha surgido para quedarse después de Rodrigo Chaves. No con Chaves, porque no tiene reelección posible, salvo que altere el marco democrático institucional que se lo permita. Si no se queda él, ¿con quién? ¿Quién será su muñeco político? Por ahora no tiene partido propio, aunque le están formando sus turbas, sus partidarios confusos y desordenados.

La sociedad política exige acuerdos y pactos coyunturales, con partidos, líderes políticos y sociales. Este gobierno pareciera no estar interesado en nada de eso. Es parte de su demostración de que está contra todo ese pasado que ellos representan. Pero, tampoco tiene partidos ni nuevos líderes actuales, ni socios legislativos que se le pudieran aparecer o acercar, con independencia y respeto. Para Rodrigo Chaves solo el grupo de diputados, que se identifican personalmente con él tiene valor. Para él, los otros diputados siguen representando el pasado político que él criticó en su campaña electoral.

El problema principal es que los líderes populistas y autoritarios no buscan ni les interesan los acuerdos. Para los líderes populistas lo que les interesa es exacerbar ánimos presentando los problemas catastróficos de manera que solo ellos pueden enfrentarlos.

Su incapacidad de gobernante la sigue atribuyendo a la institucionalidad que él se empeña en debilitar, y ojalá desaparecer. La fractura social y política que sigue existiendo es porque se carece, especialmente desde el Poder Ejecutivo, de realizar o impulsar pactos o acuerdos, consensos y compromisos necesarios por una mejor gobernabilidad. Sí él criticó el ambiente político diciendo que no había ingobernabilidad, sino que no había gobernantes. De continuar así, de su gestión se llegará a la misma conclusión: con Rodrigo Chaves aumentó la ingobernabilidad y fue el peor gobernante.

El y su gobierno representan un nuevo grupo político, empresarial, económico, financiero y social; una nueva élite política y gobernante. Por ahora su discurso se ha dirigido a sectores populares marginados.

La clase media sigue apartada del discurso político oficial del gobierno y de los partidos políticos parlamentarios. La clase media es clave para la estabilidad democrática nacional. Las clases medias, en su diversidad, son termómetro de la temperatura política.

El ideal de Rodrigo Chaves es ser percibido como Dios y Señor. Se presenta generalmente identificado en su toma de decisiones con el pueblo bajo, sin que esto sea peyorativo, recordando constantemente la morosidad política, judicial y legislativa de los partidos y grupos gobernantes anteriores, exigiendo la máxima lealtad posible, especialmente de los medios de comunicación, de los periodistas. Los que no se le sometan deben ser neutralizados o eliminados del escenario de la información y comunicación pública, de allí sus bravuconadas con algunos periodistas en especial, y con sus programas de opinión. A los intelectuales y analistas les da un valor negativo. Lo que no se ajuste a sus parámetros pasa a ser su enemigo.

La desigualdad, y las enormes brechas sociales que están surgiendo, de mantenerse, va a hacer surgir más movimientos populistas, que se perciban como renovadores y salvadores.

Espero que el gobierno de Rodrigo Chaves no descarrile la vida democrática nacional. Reconozco en él su Presidencia como la de todos los costarricenses, como símbolo nacional que es su investidura. Su representación máxima nos obliga con igual intensidad a llamar la atención de sus yerros, de sus equivocadas decisiones, de su débil o falta de atención de ciertos problemas nacionales, de hacerle ver problemas con la intención de que les ponga más atención, y ojalá los resuelva.

La Mesa Redonda: conversación con el historiador y politólogo costarricense Vladimir de la Cruz sobre la situación en Guatemala

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado martes 16 de enero, se realizó por parte de La Mesa Redonda, una conversación con el  historiador y politólogo costarricense Vladimir de la Cruz donde se abarcaron temas y sucesos que se están presentando en la región. En el programa se trataron temas como la insólita toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala, más allá del destierro de los obispos y sacerdotes que ahora están en el Vaticano y la situación actual que se está viviendo en el país ecuatoriano debido a que ya se cumplieron siete días desde que inició la lucha que tienen las fuerzas militares contra el crimen organizado, esto dividido entre 22 bandas organizadas. 

Para tener más información acerca de las noticias de la Mesa Redonda, ingrese a: lamesaredonda.net o bien, para observar la conversación donde se expusieron los temas anteriormente mencionados, ingresar en el siguiente enlace:

La narco mafia y narco política hay que enfrentarla con la mayor unidad nacional, política y social que sea posible

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Hace algunos años, en la década de 1960, el anticomunismo arreciaba en el continente. La cercanía de la recién triunfada Revolución Cubana, que se había declarado socialista, en el contexto anticomunista de la Guerra Fría, fortaleció ese ambiente político mundial en esta región. A 90 millas de Estados Unidos una Revolución como la cubana tenía que desatar ese pánico, esa incertidumbre.

A escala internacional se desarrolló el anticomunismo bajo el concepto de la Guerra Fría. En Europa, Churchill, frente al surgimiento de un conjunto de países socialistas que emergieron de las cenizas bélicas de la II Guerra Mundial impulsó, para Europa, el concepto de la Cortina de Hierro. En el Asia, frente al avance descolonizador de la India, la Península de Indochina y la Península de Corea; y el avance hacia la Revolución Popular Socialista de China, en 1949, se impulsó la idea de la Cortina de Bambú. Con esto se crearon bloques mentales, económicos, militares, como la OTAN primero, y luego el Tratado de Varsovia, que fueron el gran marco de la Guerra Fría, para el llamado mundo “occidental”. En América Latina se aprobó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en 1948, con igual propósito de defender las naciones latinoamericanas del avance del comunismo.

En Latinoamérica se impulsaron y sostuvieron feroces dictaduras y tiranías, durante una larga noche contra las democracias. La de Costa Rica sobrevivió a la guerra civil de 1948, pero arrastró parte de esa Guerra Fría, en la proscripción del Partido Comunista de Costa Rica, llamado Vanguardia Popular, y de una decena de partidos en los años siguientes hasta 1974, cuando se eliminaron las restricciones y prohibiciones para su organización electoral.

En la década de 1960 a nivel regional se impulsó el Consejo de Defensa Centroamericano, del que seguimos siendo parte, según entiendo, como parte de esa política continental y mundial; se establecieron controles y censuras en el Correo nacional, se cerró un periódico en el gobierno de Francisco Orlich y un coletazo de esas prohibiciones llevó al cierre de Radio Noticias del Continente, en el gobierno de Luis Alberto Monge, al calor del triunfo, en 1979, de la Revolución Sandinista en Nicaragua y la emergencia de la revolución popular anti dictaduras en Centroamérica; conflictos armados que se superaron con las gestiones del Gobierno de Oscar Arias, que llevaron a los acuerdos centroamericanos que se los reconocieron en su merecido Premio Nobel de la Paz.

Ese proceso no ha sido fácil todavía. Basta ver el pasado fin de semana donde se quiso impedir un triunfo electoral socialdemócrata en Guatemala, o en Nicaragua donde opera un gobierno autoritario en toda la línea.

Por cierto, en esa década se produjo el escándalo Irán Contras con el cual se descubrió que Estados Unidos con droga financiaba grupos antirevolución sandinista. ¿Cómo es qué es? Eso favoreció, desde entonces, las rutas y los negocios de la droga en la región.

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos dejó libres, por la vía del indulto, a personas capturadas, de origen venezolano, parientes y amigos del presidente Maduro, que habían sido capturados infraganti en drogas y lavado de dinero, a cambio de unos detenidos norteamericanos en Venezuela, y por las negociaciones de inversiones norteamericanas que se estaban autorizando en el petróleo de ese país.

¿Qué mensaje está dando el gobierno norteamericano, a grupos delincuenciales? Está diciéndo a los grupos narcotraficantes que capturen y secuestren ciudadanos norteamericanos o funcionarios de ese gobierno, para cambiarlos por líderes mafiosos o narcomafiosos, que llevan a las cárceles de Estados Unidos, que es lo que se hizo en Venezuela.

En Costa Rica, esas restricciones políticas que existieron, en aquellos años, y las políticas que se ejecutaron, obedecieron a las presiones de los Estados Unidos, como recientemente el gobierno del presidente Rodrigo Chaves fue presionado por el gobierno norteamericano para impedir las negociaciones con la República Popular China, a propósito de las prohibiciones que el gobierno impuso contra el teléfono chino Huawei, y otros artículos de origen chino, a pesar del Tratado de Libre Comercio que existe, con ese país, desde el 2010.

En aquellos años, de la década de 1960, usar el término “comunista” para alguna gente podía ser ofensivo. Así sucedió en un caso, que llevado a los tribunales fue fallado a favor del demandante, condenando a la persona que de esa manera se refirió a una persona.

Un “comunista” es la persona que milita en un partido Comunista, y pertenece organizado a él, así como un liberacionista es aquel que pertenece al Partido Liberación Nacional. Hay gente que perteneciendo a este partido está en gobiernos de otros partidos, quizá porque interpretan que sirven al país, y no a un partido político.

El Ministro Mario Zamora Cordero, por ejemplo, fue Ministro del gobierno de Laura Chinchilla. Ha sido liberacionista en su vida política, lo que no le afecta para su ejercicio ministerial actual. Le está sirviendo al país desde donde él puede. ¿Y puede?

Su trayectoria profesional y pública es buena para el cargo que tiene. Profesionalmente se graduó en Derecho, con una tesis que proponía en cierta forma la creación de un Ministerio del Interior, fusionando Seguridad y Gobernación, sugiriéndolo al estilo de cómo funcionaban en los gobiernos autoritarios de Sur América. Fue Subdirector de la Escuela Nacional de Policía “Francisco J. Orlich”, fue Director de la Unidad de Seguridad Comunitaria, hoy Programas Preventivos, fue Director General de Migración y Extranjería, e impidió, si no recuerdo mal, el negocio de visas chinas que se trató de realizar en esos años. Fue Viceministro y Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. Hoy es el Ministro de Seguridad Pública que ha impulsado la Política Nacional de Seguridad, que no se ve con buenos frutos.

El Ministro de Justicia y paz, del actual gobierno, Gerald Campos Valverde, es un abogado penalista. Ha sido suboficial y oficial de investigación, jefe de Oficina y de Delegaciones del OIJ en varias provincias, asesor jurídico de la Dirección General del OIJ, subjefe de las delegaciones regionales en la zona de San Carlos y en Limón, provincia muy conflictiva relacionada con la narco delincuencia. Llegó a ser Director General Interino del OIJ.

Pareciera, a la sensibilidad pública, que estos dos ministros andan cada uno por su lado, cuando tienen institucional, profesional y personalmente experiencias que podrían compartir en la lucha nacional contra la pandemia de la narco mafia existente en el país y en las “ medidas fuertes y directas de combate al narcotráfico”, que tampoco se sienten.

Cuando una persona es nombrada en el servicio exterior de Costa Rica, como Embajador, por ejemplo, le sirve a Costa Rica, en el gobierno que así lo designa, del Presidente del caso. No se le sirve al partido político que llevó al Presidente a la residencia de Zapote. Si esto no lo sabe un Ministro es porque es un tonto, porque en el Consejo de Gobierno es donde se nombran y acreditan embajadores. Para ello se valoran sus méritos.

Recordemos, elementalmente, que el Presidente una vez electo lo es de todos los costarricenses, nos guste o no ese Presidente, hayamos votado por él o no. Si esto no lo sabe un ministro, y usa un argumento de este tipo, es para impresionar no al “embajador” que fue, sino contra el Presidente que lo designó, o a algún lector desinformado.

Todavía esas mentes enfermizas, que viven del anticomunismo trasnochado, siguen usando esos adjetivos, y otros, como “socialistas”, “comunistas”, “izquierdistas”, “que visitan Cuba” etc., con el afán de impresionar o asustar interlocutores, generalmente carentes de información, de conocimientos básicos históricos, ingenuos, que se quedaron atascados con las cadenas de la época de la Guerra Fría, o para darle alimento y paga a los troles que están a sus servicios.

Esas mentes enfermizas viven de fantasmas “comunistas” del pasado, a modo de etiquetas que endilgan a personas, o que recuerdan militancias que ya no se tienen. Hay que ser serios y no vulgares panfletarios.

En el caso del Partido Comunista costarricense solo mentes perversas, desinformadas, incultas, prejuiciadas políticamente, genéticamente marcadas por ese anticomunismo enfermizo, ignorantes de la Historia Patria, pueden negar el papel que jugó en la promulgación de la Legislación Social y Laboral y de las Garantías Sociales. Eso está ampliamente reconocido en los Benemeritazgos de la Patria que han dado a líderes comunistas, como Manuel Mora Valverde, Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez Mangel, Emilia Prieto. Dos benemeritazgos ha recibido Carmen Lyra.

En la segunda mitad de la década de 1980 el histórico Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, sufrió una división catastrófica, que afectó todos los escenarios en que participaba social y políticamente. Ya no participa ni siquiera en elecciones como Vanguardia Popular. Los otros partidos de la izquierda costarricense anteriores a 1990, el Socialista Costarricense, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, desaparecieron en esa misma década de 1980. Sus militancias se desagregaron, se dispersaron, se ubicaron en otros escenarios, incluso políticos. Algunos de esos militantes tratan de rearticular algo de ese pasado, pero pesan, en muchos de ellos los prejuicios, los resentimientos, la poca visión de lo que es la unidad política de sectores amplios para atender los graves problemas que tenemos en el país, como el lavado de dinero, el narcotráfico, las narcomafias, las pandillas y los grupos que todo eso crea, que se acercan a los gobiernos y a las instancias de la seguridad nacional.

Las izquierdas hoy tienen otras expresiones organizativas y movilizadoras, la mayor parte alejadas del escenario de los partidos políticos, lo que las hace votar más por el canto y el llanto de los candidatos que por los programas y los partidos.

En el América Latina después de 1991 al caer la Unión Soviética, y el campo socialista europeo, también empezaron a caer los gobiernos dictatoriales del continente. La reconstrucción democrática no ha sido fácil.

Hoy no existen los partidos comunistas como existían antes de 1991. Han perdido influencia política, parlamentaria. Los viejos países socialistas hoy son de desarrollo capitalista. La Rusia actual no es la Unión Soviética, no impulsa movimientos ni partidos comunistas, ni socialistas ni nada que se les parezca. La República Popular China tiene un doble sistema de vida, políticamente comunista con una economía socialista y de mercado, que disputa el mercado mundial.

Con todos los países que fueron comunistas, excepto Vietnam y Corea, tenemos relaciones diplomáticas y comerciales.

En Costa Rica cualquier ciudadano, considerado, definido o autodefinido, de izquierda o de derecha, si quiere organizar un partido político, tiene que hacer una declaración en sus Estatutos y Programas de defender el régimen democrático institucional que tenemos.

Todos los partidos de la izquierda política nacional, desde 1974, han tenido que hacer esa declaración estatutaria y programática.

No hay partidos, hoy en el país, que propicien una insurrección armada, o algo así, contra el gobierno por más que lo critiquen. Tampoco los ha habido.

¿De qué sirve para funcionarios públicos, de alto nivel, ministros, por ejemplo, que se supone que tienen una cierta cultura básica, sobre todo cuando han pasado por la Universidad, salvo que la Universidad no haya pasado por ellos en estos aspectos culturales informativos, que traten de asustar interlocutores, oyentes, acudiendo al adjetivazo de “comunista”, “izquierdista”, “socialista” o de haber “estado en Cuba”. A Cuba hoy cualquier ciudadano costarricense puede viajar libremente sin contagiarse de las ideas políticas oficiales de Cuba.

En la política costarricense al interior de los partidos hay sectores políticos de izquierda, algunos se definen también de centro y hay de derecha. Así ha sido en Liberación Nacional, en la Unidad Social Cristiana, en Acción Ciudadana, por citar tres casos. En estos partidos hay militantes, que tienen raíces comunistas, socialistas, izquierdistas por sus familiares, sus progenitores, sin que ellos hayan militado en organizaciones de ese tipo. Es igual que en la religión y el fútbol. En las familias puede haber divisiones por estos temas, sin que se desintegren. Esa es la riqueza social y política de la vida democrática costarricense.

Cuando se acude al adjetivo, al epíteto, para descalificar a una persona, es porque se carece de argumentos o porque se evade la realidad y la responsabilidad que se tiene que asumir. Así, por ejemplo, si un ministro, supongamos de Seguridad, dice que está luchando contra las narcomafias en el país, eso debe demostrase en hechos, no en discursos sin contenido real. Si en el gobierno anterior, un Ministro de Hacienda dijo que el problema de lavado de dinero en Costa Rica es muy serio, que se estimaba en un 22% del Producto Interno Bruto, y ese Ministro, sigamos suponiendo, llega a presidente, y como tal guarda silencio contra lo que él públicamente reconoció, ¿cómo puede interpretarse ese silencio y esa inacción contra ese lavado de dinero?

Para despejar escenarios de discusión, de diálogo o de intercambio de opiniones, si se quiere, relacionados con las opiniones que he manifestado en medios radiales, les manifiesto a quienes desde el gobierno me han llamado de esas maneras, tratando de invocar fantasmas del pasado, que efectivamente fui militante comunista, dirigente estudiantil universitario. En 1973 voluntariamente me retiré del Partido Comunista. Me integré por una década al Partido Socialista Costarricense. Al desintegrarse este partido y el partido Vanguardia Popular en la década del 80, me quedé sin militancia alguna. En 1996 me invitaron a formar parte y ser candidato a la Presidencia por el Partido Fuerza Democrática, donde estuve hasta la campaña electoral del 2006.

Con esa pequeña biografía política fui miembro del Comité Director del Proceso de Concertación, invitado por el Presidente Miguel Angel Rodríguez, fui Miembro de las Comisiones de Notables que integraron la Presidenta Laura Chinchilla y el Presidente Carlos Alvarado. Serví de Embajador de Costa Rica, en Venezuela, a solicitud del Presidente Oscar Arias.

Nunca he militado en los Partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Valoro sus aportes al desarrollo institucional y democrático de Costa Rica.

Profesionalmente trabajé en las Universidades públicas, de Costa Rica y la Nacional, por más de 40 años, hasta mi retiro en el 2013. En este momento soy miembro del Consejo Universitario de la UNED.

De nada de lo que he hecho me arrepiento. Viví mi tiempo histórico, lo disfruté. He sido consecuente y honesto conmigo en todo esto. En esta larga jornada aprendí a valorar personas, estimarlas, a criticarlas cuando se debe. Mis amigos me han conocido así, y así me aceptan, como yo los acepto a ellos. También acepto la crítica, reconozco que me puedo equivocar, que tengo capacidad para rectificar lo que corresponda.

Los ciudadanos ante los funcionarios públicos, el presidente, sus ministros y otras altas autoridades del Gobierno y del Estado, tenemos el derecho de crítica, de control político ciudadano, asumiendo las responsabilidades del caso. Insisto. La crítica que he hecho en medios radiales no es personal. Es institucional, es política en el buen sentido de esta palabra.

Si se quiere llevar el asunto de las críticas y observaciones a un plano personal, con amenazas judiciales, es para eludir y distraer el problema de fondo, el problema del alcance y trascendencia que tiene en el país la presencia del narcotráfico y la narco política en general.

El tema del narcotráfico, la narcopolítica y su impacto en la sociedad costarricense no es una pasarela para el desfile publicitario y de luces de ciertos personajes.

No tengo miedo a esta discusión ni a las repercusiones que me pueda causar. Ni tampoco me asustan las amenazas.

Es la Costa Rica actual y la del futuro, de nuestros hijos y nietos la que está en juego.

La narco mafia política hay que enfrentarla con la mayor unidad nacional, política y social posible; con comunistas, excomunistas, izquierdistas, revolucionarios de todo tipo, liberales, neoliberales, socialdemócratas, socialcristianos, liberacionistas, exliberacionistas, exsocialcristianos, con pac-istas y expac-istas, con chavistas y antichavistas, con partidos políticos, asociaciones de empresarios y trabajadores, con cooperativistas, con todos los ciudadanos independientemente de donde se ubiquen política, organizada y partidariamente, que quieran sinceramente acabar con este mal.

A esta lucha me he sumado, con los riesgos que esto tiene.

No son Molinos de viento los que se combate, son “desaforados gigantes en fiera y desigual batalla”.

Enviado a SURCOS por el autor.

Efemérides que no debemos olvidar

Escrito en . Publicado en Formación.

Vladimir de la Cruz

Este año, 2024, en muchos aspectos estaremos, en Costa Rica, de manteles largos. Tenemos varias importantes celebraciones, que no podemos ni debemos dejar de lado.

El 25 de julio celebraremos el Bicentenario de la llamada Anexión del Partido de Nicoya. Su agregación, su incorporación, a Costa Rica no fue tan casual. Sus vínculos comerciales y políticos eran más importantes que con Nicaragua, que para esos días ofrecía mayor inestabilidad e inseguridad en todos los aspectos a los nicoyanos.

El Partido de Nicoya nos enriqueció como nación, como territorio, como pueblo costarricense, nos engrandeció con su historia precolombina y colonial, con su hato ganadero, base de la ganadería nacional, con sus tradiciones culturales que se han impuesto nacionalmente. No hay fiesta regional, como la del 25 de julio, que se celebre como la de la Anexión, como la fiesta nacional que es.

La Editorial Costa Rica, ECR, la del Estado, y la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNED, han acordado para este año priorizar en sus publicaciones todo lo relacionado con la historia del Partido de Nicoya y de la Provincia de Guanacaste, lo que nos dará durante este año y el siguiente una rica producción histórica literaria que nos permitirá conocer más, y mejor, la historia de la región guanacasteca, del viejo Partido de Nicoya, y de la riqueza histórico, cultural, artística y folklórica que nos ha dado esa incorporación del Partido de Nicoya.

El 8 de setiembre celebraremos el bicentenario de la llegada a la Jefatura del Estado, del maestro, del educador, Juan Mora Fernández. Con él inició el período histórico de la organización política republicana, en su sentido clásico, de nuestra institucionalidad y organización política administrativa. Tres gobiernos suyos, hasta 1833, marcaron el rumbo de una institucionalidad civilista que llega hasta nuestros días. La inmensa mayoría de gobernantes del país, en el período del Estado, 1823-1848 y de la República, 1848-2024, han sido educadores, abogados, médicos, civiles en general. De excepción pocos fueron militares.

Juan Mora Fernández se había distinguido desde antes de los días de la Independencia en actividades y responsabilidades que lo vincularon a actividades empresariales y políticas, las que mantuvo cuando dejó la Jefatura del Estado. Con él surgieron nuestros primeros símbolos nacionales, Bandera y Escudo.

Este acontecimiento nos permitirá apreciar esos primeros pasos de nuestro desarrollo histórico del Estado.

El 23 de setiembre se producirá el bicentenario del Patronazgo de la Virgen de los Ángeles, el símbolo religioso más preciado del pueblo costarricense. Encontrada el 2 de agosto de 1635, según la leyenda y tradición, fue proclamada Patrona de Cartago en 1782 y en 1824 se le dio el título de Patrona de Costa Rica. El Decreto del Congreso dice: “La Virgen de los Ángeles, Madre de Dios y Señora nuestra, es y será en lo sucesivo La Patrona del Estado de Costa Rica”. Al día siguiente, el 24 de setiembre 1824, el Jefe Supremo del Estado de Costa Rica, el primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, ordenó que se guarde, se cumpla y se ejecute dicho Decreto en todos sus extremos.

La Negrita, como cariñosamente se le llama, en 1924, al celebrarse su centenario de Patrona Nacional, el Congreso de la República, de nuevo le afirmó ese reconocimiento con una Declaración en ese sentido. El Congreso de la República, en 1924, al cumplirse el centenario confirmó y proclamó la Tradición de la Virgen de los Ángeles y, el 26 de noviembre, la Sagrada Congregación de Ritos de la Iglesia aprobó el nuevo oficio.

Con motivo del bicentenario del Patronazgo Nacional de la Virgen de los Ángeles, a cumplirse en setiembre, la Asamblea Legislativa, desde ahora debería, asumir el compromiso de reafirmar por segunda vez ese patronazgo y preparar desde ahora, inicio de año, con la colaboración y compromiso de la Conferencia Episcopal, las actividades correspondientes a tan importante celebración y reafirmación de la tradición religiosa costarricense.

1824, es el año también que se estructuró el Estado de Costa Rica, con su tres poderes clásicos, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. De hecho es la celebración bicentenaria de estos poderes del Estado, así resuelto por la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América.

Con ellos empezó a desarrollarse el Estado de Derecho hoy sólidamente estructurado en la sociedad costarricense, que garantiza la estructura y división de poderes públicos, con independencia, autonomía y funciones exclusivas, indelegables entre sí.

Del mismo modo, se estableció el camino de los gobernantes y autoridades públicas para el ejercicio de sus funciones en los poderes del Estado, de manera que quedaban regulados y obligados a realizar y cumplir lo que las leyes les establecían, sin poderse extralimitar de lo que es propio de sus funciones; sujetos a lo que la Constitución Política y la Ley les establecían, al tiempo que empezó a desarrollarse una sociedad muy rica de derechos y libertades para los ciudadanos y habitantes del país. Se creó en este sentido un andamiaje sólido y poderoso de leyes que aseguran la convivencia social y política de los costarricenses.

En el conjunto de todo esto, debemos celebrar el bicentenario de la República Federal de Centroamérica, de la cual fuimos parte integrante desde 1824 hasta 1838. Allí tuvimos Presidentes, que son muy desconocidos en la conciencia y el relato histórico nacional, que fueron simultáneamente junto a los Jefes de Estado, nuestros Presidentes; tuvimos un Congreso Federal y una Corte de Justicia Federal. En esa época, también un Ejército Federal.

Será un año para reflexionar en el significado de estas fechas y eventos, sus repercusiones histórico-institucionales, temas, entre otros, que estaré abordando en diferentes ocasiones.

¿Puede el TSE dar un golpe de Estado?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El golpe de Estado es al acto por el cual puede ser depuesto, destituido, por la fuerza el Presidente o el gobernante de un país, siendo sustituido en el ejercicio del gobierno por quien o quienes ejecutan el golpe de Estado.

La historia política en América Latina es en mucho la historia de golpes de Estado en casi todos los países. En el siglo XX y XXI costarricense se han dado dos golpes de Estado, de breve período. El de Federico Tinoco Granados contra el Presidente Alfredo González Flores, en 1917, que duró hasta 1919, resultado de una lucha popular que lo hizo caer. Y el de José Figueres Ferrer, el 1 de mayo de 1948, que impidió en ese momento, el ascenso de Otilio Ulate Blanco a la presidencia de la República, en cuyo nombre, y defensa de su presidencia, burlada en las elecciones, se había realizado la guerra civil.

En ambos casos se contó con fuerzas armadas en capacidad de ejecutar el golpe. En el caso de Figueres, que gobernó 18 meses, entregó voluntariamente el poder presidencial a Ulate, como lo había firmado el 1 de mayo de 1948, haciendo de su golpe de Estado un golpe muy particular, muy sui generis, que hizo fundar lo que llamó la Segunda República. Figueres mismo, luego de devolver el poder político, fundó un partido político, y por la vía electoral, en dos ocasiones, 1953 y 1970, volvió constitucionalmente a la Presidencia de la República, habiendo eliminado el ejército en 1948 como institución permanente del Estado costarricense.

Los golpes de Estado los han realizado los militares. También grupos empresariales o políticos, que cuentan con el apoyo de fuerzas militares, generalmente las del mismo Estado, sin las cuales es muy difícil ejecutar o realizar el golpe de Estado. De hecho, en el golpe de Estado las fuerzas militares del Estado, Ejército y cuerpos policiales, actúan directamente o se someten o pliegan a quienes realizan el golpe de Estado.

El golpe de Estado puede realizarse cuando uno de los Poderes públicos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones, en nuestro caso, realizan el acto de destitución del Presidente del Poder Ejecutivo, asumen el control del Gobierno y del Estado. En el caso del Poder Legislativo, cuando acudiendo a recursos constitucionales puede producir la destitución del Presidente, lo que se ha llamado golpe de Estado blando, como los que se realizaron en el 2008 contra el Presidente Zelaya, en Honduras, o el que se realizó contra el Presidente Lugo en Bolivia, por citar estos dos casos.

En Guatemala, frente al triunfo electoral del Bernardo Arévalo, que ganó recientemente las elecciones, que debe asumir la presidencia de Guatemala el próximo 14 de enero, se han confabulado diversos sectores empresariales y políticos, para impedir su ascenso presidencial. Por ahora solo se sostiene por la declaratoria oficial del Tribunal Electoral guatemalteco y por un enorme apoyo popular social, campesino, rural indígena y popular.

El golpe de Estado blando, es cuando se acude a procedimientos no tradicionales, no violentos de carácter militar, generalmente constitucionales, legales o judiciales, que cuenta con el apoyo del aparato militar o policial y de sectores políticos importantes, del empresariado y de la economía nacional.

Los golpes de Estado blandos generalmente se arropan de legalidad y constitucionalidad en su ejecución.

Los golpes de Estado, a manos de grupos militares, después de las dictaduras en América Latina del período 1970-1990 han quedado muy desprestigiados y desacreditados como mecanismos alternativos para el ejercicio de gobiernos, especialmente por la violación de Derechos Humanos. El desarrollo de la democracia y de la democracia electoral ha colocado a los militares en posiciones, hasta ahora, de respetar los mecanismos electorales, de los procesos electorales, para cambiar gobiernos.

Internacionalmente se han activado mecanismos para consolidar estos procesos democrático-electorales, rechazar los golpes de Estado, y no aceptar o reconocer los gobiernos surgidos por la fuerza de las armas o de los golpes de Estado.

Para el golpe de Estado se requiere un grupo políticamente organizado interesado en darlo, que exista una situación de conflicto interior, que haya una situación de descontento popular con el gobierno o con las estructuras políticas del gobierno, que haya un rechazo de sectores populares hacia los grupos que han ejercido o están en el gobierno, que haya una situación de desabastecimiento, de inseguridad ciudadana o altos índices de criminalidad, que haya una situación económica que se perciba difícil y que altere el movimiento cambiario del dólar; que haya altos índices de corrupción pública y que así se perciba, que se deteriore y debilite institucionalmente la libertad de prensa, como hace el actual gobierno.

Para la ejecución y preparación del golpe se necesita también un apoyo logístico propagandístico, que se tenga por eje a los medios de comunicación, como pilar esencial para ganar la conciencia de la gente, las personas y los ciudadanos, en el apoyo que se requiere para la justificación del golpe.

Con motivo de las próximas elecciones municipales, que no alteran en nada, al gobierno de la República, que no pone en juego su existencia, que no genera gobiernos populares activos y participativos, en los 84 cantones del país, ni genera grupos políticos regionales poderosos, ni grupos de presión de ningún tipo nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones, quien constitucionalmente tiene la responsabilidad de organizar, administrar, ejecutar y hacer la declaratoria de los resultados, ha puesto fuera de la participación electoral a dos partidos políticos, que se han identificado con el Presidente de la República, por incumplir los requisitos legales obligatorios de inscripción de partidos políticos. Esto ha dado motivo para que la principal vocera del Presidente, la diputada Pilar Cisneros, haya tratado de hacer un alboroto diciendo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dado un golpe de Estado técnico, sustentada su afirmación en el voto salvado, o disidente, de dos de cinco magistrados electorales, que sostenían la tesis de que las irregularidades cometidas en la inscripción de esos partidos podían haberse permitido, por circunstancias de imposibilidad real de haberse completado. El Tribunal Supremo de Elecciones, públicamente por la misma vía, ha confrontado a la diputada Cisneros Gallo, ha aclarado la situación y ha defendido la legalidad electoral que se ha aplicado y existe en el país.

La pregunta correcta es: ¿quién realmente tiene interés del golpe de Estado en Costa Rica? ¿Algún partido político? ¿Algún sector empresarial? ¿Alguno de los poderes del Estado?

Ningún partido político nacional, provincial y mucho menos los cantonales, que en su inmensa mayoría, todos ellos, solo se organizan y existen para las elecciones, tiene interés de asumir el gobierno por un golpe de Estado; ni ninguno en este momento tiene posibilidades reales de hacerlo, ni están en capacidad de asumir el gobierno por ese camino.

Los sectores empresariales que podrían tener interés del golpe de Estado podrían ser los que se están beneficiando con el diferencial cambiario, de la baja del dólar, para aumentar sus réditos; o los que se están perjudicando por la misma razón, que no están en el gobierno representados.

Otro grupo empresarial, asociado al gobierno, por la tolerancia que tiene hacia ellos, es el grupo de los empresarios de la droga, del narcotráfico, de la narco política, del lavado de dólares que se aprecia en todo el escenario geográfico nacional, por las inversiones en diversos proyectos empresariales, por la negativa de los bancos de informar al Banco Central del movimiento de esos capitales, por la imposibilidad política y legal del Banco Central, de ejercer esos controles, que también afectan la Hacienda pública; por la forma de exhibición de esas riquezas; por los que sabotean constantemente los controles aduaneros de escáneres; por los comprometidos de la seguridad y policía nacional con estos grupos y redes narco delincuentes, los que exportan prácticamente sin controles públicos las drogas decomisadas a los Estados Unidos desde aeropuertos nacionales; los que mantienen las bodegas de 500 toneladas de droga en el país por año, según información de las autoridades estadounidenses que han hecho del país la más importante bodega de droga del continente.

De los poderes públicos solo el Poder Ejecutivo puede tener interés de un golpe de Estado que le beneficie. Ni la Corte, ni el Tribunal Electoral, ni la Asamblea Legislativa tienen capacidad legal o constitucional para realizar un golpe de Estado.

El que está preparando las condiciones del golpe de Estado es el Poder Ejecutivo, el Presidente Rodrigo Chaves, con sus ataques constantes a la credibilidad y confianza de los restantes poderes públicos, con sus discursos contra todo lo que significa la clase política gobernante, como si él no fuera parte de ella, y el más importante representante actual de la misma.

Es Rodrigo Chaves el que mina la confianza de la información pública, y del control político, que sobre el ejercicio de gobierno se debe hacer desde los medios de comunicación y de los espacios de análisis políticos nacionales.

Es Rodrigo Chaves el que ha dicho públicamente que hay que dinamitar los puentes de las posibles alianzas y acuerdos políticos.

Sin esos acuerdos políticos nacionales y parlamentarios, solo con la fuerza se puede actuar. Para actuar con la fuerza no deben existir los poderes públicos libres, independientes, autónomos en su organización y administración, ni una prensa y medios de comunicación independientes.

Solo Rodrigo Chaves está interesado en ejercer el control absoluto de todas las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, para poder dictar e imponer sus políticas, de ejercicio de gobierno, con una masa de directores, que como maneja y exhibe a sus ministros, solo acaten lo que él disponga y se le ocurra de cómo debe dirigirse el Gobierno y el Estado nacional, sin respeto alguno al Estado de Derecho.

En su estrategia del posible golpe de Estado que desearía el Presidente dar está el de promover acciones, por ahora no violentas, como las que hacen ya algunos de sus partidarios dirigidos a la Sala Constitucional, al Poder Legislativo y al Tribunal Supremo de Elecciones, de crítica al Poder Judicial y al Ministerio Público y otras instituciones, acompañados del discurso presidencial, contra esos poderes y los medios de comunicación social y contra algunos periodistas en particular, contra los que el Presidente se ha ensañado.

Mantiene el Presidente su discurso contra la corrupción de gobiernos y políticos anteriores, ocultando los actos de corrupción que se mantienen y los que empiezan a florecer en este gobierno.

Su estrategia pasaba por la participación electoral con los partidos municipales que estaba impulsando, para valorar el alcance de su proyección por el control e influencia que ha desarrollado en medios de comunicación rurales.

Ha tratado el Presidente, sin éxito, por ahora, de impulsar su discurso de ingobernabilidad legislativa y constitucional, porque se ha evidenciado que la detención de proyectos de ley y otros actos ejecutivos es porque se viola Constitución o los trámites legales de aprobación de leyes, incluso de su propia gestión. También por ausencia de proyectos de ley propios que no le generan trabajo a los legisladores.

Si el Presidente decía que los presidentes anteriores acudían al expediente de la ingobernabilidad porque faltaban gobernantes y no había, presidentes; con Rodrigo Chaves se ha evidenciado más claramente, que no hay gobernante, que no hay presidente, que no hay hoja de ruta nacional, que no hay capitán, que no hay conductor nacional, que de continuar así podemos ir al despeñadero nacional.

Por eso, para el Presidente Chaves el mejor camino es el de la crisis política, el de preparar el ambiente para una situación de fuerza que él pudiera articular, y movilizar alrededor de ella, para ejercer “por la fuerza” el Poder Público en todas sus dimensiones y alcances; para generar un autogolpe de Estado. Sus métodos autoritarios de gobierno que está desarrollando y evidenciando son parte del proceso educativo que necesita exponer para el apoyo que busca en determinados grupos sociales de la población.

El discurso desgalillado de la diputada Cisneros Gallo contra el Tribunal Supremo de Elecciones, y contra el mismo proceso electoral, es tan solo una antesala de esta situación. Es el golpe de Estado del Poder Ejecutivo el que se trata de tapar y encubrir y no de anunciar un posible golpe de Estado del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto es lo que debemos enfrentar y denunciar.

Apoyar el proceso electoral municipal y la participación consciente electoral de la ciudadanía es la tarea política inmediata.

Algunas reflexiones sobre las elecciones municipales del 4 de febrero

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La próxima semana, el año 2024 nos recibe con una elección especial en el país, las elecciones municipales; una en cada cantón del país, para un total del 84 procesos donde los ciudadanos y las comunidades se movilizan por integrar sus Alcaldías, sus Concejos Municipales y Distritales, las Intendencias. De los 84 cantones 82 tiene una municipalidad que los dirige o gobierna.

Hay territorios cantonales pequeños de 7 km cuadrados y los hay gigantescos, como San Carlos, de la Provincia de Alajuela, con casi 3400 km cuadrados. En las elecciones últimas hubo 82 cantones, para ésta hay 84. Existe una tendencia en los diputados por estar creando cantones pequeños. Así ha sucedido con los dos últimos.

Las elecciones municipales son una prueba de participación ciudadana, de espíritu cívico, de responsabilidad política.

Los territorios cantonales son, comparativamente, como el territorio nacional. Cada Cantón es una unidad política. Tiene su territorio bien delimitado, está bien demarcado. Es independiente uno de otros. Tiene su propio gobierno municipal, su propia administración, su propio presupuesto. Definen sus propias políticas cantonales y planifican, elaboran y gestionan los llamados planes reguladores locales. Los cantones se dividen en distritos. Nacionalmente hay casi 500 distritos, que son las circunscripciones más pequeñas territoriales que tenemos.

Es en cierta forma cada cantón es soberano en todo lo que le atañe de políticas cantonales.

La referencia de un ciudadano costarricense se da por su referencia de nacimiento y de ubicación geográfica. Así, por ejemplo, Vladimir de la Cruz es ciudadano costarricense, nacido en Costa Rica, en mi caso de madre y padre costarricense. Soy costarricense tanto por el ius solis como por el ius sanguinis, el derecho del sol que me vio nacer y el derecho de sangre dado por mis padres. Nací en la Provincia de San José, en la Maternidad Carit, por lo que mi cédula inicia con el número 1. La Provincia número 2 es Alajuela, la 3 Cartago, la 4 Heredia, la 5 Guanacaste, la 6 Puntarenas y la 7 Limón. Los otros números de la cédula corresponden al Tomo de inscripción en el Registro Civil y al número de Asiento en que consta esa inscripción. Estos son datos que no se pueden alterar ni cambiar.

Todos los ciudadanos costarricenses en nuestra carta de identidad iniciamos con el número de la Provincia. Le siguen el del tomo y el del asiento de inscripción. Hay otros números de inicio para nacionalizados y nacidos en el exterior, por ejemplo.

Todos los ciudadanos independientemente de la provincia en que nacimos, vivimos o moramos en un barrio, en una localidad, que pertenece a un distrito, y este distrito pertenece a un cantón de una provincia. Así, por ejemplo, Vladimir de la Cruz, nacido en San José, vive en el distrito de San Ramón, del cantón de la Unión, de la Provincia de Cartago. Esta condición hace residente a Vladimir de esta comunidad, y lo puede hacer ciudadano de esta comunidad si en el Registro Civil, a la hora de solicitar o renovar su cédula, cambia el lugar de residencia. En mi caso nunca lo he hecho. Sigo siendo ciudadano inscrito, para todos mis derechos electorales y cívicos, en el distrito y en el cantón de San José, donde fui inscrito al momento de solicitar mi cédula. Mi esposa y un hijo cambiaron su dirección a la Provincia de Cartago, votan, y son ciudadanos activos, del cantón de la Unión.

Cuando un ciudadano renueva su cédula, y coincide esa renovación, con un cambio de dirección habitacional, el Registro Civil y Electoral, automáticamente le cambia el lugar de votación, colocándolo en el distrito y el cantón de la nueva dirección declarada. Por esta razón el número de votantes en los cantones puede variar, porque entran o salen ciudadanos registralmente inscritos.

La nacionalidad costarricense es irrenunciable. La “nacionalidad” provincial de cada ciudadano también es irrenunciable. La provincia que lo vio nacer a uno es un sello indeleble. No es así la condición de morador declarado registralmente, que define al ciudadano de un cantón.

Los cantones son como pequeñas repúblicas. En esa misma dimensión, guardando las proporciones, el Alcalde es como el Presidente del país, y los vicealcaldes son como los vicepresidentes de la República; los Concejos Municipales son como la Asamblea Legislativa. Estos son los que constituyen el gobierno municipal, en su Poder Ejecutivo y su Poder Legislativo cantonal.

Al igual que en las elecciones nacionales, la elección cantonal elige al alcalde y sus vice alcaldes, a sus miembros de Concejo municipal y Concejos distritales, de manera directa y secreta, con participación de partidos políticos que se organizan con ese fin, de ganar los puestos políticos de la Municipalidad en toda la línea.

Igual que en las elecciones nacionales, los puestos se eligen por mayoría de votos a favor de un partido en sus candidaturas de alcaldes, regidores y síndicos municipales. Aquí no funciona el 40% de votos emitidos a favor para elegir, suponiendo segunda vuelta electoral, en el caso de que no se alcanzara ese porcentaje. Esto es interesante porque a nivel nacional sí se hace esa distinción porcentual, pudiendo homologarse la situación electoral, lo que eliminaría las segundas rondas presidenciales. Pero, esto es otra discusión y reflexión.

Para integrar la alcaldía y el gobierno municipal se convoca a elecciones populares, bastión de la democracia costarricense, desde la Independencia. Estas elecciones desde el 2006 se han separado de las nacionales, hasta llegar a ponerlas a distancia de dos años de ellas. La idea es que los ciudadanos se concentren más y mejor en los problemas de su propia comunidad, de su propio gobierno municipal, que tiene que ver con los problemas que son propios de los cantones, de las comunidades, del buen vivir ciudadano en cada una de estas 84 regiones del país.

No ha sido fácil desarrollar esa conciencia cívica, esa participación ciudadana, ese interés por el gobierno local. Hay, igualmente, que con las elecciones nacionales desinterés, apatía, desánimo de los ciudadanos con sus gobiernos locales, por las mismas razones que le imputan o cobran a los gobiernos nacionales, para provocar el abstencionismo electoral. Aun así, históricamente ha ido decreciendo cada vez más el abstencionismo municipal.

Para el ciudadano del cantón, como para el ciudadano nacional, el abstenerse de votar no lo aleja del gobierno municipal ni del nacional. Siguen existiendo con sus virtudes o vicios. El que no vota de hecho participa pasivamente en el triunfo del candidato y partido ganador.

En las elecciones municipales hay tres elecciones, la del alcalde y sus vice alcaldes, la de los regidores y la de los síndicos. En la del Alcalde, como en las elecciones nacionales, gana el que tenga más votos. En las elecciones de regidores y síndicos se eligen, igual que las elecciones de diputados, por porcentaje de votos recibidos en las distintas papeletas. Por eso los gobiernos locales pueden tener un alcalde de un partido y un Concejo municipal totalmente en contra, integrado por representantes de varios partidos. Esto es parte de las dificultades de los gobiernos locales, como lo es para el gobierno nacional. Los ciudadanos “parten” su decisión de votar en el alcalde, los regidores y los síndicos, distribuyendo poder, por distintas razones.

En buena cultura, y educación política y cívica, los ciudadanos a la hora de emitir su voto deberían hacerlo en toda la propuesta del candidato y partido por el que decidan votar. Esto le daría “poder” al candidato principal para impulsar sus políticas de gobierno, en este caso, municipal, con las propias iniciativas que a los Concejos municipales lleven los representantes de los distintos partidos políticos.

En la vida diaria de nuestros cantones no hay partidos políticos que realmente existan, vinculados a las comunidades por medio de sus dirigentes distritales y cantonales. Son como los abejones de mayo, solo se asoman en los tiempos de elección. Los Concejos municipales no hacen mucho por entusiasmar a sus ciudadanos sobre los problemas que se debaten en esos Concejos, no convocan a plebiscitos ni referéndum, ni tampoco a la figura de los cabildos abiertos, para enterar de sus discusiones y para oír opiniones de los ciudadanos.

Los candidatos a alcaldes, vice alcaldes, regidores y síndicos, para serlo, tienen que tener al menos dos años de residir pública y registralmente en el cantón. No se permite que una persona que no esté registrada en el cantón pueda aspirar a puesto alguno en ese cantón, como tampoco se permite que alguien registrado electoralmente en un cantón, si no vive en él, pueda ser candidato en el cantón donde están inscrito como votante. Por ejemplo, el ciudadano Vladimir de la Cruz, no podría ser candidato a ningún puesto municipal por no vivir en el cantón de San José, aunque siempre haya votado allí, porque nunca ha cambiado su domicilio electoral; y tampoco puede aspirar a puesto alguno en el cantón de la Unión, aunque tenga 40 años de vida pública en ese cantón, porque nos e ha registrado como ciudadano residente de ese cantón. Estas cosas parecieran no tener sentido en comunidades territoriales pequeñas, donde esas condiciones de territorialidad podrían no tener ninguna trascendencia e importancia práctica política. Pero, así es como funciona el sistema electoral nacional.

A todo esto se agrega que los partidos políticos están obligados actualmente a considerar una igualdad total en la conformación de las listas de candidatos, de manera que haya alternabilidad vertical de género, hombre mujer, en la lista de cada distrito y cantón, y a la vez haya una igualdad similar en la alternabilidad horizontal de cantones, cuando un partido político está inscrito en varios cantones de una misma provincia. Cuando esto ser incumple se viola la ley electoral de la igualdad paritaria. Esto le ha sucedido a los partidos cantonales, en esta ocasión, que apoyan al Presidente Rodrigo Chaves y se identifican totalmente con él, “Aquí Costa Rica Manda” y “Pueblo Soberano”.

Las elecciones municipales son un reto, un desafío, para todos. En ellas se van a elegir 84 gobiernos municipales, que tienen que ver con el diario vivir de todos nosotros. Por ello es importante ir a votar el 4 de febrero. Es igualmente importante enterarse de cuáles partidos están participando en cada uno de los cantones, y en el nuestro, donde ejercemos el voto. Podemos votar por partidos cuando tenemos confianza en esos partidos, o podemos escoger votar por candidatos, por la misma razón, porque nos merecen más confianza, aunque vayan postulados por un partido. Lo que debemos tener claro es que por quien decidamos votar, debemos darle el voto a él y a la papeleta de candidatos que él impulsa, para que lo acompañen en las tareas del gobierno municipal, para garantizar mejor su próximo gobierno, que es el que tiene que ver con los problemas inmediatos que nos aquejan en cada cantón.

Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel y el Abuelo de la Nieve

Escrito en . Publicado en Formación.

Vladimir de la Cruz

Las tres figuras me han acompañado. Papá Noel y el Abuelo de la Nieve después de 1965. Antes de ese año no los conocía.

Mi crianza familiar me tuvo en contacto con Santa Claus, débilmente, para la época navideña, por el entorno cristiano en que me desenvolví. Una parte de mi familia, la más dominante en esos años, la materna, creyente en Dios y Cristo, pero alejada de la iglesia y sus prácticas religiosas; la paterna, totalmente identificada con la tradición católica en todas sus formas.

En los barrios donde viví pesaba más la tradición católica. Todavía hasta la década de 1970 en los barrios, en algunas casas, ponían letreritos en las ventanas que advertían que no admitían propaganda protestante, rechazando de esa manera a quienes visitaban casas llevando su mensaje cristiano y tratando de ganar adeptos, para las corrientes no católicas.

Diciembre me llegaba en esa doble dimensión. Por la vía materna con un sentido de la realidad, esperando algún regalo, que no lo recibiría de Santa Claus, sino del esfuerzo económico que podía hacer mi madre, de acuerdo, en primer lugar, a mis necesidades inmediatas y, luego, en la posibilidad a mis peticiones. Nunca fui exigente en peticiones de regalos. Me conformaba con lo que se podía. Nunca en las dificultades que pasamos mi madre me hizo sentirlas. Era sumamente orgullosa en ese sentido. Quizá también trataba de criarme sin angustias o estreses. Pero supo hacerme entender la importancia del trabajo, la austeridad y sencillez ante la vida, de lo superfluo e innecesario, y la importancia y valor del ahorro. En esto, mi madre, nunca estableció límites para los libros. Para ella, fueron necesarios y grandes compañeros.

Con ella iba a comprar algún regalo para compartir o distribuir con algunos familiares. Así descubrí finamente quién adquiría los regalos y quien los distribuía.

Allá por 1957, con un apoyo económico de mi padre, que estaba en Venezuela, la Navidad me dio una bicicleta, el más grande de los regalos hasta ese momento recibido. La estrené inmediatamente. La usé en los días de la campaña presidencial de Mario Echandi, en enero de 1958, con un letrero en cartón al frente, que decía, según la foto de recuerdo que tengo, “La oposición triunfará” … y triunfó.

El personaje de Santa Claus se me presentaba sin una historia. Aparecía en los días de diciembre, como una gran esperanza, especialmente de regalos, para la noche de Navidad, del 24 al 25 de diciembre, que son dos noches, la Nochebuena y la Noche de Navidad.

La imagen de esa noche, que sigue siéndolo, cada vez más desdibujada, era la de un personaje en trineo volador, llevado por renos, iba cargado de regalos dejándolos a todos los niños, juguetes, golosinas de distinto tipos. El personaje era grande, con barba blanca, vestido de rojo, alegre y panzón. De cachetes colorados, que más parecían resultado de una borrachera que de su natural fisonomía. También estaba el personaje del “niño”, que no se asociaba tanto a regalos.

Allá por el año de 1963 o 1964, la Librería Lehmann ponía en una de sus ventanas, a modo de una vitrina, un San Nicolás, rodeado de regalos y objetos relacionados con la Navidad, que pasaba riéndose todo el día, frente a sus observadores de la calle. Militaba yo en la Juventud Socialista Costarricense, que era la organización juvenil del Partido Vanguardia Popular, y decidimos decir, y repartir algunas hojas sueltas, que ese San Nicolás, de la Librería Lehmann, lo que hacía era reírse de lo que la gente y los niños pobres le pedían, burlándose de sus pedidos. En su momento tuvo su impacto nuestra crítica. Después, desapareció este San Nicolás de esa vitrina.

Durante los años 1965 y 1966 viví en la Unión Soviética, estudiando en Moscú. En noviembre de 1965, cuando estaba en la Plaza Roja, viendo el desfile de celebración de la Gran Revolución Rusa, en un gran almacén, GUM, que estaba a mis espaldas, ya había algunas referencias al fin de año. Sorpresa para mí fue el Abuelo de la Nieve, que destacaba como elemento atractivo de esos días. De momento interpreté que era la versión soviética del Santa Claus cristiano y de los países occidentales.

Las iglesias ortodoxas que empecé a conocer, y cerca de donde estudiaba había una, no estaban adornadas con motivos navideños como se acostumbra en nuestros países. No recuerdo, por ejemplo, que en ellas hubiera un portal.

Pensé, igualmente, que el Abuelo de las Nieves podría estar relacionado con la separación Iglesia Estado que existía en la sociedad soviética, donde tampoco había cursos o clases de religión en el sistema educativo, como se había hecho en Costa Rica con las reformas liberales entre 1882 y 1940. Aquí, la tradición religiosa se fortaleció por la enseñanza del cristianismo en el hogar y en la Iglesia. En la URSS la tradición religiosa se mantuvo de igual manera en el hogar y en las iglesias, sin que desapareciera. Había restricciones de ejercicio religioso, con tolerancia para que iglesias ortodoxas trabajaran; había centros religiosos como el de Zagorsk, cerca de Moscú, que se me parecía a un Vaticano ortodoxo.

En Rusia la iglesia ortodoxa se había empezado a manifestar al final del primer milenio, hacia el año 988, cuando se fortalecieron las relaciones entre los pueblos de la Rus de Kiev y Constantinopla, y se produjo el matrimonio de Vladimiro I de Kiev con la hermana del emperador Basilio II, motivo por el cual Vladimiro I se bautizó y adoptó el cristianismo ortodoxo.

En 1927, al asumir el patriarca Sergio I, a nombre del Patriarcado de Moscú y de toda Rusia proclamó lealtad al gobierno soviético y a colaborar con la Revolución, desarrollándose una relación de cercanía y distancia, de tolerancia y de persecución.

Durante la II Guerra Mundial, la Iglesia ortodoxa rusa se sumó a la defensa de la URSS y de la Gran Patria Socialista. Stalin autorizó a los obispos, sacerdotes y patriarcas a bendecir, en ceremonias públicas, las banderas de los regimientos militares que partían a los campos de batalla. Los templos religiosos tuvieron gran activismo religioso. Sacerdotes que estaban presos fueron liberados. Los patriarcas ortodoxos Serguéi Starogorodski, Alexéi Simanski y Nikolái Yarushévich, se reunieron en el Kremlin y restablecieron el Santo Sínodo de Moscú y el patriarcado. La Iglesia se había convertido en un aliado estratégico en la lucha contra el nazi fascismo. Parecido fue en Costa Rida cuando el Obispo Anselmo LLorente y la Fuente, en 1855, se sumó llamado del Presidente Juan Rafael Mora para ir a combatir contra William Walker y su horda filibustera.

De la lucha contra el nazi fascismo la Iglesia ortodoxa rusa salió victoriosa. Entiendo que a uno de sus Patriarcas, a Alexei, le dieron el reconocimiento mayor de la URSS, en aquellos tiempos, de Héroe de la Unión Soviética, por el papel que habían jugado.

Con la llegada de Mijail Gorbachov, y la celebración del milenario de la cristianización de la Rus de Kiev, se flexibilizaron las relaciones del Estado y gobierno soviético con la Iglesia ortodoxa rusa.

A la caída y desintegración de la URSS la Iglesia ortodoxa rusa inició un proceso de reunificación, lo que terminó el 17 de mayo del 2007 cuando se firmó el «Acta de comunión canónica«, entre el Patriarca Alejo II, del Patriarcado de Moscú y toda Rusia, y el Metropolitano Laurus , de la Iglesia rusa en el exilio, acto en el cual estuvo presente el presidente ruso Vladímir Putin y muchas destacadas personalidades de Rusia, acabando así a los 90 años de cisma que existían.

Con Putin la Iglesia ortodoxa rusa se ha fortalecido. Putin negoció con Grecia y con la Iglesia ortodoxa griega el retorno de reliquias y tesoros de la Iglesia ortodoxa rusa, que durante la II Guerra Mundial, se habían depositado en la Iglesia ortodoxa griega.

Cuando Boris Yeltsin falleció se le hizo un Funeral de Estado en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, que había sido reconstruida en 1994.

El Presidente Putin algunas veces se retrata haciendo lucir en su pecho una cruz ortodoxa cristiana.

La Iglesia ortodoxa rusa no tiene la imagen navideña del Santa Claus o San Nicolás. En ese tiempo de estancia en la URSS me acompañó el Abuelo de la Nieve o Ded Moroz, que también puede traducirse como Abuelo del Frío. De rebote oía de Papá Noel, tal vez por la cercanía de los países nórdicos en Rusia, que por ahí me llegó esa imagen. Papá Noel era tan solo el cambio de nombre de Santa Claus o San Nicolás para otras comunidades de cristianos.

Todo se concentraba en el obsequio de regalos, especialmente para niños, en esos días del 24 y 25 de diciembre.

Muchos años después, por inquietudes intelectuales, aprendí que la fiesta de los regalos a los niños se hacía en la Roma antigua, cuando en diciembre, recordando a Saturno, el dios Cronos, para los griegos, se acostumbraba a obsequiar a los niños.

También, descubrí que Santa Claus estaba relacionado con un obispo católico, nacido en la ciudad de Patara, en el Asia Menor, que era conocido como San Nicolás, Nicolás de Bari, hijo de una familia rica, que a la muerte de sus padres, decidió repartir su riqueza en hogares de familias pobres. Especialmente ayudó a una familia para que sus hijas, por pobreza, no se tuvieran que dedicar a la prostitución.

Nicolás vivió en el siglo III después de Cristo. Murió con certeza el 6 de diciembre del año 345. En el siglo VI se empezaron a construir templos en su nombre, y en 1807 sus restos se trasladaron a la ciudad de Bari, en Italia.

Originalmente, en la Edad Media, en la tarde del 5 de diciembre, se daban los regalos, antes de la fiesta de San Nicolás, que ya se había establecido. La Reforma Protestante, de Martín Lutero, movió la fecha para los días 24 y 25 de diciembre, por la oposición que hacían los protestantes a la veneración de santos, y centrarse en la veneración de Cristo. Lutero impulsó el Christkind como el repartidor de regalos, pero se mantuvo más fuertemente el San Nicolás.

En los países nórdicos, de conformidad con la mitología de estos países, se desarrolló Mikulás, con raíces en la leyenda de San Nicolás, haciendo los regalos el día del solsticio de invierno, 21 de diciembre, cuando el dios Odin volaba en un coche repartiendo regalos.

En la tradición inglesa se desarrolló desde 1510 el “Padre Navidad”, “Father Christmas”. Durante los reinados de los Tudor, 1485-1603, y los Estuardo, 1567-1625, surgieron personajes como ‘Capitán Navidad’, ‘Príncipe Navidad’, ‘Señor de la Navidad’, que presidian banquetes y entretenían. Con la reforma anglicana se intentó prohibir la Navidad, situación que se mantuvo hasta 1652, cuando a partir de 1660 se revivieron las tradiciones navideñas, refortalecidas en la era victoriana, 1837-1901, en el siglo XIX y XX.

La tradición de San Nicolás, sin embargo, desde el siglo XIII tiene su relevancia. En otros países, europeos, se celebró el personaje Papá Noel. La imagen de Santa Claus sobre la de San Nicolás se empezó a imponer, en 1624, cuando los inmigrantes holandeses, en Estados Unidos, fundaron la ciudad de Nueva Amsterdam, actualmente New York.

En algunos países europeos, de tradición cristiana, se exalta a Sinterklaas, representativo de San Nicolás. En Estados Unidos, desde 1809 fue anglicanizado a Santa Claus, por el escritor Washington Irving, sin apariencia de Obispo, y su Papá Noel surgió como un marino gordo, vestido de verde, tratando de disminuir la tradición navideña.

Desde 1863 Santa Claus tiene la fisonomía con la que se le retrata y expresa, gordo, de barba blanca, bonachón. Su figura la pintó el alemán Thomas Nast, publicada en Harpers Weekly. La vestimenta que se le puso fue en alusión a la de los obispos de la viejas épocas.

De los Estados Unidos la figura regresó a Europa a mediados del siglo XIX y dio origen a Papá Noel, cuando una compañía norteamericana, Lomen Company, anunció que Papá Noel venía del Polo Norte, con su coche y sus renos navideños.

En el siglo XX la empresa Coca Cola, encargó al pintor Haddon Sundblom para que le hiciera un cartel publicitario, en 1931, con la figura de Papá Noel más humano y creíble, con lo que su imagen, llámese como se llame, se popularizó más universalmente. En los colores del traje predomina el rojo y el blanco, pero puede acompañarse del verde. Fred Mizen fue el pintor del anuncio de Navidad en el que se coloca a Santa Claus en medio de una multitud bebiendo el refresco.

El Polo Norte siguió siendo el sitio de residencia de Santa Claus, Papá Noel o el Abuelo de las Nieves. Hay ciudades o lugares que tratan de atribuirse este sitio, casi por razones turísticas.

Los renos del trineo volador son dirigidos por el reno Rodolfo o Rudolph, que ilumina el camino con su nariz roja. Los nombres de los otros renos son Dasher, Dancer, Vixen, Prancer, Cupid, Comet, Blitzen y Donner. Responden a nombres como Trueno, Relámpago, Bromista, Cupido, Cometa, Alegre, Bailarina, Pompón.

Antes de los medios electrónicos y digitales que se disponen hoy, para las comunicaciones a Santa Claus, al estilo y visión de un Julio Verne, ya se le había dotado de cualidades excepcionales, inmortalidad, telepatía, teletransportación, inmunidad al frío y al calor, capacidad para dominar la gravedad y otras más.

Santa Claus sigue representando una gran ilusión para niños. Es el encargado de dotar juguetes en estos días.

Santa Claus, San Nicolás, el Abuelo de la Nieve o Papá Noel desplazó a los tres reyes magos en la dación de regalos, que se asocia al 6 de enero. Los Reyes Magos, Melchor, el mayor, de barba blanca, Gaspar, el más joven, de pelo negro y Baltasar, un negro, con sus regalos, incienso, la mirra y oro, al niño recién nacido, niño Jesús. En la entrega de estos regalos se basa la tradición de regalar a niños en la noche del 24 al 25 de diciembre, que es cuando se celebra el nacimiento del niño Jesús.

En México, por ejemplo, se acostumbra a hacer los regalos el día de los Reyes Magos, el 6 de enero; no en la navidad.

Para mí, el mejor de mis regalos fue mi madre, que nació un 6 de enero.

En 1988, mi hijo Tupac estaba en la Guardería de la Universidad Nacional, donde yo trabajaba como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, en ese momento. En la guardería, excelente que era, estaban los hijos de amigos, profesores, académicos y funcionarios universitarios. Muchos de los niños eran muy cercanos a mí, porque ayudaba a veces a su transporte, así como me ayudaban con Tupac, de igual manera.

Ese año, para la Navidad, me pidieron, en la Guardería, colaborar llegando disfrazado de San Nicolás. Acepté la invitación y el reto que esos significaba. Por mi relación con mis amigos y sus hijos conocía prácticamente los nombres de casi todos los niños.

Me puse el traje de San Nicolás, que me habían dado, en casa de mi suegra, en la Uruca. Salí en carro disfrazado. Me divertí a montones en la calle, cuando los conductores de otros carros, se sorprendían de ver un Colacho manejando. Llegué a la Guardería avisando de mi proximidad para que prepararan a los niños. Los tenían a todos en el patio cuando les avisaron de mi presencia y llegada. ¡Asombro en todos!, que no esperaban a San Nicolás. Más asombro cuando ese San Nicolás los reconocía por sus nombres, cuando jugaba con ellos en el patio de diversas maneras, los perseguía haciéndolos correr por toda la Guardería… El más sorprendido quizás era mi hijo Tupac. No me reconocía de plano pero sospechaba que podía ser su papá. Se quedaba viéndome fijamente, como diciendo… a ese yo lo conozco… ese se me parece a… esa voz es conocida… Finalmente me descubrió…

Fue una gran experiencia haber hecho de San Nicolás, haberlo encarnado, haber hecho alegres por un buen rato a un grupo de niños, haber fortalecido en ellos sentimientos nobles, solidarios, alegres, de paz, con lo que les decía, y de haber repartido regalos que la guardería les tenía como recuerdos de ese año.

El Presidente Chaves se quedó sin posibilidades electorales municipales propias

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Vladimir de la Cruz

Antes de 1890 en Costa Rica no había partidos políticos, como las organizaciones que hoy tenemos. Había sistema electoral, sin partidos políticos, con restricciones electorales significativas. Solo votaban los hombres, mayores de edad, que tuvieran cierta capacidad económica, que no fueran analfabetos, que constituían los electores. El voto era público, no secreto. De esa manera se podía determinar cuál candidato iba ganando el proceso electoral al conocerse los electores que por él iban a votar o le apoyaban. Eso fue lo que ocurrió con las movilizaciones del 7 de noviembre de 1889, para evitar un posible fraude electoral que se rumoraba.

Los electores, ya definidos, elegían entre ellos a un grupo, que pasaba a una ronda electoral, lo que se conocía como voto indirecto, disminuyendo su número. Así, por ejemplo, en las elecciones de 1889-1890 el número de electores era de 920 sobre una población nacional que rondaba los 340.000 habitantes, incluyendo los extranjeros que vivían en el país, lo que significaba el 0.3% de la población.

¿Eso era democrático? No, comparado con el sistema electoral actual, en el que votan todos los ciudadanos mayores de 18 años, de manera directa y secreta. Pero, así se construyó el Estado, 1821-1848, y la República de Costa Rica, 1848-1948.

Para este momento, 1948, se había eliminado la votación de segundo grado, en 1913, cuando se estableció el voto directo, y se había establecido el voto secreto en 1924. También se había establecido desde 1935 que el resultado de elecciones se definía por el 40% de votos a favor de un candidato. Estas tres medidas, aprobadas en gobiernos de Ricardo Jiménez Oreamuno, fueron altamente democráticas e importantes para el régimen electoral.

Desde 1890 al imponerse el sistema de partidos políticos para participar en elecciones, se estableció que solo por medio de estos los ciudadanos podían aspirar a algún puesto de elección popular. En cierta forma, se restringió y controló más a quiénes podían ser candidatos, porque primero había que ganarse el puesto de candidato en el partido y, luego, presentarse como candidato del partido, enfrentado a otros candidatos de otros partidos políticos. Este sistema sigue existiendo hoy. Así es como funciona hoy la democracia electoral nacional.

En 1946 se aprobó el Código Electoral, que se proyectó hasta el 2009, donde se reguló el sistema de partidos políticos y de elecciones. Con la Constitución de 1949 se le dio autonomía institucional al Tribunal Supremo de Elecciones, que se igualó a los otros poderes estatales, como el órgano que regula, administra, organiza y hace la declaración final de los resultados electorales sin apelación alguna.

Con motivo de la guerra civil de 1948 se proscribió al Partido Comunista, o Vanguardia Popular, por el Decreto No. 105 de la Junta Fundadora de la Segunda República. Al aprobarse la Constitución Política de 1949 se incluyó en el Artículo 98 una prohibición de participación electoral a los partidos que por sus vinculaciones internacionales pudieran afectar la democracia costarricense, aspecto que por interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones se aplicó casi a una decena de partidos políticos entre 1951 y 1969.

Con la reforma electoral que se hizo al Artículo 98, de la Constitución Política, entre 1974-1975, se amplió la democracia electoral permitiendo la participación de partidos de izquierda. Condición de participación para todos los partidos políticos es hacer una declaratoria de principios democráticos y de defensa del sistema democrático nacional, lo que debe establecerse en los Estatutos y programas de los partidos.

En 1898, bajo el poder de los gobiernos liberales se prohibió la participación del partido Unión Católica, porque tenía el apoyo de la Iglesia Católica. De esa manera se prohibió utilizar los sentimientos cristianos para la propaganda electoral.

En 1970 empezó a participar el partido Demócrata Cristiana, que luego en 1978 se integró a la Coalición Unidad, que postuló a Rodrigo Carazo, y en 1983 se fusionó en la Unidad Social Cristiana. En 1986 con el partido Alianza Nacional Cristiana emergieron las tendencias claramente político religiosas, no católicas, en el escenario electoral, sin que se pueda actuar contra su participación, porque la prohibición constitucional afecta solo a los católicos. En 1998 los grupos políticos evangélicos eligieron su primer diputado, Justo Orozco. De ahí en adelante tenemos un panorama diverso de grupos no católicos participando en elecciones, con toda su carga conservadora, respecto al Estado Social de Derecho y los Derechos Humanos que se han ampliado en el país.

Resultado de esta evolución electoral, en el campo de la presencia de la mujer, desde 1949 se reconoció el voto, que desde 1889, el Presidente José Joaquín Rodríguez, ya había señalado que debía reconocerse, con motivo del importante papel que jugaron las mujeres en las movilizaciones del 7 de noviembre de 1889. Participaron con su voto por primera vez en 1951, en el Plebiscito de la Tigra de San Carlos, y en elecciones nacionales desde 1953, cuando fueron electas las primeras tres diputadas.

Empezaron a lucir como candidatas a vicepresidentas y luego a presidentas de la República. La primera Presidenta lo fue Laura Chinchilla Miranda en el 2010. A nivel legislativo la primera Presidenta del Congreso lo fue Rosemary Karpinski. Después siguieron otras.

Reformas posteriores en el campo electoral le dieron cada vez más fuerza a la igualdad de género, como se dice, de manera que hoy obligatoriamente, por disposiciones legales electorales, los partidos políticos que quieran participar en elecciones, tienen que garantizar una alternabilidad entre hombres y mujeres en la postulación de sus candidatos a diputados, regidores y síndicos municipales, en cada una de las provincias.

Esta igualdad se amplió, recientemente, a exigir que cuando un Partido político está inscrito en escala nacional, la igualdad o paridad de género, se amplía a que en las siete provincias, al menos en tres de ellas deban ir encabezadas por candidatas, por mujeres.

Igual sucede en los Partidos políticos provinciales, que participan en sus respectivos cantones, de manera que en la mitad de ellos, al menos, las papeletas de candidatos deban ser encabezadas por mujeres. Igual se procede con los candidatos a los síndicos distritales.

Cómo se puede apreciar, esto es un verdadero enredo y dilema para todos los partidos políticos, asegurar la alternabilidad vertical y horizontal en todas las papeletas con que se participa.

Los partidos políticos han aprendido esta integración para que el Tribunal Supremo de Elecciones no les anule inscripciones.

En la elección del 2018 el Tribunal Supremo de Elecciones obligó al partido Unidad Social Cristiana a modificar, invirtiendo el encabezamiento de la papeleta de diputados de San José, para poder participar, de lo contrario se la anularía porque no se respetaba la igualdad horizontal nacional de sus candidatos provinciales.

En la elección del 2006 al partido que postulaba a Álvaro Montero Mejía a la Presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones le anuló todas, TODAS, la candidaturas de diputados, de regidores y síndicos y las de las dos vicepresidencias, por no haber corregido advertencias que le hicieron sobre sus inscripciones.

En el proceso de las elecciones municipales que tenemos encima, a realizarse el próximo 4 de febrero, en los 84 cantones del país, el Tribunal Supremo de Elecciones, prácticamente, ha anulado la inscripción de las papeletas de dos partidos totalmente identificados con el Presidente Rodrigo Chaves y su gobierno, los partidos Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda. Ambos partidos dirigidos desde la propia Casa Presidencial, porque sus principales activistas allí trabajan. Al partido Aquí Costa Rica Manda le anularon 69 postulaciones a alcaldes, éste dirigido principalmente por el asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco.

Esto es un duro revés al propio Presidente Chaves. Ha venido realizando un trabajo de proyección de imagen, que todavía la conserva alta en las zonas rurales y periféricas del país. Las elecciones municipales le hubieran servido para valorar mejor esa proyección y calcular su participación, como grupo político, en las elecciones nacionales del 2026.

Cuando el Partido Acción Ciudadana, en las elecciones municipales del 2014 y del 2018, era gobierno, no pudo elegir más de 12 y 10 alcaldes en esas elecciones, demostrando su debilidad organizativa como partido.

El gobierno de Rodrigo Chaves, sin partido propio, porque el que lo llevó a la Presidencia, el Partido Progreso Social Democrático, fue prestado, no le pertenece. Con este partido el Presidente tiene importantes pleitos, manifestados por la mayoría de sus diputados electos, que se identifican totalmente con el Presidente, y se manifiestan como la fracción oficial del gobierno. La Presidenta del Partido Progreso Social Democrático, en esta lucha, mantiene un proceso interno de expulsarlos de ese partido.

La Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que tiene su propio partido, Unidos Podemos, mantiene la existencia de este partido, que lo inscribió para las elecciones municipales próximas. En algunos cantones se enfrentaba a los partidos Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda, ambos del Presidente Chaves. De esta manera, pareciera que Unidos Podemos puede resultar una expresión del apoyo al Presidente como a su Ministra, en las próximas elecciones municipales.

Hacia las elecciones nacionales del 2026 si el Presidente mantiene los dos partidos, Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda, se le convertirá en un enredo político. Él no puede postularse. Tiene que apoyar a un candidato. No tendría ninguna lógica que lance dos candidatos porque entre ellos se roban votos, o se los disminuyen.

La nulidad que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones de las candidaturas de los partidos Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda, es absolutamente válida. Impide la participación de estos dos partidos.

La Sentencia del Tribunal Supremo de Elecciones que las anuló tiene sus bemoles. La analizaré en enero.

Por ahora solo diré que arrancó dos votos de cinco a favor del Presidente, de sus partidos, de la inscripción de sus candidaturas aun cuando violaban lo que la legislación electoral ha establecido y que ya el Tribunal ha sancionado.

¿Fue resultado de alguna presión sobre los magistrados que así se pronunciaron a su favor? ¿O fue, simplemente, un razonamiento jurídico orientado a no ser tan rígidos en materia de igualdad vertical y horizontal de género en la integración de las papeletas de diputados, regidores y síndicos municipales, lo que rompería hacia el futuro esta obligatoriedad para los partidos políticos?