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Autor: Hector Ferlini Salazar

A la juventud costarricense… Una conversación de Walter Antillón con Rodrigo Madrigal Montealegre

Walter Antillón

¿Podrías, Rodrigo, resumir en unos pocos trazos, la historia que le tocó vivir a nuestra generación?

Walter Antillón

R.M: Bueno, vos y yo nacimos al concluir el primer tercio del Siglo XX, de modo que hemos vivido gran parte de dicho Siglo y las primeras décadas del presente con la cabeza y el corazón puestos en las cosas de Costa Rica; pero también pensábamos en Centroamérica y en el Mundo. Gracias a una prolongada y reflexiva experiencia, modestamente creo que poseemos una mediana comprensión de lo que ha venido ocurriendo en esos escenarios.

Nuestra infancia -década de los treintas- registró las secuelas de la Crisis Mundial que estalla precisamente en 1929: difusas imágenes de la Presidencia de León Cortés, de la última breve campaña política de don Ricardo Jiménez; de la Guerra Civil Española, así como la sensación de vago temor y algunas vivencias de la escasez durante el período de la Segunda Guerra Mundial.

Rodrigo Madrigal Montealegre

Aquí pocos se daban cuenta de que la situación del País reflejaba equívocamente y en pequeño lo que se estaba fraguando en dimensiones planetarias.

Los gobiernos de Calderón y Picado, con la constitucionalización de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, coinciden con nuestra adolescencia colegial, erótica y festiva, sacudida por la Huelga de Brazos Caídos, la Revolución del 48; luego una fragante Constitución y los cambios que trajo el gobierno de la Junta Fundadora de la 2ª República. Y coincide asimismo con (y es una respuesta a) el estallido de la Guerra Fría y el triunfo de la Revolución Comunista en China.

Así es; y agregaría que con aquellos avances (no circunscritos a Costa Rica, sino de dimensiones regionales), la clase obrera disponía de una ‘cabeza de playa’: un punto firme para iniciar un avance paulatino hacia una factible ecualización social que, sin embargo, fue sistemáticamente rechazada por las oligarquías; lo cual ocurría en paralelo con la etapa universitaria de nosotros, ya en la segunda mitad del Siglo XX (grados y postgrados: combinación de ilusiones, estudio y dolce vita). Son, en efecto, los años del predominio socialdemócrata del flamante Partido Liberación Nacional: sus logros de entonces, por todos conocidos y sus reprobables decisiones: la proscripción del Partido Comunista, la represión ideológica y la violenta eliminación del sindicalismo de izquierda, que se cebó predominantemente en los trabajadores de la empresa privada; eliminación propiciada mediante la sucesiva, sistemática persecución sindical (prolongada hasta el presente Siglo) por parte de un sector mayoritario de los patrones. Todo lo cual coincide temporalmente (pero no temáticamente) con la descolonización de África y del Oriente, las Guerras nada frías de Corea y Vietnam; y el nacimiento de lo que después será la Unión Europea, en el plano internacional.

R.M: Y bueno: evocar los detalles de ese largo período sería la de nunca acabar. En suma, una centuria cruenta para los pueblos del Mundo. En lo personal, los decenios siguientes trajeron los afanes y las alegrías de nuestras vidas adultas (matrimonios, hijos); y pasaron como un soplo los días, los meses y los años. En el camino fueron desapareciendo sucesivamente abuelos, tíos, padres, hermanos, y muchos otros parientes y amigos, nuestros viejos profesores, tu hijo Federico. Y nosotros mismos, sin decirlo a nadie, nos fuimos haciendo a la idea de nuestra propia, inevitable muerte.

Entre tanto el mundo exterior seguía tan campante: en los noventas desaparecieron la Unión Soviética y los otros Estados europeos del Socialismo Real; y entonces un japonés angloparlante habló del fin de la Historia. Pero dichosamente la Historia no se enteró; y gracias a eso surgieron las nuevas potencias mundiales de la India abigarrada, la China Comunista, el Brasil y luego el BRICS, y luego, y luego … en fin, que la Historia aún tiene para rato.”

En fin, nosotros dos nos encontramos ahora al borde de los noventa años, como testigos privilegiados de la dramática transformación de aquel Mundo que nos vio nacer: transformación masiva y multiforme que algunas veces he llamado ‘gatopardesca’, porque ha servido para que, en lo importante, todo continuara igual: bajo la espectacularidad de los cambios tecnológicos que revolucionaron las telecomunicaciones y dispararon procesos multitudinarios, continuaban inexorables la desigualdad, la exclusión, el infortunio de miles de millones de seres humanos, al par de la degradación del ambiente, el cambio climático, la extinción de la vida animal y vegetal a gran escala, y un largo etcétera.

Así es, desgraciadamente; y todo ello a consecuencia del desatinado y codicioso frenesí y la criminal indiferencia del Capitalismo Transnacional, que ha hecho predominar en Occidente su visión y su política neoliberales; y ha suspendido su ominosa Espada de Damocles sobre el destino de los empobrecidos países del Sur.

Ahora bien, en lo que atañe a la Costa Rica de hoy ¿qué tendrías que decir?

R.M: Diría que estoy convencido de que nuestro País está hoy pagando las consecuencias de haber sido gobernado alegremente “a la derecha” durante los últimos cuarenta años: primero, bajo el Bipartidismo; ahora, bajo el Tripartidismo, que es prácticamente la misma cosa: lo nuevo que distinguía inicialmente al PAC de los partidos tradicionales (el discurso moralista y promisorio de Otón Solís) no se materializó en ninguna de las dos administraciones de dicho Agrupación, que terminaron cayendo en las prácticas neoliberales y las rutinas del Bipartido del Pacto Figueres-Calderón.”

Yo, de mi parte, señalaría además que la persecución sindical desatada a partir del 48, y la consiguiente indefensión y subalternidad de los trabajadores costarricenses, sobre todo del sector privado, prolongadas por varias décadas y respaldadas por una campaña sistemática en los medios de comunicación, alcanzaron las dimensiones de un fenómeno masivo, creando una atmósfera generalizada y silenciosa de temor e inseguridad en aquel importante segmento de la población; lo cual determinó la aparición de la cultura de mimetismo político y conformismo laboral predominante en dicho segmento, en la que, por ejemplo, la palabra ‘sindicalista’ equivalía a ‘comunista’; y comunista se había convertido en una condición infamante que acarreaba menosprecio, desempleo y ruina (jueces costarricenses de entonces estimaron que ‘comunista’ era una injuria igual o peor que ladrón o criminal). Esta perversa y prolongada maquinación, que cercenó y satanizó por largo tiempo una opción que era legítima en cualquier país civilizado, terminó por sumir a la clase trabajadora costarricense en un estado de miedo crónico a ser visualizado como sindicalista, socialista, comunista, y produjo en ella una reacción defensiva de negación de sí misma, de mimetismo (invisibilización) cuyo resultado fue todo un extenso sector social ideológicamente ‘neutralizado’, desunido y paralítico: ‘domesticado’, como cínicamente (pero certeramente) lo calificó don Pepe Figueres.

¿Cómo podrán nuestra clase gobernante y el País entero reparar el inmenso daño económico, social, moral y político infligido a tantas generaciones de trabajadores costarricenses a partir del 48, por haberlos privado ilícitamente de su derecho a formar sindicatos, y a los legítimos y esenciales servicios de dichos sindicatos que el Código de Trabajo, la Constitución y las Convenciones Internacionales habían creado en su beneficio? ¡Les pintaron como crímenes los que eran sus legítimos derechos!

Estoy convencido de que el vacío político producido por la ausencia de una populosa clase trabajadora organizada y beligerante, que hubiera sido un fuerte interlocutor en la palestra política, poniendo en la balanza del poder el peso de sus legítimos intereses para sacar lo mejor de cada partido y de cada gobierno; repito: la ausencia de esa clase trabajadora unida y consciente que Costa Rica bien se merecía por sus tradiciones de civismo, hizo posible el deslizamiento y la degradación de un socialcristianismo y una socialdemocracia ideológicamente anémicas y sin contrapesos, hacia aquel neoliberalismo oportunista y chapucero que ha sido la tónica de quienes nos han venido gobernando:

a) con las consecuencias político-jurídicas disolventes que hoy se reflejan por doquier: se reflejan en el control politiquero consumado sobre las cúpulas judiciales y otros órganos de garantía; se reflejan en los contubernios entre los Poderes para asegurarse la impunidad de los excesos y de los compadrazgos en las altas esferas de la política y la economía que nos condujeron al Cementazo; en el desmantelamiento del MOPT y la concesión de las obras a un oligopolio que nos condujo a Cochinilla y al Diamante; en el abandono de toda política asistencial constructiva, junto a la carta blanca de los empresarios en la aplicación de la infame “flexibilización de las relaciones laborales”; en el ataque a los últimos bastiones institucionales del servicio público (la CCSS, el ICE). Todo lo cual se tradujo en la violación reiterada y flagrante de los derechos humanos económicos, sociales y culturales consagrados en beneficio de nuestro Pueblo por la Constitución y las Convenciones Internacionales.

R.M: Como lo he dicho tantas veces, partiendo de la premisa falsa y absurda de los anarco-capitalistas de que el Estado es nefasto, han condenado a muerte al ICE, esa institución benemérita y venerada que ha impulsado con patriotismo la industrialización, la democratización y la modernización del Pais; han condenado a muerte a la Caja, que por más de medio siglo ha protegido la vida, la salud y la seguridad social de los costarricenses; han condenado a muerte a las Universidades Públicas, sembradoras del saber y de la conciencia crítica en millares de jóvenes, sin distingo de clase social ni condición económica.)

b) con las nefastas secuelas económico-financieras que se transparentaron en el sempiterno e inducido desequlibrio fiscal, en el creciente desempleo, en la profunda y acusadora brecha entre ricos y pobres que se ha ensanchado bajo los pliegues del modelo del derrame.

R.M: Cierto: mientras la pobreza de un millón de seres humanos permanece inalterada, los más afortunados duplicaron el monto de sus riquezas;

Es una realidad chocante: avergüenza que cien mil compatriotas sobrevivan con un dólar al día y que los enemigos del modelo de solidaridad social y del Estado Benefactor hayan procedido a su demolición sistemática desde hace años, agravando una peligrosa polarización.

En cuanto a la pandemia del Corona Virus, la misma resultó ser, en manos del Gobierno y las clases dirigentes, una providencial excusa para hacernos apurar aquella pócima deletérea de la privatización, buscando con ello destruir lo que nos queda del incompleto y perfectible Estado de Bienestar que en su día osaron levantar Figueres, Oduber y Carazo sobre la base plantada por el Presidente Calderón Guardia, la Iglesia de Monseñor Sanabria y los comunistas de don Manuel Mora; fecundo legado que, a la vista de todos, vienen intentando destruir otro Calderón, otro Figueres, Oscar Arias Sánchez y su nefasta secuela, hasta llegar al presente, sin solución de continuidad.

Pero la pandemia del Corona Virus es un mal que, como dice el refrán, trajo al Planeta un bien: la claridad de algunas verdades palmarias, a la vista de quien quiera comprobarlas:

a) La palmaria verdad de un Mundo insolidario y autodestructivo regido por el afán insaciable de lucro de un grupo de poderosas transnacionales que han subordinado a los Estados-Nación al logro de sus designios, dando al traste con la Naturaleza y los más altos valores de la Cultura;

b) la evidencia pública de la necesidad de reducir la enorme brecha económica existente entre ricos y pobres con medidas como sistemas tributarios fuertemente progresivos, vigorosas políticas de inversión y otras, para garantizar juntamente la reactivación y un acceso equitativo y seguro de todas las personas a los servicios de salud y, en general, a los servicios públicos esenciales;

c) una verdad inocultable acerca de la misantropía y la ceguera de los gobiernos neoliberales, grandes y pequeños, que venían desmantelando minuciosamente las estructuras de la salud pública, reduciendo la plantilla de los médicos y enfermeros, cerrando hospitales y clínicas, y han tascado amargamente su impotencia frente a la magnitud de una peste que ha puesto en evidencia la mezquindad de sus miras;

d) una verdad transparente acerca de la desembozada codicia de las transnacionales farmacéuticas, que frente a la tragedia y las penurias de la Humanidad causadas por la Pandemia, hacen prevalecer su avidez de ganancias a través de los precios de las vacunas y las maniobras oligopólicas;

e) una verdad inocultable acerca de la carencia vergonzosa de un robusto mecanismo coordinador de la Salud Mundial que centralizara todos los recursos científicos, financieros y logísticos para brindar rápida, gratuita y equilibradamente al Planeta, lo que los países aislados, pequeños y grandes, han terminado haciendo tarde y mal, de manera inequitativa y con altísimos costos.

R.M: Me alegra comprobar que el impacto de algunas de esas verdades ha sacudido al Mundo, movilizando importantes grupos de opinión, e inspirando iniciativas promisorias. Coincido en que, con sus duros y crueles estragos, el azote de la Pandemia nos está llamando a recobrar la sensatez ¿Escucharán el mensaje los detentadores del poder? ¿Conseguirán las personas de buena voluntad, que en el Mundo suman miles de millones, doblegar la obcecación y la insensibilidad de tantas transnacionales y de los poderosos Estados que continúan precipitando el cambio climático y el acoso a la Naturaleza? En medio de tantos males ¿cabe abrigar algunas buenas expectativas a corto y mediano plazo?

Yo creo que sí: por encima del pandemonium y la anarquía de las redes sociales, van emergiendo aquellas verdades que el látigo de la Pandemia y del Cambio Climático han contribuido a revelar; y terminarán por imponerse aún a los más ciegos, porque los problemas que acarrean la desigualdad, el hambre, la exclusión y toda otra negación de la vida son reales, aprietan sin tregua y claman por ser resueltos.

Aquí concluye ésta que es, quizás, la última de tantas conversaciones que mantuvimos desde siempre. Declaramos estas cosas sine spe, sine metu: sin la expectativa de un beneficio, sin miedo a una represalia, sólo movidos por el amor y el respeto debidos a nuestro Pueblo, a la juventud costarricense cuyo futuro peligra, y en particular a los estudiantes de la gloriosa Universidad de Costa Rica, nuestra Alma Mater, firme bastión de la esperanza en que otro Mundo es posible.

San José, en diciembre de 2021.

Rodrigo Madrigal Montealegre, Céd. 1.234.164*

Walter Antillon Montealegre, Céd. 1.221.295*

* Profesores eméritos, Co-fundadores de la Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica

Olga Marta Sánchez Oviedo por siempre

Solo ayer conversamos con ella. De sus planes, pero sobre todo de la responsabilidad en tanto mujeres con nuestra nación.

Hay personas que desde que llegan a nuestras vidas se meten en el alma. Por su inteligencia, por su simpatía, por su sensibilidad.

Cómo hubiéramos deseado no tener que escribir esto! Estábamos seguras, tus amigas, las Mujeres por Costa Rica, de que saldrías bien. Estábamos convencidas de que en la próxima reunión contaríamos con tu mirada crítica, con tu claridad intelectual, tu auténtico compromiso con el país para ayudarnos a entender los tiempos que vivimos, con tu sonrisa para iluminar el día, y tu cariño.

Y de pronto todo se nubla, y nos parte el pecho un dolor impensado, un ahogo, una necesidad del grito. Una noticia que nunca creímos, ni remotamente, que llegaría. Nos sacude como un trueno.

Tu partida nos duele, amiga querida Olga Marta Sánchez, le dolerá a la Patria que pierde a una de sus mejores hijas. Pero tu aliento, tus enseñanzas y tu determinación quedan en nosotras.

Nuestro abrazo a tu familia. Como si fuera la nuestra.

Mujeres por Costa Rica

Compartido con SURCOS por Nora Garita. Publicado en la página de Facebook de Mujeres por Costa Rica.

Homenaje a Olga Marta Sánchez Oviedo

SURCOS rinde homenaje a Olga Marta Sánchez Oviedo quien falleció este 14 de diciembre.

De profesión socióloga, fue ministra de Planificación 2014-2018 y desempeñó altos cargos en la Universidad Nacional (UNA), entre ellos, fue vicerrectora de Extensión, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, directora de la Escuela de Planificación Social.

SURCOS tuvo la oportunidad de transmitir en nuestro Facebook Live varios foros y conversatorios organizados por la Alianza por una Vida Digna, en los cuales Olga Marta participó.

Ofrecemos nuestro abrazo a sus familiares y amistades.

Territorios Seguros denuncia al alcalde de Matina ante la Fiscalía

Comunicado de Territorios Seguros:

“El 14 de diciembre la compañera Anita Rodríguez Brown, del Territorio Seguro Puerto Viejo de Talamanca, de ascendencia indígena de clan y Carlos Campos Rojas, coordinador nacional del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, presentamos ante la Fiscalía de Limón, la denuncia penal por las expresiones realizadas (por parte del alcalde de Matina) en conversación con un representante de MECO.

Confiamos en que el instituto de la justicia haga prevalecer el respeto a la persona ciudadana y especialmente a nuestros pueblos originarios”.

El documento presentado señala:

Provincia de Limón, 10 de diciembre de 2021

Señores

Fiscalía de Asuntos Sexuales Ministerio Público de Limón

Por este medio, los suscritos CARLOS CAMPOS ROJAS, cédula 10605 0202 y ANITA RODRÍGUEZ BROWN, cédula 7 0130 0513, ante usted con el debido respeto nos presentamos a formular una DENUNCIA en contra del señor WALTER CESPEDES SALAZAR, cédula 5 0147 1200 quien actualmente funge como Alcalde Municipal de Matina.

La denuncia se formula con la intención de que esa dependencia analice las publicaciones que se han realizado en los últimos días en los medios de comunicación, de las cuales le adjuntamos copias, en las que se acredita que en el marco de las investigaciones judiciales de los casos COCHINILLA y DIAMANTE, gracias a las intervenciones telefónicas que fueron autorizadas, se captó una conversación del señor Céspedes, aquí denunciado, con un Gerente de la empresa MECO, a quien, según dice la información, don Walter le ofreció que cuando viniera a Matina, «le iba a tener a su disposición a una indígena”.

Ante la gravedad de los hechos, nos parece indispensable que se profundice en una investigación por parte de esa Fiscalía y por eso formulamos la presente denuncia, ya que esas actuaciones, de resultar ciertas -como parece ser pues el mismo don Walter ofreció disculpas por haberlas realizado- podrían constituir algunos tipos penales que merecen investigarse y juzgarse, como podrían ser trata de personas, prostitución, proxenetismo, o cualquier otro que esa Fiscalía puede determinar.

Esperamos que la Fiscalía pueda analizar el caso denunciado y proceder conforme corresponde.

A la espera de su respuesta, quedamos a la orden para ampliar detalles o aclarar cualquier duda.

De usted atentamente, Carlos Campos Rojas, Coordinador Nacional; Anita Rodríguez Brown, Territorio Seguro Puerto Viejo.

CCSS: Grandes logros en medicina pública pero con un futuro financiero incierto

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando un reputado investigador y especialista, como el Dr. Atul Gawande elogia los logros de Costa Rica en el campo de la salud pública, algo hemos hecho muy bien a lo largo de varios decenios. Pero tenemos que seguir haciéndolo para evitar que los avances que son motivo de orgullo, se conviertan en sombríos retrocesos.

El Dr. Gawande, profesor en la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, escribió un artículo en el que destaca que Costa Rica ha priorizado la salud pública, con lo que ha alcanzado una expectativa de vida dos años superior a la de Estados Unidos (casi 81 versus 79), con un ingreso per cápita seis veces menor que el estadounidense. «Y no solo superó la esperanza de vida de Estados Unidos, sino que consiguió la más alta en América del Sur y América del Norte, con excepción de Canadá», subrayó el Profesor Gawande en su análisis.

Esto lo consignó recientemente, BBC Mundo a través de un amplio reportaje en el que se resalta que el especialista estadounidense realizó una laboriosa investigación de seis meses sobre nuestro sistema de salud pública y a partir de un “viaje profundo”, que realizó al país en abril anterior. El investigador valora en forma significativa lo que ha hecho el país, a tal punto que estima que es un modelo referencial y aplicable en otros países, incluido Estados Unidos.

No obstante los logros que exalta el investigador estadounidense en un sistema en que se ha priorizado la medicina pública frente a la atención privada y donde antes que la atención de las personas en hospitales y clínicas, se desarrollan estrategias de promoción de la salud y prevención, las amenazas se han venido acumulando. En estas circunstancias, el sabor agridulce es inevitable.

Los logros que destaca el Profesor Gawande se empezaron a esculpir hace ochenta años cuando el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dando un paso decisivo en el desarrollo del Estado Social de Derecho, que ha singularizado la forja de la nación costarricense.

Todos quienes habitamos Costa Rica le debemos mucho a la Caja, por los múltiples servicios prestados en el desarrollo general del país y no sólo en el campo de la salud y la seguridad social. Sin embargo, los que han acogido la doctrina neo-liberal como su credo, ahí donde la salud emerge como un derecho fundamental, ellos lo que han visto es un jugoso negocio. Con la consigna avasalladora “más mercado- menos Estado”, estos adalides del individualismo a ultranza, han querido privatizar muchos de los servicios que presta la CCSS y han avanzado en sus despropósitos y anhelos.

Algunos desde adentro (como topos) han venido afectando el desarrollo de la institución. Son aquellos que han debilitado las finanzas de la Caja, creando una cara y frondosa élite burocrática mientras la oferta de especialistas en distintas áreas es limitada y, con ello, se alargan las esperas de atención así como de algunas cirugías. No pocas familias con limitados recursos han sido empujados a utilizar los servicios de la medicina privada, desesperados ante tan prolongadas (y evitables) lista de espera. Este tópico ha sido motivo de tensión social y de cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la ochentera entidad.

Los detractores del Estado Social de Derecho y de la medicina pública han movido distintos hilos para convertir al robusto árbol de la CCCS en un debilitado bonsai. Si su desmedido afán privatizador hubiese ganado completamente la partida, en el 2020 y en el presente 2021, el país hubiera estado mal preparado para atender la desafiante pandemia de la Covid-19. Porque una pandemia de este demoledor alcance para afrontarla exitosamente, ha requerido del esfuerzo solidario de la medicina social. Todo indica que el mundo y el país, desde luego, habrá de afrontar en el futuro otras pandemias. Por ello, la apuesta certera e inevitable para el país debe ser el fortalecimiento de la Caja.

Como lo expresa el Informe de la Comisión Legislativa que investigó las –preocupantes—finanzas de la Caja: “No cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la CCSS … para universalizar la protección (cobertura horizontal) como para mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones (cobertura vertical), explican en buena medida el éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada.”

De acuerdo con las proyecciones actuariales –que se fijen en el citado informe—, el Seguro de Salud será solvente hasta el año 2026 o a lo sumo hasta el 2031. Mientras tanto el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tendrá solvencia hasta el año 2037 con lo que, “a partir de 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de las pensiones en sus diferentes acepciones.” Esta sombría situación financiera se ve significativamente agravada como consecuencia de la exorbitante deuda acumulada por el Estado, que supera ya los 5,9 billones de colones.

Es dentro de un contexto de grave incertidumbre y preocupación que corresponde colocar el manejo y administración de las finanzas institucionales, realizado por 18 exjerarcas de la CCSS (algunos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario) que fueron acusados en marzo de 2019, por tres presuntos delitos de fraude financiero, a saber: i) Influencia contra la Hacienda Pública, ii) Administración Fraudulenta y iii) Fraude de Ley; tal y como consigna el citado informe legislativo. De acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, estas transgresiones habrían acontecido en el lapso 2006 y 2014, “cuando por medio de aparentes documentos falsos, se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantía, salarios y plazas; mismos que al resultar impagables para el Régimen de Salud, habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, así expresado también por el informe legislativo.

El valioso estudio del Profesor Gawande retrata la historia de éxito de la Caja y del modelo de salud pública costarricense. El que se nos valore con admiración desde fuera (bien cada vez más escaso), debe ser motivo de orgullo nacional. Pero algo de mayor valor, en el presente, es convertir este elogio de lo que ha sido la Caja en acicate para su defensa y el fortalecimiento de sus finanzas de cara al futuro. Bien vale la pena esta justa y necesaria causa.

¿CONVIVIR O ESTAR JUNTOS?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentaron los resultados de una encuesta denominada “Construyendo una ruta común hacia el 2030” en la que se arrojaron resultados interesantes sobre la visión país que tienen las personas consultadas.

Llama la atención la permanencia de núcleos duros de opinión sobre la discriminación subjetivamente experimentada.

La persistencia de estas prácticas entre la población costarricense continúa representando enormes desafíos para la base de una colectividad que, ya lo hemos dicho en otros momentos, debe construir nuevas formas de contrato social para poder enrumbarse hacia el futuro.

Resaltan por ello, dos aspectos de los resultados compartidos: el conjunto de discriminaciones experimentadas en razón de ciertas características como la edad y la condición social, entre otros, así como la persistencia de las ideas sobre las personas extranjeras en tanto “otros sociales”, a los que se les reconoce su aporte a la sociedad costarricense pero se les sigue “manteniendo” con cierta distancia social y cultural.

En el primer caso, la discriminación experimentada evidencia una frágil construcción de mínimos en los reconocimientos socioeconómicos, generacionales y de género. Así lo evidencian 6 de cada 10 personas consultadas por el estudio.

En estas condiciones, no es difícil imaginarse un escenario donde la convivencia sea tranzada, negociada, por un conjunto de presupuestos que colocan al otro en una situación de inferioridad. En un escenario de esta magnitud, estar juntos no necesariamente implica convivir y esto se traduce en una serie de dificultades y bloqueos para establecer acuerdos mínimos en una experiencia colectiva que hace mucho dejó de serlo, para presentarse como una visión atomizada y fracturada, repleta de fraccionamientos sociales.

En el segundo caso, la continuación de discursos de discriminación hacia ciertas poblaciones como las migrantes, revela una tarea todavía inconclusa en materia de respeto hacia la condición de nacionalidad.

Así, más de la mitad de las personas consultadas indicaron que en Costa Rica se vuelve difícil vivir si se es nicaragüense, condición que se comparte con las poblaciones indígenas. Ambos grupos fueron superados ampliamente por las poblaciones con alguna discapacidad, para las cuales se les dificulta vivir en un país como este.

En cualquiera de los tres casos, la dificultad expresa una permanente fractura hacia las poblaciones que no representan esa identidad homogénea y anquilosada que se dibuja bajo la noción de Costa Rica.

En una aparente transición hacia un nuevo estado de procesos sociales y culturales producto de la crisis civilizatoria experimentada distante los últimos dos años, un enorme desafío para trabajar en la convivencia se impone en Costa Rica.

 No lo resuelve la dimensión política porque es del orden de lo sociocultural y solo con un trabajo de contenidos comunitarios y educativos estaremos listos para dar el paso entre la aparente estancia de estar juntos a convivir, reconociéndonos en nuestras diferencias. Esa es la tarea.

Imagen: https://www.france24.com

Nuestro desarrollo debe apostar por la sostenibilidad ambiental

Luis Fernando Astorga Gatjens

Costa Rica es un país privilegiado por la enorme riqueza en recursos naturales que alberga en su territorio. El nuestro es uno de los 20 países con mayor biodiversidad del planeta. Contamos con una enorme pluralidad de vida silvestre, como consecuencia –en gran medida—de la posición geográfica entre las dos masas continentales de América del Norte y Sudamérica, el clima neotropical y la amplia variedad de hábitats.

Esta situación nos ha generado una serie de ventajas en la producción agrícola (venida a menos, en los últimos tiempos, por el limitado o nulo apoyo gubernamental a los agricultores) y en el desarrollo del turismo (principal fuente de nuestras divisas). Año tras año miles de turistas de distintos países del globo, son atraídos por nuestros volcanes, montañas, playas y, en general, por todas las bellezas escénicas, pero también por la estabilidad política del país.

Toda esta riqueza natural coloca a Costa Rica en condiciones para impulsar su desarrollo, presente y futuro, centrado en un triángulo armonioso que debe conjugar: Crecimiento económico, justicia y equidad social, y sostenibilidad ambiental. Desfortunadamente, la equidad social se ha venido debilitando hasta el punto de derivar en convertirnos en el octavo país más desigual del mundo (dicho por el Banco Mundial) y en materia ambiental, en varios aspectos, el país se muestra más como “candil en la calle y oscuridad en la casa”.

Dos ejemplos concretos de esa debilidad en la atención de los desafíos en materia ambiental, lo constituyen el desastre ecológico de la explotación descontrolada en “Crucitas” de Cutrís de San Carlos, y la polución de importantes ríos; entre los que se destaca la grave contanimación del Río Virilla, catalogado como el más contaminado de la región centroamericana.

Es dentro de tal contexto que hay que colocar la explotación de la minería en el país. Valga indicar que con respecto al petróleo no se tiene completa certeza si hay suficiente volumen para determinar si vale la pena su  eventual explotación. Lo que se tiene claro, hasta el presente, es que Costa Rica presenta potencialidad pero eso no se traduce automáticamente en existencia suficiente para su extracción comercial. Asimismo es muy necesario valorar el negativo e inevitable impacto ambiental que generaría la explotación del petróleo en nuestro pequeño territorio. En una época en que cada vez más países se inclinan por obtener le energía en proyectos ambientalmente limpios (producción hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), el país debe afirmarse en una matriz de desarrollo, en la cual la protección y conservación ambiental debe ser una prioridad, asegurando la utilización de energías limpias; campo en el que se ha acumulado una valiosa experiencia.

Hace 18 años, en el gobierno del Presidente Abel Pacheco se impulsó un acertado decreto que impide la exploración y explotación petrolera hasta el año 2050. Sin embargo, tal decreto presidencial puede ser revocado por cualquier mandatario. De ahí la importancia de que se apruebe una ley que de mayores garantías a la veda de explotación del hidrocarburo.

Para resolver tal escollo, se presentó un proyecto de ley (expediente número 20.641), que no contó con el respaldo necesario en la Asamblea Legislativa. La iniciativa ha buscado avanzar en la eliminación del uso de los combustibles fósiles y en la declaratoria del territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Tal proyecto recibió el apoyo de un grupo de 150 organizaciones no gubernamentales y empresas, que han constituído el Movimiento Costa Rica Libre de Perforación, con la que el país se podría convertir en un referente mundial en este ámbito.

Sin embargo, esta propuesta de ley tiene detractores en el Parlamento que se oponen a ella, obnubilados ante el llamado “oro negro”. Ésto se reflejó en días recientes cuando al proyecto mencionado se le venció el plazo para ser tramitado, ya que solo 26 diputados se manifestaron a favor de extender el plazo cuatrianual del proyecto legislativo. Esta situación obliga al impulso de un nuevo proyecto, que asegure la meta de convertir a Costa Rica en un país en que no haya posibilidades de explotación petrolera. La lucha debe seguir porque se trata de un componente fundamental de nuestra propuesta de desarrollo social y ambientalmente sostenible.

Otro lunar en el ámbito ambiental lo ha constituído la autorización que se dio en el pasado a la minería a cielo abierto en “Crucitas”. Hace díez años, en forma acertada, se revocó la autorización a la minera canadiense Infinito Gold Ltd. Sin embargo, lo que vino después de tan acertada revocatoria fueron una serie de acciones de extracción ilegal del oro, por parte de coligalleros, con subsecuentes daños ambientales. El uso del mercurio ya deja secuelas graves en el proceso extractivo.

Se ha denunciado con insistencia que alrededor de la explotación del oro en “Crucitas”, existe una “mafia” que explota a coligalleros de Nicaragua y Costa Rica que reciben una limitada remuneración por el peligroso trabajo que realizan, exponiéndose a sustancias químicas peligrosas. El grave problema de esta zona es que existen muy pocas oportunidades laborales; lo que empuja a muchos trabajadores a exponerse a estos riesgos y caer en las garras avariciosas de esta “mafia”. Una responsabilidad directa en que se esté dando este tipo de extracción ilegal y descontrolada, la tiene el Gobierno que no ha sido capaz de contener y revertir la situación.

La historia de “Crucitas” debe y puede ser cambiada a partir de una decisión política que junte positivamente el esfuerzo por seguir impulsando nuestro Estado Social de Derecho con la explotación controlada del oro en esa región sancarleña. Se requiere que se dé un claro compromiso del gobierno que iniciará funciones el próximo 8 de mayo, para que en este ámbito seamos también referente internacional y no motivo de vergüenza ecológica.

Aquí quiero resaltar la excelente iniciativa del destacado activista ambiental, Freddy Pacheco que se orienta a asegurar recursos de la explotación ambientalmente controlada del oro de “Crucitas” en inversión en atención y salud de las personas mayores del país. Como bien lo indicó el biólogo Pacheco al “Semanario Universidad”: “En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, tenemos un yacimiento de oro que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir más unos US$133 millones anuales (cerca de ¢82.000 millones) por al menos una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de 70.000 onzas de oro en lingotes. Parece un sueño, pero no lo es, y por eso hubo empresas extranjeras que buscaron realizar esa explotación en, por supuesto, beneficio propio”. Una iniciativa como ésta favorecería a coligalleros autorizados y debidamente supervisados y a las urgidas finanzas de la CCSS para la atención de la población adulta mayor.

Se trata de una excelente iniciativa que debe contar con el entusiasta respaldo de quienes creemos que Costa Rica debe seguir apostando por una propuesta de desarrollo armoniosa en lo económico, social y ambiental.

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?”, se pregunta el Papa Francisco en su Encíclica “Laudato Si”. Y responde: “Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”. Tal debe ser la convicción de todos y todas.

Compromiso por el Impulso de un Diálogo Social Multisectorial para Alcanzar un Gran Acuerdo por la Educación

SOBRE LA NECESIDAD DE ARTICULACIÓN ENTRE SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS

El fortalecer los procesos de diálogo nacional es hoy más que nunca un imperativo, necesario para construir confianzas en la diversidad, lo que se ha visto como un elemento fundamental a partir de los procesos desarrollados recientemente[1], con el fin de construir a partir del reconocimiento de las diferencias, siempre en los principios y valores que caracterizan la conformación de esta República; a saber, respeto, democracia, paz, libertad y solidaridad. 

Al respecto, el transitar la crisis que vive el mundo en la actualidad, según OIT plantea en el 7mo informe “La COVID‑19 y el mundo del trabajo” de enero 2021 requiere del reconocimiento de que: 

«Habida cuenta de una coyuntura de cambios estructurales y de déficit continuado, los encargados de la formulación de políticas deberán estar en medida de elaborar y aplicar estrategias de recuperación, sobre la base del diálogo social, con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con objeto de encontrar nuevas vías que faciliten el cumplimiento de los objetivos a largo plazo y la transición a una economía más inclusiva, justa y sostenible.»

Esta necesidad es aún más fundada a partir de la situación social y los elementos coyunturales que se identifican en el caso de Costa Rica.

Antes de marzo de 2020 situaciones estructurales ya venían afectando a Costa Rica en términos macroeconómicos, en cuanto a la situación fiscal del país y el aumento del desempleo, entre otros aspectos que han complicado la situación de las familias que habitan el territorio nacional. Estas situaciones se han agudizado producto de las medidas sanitarias y sus implicaciones económicas, necesarias para desacelerar el avance de los contagios por Covid-19 en el país. 

A nivel mundial, la ONU ha identificado cinco pilares clave para el apoyo a los países en la respuesta al COVID-19[2]. Proteger el sistema de salud durante la crisis de la COVID-19 es la primera prioridad. Al mismo tiempo, e igualmente urgentes, son los siguientes pilares:

  • ayudar a proteger a las personas a través de la protección social y los servicios básicos;
  • proteger los empleos, las pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos con mayores personas en situación de vulnerabilidad mediante la recuperación económica;
  • ayudar a guiar el aumento necesario en el estímulo fiscal y financiero para hacer que el marco macroeconómico funcione para las personas con mayores factores de vulnerabilidad, que fomente el desarrollo sostenible, las economías verdes e inclusivas y fortalezca las respuestas multilaterales y regionales, y finalmente,
  • promover la cohesión social y generar confianza a través del diálogo social, e invertir en sistemas de respuesta y resiliencia liderados por la comunidad, con una mirada particular en las poblaciones y personas que se están quedando atrás.

Sobre la base de estos preceptos es que en el proceso que se desarrolla se busca la construcción de grandes acuerdos sociales que permitan transitar de manera conjunta en la formulación de propuestas concretas, que posibiliten incidir políticamente en la gestión de las personas que forman parte de la gestión pública en sus distintas dimensiones, para aportar a la gobernabilidad democrática a partir de la participación ciudadana responsable.

Es en esta línea, que dentro de los componentes estratégicos que guían el proceso de Diálogo Social Multisectorial, se considera que la educación es un aspecto central para enfrentar los retos actuales y futuros.

La educación pública ha sido un motor de movilidad social ascendente de suma importancia para el desarrollo social y productivo de Costa Rica, y debemos asegurar que continue siéndolo, mediante el impulso de la reducción de las brechas que amplían las desigualdades en el acceso a educación de calidad, tal y como lo ha expresado en diferentes informes el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE):   

“…hay tareas complejas que requerirán la cooperación de todos los actores sociales y políticos interesados en sumarse a un gran acuerdo nacional por la educación. Este acuerdo es indispensable para crear la fuerza social y política necesaria para, en los próximos años, impulsar un marco de acción que trascienda intereses particulares y administraciones y se consolide como una política de Estado. (PEN, 2021, p. 55)

EDUCACIÓN COMO PILAR PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO COSTARRICENSE

A partir de los aportes del Estado de la Educación[3] (PEN, 2021) se establece la preocupación por lo que se ha denominado un “apagón educativo” debido a los rezagos importantes en la cobertura y calidad en educación preescolar, general básica y diversificada, como por ejemplo el aumento del 59% de estudiantes en pobreza extrema, que son solo algunas de las dificultades evidenciadas en el informe.

El informe del Estado de la Educación detectó también rezagos importantes en áreas como matemáticas y español, situación que pone en desventaja competitiva al país frente a otras naciones del globo y miembros de la OCDE que compromete el futuro de Costa Rica.

Ante esta situación:

“Los riesgos son varios: “volver a lo anterior”, improvisar políticas públicas sin sustento en la evidencia científica o recortar la inversión educativa por razones fiscales, lo que implicaría volver a cometer el grave error estratégico en el que el país incurrió durante la década de los ochenta del siglo pasado, solo que esta vez en un contexto demográfico mucho más adverso. La oportunidad es aprovechar los aprendizajes y lecciones generadas por la pandemia para hacer cambios sustantivos, postergados por largo tiempo, en el sistema.” (PEN, 2021, p. 55)

Ante el escenario brevemente esbozado, los sectores que conformamos el Diálogo Social Multisectorial, nos comprometemos en impulsar un gran acuerdo nacional por la educación, que permita:

  1. Promover y fortalecer una Educación Pública de calidad, equidad e inclusiva para la cual deben gestarse acciones participativas y consensuadas para impulsar una Transformación Educativa que genere un ordenamiento estructural, curricular, filosófico, jurídico y administrativo que responda a las exigencias que la innovación de hoy nos demanda en la evidente revolución tecnológica y del conocimiento.
  2. Declarar como una urgencia nacional la problemática que enfrenta la Educación Pública.
  3. Avanzar en un Diálogo Social, transparente y respetuoso desde los sectores organizados representativos de la sociedad, que tengan incidencia y relación con la Educación Pública para analizar y plantear las reformas que requiere el Sistema Educativo.
  4. Asegurar los procesos y mecanismos con tal que no se afecte el contenido presupuestario de los programas del Ministerio de Educación y de las Universidades Públicas en términos del acceso y calidad de la educación.
  5. Reducir las brechas y desigualdades preexistentes entre educación pública y privada, siendo acciones estratégicas asegurar: la conectividad a todas las familias, fortalecer la educación técnica que desarrolle habilidades especiales, formalizar el bilingüismo, promover e incentivar estudios STEAM (ciencia, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas), sin menoscabo de la formación en cultural y humanista.
  6. Asegurar el presupuesto nacional para que se pueda garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de presupuestar el 8% anualmente del P.I.B.
  7. Eliminar el recargo de tareas administrativas a la población docente para que se dedique expresamente a la formación y enseñanza aprendizaje del estudiantado.
  8. Definir el perfil de la persona educadora que se adecue a la reforma educativa planteada, que se modifique la malla curricular de educación superior de acuerdo con este perfil y que se mantengan procesos de capacitación constante para formar a las personas docentes que actualmente encuentran en las aulas.
  9. Revisar los Programas de Equidad como el de becas, de transporte estudiantil y de alimentación, no sólo como mecanismo de retención, sino como un paso hacia la transformación de la mentalidad del o la estudiante como una persona con derecho a una vida digna.
  10. Conectividad, acceso y alfabetización digital como insumos necesarios para fortalecer la accesibilidad a toda la comunidad educativa. Por lo que se hace urgente la interconectividad de banda ancha, equipos tecnológicos y materiales digitales de calidad.
  11. Actualizar, estandarizar y equiparar los textos e hipertextos, multimedios y materiales educativos. Se sugiere que el MEP tenga un repositorio de materiales didácticos.
  12. Fortalecer la educación técnica, esta representa una alternativa de educación integral para aquellas personas que desean incorporarse al campo laboral desarrollando habilidades especiales, sin dejar de aspirar a más conocimiento.
  13. Valorar y desarrollar la infraestructura del sistema educativo, de acuerdo con las exigencias de la sociedad, la época y el ambiente.
  14. Monitorear, apoyar y mejorar la gestión operativa de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
  15. Revisar la estructura administrativa y la gestión operativa de las Direcciones Regionales con tal de que cumplan la función y objetivos con que fueron creadas.
  16. Poner en marcha el Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación, entregado por el CONARE al Ministerio de Educación Pública.

De esta forma, los sectores sociales y productivos, nos comprometemos con la visión planteada por el CONARE a través del Programa Estado de la Nación, para potenciar a mediano plazo:

Con una mirada prospectiva, la educación “que viene” necesita que las aulas se conviertan en verdaderos laboratorios de innovación, donde lo más importante no sea transmitir la información, sino que los estudiantes desarrollen habilidades superiores del pensamiento crítico como la resolución de problemas, la comprensión lectora, la comunicación, la experimentación, la curiosidad, la creatividad, el trabajo colaborativo, y competencias digitales. Estas les permitirá actuar sobre los problemas cotidianos de una manera efectiva e implican cambios profundos en la pedagogía y no solo en los recursos didácticos. (PEN, 2021, p. 61)

Instamos a todos los sectores sociales y productivos del país a constituirnos en Mesa Nacional de Diálogo, para el impulso de un Gran Acuerdo Nacional por la Educación. 

Este Acuerdo procurará facilitar y promover una transformación educativa que responda a la exigencia del nuevo contexto del empleo y el trabajo, la innovación del Estado y la atención de los retos de la sociedad actual, con el fin de construir con urgencia alternativas consensuadas que puedan ser presentadas al actual o próximo gobierno de Costa Rica.

Firmas (puede sumar la suya o la de su organización):

[1] Foro Multisectorial de Diálogo Nacional convocado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal (ATTBPDC) y la Mesa de Dialogo Multisectorial convocada por el Poder Ejecutivo y recientemente la Mesa Patriótica por la Vacunación.

[2] Fuente: Organización de las Naciones Unidas. Respuesta integral  de  las Naciones Unidas  a  la COVID19: salvar  vidas, proteger  a  las sociedades, recuperarse  mejor. Junio de  2020. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/comprehensive_response_to_covid-19_spanish.pdf

[3] Programa Estado de la Nación Octavo Estado de la Educación 2021 / Programa Estado de la Nación. — San José, C.R.: CONARE – PEN, 2021. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf

«Urge acuerdo nacional por la educación», afirman sectores sociales, productivos y académicos

9 de diciembre 2021

“Apagón educativo” compromete futuro de Costa Rica

Urge acuerdo nacional por la educación, afirman sectores sociales, productivos y académicos

Diversos sectores sociales, productivos y académicos preocupados por lo que el CONARE, desde el informe del Programa Estado de la Educación (PEN, 2021) denominó como “apagón educativo” que contempla los rezagos en la cobertura y la calidad de la educación en educación preescolar, general básica y diversificada consideran fundamental impulsar un gran acuerdo nacional por la educación en el marco del Diálogo Social Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria.

Dicho acuerdo debe contemplar, entre otras cosas, una declaratoria de urgencia nacional ante la problemática que enfrenta la Educación Pública, como, por ejemplo, el incremento del 59% de estudiantes en condición de pobreza extrema.

El “Diálogo Social Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y Solidaria” integrado por representantes del sector sindical, cooperativo, empresarial, comunalista, académico, entre otros; considera que la educación pública ha sido un motor de movilidad ascendente de suma importancia para el desarrollo social y productivo de Costa Rica, y debe continuar siéndolo, mediante el impulso de la reducción de las brechas que amplían las desigualdades en el acceso a educación de calidad.

Lo que se busca es la construcción de grandes acuerdos sociales que permitan transitar de manera conjunta en la formulación de propuestas concretas, que posibiliten incidir políticamente en la gestión pública en sus distintas dimensiones, para aportar a la gobernabilidad democrática, a partir de la participación ciudadana responsable.

Por lo anterior los sectores suscribientes se comprometen e instan a todos los sectores sociales y productivos del país a constituir juntos la “Mesa Nacional de Diálogo para el impulso de un gran Acuerdo Nacional por la Educación”

Este Acuerdo procurará facilitar y promover una transformación educativa que responda a la exigencia del nuevo contexto del empleo y el trabajo, la innovación del Estado y la atención de los retos de la sociedad actual, con el fin de construir con urgencia alternativas consensuadas que puedan ser presentadas al actual o próximo gobierno de Costa Rica.  

Las acciones que busca promover esta iniciativa implican garantizar y fortalecer una Educación Pública de calidad, equitativa e inclusiva para la cual deben gestarse acciones participativas y consensuadas para impulsar una transformación educativa que genere un ordenamiento estructural, curricular, filosófico, jurídico y administrativo que responda a las exigencias que la modernidad demanda, ante la evidente revolución tecnológica y del conocimiento.

Corte Suprema de Justicia promueve consulta facultativa institucional de constitucionalidad sobre denominada Ley Marco de Empleo Público

«PETITORIA

1.- Expresamente solicitamos que la Sala Constitucional haga uso de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y si advierte otro motivo de inconstitucionalidad no invocado y consultado, así lo haga ver en la respectiva resolución. 

2.- Solicitamos se atienda y resuelva la consulta de Constitucionalidad planteada y se proceda a determinar si las normas consultadas y cualquier otra conexa o que la Sala Constitucional determine, resultan conformes al derecho de la Constitución o si por el contrario su contenido y efectos lesionan las competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia en particular y del Poder Judicial en general, con abierta lesión a la independencia judicial y al régimen de derechos fundamentales de las personas habitantes de la República.  Rogamos hacer el análisis pormenorizado y exhaustivo respecto de todos y cada uno de los indicados puntos de consulta referentes a una eventual afectación a las competencias constitucionales de los órganos de este Poder.   

3.- Solicitamos se declare que las normas objeto de consulta podrían ser contrarias a las competencias exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia en materia de gobierno del Poder Judicial, en tutela de la independencia e imparcialidad de las personas servidoras judiciales, pudiendo ser el contenido y efectos de la normativa cuestionada incompatible con la independencia judicial».

SURCOS comparte el documento completo de la Consulta facultativa institucional de constitucionalidad sobre denominada Ley Marco de Empleo Público: