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Autor: María José Ferlini Cartín

¡Basta ya! de la farsa de Juan Guaidó en Venezuela

Lic. José A. Amesty R.

Recordemos que Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, el 23 de enero del año 2019, se autoproclamó, en una plaza pública, Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo al Presidente electo constitucionalmente Nicolás Maduro Moros.

Posteriormente, e inicialmente fue reconocido por alrededor de 50 países, entre los cuales se encuentran: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Paraguay; el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y el Grupo de Lima.

Mencionando, además, que gracias a Donald Trump, a su apoyo, al “arriarlo”, pone de moda el término “autoproclamado”. La verdad ineludible, es que Guaidó fue y está avalado, financiado, apoyado por Donald Trump y los Estados Unidos de Norteamérica, como Imperio actual.

No obstante, y sin duda alguna, en el contexto de la Revolución Bolivariana, Juan Guaidó, es el usurpador no reconocido por la mayoría del pueblo venezolano. No fue ni siquiera candidato en mayo del 2018, cuando se celebraron las elecciones legítimas y legales en Venezuela, para escoger al Presidente, nadie lo eligió; fue un tipo que escogieron para interpretar el rol de líder “popular”.

Guaidó era prácticamente un desconocido en la escena política de Venezuela, cuando en una plaza pública y sin cumplir ninguno de los preceptos constitucionales, se auto juramentó como presidente encargado.

En términos más políticos, está al servicio de una operación intervencionista de recolonización desde el extranjero. Viola la Constitución venezolana, negociando la entrega de las riquezas a las transnacionales, a los privados; eliminando el control del Estado sobre el petróleo y el gas, aparte de subordinar las negociaciones a los Tribunales Internacionales, entre otras medidas.

En general, Guaidó no fue, en ningún momento, ni es presidente de Venezuela, está actuando al margen de las leyes constitucionales venezolanas, por lo tanto, puede ser enjuiciado por tal actitud.

Igualmente, para recordar que, entre las atribuciones, más importantes, del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela están: Cumplir y hacer cumplir la legislación de Venezuela. Nombrar y destituir al Vicepresidente Ejecutivo, así como nombrar y destituir a los ministros. Dirigir las relaciones exteriores de la República, celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la Constitución. Administrar la Hacienda Pública Nacional. Nombrar y destituir aquellos funcionarios cuya designación le atribuye la legislación. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. Autorizar y ejecutar las extradiciones, liberación de presos, entre otras.

Nos preguntamos, Juan Guaidó, en su supuesto mandato, ¿ha ejercido o ejecutado alguna de estas atribuciones? Por supuesto que no.

Groseramente, si ha influenciado a varios de los países que lo apoyan, para desconocer, por ejemplo, a las autoridades diplomáticas en esos países, desconociendo y usurpando las tareas de las embajadas y consulados, así como los embajadores y cónsules.

Conocemos de los problemas, angustias, dificultades y tristezas, de muchos venezolanos/as, que estando fuera de su país, no pueden renovar o adquirir pasaporte nuevo, u otro documento, ante la inexistencia de autoridades legales, ya que el país por ejemplo (Costa Rica), no reconoce a las autoridades venezolanas, sino a las del usurpador Juan Guaidó.

En este sentido, es significativo, lo que señala el funcionario y miembro del partido de gobierno en Costa Rica, Partido Acción Ciudadana PAC, Federico Picado, “Creo que el Presidente Alvarado y el Canciller Solano, deben prepararse para repensar y replantear las relaciones con las autoridades legítimas de Venezuela. Con la derrota de Trump, desaparece Guaidó, y en consecuencia llega a su fin una política que fracasó, que no condujo a nada, que nuestro gobierno apadrinó, y que el único que pagó las consecuencias fue el venezolano de todos niveles y colores, pues las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Trump y Pompeo, y sus consecuencias internas humanas y materiales, no hicieron distinción alguna entre chavistas, opositores e independientes. El Presidente y el Canciller, no pueden seguir ignorando una realidad objetiva por razones ideológicas, a la espera de la mano piadosa del norte. Han desconocido la dinámica propia de un país, que ha soportado todas las agresiones posibles exceptuando la agresión e intervención militar directa del imperio. Creo que llegó la hora de tender la mano sin imponer condiciones y que gane espacios la política y la sensatez con relación al abordaje de la situación de Venezuela”.

Y es cierto, ante las elecciones parlamentarias en Venezuela, el 6 de diciembre, Guaidó ya no es ni diputado, ni mucho menos Presidente. Aún, pese al saboteo y la abstención, la Asamblea Nacional venezolana, está ahora en manos de una mayoría chavista, y los países que apoyaron la aventura de Guaidó, deben recapacitar, considerar y reconocer ahora, a los actuales diputados y diputadas, incluido a Nicolás Maduro Moros, como genuino y legítimo presidente electo constitucionalmente.

Es más bien, un inepto con acusaciones recientes de ser corrupto y ladrón de fondos, para su aventura política de “autoproclamado”. Se ha revelado, por la prensa, incluida la prensa opositora al gobierno bolivariano, ‎el súbito enriquecimiento de los familiares de Juan Guaidó, comprobado desde que el “presidente ‎interino” y sus colaboradores tienen acceso a los activos del Estado venezolano “confiscados” ‎por Estados Unidos. La prensa opositora también ha divulgado historias de supuesta complicidad, ‎entre altos funcionarios del gobierno y algunos diputados opositores.

Es abiertamente conocido, como una ficha a utilizar por USA, aunque ya va a ser desechado, según algunos partidarios de la oposición venezolana. Bufón del Imperio e incompetente.

Pasadas las elecciones parlamentarias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho, que su cargo ha quedado ratificado y «recontraratificado», por el amor, el voto y la pasión del pueblo bolivariano, luego del rotundo triunfo del chavismo en las elecciones legislativas, en las que no participó la oposición que representa el líder opositor Juan Guaidó.

Juan, por su parte, reiteró sus denuncias de fraude en las elecciones, alegando que no participó, porque los comicios no cuentan con las garantías suficientes para que sea un proceso transparente.

Como dice un dicho popular, son “pataleos de ahogado”, se aferra a un sillón presidencial ficticio, argumentando que el Gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo, pese a ser reconocido por más de 135 naciones, frente a 50 países que le brindaron a Guaidó su respaldo inicial.

Como ya intuimos, a partir del 5 de enero 2021, los gobiernos que lo apoyaron en enero de 2019, y no renovaron su confianza, al menos de manera pública, tendrán que dar un paso al frente y manifestarse al respecto, dichos apoyos o rechazos son vinculantes y de valor práctico.

Deseamos ya casi finalizando, destacar un elemento que alude al pernicioso y recurrente ataque sobre la acusación de la “dictadura de Maduro”. Cómo es posible, que luego de unas elecciones parlamentarias legales, constitucionales, con veedores internacionales, se permita que un impostor (Juan Guaidó), primero, llame “tirano”, “impostor”, “usurpador”, al Presidente que de verdad está ejerciendo (Nicolás Maduro); segundo, que éste último, permita, que el autoproclamado, pueda aparecer y circular en el país, ante la opinión pública; tercero, organizar una consulta popular, con unos supuestos 7.000 centros de recepción de votos, y finalmente, salir campante sin ser molestado por los agentes de seguridad del Estado o la policía política del “dictador” de turno.

¡Imagínense qué le habría ocurrido a quienes, durante algunas de las dictaduras acaecidas en América Latina, hubiesen instalado no 7.000 sino, 7 centros de recepción de votos para expresar su repudio al régimen! Habrían sido arrestados al instante, probablemente torturados hasta morir y desaparecidos sin dejar rastros.

Finalmente, el año 2020 ha sido para Juan Guaidó, el año de su máximo truco ilusionista y el de su caída que ya parece indetenible. La caída de la ilusión está sucediendo en estos momentos.

Parece inevitable que el invento Guaidó termine por apagarse. Su historia política, desde su reconocimiento en enero del 2019, por parte de Trump, es una sucesión de errores e incapacidades.

Su progresivo declive venía sucediendo sin demasiado impacto. Su incapacidad para proponer algo nuevo (o incluso repetir algo viejo) quedaba tapada por las casi semanales sanciones anunciadas por Estados Unidos, en el marco de un bloqueo férreo, persiguiendo barcos y navieras para que no comercie petróleo con Venezuela.

¿Hasta cuándo seguirá el respaldo a Guaidó? Lo que es seguro es que Guaidó no hizo lo que debía hacer, y deben existir otros planes en vista de sus fracasos. Como señalan los dichos populares: “a Guaidó, solo le queda una presidencia virtual en el país de Narnia”.

Guyana / Venezuela: Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declara competente

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 18 de diciembre del 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su fallo en el que se declara competente para conocer de la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en el 2018: véase texto en francés y en inglés de su decisión.

Como previsible, Venezuela emitió un comunicado oficial de su diplomacia en la misma fecha, en el que rechaza categóricamente la conclusión a la que llegó la CIJ (véase texto completo del comunicado oficial).

Dos cuestiones zanjadas, pero una sola de manera unánime

Nótese que luego de un largo análisis realizado por la CIJ, son dos únicos puntos resolutorios sobre la competencia de la CIJ que contempla esta sentencia en su párrafo final.

De las dos cuestiones a resolver, la única conclusión que fue adoptada por unanimidad por parte de los quince jueces titulares (véase lista oficial) así como por la jueza ad hoc designada por Guyana, Hilary Charlesworth (Australia), es la siguiente: la CIJ es únicamente competente para conocer de hechos anteriores a 1966 (párrafo 138) y no a hechos posteriores como lo sostenía aventuradamente Guyana.

Como bien se sabe, esta antigua controversia territorial entre Guyana y Venezuela no había dado lugar a mayores tensiones entre ambos Estados antes del 2015, año en el que la empresa Exxon Mobile anunció el descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos frente a las costas de Guyana (véanse esta nota de la BBC del 10/06/2015 así como esta nota y mapa del Spectrumgeo del 2016). El entusiasmo de Exxon Mobile fue tal que se anunció que sufragaría los gastos de defensa de Guyana ante la CIJ contra Venezuela, calculados en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa del Guyana Times): es posiblemente la primera vez en la historia que un Estado reconoce oficialmente recibir montos de una empresa privada para sufragar sus gastos en La Haya.

Cabe indicar que la totalidad de los gastos que supone una demanda en La Haya para un Estado constituye un ámbito en el que imperan la discreción y el recelo, y en el que la prensa se ha mostrado muy poco curiosa, incluyendo la costarricense (Nota 1).

Un intenso debate inter pares

Más allá del entusiasmo inicial de Exxon Mobile y de Guyana (que debería decaer significativamente a raíz de esta decisión de la CIJ), cabe precisar que esta sentencia no fue exenta de debate entre los mismos jueces sobre el otro punto resolutorio: el de saber si hay (o no) manera de sostener la existencia de un consentimiento previo de Venezuela (sin el cual, la CIJ debió de declararse incompetente).

Como bien se sabe, en marzo del 2018, Guyana presentó una demanda unilateral con base en una carta del Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018 dirigida a ambos Estados. Esta carta se fundamenta en un acuerdo de 1966 entre Venezuela y Reino Unido que designa al máximo representante de Naciones Unidas como la entidad encargada de ayudar a ambos Estados a resolver la disputa entre Guyana y Venezuela.

El juez Ronny Abraham (Francia) externó su profunda inconformidad en un voto disidente (véase texto), así como el juez Mohammed Bennouna (Marruecos), en otro voto disidente (véase texto): ambos jueces indicaron que no se pueden hacer derivar del acuerdo de 1966 entre Venezuela y Reino Unido las consecuencias jurídicas a las que llegó la mayoría de la CIJ. El juez marroquí concluyó su opinión disidente señalando que:

«A mon avis, ce n’est que par une interprétation rigoureuse du consentement des Parties à sa compétence que la Cour renforcera sa propre crédibilité ainsi que la confiance dont elle bénéficie de la part des Etats parties au Statut«.

En un texto que lleva el nombre de «declaración» (y no de «opinión disidente«, por alguna razón que sería de interés conocer), el juez Giorgio Gaja (Italia) también consideró que no existen bases jurídicas para establecer el consentimiento de ambos Estados (véase texto de su declaración) y concluyó su denominada «declaración» señalando que:

«In conclusion, the Parties are, in my opinion, under an obligation to resort to judicial settlement and therefore to confer jurisdiction on the Court. Pending consent to that effect, the Court does not yet have jurisdiction on the dispute».

En otra opinión disidente llamada como tal, el juez Kirill Gevorgian (Rusia) llegó una conclusión muy similar a los anteriores jueces citados, al indicar (véase texto completo) que:

«Rather than basing itself upon an unequivocal, indisputable indication of Venezuela’s consent, as its jurisprudence requires, the Court goes looking for reasons to exercise jurisdiction, relying in particular on the presumed intentions of the Parties and upon a series of statements that are, at best, of ambiguous meaning. The Court ignores language in the text of the Geneva Agreement that squarely contradicts its position and is unable to point to any express statement evidencing either consent to this Court’s jurisdiction or an acknowledgment that the Secretary-General’s choice of the means of settlement is legally binding. In my view, this approach is wrong and undermines the fundamental principle of consent by the parties to the jurisdiction of the Court«.

Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo.

La no comparecencia ante la CIJ y sus riesgos

Como se recordará, Venezuela optó desde un inicio (junio del 2018) por no comparecer en el procedimiento, al oponerse frontalmente al accionar unilateral de Guyana y cuestionar la competencia de la CIJ para conocer de esta demanda El texto integral de la demanda de Guyana (cuya lectura completa se recomienda) fue respondido por Venezuela 24 horas después con este comunicado oficial (véase texto del comunicado del 30/3/2018), cuya lectura también se recomienda.

Históricamente, Venezuela se ha mantenido siempre muy distante de la justicia internacional, persistiendo por ejemplo en no ratificar el Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado de firmas y ratificaciones) y en no reconocer la competencia de la CIJ mediante la declaración prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto). Esta actitud, que se ha mantenido a través del tiempo, se explica en gran parte por la sensación de haber sido objeto de una maniobra acordada entre los árbitros ingleses, norteamericanos y ruso para favorecer al Reino Unido en un laudo arbitral de 1899 sobre precisamente la frontera entre Venezuela y Reino Unido (Nota 2). Lo llamativo de recalcar en el marco de estas breves reflexiones, es que Guyana tampoco es parte al Pacto de Bogotá de 1948 y que tampoco ha reconocido nunca la competencia de la CIJ mediante la precitada declaración prevista para ese efecto (véase listado oficial de declaraciones hechas).

En una anterior nota sobre la posición venezolana titulada «El reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella: algunos apuntes» (véase nota), habíamos indicado el riesgo que corría Venezuela al privarse ella misma de poder arrebatir los argumentos de Guyana.

Ello sin considerar además el hecho que la no comparecencia por parte de un Estado en La Haya puede ser percibido por algunos jueces de la CIJ como un acto de rebeldía, que puede disimular la poca solidez de los argumentos del Estado ausente. ¿Podría ello explicar el hecho que de quince magistrados, solo cuatro consideraran equivocado el sostener que Venezuela sí ha dado su consentimiento para que la CIJ pueda conocer de una demanda como la planteada por Guyana? Es una interrogante que nos podemos hacer, al ser todos reconocidos juristas, que conocen muy bien los alcances así como las limitaciones de la justicia internacional para funcionar en ausencia de un consentimiento previo del Estado demandado.

Mapa de lo que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba», extraído de nota de prensa de la BBC titulada «El Esequibo, el territorio que disputan Venezuela y Guyana desde hace más de 50 años», edición del 30/03/2018

En el hemisferio americano, el último caso en el que se pudo observar la no comparecencia a un procedimiento contencioso ante la CIJ en La Haya remonta a la decisión tomada por Estados Unidos en 1985, luego de declararse competente la CIJ en su decisión del 24 de noviembre de 1984 (véase texto completo) para examinar la demanda interpuesta por Nicaragua en abril de 1984. En el mes de setiembre de 1985, la CIJ dio por concluidas las audiencias orales a las que solamente participaron los asesores de Nicaragua (véase comunicado de prensa de la CIJ), procediendo a elaborar lo que se convertiría en un histórico fallo cuya lectura tuvo lugar el 27 de junio de 1986. La situación de Venezuela es no obstante distinta, en la medida en que Estados Unidos sí participó en la fase preliminar sobre competencia de la CIJ, y optó por no comparecer cuando la CIJ se declaró competente.

Para completar el panorama en lo correspondiente a Estados del hemisferio americano, cabe mencionar una actitud un tanto original de Colombia en abril de 2016, al optar por no asistir a una reunión en La Haya convenida con el Presidente de la CIJ, en el marco de las dos demandas pendientes de resolución contra Colombia presentadas por Nicaragua en el 2013 (Nota 3).

La figura de las excepciones preliminares en breve

Ahora bien, si un Estado demandado por otro no está de acuerdo en que una controversia sea llevada ante la justicia internacional, puede hacerlo ver ante la misma CIJ: en efecto, el procedimiento contencioso de la CIJ prevé una primera etapa procesal (denominada «excepciones preliminares«) en la que precisamente, el Estado demandado puede cuestionar ante los jueces de la CIJ la base de competencia usada por el contrincante. Con una primera fase escrita de dos rondas de alegatos, seguida luego de una fase oral de usualmente también dos rondas de alegatos. Culminada la etapa oral, la CIJ delibera y decide si es o no competente: esta primera etapa procesal toma varios años cuando ambos Estados comparecen (tres a cuatro), pero mucho menos si uno se abstiene de hacerlo. En el presente caso, las audiencias orales se realizaron el 30 de junio del 2020 (véase verbatim de estas audiencias) con la única participación de los asesores legales de Guyana.

En América Latina, en años recientes, podemos citar dos casos en los que, luego de resolver la cuestión sobre su competencia, la CIJ decidió sobre el fondo en contra – primer caso – y a favor – segundo caso – del Estado que presentó excepciones preliminares: se trata del fallo a favor de Nicaragua contra Colombia de noviembre del 2012 (véase detalle del caso) y del fallo a favor de Chile ante la demanda de Bolivia de octubre del 2018 (véase detalle del caso). Tanto Colombia como Chile, ambos Estados demandados por Nicaragua y Bolivia respectivamente, cuestionaron en un primer momento la competencia de la CIJ, sin mayor éxito en ninguno de los dos casos.

Colombia reiteró el fracaso de sus gestiones ante la CIJ al escuchar la lectura de dos fallos dados a conocer el mismo día, en la que el juez internacional se declara competente para conocer de dos nuevas demandas interpuestas en su contra por la misma Nicaragua en el 2013 (véase texto integral del fallo del 17 de marzo del 2016 ) y otra también en el 2013 (véase texto integral del fallo del 17 de marzo del 2016).

A modo de conclusión

Al anunciar oficialmente que no comparecería Venezuela, la CIJ decidió que su primera decisión sobre este caso versaría únicamente sobre aspectos de competencia (Nota 4), la cual fue dada a conocer este 18 de diciembre del 2020: los jueces de la CIJ reconocen que sí son competentes, pero únicamente para conocer de hechos anteriores a 1966.

Es probable que esta decisión sea objeto de fuertes críticas en la doctrina del derecho internacional público, al relativizar de manera bastante osada lo que constituye un principio angular del sistema de justicia internacional: ello, a partir de una interpretación muy propia hecha del alcance de un tratado de 1966 y de una carta emanada del Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018.

En las próximos semanas, la CIJ procederá a convocar nuevamente a ambos Estados, para precisar esta vez el cronograma a seguir en la segunda etapa sobre el fondo que durará varios años antes de la lectura del fallo (cuatro a cinco cuando ambos Estados comparecen, mucho menos si uno no lo hace).

Venezuela podría por supuesto mantener su posición de no comparecer ante la CIJ: en este caso, la CIJ tomaría una decisión sobre el fondo – sobre hechos anteriores a 1966 – sin que Venezuela tenga la posibilidad de responder a los alegatos de Guyana. Desde el punto de vista táctico, es en la fase oral del procedimiento contencioso en la que la ausencia del no compareciente surte mayores efectos, ya que en la fase previa (escrita), el Estado que no comparece tiene manera de hacer llegar a los jueces de la CIJ su posición sobre algunos de los argumentos escritos presentados en su contra.

Posterior al cierre de las audiencias orales, la CIJ inicia su período de deliberaciones internas («délibéré«) que duran varios meses hasta la lectura final del fallo a ambos contendores. Peruanos y chilenos debieron esperar más de 13 largos meses en el caso del fallo dado a conocer en el mes de enero del 2014 en materia de delimitación marítima (véase texto completo). La fase del «délibéré» es la fase en la cual pueden surtir mayores efectos las presencias de los jueces ad hoc designados por ambos Estados (y solo el de uno de los dos, en caso de no comparecencia).


–Notas–

Nota 1: Sobre algunos (pocos) datos arrojados por Estados de América Latina que han litigado en La Haya, y que viene a confirmar el dato de 15 millones de US$ dado a conocer por Guyana, remitimos a nuestros estimables lectores a la sección “El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura” de este artículo nuestro publicado en CIAR Global: BOEGLIN N., «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ«, portal de CIARGlobal, edición del 25/07/2017, y disponible aquí.

Nota 2: Este litigio territorial entre Guyana y Venezuela sobre la región de Esequibo es la más antigua controversia que se mantiene irresuelta en el hemisferio americano. Un laudo arbitral de octubre de 1899 (véase texto completo), escasamente fundamentado, y considerado como muy favorable al Reino Unido, fue objeto de investigaciones que llevaron a Venezuela a considerarlo como nulo en los años 60. En este valioso artículo del Dr. Allan Brewer-Carías publicado en 2009 por el prestigioso Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, se lee que:

The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal’s president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich’s discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later” (punto 17).

En 1966 el Reino Unido y Venezuela suscribieron un tratado en aras de encontrar una solución negociada (véase texto del tratado en inglés y español).

Nota 3: Nos permitimos escribir en una nota al respecto que: “estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oído de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas”. Nótese que la misma nota fue también publicada en el sitio jurídico especializado colombiano de Debate Global (disponible aquí) en la que nos permitimos también indicar que: “Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida)“.

Nota 4 : Véase sobre esta primera ordenanza de la CIJ tomada en el mes de julio del 2018 nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Guyana-Venezuela: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anuncia que fija plazos«, publicada en CiarGlobal, edición del 5/07/2018, y disponible aquí .

 

(*) Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Diálogos Prospectivos: UNA actitud proactiva para construir el futuro

El pasado 10 de diciembre de 2020 el rector de la Universidad Nacional, el ME.d. Francisco González Alvarado, realizó un nuevo programa de Diálogos Prospectivos, contando con la participación de la Vicepresidenta Regional de World Futures Studies Federation y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Dra. Guillermina María Eugenia Baena Paz y el académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA, Dr. Juan Carlos Mora Montero, para dialogar en torno a cómo la prospectiva puede jugar un papel importante para la construcción de futuros. También estuvo presente en el programa el Master Ángel Ortega Ortega, director de la EPPS-UNA y la Coordinadora General del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, P.h.D. Sylvia Arredondo Guevara.

El Rector comentó la importancia para la Universidad Nacional de incentivar una visión prospectiva en el quehacer sustantivo, por ello, se realizan esfuerzo para seguir esa ruta de una planificación a largo plazo y la construcción del futuro.

Por su parte la Dra. Guillermina Baena comentó que su incursión en la prospectiva empieza a partir del 2003, con la introducción de un seminario acerca de prospectiva impartido por la UNAM, que hasta la fecha se sigue impartiendo: “En el primer año simplemente nos dedicamos a estructurar el tema a través de reuniones con diferentes países latinoamericanos para conversar acerca de la prospectiva. En algunas de las reuniones, uno de los expositores invitados comentó que estos países eran como una mancha gris, ya que no sabían qué hacer exactamente. Esto generó una gran motivación para empezar a trabajar e indagar más la prospectiva, logrando que durante todos estos años que la UNAM generara gran cantidad de información disponible para todas las personas”.

El Dr. Juan Carlos Mora, expresó que su participación inicial en prospectiva se basó en seguir los pasos de lo actuado por Baena y de la UNAM, ya que Costa Rica no ha tenido grandes posibilidades en este campo: “Mi participación en los seminarios de prospectiva impartidos por la UNAM, me permitió conocer a varias personas expertas del tema y aprender metodologías para aplicar la prospectiva en el país. Todo este conocimiento generado, espero aplicarlo en la universidad ya que esta tiene la capacidad de formación para la toma de decisiones”.

El Rector de la UNA planteó varias preguntas generadoras sobre el tema: “UNA actitud proactiva para construir el futuro”.

¿Qué es lo que hoy hace que el enfoque prospectivo tenga la dinámica y el interés actual en las instituciones en general y las de educación superior?

Baena respondió que ante los grandes cambios de la realidad actual se vio la necesidad de reflexionar las situaciones, dando apertura de nuevo a la aplicación de la prospectiva en otras áreas como de seguridad y sociedad: “Por ello, con irrupción de la pandemia Covid 19 nos percatamos que el futuro es ahora y no estábamos preparados para enfrentarlo y es a partir de este momento que aumenta la motivación de las personas para conocer qué es el futuro y qué acciones podemos hacer para dar respuestas a las problemáticas generadas”. La académica, acotó que esta situación plantea a todos los sectores del país el reto de preparase para el futuro, incluyendo a la universidad, de tal manera, que la academia forme a profesionales que tengan las bases necesarias para afrontar el futuro, mediante una reforma del modelo educativo y la aplicación de nuevas tecnologías.

Mora agregó, que el cambio de realidad le genera el desafío a la población de aprender a pensar en el futuro, ya que así se pueden prevenir grandes consecuencias que pueden generarse a largo plazo: “La universidad puede dar grandes aportes para incentivar este cambio de mentalidad y generar profesionales analíticos y capaces de anticipar el futuro”.

¿Cómo se visualiza el futuro de la educación en América Latina?

Baena mencionó que el mayor reto es lograr la capacidad de anticipar, esto es fundamental para la construcción del futuro ya que el futuro no necesariamente está en el presente, pero la anticipación sí”. Por ello, se deben generar nuevos modelos educativos que permitan la imaginación y creatividad, para lograr la resolución de problemas y enfrentarse a nuevos tipos de preguntas: “ya que las bases del siglo pasado no nos funcionan para enfrentar la nueva realidad”.(Baena)

Para Mora, es pertinente tener claro que el futuro de la educación no es que esta se convierta en virtualizada, ya que la realidad es que se deben formar profesionales que no puedan ser sustituidos por máquinas, logrando un enfoque más humanitario en la educación. Así como también, preparar estudiantes más resilientes, es decir que estos tengan la capacidad de salir de su zona de confort y poder combinar su principal profesión con otras disciplinas, tener apertura a nuevas estrategias y metodologías, ya que la sobrevivencia del futuro no va a hacer de quien sea más fuerte, sino del que tenga más capacidad de adaptarse.

¿Cómo vemos que van a ser los perfiles profesionales y ocupacionales de las carreras actuales en los próximos diez años?

Para Baena, uno de los principales obstáculos son las estructuras actuales de las universidades, que no permiten la flexibilización de los planes de estudio y la introducción de nuevas carreras de manera rápida: “Gracias a un estudio realizado se determinó que actualmente hay más de cien carreras que se solicitan en el mercado que no se están preparando en las universidades, entre ellas se destacan, desarrolladores de autos voladores, auditores de sesgos algorítmicos, defensores de identidad virtual, consejeros de rehabilitación para jóvenes cibercriminales, agentes de ciberataques, consultores de granjas verticales, y muchos más”. Estas nuevas demandas en el mercado se deben tomar como una motivación para la creación de nuevas carreras y la reformulación de planes de estudios para las universidades, con el fin de incluir una visión prospectiva y de planeación estratégica, ya que es necesario en todas las carreras, acotó Baena Paz.

¿Cómo enfrenta la prospectiva el reto de legislación y normativa a nivel país, y más allá, que hace tan rígido el accionar de las instituciones públicas, y por ende lento de flexibilizar?

Según Baena los tomadores de decisiones deben cambiar su pensamiento por uno a mediano y largo plazo, ya que debido al cambio de realidad no se pueden seguir tomando decisiones con un pensamiento del Siglo XX. Ya no es viable seguir haciendo las cosas de manera reactiva, sino que es necesario tomar decisiones preventivas.

Para Mora, al principio de la pandemia (Covid19) las personas pensaban que la realidad no iba a ser como antes por lo que se debería de gestionar un cambio, sin embargo, con la creación de la vacuna escuchamos decir que todo vuelva a la normalidad, tal cual era antes a la pandemia, es decir ya no se quiere trabajar por un cambio: “ Es necesario que en Costa Rica se generen los cambios necesarios, ya que no se quiere llegar a un escenario catastrófico que nos obligue a cambiar en condiciones de gran vulnerabilidad”.

Baena y Mora, hicieron algunas recomendaciones para que las instituciones apliquen un enfoque prospectivo: la creación de nuevos modelos educativos, una dirección enfocada en la solución de problemas, preparación de personas para las organizaciones sociales, atender la salud mental de las personas, inculcar la capacidad anticipatoria, que la universidad tome un papel de liderazgo en prospectiva, entre otras.

El conversatorio realizado se encuentra disponible en la página de Facebook de la Rectoría de la Universidad Nacional, para quien guste profundizar más los temas compartidos en el Programa Diálogos Prospectivos que dirige el Rector de la Universidad Nacional.

Enlace: Programa completo: https://www.facebook.com/104524877983409/videos/207827030907362

 

Por:
María Laura Jiménez Villalobos-Estudiante EPPS-UNA
Efrain Cavallini Acuña-Académico-EPPS-UNA

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IV Congreso de Economía Agrícola y Agronegocios

Estudio pionero de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios aplicó herramientas informáticas para evaluar y mejorar el desempeño financiero y ambiental de las fincas ganaderas en el país

En Costa Rica existen cerca 1 millón cien mil hectáreas dedicadas a la ganadería y 1 millón 600 mil cabezas de ganado de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria, 2019. Esta actividad representa un aporte al producto Interno Bruto (PIB) del 20%, además genera empleos y encadenamientos muy importantes para la economía. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El sector ganadero es clave para lograr la descarbonización de la economía costarricense, ya que es el responsable de cerca del 23 % de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero del país. Por eso, se implementó desde el 2015 la estrategia de la NAMA Ganadería que propone hacer las fincas más productivas, más rentables y que al mismo tiempo emitan menos gases de efecto invernadero y secuestren más carbono.

La Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Costa Rica (UCR) se une a este esfuerzo para evaluar a nivel técnico y económico el impacto de las prácticas implementadas en los útimos 5 años en las fincas ganaderas. Con la utilización de herramientas informáticas los investigadores han logrado obtener información certera y veraz de lo que está sucediendo en algunas de estas fincas.

Este es el objetivo del proyecto: «Sistema de información unificado de ganadería. Propuesta de Costa Rica en el marco de la meta de descarbonización al 2030”, cuyos avances se presentaron durante el IV Congreso Virtual de Economía Agrícola y Agronegocios 2020, a cargo de los investigadores Licda. Yuliana Quesada Quesada y M.Sc. Gerardo Cortés Muñoz.

Radiografía técnica y contable

Durante el 2019 y el 2020 los investigadores de la UCR se dieron a la tarea de recopilar información técnica y económica mediante visitas a 21 fincas distribuidas a lo largo del territorio nacional, de las cuales el 70 % se dedican a la lechería especializada y el 30 % son de doble propósito.

Como parte del proyecto se desarrolló un sistema de información unificado que integra los datos recopilados en dos sistemas informáticos: uno técnico y otro contable. La información técnica de manejo de hato incluye variables como servicios, partos, nutrición, producción de leche y carne, y la información económica sobre composición del hato incluye proveedores, compras, insumos y ventas.

Dicha información fue recopilada de forma periódica (cada dos meses). A partir de ella, los expertos en economía agrícola han generado informes financieros, balances de comprobación y estados de resultados de cada finca. Con ello, los productores pueden contar con indicadores de rentabilidad y así tomar mejores decisiones para optimizar el funcionamiento de sus fincas.

“Dentro del proyecto queremos ir transformando la visión que tenemos de estas fincas de simples sistemas productivos a empresas” apuntó la investigadora Quesada.

Los datos actulizados sobre la composición del hato nacional que ofrece la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), son el punto de partida para las investigaciones que se realizan en el país sobre los efectos de la ganadería baja en carbono.

Estudio constata avances

A través de este proyecto se contató que los cambios aplicados en las fincas empiezan a producir efectos intermedios positivos como el aumento en la cobertura boscosa, aumento de la carga y productividad de las fincas y disminución en las emisiones de óxido nitroso, capturas de CO2 en el suelo, entre otros.

En cuanto al desempeño ambiental, se destaca que el 86 % de las fincas poseen áreas dedicadas a la conservación de los bosques, algunas de ellas inclusive participan de los beneficios por pago de servicios ambientales y la mayoría cuentan con cercas vivas.

«Este sistema de evaluación tan minuciosa y tan de cerca con el productor, con monitoreo de costos y evaluación técnica en finca es algo muy innovador. Con esto Costa Rica se convierte en pionera en el desarrollo de instrumentos que midan el desempeño de las fincas en cuestiones como las emisiones, las capturas de CO2 y la rentabilidad, en el marco de la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono» acotó Cortés.

Información para la toma de decisiones

En el aspecto económico, el estudio muestra que la mayoría han adquirido créditos a largo plazo para la compra de terrenos, animales e insumos. Al respecto, la investigadora Yuliana Quesada señala que para llevar un mejor control sobre su liquidez y nivel de endeudamiento, es muy importante que los productores utilicen cuentas separadas para efectos personales y del negocio.

Los expertos además recomiendan incorporar el uso de sistemas informáticos que orienten la toma de decisiones en las fincas incorporando variables técnicas y financieras. El investigador Gerardo Cortés, destacó que esto permite conocer en detalle el sistema de producción (ya sea doble propósito, lechería intensiva o cria y desarrollo) identificar sus virtudes y problemas reales y lo más importante; contar indicadores como la rentabilidad de la empresa, la liquidez, el endeudamiento, la producción de carne o leche, partos y nacimientos entre otros.

Los resultados de esta fase del estudio serán presentados a los productores que han participado en el proyecto, mediante talleres a distancia que se realizarán a finales del 2020 e inicios del 2021. Según adelantó el investigador Cortés, se planea continuar con este proyecto por un periodo de hasta cinco años con el fin de seguir constatando los resultados de la NAMA Ganadería en el país y brindando acompañamiento a los productores para que sean cada vez más eco-competitivos.

Avances hacia la descarbonización

En el 2013 el país hizo su primer inventario de emisiones, y en el 2015 inicia la estrategia NAMA Ganadería que representa uno de los mecanismos propuestos para implementar la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono en fincas de todo el país. Esta incluye prácticas como cosecha de agua, siembra de bancos forrajeros, la construcción de cercas vivas, el uso de pastos mejorados, sistemas de pastoreo racional y la implementación de fertirriego con purines, entre otras acciones.

“Todo esto debe ser debidamente documentado y nosotros somos parte de ese proceso de establecer las estrategias para la verificación del desempeño de las fincas que demuestre que Costa Rica está cumpliendo sus compromisos” explicó el investigador, M.Sc. Gerardo Cortés Muñoz.

Para ello, diversas organizaciones aportan al proyecto nacional de “Evaluación del impacto técnico, económico y financiero de las acciones y medidas de adaptación y mitigación de sistemas productivos ganaderos del cambio climático” del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), financiado através de Fundecooperación, en el que participa la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional (UNA), la Corporación Ganadera (Corfoga) y la Cámara Nacional de Productores de Leche.
De acuerdo al plan nacional de escalamiento de ganadería baja en carbono, que se inició con 140 fincas, ya se han alcanzado unas 700. Antes de que finalice el 2021 se proyecta llegar a 1800 fincas y el siguiente escalamiento será llegar a las 27 mil. De ahí la importancia de medir, monitorear y evaluar cómo estas estrategias impactan el desempeño integral de los sistemas productivos.

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Juzgado de Tocoa en Honduras mantiene medidas cautelares contra defensores del agua de Guapinol

La mañana del 20 de diciembre el Juzgado de Letras de Tocoa (Honduras) declaró sin lugar la revisión de medidas cautelares en el caso de los ocho defensores del agua de la comunidad de Guapinol.

“Los defensores de Guapinol” en Honduras, protestaron contra la empresa minera Inversiones Los Pinares por un proyecto riesgoso para las fuentes de agua de las comunidades, y desde hace 15 meses se encuentran en prisión.

“Rechazamos completamente la resolución de la jueza Zoé Guifarro, esa resolución no está apegada a derecho. Como dijimos en conferencias previas, no cabía otra decisión jurídica que no fuera la libertad de los ocho compañeros”, mencionó uno de los abogados defensores, Edy Tabora, durante la conferencia de prensa convocada este lunes.

El abogado defensor, Efraín Ramírez, argumentó que la resolución está completamente ausente de elementos jurídicos. “Se están violentando los derechos de una comunidad y esto por extensión va a generar que se violenten los derechos ciudadanos de todos los hondureños”, mencionó.

La defensa presentó un recurso de apelación por la resolución de la jueza Zoé Guifarro. “El primer hecho que debe ser tomado en cuenta es que los compañeros se presentaron voluntariamente al proceso, esto en cualquier país civilizado debería ser suficiente para que las personas nos defendamos en libertad”, agregó el abogado Ramírez.

Organismos internacionales, organizaciones de derecho internacional y derechos humanos, así como colectivos comunitarios, se han pronunciado en contra del proceso de criminalización y las medidas arbitrarias contrarias a los estándares de derechos humanos. En las afueras del Juzgado de Tocoa se han realizado plantones para exigir justicia.

SURCOS comparte el pronunciamiento que realizó la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras el 19 de diciembre, previo al reciente fallo del Juzgado:

Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Libertad Para Guapinol, Honduras

El Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras, en Costa Rica y la ACODEHU manifiesta su preocupación ante la agudización de la represión, persecución y muerte de ambientalistas en Honduras, y ciudadanía en general. Tal es el caso de ocho defensores ambientalistas de Guapinol que cumplen 15 meses en prisión por su defensa consecuente de la madre Tierra.

Nos sumamos a más organizaciones y voces reiterando que en Honduras la lucha ambientalista es un delito, mientras que los actos de la marcodictadura diariamente son sistemáticos y legitimados de manera infame. En este contexto, el 1 de setiembre del 2019 fueron detenidos los ambientalista y defensores de los Derechos Humanos Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, mientras que su compañero Jeremias Martinez está preso desde diciembre de 2018. Todos víctimas de procesos de criminalización y judicialización por defender los rios y el área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras de Guapinol y sector San Pedro, frente a la explotación que realiza la Minera Inversiones Pinares (Municipio de Tocoa, departamento de Colón) contaminando varios afluentes que nacen en el Parque Nacional Carlos Escaleras, incluido el río Guapinol.

«Es la lucha de siempre, defender el agua y la vida. La comunidad era de paz, no necesitábamos el “desarrollo” ese que nos decían… El desalojo de la acampada se produjo con bombas, balas y gas, pero sobrevivimos y sobreviviremos” (vecina de Guapinol). (Internacionalistas y anticapitalistas. Integrantes de la Delegación Política de la Plataforma por Honduras 02-03 2020.)

En un régimen de naturaleza dictatorial, así como Berta Cáceres con su pueblo defendieron la vida de cada elemento de la naturaleza, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por enfrentarse a los intereses de las élites económicas y la oposición, a su expropiación, destrucción y saqueo constante, hoy sufren prisión estos defensores ambientalistas.

Denunciamos que en la audiencia del día de ayer 18 de diciembre 2020, el Ministerio Público, se comportaron como verdugos de la defensa de la vida y de las luchas sociales, ensañado en que deben continuar presos.

A nivel internacional y nacional esperamos una decisión jurídica, que solo puede ser la libertad de los defensores. Quienes han sido reconocidos como defensores ambientalistas por varios organismos nacionales e internacionales. Respaldamos plenamente a cada compañera y cada compañero que se encuentran en el Campamento en las afueras de los juzgados en Tocoa.

¡La lucha de Guapinol es nuestra lucha! ¡Libertad para Guapinol!

 

Pronunciamiento compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Guía de trueques e intercambios económicos solidarios de GuanaRED

En 20202 GuanaRED se ha sostenido como resultado de la autogestión y la resistencia. Para apoyar su labor y la experiencia en intercambios económicos solidarios puede adquirir la “Guía de trueke e intercambios solidarios: más allá del dinero” con una contribución voluntaria de ₡2000 + envío.

Para conocer acerca de otros productos y servicios puede visitar la mesa virtual de economía solidaria en el Facebook de GuanaRED

Documento CEPAL: “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe”

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, un diagnóstico anual que realiza el organismo.

De acuerdo con el documento, para el año 2020 se espera la mayor contracción del Producto Interno Bruto (PIB) mundial desde 1946, como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes por la pandemia de COVID-19.

También la crisis ha desencadenado una contracción del comercio internacional, fuertes fluctuaciones de los precios de los bienes primarios y una elevada volatilidad en los mercados financieros. Las medidas de confinamiento afectaron el turismo y actividades conexas, mientras que la interrupción de ciertas actividades productivas tuvo repercusiones en los mercados laborales mundiales.

Al comparar diferentes indicadores sanitarios, sociales, económicos y de desigualdad, se demuestra que América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo emergente, señala el diagnóstico.

El documento presenta ocho capítulos: tendencias de la economía mundial, la liquidez mundial, el sector externo, la actividad económica, los precios internos, empleos y salarios, las políticas macroeconómicas, perspectivas económicas y riesgos que enfrentará América Latina y el Caribe en el 2021.

Para ahondar en el diagnóstico SURCOS comparte el documento.

 

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

UCR: Sede del Pacífico rinde cuentas a la ciudadanía

Una publicación recoge parte del intenso trabajo realizado en proyectos de Acción Social

Los proyectos de Acción Social de la Sede Regional del Pacífico abarcan variedad de temáticas, escogidas tras un diálogo con personas líderes y representantes de organizaciones comunitarias, privadas y públicas. Foto cortesía SRP.

La acción social como pilar fundamental de la Universidad de Costa Rica (UCR) permite a la academia darse cuenta de que no se trabaja en un universo aislado en los procesos de formación de nuevos profesionales. Más bien, ser conocedores de la realidad del país y del mundo en general permite adecuar el currículum académico y actualizar una oferta educativa de alto nivel”, asegura la magister María José Quedada Chaves, compiladora del libro “La acción social generadora de diálogo con las comunidades del Pacífico Central”.

La publicación es parte del sello editorial de la Sede Regional del Pacífico Arnoldo Ferreto Segura (SRP) y “abre el panorama de la labor gestada desde la acción social generadora de diálogo con las comunidades de esta región y es el inicio de un trabajo que pretende dar a conocer los resultados obtenidos en extensión docente, extensión cultural y trabajo comunal”, detalló Quesada.

En siete capítulos, la publicación detalla ampliamente el vínculo desarrollo entre las diferentes modalidades de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en comunidades como Barranca, El Roble, Puntarenas, Orotina, Miramar, San Mateo, Esparza, Quebrada Ganado, Jacó, Quepos, Cóbano, Pitahaya, entre otras. “Es importante resaltar que se podrá identificar lo realizado con poblaciones en estado de vulnerabilidad social, tales como mujeres jefas de hogar, niños en estado de abandono, adultos mayores, jóvenes, pescadores, entre otras”, explicó la compiladora.

La SRP tiene 40 proyectos de acción social relacionados con las ocho carreras universitarias que se imparten en esa sede, lo que incide en la formación recibida por el estudiantado, que se enriquece con el vínculo desarrollado a lo largo de las décadas con las poblaciones del Pacífico Central costarricense.

Los autores de los capítulos contenidos en el libro son Sussan Zamora Cortés, Héctor Ferlini Salazar, Gerardo Hernández Sánchez, Alejandra Castro Murillo, Stephany Forester Delgado, Jonnathan Salas Alvarado, Kathia Cousin Brenes y María José Quesada Chaves.
SABERES COMPARTIDOS
El libro “La acción social generadora de diálogo con las comunidades del Pacífico Central” ya ha llegado a algunas de las comunidades con los proyectos, “y la recepción de parte de éstas ha sido de mucha satisfacción por haber sido tomados en cuenta por parte de la UCR”, manifestó la compiladora, quien también funge como coordinadora de Acción Social de la SRP.

Quesada comentó que la sede llega con sus proyectos de vinculación a más de 15 comunidades del Pacífico Central, y en el último año las solicitudes para nuevos proyectos aumentó el 50%.

Los proyectos de acción social se enmarcan en una gran variedad de temas, como la prevención de la violencia, comunicación, idioma, ambiente, artes, salud y opciones de educación abierta.

Uno de los capítulos comprende la experiencia del proyecto Cine-foro comunitario en Puntarenas (EC-146), coordinado por Sussan Zamora Cortés, y tiene el objetivo que tras la proyección de los filmes, las personas reflexionen sobre la las situaciones vividas en sus comunidades y promover cambios en la calidad de vida.

Por su parte, el proyecto Aportes Comunitarios para la construcción de la democracia participativa (ED-3250), bajo la responsabilidad de Héctor Ferlini, propone espacios para que sean las voces comunitarias las responsables de construir de manera activa y consciente los procesos sociales de su entorno y del país.

Por su parte, Gerardo Hernández, ex coordinador de la Cátedra José Martí de la SRP (EC-551) hace un recuento de lo realizado por esa instancia de reflexión, gracias a la cual la “sede ha sido asiento de múltiples coloquios, simposios y encuentros internacionales desde su fundación en el año 2000. Su espíritu de servicio a la comunidad universitaria costarricense y su compromiso ético y político es cardinal en la recuperación de su historia y sus logros académicos, culturales, históricos y sociales”.

En el siguiente capítulo, Alejandra Castro Murillo, María José Corrales Mora y Stefanny Forester Delgado, repasan los logros del proyecto “Promoción de iniciativas socioambientales (ED-3037), que inició en el año 2004 con el fin de enlazar a personas líderes y organizaciones, como asociaciones de desarrollo, centros educativos y entidades públicas para realizar charlas, talleres de sensibilización y ferias ambientales, entre otros. Como resultado las comunidades han conformado conglomerados, como la Red Barranca, en aras de la protección de las cuencas hidrográficas.

Jonnathan Salas Alvarado fue el responsable de presentar el capítulo sobre los resultados del proyecto de Promoción de los Estilos de Vida Saludable y la Sana Convivencia en la Población Puntarenense (TC-578). Con la consecución de alianzas comunitarias, busca incidir en mejorar la calidad de vida de las personas mediante el desarrollo de talleres y charlas. Se abordan temas sociales, de salud, afectivos y educativos con la población infantil, joven, adulta y adulta mayor.

Además, el libro incluye un capítulo al proyecto Acompañamiento y fortalecimiento de las áreas administrativas y técnicas al parque empresarial MIPYMES de la Región Pacífico Central (TC-653), cuyo aporte consiste en brindar herramientas para las pequeñas y microempresas de Puntarenas, Quepos y Jacó. Las acciones están dirigidas a dinamizar la economía, que presenta diferentes grados de desarrollo según la zona.

Todos los proyectos de la SRP están dirigidos a contribuir a mejorar la calidad de vida mediante un acercamiento horizontal con personas líderes y organizaciones de la región. Pese a su importancia estratégica para la economía nacional, el Pacífico Central muestra altos índices de desempleo, baja escolaridad, exclusión de los planes gubernamentales de desarrollo y problemas sociales.

Los proyectos de acción social inscritos en la UCR pretenden crear un diálogo de saberes entre la academia y las comunidades, donde ambos se enriquecen de manera conjunta. Se pretende impactar mediante espacios de educación no formal, construidos de acuerdo a las necesidades de cada zona, para mejorar sus condiciones de vida”, concluyó Quesada Chaves.

El libro “La acción social generadora de diálogo con las comunidades del Pacífico Central” es de descarga gratuita y disponible en el Repositorio Kérwá.

 

Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR).

Democracia en digital: Facebook, Comunicación y Política en Costa Rica

El martes 01 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la Conferencia: DEMOCRACIA EN DIGITAL: Facebook, Comunicación, y Política en Costa Rica, a cargo de la Dra. Carolina Carazo Barrantes, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica -CICOM-UCR y académica de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva-UCR.

En este espacio organizado por el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, el CICOM-UCR, el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional y el Programa Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, se hizo referencia al contenido del libro (Democracia en Digital) publicado por CICOM-UCR, que es el resultado de un proyecto interdisciplinario de investigación entre personas de distintas unidades académicas, universidades y países realizado entre 2017 y 2019.

El Presidente del Tribunal de Honor y Ética (COLPER), P.h.D. Efraín Cavallini Acuña, indicó que dar a conocer este trabajo es muy pertinente, porque dicho proyecto es el resultado de un trabajo académico con alto rigor científico, que como indican sus autores, fungió como una incubadora de ideas provenientes de varias disciplinas. Por ello, el espacio permitió exponer el papel político de las redes sociales en Costa Rica durante los últimos años. Se suministraron datos elaborados producto de una investigación mixta y transdisciplinaria, sobre el significado político de Facebook como medio y plataforma de comunicación en Costa Rica.

El P.h.D Guillermo Acuña González, Académico de la Universidad Nacional, manifestó que el trabajo es un aporte necesario en un contexto donde los procesos democráticos experimentan cambios intensos: “Es simbólico presentar este ejercicio de investigación amplio en un momento como hoy, que se celebra en Costa Rica por primera vez a nivel formal una fecha importante como es la abolición de la institución del ejército, que tuvo mucho que ver en los procesos democráticos en Costa Rica en los años y décadas siguientes”.

Acuña, acotó que este es un estudio pionero en un momento en que las redes sociales se ha convertido en el estrado público y que han sustituido los espacios por donde las discusiones públicas se han venido dando para los temas esenciales.

El Presidente de la Junta Directiva del COLPER, Lic. Belisario Solano Solano, manifestó que el libro Democracia Digital pone en su verdadera dimensión que, todos los actores políticos tienen que replantearse el rol que se juegan en la democracia y la forma en que hay que enfrentar los procesos políticos en la actualidad donde las redes sociales y la digitalización llegaron para quedarse.

La investigadora Carazo indicó, que el resultado de la investigación contempló tanto lo urgente como lo trascendente, al enfocarse en el análisis específico de la elección presidencial de 2018, en donde se analiza una coyuntura que permite comprender de manera inmediata el papel de las redes sociales en la formación de esfera pública. Al comparar eventos políticos importantes con momentos de vida postelectoral, la investigación publicada también produce información para pensar las implicaciones de más largo plazo que tiene Facebook para el estado de la democracia en Costa Rica.

Se hizo del conocimiento de la audiencia que el libro producido y publicado el 2 de setiembre de 2020, fue organizado en dos partes, consta de 12 capítulos para un total de 314 páginas. La primera parte examina tendencias generales de consumo de noticias en Facebook en Costa Rica y la segunda se enfoca en el caso de las elecciones presidenciales de 2018 (vista desde Facebook). De ese modo, se buscó potenciar un análisis de lo longitudinal y lo específico, lo cotidiano y lo extraordinario. A su vez, cada una de esas dos partes está compuesta de cuatro capítulos empíricos y un comentario interpretativo escrito por colaboradores externos del proyecto.

Según los autores (Democracia en Digital) el libro es una reflexión sobre las lecciones para pensar la comunicación política contemporáneas. Entre estas, la brecha noticiosa entre el tipo de noticias que prefieren periodistas y audiencias, el peso de los eventos mediáticos en la comunicación política y la interacción entre las agendas alrededor de las cuales se definen temas de interés público.

Como lo indicó Silvio Waisbord en el epílogo, (Lecciones para la investigación en comunicación política) este escrito sitúa los resultados en una tensión doble entre su valor para entender el caso costarricense y su aporte para revisitar asuntos clásicos de la comunicación política.

Carolina Carazo, como investigadora de CICOM-UCR, apuntó que el libro presentado al país en setiembre de este año y puesto en perspectiva en la conferencia organizada por el Tribunal de Honor y Ética en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, no solamente ayuda a entender lo ocurrido en Costa Rica, sino también poder comprender preguntas claves en la investigación contemporánea: el poder de los medios de imponer agenda de temas, el rol de Facebook en mediatizar la comunicación pública y las características de los intereses periodísticos y públicos en la noticia.

La investigación publicada en el libro Democracia en Digital, ofrece una descripción acabada y un análisis cuidadoso de una serie de fenómenos que convergieron en la campaña electoral.

El libro pueden accederlo al enlace: http://cicom.eccc.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/04/Siles_Democracia_en_digital.pdf

 

Por: Efraín Cavallini Acuña-Académico UNA.

Pronunciamiento en solidaridad con Kioscos Socio Ambientales ante recortes presupuestarios

Desde las Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad consideramos que:

  1. El papel que desempeña la Universidad de Costa Rica en materia de Acción Social para el país es de suma importancia para el fortalecimiento de la justicia social y ambiental del país. Este es uno de los pilares fundamentales de la Universidad en su estatuto orgánico.
  2. En contextos de crisis es fundamental que este rol de las universidades públicas se mantenga y se fortalezca; para que siga siendo un motor clave para la re-activación económica que pretende el país, pero además se genere de forma colectiva y con un profundo carácter humanista.
  3. El Programa Kioscos Socio Ambientales en más de 13 años de trayectoria ha sido un eje importante para múltiples procesos de defensa de los ecosistemas, la biodiversidad, los bienes comunes, el agua, los bosques, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
  4. En el contexto de crisis sanitaria se ha demostrado ampliamente que el país debe de potenciar aún más los esfuerzos comunitarios en busca de la sostenibilidad para mejorar sus territorios y defender la justicia ambiental.
  5. Que los procesos comunitarios de defensa ambiental han sido los que verdaderamente han sostenido, impulsado e innovado en materia de conservación de la naturaleza. Existen numerosos ejemplos de que sin estos procesos comunitarios la basta legislación ambiental de Costa Rica no hubiera sido suficiente para salvaguardar la riqueza ambiental. Son los procesos comunitarios y organizativos los que están íntimamente ligados a todos los méritos que el país pueda tener a nivel global.
  6. Que los procesos de criminalización, persecución y asesinatos de líderes sociales se dan en contextos donde muchas veces el Estado está ausente por completo. Por eso es importante que las universidades públicas no abandonen esos escenarios en los que se libran conflictos ambientales donde siempre hay un riesgo latente para las personas que defienden el ambiente.

Por tanto:

Nos pronunciamos en defensa del Programa Kioscos Ambientales; sus docentes, sus asistentes y sus estudiantes cuyo quehacer es importantísimo en este contexto nacional de crisis. Consideramos desacertada la decisión de parte de la Rectoría saliente de la Universidad de Costa Rica, de recortar un 60% de los nombramientos docentes de forma injustificada.

Solicitamos de forma vehemente a las autoridades universitarias que se restituyan todos los nombramientos del equipo docente.

Mariana Porras
Presidenta
Red de Coordinación en Biodiversidad

Dany Villalobos
Presidente
Federación Costarricense Para la Conservación del Ambiente (FECON)

https://feconcr.com/noticias/1587/