Ante la instrumentalización política de la Biblia y de la fe en Costa Rica

Frente a las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Laura Virginia Fernández Delgado, quien afirmó que la Biblia es un libro para gobernar, y a las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, sobre la pertinencia de considerar las Sagradas Escrituras en el estudio de proyectos de ley y en la toma de decisiones de quienes ejercen funciones públicas, consideramos necesario reflexionar sobre las implicaciones de trasladar una fuente particular de autoridad religiosa al ámbito de las decisiones que vinculan jurídicamente a toda la ciudadanía.

La fe de un pueblo es su motor ético más profundo, no una herramienta de mercadeo electoral. En las últimas décadas, y de manera más evidente en los procesos electorales recientes, Costa Rica ha sido testigo de una tendencia creciente: la utilización de la fe como plataforma de conveniencia política, que transforma el dogma religioso en una estrategia de movilización, polarización, control y legitimación.

Por eso es importante recordar que la Biblia es una biblioteca de textos escritos en diversos momentos históricos, desde distintas experiencias comunitarias de fe, y en contextos sociales, políticos y religiosos diferentes. Sus interpretaciones han inspirado la defensa de la vida, la búsqueda de la liberación y la justicia, pero también han servido para justificar prácticas de dominación, exclusión y violencia. Esta pluralidad de voces y perspectivas hacen problemático convertirla en un código único y directamente aplicable a la legislación o al ejercicio del gobierno.

La alianza entre Biblia y gobierno es tan peligrosa que, la primera vez que alguien decidió gobernar en Centroamérica con la Biblia en la mano, decenas de miles de personas, en su mayoría indígenas, fueron asesinadas por el ejército y cientos de miles tuvieron que huir. El gobernante se llamaba Efraín Ríos Montt, general del ejército y líder de la Iglesia del Verbo, quien gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, uno de los períodos más intensos de violencia estatal del conflicto armado guatemalteco.

En otros países centroamericanos, como El Salvador y Nicaragua, las alusiones frecuentes a Dios en los discursos de quienes gobiernan tienen lugar mientras crecen las denuncias por violaciones a los derechos humanos (muertes en cárceles, limitaciones a la libertad de prensa, exilio de personas defensoras de derechos humanos).

La Constitución Política constituye el marco jurídico fundamental que organiza el ejercicio del poder público y reconoce los derechos y libertades de quienes habitan Costa Rica. La Biblia, en cambio, constituye una fuente religiosa y espiritual para las personas y comunidades que la reconocen como autoridad. Por lo tanto, este texto no puede convertirse en fundamento de decisiones políticas que afectarán a todas las personas. Tomar de la Biblia criterios para la legislación o para el ejercicio del poder político constituye una forma de violencia religiosa que desconoce las diversas culturas religiosas del país, así como la existencia de personas que no tienen la Biblia como texto de referencia.

Los tres poderes del Estado tienen en la Constitución Política el referente principal y obligatorio para su trabajo. En caso de conflicto entre la Constitución o la legislación y los dogmas religiosos, los funcionarios públicos deben dar prioridad siempre y sin excepción a la Constitución y la legislación costarricense. En Costa Rica hay iglesias, pero Costa Rica no es una iglesia.

Una lectura literalista y descontextualizada de los textos bíblicos puede llegar a legitimar prácticas incompatibles con los derechos humanos contemporáneos, como la esclavitud, distintas formas de violencia, la subordinación de las mujeres y de la niñez, la persecución y el exterminio de personas con otras espiritualidades. En la época en que se escribieron algunos textos bíblicos primaban otras leyes religioso-políticas que hoy han sido sustituidas por un sistema político democrático, que resguarda las garantías individuales y sociales, los derechos humanos y la paz social. En el caso de Costa Rica, ese sistema está plasmado en la Constitución Política.

Por otro lado, no es de recibo que se utilice la Biblia como un recurso retórico mientras se hacen recortes en salud, educación, seguridad y cultura que golpean principalmente a quienes tienen menos posibilidades. ¿Acaso esos recortes se inspiran en la Biblia? ¿Se inspiran en la Biblia los discursos violentos, altaneros, y deslegitimadores de quienes nos gobiernan?

La Biblia contiene numerosas expresiones de preocupación por las personas empobrecidas, extranjeras, viudas y huérfanas (Dt. 10:18; Sal 146:9). Sin embargo, el Estado costarricense no necesita recurrir a la Biblia ni siquiera para justificar el desarrollo de políticas sociales, ya que Costa Rica cuenta con una consistente tradición de respeto a la libertad de conciencia y de legislación en materia social.

Por lo anterior, hacemos un llamado:

A los líderes políticos: ejercer la función pública con base en la ética, la transparencia y la eficiencia técnica, y evitar el uso de los textos sagrados o de lecturas sesgadas de ellos, para evadir la rendición de cuentas o legitimar decisiones partidarias.

A las comunidades de fe y a las y los líderes religiosos: resguardar la santidad y la independencia de sus púlpitos, promoviendo el discernimiento libre de las y los creyentes y rechazando cualquier intento de coacción o endoso político institucional.

A la ciudadanía costarricense: mantener una postura crítica y evaluar los planes de gobierno, la trayectoria de los representantes políticos y el cumplimiento de la ley por encima de la retórica religiosa utilizada en los discursos.

La Palabra de Dios no es un escudo político; la fe no es una mercancía electoral.

La fortaleza de Costa Rica reside en su capacidad para convivir en paz, entre diversos grupos y comunidades religiosas, respetando tanto la libertad religiosa de sus ciudadanos como la neutralidad e integridad de sus instituciones democráticas.

Pronunciamiento
7 de octubre de 2026

Personas, organizaciones e instituciones firmantes

CECATS
Codehuca
Frente Macroecuménico del Partido Frente Amplio.
Adam Álvarez Calderón, director del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
Álvaro Carvajal Villaplana, Acofi
Ana Carcedo Cabañas, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción CEFEMINA
Ana Victoria Rodríguez Badilla, ciudadana independiente
Antonio Sandoval Poveda
Arq. Dinorah Bejarano
Carmen Brenes Sáenz, Partido Acción Ciudadana y Parlamento Cívico Ambiental
Elda Aurora Gutiérrez Gutiérrez
Eugenia Salazar
Giselle Zamora Arroyo
Isaac Montero Solera
Isela Loría Ulloa
Karen Mamani Torrez
Kattia Herrera Rivas
Leila Marcela Sánchez Cortés
Luisa López A.
Margarita Brenes coordinadora de Comunicación Política de la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social
Marta Arroyo Bonilla
Mary Paz Solano Vega
Natalia Solano Corrales
Sandra Araya Umaña, Alianza de Resistencia Independiente por la vida de las Mujeres
Sharo Rosales Arce
Silvia Bejarano
Silvia Porras Jiménez
Silvia Regina de Lima Silva

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