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Autor: María José Ferlini Cartín

La propuesta de reforma al régimen de pensiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

La Junta Directiva de la CCSS se apresta a discutir una serie de reformas al régimen de pensiones y jubilaciones. Ha dado dos meses para someter las propuestas a consideración de la ciudadanía. Es impostergable que los movimientos sociales y políticos se pronuncien públicamente sobre el alcance o impacto de esas reformas.

La misma Caja considera que el nuevo cálculo de la pensión que se propone (calcularla sobre los salarios de los últimos 25 años y no de 20 años como es actualmente) producirá una disminución del monto de la pensión hasta de un 12%. En otras palabras, por solo ese hecho, la pensión se reducirá y en especial a los trabajadores con los salarios menores. A estos golpeará aún más.

De los 1,2 millones de cotizantes el 40% de ellos (trabajadores y trabajadoras) lo hacen con un salario menor a ¢474.000, por lo que se considera que, con la propuesta de la Caja, los trabajadores con salarios más bajos recibirán una pensión por debajo de la pensión mínima que es de ¢136.875. Esto debe rechazarse radicalmente porque es condenar a la miseria a los futuros pensionados.

En estos momentos el 75% de los pensionados reciben una pensión menor a ¢276.000 al mes según la Caja, lo cual es por sí muy bajo, pero con las reformas propuestas harán más miserable la vida de. Los futuros pensionados.

Las mujeres trabajadoras también salen perjudicadas con las propuestas de la Caja, ya que equiparan la edad de jubilación de hombres y mujeres a los 65, lo cual significa un retroceso en los derechos femeninos, en el reconocimiento de las diferencias que existen en el trabajo femenino y masculino. Representa un grave retroceso en los derechos humanos de las mujeres, lo cual es inaceptable para los que somos partidarios de la progresividad de los derechos.

En general, las propuestas de la Caja están orientadas a aumentar la edad de retiro, aumentar el número de cotizaciones para calcular la pensión, eliminar derechos de las mujeres, reducir el porcentaje de la cuantía de lo que debe pagarse al jubilado de un 52% a un 43% del salario promedio, en general se propone reducir los derechos de jubilación de los trabajadores y trabajadoras, lo que vuelve la propuesta inaceptable y debe rechazarse por ser perjudicial para los asalariados.

Entonces, ¿cuál es la solución a los problemas de sostenibilidad financiera del régimen? Porque el IVM no puede continuar como está, ¿habrá otras propuestas distintas que pueda sugerir el movimiento social y la izquierda?

Los regímenes de pensiones en todo el mundo están sometidos a grandes retos y las soluciones de privatización, de capitalización o de un régimen NO solidario como el propuesto en Chile, han mostrado su rotundo fracaso. El sistema de pensiones basado en la solidaridad es una gran conquista del Estado de Bienestar Social, sea la participación conjunta de patronos, trabajadores y el Estado. En consecuencia, su financiación debe provenir de sus propios componentes. Pero como los patronos no aceptarían un aumento de la cotización más allá de la ya pactada para los próximos seis años y los trabajadores están cada vez más pauperizados, le corresponderá al Estado asumir la carga principal de la sostenibilidad de un régimen de pensiones universal y digno, lo cual significa pensiones que permitan a los jubilados una vida digna.

La solución parte de lo siguiente: un cronograma de pago del más del billón de colones que el Estado le debe al IVM.

Como a partir del 1 de enero de 2029, los patronos pagarán al IVM un 5.75%, los trabajadores un 4.50% y el Estado un 1.91%, la propuesta es que a partir del 2030 se aumente en un 1% la cotización del Estado solo al IVM, excluyendo a los otros regímenes de pensiones.  Estamos partiendo de que, en 3 años, según lo que nos han dicho las autoridades de Hacienda, las finanzas ya habrán recuperado su fortaleza, pudiendo asumir esta obligación.

Hay que tener en cuenta que el Estado de Bienestar es el principal responsable de mantener en el tiempo un justo sistema de pensiones de carácter universal. Además, es el que tiene los mecanismos para aumentar los ingresos.

De esta manera se le podrá dar sostenibilidad al IVM más allá del año 2050, que es lo que se propone con las reformas que impulsa la Caja.

Dos vacunas contra la pandemia neoliberal

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Quienes nacieron en Costa Rica, al final de los años ochenta del siglo pasado, se han encontrado a un país y una sociedad sumergida dentro del totalizador proyecto económico, político e ideológico neoliberal.

Han visto asimismo (y la mayoría lo ha padecido), el progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, que emergió en los inicios de la década de los años cuarenta del siglo XX.

Esta progresiva erosión, con acciones de distinto alcance e intensidad, la han protagonizado e impulsado las élites políticas, que han liderado a los partidos tradicionales como el PLN y el PUSC, y también del PAC. Este partido que hoy está en el gobierno, ha sido protagonista de un gran engaño porque nació con una prédica antineoliberal y terminó muy pronto, asumiendo esta doctrina hasta el tuétano. Mientras tanto los evangélicos, que han irrumpido más recientemente en el escenario político, también la han convertido en el objeto de sus principales decisiones y proyectos.

Pero quiero detenerme un momento para recordar lo que se define como neoliberalismo. Se trata de una teoría económica y política que se orienta a reducir al máximo la intervención del Estado y cuyos pilares fundamentales incluyen la privatización de las entidades públicas y la desregulación financiera. Asimismo, forma parte de esta doctrina la reducción de impuestos a las personas más ricas, con el supuesto propósito de impulsar el desarrollo de la iniciativa privada y las empresas para la contratación de más trabajadores, a partir de la llamada filtración descendente, conocida también como «teoría del derrame». Es decir, si los muy pocos “de arriba” crecen económicamente pronto beneficiarán a los muchos “de abajo”. Este derrame en los hechos realmente no se da por el afán concentrador de la riqueza, que pareciera que no tiene límite y que funciona como una especie de agujero negro que se traga todo.

El neoliberalismo emerge inicialmente como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social (el Estado benefactor). Para el neoliberalismo el Estado debe cumplir un papel muy limitado como organismo regente en la organización de la sociedad; lo que incluye un rol marginal en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos a la producción industrial, al comercio y las finanzas. Es igualmente partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos.

¿Se les parece al modelo que domina la escena política del país desde los años ochenta? Pues claro, eso es lo que ha guiado a los sucesivos gobiernos desde esa década hasta el duro presente pandémico y a las mayorías parlamentarias, que paso a paso, han ido desmontando el Estado Social de Derecho, que singularizó al país y que tanto nos costó construir. Empero hoy la embestida de una élite plutocrática, que evade, elude, que exige la rebaja de impuestos y que los «Papeles de Panamá» la desnudaron en su voracidad mezquina y egoísta, quiere borrar de la historia lo que queda del Estado Social de Derecho.

Representan menos del 1 % de la población del país pero concentran la riqueza que han acumulado, más que con esfuerzos productivos, con nefastas triquiñuelas para nunca cumplir con sus obligaciones tributarias.

Empero lo más grave del neoliberalismo es que también es una ideología que ha penetrado en el cuerpo socio-cultural, en el diario vivir de la gente, en su cotidianidad; incluso en su lenguaje. Erosiona la genuina solidaridad social al compás de un «sálvese quien pueda», profundamente individualista y diluyente del tejido social. Desde que aparece el neoliberalismo, disolviendo doctrinas como la socialdemocracia y el humanismo cristiano, va creciendo, empieza a ganar terreno en la comunicación, en los más influyentes medios informativos, en el intercambio cotidiano de las y los ciudadanos. Lo empieza a dominar todo como una mancha oscura que se expande como un cáncer.

Lo paradójico es que cuando una pandemia tan devastadora para el país, como la que se refleja en las cifras del contagio y de fallecimientos, y en la grave saturación de los hospitales, que exigiría la solidaridad de todos los sectores del país, de manera insensible y soberbia, la élite plutocrática que controla el país, ha pisado el acelerador en su afán de borrar del mapa el Estado Social de Derecho. Hacen caso omiso al hecho incontrovertible de que lo que realmente puede luchar con acierto ante esta pandemia y otras que –con certeza– vendrán en el futuro, es el esfuerzo mancomunado del Estado, desde lo público, con el involucramiento solidario de todos los sectores del país. Jamás la medicina privada habría podido enfrentar como lo hace la pública, desde la Caja y el Ministerio de Salud, la embestida de esta pandemia; aún con errores incluidos.

Y por lo que se observa en el gobierno actual, en la Asamblea Legislativa y en las candidaturas dominantes de los partidos tradicionales de cara a las elecciones del 2022, nadie quiere ponerle el cascabel al gato del neoliberalismo plutocrático; nadie ofrece propuestas con valentía y dignidad que contradigan el proyecto insolidario.

Son personas y partidos que no se percatan (o no quieren percatarse) de lo que está sucediendo en otros países del continente, en donde los serios cuestionamientos al neoliberalismo, se han convertido en una fuerza política que gana elecciones y orienta a gobiernos y parlamentos, y constituyentes (como en Chile).

Tampoco quieren percatarse de que sólo 13 % de los costarricenses, mantienen algún vínculo con algún partido político mientras el 87 % no lo tienen, según se desprende del reciente estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). No leen que la apatía, el rechazo, el hastío, la decepción y la ira, se están acumulando en una caldera de descontento social, que tarde o temprano, puede estallar.

Todavía están a tiempo de rectificar pero es muy probable que no lo hagan. Mientras tanto yo, como un número creciente de grupos y ciudadanos, trabajamos en un camino de participación política real y concreto, al tenor de lo que fija el artículo 9 de la Constitución, para que una Democracia viva, pueda emerger rompiendo las redes de una doctrina que es buena para el 1 % de la población y que la estamos sufriendo, de distinta forma y alcance, los demás costarricenses.

¿Adivinaron cuáles son esas vacunas para revertir esta doctrina y sus dañinas consecuencias para las mayorías, para nuestro sufrido pueblo? Pues, ni más ni menos, que la participación política y la solidaridad social son la cruz y la estaca con el que hay ponerle fin al vampiro del neoliberal.

(23 de mayo, 2021)

Foro de Justicia se pronuncia ante visita (virtual) del relator especial de la ONU sobre “independencia de magistrados y abogados a la Corte Suprema de Justicia”

Escrito en . Publicado en Derechos.

PRONUNCIAMIENTO DEL FORO DE JUSTICIA ANTE LA VISITA (VIRTUAL) DEL RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE MAGISTRADOS Y ABOGADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA

TENIENDO EN CUENTA QUE:

I.- Costa Rica, como signatario original de la Carta de las Naciones Unidas forma parte del sistema de Naciones Unidas el cual, para el cumplimiento de sus objetivos de defensa de las garantías democráticas, posee una amplia cantidad de órganos de verificación, entre los que se encuentra la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados (sic), creada desde el año 1994, cuyo mandato, según resolución 26/7 del 10 de julio de 2014, se origina en la convicción de que “la independencia e imparcialidad del poder judicial, la independencia de los profesionales del derecho, la objetividad e imparcialidad de fiscales capaces de desempeñar debidamente su cometido y la integridad del sistema judicial son requisitos esenciales para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la aplicación de la legislación propia de un estado de derecho, y para asegurar que los juicios sean imparciales y se celebren al margen de cualquier discriminación”. En dicho cargo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designó, desde 2017, a quien fuera juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos períodos consecutivos (2008-2013) el Dr. Diego García-Sayán.

II.- La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial de los magistrados y abogados, mediante nota diplomática remitió a Costa Rica la OL CRI 3/2019 de fecha 12 de julio de 2019 en la cual, entre otras cosas, estipuló la necesidad de “Adoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de las altas magistraturas esté basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes y que tengan por objetivo asegurar la integridad, idoneidad y la formación o calificación idónea de las personas seleccionadas. Dicho proceso ha de adecuarse a los estándares y principios internacionales de la independencia judicial.”

III.- La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial de los magistrados y abogados, mediante la OL CRI 3/2020 de fecha 27 de octubre de 2020 recomendó a Costa Rica lo siguiente: “2. Que se impulsen los esfuerzos necesarios para cesar las amenazas a la independencia judicial causadas por intromisión en la autogestión del poder judicial, la regresividad de derechos sociales y económicos y que se adopten las medidas de derecho interno que sean necesarias para dejar sin efecto, y haciendo cesar, los actos causantes de las violaciones a la independencia judicial aquí establecidas. 3. Exhortar al Estado de Costa Rica a adecuar su legislación a los principios y garantías de la independencia judicial consagrados internacionalmente y resolver lo antes posible las acciones constitucionales que ponen en entredicho ciertas leyes”.

IV.- Que en fecha 24 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención a Costa Rica sobre el tema de independencia judicial interna por procesos disciplinarios seguidos en la Corte Suprema de Justicia a un juez por aplicar criterios de convencionalidad e insto a que “asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que la toma de decisiones judiciales esté libre de todo tipo presiones e injerencias”.

V.- Que los estándares internacionales relacionados con la elección de magistraturas se derivan de las obligaciones internacionales del Estado costarricense y se encuentran desarrollados ampliamente en diversos documentos como los siguientes: Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre garantías para la independencia judicial; Informe del ex Relator Especial de la ONU Leandro Despouy sobre garantías internas y externas a la independencia judicial; Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura ONU; y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre las que destacan los casos Reverón Trujillo Vs. Venezuela y Quintana Coello vs. Ecuador.

VI.- Que existe una “invitación abierta a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas”, según fue indicado mediante nota DM-1830-2019 por la ministra a.i. de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Lorena Aguilar Revelo, y que, específicamente, mediante oficio DGPE-838-2019 del 29 de agosto de 2019 la señora Adriana Bolaños Argueta, Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, realizó una invitación formal al señor Diego García Sayán Larrabure, Relator Especial para la independencia judicial de las Naciones Unidas.

VII.- Que la intervención —anunciada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) — del Dr. Diego García-Sayán en la sesión de la Corte Suprema de Justicia el 24 de mayo de 2021, ocurre en su condición de experto independiente y Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, lo cual es parte de su mandato.

VIII.- Que en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de fecha 23 de julio de 2020, este órgano intergubernamental instó “a todos los Gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el desempeño de su cometido, a facilitarle toda la información necesaria que solicite, a responder sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les haga llegar, y a considerar la posibilidad de acceder a sus solicitudes para visitar sus países y de poner en práctica sus recomendaciones”.

IX.- Que la crisis institucional del Poder Judicial costarricense de 2018, generó una pérdida de legitimidad de la ciudadanía costarricense en el Poder Judicial y evidenció la necesidad de reformas profundas, que a la fecha no se han producido por falta de voluntad política de los diferentes sectores involucrados, lo que implica un debilitamiento de la institucionalidad del país.

X.- Que los diferentes informes y visitas de los distintos mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas son un medio para fortalecer el cumplimiento de los Derechos Humanos y consolidar el respeto al Estado Constitucional y Democrático de Derecho, siendo que Costa Rica se ha destacado por ser un país respetuoso del Derecho Internacional Público y aliado de los órganos internacionales.

INSTA RESPETUOSAMENTE:

1.- A los señores magistrados y magistradas del Poder Judicial costarricense a que, siguiendo las mejores tradiciones cívicas y democráticas que les han precedido, escuchen el mensaje del experto independiente de las Naciones Unidas y, en el marco de sus competencias, avancen las reformas necesarias para ajustar la situación nacional a los estándares internacionales.

2.- A la ciudadanía, sociedad civil y prensa nacional e internacional a que, den seguimiento a las reformas pendientes que tienen como objetivo fortalecer la independencia judicial, algunas de las cuales se encuentran a la espera de aprobación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

3.- A la Asamblea Legislativa de Costa Rica a que se inviten a las diferentes oficinas especializadas de las Naciones Unidas para que coadyuven en el diseño de las reformas necesarias adecuadas a la tradición de civilidad y juridicidad del país, a fin de que se asegure la independencia interna y externa de cada juez o jueza de la República, y se garantice la vigencia de los derechos humanos de toda la población.

4.- A la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de los Magistrados y Abogados, y a la OACNUDH, a que, en el marco de sus competencias, contribuyan con el fortalecimiento de la independencia judicial en Costa Rica.

5.- Invitamos a toda la ciudadanía a seguir con atención la sesión de la Corte Suprema de Justicia del lunes 24 de mayo de 2021 a las 09:00, a través del enlace https://livestream.com/poderjudicial-costarica.

El Foro de Justicia es un espacio de diálogo, sin fines de lucro, compuesto por organizaciones de distintas orientaciones y disciplinas cuyo objetivo consiste en proponer reformas para lograr una justicia independiente, pronta, cumplida e igual para todas las personas. El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Americana de Juristas rama Costa Rica, la Asociación Costa Rica integra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad De La Salle, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y por personas expertas independientes. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a los correos: mesoamerica@cejil.org; forodejusticiacr@gmail.com.

Walter Antillón Montealegre

Asociación Americana De Juristas – Rama Costa Rica

 Adriana Orocú Chavarría

Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD)

 Lorena González Pinto

Cátedra Unesco de Derechos Humanos Universidad De La Salle
Evelyn Villarreal Fernández

Programa Estado de la Nación-PEN CONARE

 Claudia Paz y Paz Bailey

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

 Alfredo Chirino Sánchez

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (FD-UCR)
Rosaura Chinchilla Calderón

Integrante independiente

 Marcia Aguiluz Soto

Integrante independiente

 Fraya Corrales Gómez

Asociación CR Íntegra (CRI)
Luis Antonio González Jiménez, Integrante independiente

Territorios Seguros entrega propuesta sobre IVM

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

SURCOS recibió de Carlos Campos Rojas, coordinador nacional de Territorios Seguros la siguiente carta dirigida a la junta directiva de la CCSS en la cual se indica lo siguiente:

Estimadas señoras y señores:

El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros ha venido participando en la iniciativa que hoy se conoce como “Encuentro de Voluntades Mario Devandas”, desde que ésta iniciara, con el fin de conocer y estudiar un tema tan sensible para todas las personas y familias costarricenses como lo es la situación financiera y actuarial del régimen del IVM.

Lo hicimos con la firme voluntad y compromiso de coadyuvar en formular líneas de reflexión y propuestas concretas que contribuyan a tomar las mejores decisiones en esta materia de las pensiones.

Por tal motivo, les hacemos llegar nuestras reflexiones y propuestas acerca de la reforma que hay que hacer en esta materia y en la que ya, esa Junta Directiva desde el pasado 11 de mayo ha empezado a dar forma con diversos posibles ajustes al reglamento que regula el IVM.

Sobre el camino que hemos seguido para empaparnos y comprender el tema

Sabemos en otros momentos hubo distintas iniciativas, como las Mesas de Diálogo para las reformas de 2005 y 2017, en las que representantes de los sindicatos, cooperativas, solidaristas y otros sectores como las cámaras empresariales tomaron

parte activa en la elaboración de propuestas, algunas de las cuales fueron tomadas en cuenta para las reformas reglamentarias del caso.

En ese sentido resaltamos que la nueva iniciativa que arrancó en setiembre de 2020, tuvo por primera vez la participación de un movimiento ciudadano que busca hacer realidad el mandato de que el pueblo debe intervenir en el ejercicio de un buen gobierno –Art. 9 Constitucional– y que las personas ciudadanas deben ser protagonistas en la toma de decisiones, en el control de las autoridades pública y en el establecimiento de una cultura de rendición de cuentas –Art. 11 Constitucional– en pos no de un bien individual o gremial, sino del bien común, en el mayor bienestar y el más adecuado reparto de la riqueza –Art. 50 Constitucional-, el fortalecimiento de los seguros sociales y el derecho a la jubilación –Art.73 Constitucional, Arts. 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos– así como a las derivaciones del principio cristiano la justicia social –Art.74 Constitucional– y los principios rectores de la seguridad social.

La ciudadanía debe asumir una posición responsable, crítica y sobre todo propositiva en todos los asuntos de la esfera pública, para lo cual es necesario prepararse y estudiar con detenimiento los temas. Eso hicimos con el Estudio de Valuación Actuarial N° 029-2019 con datos al 31 de diciembre de 2018, con otros antecedentes de propuestas anteriores y con documentos tanto de MIDEPLAN (Costa Rica: Estado de las pensiones, 2016) del Ministerio de Hacienda (Informe de riesgos fiscales: sistema de pensiones, enero 2020) o del estudio de la Academia de Centroamérica (El sistema de pensiones de Costa Rica y sus desafíos, setiembre 2019), entre otros documentos consultados.

Para diciembre de 2020 vimos que nos faltaba información para poder dirigirnos a esa Junta Directiva con un documento serio, y por eso acudimos al Gerente de Pensiones, mediante el oficio TS-C-002-2001 de 8 de enero de 2021, quien ocupó mucho tiempo para atender 15 preguntas con información clave que gestionamos y ante esa situación, no nos quedó más que emitir el oficio TS-C-005-2021 del 27 de

Invitamos a descargar el documento completo:

TS-C-020-21-CARTA-A-JUNTA-DIRECTIVA-DE-CCSS-SOBRE-IVMDescarga

 

Compartido por Carlos Campos Rojas.

Soberanía energética

Escrito en . Publicado en Derechos.

Información de FECON

Membresía de FECON, Organizaciones Sociales Amigas, profesionales y personas aliadas al ecologismo:

La Federación Ecologista y COECO-Ceiba organizan una serie de diálogos virtuales para analizar y construir colectivamente propuestas de acción ante diferentes problemas actuales.

Estas sesiones se llevarán a cabo quincenalmente entre mayo y agosto de 2021. En nuestro primer Encuentro abordaremos el desafío de la Soberanía Energética ¡Les invitamos cordialmente a participar!

Se contará con la participación de Mariana Porras, COECO-Ceiba; Osvaldo Durán-Castro, PROAL; Raquel Bolaños, Ríos Vivos.

Tema: Diálogos virtuales ecologistas
Día: 25 may. 2021
Hora: 04:30 p. m. Costa Rica
Se puede unir a la reunión Zoom mediante el siguiente enlace: https://zoom.us/j/93262229330
ID de reunión: 932 6222 9330
Para más información al número 8420-9643

Pensiones, CCSS, Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

El señor Juan Carlos Duran Castro realizo un documento y un vídeo en donde se refiere a temas concernientes a las pensiones IVM, indica que el régimen de IVM requiere una reforma urgente desde la perspectiva de su sostenibilidad en el tiempo.

También menciona que los aportes y los intereses de la reserva serán insuficientes para hacer frente a los pagos de pensiones ya que de acuerdo a datos de la Caja del 2030 al 2037 se consumirá la totalidad de las reservas.

La reforma al IVM realizadas en los últimos 25 años, deteriora el plan de beneficios de los asegurados lo cual empobrece a la mayoría que reciben montos menores a 275 mil colones. Es decir, deben vivir con $ 446.48 al mes

Se sabe que es un gran reto el afrontar esta situación, el señor Juan Carlos indica que se debe superar el mundo de las reformas sustentadas en variables de cotizaciones, beneficios y edad, eso resulta insuficiente. Las reformas que deben consensuarse deben ser integrales y la apuesta sindical y social debe estar enfocada en romper mitos y paradigmas de todo tipo (tomar riesgos), que realmente acerquen a estos movimientos a la gente desarrollando una tarea educativa emancipadora de base que aspire a mejorar la condición de los futuros pensionados, sobre todo ese 73.74% que recibe menos del salario mínimo.

La deuda al día de hoy del gobierno con el IVM asciende a la suma de 400 mil millones de colones por atrasos en sus obligaciones con el 0.66% de ajuste a la cuota de la base mínima contributiva (BMC), y de cuotas como estado para este mismo grupo de trabajadores (Fuente: CCSS). La Junta Directiva, debe demandar al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones con el IVM, para garantizar los flujos de efectivo para el pago de las pensiones en curso de pago. Esta es una primera medida urgente que impactará positivamente la situación del régimen

En el documento, indica que el reto país de generar recursos frescos para sostenibilidad del IVM una vejez digna en donde se indican algunos puntos:

  • Soluciones para descartar privatización
  • Traslado permanente o temporal urgente de recursos del segundo pilar al IVM Reforma ley 7983
  • Pensión consumo
  • Gobierno pague deuda con títulos de deuda interna. BCCR compraría a la CCSS en mercado secundario (en estudio)
  • Impuesto al consumo de datos. Traslado o concesión de pago de peajes
  • Obra pública. Titularización de riquezas minerales nacionales
  • Comisión de expertos. Sociedad civil CCSS. Asamblea Legislativa actual debe dar prioridad a proyectos de ley

Para ampliar el tema puede descargar el pdf adjunto y ver el siguiente vídeo:

IVM-PP-Datos-2021-JCDCDescarga

Enviado por Juan Carlos Duran Castro.

Panel: Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en conjunto con la Escuela de Nutrición realizó el panel: Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en Costa Rica.

La actividad se efectuó en el marco de la Semana Nacional de la Nutrición y el Día del Agricultor el pasado 12 de mayo.

El espacio contó con la participación de:

Tanya García Fonseca, investigadora CICDE-UNED.

Álida Sigüenza Quintanilla, agricultora y dirigente de organizaciones de productores (as)en Costa Rica.

Carlos Hernández, Miembro fundador de la Red Economía Social Solidaria, Redes y miembro de su Comisión Dinamizadora.

Y fue moderado por: Marianela Zúñiga Escobar, coordinadora Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR.

Para ver el panel puede acceder a aquí

 

Información compartida con SURCOS por Carlos Hernández Porras.

Feria de la salud

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

MUSADE celebra el 28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer con una Feria de la Salud del 24 al 29 de mayo del 2021, en la feria se cuenta con diversas actividades, en las mañanas se pueden encontrar actividades físicas y en las tardes se cuentan con charlas educativas.

Para más información a los contactos:

2445-4885
musade1986@gmail.com
www.musade.org

¡La hora de Colombia!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Hermanas y hermanos de todos los países y pueblos del mundo:

Nos emocionan los gritos fatales de nuestros hermanos que a diario caen desde el 28A con la palabra dignidad resonando entre sus bocas;

Nos conmueven las torrenciales voces de coraje de mujeres y hombres que se expresan en medio de las balas asesinas de policías, militares y paramilitares inicuo régimen colombiano. Nos inspiran las miradas limpias de los jóvenes que han tomado la llama de la transformación entre sus brazos.

Pero esta no es una lucha nueva. Es la misma, remozada, de las abuelas y los bisabuelos indígenas, campesinos, mestizos y africanos, visibilizada en tiempo real por las redes sociales.

Según cifras del Departamento Nacional de Estadística en Colombia existen 7,47 millones de personas en pobreza extrema, que sobreviven con 1,29 dólares al día; 21 millones viven por debajo de la línea de pobreza con un ingreso menor a 3.2 dólares diarios per cápita, con lo que no pueden consumir las calorías requeridas para buenas condiciones de salud.

Pero hay más factores que han propiciado y sostenido el estallido social: racismo, el colonialismo y el patriarcado, que a la fecha lleva un saldo de 51 asesinatos de jóvenes por la fuerza púbica al 9 de mayo de 2021 en Colombia, a 13 días de iniciado el Paro Nacional el 28A de 2021; 35 asesinatos de ellos acaecidos en Cali;

Además cerca de 600 desparecidos en el país, 120 ocurridos en Cali. En este breve contexto nace la Unión de Resistencias Cali (URC) -Primera Línea Somos Todos- como proceso de articulación asamblearia de puntos de resistencia pacífica en la primera ciudad del suroccidente de Colombia que cuenta con 2,7 millones de habitantes.

En las conversaciones exploratorias iniciadas el sábado 22 de mayo con el gobierno local, regional y nacional, los jóvenes entregaron un pliego Humanitario mínimo, que les garantice su vida y su libertad como requisito para instalar una Mesa de Diálogo y Concertación.

Si bien existe acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Ddhh de Onu y la Mapp OEA, su rol se reduce a la observación. Por lo que el rol que puede jugar la comunidad internacional a través de sus legaciones diplomáticas acreditadas en Colombia, así como las organizaciones a las que va dirigida esta nota, sería brindar legitimidad política y acompañamiento físico y material a los manifestantes en los puntos de resistencia de la ciudad con el fin de que se les garantice la vida y el dialogo en el marco de movilizaciones pacíficas.

Así mismo, la presencia de las embajadas de sus respectivos países en los puntos de resistencia daría pie para que escuchen no el estruendo de refriegas, sino las razones y las justas reclamaciones condensadas en unas aspiraciones validas y necesarias en el marco de la democracia y el Estado Social de Derecho. Esperamos que esta nota sea el punto de partida de un acercamiento con los jóvenes de la URC y la comunidad internacional para conocer su proceso y sus aspiraciones. Cordialmente,

ALEXANDER MONTAÑA NARVAEZ
Equipo Jurídico y Humanitario 21N
Teléfono 3186235540
Asesor de la URC alexandermontana@hotmail.com
Email URC: unionderesistenciascali.urc@gmail.com

Recupera tu salud – Nuevo canal de YouTube “La Sanadora”

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Elisel Guzmán, especialista en medicina natural

Elisel crea un canal de YouTube en done compartirá lo que ha aprendido en investigaciones sobre como recuperar y mantener un estado óptimo de energía y bienestar. Ella brinda información para lograr alcanzar el pleno potencial de creatividad productividad y propósito personal. En el canal se darán consejos para saber usar la salud natural, las terapias, los suplementos, las propiedades curativas de las plantas y otras sustancias para su mejor provecho.