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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

AGECO comparte video sobre la importancia de la Anexión del Partido de Nicoya – expone Vladimir de la Cruz

En el marco de la celebración del 25 de julio, fecha en que se conmemora la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) lanzó un video especial que destaca la importancia de este acontecimiento histórico, narrado por el reconocido historiador y educador Vladimir de la Cruz.

En el video, de la Cruz explica cómo la anexión, realizada por voluntad propia, permitió a Costa Rica crecer territorial, cultural y económicamente. La incorporación del Partido de Nicoya, hoy parte de la provincia de Guanacaste enriqueció al país con la cultura chorotega, así como con nuevas expresiones culinarias, musicales, folclóricas y ganaderas.

Además, el historiador subraya el valor estratégico de la región, mencionando la importancia del río Tempisque para el desarrollo económico en el siglo XIX y principios del XX, así como el aporte de las tradiciones afrodescendientes y el legado cultural de la zona.

El video también resalta la riqueza natural y turística que la región ha aportado al país: el Golfo de Nicoya, sus playas, los parques nacionales y sitios emblemáticos como la Casona de Santa Rosa y los parques nacionales, por lo que cada año, se celebra en todo el país este hecho que unió fronteras.

El video está disponible en YouTube, le invitamos a visitarlo en el siguiente enlace:

Faltan nombres en el Salón de Jefes de Estado y Presidentes de la República de la Asamblea Legislativa

Vladimir de la Cruz

La Asamblea Legislativa tiene un Salón especial dedicado a exhibir en cuadros al óleo a quienes han dirigido el Estado y la República, todos pintados por grandes y reconocidos artistas.

El Salón se conocía como el de Ex Jefes de Estado y de Ex Presidentes, cada uno con una plaquita que indicaba el período de tiempo en el cual cada uno de ellos había desempeñado ese cargo.

El Salón hace poco tiempo cambió su nombre para indicar que allí se exhiben a quienes han ejercido como Jefes de Estado y como Presidentes de la República, y hoy se denomina como debe ser, Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, precisando correctamente que durante el tiempo que se señala en esas plaquitas ejercieron ese cargo, y no como equivocadamente se podía leer en la plaquita que fueron ex Jefes de Estado y ex Presidentes en el tiempo que la plaquita señalaba.

Todavía al Salón le falta destacar, al menos con dos grandes placas en donde se recojan sus nombres, la lista de quienes dirigieron el país en el período que va desde la proclamación de la Independencia, el 29 de octubre de 1821 hasta el momento que asumió como primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández.

Declarada la Independencia el 29 de octubre de 1821, se mantuvo en el cargo de jefe Político subalterno el último Gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, mientras la decisión tomada en Cartago el 29 de octubre se juraba y aceptaba en los pueblos. El 12 de noviembre fue desconocida su autoridad provisional que ostentaba y en su lugar hasta el 8 de setiembre de 1823 “gobiernos” colegiados, con precisas denominaciones, unos de muy corto plazo, otros de un plazo más largo, dirigieron el país.

Los gobiernos de las Juntas, en su orden, fueron los siguientes:

La Junta de Legados de los Pueblos, que gobernó desde el 12 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 1821. Entre otras cosas actúo como Asamblea Constituyente al dejar el 1 de diciembre aprobado el “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, conocido como la Primera Constitución Política de nuestro período independiente. Fue presidida por el Presbítero Nicolás Carrillo Aguirre.

La Junta Interina, que gobernó desde el 1 de diciembre de 1821 hasta el 5 de enero de 1822, la cual fue presidida por el Presbítero Pedro José Alvarado.

La Junta Electoral, que gobernó desde el 5 al 12 de enero de 1822, la cual fue presidida por Rafael Barroeta Castilla.

La Primera Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 13 de enero hasta el 31 de diciembre de 1822. Esta Junta tuvo cuatro personas que la presidieron. Ellos fueron, durante todo el año, alternando, Rafael Barroeta Castilla, Santiago Bonilla Laya, José María Peralta y José Rafael Gallegos.

La Segunda Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo de 1823, la cual fue presidida por José Santos Lombardo.

Le siguió la llamada Diputación Provincial o Triunvirato desde el 14 de marzo hasta el 29 de marzo de 1823, que fue presidido por Rafael Francisco Osejo.

Le siguió el período de los Comandantes Generales, desde el 29 de marzo hasta el 16 de abril de 1823, que fue presidido por Joaquín de Oreamuno desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril y por Gregorio José Ramírez, desde el 5 hasta el 16 de abril de 1823.

Le siguió el llamado Congreso Constituyente desde el 16 de abril hasta el 6 de mayo de 1823, que fue presidido por José María Peralta.

Finalizó este período con la instalación de la Tercera Junta Superior Gubernativa que gobernó desde el 6 de mayo hasta el 8 de setiembre de 1823, la cual fue presidida por el Presbítero Manuel Alvarado.

A partir del 8 de setiembre de 1823 asumió como Jefe de Estado el educador Juan Mora Fernández, en su primer período de gobierno prolongado consecutivamente por dos períodos más hasta el 8 de marzo de 1833, siguiéndole José Rafael Gallegos, quien había presidido durante un breve tiempo la Primera Junta Superior Gubernativa.

En el conocimiento histórico general a todo este período se le resume diciéndole el período de las tres Juntas Superiores Gubernativas.

Empezamos a llamarnos Estado de Costa Rica justamente a partir de ese 8 de setiembre de 1823, cuando empezamos a participar de los gobiernos federales de toda Centroamérica, en un primer momento en las Provincias Unidas del Centro de América y en el de la República Federal del Centro de América.

Bajo la organización federal de Centro América nos mantuvimos hasta 1838, ya que este año Nicaragua, Honduras y Costa Rica se retiraron de la Federación lo que condujo a su desintegración, a pesar del intento que hizo Francisco Morazán en 1842 por restituirla.

Durante el período de la República Federal, Costa Rica participó de sus estructuras políticas institucionales. Se aceptó el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y El Poder Judicial, como estructuras superiores de gobierno para toda Centroamérica. Se impuso también la Constitución Política Federal. Estas instancias político institucionales se reprodujeron en cada uno de los países que constituían la República Federal, cada uno con su Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cada uno con su propia Constitución Política específica.

De esta manera, en 1825 se organizó Costa Rica bajo la forma del Estado de Costa Rica, hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el Dr. José María Castro Madriz ratificó la declaratoria que había hecho el Congreso, en ese mismo sentido, el día anterior, el 30 d agosto de 1848. Desde entonces nos reconocemos y se nos reconoce internacionalmente como República de Costa Rica.

Así, dentro de la Federación, como Estado de Costa Rica, elegimos desde 1824 hasta 1847 a los Jefes de Estado y a partir de la República en 1848, elegimos a los Presidentes de la República, como las supremas autoridades políticas nacionales. Al Dr. José María Castro Madriz desde el 8 de mayo hasta el 31 de agosto de 1848 se le llamó Presidente de Estado.

Mientras fuimos parte de la República Federal de Centroamérica tuvimos como autoridades políticas superiores, para toda la región, en el Poder Ejecutivo, a los Presidentes de la República Federal, que fueron a su vez presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, como lo son hoy, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos de América, de México, de Venezuela o de Brasil, para los Estados que constituyen esas repúblicas o grandes países, cuyas autoridades estatales son los llamados Gobernadores.

De esta forma, nos falta en el Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, que está en la Asamblea Legislativa, la placa que también recuerde a los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, que por esa razón fueron presidentes de Costa Rica.

Los Presidentes de la República Federal entre 1825 y 1838, fueron, en su orden: Manuel José Arce (1825), Francisco Morazán (1829), José Francisco Barrundia (un breve período de 1829), Francisco Morazán (1830-1834), José Cecilio de Valle (un breve período de 1834) y Francisco Morazán (1834-1838).

El período de la República Federal fue muy importante para toda la región. Fue la República la que era reconocida internacionalmente, y así asistió al Congreso Anfictiónico de Panamá, de 1826, representada por Antonio Larrazábal y Pedro Molina, persona muy importante para la Historia de Costa Rica en esos primeros años de Independencia hasta la Guerra contra los Filibusteros estadounidenses.

El que se reconozca a estos personajes como autoridades superiores de Costa Rica de aquellos años, contribuiría a mejorar el conocimiento de la Historia Patria, y el conocimiento de las raíces de nuestras relaciones intrarregionales, toda vez que en Guatemala, Honduras y El Salvador, particularmente, se cultiva el conocimiento de este período histórico y se exalta, de diversas formas el sentimiento unionista, centroamericanista, que se sigue enseñando y fomentando en las escuelas, colegios y en la vida cotidiana.

Recientemente asistí, para el 1 de julio, a Honduras invitado por su Ministerio de Educación, a celebrar la fecha que ahora exaltan de Independencia de Honduras, relacionándola con el 1 de julio de 1823, cuando el Congreso Centroamericano estableció que ese Día se había declarado la Independencia Absoluta de Centroamérica de España y de cualquier otro país, fecha que Honduras está celebrando nacionalmente como su fecha de Independencia.

La figura de Francisco Morazán es totalmente reivindicada, estudiada, analizada y exaltada. Ese primero de julio hicieron pública una investigación sobre el breve viaje de Morazán a Perú, antes de llegar a Costa Rica, en 1842.

La Asamblea Legislativa debe completar la lista de gobernantes costarricenses en el Salón de Jefes de Estado y de Presidentes de la República.

Compartido con SURCOS por el autor.

¡Más claro no canta un gallo! El proyecto de la jornada esclavista de 12 horas viola la Constitución Política y la legislación electoral de Costa Rica

Vladimir de la Cruz

El Proyecto de Ley para el establecimiento de las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, que llaman “jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados”, pretende reformar los artículos 142, 144, 205, al inciso b) del artículo 274 y adicionar un inciso, el 6), al Artículo 670 del Código de Trabajo. Además, adicionar el Código de Trabajo con los artículos 143 bis y 145 bis, todos ellos, subrepticiamente modifican y alteran la Constitución Política en lo referente a la jornada máxima de trabajo diario de 8 horas, con pago adicional de un 50% por hora, de cualquier hora trabajada sobre el máximo de 8, hasta 12 diarias.

En uno de los artículos, el Artículo 145 bis, que contiene este Proyecto de Ley, en su inciso i), se establece que la empresa “que se acoja a este tipo de jornada excepcional deberá iniciar el trámite de aprobación de dicha jornada ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, en cuyo trámite se ….deberá realizar una votación, garantizando un voto secreto, entre las personas trabajadoras a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada excepcional ampliada, con el fin de hacer constar que existe voluntad para su implementación. Dicha votación será exclusivamente para efectos de la solicitud ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, por lo que la eventual implementación de la jornada, en caso de aprobarse, se realizará directamente con cada persona trabajadora, de acuerdo con la naturaleza individual que caracteriza las relaciones laborales y lo establecido en el presente artículo con respecto a la voluntariedad de esta jornada.

La solicitud podrá ser aprobada si al menos una mayoría simple de los votos emitidos resulta favorable. En caso de no alcanzarse la mayoría simple requerida, la empresa podrá realizar nuevamente la votación dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la realización de la anterior.

Dicha votación deberá ser supervisada por un representante de la empresa y un representante del grupo de personas trabajadoras. En caso de ser procedente, la empresa podrá apoyarse en la comisión, oficina o departamento de salud ocupacional para la elección del representante de los trabajadores, o bien, dicho representante será electo por el grupo de trabajadores a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada.

Estos representantes serán elegidos exclusivamente para efectos de este proceso, por lo que finalizado el mismo perderán dicha representación.

La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo podrá designar un inspector de trabajo para que se apersone a la votación. En caso de que esta Dirección no envíe un inspector en el primer mes contado a partir de la recepción de la solicitud, la empresa podrá realizarla con la presencia de un notario público, quien mediante acta notarial que se remitirá a la Dirección Nacional de Inspección, certificará lo siguiente: 1) Que la empresa realizó una votación secreta entre las personas trabajadoras a quienes eventualmente se les aplicaría la jornada excepcional ampliada, con el fin de verificar si existe consentimiento para su implementación; 2) que la votación fue supervisada por un representante de la empresa, un representante del grupo de personas trabajadoras involucradas y el notario público quien levanta el acta notarial, y 3) el resultado de la votación.”

Dicho en sencillo, el Proyecto de Ley, si se llegare a aprobar, obliga a que en las empresas en que se vaya a aplicar esta jornada de 12 horas diarias, debe hacerse una votación, directa, personal, garantizando un voto secreto, “con el fin de hacer constar que existe voluntad para su implementación. Es una votación para “justificar la eventual implementación de la jornada”.

Si se va a hacer una votación se debe entender que a todos los trabajadores se les debe informar amplia y democráticamente qué es lo que exactamente van a votar o aprobar, qué comprende realmente la jornada de 12 horas, qué ventajas o desventajas tiene, qué riesgos puede ocasionar a la salud de los trabajadores, qué efectos sociales puede tener esa jornada sobre su vida familiar. ¿Quién va a informar de estas situaciones a los trabajadores? ¿Los propios patrones o empleadores?

Si se va a tomar parecer a los trabajadores por la vía de una votación, hay que entender que eso es un proceso de elección para decidir si se trabaja 12 horas o no se trabaja.

Eso obliga a que los trabajadores tengan la información adecuada y directa de quienes se oponen a esa ley y a esa jornada.

Se debe garantizar en las fábricas, empresas o instituciones que a los opositores de esta ley se les permita informar y hablar directamente con los trabajadores sobre los alcances negativos de esta ley y esta jornada.

Esto significa que las organizaciones sindicales, sindicatos, federaciones y confederaciones, puedan presentarse a justificar o no la eventual implementación de la jornada donde se va a tomar perecer por a vía de la votación.

No se podría alegar que si en una fábrica, empresa o institución, no hay sindicato, los existentes que soliciten ir a hablar con los trabajadores se les pueda impedir hacerlo, porque sería una situación de indefensión jurídica y democrática de los trabajadores para estar bien informados.

El derecho de presentarse a las fábricas, empresas o instituciones se le debe garantizar a los partidos políticos debidamente inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones para que también puedan presentarse a las fábricas, empresas o instituciones a exponer sus puntos de vista sobre esta jornada de 12 horas o esta ley. Sobre todo, porque estamos en campaña electoral y los ciudadanos deben estar bien informados de todo lo que los pueda afectar legal y socialmente.

Por ser un proceso de consultas electorales ciudadanas a los trabajadores, para decidir si aceptan o no la jornada de 12 horas de trabajo diario, tiene que intervenir obligada y constitucionalmente el Tribunal Supremo de Elecciones. De no hacerlo cualquier consulta que se realice sería una farsa legal y electoral de consulta a los trabajadores.

En este sentido, en el procedimiento de aprobación que ha tenido este proyecto de ley, no se le hizo la consulta obligada al Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que el trámite legislativo ya está viciado de inconstitucionalidad para su aprobación.

Como todo proceso electoral debe garantizarse a las partes involucradas, a favor y en contra, su plena participación, debe darse un plazo de información y la “junta electoral” o la “mesa electoral”, que se establezca para vigilar y recoger los resultados de la votación secreta de los trabajadores debe estar sujeta a los procedimientos que existen en la legislación electoral nacional, adaptados a estas consultas en las fábricas, empresas o instituciones donde se vayan a realizar esas consultas.

Es de rechazo ad-portas que “dicha votación deberá ser supervisada por un representante de la empresa y un representante del grupo de personas trabajadoras”, representante de los trabajadores que según el proyecto de ley “en caso de ser procedente, la empresa podrá apoyarse en la comisión, oficina o departamento de salud ocupacional para la elección del representante de los trabajadores”.

¿Qué pasará si los trabajadores votan negativamente la consulta que se haga en las fábricas, empresas o instituciones, diciendo que están en contra? Lo más absurdo.

El proyecto de ley permite que seis meses después, el patrono o empleador pueda hacer otra consulta por la vía de otra votación. Así dice el Proyecto de Ley: “En caso de no alcanzarse la mayoría simple requerida, la empresa podrá realizar nuevamente la votación dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la realización de la anterior.” ¿Cómo es eso?

Literalmente es una burla a la voluntad expresada en las urnas, en la mesa de votación de los trabajadores. Es una burla al proceso de elección o electoral mismo. No se podrían estar haciendo consultas cada seis meses hasta alcanzar los votos deseados por los empleadores o patronos. ¿Acaso eso se permite para procesos electorales nacionales, de estar haciendo consultas electorales, cada seis meses, por parte de la mayoritaria oposición política nacional que salió derrotada en las elecciones, sobre la marcha del gobierno? Esto viola toda la esencia del sistema democrático electoral de consulta popular existente en el país.

Y lo más charlatanezco del proyecto, en este sentido, es que señala que cuando la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo no pueda enviar un inspector a la votación, lo que es muy difícil porque el Ministerio de Trabajo tiene 100 inspectores para “vigilar” o “inspeccionar” a un millón ochocientos mil trabajadores en todas las empresas en el país, “la empresa podrá realizarla con la presencia de un notario público”, pagado por el empleador o patrono, para que “mediante acta notarial” que ese notario hará, se remitirá a la Dirección Nacional de Inspección, para que tome nota. Quién paga la música manda el baile, dice el refrán popular.

¿En qué país estamos? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¡Cómo se pisotea la Constitución Política y la legislación nacional!

Me parece que el proyecto de ley de las 12 horas también está viciado de inconstitucionalidad y de rapidez en la vía legislativa por lo siguiente:

Para su discusión original se aprobó una vía rápida para que el Plenario Legislativo lo conociera, es decir para que la totalidad de diputados procedieran a discutirlo y votarlo expeditamente.

Al terminar el primer día de discusión en la vía rápida, el presidente retiró de la discusión de la vía rápida y del trámite legislativo, que se le venía dando, de vía rápida, el proyecto de ley de las 12 horas diarias de trabajo.

Introdujo otro proyecto para su discusión que no tenía vía rápida. Luego sacó este proyecto y volvió a introducir en la Agenda parlamentaria el proyecto de las 12 horas diarias.

Esta nueva introducción, de este proyecto, a la discusión parlamentaria, ya no tenía el privilegio de la discusión de la vía rápida que se le está aplicando porque ya había retirado ese proyecto en esa vía de discusión.

Para que nuevamente se discuta por la vía rápida, nuevamente la Asamblea Legislativa tiene que aprobar esa vía para este segunda introducción del proyecto de ley de las 12 horas. Así de simple.

Cuando el presidente lo retiró perdió la discusión en vía rápida. Lo volvió a meter, tiene que aprobarse de nuevo la vía rápida para su discusión. De lo contrario sería una trampa parlamentaria, en el procedimiento, con que se está discutiendo el proyecto de las jornadas esclavistas de las 12 horas de trabajo diario.

Compartido con SURCOS por el autor.

La Guarida de Zapote sigue sin verse, sin encontrarse. ¿Hacia dónde vamos?

Vladimir de la Cruz

La reelección continua presidencial funcionó en el pasado histórico costarricense. Se prohibió en 1949. Actualmente se permite alternativa luego de 8 años de haberla ejercido.

Es una práctica que sigue existiendo en la mayoría de los países, limitada a una elección adicional continua. En los sistemas parlamentarios se permite más. En los gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua se permite la reelección sin límite.

Los períodos presidenciales o de gobierno de 4 años resultan cortos para quienes lo ejercen, porque al iniciar su gobierno el presidente encuentra un Presupuesto Nacional en el que él no participó en su definición ni en la política que lo estructura, que fue aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial, que solo puede administrar por el resto sus primeros meses de gobierno. A partir del inicio de su presidencia, en noviembre de sus primeros meses de gobierno, se aprueba el Presupuesto Nacional, para el siguiente año, a partir de enero, que es la primera propuesta del Presiente, con su visión, con sus compromisos de campaña electoral que puede trazar el camino que quiere darle a los principales ejes del desarrollo nacional.

Lo usual es que, en los primeros meses de gobierno, de mayo a julio, el presidente pueda presentar alguna modificación presupuestaria, pero no le permite modificar todas las partidas del Presupuesto Nacional.

Esta situación ha colaborado en mucho para los ciudadanos se desinflen de los gobiernos que inician, de sus partidos políticos gobernantes y obviamente de sus presidentes, porque no pueden percibir ni sentir reformas o políticas concretas asociadas al entusiasmo con el votaron por ese nuevo gobierno y ese presidente.

Esta situación era más grave hasta los gobiernos que terminaron en el 2022. Ese año, 2022, con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles, empezó a funcionar la reforma constitucional con la que se invirtió las sesiones parlamentarias, que empezaban en mayo en Sesiones Ordinarias, que son las que los diputados y sus partidos tienen la iniciativa parlamentaria, mientras en las Sesiones Extraordinarias, es el presidente el que tiene la iniciativa de ley. En el período anterior al 2022 el presidente se obligaba a acatar el presupuesto nacional y cumplirlo como se había aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial. Ahora no. En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves inició con las Sesiones Extraordinarias Legislativas, pero no tenía nada preparado para impulsar como proyectos de su iniciativa, en correspondencia con lo que había hablado en su campaña electoral, que fue un discurso vacío de contenidos relacionados con el desarrollo nacional e institucional. Sus primeros días de gobierno fueron un desastre legislativo. De hecho la Asamblea Legislativa se paralizó uno días.

Antes del 2022 los problemas y dinámica política del país, de mayo a noviembre, obligaban a postergar o ignorar las promesas electorales, porque toda la gestión gubernamental se anclaba en el presupuesto aprobado en noviembre del 2021.

Es en el Presupuesto Nacional, que elabora el presidente con su gabinete, montado sobre la estructura existente de presupuestos nacionales que se presentan para su aprobación, para su siguiente año, donde el presidente puede trazar o fijar sus intenciones novedosas frente a lo que el gobierno quiere impulsar.

En los Presupuestos de noviembre del 2022, noviembre del 2023 y noviembre del 2024 no se destacó nada relevante en este sentido. Ha sido un gobierno sin nueva visión de país. Ha sido de continuismo, pero destruyendo lo que pueda del andamiaje institucional existente.

El presupuesto del próximo año, 2026, ya se está proyectando en las instancias técnicas, para ser presentando en los próximos meses ante la Asamblea Legislativa, para su trámite de aprobación, que sería el Presupuesto Nacional del 2026, con el que arrancará sus tareas y labores el gobierno que se elija en febrero o abril del 2026.

El presidente Chaves ha venido insistiendo en la necesidad de proyectar su gobierno, sus “políticas” y sus “directrices”, que solo él conoce para el próximo ejercicio presidencial. Ha insistido que para ello se necesita tener por lo menos 38 diputados, que es lo que él impulsa en sus arengas de los miércoles para poder, en el nuevo gobierno, o desde la Asamblea Legislativa con esa mayoría de diputados poder iniciar o realizar los cambios institucionales que cree son necesarios para el desarrollo futuro de Costa Rica.

Desde la primera experiencia que tuvimos, en mayo del 2022, cuando inició este gobierno, del Jaguar de Zapote, se produjo una desinflada. El Jaguar no ofreció nada a la Asamblea Legislativa, por lo que en esos días la Asamblea quedó entrabada en su funcionamiento. Sigue entrabada en la iniciativa presidencial. Lo hemos visto estos días cuando propone una vía rápida para la discusión del proyecto de ley de las jornadas esclavistas, y cuando inicia su discusión retira de la vía rápida ese proyecto, e introduce otro, relacionado con el préstamo de $500 millones del BIRF. Ojo, la introducción de este proyecto es la discusión ordinaria legislativa.

Este proyecto de aprobación de los $500 millones no puede tramitarse por la vía rápida que se había establecido específicamente para el proyecto de las jornadas esclavistas. Eso sería un fraude de ley en el procedimiento parlamentario, sería meter gato por liebre en la discusión parlamentaria.

El presidente al haber retirado el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de 12 horas diarias sacó ese proyecto de esa discusión y anuló la vía rápida que se habían aprobado de manera específica para la discusión de ese proyecto. Automáticamente, no significa que la vía rápida que se había aprobado funcionara para todos los proyectos que están en la discusión parlamentaria. La vía rápida, si se aprueba, se hace para el proyecto de ley particular y específico que se quiere acelerar en su aprobación mediante ese mecanismo legislativo de aprobación de proyectos de ley.

Los trastornos político-mentales del Jaguar pueden afectar su capacidad para funcionar en su vida política diaria de gobernante, mantener e impulsar relaciones políticas ilusorias, que le impiden proponer Proyectos de Ley que indiquen y proyecten el modelo ideal de país, y de nueva República, que quiere impulsar. Esto es ir al garete, a la deriva, sin control, ni dirección, prácticamente sin gobierno, dejándose ir por la acción del viento y corrientes de los otros actores políticos nacionales.

En sencillo, el pequeño gobierno, de la Ínsula de Barataria, de la Guarida de Zapote a lo tico, sigue sin verse, sin encontrarse.

El Jaguar de Zapote, por lo que leyó en inglés, en el foro mundial de Francia, parecía no saber leer o entender lo que leía. Si lee algo será libros de caballerías en los cuales puede imaginarse como el Caballero, en este caso el Jaguar, que ejerce su gobierno en su Ínsula.

El Jaguar no tiene posibilidad real de reelegirse en el 2026. En el 2034…si sigue en política activa. Para seguir en política activa solo si renuncia a la presidencia, el 31 de julio, y se presenta como candidato a diputado…, o eventualmente se espera al nuevo gobierno anhelando que algún partido jaguar gane las elecciones y lo nombre ministro, para tener alguna presencia pública.

En toda la gestión política administrativa que lleva el actual gobierno, y el Jaguar de Zapote, a pesar de sus rugidos, por más explosivos y profundos que parezcan, salidos forzadamente a través de su boca abierta, ¿hocico, por ser un jaguar?, como los hace, no se ha presentado un solo proyecto, uno solo, que refleje una visión de país, un modelo de país, una meta a la que se quiere llevar al país, que indique que avanzamos hacia una nueva república, hacia la cuarta o quinta república como a veces ilusoriamente, o con mente trastornada, dice el Jaguar que quiere construir.

En la teoría y práctica histórica vivimos la II República. El período histórico de la Segunda República inició el 8 de mayo de 1948. Todavía no hemos cerrado oficialmente ese período. No se ha establecido una tercera republica, ni una cuarta república. La Constitución Política que cubre esa Segunda República todavía está vigente, vivita y coleando.

Ha habido esfuerzos teóricos de ver que la II República está superada. Algunos políticos, incluso en campañas electorales hablaron de una III República. Hay quienes hablan de una IV República y hasta de una V República, sin hacer los balances históricos de esas etapas, que pueden definirse como II, III, IV o V República.

Generalmente, en la actualidad estas Repúblicas descansan también en nuevas constituciones políticas. En Costa Rica en diversos momentos el péndulo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueve en la dirección de convocarla, pero el temor y la incertidumbre alrededor de lo que puede salir lo frena. Para el mes de setiembre próximo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desarrollará un ciclo de jornadas de reflexión en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser un buen insumo para preparar el ambiente hacia esa convocatoria nacional.

En la Historia de Costa Rica, después de 1821 tuvimos un Estado de Costa Rica, entre 1824 y 1838, cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, prolongado ese nombre hasta 1848, cuando el Dr. José María Castro firmó el 31 de agosto de 1848 el nombre aprobado por el Congreso el día anterior, de República de Costa Rica.

Cien años después en 1947, estaba terminando el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948 y había elecciones en las cuales el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, aspiraba a un nuevo período presidencial, a partir de 1948. Las elecciones fueron muy violentas y finalmente su resultado favorable a Otilio Ulate Blanco, fue anulado por el Congreso, lo que dio origen al levantamiento armado de José Figueres Ferrer, para garantizar ese triunfo.

De paso, Figueres y su grupo consideraban que los ocho años de gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y el de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, habían sido de gran corrupción, nepotismo y de fraudes, que habían acabado con el espíritu de la República, que hasta entonces se estaba viviendo. De allí surgió el planteamiento de Figueres de fundar la II República, considerando el centenario de la fundación de la República y la necesidad de fundar una nueva República, que el 8 de mayo, cuando asumió el gobierno transitorio de 1948-1949, llamó a la fundación de la Segunda República. Esta Segunda República la acompañó de una nueva Constitución Política, para lo cual llamó a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente que funcionó en el año 1949, promulgando la actual Constitución Política.

Así, vivimos desde 1948 el período histórico de la Segunda República. Este ciclo oficialmente no se ha cerrado. No se ha enterrado oficialmente la Segunda República.

Tampoco ha nacido una Tercera, ni una Cuarta República, que dé origen a una posible nueva República, como algunos la sueñan, ni se ha asociado esta nueva República a una Nueva Constitución.

Para ello se necesita una opiomanía constitucional nacional, que todos soñemos con una Nueva Constitución Política, como marco político institucional de esa Nueva República que es necesario refundar, con reelección o sin reelección continua de diputados y presidente, al menos por un período gubernativo

¿Estaremos preparados para esto? ¿O seguiremos en la improvisación de gobiernos jaguares o similares? ¿Zapote seguirá como guarida de jaguares o de otros animales políticos?

El proceso electoral en marcha sigue sin claras definiciones partidarias y de candidatos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estaremos en capacidad de enfrentar este desafío histórico a partir del 2026, hacia una Nueva Costa Rica, hacia una nueva etapa histórica?

Compartido con SURCOS por el autor.

Vía rápida para jornada esclavista de 12 horas debe llevarse a discusión electoral en los centros de trabajo

Vladimir de la Cruz

El trámite de la vía rápida para la jornada esclavista de 12 horas debe llevarse a la discusión electoral en los centros de trabajo, si se quieren establecer consultas electorales a los trabajadores.

El Partido Liberación Nacional de una manera vergonzosa, se pronunció en la Asamblea Legislativa a favor de la vía rápida para el conocimiento del trámite de la llamada Ley 4-3, con la cual se pretende instaurar una jornada esclavista laboral de 12 horas diarias, que en la práctica se va a generalizar para todas las actividades laborales y socio productivas del país.

Como trampa para su aprobación, y darle los votos para que así se tramite, los diputados de Liberación Nacional le introdujeron al Proyecto de Ley una cláusula, o un artículo, que impulsará en las fábricas, empresas o instituciones de cualquier naturaleza, en que se quiera aplicar esta nueva jornada de trabajo de 12 horas diarias, una consulta electoral que se hará a los trabajadores de esos centros de trabajo para determinar si están a favor o están en contra.

Este añadido es de palabra, fue una promesa que le hizo el gobierno a Liberación Nacional de que así lo harían en la discusión del Proyecto de Ley en el Plenario Legislativo. Esto no aparece en el Proyecto de Ley que se elevó al Plenario Legislativo para su aprobación, lo cual significa que a los diputados les metieron diez con hueco, y a los trabajadores un garrotazo en la nuca. Eso fue una bajada de pantalones y enaguas, de los diputados y diputadas liberacionistas, ante Rodrigo Chaves y su diputada Cisneros, acatando las órdenes de los empresarios esclavistas que se mueven tras bambalinas en Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Esta disposición o acuerdo, es contradictoria incluso con la propuesta que tiene el Proyecto de Ley en el sentido de que ya se disponía que esa jornada era “optativa”, para cada trabajador de acogerse o no la decisión de pasarse o no al nuevo sistema de trabajo, de 12 horas diarias.

Además, en teoría permite que si un trabajador se pasa y no le gusta puede devolverse a la jornada ordinaria de ocho horas, después de tres meses de trabajo. El artículo que regula esto plantea allí mismo que en esta posibilidad de regreso a la jornada de 8 horas el trabajador puede ser despedido con todos los pagos de ley. Esto es lo que realmente va a ocurrir. Con el nuevo trabajador que lo sustituya se le aplicará la jornada de 12 horas en su contrato laboral. Así funcionará.

Con la propuesta de los diputados de Liberación Nacional, que hicieron el papel de voceros y diputados del presidente Chaves, esta posibilidad de aceptar voluntariamente la jornada de 12 horas, queda anulada porque se somete a votación de todos los trabajadores de una empresa, cualquiera que sea su naturaleza económica productiva, que quiera establecer esta jornada de 12 horas diarias, todo el sistema de trabajo. Es decir, se consulta a todos si quieren establecer la jornada de 12 horas o no la quieren imponer, de cuyo resultado si es positivo se impone la nueva jornada esclavista, en este caso para todos.

Esa consulta es por su naturaleza una consulta electoral, porque se pone a votación en decisión de los trabajadores si se establece o no la jornada de 12 horas. Es una consulta que usa de forma disfraza la figura del plebiscito, del referéndum, de una consulta popular, de característica electoral, y abiertamente de un proceso electoral, que va a decidir por ese acto si se pone en vigencia o no la jornada de 12 horas en la empresa donde se haga la consulta.

Si ese es el camino que se va a seguir, la consulta electoral, que así lo es, que se les realizará a los trabajadores, debe reunir todas las reglas democráticas y electorales que se viven en el país, al amparo del Tribunal Supremo de Elecciones, de cualquier proceso electoral que con fines como éste, de la jornada laboral extensiva a 12 horas, se proponga. Debe contemplarse incluso fiscales electorales para garantizar la justa consulta debidamente informada a los trabajadores, debe establecerse un recinto electoral y cajas especiales para depositar los votos de los trabajadores, garantizando su secretividad y fiscalización por parte de los trabajadores o sus representantes.

Esta consulta electoral adquiere la forma de una votación que requiere partes involucradas, los que están a favor y en contra de la jornada de 12 horas.

Los que están en contra de la jornada de trabajo de 12 horas deben tener garantizado que quienes los representen en esta consulta sean partidos políticos nacionales o las organizaciones sindicales, confederaciones, federaciones o sindicatos, aun cuando en esas fábricas o empresas no existan estas organizaciones de defensa de los intereses laborales o de los trabajadores. Si esto no se garantiza cualquier consulta que se haga a los trabajadores estará viciada de parcialidad total electoral y del temor reverencial que los empresarios, o sus representantes, puedan ejercer sobre los trabajadores para que voten obligadamente a favor de la jornada esclavista de 12 horas.

Esto significa que en todas las empresas, fábricas o instituciones donde se vaya a realizar esa consulta, se deben dar garantías reales para que los trabajadores sean bien informados, democráticamente informados, a favor y en contra del Proyecto de Ley. Esto es lo democrático, es lo que corresponde.

A la vez significa, que haya o no sindicatos en esas empresas, industrias o instituciones, se permita a los sindicatos y organizaciones sociales existentes de los trabajadores, para que puedan apersonarse, a ir, para informarles a esos trabajadores sobre los alcances reales de esas jornadas de 12 horas, sobre los perjuicios que ocasionará a los trabajadores individualmente y de cómo afectará a su familia, sus esposas o compañeras y a sus hijos. En este sentido tiene que levantarse una lista, o modo de censo electoral, de todas las empresas que se involucrarán en la consulta a los trabajadores, y una vez establecida la lista de empresas que quieren realizar esa consulta, abran sus puertas y den espacio para que los opositores a este Proyecto de Ley puedan ir a exponerles a los trabajadores sus puntos de vista, bajo el amparo del Tribunal Supremo de Elecciones. no es bajo el amparo del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo, no representa, en ningún caso, los intereses de los trabajadores. Los inspectores del Ministerio de Trabajo no son representantes de los trabajadores, y en sus gestiones reales, más parecen representantes de los sectores empresariales.

Se debe obligar a que las empresas que van a realizar estas consultas así lo anuncien públicamente para enterar a todas las partes interesadas en esos procesos de consulta, de votaciones, de elecciones, que harán los trabajadores sobre la jornada laboral esclavista, para que las partes opositoras a esa jornada puedan apersonarse a informar democráticamente a los trabajadores sobre la decisión que van a tomar.

Lo que se pretende con este Proyecto de Ley es una modificación, o una reforma solapada, tácita, constitucional, y del Código de Trabajo, que modifica y altera violentamente derechos sociales y laborales consolidados en la legislación nacional desde 1920 y constitucionalmente desde 1943 y 1949, cuando en 1943 se introdujo el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y luego se estableció en la actual Constitución Política de 1949.

Del mismo modo, así se consignó en el Código de Trabajo, aprobado en 1943, todo ello consagrando el régimen de trabajo de ocho horas diarias, con posibilidad de ampliarlas reconociendo un sobre pago de un 50% sobre el valor de una hora ordinaria de trabajo.

Lo que se está realizando es un típico fraude de ley. Con un artículo en el Proyecto de Ley de las jornadas 4-3 se modifica de hecho la Constitución Política, sin el trámite obligado y calificado que tiene para modificarse como debe ser, que puede durar dos años.

De conformidad al Convenio No. 1 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, organismo de la ONU, cualquier modificación en este sentido a las jornadas de trabajo, tiene que realizarse por la vía del Convenio Laboral entre trabajadores y Patronos o empleadores, lo que no se ha hecho, ni se está haciendo en Costa Rica.

He explicado en artículo anterior que la posibilidad de la jornada de trabajo de 12 horas está garantizada en la Constitución Política y en el Código de Trabajo, pero pagando horas extra sobre la 8n horas ordinarias. Lo que se quiere realmente es no pagar las horas extras que eso supone.

El otro cuento, con el que se quiere engatusar a los trabajadores, es el de los tres días de descanso concentrando de las 48 horas semanales en cuatro días de 12 horas cada uno. Veamos. La jornada de 8 horas diarias por 6 días a la semana da un total de 48 horas semanales, que incluye un día de descanso laboral. Esta es la jornada vigente, legal, constitucional existente en el país. Esto significa que todos los trabajadores tienen por lo menos un día de descanso respecto a los días laborados. Algunas empresa e instituciones tienen una jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes, liberando un día más, con lo cual esas empresas tienen dos días libres o de descanso respecto a los días laborados.

Cuando en el mensaje de la jornada de las 12 horas diarias por 4 días se dice que se dará descanso de 3 días es parcialmente cierto. Al concentrar la jornada de 48 horas en cuatro días se dejan tres días libres, pero se trabajan en el conjunto de las 48 horas distribuidas en 4 días, que es como si se trabajaran los seis días de la semana. No hay descanso real laboral. Se siguen trabajando las 48 horas.

Los días ya libres existentes, uno o dos, según sea, siguen existiendo. Se añade otro, que los mismos patronos han dicho que puede ser aprovechado para que los trabajadores “busquen” otro empleo, otro ingreso económico, con lo cual no se garantiza efectivamente el “descanso” por las extenuantes jornadas de 12 horas. De hecho, se les ofrece la posibilidad de que “tengan” otro trabajo adicional al de las 48 horas en 4 días, en esos tres días libres.

Tampoco existe la posibilidad económica para el trabajador de poder disfrutar esos días, con los salarios bajos que se tienen, con el congelamiento que hay de salarios desde hace 5 años y con la propuesta de congelarlos hasta el 2030 como ha señalado el presidente Chaves.

Tampoco existe, porque ha sido desmantelada, por el gobierno, la institucionalidad social de redes de cuido para los trabajadores, de los centros infantiles para sus niños menores de 5 o 6 años y de los centros de cuido de personas mayores, así como de la eliminación de las ayudas sociales en comedores escolares, becas estudiantiles, apoyos al trasporte escolar etc.

Lo que en la realidad va a suceder con los llamados 3 días libres es que se trabajarán por los trabajadores con jornadas de 12 horas, para medio sobrevivir.

La jornada de las 12 horas diarias en la realidad nacional se va a convertir en jornadas semanales de 60, 72 y en algunos casos hasta de 84 horas, para poder sobrevivir los trabajadores. Esto es parte de lo que Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana están aprobando.

Las empresas que se quieran aprovechar de la sobre explotación laboral lo van a lograr. Ninguna va a aceptar trabajadores de 8 y de 12 horas a la vez, porque les crea un caos administrativo, que es lo que quieren también resolver con jornadas únicas de 12 horas.

Todavía les queda un resquicio a los diputados conscientes, sensibles socialmente, identificados con las raíces históricas de sus partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, de medio lavar su imagen, y la de sus candidatos presidenciales.

Ya aceptaron la vía rápida, ahora acepten que los diputados de Liberación Nacional voten en conciencia cada uno, sin línea de partido, sin imposición partidaria, a favor o en contra de la jornada de las 12 horas esclavistas. De lo contrario Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana descansarán en paz de sus lides políticas y pasarán al cementerio histórico de olvido de sus logros institucionales democráticos.

Los sindicatos y las organizaciones sociales deben pronunciarse sobre este proceso electoral de consulta a los trabajadores, ante la Sala IV y ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Desde ahora deben accionar para solicitar que en las consultas que se quieran hacer en los centros de trabajo, sobre las jornadas esclavistas de trabajo, se apliquen los principios democráticos de los procesos electorales nacionales. Se debe establecer que en tanto esté en trámite, desde su aceptación para su estudio, en el plenario legislativo, el Proyecto de Ley de las jornadas esclavistas de trabajo, se permita a los sindicatos, sus federaciones y confederaciones, y a los partidos políticos, acudir a esos centros de trabajo a explicar a los trabajadores sus puntos de vista con relación a estas jornadas laborales, que quieren modificar la Constitución Política.

Ante la Sala Constitucional se debe actuar para solicitar pronunciamiento de si el trámite de la vía rápida para modificar las jornadas de trabajo viola o no la Constitución Política, en la forma que quiere.

El Tribunal Supremo de Elecciones puede ordenar que mientras esté en trámite el Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas, se entienda que es un proceso electoral, que se quiere llevar a las fábricas, empresas e instituciones de trabajo, que se someterán a “consultas populares”, electorales reales, para que los trabajadores, por la vía de votaciones se pronuncien a favor o en contra de esas jornadas, y que siendo de ese modo “procesos electorales”, deben habilitarse todos los mecanismos democráticos para que a los trabajadores se le hagan ver los distintos puntos de vista sobre los alcances de esas jornadas. El Tribunal Supremo de Elecciones debe ser el garante, con sus urnas, y con los representantes de los trabajadores y empleadores de la fiscalización de esas votaciones.

El trámite de la vía rápida para la jornada esclavista de 12 horas debe llevarse a la discusión electoral en los centros de trabajo, si se quieren establecer consultas electorales a los trabajadores. Esta es la tarea inmediata y urgente del movimiento sindical nacional y de las organizaciones sociales y civiles.

Diputados y candidatos presidenciales contra los trabajadores y el Derecho Laboral. ¿Los sindicatos y organizaciones sociales dónde están?

Vladimir de la Cruz

Se anuncia con bombos y platillos que los diputados del Partido Liberación Nacional y del “oficialismo”, que está representado por los diputados que titiritea la diputada experta en enseñar a mentir ministros y altos miembros del gobierno, junto con los del partido Unidad Social Cristiana, que como partido ha renunciado a los principios sociales de la doctrina social de la Iglesia Católica, de los que hacían su bandera y muchas veces su discurso político, se pusieron de acuerdo para aprobar por la vía rápida el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de trabajo, que quieren imponerse en el país de 12 horas diarias, cuatro días a la semana. A ellos se sumaron Eli Feinzaig y Fabricio Alvarado, con sus diputados.

Quieren aprobar por debajo, “secretamente”, metiendo gato por liebre, el Proyecto de las jornadas de trabajo esclavista, para lo cual están mezclando la discusión de este trámite reglamentario con la aprobación de otros proyectos de ley. Todo en paquete.

Esta mezcla de intereses muestra que la jornada de trabajo esclavista no es válida ni justa. Indica que la quieren poner a discutir limitando el tiempo de discusión, eliminando a la brava mociones que se puedan interponer contra ese proyecto de ley, que es lo que se busca con el trámite de la vía rápida, evidenciando con ello el contenido negativo de ese proyecto de ley, y poniendo de relieve la perversidad de sus proponentes contra los trabajadores en general, que son los que van a salir afectados en caso de aprobarse la jornada de 12 horas diarias obligatorias de trabajo.

La jornada de 12 horas existe autorizada en el país pagando, de la hora nueve a la hora doce, esas cuatro horas extras sobre la jornada ordinaria, un 50% más, por cada hora trabajada, del valor de esas primeras 8 horas de trabajo. Al eliminar el pago extra perjudican a los trabajadores en sus ingresos mensuales, en el pago de aguinaldo que les corresponde y su futura pensión. Al no pagar esa jornada extra, al eliminarla de facto sobre los trabajadores que serán obligados a trabajar la jornada d, 12 horas, lo que se está implementando en la realidad es una JORNADA FORZOSA, que está prohibida por la legislación nacional e internacional. No es una modalidad laboral lo que se quiere establecer, es una forma de trabajo forzoso lo que se está diseñando como sistema de trabajo nacional en la ramas de actividad económica y productiva que se va a aplicar esta jornada esclavista.

Con el acuerdo tomado por los diputados para el trámite rápido de aprobación del proyecto de ley de la jornada forzosa de 12 horas, lo que han declarado, efectivamente, es que están confabulando por debajo la posibilidad de meter, en una aprobación de bulto, de varios proyectos de ley, el de la jornada de trabajo de las 12 horas. ¿Por qué tienen miedo de discutir ese Proyecto de Ley en trámite ordinario? Porque efectivamente saben en la discusión por el trámite ordinario, no ganan esa discusión. Lo que necesitan es imponerla a la fuerza, porque así los están manipulando y obligando los intereses esclavistas que representan esos diputados y sus partidos políticos.

¿Por qué tienen miedo los proponentes de esta jornada esclavista que el proyecto de ley se discuta por la vía ordinaria, por la vía normal de discusión de todos los proyectos de ley? También tiene miedo de que ese proyecto de ley se discuta en los meses cercanos, a partir de setiembre y octubre, a la campaña electoral, porque temen que en ese ambiente el tema de la jornada de 12 horas, que no lo han podido justificar, se pueda convertir en un tema de discusión electoral que pueda afectar a estos partidos y la elección de sus futuros diputados, tal vez, también de sus candidatos presidenciales.

Si los diputados no quieren llegar al período de la campaña electoral para discutir este proyecto de ley, son los sindicatos y las organizaciones sindicales y sociales en general los que están obligados a llevar la discusión a la palestra pública y enfrentar a los diputados y sus partidos con los trabajadores y con los electores.

Son los sindicatos los que deben emplazar a los partidos políticos, uno por uno, que ya están inscritos electoralmente sobre si apoyan o no el establecimiento de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias.

También deben enfrentar a los candidatos presidenciales, que ya existen, y los que surjan posteriormente, para que se pronuncien sobre este modelo de trabajo forzado y esclavista que quiere imponerse, para saber cuáles de ellos están en el camino de debilitar más, o de terminar de acabar con el Estado Social de Derecho, que se viene minando desde hace varios años.

En las últimas horas, el candidato Álvaro Ramos de Liberación Nacional, ha sido obligado a pronunciarse a favor del trámite rápido de discusión parlamentaria de la jornada esclavista y forzada que quiere establecerse. Así, Álvaro Ramos no está significando ninguna renovación en Liberación Nacional. Con su cambio de opinión, puesto que ya se había pronunciado a favor del trámite ordinario y no por el rápido, muestra también cuales sectores políticos y empresariales están dominando en Liberación Nacional, y está mostrando que este partido ha dejado de lado sus viejas banderas social demócratas, izando a plenitud sus nuevas posturas de neoliberalismo, que harán que el candidato Álvaro Ramos en nada se distinga de los otros candidatos como Eli Feinzaig, Fabricio Alvarado, Juan Carlos Hidalgo, Fernando Zamora, Natalia Díaz y los candidatos de los partidos jaguares, aliados y continuadores del actual presidente Rodrigo Chaves, como son Laura Fernández, Luis Amador, Francisco Gamboa. En la perspectiva pareciera que solo los candidatos presidenciales del Partido Frente Amplio, Ariel Robles; y del partido Esperanza Nacional, Claudio Alpízar son los que están en contra de la jornada esclavista de las 12 horas. Todavía no he oído pronunciarse sobre este extremo a la candidata del Partido Acción Ciudadana, Claudia Dobles.

El escenario nacional no es muy halagüeño en posibilidades electorales hacia un nuevo gobierno. Pareciera que por ahora todo se encarrila hacia la continuidad del actual gobierno en todas las esferas del quehacer político nacional.

Las jornadas 4/3 dañarán física, emocional y sicológicamente la vida personal, familiar y comunal de los trabajadores, reduciendo además sus ingresos, actuales y futuros.

Las jornadas 4/3 agravarán la crisis de injusticia, desigualdad y frustración que en su desesperación ha llevado a los electores, a los votantes, a las posturas político-fascistas que se están instaurando en el país con el chavismo incrustado. Las jornadas 4/3, hundirán más al país en una crisis donde el populismo autoritario lleva las de ganar.

Las jornadas 4/3, hundirán más al país en una crisis donde el populismo autoritario lleva las de ganar.

El presidente está obligado a respetar el Derecho Laboral y el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales de la Constitución Política

Vladimir de la Cruz

Hace ocho días, en la acostumbrada perorata que monta el presidente con sus periodistas amigos, de preguntas y respuestas montadas, y con los funcionarios de gobierno que obliga a acompañarlo, al exaltar que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, se había pronunciado a favor de la jornada esclavista de trabajo, de 12 horas diarias, la llamada 4-3, hizo pasar a su lado, como también acostumbra, al presidente la Junta Directiva para felicitarlo.

Al hacerlo le dijo al presidente del INA que había sido un acuerdo unánime muy importante, por lo que el presidente del INA le aclaró que no había sido por unanimidad. Le manifestó que en la Junta Directiva hubo un voto disidente, en contra. El presidente ofuscado, perdiendo, como de costumbre sus controles mentales, le increpó qué quién o cual miembro de la Junta Directiva había votado en contra.

El presidente del INA un poco confuso en qué responder, supongo que respetando el derecho de un directivo de discrepar, insistió que no era un acuerdo unánime. De nuevo, el presidente Chaves, más agresivo, irrespetando al presidente del INA, le insistió en saber quién había votado en contra. El presidente del INA sin poder evitar la respuesta, obligado a ella, casi refunfuñando, con cierto nerviosismo, con decencia y vergüenza a la vez, le manifestó que había sido el representante sindical en la Junta Directiva del INA.

El presidente Chaves de nuevo arreció, con cólera, con ira que se veía que le subía la temperatura, indagando sobre el representante sindical, insistió en saber quién era, y presionó al presidente del INA para que dijera el nombre del directivo del INA y Representante del movimiento sindical.

Ante ese nuevo arrebato el presidente del INA le dijo que el representante sindical era Tyronne Esna. Sobre el dirigente sindical inmediatamente el presidente Chaves, como acostumbra, para bajarle el piso a una persona, para burlarse de él, o para denigrarlo públicamente, empezó a pronunciar mal el nombre, llamándolo “terrón”, insistiendo burlonamente en un descalificativo sobre el nombre de la persona, menospreciándolo, desacreditándolo, tratando de dañar su reputación, imagen y credibilidad, y cuestionando que pudiera estar en la Junta Directiva del INA.

El presidente Chaves, trastornado mentalmente como se mostraba, insistió en saber de qué sindicato era Tyronne Esna. Se le informó que era del sindicato SITRAPEQUIA y de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum. No satisfecho con burlarse del nombre del dirigente sindical también lo hizo con la organización sindical al llamarla “Rarum”

El presidente también ordenó que le dieran un informe sobre el directivo Tyronne Esna, insinuando que sobre ese informe él procedería en lo que pudiera.

Esta central sindical, originalmente, allá por 1943, la había constituido e impulsado Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. El arzobispo con Rafael Ángel Calderón Guardia, entonces presidente de la República y Manuel Mora Valverde, entonces Diputado y Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, que en ese mismo momento, junio de 1943, estaba cambiando de nombre, a solicitud del Arzobispo, por Vanguardia Popular, fueron los que impulsaron esa Reforma Social, fundamento de nuestro sistema democrático.

La historia de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum es muy rica en la Historia costarricense y en la Historia de las luchas de las clases trabajadoras del país. Sus dirigentes han sido muy reconocidos y respetados por los diferentes gobiernos que han tenido que tratar con ellos.

En la Historia de las clases trabajadoras de Costa Rica se dieron leyes laborales, resultado de sus luchas y de su necesidad reconocida. Así, por ejemplo, la jornada de ocho horas de trabajo diario, y de 48 a la semana, se estableció en Costa Rica desde diciembre de 1920. En la Reforma Social de 1943, que impuso el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales en la Constitución Política de 1871, que era la vigente, lo que se reafirmó en la Constitución Política de 1949, que es la Constitución actual, esta jornada de trabajo así se estableció y así existe.

En esas reformas de garantías y derechos constitucionales se estableció el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, (Artículo 60), el derecho a la huelga, (Artículo 61), y el derecho a realizar Convenciones Colectivas de Trabajo, (Artículo 62), entre los 74 artículos de este capítulo constitucional que vela por los trabajadores costarricenses, entre otras cosas.

Con el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales también se aprobó en 1943 el Código de Trabajo, donde estos tres derechos fundamentales también se establecieron y regularon.

El presidente Chaves obviamente no conoce la Constitución Política, o no la lee, y si la lee no la entiende.

Como resultado de las luchas laborales internacionales también se desarrolló la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1919, originalmente ligada a la Liga de las Naciones y posteriormente, en 1945, como organismo de las Naciones Unidas.

En la OIT están representados los gobiernos, los empleadores o patronos y los sindicatos. Cada año en Suiza se reúne oficialmente la Asamblea de la OIT con representantes de estos tres sectores. La delegación nacional así se presenta.

En OIT se han aprobado 190 Convenios Internacionales de Trabajo, obligados para los países que así los ratifican. Costa Rica desde 1959 ha aprobado 52 de esos Convenios, entre ellos 8 de los 10 convenios fundamentales, 4 de gobernanza y 40 técnicos. Además, ha ratificado un Protocolo.

De los Convenios fundamentales aprobados están el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949, el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, de 1971.

Las convenciones colectivas de trabajo, acordadas entre trabajadores y patrones o empleadores, de acuerdo con la Constitución Política, tienen rango de ley. Son de acatamiento obligatorio y deben respetarse, por quienes las pactan, como por el gobierno cuando tienen resultados que le afectan, como es el caso de reconocer obligadamente a los representantes sindicales que los sindicatos nombran, independiente si al gobernante de turno le gustan o no, para que participen de Juntas Directivas de instituciones públicas, estatales, si por ley tienen esa representación.

En la fanfarria política que montó el presidente el miércoles pasado, se alteró mentalmente, cuando supo de la existencia de la Convención Colectiva de Trabajo, que protege al dirigente sindical Tyronne Esna, que le otorga el derecho al permiso laboral correspondiente para ejercer su trabajo sindical y representar por ello a los trabajadores. En este asunto el presidente Chaves se refirió al dirigente sindical como un vagabundo, condición que extendió a los trabajadores sindicalizados.

En esa sesión del miércoles pasado también estaba presente el ministro de Trabajo, que debe conocer toda esta legislación laboral, social y constitucional, quien pudo aclararle al presidente Chaves que las Convenciones Colectivas de Trabajos son válidas en Costa Rica, que los sindicatos son legales y que tienen autonomía e independencia para nombrar sus dirigentes sindicales y sus representantes ante los organismos que deban hacerlo.

El ministro de Trabajo fue sordo, ciego y mudo ante al ataque del presidente a la forma como se refirió al dirigente sindical Tyronne Esna. El presidente del INA hizo lo que pudo, estando en una posición de cucaracha en bisagra. Se le veía con pena contestando al presidente el ataque y presión que hacia la Junta Directiva del INA. Se le veía amenazado, asustado, por el presidente, atendiendo muy claramente el mensaje autoritario, que el presidente enviaba, de que había que estar de acuerdo con él o no estar en la Junta Directiva.

Es la Junta Directiva la que tiene que disculparse con el dirigente sindical, miembro en igualdad de condiciones con los restantes miembros de esa Junta, de los arrebatos ofensivos del presidente de la República contra su persona. Si los directivos no lo hacen queda en evidencia, su temor, su miedo…y, con todo respeto, su bajada de pantalones y enaguas…

Es la Junta Directiva la que tiene que explicar que en el desempeño del trabajo de las instituciones puede haber disidencias y desacuerdos con relación a lo que se trata y dispone en ellas. Es la Junta Directiva la que tiene que ratificar que en su seno los sectores representados tienen autonomía y libertad para opinar cuando así en representación de sus grupos lo hacen.

El presidente al atacar y cuestionar el derecho de oposición del directivo del INA Tyronne Esna, viola los principios constitucionales de libertad de opinión, de pensamiento.

Los sindicatos deben preparar una acusación ante la OIT de la agresión constante que hace el presidente contra los sindicatos, contra sus dirigentes sindicales, contra la libertad de opinión de los dirigentes sindicales, contra los artículos constitucionales y laborales que garantizan el ejercicio de los sindicatos y sus dirigentes, contra los derechos fundamentales de libertad sindical y de negociación colectiva.

Igualmente, deben llevar su protesta a los organismos internacionales, como la OCDE, pidiendo que se exija a Costa Rica el cumplimiento del respeto a los derechos laborales, sindicales y humanos.

Los sindicatos deben cerrar filas ante estos agravios orientados a sembrar el terror, el miedo, el temor reverencial, como parte de su ejercicio autoritario del poder que quiere instalar.

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves no descansa en su afán de golpear a los diputados y a la Asamblea Legislativa como uno de los poderes independientes de la República.

Evidencia su interés desesperado de controlar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, imponiendo un presidente, o luchando, como lo está hizo, para que los diputados libremente no designaran, el pasado primero de mayo, a Rodrigo Arias Sánchez, quien era el principal candidato para presidir el Poder Legislativo en su cuarta legislatura, 2025-2026.

Rodrigo Arias Sánchez es un diputado como lo son los restantes 56 diputados que integran ese Poder. Rodrigo Arias había presidido la Asamblea Legislativa de manera consecutiva desde el 2022 hasta el 30 de abril pasado, en las tres legislaturas correspondientes a su trabajo. Las valoraciones políticas e institucionales internas que permitieron nombrarlo, en las tres Legislaturas anteriores, por parte de los diputados, seguían siendo válidas.

Lo que había cambiado radicalmente era la relación del Poder Ejecutivo, representado por su presidente Rodrigo Chaves, con los diputados y especialmente con el presidente legislativo, para quien no ha escatimado insultos, ofensas, groserías, agresiones verbales de todo tipo que pueda usar en su contra, tanto en lo personal, como en lo político.

También, el presidente Chaves se ha lanzado, de igual manera, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más levemente contra la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Del mismo modo, ataca constantemente al fiscal general de la República y a la Contralora General de la República.

Nunca, en la historia institucional y política, en las relaciones públicas y privadas, de los presidentes de los Supremos Poderes de la República, había sucedido algo parecido.

El ataque del presidente penetró a las fracciones parlamentarias. Antes de la sesión del 1 de mayo. En algunas de ellas el presidente había “chineado” a diputados que se lograron alinear con él, provocando en esos partidos divisiones respecto a votar favorablemente por Rodrigo Arias y a impulsar, otras candidaturas, estimulando, como lo intentó, las corrientes feministas parlamentarias, para lo cual había halagado posibles candidatas y a algunos candidatos que se veían, y así les hacía creer, como en el espejo de la Cenicienta, como las más perfectas y bellas personas candidatas para presidir el alto solio del Poder Legislativo.

El resultado de sus esfuerzos conspirativos contra Rodrigo Arias no le dio resultado, pero no ha dejado de atacarlo soezmente, como está acostumbrado a referirse a las personas que quiere “golpear” en su imagen pública o institucional.

Evidente es que las figuras presidenciales de los Supremos Poderes de la República siguen siendo el blanco de su atención. El de la Corte Suprema de Justicia y los altos funcionarios del Ministerio Público, los de la Fiscalía General de la República y del Organismo de Investigación Judicial también son parte de sus ataques, difamaciones, ofensas y desconfianzas públicas, que alrededor de ellos quiere sembrar diariamente, porque son las instancias que tendrán que ver, lo quiera o no, en tramitar y llegar a conocer las acusaciones que se le han hecho para que se le investigue en gran cantidad de causas que están en trámite judicial en su contra. Probablemente, su juego consiste en cuestionarlos de tal manera, que después, o en algún momento, pueda impugnarlos en esos trámites judiciales aduciendo que son personas que podrían tener prejuicios contra él por los ataques que él les hace.

También, parte de su objetivo es sembrar en la ciudadanía falsas ideas e imágenes respecto a las instancias judiciales en cuanto a los procesos judiciales, que son parte de sus ataques contra estas instituciones, y sus principales funcionarios, a quienes hace responsables de los ataques acusatorios que les cuestiona sobre sus trabajos personales y profesionales como institucionales.

Respecto al Organismo de Investigación Judicial lo ha terminado presentando en sus últimos ataques como un grupo militar incapaz de enfrentarse a los 17.000 funcionarios de la Fuerza Pública, a los cuerpos policiales, que trata de presentarlos como su policía “privada”. Al Respecto ha señalado claramente que toda la fuerza policial del Organismo de Investigación Judicial no podría enfrentar a la Fuerza Pública, que él maneja porque la relación es de un policía del OIJ a cinco efectivos de la Fuerza Pública. Claramente está analizando llevar el país a esa posibilidad de enfrentamiento. Pero, no contento con esta imagen y percepción, ha convocado a la llamada Reserva Nacional, con más de 3000 personas, según se ha dicho, para que le respondan más como un grupo paramilitar, “más privado” y “personal” que la Fuerza Pública, de la cual no tiene plena confianza. Su grupo de asalto al estilo de las policías nazis, ya lo constituyó con la Unidad Especial de Intervención, que es más selecto, que solo a él, al presidente, le reporta, por medio del viceministro de seguridad, y no tanto por el ministro.

El negocio del tráfico de armas en el país, con la tolerancia de la Seguridad Pública con que se hace, es parte de este juego macabro que se impulsa, en las instancias gubernativas para tratar de crear un clima de inseguridad nacional, que le permita al presidente tratar de invocar un estado de emergencia nacional, que le permita a la vez suspender algunas garantías individuales, si no pudiera establecer un estado de excepción plenamente convocado como los hace Bukele en El Salvador.

El peligro del supuesto golpe de estado, que ha dicho, casi responsabilizando de él al Tribunal Supremo de Elecciones, se le ha diluido por la aceptación en el trámite de inscripción que han tenido tres de sus partidos jaguares, con los que intenta asaltar electoralmente el control de la Asamblea Legislativa, constantemente invocando, llamando y clamando para que los electores le den, a esos partidos, por lo menos 38 o más diputados. Solo así podría igualar el autoritarismo institucional bukeliano mandando en el país, desde la Asamblea Legislativa y no desde el Poder Ejecutivo, para impulsar las transformaciones institucionales que permitan gobernar sin controles públicos. ¿Soñará esquizofrénicamente el presidente de gobernar el país desde la Asamblea Legislativa, como alguna vez lo dijo, que estaría en la oficina del presidente legislativo?

En este ambiente, al margen de la Fuerza Pública, se está convocando, organizando, y facilitando las instalaciones policial-militares del Murciélago, como se dice en corrillos, para prácticas militares de grupos privados de la Reserva Nacional que el gobierno que está impulsando a su alrededor. ¿Los oficiales de la Fuerza Pública, que fueron a entrenarse a Taiwán, en cursos militares de rápida instrucción, tienen que ver con esto? ¿Cuál es el vínculo militar del ministro de Seguridad con las fuerzas militares de Taiwán? ¿Hay asesores militares taiwaneses en la Fuerza Pública? Igualmente, se debe saber si hay militares oficiales extranjeros en la preparación de la Fuerza Pública nacional.

Sobre los oficiales que fueron a entrenarse militarmente a un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, y no reconocemos en ese campo, debe rendirse cuentas a la Asamblea Legislativa, por lo menos, para saber la naturaleza de los cursos que llevaron y su importancia para la seguridad nacional.

Las prácticas que cada día se evidencian de maltrato policial hacia detenidos, también debe ser objeto de investigación legislativa, de saber quién entrena y bajo qué conceptos a la Fuerza Pública, sobre todo si se envía oficiales a academias militares en el extranjero que enseñan a torturar, golpear detenidos y ciudadanos en general, como vemos actuar a las policías estadounidenses, estos días en las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos.

Hace pocos días se informó de la muerte de un detenido por agresiones físicas que había recibido de sus custodios penitenciarios.

¿Se está preparando a la Guardia Civil en este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos, y de la integridad física de los detenidos?

Peor aún, con la divulgación y conocimiento por la prensa de estas prácticas, a la que se suman los retenes en carretera que se están montando de vez en cuando, para solicitar documentación automotriz y personal, ¿se está tratando de advertir o asustar a la población sobre cómo podría actuar la Fuerza Pública y los cuerpos policiales y paramilitares que se organizan, con amparo del gobierno, ante una situación de “emergencia” que llegare a convocar el presidente? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Su paranoia, su perturbación mental alrededor de la inestabilidad gubernativa que él mismo provoca ante los ciudadanos, por su temor de dejar el gobierno en pocos meses, cuando quisiera permanecer en él indefinidamente, de estar insinuando que no se le permite gobernar, que solo por la fuerza se pueden hacer cambios para mejorar la administración pública y la institucionalidad nacional, que para ello “necesita” 38 o 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa, que no confía en las instancias políticas existentes, que él no controla, por lo que se siente “atacado” por todos los flancos, cuando él es el que agrede aprovechando todos los medios gubernativos que puede usar, desde sus montados espectáculos los miércoles.

Esto es lo que a todos debe preocuparnos por el bien de nuestra Democracia Nacional.

¿Los partidos políticos jaguares ganarán la mayoría parlamentaria?

Vladimir de la Cruz

Cada día que pasa se perfila mejor el panorama electoral hacia febrero. Los partidos políticos en proceso de inscripción ya están saliendo del huevo. El Tribunal Supremo de elecciones va sacando su tarea, avalando los que están con todos los trámites de inscripción en forma.

¿Cuántos partidos nacionales tendremos inscritos para la próxima campaña electoral? ¿25 como en la elección pasada, 13 como en la del 2018, 13 como en la del 2014, 9 como en la del 2010, 7 en la del 2006?

En todas las campañas tenemos partidos políticos tradicionales y nuevos. Los tradicionales los que ya han participado en varios procesos electorales, o que al menos repiten una elección. Los nuevos los que se inscriben por primera vez. Así de simple. En los tradicionales están los más viejos, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, que también eligen diputados desde el 2006. Le siguen en antigüedad Acción Ciudadana, el de Fabricio Alvarado.

Si se trata por elección de diputados, donde hay una mayor cantidad de partidos inscritos, en la elección del 2006 y la del 2010, ocho partidos eligieron diputados, en la del 2014 y 2018, nueve partidos eligieron diputados, en la del 2022, con 26 partidos participando para diputados, solo seis partidos eligieron diputados.

En estos procesos electorales, que estoy mencionando, desde el 2006, que estoy comentando el número de partidos que eligió diputados es el siguiente.

En la elección del 2006 solo dos partidos eligieron más de 10 diputados y solo uno, Liberación Nacional, eligió 24.

En la elección del 2010 solo dos partidos eligieron más de 10 diputados y solo uno, Liberación Nacional, eligió 24.

En la elección del 2014 solo dos partidos eligieron 10 o más diputados y solo uno Liberación Nacional, eligió 18.

En la elección del 2018 solo 3 partidos eligieron 10 o más diputados, y solo uno Liberación Nacional, eligió 17.

En la elección del 2022 solo 2 partidos eligieron 10 o más diputados, y solo uno Liberación Nacional, eligió 19.

Esta es la realidad electoral de los últimos cinco procesos electorales, y del comportamiento, más o menos estable del electorado.

A partir de la elección del 2014 se rompió la tradición y el comportamiento electoral. Llegó a la Presidencia de la República un nuevo partido, Acción Ciudadana, rompiendo el bipartidismo tradicional que tenían Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana de ganar la Presidencia. En la elección del 2018, nuevamente Acción Ciudadana se impone como el partido ganador, y por primera vez Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, quedan fuera de llegar a la segunda ronda. En la elección del 2022, de nuevo se produce una ruptura con la elección presidencial y se produce una sorpresa con el triunfo de un nuevo partido político, que no había participado en procesos electorales anteriores, el Partido Progreso Social Democrático, con un candidato, Rodrigo Chaves Robles, que era un “perfecto desconocido” político en el país por haber vivido fuera de Costa Rica más de 30 años, que había regresado para incorporarse al Gobierno de Carlos Alvarado, por un breve período de seis meses como Ministro de Hacienda, y sorprendió en la campaña electoral agitando problemas sensibles que lo identificaron con la ciudadanía electoral decepcionada de las prácticas de gobiernos anteriores, de sus ejercicios gubernativos políticos, especialmente dominado por el bipartidismo tradicional.

A las puertas del próximo proceso electoral tenemos una proyección parecida de gran cantidad de partidos políticos nacionales y provinciales en posibilidad de presentarse ante el electorado.

En el siglo XX, se han experimentado las segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022, cuando los electores no le dan los votos suficientes al partido ganador en la Presidencia. Solo el Partido Liberación Nacional ganó, sin segunda ronda, las elecciones del 2006 y 2010. Ello se debió, entre otros factores a los candidatos liberacionistas de esas campañas electorales, Oscar Arias y Laura Chinchilla. Liberación Nacional estuvo a punto de ganar el gobierno, en la segunda ronda, con José María Figueres, en el 2022, quien había ganado la primera vuelta electoral.

Las segundas rondas electorales ya se quedaron instaladas en la realidad nacional, lo que no es obligatorio para cada proceso electoral, que siempre es una sorpresa, que puede resultar como apretar un jabón, que nadie sabe para donde sale.

El otro elemento que es gravitante en los procesos electorales es el de la reelección de partidos políticos en el gobierno. Esto solo lo ha logrado Liberación Nacional en tres ocasiones, 1970 y 1974, en 1982 y 1986, y En el 2006 y 2010, el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión, 1998 y 2002 y el Partido Acción Ciudadana, en el 2014 y 2018. Al Partido Progreso Social Democrático no lo veo repitiendo gobierno…pero cualquier cosa puede suceder en política.

En mi opinión no veo, por ahora, que estas tendencias electorales de los últimos cinco procesos electorales vayan a cambiar sustancialmente.

Lo que veo, por ahora, es el riesgo de un partido, Liberación Nacional, con un candidato electoral más fuerte que sus tradicionales, para las próximas elecciones que le da posibilidad de acariciar la Presidencia y de mantener la mayoría de los diputados que hasta ahora ha sostenido, entre 17 y 24 diputados. Esto estará en relación directa a los candidatos que ofrezca, con la nueva cara presidencial que tiene, y con el programa electoral que agite.

El Frente Amplio en posibilidad de aumentar su número de diputados, de los seis actuales a una decena por lo menos, sobre todo si la lista la encabeza alguien como su dirigente político José María Villalta. Su candidato presidencial lo pueden sacar de sus actuales diputados, que buena imagen pública tienen.

A los otros partidos políticos parlamentarios y hacia las elecciones no les veo todavía una buena proyección. La Unidad Social Cristiana en este momento ni se siente. Su candidato presidencial está en la estratosfera, no está presente en nada ante los grandes y graves problemas que hay en el país, además con planteamientos políticos y económicos sociales sumamente conservadores, que no le van a ayudar nada en su campaña.

El partido Liberal Progresista es un desastre parlamentario y organizativamente pareciera ser lo mismo. Eli Feinzaig obligadamente tendrá que ser el candidato para tratar de mantener alguna presencia política como partido, si es que quiere tener un partido como proyecto político y personal. Si no asume este reto pasará como un fisco electoral. Su planteamiento parlamentario no le ha permitido destacar como un líder en capacidad de ofrecer un proyecto renovador costarricense. Se quedó en el conservadurismo y el retroceso social.

Fabricio Alvarado seguirá jugando a la presidencia, pero no lo veo aumentando su número de diputados. Los electores cautivos de sus templos religiosos le votarán, pero se le han movilizado a las “tiendas” del actual inquilino de Zapote y hacia las que él oriente en búsqueda de votos para sus partidos jaguares.

Del caso del presidente Chaves Robles es políticamente interesante. No puede reelegirse él, porque tiene impedimento constitucional para hacerlo. Pero, se quema por hacerlo. Cómo él no puede, ha impulsado la creación de varios partidos políticos nuevos para que “continúen” su proyecto político desmantelador del Estado Social de Derecho del país. Ya ha logrado que tres de sus partidos estén debidamente inscritos, lo que le da margen de actuar en las elecciones, directamente si se lo propone, o indirectamente como lo viene haciendo los miércoles, y cada vez que puede, en su forma beligerante de su discurso político contra toda la institucionalidad y contra todos los partidos políticos, que le puedan ofrecer oposición y que le impidan que sus “jaguares” logren elegir sus 40 o 38 diputados como desea para de esa forma acabar, desde la Asamblea Legislativa con toda la institucionalidad democrática nacional e instaurar su régimen autoritario, despótico, tiránico, sin controles institucionales, que le permitan actual libremente y con la billetera abierta del Estado en los negocios propios o de sus amigos políticos, nacionales y extranjeros.

La figura del “jaguar” como emblema político ya la tiene uno de sus partidos. Ha provocado la ira de la diputada mentirosa que es la titiritera, o marionetista, de todo ese grupo político, que es la que mueve y articula a la marioneta que tiene en Zapote, porque tenía reservada esa figura del “jaguar” para otro de sus partidos inscritos.

Pero este no es un problema. Electoralmente los partidos del presidente y de su marionetista pueden tener todos su “jaguar” como emblema, para que sea más fácil su identificación grupal. El Tribunal Supremo de Elecciones no podría negar ese emblema salvo que el que lo inscribió primero impugne su uso. Pero, como todos son coyotes de la misma loma, que pertenecen a la misma condición de manada de animales “jaguar”, que pertenecen a la misma red de intereses políticos, no tienen por qué tener problemas con usar ese emblema. Además, están considerando constituir una coalición con esos jaguares. Demás está decir que en las papeletas electorales muchos partidos tienen banderas muy similares en sus colores.

El tema principal de los “jaguares” es si tendrán posibilidad de repetir gobierno, como lo hizo el partido Acción Ciudadana. Con el nombre del Partido Social Democrático, con el que fue electo Rodrigo Chaves pareciera que no hay posibilidad alguna. Ya está buscando candidato entre los “chavistas” de gobierno, sin que su eventual candidato el exministro Amador represente al presidente Chaves o sea su continuador.

En las tiendas “chavistas” eso todavía no está decidido, porque no es él quien decide esa candidatura, la que será definida por el grupo que económicamente le ha apoyado desde la campaña electoral del 2022, junto con la marionetista de Cuesta de Moras. Podría ser definido ese candidato en el Cantón de Santa Ana, como ya se rumora.

El proyecto de los 38 o 40 diputados “jaguar” que se quieren elegir por parte del gobierno y de su presidente no es fácil lograrlo. Las “pintas” que hay en esos partidos jaguar, disputando esos puestos, al margen de lo que decida la marionetista y el animal de Zapote, el Jaguar mayor, son de la casa de los sustos.

El próximo Congreso, Asamblea Legislativa, va a necesitar, este es el reto para todos los partidos, candidatos de mucha calidad política, personal, profesional. Eso es lo que se requiere para la Costa Rica a partir del 2026, si se quiere avanzar hacia la modernización de todo el aparato institucional del país, hacia una Asamblea Nacional Constituyente, y hacia una Costa Rica más próspera, más justa, más democrática.

El peso de la elección nacional va a girar, así lo veo, alrededor de los candidatos a diputados, para que al apoyarlos a ellos se apoye al candidato presidencial que los proponga.

La elección del presidente siempre va a tener la luz y el foco principal, pero está demostrado electoralmente que los electores, los votantes, quiebran, parten, su voto para que desde la Asamblea Legislativa se ejerzan y lleven controles sobre el actuar del Poder Ejecutivo.

¿Variará esto hacia una super mayoría legislativa, parlamentaria, como se propone Rodrigo Chaves, impulsando sus animales, sus jaguares?

Compartido con SURCOS por el autor.

Un ligero recorrido de las luchas de los trabajadores y migrantes en Estados Unidos

Vladimir de la Cruz

Las luchas sociales, las protestas sociales, las luchas de los trabajadores y sus movimientos laborales, como las luchas políticas de los trabajadores en los Estados Unidos tienen una larga historia. Las hay de diverso tipo, laborales, antiesclavistas, contra la discriminación racial, por los derechos civiles, contra la segregación en las escuelas de negros y de latinos, como por los derechos humanos en general.

La historia estadounidense es rica en este tipo de acontecimientos y de experiencias históricas. Con frecuencia se dan estas luchas y movimientos.

En el campo laboral destaca internacionalmente la lucha de los trabajadores estadounidenses, a finales del siglo XIX, por lograr la jornada de trabajo de 8 horas, la que se impuso y dio lugar a la celebración cada 1 de mayo, desde 1890, a marchas reivindicatorias de derechos laborales y de defensa de conquistas sociales, salariales y laborales logradas.

Las luchas contra la esclavitud en los Estados Unidos son también muy ricas, heroicas y dramáticas. Aunque la esclavitud haya sido eliminada y prohibida siguen estando presentes esas luchas por las condiciones de trabajo, de seguridad e higiene laboral, por los bajos salarios y malas condiciones de vida a la que son sometidos, en ciertas ramas de la producción de los Estados Unidos, especialmente agrícolas, en los Estados sureños, miles de trabajadores, especialmente migrantes, no solo negros, migrantes de Latinoamérica, en particular mexicanos, hondureños y salvadoreños junto a otros grupos de ciudadanos migrantes de otras nacionalidades y continentes.

En 1903, en Oxnard, California, trabajadores agrícolas mexicanos y japoneses organizan el primer sindicato de trabajadores agrícolas, la Asociación Laboral Mexicana-Japonesa (JMLA), que fue el primer sindicato en ganar una huelga en el sector agrícola de California.

La huelga repercutió para que desde 1904 el gobierno estadounidense estableciera una patrulla fronteriza para controlar y evitar el flujo migratorio de trabajadores asiáticos que llegaban desde México.

En 1905 la dirigente laboral Lucy Gonzales Parsons, en San Antonio Texas, impulsó la fundación de los Wobblies, que eran parte del sindicato Trabajadores Industriales del Mundo (IWW). Trabajadores de este sindicato, que laboraban en Panamá, en una ocasión, a principios del siglo XX, fueron traídos a Costa Rica, para romper una huelga bananera y cuando llegaron y se dieron cuenta para que los traían, se sumaron solidariamente a la huelga. Uno de los principales dirigentes de la IWW fue John Reed, quien también fue uno de los primeros dirigentes del recién fundado Partido Comunista de los Estados Unidos en aquellos años, fallecido en los inicios de la Revolución Rusa en Moscú, y el único dirigente comunista revolucionario extranjero sepultado en Kremlin.

Con la Revolución Mexicana hubo contactos muy importantes de los dirigentes obreros de la Confederación Revolucionaria Obrera de México, CROM, dirigida por los hermanos Flores Magón, de tradición anarquista-socialista, con los sindicatos estadounidenses de esos años.

Había llegado a los Estados Unidos buscando seguridad que no le daba la Revolución Mexicana en ese momento. Esto llevó a Ricardo Flores Magón a la cárcel en Los Ángeles, junto a su hermano Enrique y otros dirigentes en 1911, acusados, por sus luchas sociales y laborales, de promover la rebelión en Baja California. En 1915 y 1916 volvió a ser arrestado, junto a su hermano en Los Ángeles. En 1918 los condenaros a 21 años de prisión en el Estado de Washington. En esa época el organismo anterior al FBI, el Bureau of Investigation, vigilaba a los inmigrantes y acosaba a los dirigentes obreros. En 1922, el 21 de noviembre, en prisión estadounidense murió Ricardo Flores Magón.

LA CROM había tenido relaciones epistolares con José María Zeledón Brenes, entonces secretario del Centro de Estudios Sociales Germinal, que dirigía con Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra entre otros.

En 1911 se realizó en Laredo, Texas, el Primer Congreso Mexicanistas, como primera gran convención de mexicanos para organizarse contra la injusticia social.

En 1912 Nuevo México, se incorporó como estado de la Unión Americana, estableciéndose en su Constitución como un estado bilingüe, español inglés, garantizando fondos para la educación bilingüe.

Con motivo de la participación de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial facilitaron la emigración latina, como mano de obra, que la necesitaban.

En 1919 en Laredo, Texas se constituyó la Confederación Obrera Panamericana, COPA. El movimiento obrero costarricense se hizo representar con el escritor Joaquín García Monge, y el movimiento obrero nicaragüense con el poeta Salomón de la Selva.

En 1921 se creó la organización de trabajadores latinos “La Orden Hijos de América”, en San Antonio Texas, para crear conciencia sobre cuestiones de derechos civiles y luchar por salarios justos, educación y vivienda. Este mismo año se aprobó la Ley de Inmigración que restringió la entrada de europeos, por presión de empresas agrícolas.

En Los Ángeles, en 1927, la Confederación de Uniones Obreras Mexicanas (CUOM) se convierte en el primer esfuerzo a gran escala para organizar y consolidar a los trabajadores mexicanos, lo que facilitó que en 1928 se eligiera en Nuevo México, el primer senador latino de Estados Unidos.

Varias organizaciones de servicios latinos se fusionan en 1929, para formar la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), para luchar contra la discriminación y la segregación, y promover la educación entre los latinos.

En 1931, en Ybor City, Tampa, Florida, se da la primera huelga laboral demandando que no se impidiera en las fábricas de tabaco el trabajo de los “lectores”, que eran personas que leían libros y revistas en voz alta para ayudar a los torcedores de tabaco a pasar el tiempo, acusados, los “lectores”, de radicalizar a los trabajadores. Estos lectores se dieron en México, en el Caribe y entre los zapateros de Costa Rica, como lo relata Carlos Luis Fallas en su cuento “El Taller”.

En 1933, en la recolección de fresas, los sindicatos de trabajadores latinos de la empresa El Monte realizaron la huelga agrícola, que en aquella época se consideró la más grande realizada, que reivindicaba la defensa y aumentos de salarios.

En 1938, el 4 de diciembre, el Congreso del Pueblo de Habla Española celebra su primera conferencia en Los Ángeles. Fue fundado por Luisa Moreno y dirigido por Josefina Fierro de Bright, considerado el primer esfuerzo nacional para reunir a trabajadores latinos de diferentes orígenes étnicos, cubanos y españoles de Florida, puertorriqueños de Nueva York, mexicanos y mexicoamericanos del suroeste.

Un año más tarde, John Steinbeck, el gran novelista, publica Las uvas de la ira, como una denuncia sobre la difícil situación de los trabajadores migrantes en la industria del cultivo de uvas de California.

En 1942, ingresado Estados Unidos a la II Guerra Mundial, aliado a la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia en su lucha antifascista, se impulsa el Programa Bracero que permite a los ciudadanos mexicanos trabajar temporalmente en Estados Unidos, programa que se aplicó hasta 1964.

Los conflictos raciales también empezaron a manifestarse, en 1943, en Los Ángeles, con enorme represión policial y militar.

En 1944, el senador del Estado de Nuevo México, Dennis Chávez, presenta el primer Proyecto de Ley de Prácticas Justas de Empleo, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, credo u origen nacional, que fue el antecedente de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Al terminar la II Guerra Mundial, los veteranos latinos, que regresaron, organizaron el Foro Americano de GI en Texas para combatir la discriminación y mejorar la situación de los latinos, que logró formar filiales en 23 estados.

En 1945, padres mexicoamericanos demandaron a varios distritos escolares de California, impugnando la segregación de estudiantes latinos en escuelas separadas, logrando con ello que la Corte Suprema de California fallara en su favor argumentando que la segregación viola los derechos constitucionales de los niños.

En la época del macartismo, entre 1953 y 1958, la «Operación Espalda Mojada», hizo que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos arrestara y deportara a casi 4 millones de latinoamericanos.

En 1963, por el impacto de los cubanos que huyeron de la Revolución Cubana, radicados en Miami, lograron que se estableciera el primer programa de educación bilingüe del país en escuelas públicas, subvencionado por la Fundación Ford.

En 1965, César Chávez y Dolores Huerta fundaron la Asociación de Trabajadores Agrícolas Unidos, UFW, en Delano, California, que se convierte en el sindicato de trabajadores agrícolas más grande e importante del país. Con César Chávez, y su movimiento, puedo decir, que tuve contactos solidarios en su lucha cuando me iniciaba en la lucha estudiantil universitaria. Dolores Huerta fue la primera mujer en liderar un sindicato de este tipo. Bajo su liderazgo, la UFW se unió a una huelga iniciada por recolectores de uva filipinos, en Delano, que se convirtió en uno de los movimientos de justicia social más importantes para los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.

Por razones políticas, anticomunistas, el Congreso de Estados Unidos aprobó, en 1966, la Ley de Ajuste Cubano-Americano, que permitió a los cubanos que residieran en Estados Unidos al menos un año obtener la residencia permanente. Ningún otro grupo de inmigrantes había recibido este privilegio antes ni desde entonces.

En 1968, estudiantes latinos de secundaria en Los Ángeles realizaron huelgas en toda la ciudad en protesta por el trato desigual del distrito escolar, reclamando que se les permitiera hablar español en la propiedad escolar, y se les permitiera usar el baño durante el almuerzo.

Eran los días en que las universidades estadounidenses, y las de California, con sus estudiantes y profesores se levantaran contra la guerra en Vietnam, y se estableciera el “Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación” para la protección de los derechos civiles de los mexicano-americanos.

En la década siguiente, 1970-1980, organizaciones progresistas en comunidades mexicanas, filipinas, árabes y otras comunidades de inmigrantes, organizaron trabajadores documentados e indocumentados, para luchar por la legalización y los derechos sindicales contra las redadas del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y contra la brutalidad de las fuerzas de seguridad migratorias.

El Departamento de Salud, Educación y Bienestar de EE. UU., en 1970, emite un memorándum indicando que a los estudiantes no se les puede negar el acceso a los programas educativos debido a su incapacidad para hablar o comprender inglés. El Congreso aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974 que permitió ampliamente la educación bilingüe en las escuelas públicas. En 1975 el Congreso votó a favor de ampliar la Ley de Derecho al Voto de EE. UU., imponiendo la asistencia lingüística en los colegios electorales, favoreciendo a los nativos americanos, los asiático-americanos, los nativos de Alaska y los latinos.

En 1985 se produjo la primera «Consulta Nacional sobre los Derechos de los Inmigrantes» para «visibilizar los problemas y destacar el papel positivo de los inmigrantes en la transformación de la sociedad estadounidense».

El 6 de noviembre de 1988, el Congreso aprobó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), que otorga la legalización a ciertos trabajadores indocumentados, incluidos los trabajadores agrícolas, y establece sanciones a los empleadores que contraten trabajadores indocumentados.

En 1990, la Delegación de California Contra la Violencia de Odio documenta los crecientes abusos de los derechos humanos por parte de agentes del INS y ciudadanos privados contra los migrantes en el área fronteriza entre San Diego y Tijuana.

En 1992, el Departamento de Policía de Los Ángeles toma medidas enérgicas contra los inmigrantes latinos durante la «rebelión de Los Ángeles», después del veredicto de «no culpable», que se dictó en el caso de brutalidad policial de Rodney King.

En el 2001, después de los atentados terroristas del 11-S, los estadounidenses de origen árabe y otras personas de ascendencia de Oriente Medio empezaron a sufrir reacciones violentas en Estados Unidos, con aumento de los delitos de odio, el acoso y la discriminación policial, que se extendió a otros grupos de inmigrantes, motivo por el cual algunos políticos pidieron la construcción de un muro entre Estados Unidos y México.

En el 2003, los latinos fueron declarados la minoría más grande del país, superando a los afroamericanos, de acuerdo con las nuevas cifras del Censo que mostraron que la población latina estadounidense era de 37,1 millones, que proyectaba una triplicación para el año 2050.

En el año 2004 se impulsa el “Proyecto Minuteman” que comienza a organizar a activistas antiinmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, grupo que se considera una patrulla fronteriza ciudadana.

En el 2006 el presidente George W. Bush reautorizó la Ley de Derecho al Voto, denominada «Ley de Reautorización y Enmiendas a la Ley de Derecho al Voto de Fannie Lou Hamer, Rosa Parks, Coretta Scott King y César Chávez de 2006», que autorizaba las papeletas de votación de manera bilingüe, que querían eliminar.

El 1 de mayo del 2006, Día Internacional de los Trabajadores, cientos de miles de inmigrantes latinos y otros participan en el “Día Sin Inmigrantes” boicoteando el trabajo, la escuela y las compras, para simbolizar las importantes contribuciones que hacen los inmigrantes a la economía estadounidense.

Este año, 2006, se inicia un debate en el Congreso de Estados Unidos para criminalizar a los inmigrantes indocumentados.

Más recientemente, las acciones violentas de la policía que han resultado con la muerte de Tyre Nichols, en Memphis, Tennessee y de George Floyd, en Minneapolis, han agitado más a las comunidades afrodescendientes e inmigrantes en la defensa de sus derechos y libertades constitucionales en Estados Unidos.

Los sucesos que agitan desde el 6 de junio, al Estado de California, son tan solo los estertores que empiezan a sonar anómalamente en la sociedad norteamericana, que está revolviéndose en profundas contradicciones y acciones políticas y sociales.

Las acciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que realizaron redadas en vecindarios del condado de Los Ángeles, que es uno de los territorios declarados «santuario» de migrantes, han sido un detonante que ha obligado, por la fuerza institucional del Presidente Trump, movilizar la Guardia Nacional y la Marina de los Estados Unidos, violando la Constitución Política de ese país, en oposición al clamor de la autoridades estatales, que entienden que esa política puede incendiar la pradera.

Estas fuerzas policiales y militares no están autorizadas a ejercer funciones de control civil, salvo que se invoque la Ley de Insurrección, que el presidente Trump ha señalado que va a declarar.

Acciones inconstitucionales contra la Administración Trump, por desplegar la Guardia Nacional sin su consentimiento, ha dicho Gavin Newsom, el Gobernador, que va a establecer.

La “ciudad santuario” en Estados Unidos se estableció para garantizar y dar seguridad a los migrantes que se consideran en condición irregular. Son estados, condados o ciudades que limitan su colaboración con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias.

Las “ciudades santuarios” empezaron a surgir en la década de 1980, cuando algunas iglesias ofrecieron refugio a personas que huían de conflictos armados en Centroamérica. Durante la primera presidencia de Donald Trump, muchas ciudades gobernadas por demócratas reforzaron su estatus de santuario. Así lo hizo, Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país, que formalizó su condición de santuario mediante una ordenanza municipal que prohíbe el uso de recursos locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración.

En California, en Los Ángeles, hay 11 millones de migrantes, que representan el 29% de su población y representan el 24% de todos los nacidos en el extranjero que viven en Estados Unidos. En este momento se estima que la mitad de los niños en el Estado de California tienen al menos un padre inmigrante y más de un tercio de los adultos, en edad laboral, nacieron fuera del país.

La población migrante en California está concentrada en las zonas y regiones metropolitanas costeras, especialmente en condados como Los Ángeles, Santa Clara y San Francisco.

Los migrantes en este Estado son principalmente de México, Filipinas, China, India y Vietnam.

Las protestas y movilizaciones que se están realizando en California se han replicado ya en otras ciudades de otros estados, como New York, Chicago y Atlanta, advirtiendo la posibilidad de movimientos nacionales en todo el territorio estadounidense, exigiendo la libertad del líder sindical David Huerta, presidente del sindicato SEIU de California.

De crecer este movimiento puede ampliarse a la lucha por la defensa de las universidades, que están siendo afectadas por la reducción de apoyos estatales, por la expulsión de estudiantes extranjeros de ellas, por los derechos LGBTQ+, a favor de los derechos de los gays y la lucha por la igualdad de derechos, la lucha por los derechos civiles y la libertad de opinión y de prensa también amenazadas por el presidente Trump, así como por la lucha por la igualdad en el empleo y la educación entre los inmigrantes chinos y japoneses, que se ha visto amenazada.

Las luchas de las comunidades migrantes y del pueblo estadounidense debemos apoyarla.

Los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y las organizaciones sociales deben apoyarlas.

En la defensa de la lucha de los inmigrantes de los Estados Unidos está la defensa de los trabajadores latinoamericanos, centroamericanos y aquellos costarricenses que se encuentren en esa situación.

Compartido con SURCOS por el autor.