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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

La Abolición del Ejército de Costa Rica nos sirve de exaltación política, para mostrar el desarrollo de una Democracia sólida y civilista

(Intervención de Vladimir de la Cruz, en el acto oficial del Banco Central de Costa Rica, conmemorativo del 75 aniversario de la Abolición del Ejército, y de la presentación de la moneda coleccionable de ¢500, que destaca este hecho histórico, realizado el auditorio del edificio de los Órganos de Desconcentración Máxima, del BCCR, el jueves 30 de noviembre del 2023)

Ciudadanos presentes

En nuestra Historia Nacional tuvimos cuerpos militares desde la época colonial, que actuaron en el Virreinato de Nueva España, en la Capitanía General de Guatemala, administración territorial a la que pertenecimos, y en la propia Provincia de Costa Rica.

Al declarar la Independencia Nacional no tuvimos que desarrollar un contingente militar, un ejército revolucionario libertador, porque no hubo necesidad de derrotar un ejército militar colonial, como sucedió en otras partes del continente, y en el propio Virreinato de Nueva España, donde hubo enfrentamientos militares de este tipo, por mantener la dominación colonial y por liberarse de ella.

La lucha por la Independencia concentró, en los centros virreinales, las tropas y milicias coloniales. España había reforzado sus contingentes militares desde 1762, por la necesidad de mejorar las defensas de sus territorios de los piratas, corsarios y bucaneros, de los reinos europeos, que se volcaban sobre el continente, y, para enfrentar las contradicciones que se producían entre criollos y peninsulares, entre productores y autoridades coloniales y las insurrecciones indígenas.

Milicias coloniales las tuvimos en Matina, San José, Cartago, Heredia y Alajuela.

En la noche del 28 al 29 de octubre de 1821, cuando se encontraban en Cartago los delegados que discutirían y aprobarían la Declaración de Independencia de Costa Rica, en Cartago, la capital colonial de entonces, el firmante del Acta de Independencia, José Santos Lombardo, desarmó a la Autoridad colonial, al coronel, gobernador Juan Manuel de Cañas. Con aquel acto impidió que el gobernador, pudiera actuar contra la decisión que se tomaría ese glorioso 29 de octubre, a la vez que tomaba las armas para defender, si así hubiera sido necesario la Independencia que se declaró ese día.

Constituido el primer gobierno provisorio y durante el período de las Juntas de gobierno, de 1821 a 1823, se atendieron aspectos relacionados con la materia militar.

Durante el Estado de Costa Rica, 1824-1848, se desarrollaron cuerpos milicianos y militares, se reglamentó su organización militar, y se estableció, en el gobierno de Juan Mora Fernández, nuestro primer Jefe de Estado, una limitación a los militares cuando se les eliminó el Fuero Militar para los que cometieran delitos comunes, y se les subordinó a los alcaldes, imponiéndoseles una autoridad superior civil.

La incorporación a la República Federal de Centroamérica nos impuso participar de los gastos del Ejército Federal y de aportar soldados, una carga pesada para las finanzas nacionales, y una situación que demostró, cuando se produjo la usurpación colombiana de los territorios de Bocas del Toro, que perdimos, la innecesaria presencia en la República Federal, de la que nos retiramos en 1838.

En 1834 se prohibió que los militares pudieran participar en puestos de elección públicos en el Poder Estatal central y en el Poder Municipal.

Con Braulio Carrillo el Ejército se reorganiza, al tiempo que abole las Ordenanzas militares que todavía estaban vigentes de la época de Carlos III. Con Carrillo se crearon las rondas policiales, las Juntas de Orden Público, batallones integrados por compañías, se estimuló a los militares con mejoras salariales y nuevas armas, desarrollando un nuevo concepto de Ejército.

Con la llegada de Francisco Morazán, 1842, las estructuras militares se fortalecieron. Hacia 1846 se desarrollaron las guarniciones militares de San José, Cartago, Alajuela, Heredia, y batallones en las ciudades.

A partir de la Constitución de 1844 apareció el concepto de Ministerio de Guerra y de Guerra y Marina, combinado con el ejercicio de otras carteras.

En época del Gran Presidente Juan Rafael Mora Porras se fortalece, nuevamente, el control civil sobre lo militar. A las Fuerzas Armadas se les somete a obediencia y a no deliberar. El Ejército pasó a legitimar el Estado, a brindarle lealtad al Poder Central. El Poder Ejecutivo tenía la facultad de otorgar los ascensos militares. El ejército no desarrolló caudillos militares.

Los nuevos cuarteles, el de la Artillería en San José, los contingentes militares en Alajuela y Heredia sirvieron para reorganizar el Ejército, para lo que se había traído al militar polaco Fernando von Salisch, para servir de instructor de alta preparación de las fuerzas militares para lo cual se creó una Academia Militar.

La preparación nacional para un eventual conflicto con Nicaragua, que disputaba los territorios del Partido de Nicoya, y para enfrentar a los filibusteros que se habían establecido en Nicaragua, amenazando la libertad, la independencia y la soberanía de los pueblos centroamericanos, llevó a Juan Rafael Mora a liderar la guerra contra esa presencia extranjera, durante la Guerra Nacional Centroamericana de 1856 y 1857.

De esta guerra salió fortalecido el Ejército, que por su masividad popular le imprimió un carácter nacional y libertador, con un alto grado moral. De ella surgieron, en la conciencia popular y nacional, héroes de batallas, héroes nacionales, mártires, y sus gestas y batallas se inmortalizaron.

Las contradicciones políticas al terminar la guerra contra los filibusteros se agudizaron provocando el golpe de Estado contra Juan Rafael Mora en 1859, obligándolo a salir hacia El Salvador. De allí regresó en 1860 intentando recuperar el poder. En Puntarenas, derrotado, se entregó sacrificando su vida para salvar la de sus acompañantes. Fue fusilado el 30 de setiembre, y el 2 de octubre, igualmente, lo fue el General José María Cañas, cometiéndose un crimen, un asesinato de Estado, que no ha sido reparado con el Funeral de Estado que se les debe a estos héroes nacionales.

La década de 1859-1868 fue oscura, y de fortalecimiento del Ejército, con un papel importante tras el poder político, de los militares Lorenzo Salazar y Máximo Blanco.

El 10 de diciembre de 1868, el Dr. Eusebio Figueroa, Ministro de Guerra, destituyó a esos militares, reorganizó las comandancias y restableció el poder civil sobre lo militar.

Con la llegada del General Tomás Guardia y su Código Militar de 1871 se fortaleció esta dependencia de lo político sobre lo militar, aspecto que se llevó a la Constitución Política de 1871, que llegó hasta 1948.

En 1878, ante una eventual guerra con Guatemala fortalecimos el Ejército, adquiriendo barcos de guerra y creando el Almirantazgo de Marina.

Las décadas liberales desde 1870 hasta 1890 fortalecieron lo civil sobre lo militar y el aparato educativo. En 1869 el presidente Jesús Jiménez Zamora estableció la educación primaria gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Con las reformas educativas, de Mauro Fernández, en la década de 1880 se fortaleció la educación pública secundaria, se reguló el régimen de pensiones de los militares sometido al Ministerio de Hacienda, y en 1889 se contrató al general Aristides Romain, de origen belga, especialista en artillería, para la asesoría militar, iniciándose la preparación de oficiales nacionales en el extranjero.

Ante un levantamiento militar, en 1902, se dispuso, en el gobierno de Ascensión Esquivel, eliminar del Escudo Nacional los dos cañones, como símbolo militar, que tenía en su base.

Durante la administración de Alfredo González Flores, se impulsó por parte de los Estados Unidos, en América Latina una modernización de los viejos ejércitos del siglo XIX, impulsando la creación de las llamadas guardias nacionales y guardias civiles en sustitución de estos ejércitos. Alfredo González se opuso a la creación de una guardia civil, alternativa a la institucionalidad militar existente.

Con el golpe de estado de Federico Tinoco, 1917, el Ejército se fortaleció. A su caída, igualmente cayó la institución militar, también desprestigiada, que en adelante hasta 1948 se fue desgastando de manera que en la década de 1940-1948 el Ejército era una institución muy debilitada. No jugó ningún papel relevante en los sucesos armados de marzo y abril de 1948.

De la guerra con Panamá, en 1921, se le cambió de nombre al Ministerio de Guerra y Marina, en 1923, por el de Seguridad Pública.

En las décadas de 1920, 1930 y 1940 se fortaleció más el gasto público en educación que del Ejército y de Seguridad.

La década de 1940-1948 fue tensa en muchos sentidos. La II Guerra Mundial, su impacto en la economía nacional, las medidas que hubo que tomar, de la declaratoria de guerra al eje nazi fascista, del surgimiento de nuevas fuerzas políticas, socialdemócratas; por las alianzas políticas que se realizaron, alrededor de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, hicieron que en 1947 los diputados Fernando Volio Sancho y Fernando Lara Bustamante propusieran eliminar el Ejército suspendiendo partidas de armas del presupuesto nacional.

Los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de 1944 y 1948 impugnados por fraude electoral, y la nulidad de la presidencia de Otilio Ulate en las elecciones de 1948, produjeron el alzamiento militar de José Figueres para hacer respetar ese resultado.

Del 12 de marzo al 17 de abril se llevaron a cabo enfrentamientos militares en todo el país. Figueres tenía contralada la situación y el territorio. En las conversaciones de Ochomogo y en el Pacto de la Embajada de México se le puso fin al conflicto y se preparó la entrega del gobierno a Otilio Ulate.

El 1 de mayo de 1948 José Figueres se impuso a Ulate con el Pacto Ulate Figueres asumiendo el gobierno por 18 meses a partir del 8 de mayo.

Al asumir Figueres el gobierno, y constituir la Junta Fundadora de la Segunda República, el 8 de mayo, suspendió la Constitución Política de 1871, y con ella le quitó el sustento legal y constitucional a la existencia del Ejército Nacional. Figueres tenía su Ejército, con el que había realizado la guerra civil, apoyado por un pequeño contingente militar extranjero, la Legión Caribe.

En el seno de la Junta de Gobierno su Ministro de Seguridad, Edgar Cardona había propuesto la eliminación del Ejército constitucional.

La Junta Fundadora de la Segunda República, dispuso, el 11 de octubre de 1948 en la resolución N° 749 «suprimir el ejército como institución permanente, confiándose la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, hoy denominada Guardia Civil», después de considerar el estado desastroso en que se encontraba y en virtud de tener su propia fuerza militar.

El 25 de noviembre de 1948 Junta Fundadora de la Segunda República había aceptado la idea de abolir el Ejército.

El 27 de noviembre inició la desmovilización de la Legión Caribe.

El 1 de diciembre de 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República tomó la decisión de entregar el Cuartel Bella Vista a la Universidad de Costa Rica para impulsar el Museo Nacional.

En ese acto se señaló la importancia de fortalecer la educación, y se asoció esa fecha, con la ceremonia oficial que se hizo, como la de disolución del Ejército, o la de su abolición.

En este acto hablaron José Figueres, Uladislao Gámez, Ministro de Educación y Edgar Cardona, Ministro de Seguridad, quien en el seno de la Junta Fundadora de la Segunda República, había hecho la propuesta de su abolición, y así se le reconoció ese día.

El 1 de diciembre en el acto de la entrega del Cuartel a la Universidad se afirmó: “La época de los cuarteles había quedado para la Historia. Inicia la época de las escuelas, colegios, universidades y museos”

Cuando se integra la Asamblea Nacional Constituyente, el 3 de febrero de 1949, se hace el anuncio de querer abolir el ejército, y así se propone en el Proyecto de Constitución Política que la Junta entrega a la Asamblea Nacional Constituyente.

Así se había sembrado la semilla de la abolición en los diputados constituyentes.

El 4 de julio de 1949 los diputados constituyentes Ricardo Esquivel Fernández, Juan Trejos Quirós y Enrique Montiel propusieron suprimir el Ejército, tema que se volvió a discutir el 18 de octubre y finalmente el 31 de octubre de 1949, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el artículo constitucional que establecía la disolución o Abolición del Ejército como institución permanente, confiando la defensa a la Policía Nacional o Guardia Civil.

Finalmente, el 7 de noviembre de 1949 se aprobó íntegramente la Constitución Política que estableció esta abolición.

En el gobierno de Luis Alberto Monge, 1982-1986, se estableció la Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada de Costa Rica, como política de Estado, considerada como la culminación del proceso de desarme unilateral y voluntario iniciado por Costa Rica en 1949, con la proscripción del Ejército.

En el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, se declaró el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército, y en este Gobierno, bajo su impulso y el de su Ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, se le eliminó a la Fuerza Pública el uso de rangos militares de Ejército, en su estructura administrativa, en su escalafón y en sus uniformes, y símbolos de distinción.

De nuevo se restablecieron en el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994 y nuevamente fueron suprimidos en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002.

Sumemos, a todo esto, el hecho de que los Jefes de Estado y Presidentes de la República han sido principalmente educadores, abogados, economistas y civiles, excepcionalmente algunos militares; de que prácticamente desde 1849 hasta hoy han habido gobiernos alternos cada 4 años, con un Estado de Derecho constituido desde 1824, cuando se crearon los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que le dieron al país y al pueblo costarricense las bases de una cultura civilista, no militarista, e impusieron una conducta gubernativa de respetar la independencia, autonomía y exclusividad de las funciones de los poderes públicos, y de sometimiento de los gobernantes a los mandatos legales y constitucionales de su ejercicio presidencial.

Recientemente, han surgido voces que proponen restablecer el ejército bajo el pretexto de la lucha contra las drogas y la narco-mafia entronizada en las estructuras institucionales. Esto hay que combatirlo, condenarlo y evitarlo.

En ninguna parte del mundo, ni de América Latina, los ejércitos tienen esa función. Al contrario, cuando han justificado su participación en esa lucha se han convertido en las fuerzas armadas de esas organizaciones delictivas, han constituido sus propios carteles militares vinculados al negocio y comercialización de las drogas, y a la entronización de la narco-mafia militar en las estructuras de la organización política del Estado y de la institucionalidad pública, provocando mayor temor e inseguridad ciudadana.

Que el acto que nos reúne, de la Presentación de la moneda conmemorativa del 75 aniversario de la Abolición del Ejército de Costa Rica, nos sirva como exaltación política, para mostrar el desarrollo de una Democracia sólida, civilista, ejemplo de mundo, que nos legó el General José Figueres Ferrer, que tuvo la capacidad y la visión de disolver el Ejército Nacional, de sacar del país, la Legión Caribe, los militares extranjeros que le ayudaron en la Guerra Civil, y de disolver su propio Ejército de Liberación Nacional.

Han sido 75 años en que ninguna familia ha sufrido el temor y la angustia de tener un hijo enlistado en el Ejército; 75 años en que ninguna familia ha sufrido la pérdida de un hijo por participar en guerras, muchas artificialmente hechas, que nos son ajenas.

¿Está descontrolado mentalmente el Presidente?

Vladimir de la Cruz

Las Sesiones Extraordinarias de la Asamblea Legislativa constituyen el período de seis meses, dividido en dos trimestres, en las cuales la Asamblea Legislativa solamente conoce, para su trámite de leyes, los Proyectos de Ley que el Poder de Ejecutivo envía para su conocimiento y eventual aprobación.

Desde el año 2022 esta división trimestral se estableció, empezando el Poder Ejecutivo en los meses de mayo, junio y julio; realizando su segunda jornada de Sesiones Extraordinarias, en los meses de noviembre, diciembre y enero. Por su parte, los diputados pueden presentar sus proyectos en las Sesiones Ordinarias que comprenden los meses de febrero, marzo y abril, y en su segunda parte de sesiones, agosto, setiembre y octubre.

Esta nueva formulación del trabajo legislativo se pensó para favorecer al nuevo gobierno, cualquiera que fuera, que en este caso le correspondió al actual inquilino de la Casa Presidencial de Zapote, para que inmediatamente después de las elecciones, al quedar electo, pudiera impulsar sus proyectos de ley, para que pudiera materializar sus ofertas de la campaña electoral, de la que salió electo, y pudiera canalizar legislativamente sus Proyectos de Ley estrella, los que guiarían su gestión desde sus primeros días de gobierno, los que marcarían la ruta y derroteros de lo que sería el nuevo gobierno.

La idea y la filosofía de este cambio, era también para poder satisfacer mejor a los votantes respecto a lo que se les ofrecía electoralmente, para tratar de recuperar la confianza en los electores, en los grupos políticos que llegan a la Casa de Gobierno y para que gobierno y electores pudieran armonizar mejor la representación de su mandato presidencial.

Con el sistema anterior las Sesiones legislativas empezaban en mayo, junio y julio, con Ordinarias, que estaban en manos de los diputados. Después se le daba un mes de Sesiones Extraordinarias en agosto al Poder Ejecutivo y luego venían los meses de setiembre, octubre y noviembre, de nuevo para los diputados, para cerrar con cinco meses, desde diciembre hasta abril para el Ejecutivo.

Con este sistema anterior, todos los presidentes y sus partidos gobernantes, se veían imposibilitados de impulsar proyectos de ley asociados a su campaña electoral y a sus promesas a los electores; situación que redundó históricamente en ir acumulando una frustración, un desengaño, un incumplimiento de promesas electorales, en un ataque a la Política, a los políticos, a los partidos políticos, a la misma Democracia como sistema político, y en la alta tasa de abstencionismo que se fue dando de manera acumulada, provocando también presidentes ocasionales, como los que se fueron dando en el 2014, 2018 y en el momento actual, a partir del 2022, donde irrumpió de manera más nítida una figura desconocida políticamente, improvisada, desconocedora de la Historia Nacional, de la Historia política y electoral costarricense, ignorante total de lo que es la división política de los Poderes del Estado, de entender que esos poderes públicos son exclusivos en sus funciones, que están claramente establecidas en la Constitución Política, que tienen funciones indelegables a los otros poderes o a cualquier otra instancia púbica.

En ambos sistemas, de sesiones legislativas, el presidente se encuentra que el Presupuesto Nacional que tiene al asumir el mandato, fue establecido en noviembre del año anterior a su llegada a Zapote, y que responde para todos los efectos al diseño de gestión de obra institucional del gobierno anterior, y que no puede hacer más que administrar y ejecutar ese Presupuesto Nacional como está establecido, lo que constituye una camisa de fuerza para iniciar un gobierno. Esta situación también golpea el incumplimiento de un Gobierno que inicia, porque literalmente no tiene dinero para actuar. Lo más que puede hacer es algunas reformas a las partidas del Presupuesto Nacional para redireccionar fondos públicos. Así las cosas, el verdadero año presupuestario de un gobierno es el segundo, cuando al terminar el año de su elección, en noviembre se aprueba el Presupuesto del año siguiente. Así sucedió en noviembre del año 2022 que se aprobó el Presupuesto del año 2023, que es el primer año real del presidente Rodrigo Chaves.

De esta manera, este año 2023 se supone que el Presupuesto Nacional está acorde con las políticas y directrices de gobierno, hacia el futuro de la gestión, qué el presidente quiere impulsar en lo que le queda de ejercicio presidencial.

En el año 2022, en mayo, el presidente no tenía nada listo, nada preparado, ni un solo Proyecto de Ley que presentar a los diputados, lo que paralizó la Asamblea Legislativa unos días, porque en Sesiones Extraordinarias, si el presidente no envía Proyectos de Ley, la Asamblea Legislativa y los diputados no trabajan, porque solo el presidente puede poner proyectos en discusión.

Está claro que este Presidente, no conoce nada de cómo funciona la Administración Pública; que no tiene idea de lo que es la división de poderes y el Estado de Derecho que debe respetar; que quiere gobernar violando la Constitución y las Leyes, que encuentran defensa en la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, en la Contraloría General de la República, en las distintas Defensorías de los Habitantes, y en los propios ciudadanos y diputados que pueden interponer acciones de inconstitucionalidad ante los actos que ilegal e inconstitucionalmente pueda realizar el presidente.

En el ejercicio de Gobierno del actual inquilino de Zapote se puede apreciar su incapacidad, cada vez más pública y manifiesta, para gobernar una institucionalidad total estatal. Las destituciones y renuncias de ministros, viceministros, altos funcionarios de las instituciones y de sus juntas directivas, a razón de uno cada 13 días en promedio desde que llegó a dirigir la Casa Presidencial, son apenas la punta del iceberg político en que está parado.

Con esta situación no puede haber plan de gobierno, acciones de gobierno, políticas de gobierno que puedan ejecutarse de conformidad a una ruta, a un camino trazado, porque en apariencia falla el funcionario renunciado o destituido; falla el que lo sustituye porque no puede darle continuidad a lo que el anterior venía o trataba de realizar y hacer, porque el mismo sustituto se ve con las manos amarradas ante su Presidente que, usando a ese funcionario público, como se utilizaban las máscaras en el Teatro griego, es quien actúa limitadamente.

El derecho supremo, y orgásmico, que tienen los funcionarios cercanos que rodean al mandatario es, como me han dicho, aplaudirle en las sesiones del Consejo de Gobierno algunas de sus intervenciones, porque nadie puede brillar más que él, ni nadie puede tener un ascendiente público superior por ejercicio del cargo en imagen pública que la que tiene el presidente, en su propia percepción.

El equipo de Gobierno actual está como un barco a la deriva, sin quilla, sin velas, sin timón, sin brújula, sin astrolabio, ni sextante, sin remeros y sin Capitán, por lo que el Barco de la Patria, en manos de este conductor, no tiene orientación; y, quien está a cargo del buque nacional no tiene idea de hacia dónde dirigir el país, carece de astros que lo guíen, qué le den hora y latitud de dónde se encuentra, sin poder ver el Sol. La quilla de este barco apenas sostiene el armazón institucional del gobierno. Las corrientes de aire político que podrían ayudarle a dirigir el barco no tienen velas náuticas qué empujar, porque el supuesto Capitán las ha arriado, las ha bajado; sintiéndose como un Dios todopoderoso quien cree que con dar órdenes, fijar plazos, metas y pedir cuentas, como se hace en algunas empresas, se maneja un país de leyes y de equilibrios institucionales.

Lo que le sobra al Presidente es su soberbia y su arrogancia; su sentimiento de superioridad y hasta de sentirse en posición privilegiada sobre las demás personas; su altivez manifestada en la forma como trata despreciativamente a sus propios subalternos inmediatos, cómo los exhibe en las mesas de prensa que realiza, con el tono frío y distante de cómo los trata a ellos, a periodistas, a los diputados y miembros de los Supremos Poderes; su vanidad que no puede ocultar de sentirse sobrestimado y admirado por los méritos que él cree tener de más. Pero, sobre todo, lo que exalta es su prepotencia; sentirse no solo superior o más grande que otras personas, sino alardear con el poder que deriva de solio presidencial, qué como el Vaticano, en Zapote, se siente el Papá de todos…porque sabe ejecutar estos atributos abusivamente, intimidantemente, autoritariamente.

Uno de los actos sublimes, extraordinariamente bello, de gran emoción lo realizó el presidente Rodrigo Chaves el pasado miércoles, cuando en su mesa de prensa, despotricó, habló sin ninguna consideración ni medida, criticando y casi insultando a los diputados; diciendo tonterías y barbaridades, donde evidenciaba no tener conectada su lengua con su cerebro, donde se le veía y oía actuar de nuevo con su brutalidad y violencia a boca de jarro. Sinceramente, parecía desquiciado, perdiendo su seguridad, su cordura, su serenidad; mostrando su trastorno mental ocasionado porque los diputados, con todo su derecho parlamentario, no apoyaron un Proyecto de Ley del presidente relacionado con la seguridad ciudadana, de más de una treintena de Proyectos de Ley que existen en el trámite legislativo. Ese desquicie mental, ese desencaje mental, casi lo hacía parecer un insano, un loco, un demente político mental; alguien que en ese estado mental no puede ni debe dirigir el país y el gobierno de la República.

Entre las tonterías que dijo hizo casi renuncia pública de la función Ejecutiva que tiene como presidente de gobernar las Sesiones Extraordinarias legislativas. Descontrolado como estaba dijo que retiraba todos los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo y que los diputados discutieran los suyos, que eran más de 30, que los siguieran discutiendo. Como si estuviera enterrado, con el mecatito en la mano para jalar la campana, se salvó cuando dijo que había instruido a la ministra de la Presidencia para que solo pusiera en la Agenda Legislativa, de las Sesiones Extraordinarias, los Proyectos de Ley de los diputados, porque él como presidente no iba a enviar ninguno… casi cerró el Congreso…momento ideal que perdió para gobernar mediante Decretos Ejecutivos, como ha sido su sueño…que no es lo mismo que los Decretos Ley de 1948 y 1949.

El problema de los Proyectos de Ley relacionados con la seguridad ciudadana es que el gobierno no se está sintiendo. La inseguridad ha aumentado enormemente en este gobierno. La criminalidad, el sicariato, el hampa grande y pequeña, los delitos contra la propiedad y las personas han aumentado. Los asesinatos nos colocan en la cima del mundo. La imagen de Costa Rica casi cambia ya de Pura Vida a Pura Muerte… en este gobierno.

La corrupción que genera el negocio de las drogas, por las aduanas y puertos de control, marítimos, terrestres y posiblemente aéreos, con complicidad de empresas productoras, empacadoras y transportadoras de productos, y de funcionarios públicos, políticos, de seguridad, policial y de hacienda, que tienen que ver con esos controles, se evidencia por las grandes cantidades que decomisan en los puertos y aduanas de entrada a otros países…

Pero, evidencia que es el Poder Ejecutivo el que está fallando. No es competencia del Poder Legislativo esta función de control. Las leyes existen. Se pueden aplicar. También se pueden mejorar y hacer más represivas, si eso se quiere.

La actitud del presidente del pasado miércoles, su pérdida de cabeza, su ofuscamiento al frente del Poder Ejecutivo, de casi dejarlo tirado, de no asumirlo cómo debe hacerlo; su razón y juicio descontrolado contra los diputados es de ponerle atención.

Que el presidente no logre consensuar alrededor de un Proyecto de Ley suyo a los diputados, es una falla de negociación del Poder Ejecutivo, que evidencia que el Presidente tiene poco qué hacer por el país…

Con poses autoritarias, dinamitando puentes con la oposición política y con los diputados, como dijo alguna vez, casi de manera terrorista, no va a llegar a ningún lado…Ni siquiera tiene capacidad para comprarse las broncas que dijo que iba a pelear; las riñas violentas que quería enfrentar.

Llevamos solo año y medio de gobierno…De seguir así, el presidente debería tener entre sus asistentes, en el molote de carros y vehículos que lo acompañan, con sirenas y sin sirenas, una unidad de médicos bien preparados y de siquiatras porque en cualquier momento se puede descarrilar totalmente…

Sensatez, prudencia, inteligencia emocional política, buen tacto, confianza en las distintas fuerzas políticas que también están interesadas en corregir y superar los grandes problemas y desafíos que tenemos como país, como nación y como pueblo, es lo que tiene que proponerse tener y amarrar.

Debe procurar que haya unidad de acción política tomando en cuenta la diversidad de opiniones nacionales.

Ninguna empresa se va del país porque no se establezca la jornada de trabajo 4-3

Vladimir de la Cruz

Un argumento que se agitó durante la discusión forzada, apretada, exclusiva, durante varias semanas, que se dio en la Asamblea Legislativa, para conocer y “discutir” el Proyecto de Ley de las jornadas esclavistas y de sobre explotación laboral del siglo XIX, que se quieren establecer en Costa Rica, de 12 horas diarias, seguidas, por cuatro días, para un total de 48 horas semanales, es que muchas empresas, especialmente extranjeras, de las que están en zonas francas, se irían del país.

A este argumento de los diputados, representantes de los esclavistas laborales, se sumaron algunos grupos empresariales, con la misma canción.

Con el Fallo de la Sala Constitucional, rechazando el Proyecto de Ley, por razones de forma, de procedimiento legislativo, y no de fondo, que devuelve el expediente de la Ley a la Asamblea Legislativa, para un nuevo trámite, se han alzado voces lamentando este Fallo. Entre esas voces, la más desatinada fue la del mismo inquilino de Zapote, que llegó a afirmar que la empresa INTEL, estaba valorando retirarse del país.

Fue la empresa INTEL la que salió a decir públicamente que no se estaba yendo del país. El exabrupto del Presidente pudo perjudicar la imagen internacional de INTEL al señalar esa salida del país, y pudo causarle hasta un bajonazo en sus acciones en el movimiento de bolsas mundiales, por la inseguridad que esa salida puede producir en inversionistas. Ya INTEL, por otras razones, hace pocos años, debido a una reorganización mundial interna, había hecho movimientos de personal, afectando Costa Rica, pero sin intención de dejar el país, menos por una razón laboral como la de la jornada 4-3.

Cuando una empresa extranjera viene a Costa Rica, por su propia iniciativa, es porque estudia las condiciones del país, su seguridad jurídica y política; su estabilidad política, el nivel educativo nacional, la calidad de profesionales de educación superior que hay en el país, el bilingüismo de los profesionales y trabajadores que necesitan contratar, el Estado de Derecho existente, la no injerencia corrupta del Poder Ejecutivo, como sucede en otros países, con los inversionistas, que “algo” tienen que dar a quienes ocupan ciertos puestos públicos en la toma de decisiones de esta naturaleza, porque conocen la legislación laboral con que se van a regir sus relaciones de trabajo, y saben que las jornadas de trabajo son de 48 horas semanales, en la jornada diurna, a razón de turnos de 8 horas diarias; porque conocen las leyes que regulan las zonas francas y las ventajas que les dan a las empresas extranjeras en muchos sentidos. Nada de esto ignoran los inversionistas. Ni esperan que eso se cambie porque ellos llegan. Si ese ambiente nacional no les gusta, no vienen a invertir.

Si las empresas extranjeras son atraídas por las institucionales nacionales que se encargan de promover esa atracción de inversiones, son estas instituciones las que se encargan de informar de esas condiciones internas para esas inversiones. Son estas instituciones las que “enamoran” a los inversionistas con venir a Costa Rica. Así es como sucede. No vienen aquí bajo promesa alguna o insinuación de que les van a cambiar las leyes para favorecerlas en “algo más”, porque el cambio en las leyes no es tan fácil; porque no depende de una decisión del Poder Ejecutivo, sino de una reforma legislativa que tiene su trámite y puede resultar lento.

Cuando fui Embajador en Venezuela, procuré abrir el panorama de Costa Rica ante empresarios venezolanos para que vinieran al país, a invertir, hacer negocios o a comprar productos. En una ocasión, logré traer una delegación de poco más de 50 empresarios que se reunieron con distintos grupos empresariales, y hasta con el Presidente Oscar Arias. Las reuniones, a las que asistí, fueron muy importantes para mí. De ellas, me impactó que en las cámaras empresariales, con las que los empresarios venezolanos se reunieron, siempre, los miembros de las cámaras patronales nacionales, les enfatizaron en el Estado de Derecho existente en el país y, especialmente, en el cumplimiento de las leyes laborales y sociales que se debían atender y cumplir, en relación a jornadas, salarios, jornadas extras, vacaciones y condiciones generales de trabajo.

¿Por qué mentirle a la población con la idea de que se van las empresas extranjeras, y que van a dejar desempleados, si no se aprueba la jornada 4-3? ¿Por qué engañar y presionar sicológicamente a los diputados con este argumento, si no es real? Obviamente es perversa esta campaña publicitaria en esa dirección.

La prensa del país ha venido informando en los últimos meses de empresas que han reducido su personal de trabajo, lo que nada tiene que ver con no tener la jornada 4-3.

En la aprobación del Proyecto de Ley, que la Sala Constitucional rechazó, quedó claro que la jornada 4-3, de cuatro días, sustituía la jornada semanal de 48 horas, por lo que no era necesario pagar horas extras sobre las ocho horas diarias de trabajo que establece la Constitución Política. Este ha sido el quid, la esencia clave de esta Ley, rebajar el salario aumentando la jornada de trabajo.

Entendamos también que las supuestas empresas que tienen que trabajar 24 horas de trabajo continuas, con esta modalidad de trabajo de 4 días de 12 horas, tendrán que trabajar tres días más, de los siete semanales, con otros turnos de trabajadores, también de jornadas de 12 horas diarias. ¿o no es así?; ¿acaso también las empresas descansan esos tres días, trabajadas las jornadas de trabajo 4-3?

Los promotores de esta Ley del 4-3 dicen que se va a aumentar el empleo con esta ley. Los datos no son reales. Veámoslo de manera simple. Si una empresa necesita operar en su producción 24 horas continuas, con dos turnos de trabajo de 12 horas cada uno, contrata un número de empleados determinado para cada turno. Siempre será una contratación de trabajadores menor que si tuvieran que contratar para las mismas tareas a tres turnos de trabajadores. Si tuvieran que realizar tres turnos de 8 horas cada uno tienen que aumentar necesariamente su número de empleados, para cumplir con los tres turnos. Para el empleo nacional, sin ninguna duda, lo mejor son jornadas de ocho horas para promover más empleo y salarios para trabajadores. Esa es la realidad laboral. Así se produce más empleo y más trabajadores reciben un salario.

La tendencia internacional es rebajar la jornada de trabajo semanal a 36 horas, que en este caso se pueden trabajar a 9 horas diarias en cuatro días a la semana, como están haciendo algunos países europeos. En España, con el ascenso del nuevo gobierno, que se está formando en estos días, se está proponiendo esta jornada laboral, con un sustantivo aumento de salarios. En Italia, en el movimiento huelguístico que se está dando, está de por medio en las demandas de los trabajadores la rebaja de la jornada sin perjudicar el salario. En Francia ya operan jornadas de 35 y 36 horas semanales, sin rebajar salarios.

La jornada de trabajo 4-3 está claro que no puede discutirse en la Asamblea Legislativa hasta que no se redacte totalmente la Sentencia de la Sala Constitucional, y que dicho Fallo sea recibido por la Asamblea, para su debido trámite. Eso significa que se devuelva el expediente, de este Proyecto de Ley, en su trámite hasta donde el Fallo determine y se vuela a reiniciar todo el proceso de discusión parlamentaria, que es casi empezar de nuevo.

Hay, sin embargo, iniciativas de los diputados que representan los intereses del Presidente de la República, que están considerando establecer un nuevo Proyecto de Ley de jornadas 4-3, que pueda ser más expedito y potable para su trámite y aprobación parlamentaria. De hecho, pareciera que renuncian a la posibilidad de revisar lo señalado por la Sala Constitucional y mantener abierto ese expediente. En su lugar, ven más fácil un nuevo Proyecto de Ley, corrigiendo lo que la Sala Constitucional haya recomendado, con lo cual reconocen que ese Proyecto rechazado por la Sala Constitucional no era el mejor, ni el oportuno, ni el necesario, que fue atropellado y descontextuado en su discusión.

El Presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ha manifestado, claramente, que el Proyecto de la Jornada 4-3 puede convertirse, como lo señalé hace una semana en esta misma columna, en un proceso similar a la discusión del Tratado de Comercio con Estados Unidos, del 2006-2007, que se convirtió en una batalla campal costarricense, casi por dos años, entorpeciendo el accionar el gobierno de entonces; o como el combo del ICE, del año 2000, que fue similar en esas acciones de masas movilizadas. En este sentido, Rodrigo Arias ha llamado la atención, con la sensatez, prudencia y tacto, con que sabe actuar como Presidente Legislativo, que se debe buscar un acuerdo político, bien consensuado, en torno a esta discusión de la nueva jornada que se quiere imponer.

Entiende también Rodrigo Arias que el Proyecto no debe llegar al año 2025, por ser el año electoral nacional. Para él, ese acuerdo debe resolver el trámite de esta ley en el año 2024, el próximo.

Si los diputados, seguidores y defensores del Presidente de la República, esperan impulsar un Proyecto de Ley nuevo, sustitutivo del que rechazó la Sala Constitucional, para darle algún trámite preferencial, como el de dedicar todas las sesiones legislativas a esa discusión, con el llamado “trámite rápido”, tendrán que esperar los meses de mayo, junio y julio próximo, que tienen Sesiones Extraordinarias, donde el Presidente gobierna la agenda parlamentaria, con lo cual el Gobierno seguirá “sin hacer nada”.

Recordemos también, que en diciembre y enero próximo están, además del receso legislativo, de fin de año, las elecciones municipales que distraen a los diputados, por el apoyo que tienen que dar a sus candidatos municipales.

Por ahora, seguiremos esperando al Fallo totalmente redactado de la Sala Constitucional para analizarlo más cuidadosamente.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Los horrores de una guerra que parece no tener fin

El pasado 7 de noviembre en el programa La Mesa Redonda, con Sergio Marin Cornavaca, se habló sobre el tema: “A un mes del ataque de Hamas contra Israel, los horrores de una guerra que parece no tener fin”. Para el programa se contó con la participación de Vladimir de la Cruz, quien es historiador y politólogo costarricense. 

Para observar la retransmisión del programa, ingresar a los siguientes enlaces: https://fb.watch/oaNpUWVKkN/

El fallo de la Sala IV, ¿un alegrón de burro?

Vladimir de la Cruz

La Sala Constitucional tenía en sus manos la consulta de constitucionalidad obligada que la Asamblea Legislativa le envió sobre el Proyecto de Ley de la jornada de trabajo 4-3. A ella se había sumado una acción, una consulta facultativa de constitucionalidad, interpuesta por varios diputados, con el propósito de que la Sala dictaminara en contra de este Proyecto de Ley, por razones de fondo, por violaciones a las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con las jornadas de trabajo en el país, especialmente con los alcances de la norma constitucional No. 58, que establece que “la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana.” Del mismo modo, que “el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”. La misma norma constitucional establece que estos principios “no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.

Claro es, que el Proyecto de Ley de la Jornada 4-3 no estaba en la dimensión ni en la excepcionalidad del artículo 58 constitucional. Con este Proyecto se pretende, sin lugar a dudas, establecer un nuevo modelo de trabajo nacional, de 12 horas diarias, por cuatro días, sin pago de reconocimiento de horas extras, porque sus propulsores establecieron claramente que lo que se estaba regulando era el concepto de jornada semanal de 48 horas, distribuidas en 4 días. Igualmente, se pronunciaron muy claramente que en ese extremo no hay necesidad de reconocer “horas extras”, sobre las 8 horas de trabajo diario, que se regulan constitucionalmente. Valoraron en la discusión parlamentaria la jornada semanal de 48 horas, sin demeritar el alcance extremo señalado constitucionalmente. Tan solo la redujeron a cuatro días de trabajo.

Los aditamentos que se señalaron, en la Asamblea Legislativa, por parte de los diputados proponentes y defensores de estas jornadas esclavistas, al estilo del siglo XIX, fueron meramente cosméticos, como cantos de sirena, como por ejemplo el tiempo de descanso diario en la jornada de 12 horas. ¿Acaso la jornada de 8 horas no establece ese descanso diario proporcional a esas 8 horas? Lo que hicieron fue proporcionar el mismo tiempo a las 12 horas que se propone en el Proyecto de las 12 horas. Algunas diputadas incluso razonaron que en los tres días de descanso, de este tipo de contrato, los trabajadores podrían buscar otros empleos para mejorar sus ingresos, con lo cual en la realidad la jornada semanal “ordinaria·”, se extendería más allá de las 48 horas…

La Resolución de la Sala Constitucional, en lo que se ha informado, hace dos días, por un comunicado de prensa, sin que se tenga aún el Fallo completo redactado, ha destacado que el rechazo al Proyecto es tan solo de formalidad procesal, que puede subsanarse. Fue rechazado por un vicio sustancial de procedimiento legislativo, porque fue discutido en una Comisión Legislativa que no era la facultada para hacerlo, cuando empezó su trámite de aprobación en el 2019, puesto que debía haberse iniciado esa discusión en una Comisión especializada, como es la de Asuntos Jurídicos, y no la Asuntos Hacendarios.

Las Comisiones de Asuntos Hacendarios, generalmente se integran por mayoría de diputados de las fracciones que son gobierno. Esto para facilitar el trámite de los Proyectos de Presupuestos Nacionales, con aprobación mayoritaria de la Comisión que los estudia, para que así se envíe al Plenario Legislativo, con alguna ventaja de discusión; con menor oposición y con dictámenes de minoría, los que de hecho no tienen la trascendencia para el debate siguiente. En la historia parlamentaria a veces los dictámenes de minoría se han impuesto en el Plenario Legislativo. Pero lo usual es que pasan de lado.

El grupo de diputados chavistas, que llaman de gobierno, y los que se sumaron a ellos, han declarado que revivirán el Proyecto de Ley. La diputada experta en asesorar ministros y otras autoridades en mentir, ha dicho claramente que analizará, con el Presidente Chaves, la posibilidad de volver a relanzar el Proyecto de Ley a trámite de aprobación. Diseñarán la estrategia de la mentira ante la nueva discusión parlamentaria, si llega a suceder.

El retroceso en la legislación laboral y constitucional, de las garantías sociales, sigue en pie de lucha. Quienes nos hemos opuesto a este Proyecto, desde las tribunas de la opinión pública, y desde la práctica sindical, no debemos replegarnos de alegría por el fallo de la Sala Constitucional. Puede ser tan solo, como dice nuestro pueblo, un simple alegrón de burro.

No debe interpretarse el fallo de la Sala Constitucional como un golpe contra el gobierno del Presidente Chaves, ni como un triunfo sindical, hasta este momento. Este Proyecto de Ley se inició en el gobierno del Partido Acción Ciudadana, bajo el Gobierno de Carlos Alvarado, que estuvo de acuerdo con su trámite y aprobación, siendo el conductor de ese trámite legislativo, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Por ahora, es tan solo un frenazo a su aprobación parlamentaria. El riesgo de su aprobación está latente.

Lo resuelto por la Sala Constitucional anula lo actuado desde que se cometió el error de trámite legislativo. Ha dejado al paciente de una cirugía con el tórax abierto mientras se dispone qué camino seguir, en cuanto se conozca el Fallo completo. El paciente del Proyecto de Ley de la jornada de 12 horas diarias no ha muerto todavía. Está en un coma inducido. Puede vivir.

Cuando se reciba el Fallo en la Asamblea Legislativa se pasará a su estudio a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Aquí se recomendará el camino a seguir… hacer los cambios correspondientes o enviar al Archivo el Proyecto de Ley.

Es también un tema de oportunidad política su discusión. O se aprueba el Proyecto de la Jornada de 12 horas en el 2024 o se deja para el 2026, pasadas las elecciones nacionales, como un proyecto para el nuevo gobierno.

En el 2025 por ser año electoral ese Proyecto no se someterá a discusión parlamentaria, por el riesgo político que eso tiene para los partidos y dirigentes políticos que lo apoyen, ante el proceso electoral nacional de ese año.

Sucederá igual que con la discusión del Proyecto de Ley del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Centroamérica, que terminó aprobándose hasta el 2007, cuando el Presidente Abel Pacheco lo había aprobado en el 2004.

En el 2005 Abel Pacheco no lo envió a la Asamblea Legislativa porque era el año electoral, y podía dividir al país, como sucedió en el 2006 y 2007 a favor y en contra, que para efetos electorales hubiera tenido un saldo muy negativo para los que apoyaban ese Tratado. Si así hubiera ocurrido quizá Oscar Arias Sánchez no hubiera llegado a su segunda Presidencia.

Abel Pacheco introdujo al debate parlamentario el Tratado en diciembre del 2005, cuando la Asamblea estaba en receso legislativo por las elecciones y nadie le ponía atención. Al resultado de las elecciones, ya con el ganador, por poco margen, la Asamblea tenía el Tratado para su ratificación, lo que se heredó al siguiente gobierno, que la vio fea en el 2006 y el 2007, para su gestión de gobierno, hasta que por la vía del Referéndum, convocado por Oscar Arias, se resolvió por un estrecho margen a su favor.

Con los aires populistas que hay en el continente, y en el mundo, no sería nada raro que frente a un proyecto de Ley, como éste de las 12 horas, electoralmente, pueda levantase alguien con la Presidencia y el apoyo popular, barriendo más a los partidos tradicionales, abriendo una brecha hacia partidos de nuevo tipo, como Acción Ciudadana y el que llevó al Presidente Chaves a Zapote. Esta es la realidad.

Por eso, el movimiento popular no puede descansar, ni dejarse llevar por los aplausos que generó este Fallo. Hay que seguir alerta ante la redacción total del Fallo y ante la iniciativa parlamentaria de la diputada Pilar Cisneros de mantener vivo el Proyecto en trámite legislativo.

No estoy seguro de que la Asamblea Legislativa aguante otra vía rápida, de tipo triturador, contra los legisladores que se opongan a la aprobación de esta Jornada de 12 horas. Pero, todo puede suceder.

Por ahora, las banderas de lucha contra este Proyecto de Ley no deben arrearse. Deben mantenerse izadas.

Las luchas sindicales ante la Inteligencia Artificial

Vladimir de la Cruz

La huelga es un derecho constitucional. Así está establecido en el artículo 61 de la Constitución Política. Tiene la salvedad de la huelga en los servicios públicos de acuerdo a las regulaciones establecidas por ley. En principio, la huelga es para asegurar el alcance del artículo 60 constitucional que regula la existencia de los sindicatos, “para obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

De modo, que si se violan derechos laborales constitucional y legalmente existentes, y beneficios económicos, sociales o profesionales, se puede acudir a la huelga como un medio, un instrumento, para protegerlos, conservarlos, y eventualmente para ampliarlos.

La historia de las huelgas, en el país, se remonta hasta 1874, quizá la primera huelga también en el Estado, cuando hubo una paralización por unos días de los telegrafistas que les habían violado sus derechos salariales. Luego siguieron con relevancia las protestas laborales en la construcción del ferrocarril al Atlántico, especialmente la huelga de los italianos. A finales del siglo XIX hubo otras huelgas en el Valle Central y fuera del Valle Central, con amplitud de sectores sociales involucrados.

El siglo XX inició con las huelgas, de especial importancia, que realizaron los panaderos, a principios del siglo, por la unidad de acción que lograron, que repercutió al surgimiento de la primera Federación de Trabajadores. Este siglo inició también con el desarrollo de Ligas de Obreros y Sindicatos, superando la existencia de las organizaciones laborales de tipo mutualista que existieron dominantemente en el siglo XIX.

Hasta las huelgas de 1918 y 1920, relacionadas con la lucha por la jornada de 8 horas diarias, la huelga se realizaba ipso facto, por la realidad misma. Estas huelgas, pero especialmente las de 1920, terminaron con un reconocimiento, por parte del gobierno, de los trabajadores a la organización sindical y al derecho de huelga. Incluso, terminó con un sustantivo aumento de salarios.

La primera mitad del siglo XX fue de una gran cantidad de huelgas en distintos sectores. Entre 1900 y 1943, el año de las Garantías Sociales y el Código de trabajo se produjeron 242 huelgas. Solo en el gobierno de Calderón Guardia, entre 1940 y 1943 se produjeron 50 conflictos laborales, 25 de ellos en 1943. De hecho las Garantías Sociales y el Código de Trabajo se dieron en el contexto de 25 huelgas ese año de 1943.

La lucha clásica de los trabajadores y patronos o empleadores, es por parte de los patronos de aumentar la jornada de trabajo y disminuir el salario, y de disminuir la jornada y aumentar el salario, por parte de los trabajadores. Esto no ha cambiado desde el siglo XIX. Se han ampliado las demandas laborales, como resultado de la misma dinámica del desarrollo de la sociedad, de las distintas ramas de la producción, y de las distintas especialidades laborales, así como de las propias relaciones de producción.

En los últimos años los derechos sociales de organización sindical, de huelga y de convención colectiva han sido disminuidos y debilitados por parte de los partidos tradicionales, y de los últimos gobiernos.

La convención laboral está garantizada en la Constitución para que patronos y trabajadores, por medio de sus sindicatos, puedan discutir y llegar a arreglos mejorando sus condiciones de trabajo, de seguridad e higiene ocupacional, de salarios, de beneficios socio laborales, y cualquier otro extremo que puedan pactar. Lo pactado dice la Constitución tendrá fuerza de ley. Este derecho constitucional ha sido más golpeado por los últimos gobiernos y por las decisiones legislativas y jurisprudenciales que se han tomado por la vía judicial contra ellas, por cuanto prácticamente han invalidado las convenciones.

Hay que decir que cuando una Convención laboral se tomaba, se acordaba, era porque se llegaba a un acuerdo entre los patronos o empleadores y los sindicatos, y porque lo pactado tenía contenido económico para cubrirlo por parte del sector patronal, fuera privado o público.

Las huelgas son de la realidad. Se dan por necesidad, sin importar si las declaran legales o ilegales. Son actos de desesperación organizada de los trabajadores por mejorar o mantener su situación socioeconómica y laboral, para enfrentar el alto costo de la vida, generalmente, que supera los niveles de salarios. Los salarios siempre suben en escalera y los precios de los productos básicos de subsistencia, incluida la canasta básica, y el costo de la vida, suben en ascensor. Agreguemos, que los salarios están prácticamente congelados desde hace tres años, y así se proyectan para los próximos tres años.

La inmensa mayoría de las huelgas en el país, más del 90% han sido declaradas ilegales. En la década de 1970 por artículos del Código Penal metían sindicalistas a la cárcel. Esos artículos fueron eliminados, pero era parte de la represión, que no impedía el ejercicio y el derecho de huelga constitucional. Y se seguirán haciendo huelgas…

En todas partes del mundo, los trabajadores, igual que los costarricenses, luchan por la vía de las huelgas, por defender sus derechos y beneficios.

Hemos visto, recientemente, en los Estados Unidos, un país de grandes tradiciones huelguísticas, y de organización sindical, el triunfo de los trabajadores de la industria cinematográfica, después de una huelga sostenida de casi cuatro meses, contra los estudios empresariales del cine; tres meses que los especialistas en Inteligencia Artificial consideraron equivalían a un año de paralización laboral.

El actor principal fue el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Doblegaron a los Estudios como Disney, Netflix, y los distintos estudios de Hollywood, especialmente con el uso de la Inteligencia Artificial, que se estaba empleando para sustituir actores, trabajadores extras.

Lucharon los trabajadores de la industria cinematográfica por lo siguiente:

1.- por establecer restricciones contra el uso de la Inteligencia Artificial que afectara lo trabajadores “extras”, que podían ser generados por computadoras.

2.- por un aumento salario del 7% y un nuevo fondo de $40 millones anuales para transferir una parte de los ingresos de los estudios cinematográficos a los actores.

3.-establecer barreras de uso de la Inteligencia Artificial para no afectar trabajadores actores y “extras”.

4.- protección de los artistas.

5.- garantizar los derechos de los artistas.

6.- garantizar los derechos al consentimiento de uso de imágenes de artistas con compensaciones justas.

7.- proteger los derechos laborales.

8.- recibir, por parte de los actores, la misma compensación remuneratoria por cualquier uso de su réplica digital, que se habría ganado haciendo la “misma cantidad de trabajo”.

9.- asegurar el trabajo de los “extras”

10.- no se puede usar una réplica digital para eludir contratación y pago de un actor de reparto.

11.- los estudios cinematográficos deben obtener el consentimiento del actor, o sus herederos, cada vez que se utilice su réplica digital en una película o en un episodio de televisión.

12.- no puede presentar a los actores contratos estándar que les autoricen a usar una réplica a perpetuidad.

13.- en los contratos tiene que establecerse con certeza la descripción razonable y específica de cómo se puede usar una réplica digital.

14.- sobre “los falsos actores sintéticos”, tema muy polémico durante la huelga, , o zombies digitales, que se construyen con partes de los cuerpos de los actores, como una risa, o una mueca, o un rasgo particular de un actor, se llegó al acuerdo que los actores tienen que dar su consentimiento, y los estudios obligados a pedir su permiso de uso.

15.- los estudios quedaron obligados a informar al Sindicato cada vez que “cree un falso actor sintético”, y el sindicato el derecho a negociar una indemnización en nombre de los actores implicados.

16.- a la industria se le permite continuar con la Inteligencia artificial sin afectar los derechos de los artistas

Estados Unidos, en este campo laboral, la negociación de los contratos es cada tres años. Lo aprobado, como resultado de la huelga, durará esos tres años.

Los dirigentes sindicales señalaron la importancia de la huelga, no solo para los actores, sino para todas las profesiones que puedan verse afectadas por el uso y el mal uso de la Inteligencia Artificial, especialmente en las industrias del entretenimiento. Enfatizaron que su movimiento ha sido para proteger los derechos de todas las personas a su imagen.

El movimiento sindical costarricense, en sus diversos sindicatos, debe aprender esta lección de lucha de los trabajadores de Estados Unidos. ¿Cuánto afectará la vida de los trabajadores? Eso está delimitándose. La lucha de los actores de cine y televisión lo ha evidenciado. Fue una lucha también contra el desempleo y la cesantía.

La Inteligencia Artificial es un instrumento que se está empezando a desarrollar, de una manera impresionantemente amplia, que afecta o impacta todas las actividades del quehacer humano, que afecta comportamientos, relaciones sociales, laborales, académicas, con la intención de optimizar los recursos y los productos; para desarrollar procesos de automatización sin necesidad de seres humanos, sin mano de obra, incluso eliminando supervisores de la producción y del trabajo. Por ahora se impulsa la Inteligencia Artificial en el procesamiento de datos. Pero, como, en Estados Unidos, se trató de impulsarla para crear réplicas humanas para ciertos trabajos, como el cine y la televisión.

La Inteligencia Artificial también puede reforzar discriminaciones, exclusiones y desigualdades, personales, laborales y de cualquier otra naturaleza, por ahora imprescindibles pero potencialmente reales.

La Inteligencia Artificial vino para quedarse. Potenciará más nuestras capacidades humanas, al tiempo que liberará personas de sus trabajos.

La pandemia y el teletrabajo empezaron a modificar abruptamente las relaciones laborales en el país. Su impacto ha afectado a los sindicatos… Los afectará más.

Es el momento de pensar positivamente desde la perspectiva sindical sobre el futuro de las relaciones laborales, el futuro de las organizaciones sindicales y de trabajadores y el futuro de sus luchas.

Compartido con SURCOS por el autor.

“Las certificadoras son una farsa”

Foto: Giorgio Trucchi

Con Vladimir de la Cruz

Académico historiador desnuda realidad de las empresas certificadoras

Giorgio Trucchi

Comercio justo, certificaciones, sellos de calidad, estrategias de mercadeo y violaciones de derechos laborales y sindicales son elementos estrechamente relacionados, y no pueden entenderse sin un análisis atento y crítica de lo que pasa dentro de las plantaciones de las grandes transnacionales fruteras y de grupos económicos de capital nacional.No podemos ocultar que estos sellos mágicos se han convertido en un negocio más para las grandes compañías que venden en Europa y Estados Unidos, así como para los supermercados.

Su función es lavarles la cara a empresas y empresarios, ocultando las tantas violaciones de derechos, las políticas antisindicales, las terribles condiciones de trabajo y de seguridad e higiene laboral.

En este video, Vladimir de la Cruz, historiador y catedrático costarricense, destacado y querido colaborador de la Rel UITA, habla de la farsa que constituyen las empresas certificadoras, así como del negocio que está detrás de todo este sector.

Fuente: https://www.rel-uita.org/costa-rica/las-certificadoras-son-una-farsa/

Venezuela y Costa Rica

Vladimir de la Cruz

Venezuela y Costa Rica, fueron hace muchos años, dos de los países que tenían consolidadas democracias. Era el período de la IV República, en Venezuela, 1958-1999, y era, en Costa Rica, el período, llamado de la Segunda República, surgido a partir de la Junta de Gobierno de 1948-1949, y de la restitución del proceso democrático electoral, a partir del ascenso del gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, hasta hoy.

En Venezuela hubo una reacción muy fuerte contra el bipartidismo existente en ese país, de los socialdemócratas, llamados Adecos, y de los socialcristianos, llamados Copeyanos. El malestar final contra ellos empezó con un intento de golpe de estado en 1992, que llevó a Hugo Chávez, junto con otros líderes de la insurrección, a la cárcel, por un breve período, en virtud de un indulto que les fue otorgado.

Hugo Chávez se convirtió en un líder popular visto como la alternativa al bipartidismo existente. Las elecciones de 1998 lo llevaron a la Presidencia. Alrededor suyo se unieron gran cantidad de sectores sociales y de fuerzas políticas desde la izquierda hasta la derecha, como de sectores empresariales. Todo ese torrente terminó reuniéndose en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, PSUV, que sigue vigente en el gobierno.

En el año 2002 se le intentó dar un golpe de Estado, que fracasó. Miguel Ángel Rodríguez, entonces Presidente de Costa Rica, en cierta manera le salvó, invocando la Carta Democrática, que acababa de aprobarse por la Organización de Estados Americanos, que desconocía gobiernos surgidos de golpes y alzadas militares.

Hugo Chávez se consolidó en el poder y el gobierno, hasta su muerte en el 2013, con ventaja de altos precios internacionales del petróleo que le permitió impulsar una gran obra social por medio de casi una veintena de planes nacionales. Heredó su gobierno y el poder su Canciller, Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela.

En Costa Rica en cierta forma el bipartidismo había empezado a entrar en crisis en las elecciones de 1998. La campaña electoral de ese año, enfatizando en uno de sus lemas electorales, “déle un naranjazo al bipartidismo”, empezaba a echar raíces. La Asamblea Legislativa ya no fue la mayoría bipartidista tradicional.

A partir del 2002 hizo aguas el bipartidismo con motivo de escándalos importantes que afectaron principalmente a figuras políticas del liberacionismo y del socialcristianismo. El mismo gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, fue crítico desde su inicio sin uno de sus vicepresidentes, “echado” de la casa presidencial por el mismo Presidente.

La campaña electoral del 2006 la salvó, por un pelo, para el Partido Liberación Nacional, la candidatura de Oscar Arias Sánchez. El éxito percibido de su gobierno permitió la llegada de la liberacionista Laura Chinchilla Miranda, y su condición de candidata femenina, a la Presidencia del 2010 al 2014.

En este período, 2000 – 2007, dos grandes movimientos de protestas populares, la lucha contra el Combo del ICE y la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, debilitaron más el bipartidismo tradicional, fragmentándose Liberación Nacional y casi desapareciendo la Unidad Social Cristiana; condiciones estas que llevaron al exliberacionista Luis Guillermo Solís Rivera a la Presidencia con el partido Acción Ciudadana, 2014-2018 y a repetir gobierno con Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022. Ambos gobiernos de bajo perfil y con políticas neoliberales, especialmente el de Carlos Alvarado, que han contribuido a casi destruir y debilitar, profundamente, el Estado Social de Derecho, que se desarrolló desde el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-19444, que se fortaleció con la legislación de la Junta de Gobierno y los gobiernos que siguieron hasta 1978.

Desde 1980 con los Planes de Ajuste Estructural; y desde 1990 con los Tratados de Libre Comercio, se estructuraron las políticas económicas principales que marcaron a todos los gobiernos desde entonces, y las de debilitamiento del Estado Social de Derecho, que están en auge.

Ausente del mundo bipolar del período de la guerra fría, 1945-1991, desaparecidos los partidos comunistas, y casi inexistentes las fuerzas de izquierda, en todo el mundo, han aparecido movimientos políticos populistas, autoritarios, anti sistemas, anti partidos políticos, antipolíticos tradicionales, anti democracias como sistemas políticos, que han subido a gobiernos en Europa y en América Latina. Ha surgido un mundo hegemonizado por una sola potencia, hoy igualmente cuestionado por un multilateralismo. Han aparecido en gestación nuevos bloques comerciales, así como nuevos focos de guerra peligrosos, como antesala de conflictos globales, que podrían llevar al mundo a una tercera guerra mundial, de baja intensidad, pero con características nucleares.

En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene a la fuerza, violentando toda la estructura de su Estado de Derecho, controlando toda la institucionalidad, política, legislativa y electoral, poniendo fuera de la ley a opositores y poniendo fuera de procesos electorales a partidos y candidatos, en medio de una crisis social y económica que tiene casi seis millones de venezolanos fuera de su patria. En este momento, ha intervenido las elecciones primarias, de la oposición política, sin haber él participado, sin ser parte interesada en ese proceso, más allá de que por la candidata ganadora de esas justas, María Corina Machado, principal líder opositora, votaran más de dos millones de venezolanos, con una simpatía electoral del 80% de la población venezolana, contra un 16% que tiene Maduro. Consecuentemente con esto el régimen ha procedido a invalidar su total participación, con la complacencia de organismos administrativos, políticos y electorales, que operan bajo control directo de la Casa Presidencial venezolana, el palacio de Miraflores. Allí el aparato institucional opera contra partidos y ciudadanos, contra la democracia política y electoral, al servicio absoluto de lo que se disponga en Miraflores.

En Costa Rica, mientras tanto, el inquilino de Zapote, impulsando uno de sus partidos políticos, para participar en las elecciones municipales, en los 84 cantones del país, se ha llevado un duro golpe. Siendo el tercer partido en cantidad de candidatos propuestos a estas elecciones, lo que le auguraba un cierto e importante resultado electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, un poder independiente, que el Presidente Chaves no controla, pero que quisiera someter a su dominio o influencia, ha decidido eliminarle prácticamente todas sus candidaturas por haber violado las leyes electorales relacionadas con la conformación de las mismas, en cuanto a paridad e igualdad de género.

En Venezuela el Presidente Maduro ha dicho a la oposición, aquí mando yo. En Costa Rica el Tribunal Supremo Electoral le ha dicho al partido del inquilino de Zapote, que en Costa Rica no manda Zapote. Que se somete a la ley y que juega como dispone el Tribunal de Elecciones.

Hay presiones y gestiones legales ante este Tribunal por parte de Zapote, directamente por parte de la figura de su transitorio presidente, como de sus voceros autorizados y enviados a negociar la participación efectiva de ese partido.

Lo resuelto por el TSE no tiene posibilidades para el partido “Aquí Costa Rica manda”. Si se produce un cambio en la decisión ya tomada de esas candidaturas entramos en un camino muy similar al de Venezuela, donde el poder electoral ha desaparecido como pilar de la democracia electoral nacional. Generaría una situación por la cual todos los partidos, que sufrieron igual castigo, por no cumplir la ley de la paridad e igualdad electoral, se beneficiarían automáticamente de lo que se le resuelva al partido del Presidente Chaves. Pero el sistema electoral y sus integrantes se vendrían al suelo…y la “pureza” electoral quedaría marchita.

En 1889, un 7 de noviembre, hace tres días, hace 134 años, defendiendo un proceso electoral, el pueblo movilizado, dio base para que a esa fecha se le declarara como el día de la fundación de la democracia nacional.

¿Se traerá al suelo el Tribunal Supremo de Elecciones, esta tradición y declaración, si le da la razón al partido del Presidente Chaves, que ya ha empezado a despotricar, restituyéndole sus candidaturas? Existe para la jurisprudencia nacional electoral el caso del candidato presidencial Álvaro Montero Mejía que, en las elecciones del 2006, le anularon todas las candidaturas propuestas, hasta las de sus dos vicepresidentes. De manera absurda le permitieron participar con solo su nombre, como si un ciudadano, inscribiera se pudiera inscribir de esa manera…

Confío en la integridad personal, profesional y jurídica del alto Tribunal electoral del Costa Rica, el que sí manda en asuntos electorales.