En una declaración de la ANEP se informa que se ha solicitado formalmente a la Fiscalía de Probidad y Transparencia del Ministerio Público la suspensión de Rocío Aguilar Montoya de sus cargos de Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF) y Superintendente de Pensiones (SUPEN), y además, de su cargo en el  Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Esto, debido a su implicación en varias controversias financieras de alto perfil.

Se destaca en la declaración la preocupación por las acciones de Aguilar Montoya en casos sensibles como el de Aldesa, los rendimientos del ROP transferidos al exterior, y más recientemente, los problemas relacionados con Coopeservidores. Estas situaciones, según se indica, ponen en riesgo la confianza pública en el sistema financiero, afectando directamente a pequeños ahorradores, trabajadores pensionados y empleados del sector público.

La declaración enfatiza la gravedad de las acusaciones contra Aguilar Montoya y su impacto potencialmente perjudicial en la estabilidad y credibilidad del sistema financiero nacional. Se invita a la comunidad a estar atenta para más detalles sobre la denuncia; se solicita también expresiones de apoyo en este proceso.

Esta petición de suspensión refleja un movimiento significativo necesario por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para abordar presuntas irregularidades dentro del sistema financiero. Se subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y privados.