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Autor: María José Ferlini Cartín

Los tufos y perfumes de las encuestas

Vladimir de la Cruz

El ambiente electoral tienden a caldearlo, un poco, con las diferentes encuestas que se vienen publicando que retratan partidos políticos, y a sus principales dirigentes, especialmente a aquellos que han venido sonando como posibles precandidatos presidenciales, como reconocidos dirigentes de sus partidos o de la vida nacional. También retratan a los funcionarios del Poder Ejecutivo, al Presidente y sus Ministros, como a veces a otros funcionarios de las Instituciones públicas y Poderes del Estado.

Las encuestas técnicamente son un rico instrumento de medición de comportamientos individuales, en un momento determinado, del momento o día cuando se hacen las encuestas, las que a veces se llevan a cabo en días diferentes y también en días distanciados unos de otros. Tan solo son eso, un retrato de un momento, como son las fotografías.

Las encuestas son perversas en la manipulación que se puede hacer de ellas, por el tipo de pregunta que se hace al entrevistado o encuestado. Así por ejemplo, si existen 10 partidos y solo se pregunta sobre cuatro de ellos o, si hay 20 precandidatos y solo se pregunta sobre unos cuantos.

Las encuestas también se pagan, en lo que puede interesar a quienes contratan a las casas encuestadoras para realizarlas. Quien paga tiene derecho a establecer las preguntas y a conocer sus resultados. Dependiendo como se haga una pregunta así puede haber un resultado. Esto vale hasta para asuntos judiciales.

En este caso, el de las encuestas, solo el que paga conoce el resultado de lo preguntado. Así las casas encuestadoras hacen un tren, un conjunto de vagones, con diferentes temas cada uno a preguntar, y de la misma manera se “venden”. De este modo, en el caso de partidos políticos pequeños y de precandidatos, o ya candidatos, con menos recursos menos acceso tienen a toda la encuesta.

Hay partidos y candidatos, que por sus capacidades económicas tienen a su servicio exclusivo una casa encuestadora permanente, y llevan el pulso, técnicamente al día, del movimiento partidario, del candidato y de los temas sensibles de la población como de la agenda nacional, para saber como opinar o para dirigir mensajes. Los gobiernos generalmente tienen este seguimiento diario desde una Oficina que les realiza este trabajo, evaluando al Presidente, sus Ministros, los dirigentes de las instituciones públicas y de los poderes de Estado, así como a dirigentes de la oposición política, comentaristas, analistas y críticos de la situación del país, llevándole el pulso a esas críticas que se hacen a la gestión gubernativa, a las políticas públicas y a los pronunciamientos de los funcionarios públicos, y al impacto que tienen en la población, o en los sectores que se quieren evaluar y conocer.

Una encuesta mata a otra encuesta, dice el refrán técnico. En la guerra de encuestas, cuando los partidos políticos tienen sus propias casas encuestadoras, porque las contratan de manera exclusiva, se desata una guerra de desinformación de resultados, de manera que si se favorece en una encuesta a un candidato otra encuesta opuesta lo puede desfavorecer. Las encuestas son también armas y así se pueden usar en campañas electorales, sobre todo cuando los candidatos y partidos políticos “se venden” como “productos” de consumo y de alto consumo. Desde 1958, en Estados Unidos, desarrollaron las encuestas políticas, de candidatos y de campañas electorales, al estilo de venta de productos en una sociedad de consumo. Un libro en esa época, “Cómo se vende un Presidente”, hecho por uno de los asesores de Richard Nixon, es muy ilustrativo de la nueva época que se iniciaba en ese sentido, como hoy pueden ser las armas de las nuevas perspectivas electrónicas, como los tweets muy desarrollados por Trump, y otros candidatos presidenciales, y Presidentes en ejercicio, para la comunicación de sus mensajes.

En las campañas políticas, cuando se han abierto los bancos nacionales y privados para facilitar créditos a los partidos, para financiar sus campañas electorales, estas instituciones se guían justamente por las encuestas que se orientan a proyectar posibles resultados electorales, con lo cual, de esa manera, solo “prestan” dinero, “dan” créditos o “adquieren” bonos de la deuda electoral, que emiten los partidos, a los que puntean en esas encuestas y por ello aseguran que con su posible resultado puedan recuperar los dineros girados a los partidos políticos.

El financiamiento público para los partidos políticos, en sus campañas electorales, es igualmente manejado, de manera perversa para solo asegurar a aquellos partidos que sacan más de un 4% de votos, o que eligen un diputado. Así ha funcionado siempre, con lo cual solo se favorece a menos del 10% de los partidos que participan, y estableciendo mecanismos para asegurar, en una época al bipartidismo dominante, y desde 1998 hasta hoy a un poco más de esos partidos del bipartidismo, siempre y cuando cumplan con esos resultados. Cada ciudadano que vota no vale igual para el Tribunal Supremo de Elecciones, respecto al costo por voto de lo que vale cada ciudadano.

Uno de los elementos que se atiza constantemente hoy, o en estos tiempos, es valorar el porcentaje de las personas que no tienen partido político, que no están definidas respecto a candidatos, con referencia también a la actitud que tienen frente a la Política, los Partidos Políticos, los candidatos presidenciales, o las elecciones mismas. En esta época, en estos meses, cuando aún no se ha definido en todos los partidos políticos los candidatos oficiales, que entrarán a la contienda es natural que haya altos índices de indiferencia electoral y a las opciones electorales, como partidos y como candidatos. El desánimo de las encuestas que puede rondar el 70% en promedio es técnicamente igual al mismo porcentaje de hace cuatro años o de hace ocho años, o de otros períodos electorales similares. Lo que se mide hoy no es lo que va a resultar cuando ya estén todos los partidos y candidatos jugando. Allí empezará de nuevo a jugar la rueda de la fortuna de las encuestas.

Si consideramos que el abstencionismo nacional, en promedio, desde 1953 hasta el 2018 ha sido de un 24%, y que desde el 2002 hasta el 2018 ha girado entre el 31% y el 34%, bajando en la segunda ronda del 2018 al 31%, ese es el abstencionismo histórico, que puede moverse muy poco hacia arriba, como ha sucedido. Los que se asustan, desaniman o sorprenden, con las encuestas que se están publicando deben tener esta referencia del abstencionismo histórico, no el momentáneo actual ante un panorama que todavía no muestra todos los partidos ni a todos los candidatos. Aún hay partidos en procedo de inscripción. Aún no se han desconfigurado las posibilidades de coaliciones, ni de candidatas femeninas, que podrían hacer algo de bulla.

Tengo la sensación, sin embargo, que en la próxima campaña puede reducirse ese abstencionismo por los candidatos que hoy suenan como principales en la disputa, y por el esfuerzo que harán todos los partidos por sacar del Gobierno, y evitar un tercer gobierno continuo del Partido Acción Ciudadana. Igualmente, tengo la sensación, de que en la próxima Asamblea Legislativa habrá fracciones de partidos más fuertes y con más diputados de los que ahora tienen, sin perjuicio de que partidos pequeños sigan representados.

Así los tufos de las actuales encuestas ahorita empiezan a aromarse, a perfumarse. Es tan solo un problema de esperar algunas semanas para ver partidos y candidatos debidamente perfumados en las encuestas y en los índices de opinión, hasta con la nota olfativa oriental de Pachuli, que como aceite tiene bondades medicinales aptas para cualquier campaña política, es antiséptico, desinfectante, antiinflamatorio, cicatrizante, regenerador celular, diurético, afrodisíaco, antidepresivo, sedante para el sistema nervioso… todo lo que necesitan los candidatos y también muchos electores por la forma como se va a llevar esta campaña que viene.

UCR, Voz experta: Un Frankenstein jurídico

Por: Alfonso Chacón Mata, profesor adjunto de la Escuela de Administración de Negocios y de la Facultad de Derecho

Análisis del proyecto de Ley de Empleo Público e implicaciones jurídico-operativas para la Universidad de Costa Rica

Alfonso Chacón Mata, profesor adjunto de la Escuela de Administración de Negocios y de la Facultad de Derecho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Las universidades estatales vienen padeciendo, desde tiempos muy recientes, un ataque sistemático a su organización y funcionamiento otorgado por la Carta Magna de 1949, y la consabida autonomía especializada se viene desdibujando a través de propuestas legislativas que buscan desconocer esta realidad y optar por una recentralización de sus funciones, sujeta a directrices y disposiciones vinculantes que cercenan su accionar.

La denominada “autonomía universitaria” no es una ficción y el proyecto de Ley de Empleo Público que se encuentra en la corriente legislativa (Expediente 21.336) responde a una lógica jerárquica del sector público, en la que no se discrimina las competencias dadas constitucionalmente a las propias universidades públicas, quienes poseen la más perfecta autonomía en las vertientes de organización, administración, financiera y conducción política. Lo cierto del caso es que el artículo segundo del proyecto de ley aduce que las universidades estarán afectas a las disposiciones del mismo proyecto. Ahora bien, ¿qué tipo de implicaciones y situaciones se suscitan con la intromisión del Poder Ejecutivo en su quehacer autonómico? Para tratar de desentrañar esa inquietud, el artículo sexto crea la Rectoría de Empleo Público y Creación del Sistema General de Empleo Público, compuesto por el Ministerio de Planificación Económica (Mideplan) como ente rector político y por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) como el órgano asesor técnico. A partir de la intromisión de las anteriores instancias en la dinámica habitual de las universidades estatales, nos servimos presentar una serie de postulados fácticos descritos en la ley y, que por sus implicaciones jurídicas, conviene desentrañar seguidamente:

1°- La DGSC emitirá, entre otras acciones a ser implementadas, los lineamientos y principios generales para la evaluación del desempeño, así como el establecimiento de un sistema único y unificado de remuneración de la función pública de conformidad con esta ley y especifica el salario y los beneficios de todas las personas funcionarias públicas (art. 9). En consecuencia, los salarios y cómo valorar el desempeño para ciertos incentivos (p.e. anualidades) vienen dados por la DGSC y no por la propia universidad.

2°- En contrapartida, las dependencias de recursos humanos de las instituciones incluidas en el artículo 2 de la eventual ley -que incluiría a las universidades públicas- deben aplicar y ejecutar las disposiciones de alcance general en ámbitos tales como gestiones del empleo, rendimiento, compensación y relaciones laborales, que la DGSC remita a la respectiva institución (art. 10 inciso a). Estamos, ni más ni menos, ante directrices de aplicación y ejecución dadas por la DGSC en todos esos ámbitos de organización administrativa de las universidades públicas.

3°- Por su parte, si bien es cierto que se dispone que será responsabilidad de las entidades de gestión de recursos humanos elaborar y aplicar las pruebas para efectos de los procesos de reclutamiento y selección de personal, así como efectuar los concursos internos y externos por oposición y méritos, sí debe obligatoriamente cumplir siempre con los estándares que establezca la DGSC (art.10 b). Estamos ante un acto administrativo en el que la DGSC establece los estándares que se requieren para el puesto, que no es otra cosa más que los requisitos que serán utilizados en los diferentes concursos dentro del sector público, incluidas las mismas universidades.

4°- Siguiendo siempre con esta sujeción a directrices en materia de organización y administración de personal que se propone en este proyecto de ley, no menos desdeñable sería que toda dependencia pública en el marco de la elaboración de su propio reglamento autónomo de servicio o su equivalente, deba alinearlo de conformidad con los lineamientos y directrices que emita el ente rector del empleo público y de salud ocupacional (art. 11). Se hace sumamente lesivo, entonces, que la potestad de autogobernarse en su principal basamento funcionarial, queda supeditado al ente rector (Mideplan), que debe avalar tales reglamentaciones internas de las universidades.

5°- Y, si acaso quedara duda de los alcances de esta intromisión en materia de selección de personal de otras instancias ajenas a la universidad, tenemos que la misma ley, en el denominado Régimen General de Empleo Público, conforma las denominadas “familias de puestos”, siendo que las personas docentes y académicas de la educación técnica y superior se encuentran incluidas en una misma familia (art. 14 inciso e). Para efectos de reclutamiento y selección de las personas de nuevo ingreso se dice que la DGSC emitirá las respectivas disposiciones según la respectiva familia de puestos (art. 15). Se deja sin efecto, nuevamente, lo que ya la misma Sala Constitucional había esgrimido desde hace mucho tiempo, concretamente en la sentencia N° 1313-93 de las 13:54 horas del 26 de marzo de 1993, al decir que compete a las universidades “decidir libremente sobre su personal”.

6°- Siguiendo con este tópico de las “familias”, se hace alusión al ámbito de la metodología de valoración del trabajo y, en este sentido, el artículo 32 del proyecto de ley dispone que la DGSC definirá los factores de trabajo relevantes para cada familia laboral. Sin embargo, entre todas estas valoraciones nos llama poderosamente la atención la que estipula el inciso j) del citado artículo 32, referente a “La producción científica, técnica y académica vinculada con las funciones del puesto o el giro ordinario de la institución para la que se labora”. Debe entonces considerarse a la luz de lo dicho que, en el caso de los y las docentes universitarias, su trabajo y labor académica debe ser definida metodológicamente por la DGSC. ¿Cómo valorará esta instancia técnica del Poder Ejecutivo los estudios investigativos en campos como virología, medicina, física, genética, historia colonial, ciencias del movimiento humano, etc., sin tener los profesionales y competencias sobre tales tópicos?

7°- Y para continuar con las denominadas “familias laborales”, igualmente vamos a encontrarnos que la misma DGSC establecerá los distintos grados dentro de tales familias, que representarían los grupos de puesto con perfil similar. Por ello, la Dirección definirá el número de grados requeridos dentro de cada familia laboral, así como sus características, según lo preceptúa el artículo 33 de la iniciativa legal. ¿Y dónde queda la posibilidad de analizar y ejecutar la estructura de personal más conveniente según las necesidades universitarias? ¿Quién podría saber más acerca de las necesidades familiares que la propia familia misma?

8°- En materia salarial, se habla de un régimen salarial unificado para todo el servicio público, por lo que todas las instituciones del sector público se incluirán en este régimen basado en el denominado “salario global”. Si la misma ley propuesta establece que la DGSC y la Autoridad Presupuestaria (AP) del Ministerio de Hacienda definen los salarios de las altas jerarquías, incluyendo a rectores y rectoras de universidades públicas (artículo 38 inciso f), con mucho más razón pretende fijar “hacia abajo” todos los salarios universitarios como parte del sector público en general.

9°- Por último, esta iniciativa estaría menguando y, prácticamente, desapareciendo la capacidad y autonomía de negociación en materia de convenciones colectivas de trabajo. El artículo 43 del proyecto es tajante en la prohibición de variar o modificar salarios y no se permite la creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales. Sin duda alguna, se incurre en una seria afrenta contra la libertad de negociación en el sector público y se está vaciando la garantía que ostentan los sindicatos para ejercer el derecho a la suscripción de convenciones colectivas a la luz de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, concretamente los Convenios 87 y 98. En este sentido, la ley no puede venir a desaparecer derechos humanos laborales fundamentales, como en la especie se está realizando de manera inapropiada.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, corresponde apelar al buen tino de la Sala Constitucional para que pueda deshacer esta suerte de Frankenstein jurídico, cuyas consecuencias nos hemos permitido esbozar someramente. Las universidades estatales y, en especial la Universidad de Costa Rica, deben seguir vigilando muy de cerca lo que acontece sobre este particular.

 

Alfonso Chacón Mata
Profesor adjunto de la Escuela de Administración de Negocios y de la Facultad de Derecho

Biden y el retorno de la Doctrina Kennan

Germán Gorraiz López – Analista

Con Joe Biden podríamos asistir al retorno de la tesis geopolítica de George Kennan, diplomático y consejero de EEUU en la década de los 40 e ideólogo de la denominada política de contención de la URSS, quién afirmó que “decir que el derrocamiento de los regímenes hostiles a EEUU es el objetivo principal de los servicios de inteligencia de EEUU, es un secreto a voces”, doctrina que podría tener su plasmación en la previsible defenestración de Al Asad y Erdogan.

Hacia la balcanización de Siria

Zbigniew Brzezinski, ex-asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca bajo la presidencia de Jimmy Carter, advirtió sobre los peligros de una intervención en Siria y sobre el riesgo de una supuesta victoria de los rebeldes tras aseverar que “temo que la situación en Siria se dirija hacia una intervención estadounidense que carezca de eficacia» y expresar su perplejidad “tras la decisión de la CIA de desestabilizar Siria y derrocar a su Gobierno cuando los rebeldes son más hostiles para nosotros que Al Assad”. Con Joe Biden continuaría la estrategia diseñada por el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU con el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército de Defensa de Israel, Benny Gantz y que contaría con Jordania, Arabia Saudí, Turquía y Qatar como colaboradores necesarios para romper el Eje Teherán-Damasco-Beirut y obligar a Irán a renunciar a sus aspiraciones de la energía nuclear. Asimismo, según informa el diario israelí Haaretz, “Irán intentará aumentar considerablemente su presencia en Siria estableciendo una base aérea y otra naval”, lo que podría convertir a Siria en el portaviones continental de Irán y su grupo aliado Hezbolá, algo inadmisible para Israel que se vería obligado a dormir con sus más acérrimos enemigos.

Asimismo, el acuerdo de cooperación energética firmado en el 2011 entre Irak, Irán y Siria para la construcción del gasoducto de South Pars a Homms conectaría Irán con el Mar Mediterráneo y relativizaría la importancia estratégica del Proyecto del Gasoducto Trans-Adriático (TAP), (sustituto del fallido gasoducto Nabucco proyectado por EEUU para transportar el gas azerí a Europa a través de Turquía), así como el papel relevante de las monarquías árabes del Golfo como suministradores de crudo a Occidente, todo lo cual explicaría el afán de Qatar, Arabia Saudí y Turquía por defenestrar a Al-Asad, dentro del rol que se les ha asignado como peones de la partida geoestratégica que podremos contemplar en el próximo quinquenio.

En consecuencia, Al Asad podría convertirse en un obstáculo insalvable para el diseño de la nueva cartografía del Oriente Próximo, por lo que Putin y Biden podrían llegar a un acuerdo secreto en la Cumbre a celebrar en Junio entre ambos mandatarios para sacrificarlo en aras de lograr la pacificación del avispero sirio (previo desalojo de las tropas del ISIS que extenderán sus tentáculos hacia Libia y el Magreb) a cambio del cese de las sanciones económicas contra Rusia y la implementación de un nuevo status quo en Ucrania que supondrá la división de Ucrania en dos mitades casi simétricas (Sur y Este del país, incluida Crimea, bajo la órbita rusa) mientras el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán tras la estela de la UE. Posteriormente, asistiremos a la partición de Siria en tres partes. Así tendremos la Siria alawita, protectorado ruso que abarcaría desde la costa mediterránea hasta Alepo, el Kurdistán sirio tutelado por EEUU y la zona sunita del sur sirio que se englobaría en el nuevo Sunistán sirio-iraquí, lo que unido a la división de Irak consagraría el triunfo de los esfuerzos de Israel para la balcanización de Siria e Irak, quedando tan solo el régimen teocrático chíita del Líder Supremo Ayatolah Jamenei como futuro objetivo de la estrategia balcanizadora de Brzezinski.

El delirio de Erdogan

Erdogan se negó a participar en las sanciones occidentales contra Moscú y compró a China misiles de defensa antiaérea HQ-9 y manifestó su deseo de integrarse en la Nueva Ruta de la Seda permitiendo inversiones del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) por lo que Erdogan sería un obstáculo para el diseño de la nueva doctrina de EEUU. En efecto, la nueva doctrina geopolítica de Erdogan pretende dejar de gravitar en la órbita occidental y convertirse en potencia regional, lo que implica que la lealtad a los intereses anglo-judíos en Oriente Próximo estaría en entredicho debido al fervoroso apoyo de Erdogan a la facción palestina Hamas y al consiguiente enfrentamiento con Israel así como la guerra sin cuartel declarada contra el PPK kurdo y su aliado sirio el PYD que chocaría con la nueva estrategia geopolítica de EEU. Así, la obsesión de Erdogan sería impedir el surgimiento de una autonomía kurda en Siria que sirva de plataforma al PKK por lo que el Congreso turco habría aprobado una ley que permite al Ejército turco (TSK) entrar en Siria e Irak para combatir a “grupos terroristas”, eufemismo bajo el que se englobarían no tanto el ISIS como el PKK y el PYD kurdo-sirio, aliado y hermano del PKK.

La frontera turco-siria sería el paso natural de los grupos yihadistas para abastecerse de armamento y sufragar el mantenimiento de sus operaciones militares mediante la venta de petróleo a precios irrisorios, términos reconocidos por el general Wesley Clark quien según la televisión libanesa de Hezbolá (Almanar) reconoció que “Turquía apoya al autodenominado Estado Islámico (EI) aunque nunca lo reconocerá” pero los bombarderos rusos sobre los tanques petrolíferos del ISIS supondrían un misil en la línea de flotación de los pingües beneficios obtenidos por Turquía mediante la reventa del crudo exportado por los yihadistas por lo que la miopía política de Erdogan le habría llevado a planificar el derribo del caza ruso SU-24.

Asimismo, la intervención turca en Libia para instalar una base militar que le facilite el control de las rutas gasísticas del Mediterráneo y así torpedear la construcción del gasoducto submarino EastMed, (iniciativa conjunta de Grecia, Chipre e Israel para transportar el gas de los yacimientos del Mediterráneo Sud-oriental a Europa) y convertirse junto con Rusia en los abastecedores únicos de gas a la Unión Europea. En este contexto, invocando el Derecho Internacional, Turquía exigió a Grecia y a Chipre una Zona económica exclusiva (ZEE), para explotar las importantes reservas de gas de la zona, tentativa que chocó con la frontal oposición de Francia que envió naves militares a la zona, con lo que Erdogan se habría granjeado la enemistad de Macron, Israel y del resto de la Unión Europea. Todo ello aunado con el hundimiento de la lira turca respecto al Dólar USD (14 % en el presente ejercicio) y el descontento popular ante la recesión económica que se avecina, podría provocar que el ejército turco (TSK) protagonice un nuevo golpe “virtual” o “posmoderno” que acabaría con el mandato de Erdogan, (rememorando el ‘golpe blando’ de 1997, cuando los generales kemalistas arrebataron el poder al Gobierno del presidente Necmettin Erbakanpor, quien lideraba una coalición islamista). Dicho golpe contaría con las bendiciones de Washington y Moscú al dejar Erdogan de ser un peón útil en el marco del nuevo escenario geopolítico mundial surgido tras el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU y Rusia, quedando Siria y Turquía como portaaviones continentales de Rusia y EEUU respectivamente.

Desigualdades sociales y pandemia

El día 26 de marzo es miércoles de coyuntura y se realizara un conversatorio sobre: “Desigualdades Sociales y Pandemia” con la participación de Patricia Mora, Diputada en el periodo 2014-2018, Ministra de Condición de la Mujer del 2018 al 2020, Socióloga y Profesora universitaria y Laura Martínez, directora del Semanario Universidad, Periodista y Profesora universitaria.

Se podrá participar en las redes sociales de Programa voces y política o por medio de llamada telefónica al teléfono: 2234 3233.

Día: 26 marzo 2021
Hora: 5:00 pm
Radio Universidad 96.7 FM
¡Nos escuchamos!

Palestine Strike/ Red de Solidaridad con Palestina CR

El día sábado 22 de mayo del 2021, alrededor de 70 personas se congregaron en San José, Costa Rica para sumarse al llamado de Palestine Strike y reafirmar la solidaridad con la resistencia del pueblo Palestino. En la actividad se leyeron varios comunicados, en cuenta del sindicato de educadores ANDE, la principal organización sindical del país cuyo Consejo de Representantes votó el mismo 22 de mayo, una resolución de condena a la agresión de Palestina y en apoyo a su causa.

En el siguiente enlace se podrá ver un extracto del apoyo brindado en el llamado Palestine Strike:

 

Compartido con SURCOS por Pablo Hernández Arias.

SINASSASS llama a participar en la elección de juntas de salud de la CCSS

SURCOS comparte el siguiente llamado:

Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y afines del Seguro Social SINASSASS: “Elecciones de juntas de salud”

SINASSASS como una organización comprometida con la Seguridad Social, apoya al Frente Nacional por la Seguridad Social FRENASS en su importante gestión de defensa y fortalecimiento de la Seguridad Social, e insta a sus afiliados o si estos conocen a personas con liderazgo, a postular sus nombres para el proceso de elección de las Juntas de Salud, 2021 a celebrarse en el mes de octubre del presente año.

Las Juntas de Salud son entes auxiliares de los hospitales, clínicas y áreas de salud de la Caja, para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y financiero, así como la promoción de la participación ciudadana.

Su fortalecimiento mediante la participación ciudadana es de suma trascendencia para garantizar el fortalecimiento de la Seguridad Social y que los servicios de salud sean más eficientes.

Los requisitos son simples: ser mayor de edad, disponer de tiempo e interés, estar adscrito a un Área de Salud. Los interesados participaran de un proceso de capacitación sobre el papel de las Junta de Salud que FRENASS brindará previo a las elecciones.

¡Los motivamos a participar!

Háganos llegar el nombre completo, número de cédula y contacto de posibles

interesados al correo info@sinassasscr.org

Para más información llamar al:(506) 2221-3584

Adjuntamos imagen del comunicado oficial:

Represión contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Macumatzá

SURCOS recibió tres comunicados que dan cuenta de la represión contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Macumatzá, en México. El primer boletín es de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM); el segundo es de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Nivel de Educación Indígena y el Consejo Central de Lucha de la Sección 7, y por último, una petición para recolectar firmas organizado por CDH Fray Bartolomé de Las Casas.

Estas organizaciones toman un posicionamiento a partir de la situación que se dio el 18 de mayo de 2021, cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural Macumatzá se encontraban repartiendo volantes a la altura de la caseta de cobro de la carretera Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado efectuaron un operativo de desalojo, «que se llevó a cabo con un uso excesivo de la fuerza pública». En este operativo fueron detenidas 74 mujeres y 21 hombres, quienes fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esta petición tiene el objetivo de exigir al Estado Mexicano garantizar la vida, integridad, seguridad personal a las personas afectadas y que se investigue las violaciones a derechos humanos cometidos en su contra.

Adjuntamos el enlace para firmar la petición:

https://frayba.org.mx/alto-a-la-criminalizacion-de-la-protesta-social-contra-estudiantes-de-la-escuela-normal-rural-mactumatza/

Adjuntamos comunicados oficiales para conocer a profundidad la situación:

Seminario Virtual UNA: Costa Rica Post Covid ¿Hacia dónde vamos? Una mirada desde algunos actores sociales

El seminario virtual “Costa Rica Post Covid ¿Hacia dónde vamos? Una mirada desde algunos actores sociales” es organizado por la Rectoría – UNA; Rectoría Adjunta; Vicerrectoría de Extensión; Facultad de Ciencias Sociales; Escuela de Sociología; UNA-Vinculación.

Información acerca del evento

Los efectos originados en la coyuntura del Covid 19 a partir de 2020 son diversos y, con toda seguridad, esos persistirán por largo tiempo tanto en el entorno global como en nuestra sociedad en particular. Bajo esa premisa se organiza este seminario para abrir las miradas desde diversos ámbitos de la sociedad costarricense y a partir de las cuales analizar algunas de las principales tendencias originadas por la pandemia y sus posibles escenarios a futuro, con el propósito de contribuir a la búsqueda de respuestas a algunos de los principales desafíos.

Se contará con la participación de: Héctor Ferlini-Salazar, Foro Confluencia Solidaria; Carlos Campos Rojas, Territorios Seguros; Olga Marta Sánchez, Colectivo Mujeres por Costa Rica.

Moderador: Abelardo Morales, Académico de la Escuela de Sociología, UNA.
Fecha:
2 de junio de 2021

Hora: 3:00 p.m. a 5.00 p.m.
Enlace: Plataforma Zoom
https://una-cr.zoom.us/j/81386691288
ID: 813 8669 1288

Para más información se puede visitar el siguiente enlace: https://www.calendario.una.ac.cr/evento/seminario-virtual-costa-rica-post-covid-hacia-donde-vamos-una-mirada-desde-algunos-actores-sociales/

 

Enviado por Abelardo Morales-Gamboa.

¿Cómo la gente utiliza WhatsApp para informarse del coronavirus?

El Centro de Investigación en Comunicación y el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR invitan a la convocatoria estudio IIP-UCR, con el cual buscan entender: ¿Cómo la gente utiliza WhatsApp para informarse del coronavirus?

Para participar solo se debe tener más de 18 años de edad y vivir en Costa Rica.

El enlace para el experimento es: http://bit.ly/coronavirus_whatsapp_2021

 

Enviado por Carlos Brenes, IIP.