Autor: María José Ferlini Cartín

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se flexibilizaron las medidas para evitar los contagios del Covid 19 en Semana Santa, sin establecer los controles adecuados. Se pretendía un objetivo loable como era reactivar el turismo pero, debido al exceso de permisividad, lo que se reactivaron fueron los contagios que hoy tienen al sistema hospitalario colapsado, una tendencia creciente de contagios en la población joven y un país con una imagen que no favorece el turismo extranjero.

Y ahora, como quien no quiere aprender de sus errores, el gobierno insiste en mantener las clases presenciales aduciendo que los datos no confirman que los centros escolares sean focos fundamentales de contagio.

La misma lógica podría haber inducido a la apertura descontrolada para incentivar la actividad turística, toda vez que los hoteles y en general los negocios dedicados a esta actividad, al cumplir rigurosamente con las medidas higiénicas y de aforo, no constituían focos de contagio.

Sin embargo, esa lógica incurre en el error de considerar que se trata simplemente de garantizar el cumplimiento riguroso de medidas en los lugares de destino, sean hoteles o escuelas y colegios, sin considerar que con una flexibilización descontrolada se crean condiciones que favorecen la ampliación e intensificación de los contactos interpersonales e intergrupales, principales fuentes de proliferación del virus.

En ambos casos, la falta de aplicar medidas más rigurosas de control induce a transgredir las normas y hábitos recomendados: distanciamiento, uso de mascarilla y no romper las burbujas. Debido al enclaustramiento por tiempos prolongados, al relajar medidas, en un país donde se combina la “cultura del guaro” con la del “me importa a mí”, no se puede esperar sino un ambiente de fiesta y jolgorio, que sí son focos de contagio.

Estamos ante el fenómeno que el sociólogo Tomás Merton calificaba como las consecuencias no intencionadas o no previstas de la acción social, es decir aquellas situaciones que no son inducidas de manera intencional, pero que se dan, algunas veces sorpresivamente. Y en las condiciones actuales, se trata de consecuencias indeseables que tienen un efecto sanitaria y socialmente lesivo.

Así las cosas, no se trata de justificar con datos que la presencialidad en el aula no es la causa fundamental de contagios, sino de valorar en su justa proporción esos comportamientos indeseables que se desatan, contribuyendo a intensificar los contagios. Además, no sólo estamos ante un problema cultural del comportamiento anómalo de los estudiantes sino también limitaciones importantes de la infraestructura escolar y colegial y falta de suficientes recursos y personal preparado para garantizar mejores condiciones higiénicas, así como para la supervisión de la población estudiantil. También, se requiere personal en salud ocupacional que garantice las mejores condiciones de trabajo saludable para el personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Todo ello implica prestar atención a una mayor y mejor inversión en educación, siendo que es el factor decisivo para el desarrollo y bienestar del país.

En este aspecto, cabe señalar la falta de inversión por parte del Estado en las actuales condiciones de crisis económica y social provocada por la pandemia. Como se ha informado, el país está en último lugar, en este tipo de inversión, entre los países miembros de la OCDE.

Para encarar la crítica situación que enfrentamos se requieren medidas extraordinarias como las que se dan en un estado de guerra o posguerra. Es razonable y debería acogerse sugerencias como las formuladas por los investigadores y profesores de la Universidad Estatal a Distancia, por ejemplo, entre otras, aplicar una deducción a todos los salarios del sector público y privado a partir del monto que devenga un catedrático universitario. También a las grandes empresas, instituciones financieras y grandes patrimonios. Quizá, un impuesto similar al 10% que decretó la Junta de Gobierno de posguerra civil para atender a la reconstrucción social y económica del país. El Estado debe garantizar el bien común, y la Constitución lo faculta para tomar esas y otras medidas.

El gobierno también debe acoger, sin dilación, la iniciativa privada de contribuir a acelerar el proceso de vacunación aportando recursos humanos y de infraestructura y ofreciendo las vacunas a precio de costo. Es un gesto solidario en tiempos donde es antiético utilizar la pandemia para obtener dividendos políticos o económicos. No hay que escatimar esfuerzos y recursos para vacunar cuanto antes a toda la población. El dinero no debe ser la excusa, y hay que recurrir a vacunas disponibles más allá de las farmacéuticas que han sido contratadas.

La apuesta por el préstamo del FMI, como el milagro que va a salvar al país, tiene paralizado al gobierno para tomar acciones y medidas urgentes, como las mencionadas. Llegó la hora de que nos despertemos y comprometamos solidariamente para reactivar social y económicamente al país.

Por otra parte, aunque pudiéramos estar a las puertas de ver la “luz al final del túnel”, en estos momentos la oscuridad avasalla, y el gobierno no debería seguir sembrando vientos para recoger tempestades. Los datos son útiles, cuando su interpretación no es mecánica, como si se bastaran a sí mismos. Hay que ver más allá del dato: la realidad.

Foto: SINART.