La población LBGTIQ+ de la región centroamericana ha visto vulnerados sus derechos humanos debido a causas estructurales.
La falta de educación, dificultad de acceso a salud y derechos elementales se agravan ante la ausencia de leyes que protejan a esta población.
Es necesario la implementación de políticas públicas con un enfoque interseccional donde se logre evidenciar los diferentes factores a los que se enfrenta la población en condición de vulnerabilidad. Así como un enfoque donde cada persona logre verse desde la diversidad.
Una sociedad justa es donde todos se ven por igual y se garantizan sus derechos humanos. Son necesarios las narrativas respetuosas no revictimizantes.
Puede ver el video completo sobre cómo crear una sociedad justa haciendo click aquí
En un estupendo ensayo que se encuentra en proceso de publicación por la Rel UITA, el asesor en Educación Sindical y ex funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gerardo Castillo, y el abogado laboralista de vasta experiencia profesional acompañando la lucha de numerosos sindicatos, Frank Ulloa, ambos costarricenses, analizan exhaustivamente la génesis, la promulgación, el proceso de ratificación así como las limitaciones y obstáculos que ha encontrado en su camino el Convenio 11 que consagra la libertad sindical para los trabajadores y trabajadoras agrícolas, y que este año cumple un siglo de existencia.
Un opaco centenario
Tomando como pretexto este aniversario, los autores realizan un apretado resumen y contextualización del nacimiento de la OIT, las primeras promulgaciones de Convenios y Recomendaciones, y su desarrollo posterior.
En un lenguaje llano y didáctico, Ulloa y Castillo hacen foco en la fuerte resistencia que encontró desde su origen, en 1921, la extensión del derecho de asociación al sector agrícola mediante el artículo 1 del Convenio: “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas”.
Fue necesaria la intervención de la Corte Internacional de Justicia de la Sociedad de las Naciones que, en 1923, sentenció lo que a ciertos sectores empresariales de la época no les resultaba obvio: que el ámbito de acción de la OIT abarca a la agricultura, y que los trabajadores y trabajadoras rurales tienen los mismos derechos que los demás.
Amos y siervos
Esta visión feudal, cultural e ideológicamente incrustada en el empresariado agrícola, aún persiste con diversos matices en gran parte del planeta. “(…) darle vigencia al Convenio 11 de OIT sigue siendo una aspiración de los trabajadores y trabajadoras costarricenses para enfrentar estos retos de manera organizada y dejar de estar a merced de estas empresas”, señalan los autores.
Luego de un profundo análisis sobre la aplicación y real vigencia del Convenio 11 en Costa Rica y la región, el documento aborda entre otros aspectos la crítica al modelo de desarrollo en la agricultura exportadora, las condiciones de trabajo y los derechos de la mujer en las empresas agrícolas, las normas discriminatorias en el Código de Trabajo costarricense, la impunidad de las empresas que imponen sus propias reglas, el reto de acercar los planteamientos teóricos a la realidad, y el auge y caída de la libertad de asociación en el marco de la consolidación de los Estados corporativos.
Una foto que pocos quieren ver
En sus conclusiones, Castillo y Ulloa establecen que:
La fuerza de un Convenio no logra anidar en la conciencia ciudadana y en la sociedad si los actores sociales (empresarios, trabajadores, Estado) no están imbuidos de la trascendencia de sus fundamentos éticos y políticos.
Se constata que la aplicación del Convenio 11 en Costa Rica ha sido bloqueada, obstaculizada y debilitada históricamente en distintos momentos, formas y medios… “¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables de ello? ¿Son conscientes de las implicaciones políticas inmediatas y las que se cultivan al futuro con tales infracciones?”, preguntan los autores.
Se reafirma y demuestra que el poder de un instrumento jurídico de carácter internacional como son los Convenios Internacionales del Trabajo tiene una razón de ser en la salida de eventuales conflictos socio-laborales, y en la búsqueda de una meta ideal superior: la paz y la justicia social.
Identifican un comportamiento hipócrita presente en diversos actores económicos, políticos y sociales que supuestamente aceptan la vigencia de un sistema de derechos, pero que sin embargo lo relativizan y hasta lo violentan brutalmente para proteger sus intereses individuales y/o corporativos.
“De la misma manera −afirman los autores−, el concepto de ética se acuña bajo acepciones y perspectivas utilitaristas de mercado (RSE, Código Ética Empresarial, Comercio Justo, Certificadoras Internacionales, etc.), pero en ningún momento estos mecanismos implican el cumplimiento de la ley respecto a la libertad de asociación de los trabajadores agrícolas, o el respeto a los derechos laborales y al medio ambiente”.
En países como Costa Rica, geográficamente pequeños, de bajo desarrollo económico, con estructuras de poder neocoloniales y dependientes, las corporaciones trasnacionales han tenido un papel dominante cuyo peso y gravitación en los empresarios nacionales y las autoridades gubernamentales llega hasta nuestros días, constatan Ulloa y Castillo.
Se denuncia que persiste una flagrante subvaloración al trabajador, y más aún al trabajador agrícola, al que se considera como una categoría de menor rango, y la discriminación se acentúa aún más en el trato a los migrantes en el sector agrícola: hambreados, expulsados de su propio país y recibidos como un auténtico ejército de reserva explotable y desechable.
Las empresas transnacionales han perfeccionado los mecanismos de explotación e incrementado el nivel de abuso e impunidad al tiempo que se enriquecen, lo que demuestra que, en materia de negocios en gran escala, los riesgos políticos y éticos de las malas conductas no se registran en los libros contables. La impotencia va haciendo mella en la cultura ciudadana, comprometiendo el futuro de la gobernabilidad por el daño social provocado por la mala distribución de la riqueza. Asimismo, la irresponsabilidad ante el deterioro del planeta es incalculable.
Las empresas transnacionales aplican un modelo de violencia antisindical y utilizan un doble discurso: por un lado, mediante un supuesto Código de Ética, un sistema de Certificaciones, la manida Responsabilidad Social o el Comercio Justo venden en el mercado internacional la imagen de empresas respetuosas de los derechos laborales y del acatamiento al cuidado de los recursos naturales y el medioambiente. Sin embargo, en las fincas aplican una batería de prácticas y castigos antisindicales e instrumentos de relaciones laborales deformados que sirven para frenar los intentos de organización, impedir la negociación colectiva y neutralizar reivindicaciones socio económicas, al tiempo que utilizan un paquete tecnológico basado en el uso indiscriminado e impune de agrotóxicos.
Estas transnacionales han ideado y perfeccionado una verdadera caja de herramientas antijurídicas y de conductas antiéticas con las que capacita a sus mandos medios y a los trabajadores que ellas mismas designan para integrar el Comité Permanente de Trabajadores. Esto es una flagrante desnaturalización de la ley, pero se permite y hasta se acompaña, al obligar al sindicato a acudir a una institucionalidad fallida: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los Tribunales de Trabajo que no se preocupan por profesionalizar la Inspección del Trabajo. En síntesis, las transnacionales hacen un uso antiético de la legalidad que contagia al resto del empresariado, erosiona las políticas ambientalistas del país y, cada vez más, va desgastando la institucionalidad democrática.
En síntesis, no hay nada para conmemorar, todavía.
Libro analiza la conmemoración que se realizó en 1921, para estudiar los cambios en la esfera pública, en la cultura política y en la construcción de la identidad nacional y centroamericana
El libro forma parte de la colección Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, de la Editorial UCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La historiadora y directora del Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Patricia Fumero Vargas, detalla cómo fue la celebración de los primeros 100 años de independencia en la región centroamericana, en el libro “Festejos y Símbolos: el primer centenario de la independencia de Centroamérica”.
El libro fue publicado por la Editorial UCR y forma parte de la colección Bicentenario de la Independencia de Centroamérica.
Los pueblos, los actores políticos, las manifestaciones culturales y los festejos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 1921 son los objetos de estudio de la investigación.
Fumero Vargas dedicó tres años al estudio y recopilación de los principales hitos históricos que marcaron el centenario de la independencia en el istmo y mediante becas de investigación organizó un periplo para recorrer la región en búsqueda de finalizar su proyecto.
“Primero inicié con la revisión de algunos periódicos, archivos públicos y privados, ya después tuve dos o tres diferentes momentos y estancias de investigación en cada uno de los países y donde los colegas centroamericanos aportaron no solo la calidez humana sino que también el apoyo en el proceso de investigación”, comentó la autora del libro.
El texto nos transporta 100 años atrás, donde en la región centroamericana convivieron dos modelos distintos de creación del nacionalismo. Por un lado, la unión entre Guatemala, El Salvador y Honduras en lo que se llamó “El Triángulo del Norte”. Mientras que en Nicaragua y en Costa Rica existía un sentimiento mucho más nacionalista y anclado a lo invidiual.
En nuestro país, ese sentimiento inició su proceso de desarrollo desde el año 1913, cuando el sistema educativo costarricense empezó a resaltar los símbolos nacionales como elementos de unión patria.
“Desde que se inició a concebir y cantar las notas del Himno Nacional y además estudiar los símbolos nacionales, empezamos a fortalecer la idea de que somos ticos. Y este sentimiento fue aún más fuerte para 1921 porque ya más del 80% de la población había ido a la escuela”, explicó Fumero Vargas.
Mientras en los otros países del istmo, se vivían tiempos particulares en la historia. En Guatemala y El Salvador habían terminado las dictaduras, por lo que se dio una apertura política y un proceso de democratización, y por primera vez desde las leyes liberales de 1880, en Guatemala se nombró a un Arzobispo.
A pesar de esas diferencias nacionales y culturales entre los países, para setiembre de 1921, Centroamérica se volvería a unir y celebraría el centenario de vida independiente de manera conjunta.
Esta vez, la unión surgió como respuesta ante un nuevo enemigo en la zona, los Estados Unidos. Ya con mucha influencia en los distintos países, los norteamericanos tenían grandes contratos petroleros e iniciaban sus negocios con las bananeras.
Por esta razón, Costa Rica decidió participar con una representación en la celebración del centenario que se realizó en Guatemala.
“Por Costa Rica van dos niveles de representación. El primero de ellos fue político, representado por el presidente Rafael Iglesias, dos secretarios y dos mujeres que se dice fueron su esposa y su hija. También varios periodistas que fueron a cubrir el evento”. detalló Fumero.
A pesar de que la celebración magna se llevó a cabo en Guatemala y unió a los cinco países, en Costa Rica, unas semanas antes del setiembre de hace 100 años, organizó su propia conmemoración.
Nuestra Celebración
Desde enero de 1921 inició el proceso de organización, en el país, para la celebración de los 100 años de vida independiente. Diferentes grupos sociales planearon desde sus realidades, actividades para conmemorar esta fecha tan importante para la historia nacional.
“La mayoría de celebraciones eran organizadas por las escuelas y comunidades pero también se dieron celebraciones de organizaciones gremiales, artesanos, obreros y la Iglesia Católica, quienes básicamente desfilaban por todas las ciudades y mandaban a hacer elementos decorativos, como los arcos del triunfo”, aseguró la autora.
Uno de los sectores más importantes para la celebración de este hito fue el de las mujeres costarricenses, la mayoría de ellas mediante el Club Unionista del Partido Unionista, ya que fueron las encargadas de organizar las actividades de las comunidades mediante el sistema escolar.
En el marco del Bicentenario
Para la autora, existen varios aspectos similares entre las realidades centroamericanas del primer centenario a las actuales, principalmente en el ámbito político y económico.
Temas relacionados con aranceles y aduanas, problemas con las injerencias de un país sobre otro, disputas políticas y acciones diplomáticas sin solventar, son algunos de los detalles que desde la perspectiva de ella y después de investigar las realidades pasadas, compartimos con 100 años de diferencia.
No obstante, el principal diferenciador que encuentra entre ambas realidades es la unidad y comunicación entre los países del área y cómo en aquel entonces éramos capaces de unirnos como bloque y enfrentar los problemas como tal. Ya que para ella, trabajar en conjunto como unión centroamericana es mejor que trabajar por separado.
Patricia Fumero Vargas deja un mensaje en el marco del bicentenario de vida independiente en la región donde resalta la necesidad de replantearnos qué queremos cómo sociedad y cómo podemos seguir marcando la historia como lo sucedido hace un centenar de años atrás, en conjunto, como sociedades centroamericanas.
“Lo que yo quisiera ver es cómo llegamos a pensar en qué tipo de sociedad queremos y además qué tipo de ciudadanía queremos. Debemos pensar más en los derechos humanos y no tanto en asuntos de procedencia y de dónde viene la sangre si no vernos a todos por igual. Esta responsabilidad está en nuestras manos, es nuestra decisión”, concluyó.
El libro está disponible en la Librería UCR o en el siguiente enlace.
Kevin Venegas Arias Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil AMS-OSC, hace del conocimiento público su posición de rechazo a las elecciones fraudulentas del 7 de noviembre, convocadas por el régimen Orteguista.
La AMS llaman al desconocimiento del circo electoral, incluyendo sus predecibles resultados dejando en el poder a los ORMU y reitera la necesidad de una concertación contra todo el pactismo y el zancudismo que pretende legitimar no solamente el fraude que se perpetúa, sino la repetición de prácticas políticas donde prevalecen las componendas a espaldas de la ciudadanía.
Seguimos creyendo en el derecho al libre sufragio y a las elecciones como uno de los métodos que pueden conducir al cambio político, pero hoy, en las actuales circunstancias, consideramos gire estas elecciones fraudulentas organizadas y controladas por Ortega y Murillo no reúnen las mínimas condiciones contempladas en los estándares internacionales para ser consideradas como libres, justas y creíbles.
La larga lista de vejaciones y violaciones al derecho de decidir por medio del sufragio inicia con la elección ilícita de Ortega del 2006, resultado del pacto con el exmandatario Arnoldo Alemán. El dictador se fue adueñando de los poderes del Estado, incluido el Consejo Supremo Electoral. Seguidamente, se aprobaron leyes inconstitucionales que tuvieron por objetivo perpetuarse en el poder, sacando del juego político al liderazgo opositor de diversas tendencias, a aspirantes a cargos de elección, a militantes de organizaciones sociales, siguiendo con periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
A más de las 130 prisioneras y prisioneros políticos, se agregan 20 personas secuestradas en las dos últimas semanas, entre ellas, cinco precandidatos/as presidenciales, lo cual resulta insólito en la historia de los procesos electorales en el mundo. ¿Qué valor pueden tener unas elecciones en las que hasta quienes aspiran a la presidencia pierden sus libertades más básicas? Con estas últimas acciones, la dictadura ha dinamitado el proceso electoral.
Ya la comunidad internacional no puede seguir confiando en un proceso viciarlo, con «condiciones mínimas legales y operativas para llevar a cabo elecciones creíbles democráticas y competitivas». El régimen de Ortega Murillo no cumplió ninguno de los acuerdos contraídos en la negociación con la OEA, ni adoptó ninguna de las recomendaciones de las organizaciones de DDHH. Es cada vez mayor el repudio internacional al proceso electoral fraudulento que intenta realizar el régimen, un régimen que ha sido claramente identificado como autor de delitos de lesa humanidad.
Ortega ya optó por un modelo de elecciones fraudulentas y sin competencia, para continuar imponiendo un partido hegemónico, con o sin el eventual concurso de los partidos zancudos, nuevos y reeditados y el apoyo del empresariado que, pese a la persecución actual, confía en rehacer su esquema de «negocios y consenso», ignorando la total ausencia de institucionalidad democrática en el país.
El gran capital y los partidos políticos evalúan que participar en unas elecciones sin condiciones es una opción, pero esta opción significa un alto riesgo para la población y no incluye la justicia social ni la refundación de Nicaragua, que nuestro pueblo demanda y merece.
Algunos liderazgos y fuerzas políticas están dispuestas a aceptar que el régimen las deje como una segunda o tercera fuerza en estas elecciones fraudulentas de noviembre. Ya desde tiempo atrás hemos mantenido que estas elecciones, lejos de resolver la crisis nacional, solo conllevan a legitimar la farsa montada por Ortega, y, por consiguiente, la consolidación del régimen en el poder.
No se le debe pedir al pueblo nicaragüense votar por una candidatura que participe en la disputa a la presidencia, en las actuales condiciones, a cambio de algunos escaños para su partido en la Asamblea. No se debe seguir el juego de Ortega, para que presente internacionalmente a los participantes colaboracionistas como prueba de que hubo una competencia electoral democrática.
El argumento de que «nos vamos con el último gire quede», a todas luces se traduce en «vamos con el candidato que Ortega no inhiba y que le convenga». Tampoco podemos esperar que la comunidad internacional decida por nosotros y nosotras.
La AMS continúa abogando por la concertación de las fuerzas sociales y políticas, nacional e internacionalmente, haciendo énfasis en el desconocimiento del ejercicio electoral actual y del resultado ya anticipado de la votación y la demanda de otras elecciones, esta vez libres y observadas, con términos renegociados, sin represión ni persecución, sin presas ni presos políticos, sin personas exiliadas, sin inhibiciones, con observación nacional e internacional y sin estado de sitio policial y parapolicial.
Reconocemos el derecho ciudadano de cada nicaragüense al ejercicio individual y consciente del voto, nuestro llamado NO es al «no-voto» o a la abstención, sino a que las fuerzas políticas opositoras no legitimen mediante su participación un proceso viciado y amañado. La resistencia cívica, incluyendo la resistencia electoral en condiciones limpias, continúa siendo la base para lograr una verdadera transición, preferiblemente por la vía electoral, pero ya no serán las elecciones de Ortega de noviembre 2021.
INVITAMOS A LAS FUERZAS DE LA OPOSICIÓN AL REPUDIO CLARO Y SIN AMBIGÜEDADES DE TODO EL CIRCO ELECTORAL.
La Articulación de Movimientos Sociales mantiene su compromiso de continuar resistiendo en todo el territorio nacional y en el exilio, sumando voluntades y fortaleciendo los lazos de comunicación, concertación, alianzas y solidaridad con todas las fuerzas Azul y Blanco y la población autoconvocada y sus organizaciones, para avanzar en el derrocamiento de la dictadura.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
“Muy calladita», la Municipalidad de San José, la misma del «barrio chino sin chinos», de los más de ¢1.200 millones en exoneraciones («incentivos» les dicen) a empresas constructoras de edificios, de una «ciudad tecnológica» EN EL PROFANADO «CEMENTERIO DE LOS POBRES», del tranvía sin sentido, del basurero de La Carpio que continúa con otro contrato multimillonario, los millonarios drones españoles, los «fuegos» centroamericanos, etcétera, surge ahora como protagonista relevante de los negocios con la constructora MECO. No sólo por un contrato con único oferente por cerca de ¢40.000 millones para reparación de calles, donde MECO recibirá ¢4.057 millones MÁS que lo ofertado por la descalificada, Consorcio Pedregal-Herrera, sino porque, según se consigna en el Semanario Universidad (2/4/14) durante la administración Chinchilla y Araya, fue ÉPOCA DE JAUJA para la constructora acusada de corrupción. Eso explica parcialmente por qué durante las administraciones Arias y Chinchilla, el patrimonio de MECO ¡creció de US$20 millones a US$150 MILLONES! De tanta «confianza» en esos años, que se descubrió como el eterno alcalde y entonces candidato presidencial, hasta viajó (a escondidas por supuesto) junto al contratista privilegiado, en su jet privado a Panamá.
Más allá de lo que puedan creer o defender los admiradores de la Corona inglesa, el conflicto sobre el Archipiélago de Malvinas se inició a partir de un artero e infundado ataque de una potencia colonial que les arrebató a sus dueños una posesión legítima heredada del imperio español. A pesar de la evidencia histórica y la fuerte razón mencionada, a la que hoy se le agregan otras como la geográfica, hay quienes aún se empeñan en deponer sus opiniones echando mano a argumentos muy trillados y fáciles de rebatir. Lo hacen haciéndole eco a los que emanan del 10 de Downing Street, que nos cuentan una historia, pero al revés. Esa fantástica admiración que algunos profesan por el Reino Unido ha llevado a afirmaciones delirantes como el llegar a decir, sic: “que ha sido mejor que las Islas fueran tomadas por el Imperio Británico y no mantenidas por España o tomadas por el Imperio Ruso, el Alemán o el Japonés”. Probablemente alguien considere que deberíamos ser más tolerantes y comprensivos, superar enojos y aceptar que cuando se practican genuflexiones ante los poderosos no existen límites para la perversidad humana. Pero las cosas son como se presentan y hay que llamarlas por su nombre. Desde la resolución 2065 de Naciones Unidas en 1965, en la cual se reconoce la disputa de soberanía y se convoca a las partes a resolver el conflicto por medio del diálogo y la negociación, el Reino Unido viene reusándose al llamado del organismo internacional que a través del Comité Especial de Descolonización el pasado 24 de junio lo reitera y contó con el abrumador apoyo de los países miembros. Los burdos intentos de soterrar los hechos del conflicto con el fin de justificar la ocupación ha servido más bien para que el apoyo mundial a Argentina sea cada vez mayor y más beligerante, llegando incluso a que muchos países hagan suya la Causa Malvinas. Así que ponerse a estas alturas a tratar de justificar la ocupación de las Malvinas, constituye un acto no solo reprochable sino inadmisible y censurable. El intento fallido de recuperación de las Islas por la fuerza de las armas por parte de un Gobierno militar en 1982 independientemente de alguna intención subyacente que haya tenido, no fue una invasión sino una ocupación legítima de lo que le pertenece al pueblo argentino. Esto al margen de lo que podamos considerar: que esa no debería ser la vía, dadas las actuales condiciones, sino la solución pacífica de la controversia. Las guerras entre las potencias coloniales europeas fueron historias de arrebatos de unos a otros. Los ingleses a principios del Siglo XIX intentaron dos veces invadir las colonias del Río de la Plata en poder del Imperio Español y fracasaron. Esa es una parte de la historia. Pero los hechos son contundentes e irrebatibles. España como resultado de acuerdos con otras potencias europeas se queda con el Archipiélago de las Malvinas el cual pasa, luego de la Independencia de sus colonias al Poder de lo que es hoy Argentina, que la ocupa con personal militar y colonos. La usurpación británica se produjo un 3 de enero de 1833 o sea varios años después de la Independencia. Los ingleses tomaron por sorpresa, por la fuerza y sin declaración de hostilidades, Puerto Soledad y expulsaron a los argentinos. Estos son los antecedentes de los justos reclamos de la parte despojada por un acto de violencia sobre el cual hay quienes lo califican como un ejemplo más de simple piratería perpetrado por la Pérfida Albión.
A Albert Camus, Herbert E. Contreras Vásquez, Puntarenas 2012
Ante el Kosmos, en acto solemne, me reconozco animal humano pleno de contradicciones y majaderías como las demás criaturas bípedas
ante el Planeta me confieso irreverente, con el puño cerrado contra las injusticias, diciendo NO a lo que límite mis sueños o las aspiraciones de las mayorías
ante lo Ignoto, por las cenizas de mis ancestros y especialmente ante mi madre
por la gente y por los que no son tratados como gente
por los que se fueron, por los que estando aquí, permanecen ausentes
por todos y por nadie, por los que aborrecen sin saber porqué
por los que no se aman a sí mismos, por los que aman lo que no deberían amar
por esto y por aquello, en este acto solemne
me declaro engendro humano, y para no decir más sandeces
bajo sublime juramento, ante mi hermano el árbol, ante el perro sin abolengo
ante un despojo en medio de cartones homínido o cuadrúpedo ¿qué más da?
ante el agua, ante el fuego, ante el viento, ante la tierra
ante la miseria y ante la asquerosa opulencia
ante el dolor, ante el regocijo
ante uno mismo, ante la soledad, ante todos
JURO no ser parte en la construcción de esta Casa de Lunáticos.
El equipo gubernativo del sub presidente Duque preparó una visita del mismo al Municipio de Sardinata: Puerta de Entrada al Catatumbo Medio Nortesantandereano. Para ello escogió como sitio de reunión de un concejo de seguridad, el sitio conocido como La Virgen, de ese municipio, caracterizado por ser lugar de manifestaciones campesinas y de bloqueos de la carretera Cúcuta- Ocaña, durante el Paro Político Nacional (PPN). También por concentrar el mayor número de efectivos militares en lo que se ha constituido como una base militar de avanzada de la fuerza conjunta ( ejército, marina, aviación) de operaciones Fudra Omega, caracterizada por el profesor Víctor Renan Vega, como una prolongación del Comando Sur del ejército norteamericano, resultado del Plan Colombia, con un equivalente de 30.000, uniformados; 17.000 de los cuales aposentan en El Catatumbo, bajo la Operación de la Fuerza Vulcano, con un asentamiento de 12.000 soldados, aumentado en 5.000 soldados más, por el espurio presidente en el poder, al inicio del presente año.
Esta visita a Sardinata, celebrada en el día de ayer, 25 de junio de 2.021, la efectúa el sub presidente, cuando más de dos mil campesinos han decidido regresar a su veredas, luego de intensas gestiones del gobernador del Norte de Santander y los alcaldes de Cúcuta, Tibú y Sardinata, para lograr un despeje de las vías y carretera principal mencionada. Un fui, vi, vencí, que por poco termina en tragedia.
En el marco del Paro Nacional los campesinos se concentraron en la Y de Astilleros, donde confluye la vía de Cúcuta- El Zulia, hacia Tibú y Ocaña. El ejercito impidió la marcha campesina hacia Cúcuta, ante lo cual el gobernador del Departamento, junto con el alcalde de Cúcuta y Tibú, se dirigieron al lugar de concentración, en donde se llevó a cabo una Audiencia Pública, con la presencia de la Camisón de Paz del Congreso. Los días 13 y 14 de junio resultaron de intensa actividad, donde el gobernador escuchó las quejas de los manifestantes, siendo falso lo difundido por los medios de intoxicación masiva de la dictadura, que había sido retenido por los campesinos. Fue manifiesto el pedido de la comunidad de estar cansada de la prolongada situación del cierre de vías ente Cúcuta y El Catatumbo. El gobernador regresó a su Despacho, en el Palacio de la Cúpula Chata, como se denomina al centro de la burocracia narco estatal en la capital administrativa del Departamento. Esa noche, en la vereda Agua La Sal, del municipio de Cúcuta, motorizados armados, irrumpieron en el campamento de concentración campesina, disparándoles, en físico acto de terrorismo estatal.
La gobernación del Departamento expidió el Decreto 000879 del 17 de junio de 2.021, por medio del cual se creó la “Mesa Regional por la Reivindicación Popular de El Catatumbo”, como un instrumento de articulación de participación y de concertación, dialogo social y acuerdos, entre la gobernación del Norte de Santander y el Comité de Unidad de El Catatumbo, al que asisten y conforman más de dieciséis siglas organizativas de la región, incluidas de intereses indígenas. El día 18 de junio se llevó a cabo el acto de protocolización de firma del mencionado Decreto, para lo cual se trasladó el gobernador del Departamento al sitio de La Virgen, en Sardinata, acompañado de los alcaldes de Sardinata, El Zulia, Cúcuta; resaltando el logro de condiciones mínimas para la instalación de la Mesa, construyendo una estrategia metodológica que permita ir a los territorios, escuchar las opiniones de las comunidades, recoger inquietudes, validarlas y concertar salidas en la Mesa Regional.
¿A qué fue entonces Duque?
El equipo gubernamental publicitario suplió fases de preparación para que presentara la presidencia un balance de las “inmensas” inversiones hechas a El Catatumbo. Todas en proyección a 15 años, como si el palo estuviere para hacer cucharas. El manipulador Archila, como consejero presidencial, no calculo la diferencia de los sucesos y acontecimientos reseñados y armó una burocrática patraña de espaldas a la población campesina catatumbera.
En patético desgobierno, demuestra los efectos de contradicción que el dictatorial Decreto de asistencia militar y de velada conmoción interior, ha generado en el espíritu y comportamiento de mandatarios locales y regionales, ante el gobierno central. Desconoce que en la región se está en la actividad de instalación de seis mesas de trabajo con ejes temáticos en temas de educación, salud, vivienda, saneamiento, vías de penetración, sobre medio ambiente y en especial sobre los temas de aplicación de los Planes Pinis, referente a la sustitución de cultivos ilícitos en forma voluntaria, mancomunada, con inversiones familiares; la creación de las Zonas de Reserva Campesina(ZRC) y en una palabra la aplicación de los programas máximos y mínimos reivindicativos del movimiento popular, contenidos en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, para el logro de una paz estable duradera y de no repetición. Pero no, llegó irrumpiendo en un boato de derroche de fuerza y de estreno de uniformes del generalato. Cuando los dos mil campesinos concentrados habían regresado a sus parcelas y solo un séquito de algunas camisas blancas “de bien” uribeñas, enseñoreando aliento narco paramilitar, reproducían el eco de las contra manifestaciones a las del Paro Nacional.
Y al caer la tarde sonaron los balazos
En un caldeado ambiente político, social y económico como el que transita el país colombiano, el insuceso de disparos de un arma automática, al helicóptero presidencial, de claros distintivos, que traía de regreso a Cúcuta, al primer mandatario de algunos colombianos, no califica- como debía ser en cualquier otro país- en un hecho funesto, aciago, de consecuencias nefastas de alteración. Consuetudinarios con asesinatos de candidatos presidenciales, de líderes sociales, de desmovilizados desarmados, en réditos de beneficios electoreros a una secta, que no partido de gobierno; ya lo aciago de un evento como el sucedido en la tarde de ayer en Cúcuta, demuestra el rompimiento del tejido y sensibilidad social, de un bien preciado como la vida de los seres humanos; no pudiendo catalogar en lo sociológico y antropología, que la pérdida del miedo, pueda redundar en perdida del instinto vida-muerte.
La política concebida desde lo clásico es el resultado de hechos y sucesos. ¿Contribuye ese funesto suceso a un cambio en la conducción política? Infortunadamente, no. Se dan las reacciones esperadas de la mediática. Las declaraciones estereotipadas de “personalidades” políticas, para diferenciarse del montón. En cambio, se reiteran las manidas manifestaciones oficiales de las danzas corruptoras de las recompensas. No existe degradación más grande que la del sapeo, al que se es alérgico desde las bancas de la escuela. Así como la expresión ciudadanos “de bien” calza en la norma de la lucha de clases; los diferentes montos de recompensa ofrecidas, aplica en lo inequitativo de la distribución social de la riqueza en Colombia. Para dar con quienes han decapitado e incinerado jóvenes relacionados con la protesta, fijan: US$3.000. Por dar con quien quemó un tracto mula atravesado en la vía: US$200.000. Por quien disparó desde zona en despoblado e inventado que fue del techo de una casa de barrio humilde: US$1.000.000. Esas tales recompensas no tienen control fiscal, tributario, ni nada. Denuncian que no las dan y son objeto de extorsión subsiguiente. Fácil de comprender.
Múltiples versiones circulan en las redes sociales. Puede ser, como no, que un despistado traqueto, poseedor de esa clase de arma en el mercado negro, predominante en Cúcuta; o un aventurado miliciano, mutuo propio y en licencia, haya decidido dispararle al llamativo objetivo aéreo. No cabe en parámetros analíticos que haya sido una acción insurgente. En los últimos diez años han sido objeto de ataques con fusiles unos seis helicópteros de guerra, que posan en zonas de combate en El Catatumbo. Solo han sido averiados. No derribados. Índice de probabilidades que descartan la efectividad de esa escaramuza, dadas las dotes salvadoras y de tecnología de punta con que cuenta el helicóptero presidencial. Conocedores del conflicto armado interno en Colombia, aseguran que la guerrilla colombiana, en 50 años, no ha logrado obtener misiles, tierra-aire, por ejemplo. Queda entonces el factor preponderante de la geopolítica, dada la situación estratégica de Colombia, para el imperio y el interés de invadir a la República Bolivariana de Venezuela. Aunque burdo, es significativamente probable, lo de la doble bomba, en el mismo auto, que estalló en las instalaciones del Batallón Maza, de la 30 Brigada en Cúcuta y ahora este “atentado”, pletórico de argumentos para una acción de desestabilización en la frontera.
Sabido es que el ejército oligárquico de expansión Made in Usa colombiano, es el tercer ejercito del mundo que mayor recursos dinerarios recibe del imperio; siendo el primero Israel, el segundo Egipto y el tercero Colombia. Queda por ver la cacería de brujas en escena. Sin mayor excitación, así concluyó.
El aporte se encuentra en la prestigiosa revista científica Frontiers y ya está siendo evaluado en los Estados Unidos
Por primera vez, el mundo posee una innovadora prueba pronóstica (en etapa piloto) que permitirá predecir si un paciente enfermo por COVID-19 podría entrar a una fase severa, moderada o tener COVID-19 prolongado.
Así se resalta en el artículo científico en la revista Frontiers in Immunology, una de las más prestigiosas del mundo en 900 disciplinas académicas, y que solo divulga iniciativas de verdadera trascendencia y de amplia rigurosidad metodológica comprobada por expertos internacionales.
¿El componente innovador? Un análisis de sangre llamado IncellKine, que si bien fue liderado por científicos estadounidenses y se encuentra en etapa de validación en los Estados Unidos, su avance esconde el talento de tres investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR). Ellos son el Dr. Rodrigo Mora Rodríguez, el Dr. Javier Mora Rodríguez y el Dr. Jose Guevara Coto.
Cada uno, desde sus diferentes áreas del conocimiento, ayudó a sentar parte de los cimientos que toman fuerza en una alternativa capaz de identificar cuáles personas están más propensas a padecer COVID-19 prolongado. Sí, esos síntomas de COVID-19 que un individuo ya recuperado de la enfermedad sigue presentando hasta por más de seis meses.
Pero no solo eso, sino que también puede distinguir el riesgo que tienen de entrar a una fase crítica, o ser pacientes que permanecen moderados. ¿El beneficio de todo esto? Que el personal médico tome mejores decisiones terapéuticas acordes a las características únicas de cada individuo.
“Lo que se quiere con esta prueba es predecir el desenlace clínico de los pacientes cuando ingresan al hospital. Es decir, si se va a volver moderado, severo o crónico de COVID-19. El aporte es que, al saber el posible desenlace, se pueden guiar mejor los tratamientos y evaluar la eficacia terapéutica en beneficio de los pacientes”, explicó el Dr. Rodrigo Mora.
De acuerdo con la revista Frontiers, esta iniciativa es una alentadora esperanza y se considera como una de las “bases para la medicina de precisión contra el COVID-19”.
El Dr. Rodrigo Mora Rodríguez (imagen horizontal) y el Dr. Javier Mora Rodríguez (imagen cuadrada a la izquierda) son del Laboratorio de Docencia en Cirugía y Cáncer (DCLab-UCR). También, pertenecen al Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET), así como a la Facultad de Microbiología.
Por su parte, el Dr. José Guevara Coto (hombre con camisa azul) es de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y del Centro de Investigaciones en Tecnologías de Información y Comunicación (CITIC-UCR).
Estos científicos han trabajado en el pasado en medicina de precisión a través de la implementación de pruebas para transformación maligna por el virus del Papiloma Humano y en el desarrollo de pruebas diagnósticas para el cáncer de vejiga mediante técnicas de biocomputación.
Un viaje por algoritmos
La prueba pronóstica es el producto final de una investigación de cuatro etapas que dio inicio en los Estados Unidos durante el 2020.
El equipo estadounidense se encargó de reclutar a un total de 224 pacientes, extraer y analizar la sangre para medir las citoquinas, moléculas de comunicación entre las células que codifican mensajes del sistema inmunológico. Posteriormente, solicitaron ayuda al equipo costarricense para profundizar en el procesamiento de los datos. Esto constituyó la segunda etapa de análisis.
“Estamos muy orgullosos de colaborar con un grupo de científicos tan excepcionales. Esta es una pandemia y, como tal, la comunidad científica tiene la responsabilidad de ser inclusiva y colaborar de todas las formas posibles para ayudar a los pacientes en todo el mundo”, indicó el Dr. Bruce Patterson, investigador principal de IncellDx, Estados Unidos.
Así, se hizo presente el Dr. José Guevara, el bioinformático a cargo de implementar una estrategia de machine learning (aprendizaje automático, por su traducción al español) lo suficientemente robusta para identificar patrones ocultos en el conjunto de datos inmunológicos.
¿El resultado? Una mayor certeza científica en un aspecto que ya los investigadores estadounidenses presentían: parte de las razones del COVID-19 prolongado en un paciente se debe a unas citoquinas muy particulares encargadas de coordinar el sistema inmune. Dicha información se convertiría luego en uno de los elementos claves con potencial predictivo.
“La tarea del modelo de machine learning fue clasificar datos de alta complejidad y categorizar a los pacientes en un conjunto o clase determinado. Para lograrlo, se parte de una serie de datos que, en este caso, es la información de los componentes moleculares del sistema inmune enviada por los compañeros de los Estados Unidos. Esos componentes fueron las entradas para la construcción del modelo de machine learning, con que se pudo identificar las diferencias en el comportamiento de los perfiles de los pacientes y, con base en esto, asignarlos al correspondientes grupo de enfermedad”, interiorizó el Dr. Guevara.
Ese aporte marcó un hito trascendental. La biología de sistemas estudia propiedades en conglomerados tan complejos que no pueden predecirse a partir de elementos individuales. Por lo tanto, la verdadera contribución radica cuando los datos actúan en conjunto; un procesamiento que solo algunos científicos en el mundo son capaces de alcanzar. Entre ellos, el Dr. José Guevara.
Con el aprendizaje automático, se identificó los algoritmos que permitieron la determinación precisa de los pacientes con COVID-19 prolongado y los inmunotipos de COVID-19 severo.
Jugadores prodigios
Con la clasificación generada por el Dr. Guevara, el Dr. Rodrigo Mora procedió a la tercera etapa: generar un modelo matemático (heurístico) de identificación del mensaje generado por las citoquinas más importantes. Es decir, de todos los jugadores (citoquinas) cuáles eran los prodigios o las piedras angulares que en conjunto promovían esos mensajes que incentivan el COVID-19 prologado o una mayor severidad.
De esta manera, el Dr. Rodrigo Mora separó la información de los pacientes en cuatro clases: sano (grupo de control), leve-moderado, severo y crónico. También, en una complejidad que pocos son capaces de lograr con exactitud.
“Con esto queremos dar tratamientos más tempranos en pacientes cuyo pronóstico anuncia que se van a complicar. También, para evaluar la eficacia de esos tratamientos. Ya sabemos que algunos abordajes terapéuticos van a favorecer a unos, pero a otros no. El tratamiento no generará el mismo resultado en un paciente moderado que en uno crónico. Son diferencias que deben caracterizarse y entidades inmunológicas que deben distinguirse. Justamente esto fué lo que hicimos con este trabajo”, mencionó el Dr. Rodrigo Mora.
No obstante, en todo eso todavía faltaba algo importante: la interpretación global de los datos, la cuarta etapa efectuada por el Dr. Javier Mora y una de las más críticas. El Dr. Javier Mora ahondó en la interpretación de esos mensajes dentro del sistema inmunológico y sus implicaciones para un receptor crucial, mismo contra el cual se están desarrollando nuevas terapias para el tratamiento del COVID-19: el CCR5.
“¿Por qué el énfasis en el CCR5? Porque es un receptor que usan algunas células para llamar a las células inmunológicas encargadas de contrarrestar al virus. En varias ocasiones el mensaje de reclutamiento se da por el CCR5. Sin embargo, algunos de estos mensajes reclutan a células que, en vez de ayudar contra el proceso de infección de COVID-19 en un paciente, más bien originan una inflamación severa que lleva a problemas”, argumentó el Dr. Javier Mora.
“Asimismo, encontramos que hay otros mensajes que se encuentran deficientes en pacientes que generan casos severos. En resumen, la deficiencia de esa señal (CCR5) hace que no se recluten a las células adecuadas para eliminar el virus y eso lo vuelve un elemento de predicción con gran potencial”, agregó Mora.
En síntesis, se pueden visualizar dos escenarios. En el COVID-19 prolongado hay un reclutamiento inadecuado de las células a cargo de eliminar al SARS-CoV-2.
Por su parte, en los casos severos hay una activación inmunológica inadecuada que genera una inflamación exagerada que termina afectando al organismo. Esto último es la popular tormenta de citoquinas: moléculas producidas de forma excesiva por el cuerpo para intentar activar a las células encargadas de eliminar al virus, pero que al final se salen de control y llevan a la falla múltiple de los órganos internos.
Los pacientes con COVID-19 grave se caracterizan por una inflamación excesiva con una activación y reclutamiento de células incapaces de eliminar al virus. En cambio, los pacientes con COVID-19 prolongado tienen un perfil capaz de inducir la activación de células T con propiedades proinflamatorias y generar una respuesta inmune eficaz para eliminar el virus, pero sin las señales de reclutamiento adecuadas para atraer las células T activadas.
¿Una opción para Costa Rica?
Sí. Para el Dr. Rodrigo Mora, como la prueba aún está en validación y no tiene los permisos de la Food and Drug Administration (FDA), el país podría acceder a ella bajo la autorización de uso de emergencia.
“En estos momentos estamos trabajando para traerla al Costa Rica únicamente como de investigación. Pero, en caso de que haya interés, se puede hacer una aprobación de uso de emergencia tal y como se está usando en Estados Unidos en este momento”, dijo el Dr. Rodrigo Mora.
Actualmente, la prevalencia de los portadores de síntomas de COVID-19 a largo plazo va entre un 10 % a un 30 % de los individuos recuperados.
El trabajo presentado es el primero de muchos en sentar las bases del tratamiento de la medicina de precisión terapéutica. Además, demuestra la eficacia de inhibir la CCR5 para intentar frenar los síntomas del COVID-19 severo. Algo que, para pacientes con COVID-19 prolongado, no daría el resultado deseado.
El Consejo Superior Estudiantil, en conjunto con las representaciones estudiantiles en el Consejo Universitario de la UCR, ha convocado a una manifestación en contra del proyecto de Ley marco de empleo público, recientemente aprobado en primer debate. Esta se llevará a cabo a partir de las 10:00 a.m. en la Plaza de la Cultura el lunes 28 de junio de 2021.
El rector da permiso para que los estudiantes asistan, y reitera el llamado a participar activamente en la discusión sobre el proyecto de ley y sus implicaciones con el Estado Social de Derecho. Se insta al cuerpo docente a compartir la información con sus estudiantes y hacerles partícipes de esta discusión.
