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Autor: María José Ferlini Cartín

Se solicita apoyo para suscribir una declaración en la que se denunciará muertes causadas por las fuerzas de seguridad en Colombia

Se solicita apoyo y la solidaridad de un amplio número de organizaciones de derechos humanos para suscribir una declaración en la que se denunciará el preocupante número de muertes causadas por el actuar de las fuerzas de seguridad y de civiles armados en el transcurso de los 2 meses de protestas en Colombia, número que no cesa de crecer de forma alarmante.

Pueden leer la declaración en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhHHtx9VJQJzmYzYvtvaGi2CjI4ik0G8pH6Jb2bRUqz2IPCg/viewform?usp=sf_link

La declaración ha sido preparada por un grupo de organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre/en América Latina basadas en Ginebra con insumos de las organizaciones colombianas, con el objetivo de hacer un llamado urgente a la intervención del Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitraria y del Consejo de Derechos Humanos.

La declaración será leída el miércoles 30 de junio en la sesión con el mencionado Relator.

Para sumarse, les pedimos llenar el formulario que se incluye en el mismo enlace mencionado. Su organización será incluida en la lista de organizaciones firmantes que se anexará a la declaración y se publicará en la página web de las organizaciones promotoras.

La fecha límite es el 30 DE JUNIO a las 12:00 pm (mediodía) en Ginebra.

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Cuba: preguntas del auditorio y repuestas de su señor embajador

El pasado viernes 25 de junio, en el Programa Radial Alternativas se conversó sobre: Cuba: preguntas del auditorio y repuestas de su señor embajador. Se contó con la participación de:

  • Jorge Rodríguez Hernández, Embajador de la República de Cuba
  • Maday Traba, segunda secretaria de la Embajada de la República de Cuba

En este espacio se conversó sobre la situación, económica, política y social de la República Cubana; primeramente, se contextualiza sobre la historia y contexto de la economía de este país. Por otra parte, Rodríguez analizó el proceso revolucionario que se gestó en Cuba y las implicaciones de este en la actualidad.

Asimismo, se expone sobre las medidas que el gobierno cubano tomó para enfrentar la pandemia del COVID 19, y el sobre el estado actual del proceso de inmunización.

Se le invita a ampliar la discusión y conocer más sobre este tema, se adjunta el link del programa https://fb.watch/6macm7AN0c/

Control riguroso y justo uso del Agua – piden hidrómetros para Cooperativa Dos Pinos, Coca Cola, Florida, Cervecería C.R., Intel, otros

Desde el pasado 28 de enero del 2021, la Asociación Conservacionista YISKI y la Asociación CONCEVERDE enviaron una petitoria con carácter de urgencia al Lic. Tomás Martínez, Presidente del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA); a la Licda. Andrea Meza Ministra del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); a la Licda. Haydeé Rodríguez, Viceministra de Agua y Mares; a la Licda. Karla Espinoza.

En dicha petitoria se solicita se intervenga para que las empresas mencionadas paguen de manera justa por el uso del agua, asimismo, se señala la necesidad de un control riguroso y justo de este recurso. A continuación, se muestra la petitoria mencionada:

“Control riguroso y justo uso del Agua. Hidrómetros para Cooperativa Dos Pinos, Coca Cola, Florida, Cervecería C.R., Intel, otros.

En vista de que el Estado costarricense está prácticamente en quiebra y que se negocia la imposición de nuevos impuestos a la clase trabajadora con el FMI, sería justo y necesario que en esta época de crisis a las empresas que lucran con el sagrado y demanial recurso hídrico, se les coloque, lo antes posible, hidrómetros para que justamente paguen por el beneficio del uso del agua de gran calidad que en inmensas cantidades han aprovechado por muchos años. Aprovechamiento sin control, gracias a la incompetencia de la Dirección de Aguas del MINAE, incapaz de regular y fiscalizar los caudales que están sustentando sus actividades comerciales.

Debido a ese «a la libre» uso, más allá del problema económico, subyace también una posible sobreexplotación de acuíferos y con sus repercusiones a corto, mediano y largo plazo.

Y si además enfrentamos desafortunadamente el desdén y oposición de la Cámara de la Construcción, a la gestión de la Primera Dama Dobles, el Presidente Alvarado, la Dirección de Aguas del MINAE, vemos cómo se actúa concertadamente en contra de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos del SENARA y su Guía Metodológica, según publicación en La Gaceta No.193 del 12 octubre, 2017-. Matriz que debemos de recuperar lo antes posible, para ejercer debidamente la protección de nuestras invaluables aguas subterráneas. Ello para sumarlo al éxito obtenido con el envío al archivo del ambicioso y falto de visión proyecto de ley No. 20.212 (nueva Ley de Aguas) del Banco Mundial, su agencia privatizadora la GWP, las transnacionales comercializadoras del agua como bien económico, del agua, que contaba con la complacencia y apoyo de la exjerarca del AyA, Yamileth Astorga y ONG’s que se dicen ambientalistas.

No es de recibo jamás, que se diga desde la Dirección de Agua del MINAE, que los hidrómetros no se instalan porque resultan muy caros… Podría ser así, pero tiene más valor el agua que el Estado está dejando correr sin beneficio alguno para los costarricenses. Y es que tampoco se ha de dejar de valorar el impacto (hasta ahora desconocido) sobre los acuíferos, y el valor del agua que luego se comercializa como refrescos gaseosos, cervezas, aguas saborizadas, etcétera, que se venden a precios generalmente muy onerosos. En fin, es urgente hacer el esfuerzo por poner en funcionamiento los hidrómetros, como los que tenemos el resto de la población.

Además, como ustedes conocen, las diversas empresas, gracias a viejas concesiones, casi no pagan por el agua que sustentan sus negocios pues alegan derechos adquiridos e irretroactividad de las leyes, para no someterse a relaciones más justas. Si es así, ¿por qué no acudir a los tribunales de justicia a dirimir esas situaciones? Eventuales resoluciones a favor del Estado podrían favorecer a las Áreas Silvestres Protegidas, comunidades, ONG que luchan por la protección de las fuentes de agua, etcétera, que no gozan de ningún beneficio por sus esfuerzos de protección de las aguas que nutren los acuíferos del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. Ya que ante la situación de la pandemia se acude a nuevos impuestos y congelamiento de salarios, éste podría ser el momento de propiciar un proyecto como el que estamos proponiendo.

PETITORIA URGENTE.

No nos podemos dar el lujo de continuar impactando acuíferos, contaminando (caso piñeras, etc.) y regalando el agua, por lo que solicitamos muy respetuosamente, se inicie, el proceso para la instalación de los hidrómetros, lo antes posible, en todas las empresas gaseosas, envasadoras de agua, bebidas alcohólicas, refrescos, etc., así como por el uso agroindustrial, industria tecnológica, etc., pues no sería equitativo que el resto de la población sí tengamos que pagar por el agua que consumimos, mientras esas empresas de la élite que gozan siempre de beneficios, no lo hagan. Situación que podría ser incluso inconstitucional, pues no estamos siendo tratadas-os en forma justa, equitativa, igual.”

A pesar de esto, aún no se ha obtenido alguna respuesta positiva al respecto, ante esto se menciona como en el caso del AyA parece que hicieron caso omiso al despacho del señor Presidente Alvarado. Tampoco ha respondido la señora Ministra Andrea Meza y parece que el Art. 11y 194 (sobre el Juramento Constitucional) de la Constitución Política de Costa Rica no lo conocen todavía.

«Artículo 11: Los (y las) funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública…»

Condenamos los asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México

SURCOS comparte la siguiente información:

Personas y organizaciones de la sociedad civil condenamos los asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México

  • En el mes de junio, al menos dos personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas fueron asesinados en México. Ante este contexto de violencia, es necesario impulsar una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares de la violencia, y exigimos de las autoridades de gobierno garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión.

Junio, 28, 2021, México. Las personas y organizaciones firmantes nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, y condenamos los asesinatos, ataques y amenazas sistemáticas en contra de personas defensoras de derechos humanos, en especial quienes defienden la tierra y el territorio, y contra periodistas y medios independientes en el país.

Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido y de Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en Estado de México y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; reflejan los riesgos a los que están expuestos en México quienes defienden derechos humanos y la libertad de expresión. Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas.

La falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas; falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario; y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales, son algunas de las falencias identificadas que han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor.

Frente a la continuación de violencia, ataques físicos y homicidios cometidos contra personas defensoras y periodistas, que han evidenciado la profundización de la crisis y violencia en materia de derechos humanos en el actual contexto de COVID-19 y post-electoral, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales y entes autónomos implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones.

Recomendamos la generación de mesas de trabajo con participación de autoridades con facultades para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño, así como de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que permita reactivar el diálogo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos presentado en Diciembre de 2020.

Exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra  la Libertad de Expresión (FEADLE), a combatir la impunidad investigando diligentemente los asesinatos cometidos contra personas defensoras y periodistas. Urge que se lleven a cabo las investigaciones conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y con base a buenas prácticas en materia de delitos cometidos en contra de personas defensoras, que partan de la hipótesis de su labor de defensa e información.

También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En tanto el Mecanismo siga siendo la única respuesta del Estado Mexicano, es conditio sine qua non fortalecerlo.

Por último, solicitamos a las Relatorías de libertad de expresión y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Vaca, Irene Khan,Mary Lawlor y Joel Hernández Garcia, continuar la observancia sobre la situación en México, y les exhortamos respetuosamente a pronunciarse respecto a la situación de violencia y la necesidad de políticas eficaces para garantizar el derecho a defender y de ejercicio de libertad de expresión.

Para contacto de medios:

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas

contacto@espacio.osc.mx

@EspacioOSC

Personas firmantes

Ángeles Hernández Alvarado, Alejandro Castro, Araceli Osorio Martínez, Témoris Grecko, Amarela Varela Huerta, Profesora investigadora UACM, Elsa Ángeles Vera, Adriana Mújica M, Manuel Alejandro Castro Flores, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Arely Orozco Rolón, Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez, Estrella Pedroza, Juan Castro Gessner, Elia Regina Basurto Ríos, Concepción Peralta Silverio, Nantzin Saldaña Escobar, Raquel Cervantes Alday, Vania Pigeonutt, Ma de Jesús Alvarado Balleza, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Red Nacional de Peritos y Expertos independientes contra la Tortura, Edith Escareño Granados, Dolores Soto, Rossana Ramírez Dagio, Yaredh Marín Vázquez, Gloria Careaga Pérez, Gloria Guadalupe Flores Ruiz, Rosa Isela, Dolores Soto, Camelia Muñoz Alvarado.

Organizaciones de derechos humanos y redes de la sociedad civil

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Amnistía Internacional México, Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cimige, A.C, Centro Universitario Comunal «ity Ndyaa Ndoo», Colectiva Sobrevivientes de feminicidio en México, Red de Trabajadoras de la Educación SNTE, Ojos de Perro vs la Impunidad A.C, Campo, A.C, La Tribuna de Toluca,  Voces Irritilas, A.C, La Talacha Noreste, periódico digital, El Aguijón Medios,, El Aguijón Medios, The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público, Colectivo Ambiental Guanajuato,, Red Nacional Género y Economía, Espacio libre independiente Marabunta A.C, Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, Las Vanders, Organización Familia Pasta de Conchos, 4pnoticias, Observatorio de Designaciones Públicas, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Members of the press hold images of colleagues during a protest against the murder or disappearance of more than 140 journalists and photojournalists in Mexico since 2000, in front of the National Palace in Mexico City on June 1, 2018. – Racked by violent crime linked to the multibillion-dollar narcotics trade, Mexico posted a record number of homicides last year: 25,339. That included at least 11 murdered journalists, making the country the deadliest in the world for the profession after Syria, according to Reporters Without Borders. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP). Fotografía tomada del sitio web de CEJIL.

 

Fotografía tomada del sitio web de CEJIL.

Las lecciones de Crucitas y los nuevos intentos por la minería a cielo abierto

SURCOS comparte la siguiente información:

El lunes 28 de junio se llevó a cabo la emisión radial sobre “Las lecciones de Crucitas y los nuevos intentos por la minería a cielo abierto”. Se contó con la participación de:

  • Álvaro Sagot Rodríguez
  • Nicolás Boeling Naumovic

El programa fue conducido por:

  • Giselle Boza Solano
  • Rosaura Chinchilla Calderón

El programa se sintoniza por medio del Facebook live de Radio Universidad de Costa Rica  y mediante 96.7 FM. Sin embargo, puede verlo nuevamente dando click al siguiente enlace:

https://www.facebook.com/radiouniversidadcr/videos/158475206342362

Para tener antecedentes de los temas que se discutieron, se puede visitar el siguiente articulo: https://larutadelclima.org/infinito-gold-fracasa/

Alertan sobre riesgos de actuales proyectos de ley que buscan legalizar minería en Crucitas

El pasado lunes 28 de junio el programa “Orden del Día” abrió un espacio en el cual se debatió sobre las lecciones que dejó la lucha contra el proyecto Crucitas y acerca de los nuevos intentos que se encuentran en la corriente legislativa con la intención de reactivar la minería a cielo abierto.

En este espacio se contó con la participación de:

  • Giselle Boza Solano: Abogada, comunicadora y coordinadora del PROLEDI – UCR
  • Rosaura Chinchilla Calderón: Abogada, docente de la Facultad de Derecho de la UCR
  • Álvaro Sagot Rodríguez: Profesor de Derecho Ambiental de la licenciatura y en la maestría en Desarrollo Sostenible de la Facultad de Derecho en la UCR.
  • Nicolás Boeglin Naumovic: profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Para ampliar la discusión sobre este tema pueden acceder al siguiente enlace:

https://es-la.facebook.com/iijucr/videos/158475339675682/

Albino Vargas presenta a la junta directiva de la seccional del ANEP en la empresa de seguridad G4S

SURCOS comparte la siguiente información:

En el video que se encuentra al final de la nota Albino Vargas, secretario general de ANEP presenta con mucho orgullo la Junta Directiva de la seccional del ANEP en la empresa transnacional de seguridad privada G4S, Costa Rica.

Vargas, invoca a la mediación a la ministra de Trabajo Silvia Lara Poverano y el viceministro de Trabajo del área laboral Ricardo Marín Azofeifa, para resolver y hablar sobre la situación socioeconómica y laboral en la que se encuentran las personas funcionarias.

Adjuntamos el video:

¿En dónde está Costa Rica? Acuerdo de Escazú entró en vigor… sin Costa Rica

Este martes 29 de junio de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., se llevará a cabo el foro: ¿En dónde está Costa Rica? Acuerdo de Escazú entró en vigor…. sin Costa Rica.

Se contará con la participación de:

  • Álvaro Sagot Rodríguez: Profesor de derecho Ambiental de la licenciatura y en la maestría en desarrollo sostenible de la facultad de derecho en la UCR.
  • Patricia Madrigal Cordero: Negociadora por Costa Rica del Acuerdo Escazú, docente universitaria, miembro de ONG y especialista en derechos humanos y ambiente.
  • Alejandro Barahona Krüger: politólogo especialista en gobierno, políticas públicas y gestión pública, profesor de relaciones internacionales y comercio internacional en la UNA.
  • Nicolas Boeglin: profesor de derecho internacional publico en la facultad de derecho de la Universidad de Costa Rica.
  • Constance Nalegach Romero: Negociadora por Chile de Acuerdo Escazú, consultora en asuntos internacionales en temas de sustentabilidad y profesora en Universidad de Chile y extranjeras.

Modera:

Norman José Solorzano Alfaro: Investigador y docente IDESPO – UNA

Para ingresar al conversatorio puede acceder al Link: https: Iluna-cr.zoom.us,187360372624 18:873 6037 2624

¡La vivienda de los pobres no se toca!

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

En comunicado público del viernes 25 de junio de los corrientes el BANHVI le anuncia al país que “suspende recepción de nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda en todas las ventanillas de las entidades autorizadas”, ante la decisión del Ministerio de Hacienda de no girar los 28.000 millones tal y como lo demanda la Ley 9026 reiterada en la Ley 9985. Este nuevo recorte 2021 de los recursos para vivienda de las familias más humildes se suman a los 16.500 millones y a los 20.800 millones que el gobierno le quitó al banco durante 2020.

A lo anterior se debe el cierre técnico actual del BANHVI, pues no puede asumir los procesos de adjudicación y aprobación de nuevos proyectos y casos individuales. El banco se encuentra en una situación delicada producto de la irresponsabilidad del gobierno y de su ministro de Hacienda Elián Villegas, ya que tienen 5.000 operaciones aprobadas por un monto de 36.500 millones y no entra el dinero.

Por esta razón, se convoca a protesta el día martes 29 de junio a las 9.00am, ya que familias humildes afectadas por este cierre técnico se concentran frente a Casa Presidencial para pedir que el presidente Carlos Alvarado explique porque no le giran los recursos al BANHVI de acuerdo a la Ley 9985 aprobada ya por los diputados.

¡Por favor difundir!

Adjuntamos el documento oficial con toda la información:

¡Al Rescate de JAPDEVA!

SURCOS comparte la siguiente información:

San José, 16 de junio del 2021

Señor
Carlos Alvarado Quesada.
Presidente de la República de Costa Rica.

Estimado Señor presidente:

Nosotros, expresidentes ejecutivos, de diferentes períodos, de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), preocupados por la situación del sector portuario del Caribe costarricense, y ante la crisis nacional y provincial de Limón, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Durante sus primeros 57 años de vida, JAPDEVA fue una Institución robusta y autosuficiente, gracias a los ingresos que percibía de la actividad portuaria. Como suele suceder con todos los puertos del mundo, JAPDEVA tenía una amplia incidencia en todo el quehacer de la región en donde se encuentra y con la aparición de APM Terminal se denota un vacío de liderazgo en todos los asuntos comunales de la provincia. La Institución destinaba una parte importante de sus ingresos, para promover el desarrollo rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica, generando bienestar y contribuyendo en la atención de emergencias climáticas en la región.

Señor presidente, como usted bien lo señaló en su Informe Presidencial de mayo del presente año; “El caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) es complejo y da para mucho debate. Lo cierto es que al firmarse el contrato en 2012 para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), lo que se concretó ahí fue el traslado del 84% de la carga y el 80% de los ingresos de JAPDEVA a la TCM, a cambio de un canon. Se cedió un negocio público a un privado sin una compensación portuaria adecuada, y sin garantías de mejores tarifas y mejor operación. Además, sin un plan claro de transición de JAPDEVA. Así, al iniciar operaciones la TCM en febrero 2019, JAPDEVA se topa de frente con la caída masiva de sus ingresos y manteniendo el mismo nivel de gasto.

Hoy la realidad es que las tarifas de la TCM son más caras que antes y la terminal, a dos años de su entrada en operación, está ya llegando a su saturación operativa. Como Gobierno, en representación del Estado que firmó este contrato, velaremos por su cumplimiento. Pero no podemos dejar de mencionar esta realidad. (…)” El destacado es nuestro.

A partir de lo anterior, el efecto en las condiciones financieras de la Institución, han sido desastrosas y en consecuencia, su capacidad para coadyuvar en la generación de empleo y apoyar en las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, han sido nulas; tal y como ha ocurrido, con muchos empleadores de la zona, incluido el sector exportador y productor del país, debido al incremento en el costo de los servicios portuarios, por parte del concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y a todo esto, hay que agregar la tardanza de la operación en la TCM que incide en los tiempos de espera, las pérdidas de las citas previas y la formación de largas filas de furgones en la ruta 32.

La Ley N° 7404, Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, (LCOP), en sus Artículos 1 y 7 se indica lo siguiente: Artículo 1: “La concesión de obra pública, es el instituto jurídico de derecho público, mediante el cual, el Estado encarga a una persona, la ejecución de una obra y le transmite, temporalmente, los poderes jurídicos necesarios para que la explote, por medio del pago de una contraprestación o tarifa, que abonarán los usuarios, con la autorización, control y vigilancia de la administración, pero por cuenta y riesgo del concesionario”. Artículo 7: “La explotación del bien objeto de la concesión, se entenderá siempre para beneficio del interés público. Este propósito se cumplirá, con la prestación del servicio público, según los siguientes principios: conveniencia nacional, legalidad, generalidad, continuidad, eficiencia, adaptabilidad y justa retribución “.

De conformidad con lo establecido en la Ley LCOP, un puerto dado en concesión se construye, para plantearse un beneficio económico para el concesionario y también para el país, tanto para los usuarios del nuevo servicio, así como en lo social; es decir, el país tiene que sacar un beneficio de menores costos y mayor eficiencia.

Como usted mismo Señor presidente, muy acertadamente reconoce que, con este contrato, se cedió contractualmente una actividad económica, a cambio de una prestación no equilibrada; un negocio público, a un privado, sin una compensación adecuada, sin garantías de mejores tarifas y mejor operación.

Nosotros, preocupados por la situación de JAPDEVA y del País, coincidimos con usted, en que la relación contractual de APM no es equilibrada ni justa, situación esta, que queda reflejada con las múltiples quejas del sector exportador e importador y, a las nefastas consecuencias que se visualizan sobre las finanzas de JAPDEVA, el desempleo y la falta de fuentes de trabajo en la Provincia de Limón.

La firma de este contrato, entre APM y el Gobierno de la República, ha generado gran incertidumbre por los puestos de trabajo que han tenido y tendrán que disminuirse en JAPDEVA.

De acuerdo con las bases de la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos (LCOP), los principios que inspiraron a la Administración Pública a suscribir ese contrato, no se está cumpliendo y, por lo tanto, al revisar los aspectos jurídicos contenidos en la Ley General de Administración Pública, relacionados con el interés público, se corrobora, que éste debe prevalecer sobre el interés privado. El propósito del contrato no es hacer que solo el concesionario obtenga un beneficio justo, sino satisfacer el interés público del país, de los exportadores, importadores y de la población en general, mediante la obtención de una mejora sustancial en el concepto de tarifas y servicio. Tiene que darse un equilibrio entre las partes, Concesionario y Estado.

Ante tal situación y conscientes del grave daño que se le está provocando al País y a JAPDEVA como Institución, creada por ley para promover el desarrollo rápido y eficiente en la Vertiente Atlántica, teniendo a la vista los resultados ya señalados de altas tarifas e ineficiencia en el manejo portuario, todo esto relacionado en su Informe Presidencial ante el Congreso de la República, presentado el pasado primero de mayo 2021 y, por las múltiples quejas de todos los sectores usuarios de los servicios de APM y el clamor de la comunidad limonense, le solicitamos de manera muy respetuosa las siguientes acciones:

Revisión del Contrato de Concesión para un mejor equilibrio de las partes.

Iniciar de manera urgente un proceso de revisión del contrato firmado con APM, en cuanto a sus elementos económicos, financieros y técnicos, que den equilibrio a todas las partes, teniendo como prioridad satisfacer a cabalidad los aspectos relacionados con el interés público del país, que dieron origen a la necesidad de suscribir este contrato de concesión. Dicho análisis permitirá definir a ciencia cierta lo relativo al rescate de la concesión por razones de interés público en la misma vía de conclusión de su informe presidencial y de acuerdo con lo establecido por el contrato de concesión en su cláusula 18.3.1

Aplicación de Sanciones por Incumplimientos.

Señor Presidente, respetuosamente le pedimos que como miembro de la Administración Concedente Compleja del Contrato de Concesión de la TCM, instruya al señor Ministro de Transportes para que en su carácter de Presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) proceda con la urgencia del caso a verificar el estado actual de los procesos sancionatorios (denuncias) que debe tramitar el CNC de acuerdo a las disposiciones del régimen sancionados del contrato de concesión y el artículo 137 del Reglamento de Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín.

Lo anterior considerando las denuncias realizadas por los empresarios y usuarios de los servicios públicos que fueron concesionados. ANEXO.

JAPDEVA debe asumir su rol en el Desarrollo de la Provincia de Limón.

Intervenir de manera urgente y tomar las acciones necesarias para estabilizar la situación económica en la Provincia de Limón y, devolver a JAPDEVA, su rol protagónico en el desarrollo de la Vertiente Atlántica, aspecto que ha venido a menos desde la entrada en operación de la APM. JAPDEVA por su parte, ha visto reducido su espacio para atender las necesidades del desarrollo en la región, debido a la pérdida de su capacidad financiera y de su impacto para generar empleo directo e indirecto. Revisar para que sea la Junta Directiva de JAPDEVA juntamente con MIDEPLAN quien en forma separada de lo portuario maneje los fondos provenientes del famoso Canon que por Ley tiene que girar APM Terminal al Gobierno de la República.

Instancia al Poder Ejecutivo.

Le solicitamos señor presidente, muy respetuosamente, que instruya a los funcionarios que corresponda, para que ante el incumplimiento en la aplicación de tarifas (elevadas) y el cronograma de construcción (no se han construido los puestos acordados) que se revise el contrato y en dicha apertura se logren los siguientes puntos:

  • Disminuya las tarifas de APM Terminals que actualmente ahogan a los exportadores.
  • Que los muelles de JAPDEVA puedan atender barcos de contenedores además de los ya pactados, esto con el fin de dar un respiro para incrementar los ingresos de JAPDEVA.
  • Que la Autoridad Portuaria se le devuelva a JAPDEVA en forma clara y definida de acuerdo con la ley.

Instancia a la Junta Directiva de JAPDEVA.

  • Para que JAPDEVA actualice el Máster Plan de sus puertos tanto de Limón como el de Moín.
  • Que con las nuevas proyecciones de atención a buques establezca los Programas de Ingresos y Egresos para que la Institución como tal, logre un punto de equilibrio propio y sea autosuficiente sin tener que apalancarse con el presupuesto del Poder Central.
  • Que JAPDEVA acelere los estudios, planes y programas de los muelles para atender cruceros y la marina.

Con todo respeto, atentamente,

JOSE MANUEL AGUERO ECHEVERRIA (siguen más firmas de otras personas que han ocupado la presidencia ejecutiva, pueden verse en el documento para descargar).

ANEXO

Los representantes de las cámaras de exportadores y navieras están de acuerdo con el reciente castigo que impuso el MOPT a APM Terminals; sin embargo, esperan que a futuro se impongan más, por los constantes problemas operativos de la megaterminal. https://semanariouniversidad.com/pais/empresarios-piden-mas-sanciones-por-ineficiencia-de-apm-terminals/

Exportadores critican tarifas y fragilidad en servicios de APM Terminals. https://semanariouniversidad.com/pais/exportadores-critican-tarifas-y-fragilidad-en-servicios-de-apm-terminals/

Carlos Alvarado pide evaluar gestión de APM Terminals https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-pide-evaluar-gestion-de-apm-terminals

Exportadores y navieros piden sanciones contra APM Terminals. https://www.multimedios.cr/nacional/video-exportadores-y-navieros-piden-sanciones-contra-apm-terminals

Adjuntamos el documento oficial: