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Autor: María José Ferlini Cartín

Después de Trump

Arnoldo Mora

La conciencia que la humanidad tiene del rol preponderante que juegan los Estados Unidos, el más reciente y último –eso esperamos- imperio universal de Occidente, quedó patente, una vez más, con la actitud asumida casi unánimemente por los pueblos de la tierra, frente a los acontecimientos que tuvieron verificativo en ese país durante las elecciones presidenciales pasadas y, sobre todo, ante los acontecimientos que pusieron término – ¿por ahora? – dramáticamente al conato de golpe de estado. Ese intento de golpe de estado, inspirado en la manera como ellos mismos lo acostumbran hacer en todas partes en donde ven amenazados sus “intereses”- es decir, los intereses de sus trasnacionales, que se nutren de la explotación de las materias primas de los países periféricos – puso en vilo a la humanidad entera; todo el mundo estaba consciente de que allí se jugaba, en medida no desdeñable, el destino de la especie sapiens; no era un asunto doméstico de quienes lo habían provocado; podría devenir en un asunto de vida o muerte para la humanidad entera; un golpe de estado de índole fascista en Washington haría realidad lo que Hitler intentó hacer y tuvo como desenlace la II Guerra Mundial. No nos ha de extrañar, por ende, el sentimiento de alivio que muchos en todos los rincones del planeta experimentaron cuando se dio el feliz desenlace de tan arriesgada y riesgosa aventura; sentimiento acentuado con la inusual ceremonia – marcada por las medidas militares de precaución ante la amenaza de terroristas nacionales y para evitar el contagio de la Covid-19- de la toma de posesión del nuevo presidente, un anciano de endeble salud y formado en la más rancia tradición política, pues su único oficio conocido es haber sido senador. La escogencia de Biden sólo puede interpretarse como una visceral y clara reacción de la mayoría del electorado yanqui, ante el fracaso de la afirmación de Trump de que todos los males de la sociedad norteamericana provenían de la corrupción del establishment político, incrustado en las instituciones consideradas, desde los días de los padres de la patria, como base fundamental del edificio “democrático” de la nación, y ubicadas en la Casa Blanca y el Capitolio; esto explica el ataque de hordas fascistas al Capitolio y el berrinche de Trump al verse obligado a abandonar, sino hasta el último minuto y sugiriendo que volvería, las instalaciones de la Casa Blanca.

El fracaso de Trump – ¿momentáneo? – es el fracaso de un intento de deslegitimar las tradiciones o, más exactamente, la rutina del ejercicio del poder político imperial. Pero, en realidad, sólo se trataba de cambiar las formas, no el fondo del quehacer político; más aún, si algún “mérito” (¿?) le hemos de reconocer a Trump, es haber puesto en evidencia la podredumbre que excreta el poder imperial de la Roma americana; como en la conocida y divertida leyenda, bastó que un niño –Trump- señalara que la noble dama Lady Godiva andaba desnuda, para que la impúdica farsa del poder imperial quedara al desnudo ante la mirada estupefacta del mundo entero.

Pero, no nos hagamos ilusiones, Trump puede estar no sólo ya muerto políticamente y a un tris de parar con sus huesos de viejo y degenerado corrupto en la cárcel -¡ojalá¡- pero sólo como persona física, porque el movimiento que él ha suscitado, sale hoy más fuerte que hace 4 años; las cifras no engañan: más de 74 millones votaron por él, 45% de los cuales le siguen con perruna fidelidad aún hoy día; 95% de los que votaron por Trump creen que hubo fraude, es decir, están firmemente convencidos de que el nuevo gobierno es espurio y, por ende, antidemocrático; la fe en el sistema “democrático” norteamericano está severamente golpeada; haga lo que haga la nueva administración, siempre será objeto de sospecha y rechazo por casi la mitad de los ciudadanos yanquis, pues en la política pasa lo mismo que en el amor: si se pierde la confianza todo está arruinado. Esto lo cambia todo; hoy el enemigo de Estados Unidos no está afuera; en vano se buscaría en Pekín o Moscú, y menos en Pyongyang, Caracas o la Habana, porque está en sus propias entrañas; como en la lúcida y esclarecedora película de Bergman, la serpiente ha incubado un huevo que engendrará una nueva víbora. Desde este punto de vista, buscar las causas de los males endémicos de la “democracia” norteamericana fuera de sus fronteras, no deja de ser un acto de mala fe, como sospecho parece estar incurriendo el nuevo Secretario de Estado; si insiste en ese trillado e irresponsable juego, como ya lo advirtió en la cumbre (virtual) de Davos el líder de China, la consolidada potencia hegemónica mundial, el nuevo gobierno yanqui pondría en peligro la paz mundial en detrimento de todos, incluidos en primer lugar, quienes lo provoquen. Por su parte, Putin, al derrotar en Siria a la OTAN y a sus aliados regionales del régimen sionista, ha demostrado estar mucho más avanzado en tecnología bélica y estrategias militares que sus adversarios occidentales. China ha proseguido con su política de conformar pactos de amplio espectro en el campo comercial, como lo demuestra la formación de una zona de libre comercio – la más amplia y poderosa del mundo actualmente- con todos los países de Asia y Oceanía, con la – ¿momentánea? – excepción de la India; en la misma línea de apertura mundial en los mercados, ha de interpretarse el acuerdo recién firmado entre China y la Unión Europea. Con ello, queda claro que el epicentro de las finanzas mundiales no es más Wall Street.

Las repercusiones en los ámbitos económico, social y político no han hecho sino ahondar y acelerar la crisis estructural del fallido modelo neoliberal, crisis que, desde 2008, ha venido siendo el protagonista principal del escenario de la geopolítica mundial. Hasta ahora, las medidas adoptadas por los sectores hegemónicos de la metrópoli imperial para enfrentar su crisis interna, no sobrepasan el ámbito coyuntural, muy justas por lo demás, tales como dar de inmediato multimillonarios subsidios a los sectores más empobrecidos, solventar el problema de los inmigrantes, contrarrestar la ola racista y combatir los prejuicios supremacistas tan en boga en la administración anterior y, lo más importante, tratar de imponer mayores cargas impositivas a las minorías plutocráticas. Pero esto no basta; para llegar al fondo del problema se debe cambiar radicalmente el “orden” económico-mundial imperante desde los acuerdos de Breton Wood, impuestos por la potencia que se creyó ganadora luego del cataclismo de la II Guerra Mundial. La solución no está en exportar la guerra a los países periféricos con el único fin de satisfacer los apetitos criminales de ganancias del complejo militar industrial, el más poderoso lobby en los sinuosos pasadizos de Washington; las élites imperiales deben, por fin, llegar al convencimiento de que la guerra ya no es un negocio, como lo ha señalado en múltiples ocasiones el Papa Francisco. Para lograr una salida a la crisis actual, se requiere que los países periféricos se unan y conformen un bloque que les dé protagonismo en el escenario de la geopolítica mundial; la pandemia ha demostrado fehacientemente que la humanidad es una sola, por lo que ya no hay problemas locales: las calenturas de unos pocos pronto se convierten en la pulmonía de todos…

Y para poner punto final a estas reflexiones, cabe preguntarse: y en Tiquicia ¿qué? Ese asunto lo trataré en un próximo artículo.

Palestina / Corte Penal Internacional (CPI): camino despejado para la justicia penal internacional

Nicolas Boeglin

En una muy esperada decisión dada a conocer este 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI tiene plena jurisdicción para conocer de exacciones cometitas por Israel y ello, en todos los territorios palestinos, sin excepción de ningún tipo (véanse los comunicados de prensa de la CPI en inglés y en francés).

Por parte de la sociedad civil, son varias las organizaciones que expresaron su profunda satisfacción con esta decisión (véase, entre muchos otros textos, el comunicado de prensa de Human Rights Watch).

Esta Sala de la CPI estuvo integrada por tres miembros: una jueza (oriunda de Benín), y dos jueces (de Francia y de Hungría); y fue presidida por el juez húngaro, el cual optó por separarse del criterio de sus dos colegas.

La conclusiones a las que llega la Sala de la CPI en breve

En su larga sentencia (véase texto completo de 60 páginas), la Sala de la CPI concluye en su parte dispositiva que:

«- that Palestine is a State Party to the Statute; (…)

– by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute; and (…)

– by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem«.

Como se puede observar, dos jueces de los tres optaron por considerar que la justicia penal internacional es competente para examinar lo que ocurre en todos los territorios palestinos, incluyendo Gaza y Jerusalén Oriental: un escenario particularmente temido por Israel. Algunos de sus aliados (Alemania, Australia, Austria, Brasil, Hungría, República Checa y Uganda) intentaron en los amici curiae presentados en La Haya, convencer a la CPI de declararse incompetente y de limitar su competencia territorial, sin lograr mayores éxitos en su gestión.

Habíamos tenido la oportunidad de analizar el alcance de la demanda presentada por Palestina en el 2018, así como los intentos (desesperados) de Israel y de sus aliados para intentar evitar a toda costa que se concretara lo que se escuchó en La Haya este 5 de febrero del 2021 y que viene a confirmar en todos sus extremos la interpretación hecha por la Fiscalía de la misma CPI (véase nuestra breve nota titulada «Solicitud de investigación contra exacciones militares israelíes procede en todos los territorios palestinos, Gaza incluida. Fiscal de la Corte Penal Internacional«, publicada en el Portal de la UCR, sección Voz Experta, edición del 12/05/2020, y disponible en este enlace).

La actitud desafiante de Israel y de su incondicional aliado norteamericano ante la justicia penal internacional

Cabe recordar que cuando la Fiscalía de la CPI anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, en Israel, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa calificaron a la CPI como antisemita (véase nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters), como parte de las gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí que ya no impresionan mayormente.

Hay que tener presente que Israel pudo beneficiar como nunca antes en la historia de un ocupante de la Casa Blanca (hasta enero del 2021) dispuesto a satisfacer cada una de sus pretensiones y de sus caprichos, tanto en el plano bilateral como multilateral: como parte del abanico de presiones ejercidas sobre la CPI, Estados Unidos adoptó de manera insólita sanciones contra el personal mismo de la CPI en junio del 2020, que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)» y disponible en este enlace).

Anteriormente, y como expresión de solidaridad absoluta con Israel, Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos cuando este órgano de Naciones Unidas votó una resolución creando un mecanismo para investigar las exacciones israelíes contra los manifestantes palestinos que participaron a la denominada «Marcha del Retorno«, en junio del 2018 (véase al respecto nuestra breve nota titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes» y disponible en este enlace).

Foto de la Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el Embajador de Palestina, el 15 de mayo del 2018 en Nueva York. Foto extraída de nota de prensa titulada «EE.UU. se queda solo en la ONU» (La Vanguardia, edición del 16/5/2018).

Más allá de posturas, vociferaciones y de las amenazas puestas a ejecución por el aliado norteamericano, en julio del 2020 se filtró en la prensa israelí que las autoridades preparaban un lista secreta de cientos de integrantes de sus fuerzas de seguridad involucrados en actos susceptibles de calificar como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad (véase nota de Haaretz del 16/07/2020 titulada «Israel drafts secret list of hundred of officials who may stand trial at Internacional Court» y esta otra nota publicada en la misma fecha en The Times of Israel).

A modo de conclusión

Esta sentencia del 5 de febrero del 2021 viene a finalizar un largo recorrido procesal desde la solicitud de investigación preliminar presentada en mayo del 2018 por Palestina (véase cronograma seguido en este documento oficial de Naciones Unidas) y abrir una nueva y decisiva etapa.

Con esta decisión, la justicia penal internacional ve despejado el camino para examinar todo lo observado, documentado y denunciado en el territorio palestino desde el mes de junio del 2014, y que tiene enlutadas a tantas familias en Palestina, esperando desde entonces por justicia y clamando por ella.

El hecho que una jurisdicción internacional como la CPI, por vez primera en la historia del derecho internacional público, se pronuncie sobre el estatuto de Palestina como Estado y acepte examinar lo que ocurre dentro de su territorio, confiere a esta decisión un alcance ya no solamente jurídico, sino altamente simbólico y esperanzador.

 

Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Enviado a SURCOS por el autor.

Bienes Comunes y comunicación, desafíos en procesos comunitarios

Sentires y Saberes es un espacio del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Busca profundizar la reflexión en torno a los Bienes Comunes, sobre su origen, propiedad y gestión.

En esta ocasión compartirnos con María Cianci Bastidas de La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) sobre las relaciones entre Bienes Comunes y la comunicación, una caracterización del contexto, principales tensiones y algunos desafíos para los procesos organizativos comunitarios. Le invitamos a ver la entrevista:

Orquesta de las Selvas Tropicales presenta: “Cinco Siglos Igual”

La Orquesta de las Selvas Tropicales presenta una canción sobre la importancia cultural y las luchas de los pueblos originarios. Este proyecto es resultado de la alegría, solidaridad y compromiso de muchas personas costarricenses, que están conscientes de la importancia de preservar las culturas de los pueblos originarios y de acompañarles en los procesos que se viven a nivel interno con respecto a la defensa de sus territorios.

La canción “Cinco Siglos Igual” es del músico León Gieco. Fue elegida porque resume y expone de alguna manera, una historia fatídica para muchos pueblos de hace más de 500 años, además que ha sido un himno y emblema en toda América Latina porque representa sus procesos de lucha y visibilización. La adaptación de esta obra musical se relaciona directamente con los pueblos originarios de Costa Rica; los arreglos y grabaciones fueron hechos en las casas de las personas colaboradoras debido a los tiempos de crisis por la pandemia del Covid-19. La producción tardó alrededor de 3 meses.

Por último, se extiende la invitación a escuchar esta hermosa canción, que está dedicada a las zonas rurales y pueblos originarios, que está hecha con todo el propósito de que el sexto siglo sea un camino, un andar para transformar la dolorosa historia de esta población, expuso Guadalupe Urbina, una de las participantes de esta experiencia musical.

La versión en YouTube se encontrará disponible a partir de 24 de febrero, esto en conmemoración del primer año del asesinato del líder comunal y recuperante indígena Bröran Yehri Rivera. Por ahora, les compartimos una versión preliminar.

 

Compartido con SURCOS por Oscar Espinoza Ramos.

Seminario web: “Jardines multipropósitos para polinizadores en zonas urbanas”

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) invita a participar del seminario web “Jardines multipropósitos para polinizadores en zonas urbanas” el próximo 09 de febrero a las 4:00 pm.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor de 100 especies de cultivos proporcionan el 90% del suministro de alimentos para 146 países; de estos cultivos, 71% son polinizados por abejas.

Conozca las recomendaciones que puede implementarse en los jardines multipropósitos y así atraer más polinizadores.

Para inscribirse en el seminario web, ingrese a este enlace: https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_sOsmMrypT0qgB8FGcEB5BQ

 

Imagen ilustrativa.
Compartido con SURCOS por Lili León de Voces Nuestras.

SEC denuncia “irresponsable actuación” de los poderes Ejecutivo y Legislativo al cortar el presupuesto de Educación

SURCOS comparte comunicado del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):

El SEC denuncia la irresponsabilidad con que están actuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al cortar el presupuesto de Educación, porque a pocos días de iniciar el Curso Lectivo faltan por nombrar más de 1300 plazas, las cuales fueron congeladas.

Es ahí donde nos preguntamos: quién atenderá esos grupos de estudiantes que estarán sin docentes, quiénes harán limpieza.

en los centros educativos estando en esta pandemia de salud, quién guardará la vigilancia en los centros educativos, quienes darán el soporte administrativo y técnico en los centros y en las Direcciones Regionales.

Con este actuar están precarizando y violentando la educación que constitucionalmente es un Derecho Fundamental.

El SEC exige que se derogue la norma 12 de la Ley 9926 publicada el 2 de diciembre del 2020, un recorte que vergonzosamente lo han hecho para responder al FMI.

Programa Voces y Política: “Violencia e impunidad en los territorios indígenas”

Este miércoles 10 de febrero a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) abordará el tema “Violencia e impunidad en los territorios indígenas”, con la participación de Xinia Zúñiga, investigadora de la UNED y del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA) y Gustavo Oreamuno, abogado de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.

Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.

Miel del Bosque a domicilio

  • Servicio a domicilio

SURCOS comparte el emprendimiento Miel del Bosque, el cual ofrece servicio a domicilio.
Esta miel es un fruto de colmenas trabajadas por maestras apicultoras de San Rafael de Turrubares.
Los apiarios están rodeados por el bosque tropical seco, colindante con el Parque Nacional Carara.
Esta miel es totalmente natural, proviene directamente de la colmena, producida con métodos tradicionales y ecológicos. No contiene ningún agregado y no fue sometida a ningún proceso industrial.
Entregas a domicilio los días jueves. El precio de la miel es de ₡3500 el frasco con 600g y de ₡7000 el frasco de 1200g. Pueden contactarse con Henry Picado para mayor información al teléfono 8760 9800.

Compartido con SURCOS por Henry Picado.

UCR: Las desigualdades en el desarrollo humano impactan en la capacidad para detectar noticias falsas

Personas con educación no universitaria, residentes de zonas costeras y con un bajo ingreso evaluaron con mayor veracidad las noticias falsas presentadas en un estudio experimental

La iniciativa analizó la capacidad de las personas para detectar noticias falsas vinculadas con la temática del COVID-19, así como su propensión a compartir estos contenidos por medio de la plataforma WhatsApp. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Un estudio experimental de la Universidad de Costa Rica (UCR) determinó que factores sociodemográficos como el nivel educativo, los ingresos y la religiosidad marcan diferencias en la capacidad de la población costarricense para detectar las noticias falsas.

El análisis fue desarrollado por los investigadores del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP), Carlos Brenes Peralta y Rolando Pérez Sánchez, junto con el académico Ignacio Siles González del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom).

La iniciativa consideró una muestra a conveniencia de 819 personas con el fin de analizar la capacidad de la población en el país para detectar las noticias falsas vinculadas con la temática del COVID-1, así como su propensión a compartir estos contenidos por medio de la plataforma WhatsApp.

Según Brenes, diversos países alrededor del mundo, incluida Costa Rica, han evidenciado un aumento en la tendencia de compartir noticias falsas durante la pandemia. Dichos contenidos, además, presentan una mayor duración respecto a otros tipos de desinformación caracterizadas por ciclos noticiosos cortos.

El estudio destaca la importancia de estudiar este fenómeno de desinformación surgido en el contexto del confinamiento, dadas las consecuencias que puede tener en la ciudadanía y el impacto que genera en el cumplimiento de protocolos sanitarios y en la evolución de la pandemia.

“Es importante comprender el fenómeno, porque en cuanto haya noticias sobre el COVID-19 y la pandemia también habrá desinformación. La comunidad científica apenas va comprendiendo el tema poco a poco y, como suele suceder con asuntos científicos, es difícil de transmitir a la población”, explicó el investigador.

El estudio segmentó a las personas participantes en tres grupos diferentes y les solicitó que leyeran cinco noticias elaboradas por el proyecto informativo Doble Check. Las informaciones se presentaron a la muestra como publicaciones reales de un nuevo medio digital.

Aunque todas las personas participantes leyeron las mismas noticias, dos de las cuales eran falsas, dos falsas con alguna veracidad y una absolutamente veraz; se crearon condiciones diferentes para evaluar la información en cada grupo y, posteriormente, ver si los miembros estarían dispuestos a compartirla.

Mientras que al primer grupo se le sugirió leer de manera crítica las noticias, el segundo grupo las leyó y, luego, recibió un chequeo de los datos o fact-checking para conocer la veracidad de la información. Por su parte, el tercer grupo no recibió indicaciones antes o después de conocer el contenido.

Después de someter a las personas participantes a las diferentes condiciones descritas, se determinó que quienes tenían educación no universitaria, residentes de zonas costeras, con un bajo ingreso y más religiosas evaluaron con mayor veracidad las noticias falsas.

Brenes afirma que los resultados de este análisis experimental permiten afirmar que “las desigualdades en el desarrollo humano de la población también se reflejan en capacidades desiguales para detectar la desinformación en una noticia”.

Estas personas necesitan mayor acompañamiento, las personas con más educación o desarrollo humano tienen ciertas habilidades críticas y reflexivas para enfrentarse a la desinformación. Las desigualdades impactan en muchas áreas y esta también es una”, enfatizó el experto.

El análisis determinó además que los miembros del primer grupo, a quienes se les instó a analizar los contenidos de manera crítica, mostraron una menor intención de compartir noticias falsas con cierta veracidad, respecto a la población de los otros dos grupos participantes.

“Parece que el hecho de plantear esa mirada crítica despierta en la gente cierta desconfianza. Es un resultado deseable, por un lado, pero al mismo tiempo preocupa porque podrían no creer en la veracidad de la información oficial”, enfatizó Brenes.

Según el investigador principal de la iniciativa, los resultados evidencian que «tanto la exposición al fact-checking como la evaluación crítica de la desinformación contribuyen a reducir la difusión de contenido desinformativo por vía WhatsApp».

El análisis realizado destaca la responsabilidad de los medios de comunicación para mitigar la propagación de las desinformaciones, así como el papel que desempeña la propia ciudadanía para evaluar el contenido que recibe y comparte con sus grupos cercanos.

“Cada persona tiene poder en el ecosistema comunicativo para compartir o no, hacer fact-checking o no, advertir sobre cierta información o no. Hay gente armada para desinformar y otra con habilidades para deconstruir esa desinformación. Vivimos una guerra de la desinformación y ahora depende de quién gana dando esa batalla”, concluyó el académico.

El estudio experimental busca explicaciones causales

Este estudio experimental se basó en un muestreo por conveniencia, es decir, la población consultada fue elegida entre la totalidad de voluntarios y voluntarias mayores de 18 años que respondieron a una convocatoria de participación abierta y divulgada en la red social Facebook.

La selección de las personas se basó en la aplicación de un cuestionario para determinar cierto conocimiento general en torno al impacto de la pandemia en la realidad nacional. Además, se confirmó que fueran usuarios de la plataforma de mensajería WhatsApp.

Lejos de identificar parámetros generalizables o representativos para toda la población del país, la iniciativa intenta establecer explicaciones causales respecto a la forma en que determinadas situaciones de desinformación impactan a la ciudadanía.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Tras casi dos años, inversionistas afectados por caso Aldesa continúan en la incertidumbre

El próximo mes de marzo se cumplen dos años desde que Aldesa Corporación de Inversiones (subsidiaria de la firma financiera Aldesa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios) anunció problemas de liquidez y solicitó intervención judicial, lo cual implicó la suspensión de pago a los inversionistas.

Pero no se trata de inversionistas arriesgados, sino pequeños ahorrantes y asociaciones solidaristas, quienes alegan que Aldesa nunca les advirtió que los recursos captados estaban en Aldesa Corporación de Inversiones (de oferta privada y por tanto no regulada) y no en el Grupo Bursátil Aldesa (que albergaba el puesto de bolsa y se encontraba bajo el control de las superintendencias).

“Aldesa nos planteó una cara de normalidad, donde algunas de sus empresas estaban inscritas en el puesto de bolsa, en la operadora y otras entidades, pero para sorpresa nuestra la plata termina en otros negocios, no sabemos donde todavía”, explicó Gonzalo Meza, abogado de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas del Sector Privado.

De acuerdo con Meza, las asociaciones solidaristas que representa no estaban enteradas de que los recursos captados por parte de Aldesa se movían hacia sociedades no reguladas como Aldesa Corporación de Inversiones, debido a que las asociaciones mantienen un perfil “conservador”, es decir, buscan invertir los recursos de forma segura y no en proyectos de alto riesgo.

Flora Fernández, hija de una de las inversionistas afectadas, comentó a SURCOS que ella y su familia desconocían por completo que las inversiones de su madre (quien incluso se había asesorado con un economista de renombre para colocar los ahorros de toda su vida en Aldesa, por tratarse de una firma reconocida) estaba en proyectos que no tenían ninguna garantía.

“Yo me enteré que todo estaba fuera de regulación cuando reventó el caso. Yo me hice cargo de las inversiones de mi madre en 2015 cuando aparece con Alzheimer, y continué muy tranquila creyendo que todo estaba regulado porque así se lo había dicho el corredor de bolsa y me lo había dicho a mí. Ella había manejado muy bien su dinero toda la vida, le había costado muchísimo levantar esos ahorros”, agregó Fernández.

Pero hasta ahora el caso no avanza. Más de 30 asociaciones solidaristas y cientos de pequeños inversionistas se mantienen a la espera.

“Requerimos acción. Hay pequeños inversionistas defraudados, no son ricachones como han dicho algunos, son asociaciones solidaristas, es gente que ahorró toda su vida y hoy lo está perdiendo todo”, comentó el abogado Meza.

¿Y los responsables?

En opinión de Fernández, los tres poderes de la República y las superintendencias cargan con responsabilidad, y agregó que la prensa se ha mantenido silenciosa con el caso.

“El abanico de responsables es grande. Las instituciones son las principales responsables. Si ellas hubiesen encendido las alertas, que es para lo que están, otro gallo habría cantado”, comentó la afectada.

En Costa Rica la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) son entidades encargadas de fiscalizar el funcionamiento de los mercados de valores, el sistema financiero y proteger a los inversionistas.

Según Meza “debemos devolverle la confianza al inversionista pequeño que está haciendo un esfuerzo de ahorrar en momentos de crisis para que este país se reactive y dándole buena garantía de supervisión”.

El mejor desenlace

Para Fernández el mejor desenlace sería la quiebra de Aldesa, la cual cataloga de “inminente” a pesar de que no se logre recuperar nada.

“En caso de quiebra podríamos determinar si fue fraudulenta o si fueron malos negocios. Yo estoy convencida que es la primera. Se deben sentar las responsabilidades del caso y que vaya a la cárcel quien tenga que ir, pero engañarnos con que los inversionistas podríamos echar a andar la empresa en tiempos de pandemia, olvídese, eso no va a caminar ni un paso”, opinó.

De acuerdo con el abogado Meza, la quiebra implicaría saber qué fue lo que pasó, debido a que aún hay información que no está clara “si no hay devolución del dinero que por lo menos se sienten las responsabilidades en las personas, aquí hay gente de mucho peso, hay un montón de gente involucrada que tiene que darnos una respuesta”, agregó.

 

Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad.