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Autor: María José Ferlini Cartín

La UCR se prepara para elegir a su nuevo rector o rectora

El padrón de la Asamblea Plebiscitaria está compuesto por 2365 votantes

La elección a Rectoría se llevará a cabo el 20 de noviembre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (foto archivo ODI).

El próximo viernes 20 de noviembre, la Asamblea Plebiscitaria de la Universidad de Costa Rica elegirá a la persona que ocupará la Rectoría del 2020 al 2024.

Orlando Arrieta Orozco, Ralph García Vindas, Gustavo Gutiérrez Espeleta, Lizbeth Salazar Sánchez y José Ángel Vargas Vargas, propusieron su nombre ante la comunidad universitaria y uno de ellos estará a la cabeza de la institución durante los próximos 4 años.

Del 21 de octubre al 19 de noviembre, las personas candidatas han tenido la oportunidad de presentar a la comunidad universitaria sus planes de trabajo y proyectos, mediante distintas actividades informativas como debates, conversatorios, reuniones y entrevistas, así como a través de sus sitios web y páginas en redes sociales.

La Asamblea Plebiscitaria

Según lo dispone el artículo 13 del Estatuto Orgánico, la Asamblea la integran el rector, las vicerrectoras y los vicerrectores los miembros del Consejo Universitario, los miembros titulares del Tribunal Electoral Universitario (TEU) y los exrectores y exrectora. Asimismo, las y los docentes incluidos en el Régimen Académico, que tengan una jornada no inferior al cuarto de tiempo; profesores eméritos; y jefes de oficinas administrativas. Además, dos representantes designados por cada colegio profesional y una representación estudiantil no mayor al 25 % del total de los docentes miembros de esta Asamblea, elegidos por los organismos estudiantiles correspondientes.

En el caso específico de los colegios profesionales, el TEU envió una notificación solicitándoles la acreditación de 2 de sus miembros para que participen en la Asamblea Plebiscitaria. Las personas escogidas por la Junta Directiva de los colegios profesionales no necesariamente forman parte de la comunidad universitaria. Para esta elección se acreditaron un total de 56 personas.

En esta oportunidad, el padrón electoral está compuesto por 2365 votantes.

Las representaciones estudiantiles

Según el artículo 13 del Estatuto Orgánico de la UCR, la representación estudiantil en la Asamblea Plebiscitaria no puede ser mayor al 25% del total de profesores que hay en esta asamblea. Por lo tanto, esta representación se debe escoger de forma proporcional a los docentes que están en Régimen Académico con no menos de un 1/4 de tiempo en cada unidad académica.

Esto quiere decir que si en una Escuela hay 40 profesores que pertenecen a la Asamblea Plebiscitaria, serán 10 estudiantes los que podrán formar parte (un 25%).

Las representaciones estudiantiles se escogen mediante asambleas, éstas se realizan en cada escuela o sede y posteriormente la Vicerrectoría de Vida Estudiantil acredita a las personas electas.

Para la elección de Rectoría se acreditó a un total de 425 estudiantes, que tendrán la posibilidad de votar.

¿Cómo se elige al rector o rectora?

Se elegirá como rector o rectora a la persona candidata que alcance el mayor número de votos. Esa cifra debe representar al menos el 40 % de los sufragios válidamente emitidos.

Si se diera un empate en el primer lugar o ninguna candidatura alcanza el 40 % de los votos se repetirá la elección con las 2 personas que hayan obtenido el mayor número de votos.

Si fuera necesaria una segunda elección, se ecogerá a la persona candidata que obtenga el mayor número de votos. Esa cifra debe representar al menos el 40 % de los sufragios válidamente emitidos.

Si ninguna persona candidata alcanza ese porcentaje, será declarada electa la que obtenga la mayoría de los votos válidamente emitidos. Si se produjera un empate, la suerte será la que decida.

Elección presencial

En el caso de la elección para la Rectoría, la posibilidad de realizarla utilizando medios electrónicos no había sido considerada al momento de la convocatoria, que se realizó desde el pasado 7 de febrero.

En un principio, la elección estaba prevista para llevarse a cabo el 17 de abril, sin embargo por las circunstancias de la pandemia se tuvo que suspender en dos ocasiones.

La normativa institucional, no permite introducir cambios en las reglas luego de dicha convocatoria, en virtud del principio de seguridad jurídica, puesto que implicaría una variación intempestiva de las reglas del juego existentes, y para el momento en que se declara la pandemia, ya había concluido el proceso de inscripción y declaratoria de candidaturas.

“Hemos hecho toda clase de consultas a diferentes instancias internas y externas, hemos recibido diversas visitas y asesorías de personas expertas en salud, en estadística, en proyecciones, en asuntos jurídico-electorales, informáticos y otros. El enorme trabajo desplegado bajo la presión del contexto, en relación con la posibilidad de implementación de una modalidad alternativa a la presencial, que al inicio de esta situación se valoró como una opción para la elección a Rectoría, nos ha permitido, por una parte, ver con claridad la imposibilidad jurídica que implica para un proceso ya iniciado, el cambio de modalidad en la votación, y por la otra, el desconocimiento que persiste respecto a los nuevos sistemas y aplicaciones desarrollados en los últimos cinco años y sus respectivos sistemas de seguridad informática”, señaló Virginia Borloz, presidenta del TEU,

Como parte de la argumentación se indica que el artículo 34 del Reglamento de Elecciones Universitarias no especifica la posibilidad de realizar la elección a Rectoría utilizando medios electrónicos, como sí se señala en los artículos 31 y 32 que se refieren a la elección de miembros del sector académico y administrativo al Consejo Universitario.

Por su parte, la Oficina Jurídica (OJ) de la UCR indicó en el dictamen OJ-401-2020 que cualquier reforma que se quisiera realizar al Reglamento de Elecciones debe presentarla el propio Tribunal, o si no proviene del TEU deberá, previamente, serle consultada y luego ser aprobada por el Consejo Universitario (CU).

El padrón electoral se compone de 2365 votantes (diseño del gráfico: Rafael Espinoza Valverde).

No obstante, cualquier cambio al Reglamento se aplicará a procesos futuros y no a un proceso que ya está inicado como es el de la elección a Rectoría, ya que prevalece la aplicación del principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 34 de la Constitución Política, y su derivado en materia de actos administrativos contenido en el artículo 142 de la Ley General de la Administración Pública. Por lo demás, en derecho electoral rigen los derechos de preclusión o etapas sucesivas que no pueden ser reabiertas, y el de calendarización que obliga al órgano electoral, previo al inicio del proceso, a elaborar y dar a conocer un cronograma regulado en la normativa.

De igual manera, el Reglamento de Elecciones Universitarias no contempla ninguna disposición normativa que posibilite la modificación de los plazos consignados en dichas normas, con fundamento en situaciones excepcionales o de emergencia, por lo que mientras esas disposiciones continúen vigentes los plazos allí consignados deben aplicarse tal y cual están regulados. Para que los plazos pudieran ser modificados se requeriría que el Consejo Universitario, en ejercicio de su potestad reglamentaria, aprobara y promulgara la respectiva reforma.

El protocolo fue aprobado por el Ministerio de Salud

Para poder llevar a cabo la elección de manera presencial, el TEU en conjunto con la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR, elaboraron un protocolo de bioseguridad que fue aprobado por el Ministerio de Salud, que se aplicará rigurosamente durante toda la jornada electoral, así como un instructivo para las y los electores.

Entre las principales indicaciones que tiene el documento está el uso ubligatorio de mascarilla higiénica, sin válvula o quirúrgica; seguir las disposiciones indicadas por el personal de apoyo, guardando el distanciamiento social y respetando la fila demarcada; cada persona votante deberá portar su propio bolígrafo para firmar el padrón y emitir el voto; deberá presentarse puntualmente a la Junta Receptora de Votos (JRV) asignada la cita, sin acompañantes, excepto aquellas personas que por su condición lo requieran.

En la Sede Rodrigo Facio se contará con 11 Juntas Receptoras de Votos y habrá otras 6 en las distintas Sedes Regionales de la institución. Cada junta recibirá un aproximado de 27 votantes por hora.

Para la seguridad de las personas electoras se dispuso de dos modalidades de JRV. La primera es la ventanilla electoral, esta se colocarán en espacios existentes en las instalaciones universitarias, las cuales cuentan con una barrera de protección para la atención de público (ventanilla de vidrio con orificio para entrega de documentación electoral) que permitirán una dinámica de circulación y flujo adecuado para albergar a las personas votantes, sin hacinamiento y en garantía del espacio necesario para el distanciamiento social.

La otra es el auto-voto que se encontrará exclusivamente en la Sede Rodrígo Facio, para las personas eméritas y con movilidad reducida (o aquellos casos que el TEU valore previamente), quienes tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto, desde el interior de su propio vehículo, garantizando el distanciamiento social con respecto a la persona encargada de registrar su identidad y recibir el voto en la respectiva urna electoral.

JRV

Lugar

Horario

1

Sede Rodrigo Facio – Aula Magna

08:00 – 18:00 hrs

2

Sede Rodrigo Facio – Facultad de Ciencias Sociales

08:00 – 18:00 hrs

3

Sede Rodrigo Facio – Facultad de Derecho

08:00 – 18:00 hrs

4

Sede Rodrigo Facio – Edificio Administrativo A

08:00 – 18:00 hrs

5

Sede Rodrigo Facio – Escuela de Educación Física y Deportes

08:00 – 18:00 hrs

6

Sede Rodrigo Facio – Facultad de Educación

08:00 – 18:00 hrs

7

Sede Rodrigo Facio – Escuela de Estudios Generales

08:00 – 18:00 hrs

8

Sede Rodrigo Facio – UCAGRO

08:00 – 18:00 hrs

9

Sede Rodrigo Facio – Facultad de Microbiología

08:00 – 18:00 hrs

10

Sede Rodrigo Facio – Autovoto – Edificio de Parqueos frente de Ciencias Sociales

08:00 – 18:00 hrs

11

Sede Regional de Occidente

10:00 – 18:00 hrs

12

Sede Regional del Atlántico

16:00 – 18:00 hrs

13

Sede Regional de Guanacaste

13:00 – 18:00 hrs

14

Sede Regional del Caribe

16:00 – 18:00 hrs

15

Sede Regional del Pacífico

16:00 – 18:00 hrs

16

Sede Regional del Sur

08:00 – 10:00 hrs

17

Sede Rodrigo Facio – Facultad de Odontología

08:00 – 18:00 hrs

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Distanciamiento físico, acercamiento social

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

Ante la grave pandemia ocasionada por el coronavirus, las autoridades sanitarias de los países han dictado una serie de valiosas medidas para contener la potencialmente devastadora expansión de la enfermedad covid-19. Cuarentenas, confinamiento, prohibición de eventos masivos, medidas higiénicas rigurosas, se encuentran en la preventiva lista para evitar y reducir al máximo los contagios.

Costa Rica, a través de las autoridades de gobierno, en el campo de la salud, de emergencias y de seguridad, han venido anunciando este tipo de medidas, que deben ser de responsable y riguroso cumplimiento entre la población, para evitar los enormes daños que puede ocasionar la pandemia a la salud de millones de personas y a la economía, con el consiguiente incremento de la pobreza y la desigualdad.

Todavía hay un amplio sector de la sociedad costarricense que no ha tomado clara consciencia de que estas medidas temporales (de semanas o meses), son imprescindibles para que la expansión de la epidemia no llene los hospitales de personas infectadas, las colapse, obligue al personal médico a decidir quien vive o quien muere por la escasez de respiradores, en fin, genere más muerte y dolor en las familias. Este tipo de resistencias deben ser repudiadas socialmente y, eventualmente, deben ser penadas por el potencial daño colectivo que pueden generar.

En la expansión inexorable de la pandemia en el mundo, ha quedado claro que los países que hasta el presente, han tomado más rigurosas medidas de cuarentena y confinación, son los que han avanzado con mayor éxito en la contención de la enfermedad. La disciplina colectiva de las sociedades asiáticas ha dado muestras de ser más eficaz que el individualismo de los países occidentales, encabezados por Estados Unidos y Europa.

La sociedad costarricense en esta hora aciaga y desafiante, debe actuar de manera responsable y disciplinada, acatando estas medidas de aislamiento y distanciamiento físico, que las autoridades de gobierno y salud están dictando. Incluso, es posible que ante el incremento exponencial de los casos, haya que acatar medidas todavía más rigurosas. Se trata de un sacrificio coyuntural basado en la solidaridad y el valor de la vida humana.

Debo indicar que en todas partes se ha estado hablando de “distanciamiento social” como una estrategia clave para reducir y minimizar al máximo el riesgo del contagio. Considero que la expresión más feliz y adecuada sería la de “distanciamiento físico” entre las personas, no el distanciamiento social. Todo lo contrario, lo que requieren las sociedades, en este duro presente, es el acercamiento social y la solidaridad.

Se ha afirmado con razón que las crisis ponen a prueba a las personas, a las comunidades y a los pueblos. Prueban de que estamos hechos como personas. Dice la leyenda –que parafraseo– que los seres humanos tienen en su corazón dos lobos: Uno es el del amor al prójimo, el de la solidaridad y el apoyo mutuo. Otro es el del individualismo, el de la avaricia, el del “sálvese quien pueda”. ¿Quién gana en esta eterna pelea ética? El que alimentamos con nuestras decisiones y actos.

Esta crisis inexplorada a la que nos enfrentamos hoy y que todavía no muestra un horizonte en sus alcances, claramente definido, nos obliga a alimentar la solidaridad, el apoyo mutuo y el amor a las demás personas.

La crisis debe sacar lo mejor de nosotros y nosotras, en ejercicios prácticos y efectivos de solidaridad social. Hay sectores y grupos minoritarios en nuestra sociedad, que aunque han acumulado grandes fortunas, que guardan aquí o esconden en los opacos paraísos fiscales del exterior, no quieren verse afectados por las inevitables secuelas económicas que deja y dejará la pandemia. Su mayor deseo es salir indemnes y, si les es posible, hasta obtener ganancias de la crisis que se hará más grande en las próximas semanas y meses. Todas y todos debemos de contribuir en esta causa nacional, en arreglo a nuestras posibilidades económicas.

Tenemos que avizorar el futuro con responsabilidad política. La pandemia nos dice, nos grita con fuerza que quienes han propulsado el debilitamiento del Estado Social de Derecho en poco más de treinta años, y que han tenido en su agenda privatizadora de la salud, el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estaban en un grave error. Tenía que venir un diminuto virus a darles una lección de vida y de política adecuada y justa.

El gobierno debe de prever una crisis que tardará tiempo en superarse aún aplicando medidas oportunas y correctas. Millares de personas y familias ya son afectadas en sus precarias economías y más serán las afectadas al transcurrir el tiempo. El gobierno debe dar un giro significativo a su brújula política, en función de darle prioridad a los sectores sociales y poblacionales, a los que esta crisis les golpeará más inclementemente.

El peor escenario es el del aislamiento combinado con el hambre y la desesperanza. A Dios rogando y con el mazo dando: Las y los ciudadanos conscientes debemos demandar del gobierno y la Asamblea Legislativa, este tipo de medidas de responsabilidad solidaria con el pueblo, al mismo tiempo que construimos redes solidarias en nuestras comunidades para apoyar a las familias a la que la crisis les pueden llegar con su rostro más feroz, el hambre.

Practiquemos el responsable distanciamiento físico, pero hoy más que nunca impulsemos este necesario acercamiento social alimentado por la solidaridad, la generosidad y el apoyo mutuo. Este debe ser el sentimiento, pensamiento y compromiso que nos inspire y aliente este 2020 y en el año del Bicentenario Patrio, que sin duda albergará una crisis económica, social y política, que pondrá a prueba la solidez de nuestra democracia.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

UNED: Fiesta del Conocimiento Virtual

En el marco del aniversario de la Declaratoria de los Derechos de los Niños y de las Niñas el Programa Desarrollo Educativo de la UNED le invita a la Fiesta del Conocimiento Virtual la cual tendrá actividades gratuitas como cuenta cuentos, juegos en familia para el desarrollo del pensamiento crítico, Origami, entre otras.

Las actividades se llevarán a cabo por la plataforma Zoom.

Para más información comuníquese al 2527 2247 o al correo rmunguia@uned.ac.cr

Más detalles en las siguientes imágenes.

¡Grupo de Lima, Un Cadáver Insepulto!

Lic. José A. Amesty R.

El Grupo de Lima GL, es una instancia multilateral, que se estableció tras la denominada Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en Perú, donde se reunieron representantes de 14 países, con el objetivo, de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Entre otras cosas, exige la “liberación de los presos políticos”, pide “elecciones libres”, ofrece ayuda humanitaria y critica la “ruptura del orden institucional” en el país sudamericano.

Doce países americanos en un principio suscribieron la declaración: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, uniéndose posteriormente Guyana, Haití, Santa Lucía y Bolivia.

Siendo avalado también por Barbados, Estados Unidos, Granada, y Jamaica, que asistieron al encuentro, así mismos organismos como la Organización de los Estados Americanos OEA y la Unión Europea UE, además de la oposición venezolana, han dado su respaldo a dicho documento. En febrero de 2019, se incorporó a Venezuela, más precisamente al gobierno interino de Juan Guaidó. Recientemente, bajo el gobierno de Jeanine Añez, ingresó Bolivia.

El Grupo de Lima Suscribió un Documento en el que Declara:

  • Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
  • Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
  • Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, democráticamente electa.
  • Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
  • Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana CDI a Venezuela.
  • Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, entre otros.

Los países y sus gobiernos, más incisivos contra Venezuela, y que reafirman su compromiso, para contribuir a la “restauración de la democracia” en Venezuela, y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el país sudamericano son: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú; quienes promueven la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del “régimen ilegítimo” de Maduro involucrados en actividades de “apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas”, así como en actos de corrupción, “narcotráfico”, delincuencia.

No obstante lo anterior, la realidad es que a estas alturas, los presidentes y sus gobiernos, que han quedado fuera del Grupo de Lima son: Enrique Peña Nieto (México), Mauricio Macri (Argentina), Jeanine Añez (Bolivia), Martín Vizcarra (Perú), Donald Trump como jefe de la banda. Quedando y en “pico e zopilote”, Iván Duque (Colombia), Jair Bolsonaro (Brasil) y Sebastián Piñera (Chile), entre otros.

En realidad, el GL, según Carlos Aznarez, director de Resumen Latinoamericano, “el Grupo de Lima está más que devaluado, se formó para precisamente desestabilizar a Venezuela, como un acuerdo con la posición que siempre ha mantenido en la OEA, el Secretario general, Luis Almagro, que por desgracia lo han reelegido”.

El Grupo de Lima, fue creado por EEUU, debido a que no logró recoger la votación necesaria, para su estrategia intervencionista en la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo torpeza política y el servilismo de los que lideran este grupo, ha logrado la insólita hazaña de apartar a la OEA, y ahora casi a disolver al mismo Grupo, al tratar de embarcar a los integrantes en componendas riesgosas.

Y por supuesto, ha fracasado en ese objetivo desestabilizador contra Venezuela, igualmente señala Aznarez: lo que hacen es “repetir el guion que les marca Mike Pompeo, el funcionario de EE UU, encargado de ser uno de los arietes de hostilización más importante contra Venezuela. Así como la decisión de Trump, para acusar a Venezuela de narcotraficante, de enviar barcos, aviones y tropas transportadas, a hacer toda una parafernalia de búsqueda de narcotraficantes en el Caribe, cortar el acceso de la cocaína que llega no desde Venezuela sino desde Colombia”.

Unos datos del articulista Mario Hernández señalan “respecto del tema de la droga, las cifras oficiales indican que el 84% de las drogas provenientes de América del Sur usan las rutas del Pacífico y solo el 7% pasan a través de Venezuela y el Caribe oriental. Además, la Oficina de la ONU Contra las drogas y el delito publicó un informe el año pasado, donde Venezuela no figura en la lista de países que siembran y fabrican, y sí Colombia que ocupa el primer lugar con el 69%”.

El grupo de Lima, es “un arco de gobiernos de derecha, que actúan como hijos bobos de los EE UU”, enfatiza Aznarez.

Por otro lado, Mario Hernández, hace una entrevista al economista Julio Gambina, quien afirma: “El epicentro del Grupo de Lima, es cambiar el gobierno venezolano, para subordinar a Venezuela, a la lógica de las trasnacionales del petróleo, a la política exterior estadounidense, y a esa lógica derechista que se está expresando como nueva hegemonía en este año 2019, en el Mercosur”.

Como se señaló arriba, el GL ha acusado a Venezuela, de estar involucrada en narcotráfico y en actos de corrupción, pero la realidad, es que muchos de los países del Grupo de Lima, si han estado envueltos en estos casos, veamos brevemente, según Tony López R., periodista, politólogo y analista internacional:

Colombia:

  1. Colombia, es la base de operaciones militares más importante del Comando Sur en América Latina, establecidas desde el 2007, en unas diez instalaciones castrenses colombianas aprobadas por el presidente Álvaro Uribe, violando el artículo 189 de la Constitución de 1991, artículo también violado ahora por el presidente Iván Duque. Pues su numeral 6 del artículo citado establece, “que es el Senado, el que puede autorizar el uso militar contra otro Estado solo si es agredido, pero no para que su territorio sea utilizado para agredir a otro país”.
  2. No son ni han sido los gobernantes colombianos los más ejemplares, por ejemplo tenemos el caso del actual senador y ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. “En septiembre de 1991 el informe clasificado de Confidencial, de la Agencia de Inteligencia de Defensa DIA (DIA. Defense Intelligence Agency) enviado al Departamento de Defensa, este informe señalaba con el numero 82 a Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos”. Esta ficha de inteligencia puede consultarse el original en el siguiente link en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm).

México:

  1. El gobierno del presidente Peña Nieto durante su mandato, fue uno de los más exigentes defensor de violentar el Estado de Derecho Internacional en el llamado Grupo de Lima y en la OEA, su canciller sufrió una gran derrota cuando se desarrolló en Cancún, México la reunión del Consejo Permanente de la OEA y en alianza con Estados Unidos y Luis Almagro trataron de forzar una sanción a Venezuela y aplicar la Carta Democrática.
  2. Qué ejemplo de respeto a los derechos humanos hubo durante su gobierno en México, cuando los asesinatos diarios se contaban por cientos, cuando miles de mexicanos fueron extorsionados por los carteles de la droga, muy especialmente el de Sinaloa, y ahora se conoce y es público que funcionarios de su gobierno y el propio presidente Peña Nieto recibió millones de dólares del Chapo Guzmán por soborno. De que democracia podían hablar un país tan importante, rico entregado al oro de Washington y que tuviera tanta inseguridad ciudadana y con tanta inequidad y miseria.

Chile:

  1. Chile país en el cual se han escrito las páginas más horrorosas de crímenes y asesinatos políticos contra el pueblo por la dictadura de Pinochet. El heroico presidente Salvador Allende, fue la primera víctima de Estados Unidos, cuando levantó la bandera del socialismo en democracia, como Venezuela levanta hoy su Revolución Bolivariana Democrática y Socialista, pero Chile continua bajo la Constitución pinochetista, porque realmente quienes continúan dirigiendo el país son fuertes defensores y pertenecieron al entorno más estrecho del dictador chileno como Sebastián Piñera.
  2. El semanario El Siglo denunció, la cercanía y entorno intimo a Pinochet de Sebastián Piñera y su familia, que hizo su fortuna bajo el calor de la dictadura y lo relacionan con acciones delincuenciales como el “lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita” con respecto al banco de Talca.

Honduras:

  1. Que ejemplos de democracia, respeto a los derechos humanos y honestidad puede presentar el gobierno de Honduras. ¿Dónde están los autores intelectuales del asesinato de Bertha Cáceres y de otros líderes sociales asesinados durante el gobierno fraudulento de Orlando Hernández? ¿Qué política hay de derechos humanos y de atención a su pueblo, cuando miles y miles de hondureños huyen a México para pasar la frontera hacia Estados Unidos y que Donald Trump tanto repudia?
  2. Un gobierno establecido por el fraude electoral conocido y denunciado por los propios observadores de la OEA, que estuvieron en los comicios hondureños. Este gobierno es en el fondo un gobierno surgido de un Golpe de Estado Militar, contra Manuel Zelaya, apoyado por Estados Unidos en 2009.
  3. Y qué decir del actual presidente Juan Orlando Hernández, acusado de múltiples casos de corrupción y narcotráfico, entre otros.

Guatemala:

  1. Y qué decir de Guatemala, otro gobierno cuyas violaciones a los Derechos Humanos están denunciadas, incluso por organismos internacionales, así como también su presidente Jimmy Morales (2015) se encontró cuestionado por hechos de corrupción. Si un gobierno en América Latina no puede hablar de respeto a los derechos humanos es Guatemala y mucho menos de democracia.

Brasil:

  1. Brasil un gigante y rico país, cuyo único rival y enemigo solapado en el hemisferio occidental es Estados Unidos, se ha plegado a las órdenes de Washington, es lógico que el gobierno de facto como el de Michael Temer y el del capitán presidente Jair Bolsonaro hayan cedido y entregado a las órdenes de Estados Unidos, en ambos casos dos gobiernos corruptos y violador de los Derechos Humanos, el caso de lo actuado contra Lula, es una demostración de la insensibilidad humana de este gobierno, y en el campo de la corrupción tienen el más claro ejemplo en el hombre que se prestó a juzgar a Dilma Rousseff, cuando era presidente del Congreso Eduardo Cunha quien está encarcelado por corrupto, su última misión en contra de su país y para favorecer a Estados Unidos fue facilitar la destitución de la presidenta Rousseff.
  2. Los hombres demócratas, progresistas y revolucionarios brasileños deben estar espantados, con el camino tomado por estos dos últimos gobiernos, porque se han puesto al servicio de Washington, país, que incluso acometió el Plan político-militar llamado Iniciativa Regional Andina, cuyo objetivo estratégico es eliminar la competencia científico-técnica y económica de Brasil en nuestra región.

Argentina:

  1. Argentina es otro de los países que forman parte del Grupo de Lima, la participación del presidente en acciones de corrupción está denunciada públicamente en los Paper de Panamá, las violaciones de los derechos humanos es denunciada permanentemente por la violencias contra las mujeres, el uso de la justicia totalmente entregada a la oligarquía argentina, se aprecia con el encarcelamiento de dirigentes populares como Fernando Esteche, quien sin prueba alguna ya lleva más de un año de prisión, otra fiel exponente es Milagro Salas que cumplió dos años de prisión sin pruebas y juicios.
  2. El uso y abuso contra los medios de prensa opositores, es el pan de cada día, los argentinos no deben olvidar que, un grupo operativos reeditando los tiempos de la dictadura de Videla, irrumpieron con violencia en las oficinas de abogados y defensores de derechos humanos, destruyeron equipos, archivos y se robaron las laptops y documentación que comprometían a Macri y su gobierno, una grave violación del estado de derecho que tanto cacarea el canciller macrista en el Grupo de Lima contra Venezuela, el siniestro grupo dejo claro que el que se oponga a las acciones del gobierno serán reprimidos. Sobre estos hechos ni el grupo Clarín ni la Nación dicen absolutamente nada. Son cómplice, de una dictadura sin uniforme, como lo fueron en la década del 70.

Paraguay:

  1. Paraguay es otro miembro del Grupo de Lima, y fuerte exponente donde los derechos humanos son violados de manera sistemática y cuyo sistema democrático fue absolutamente quebrado, cuando se produjo por el Golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo (2008), todo montado por una acción criminal contra un grupo de campesinos, realizado por la fuerza pública con fines de utilizarlo como es conocido para justificar golpe de la extrema derecha stronista, como ha sido denunciado públicamente por los sectores democráticos y progresista paraguayos. La subordinación del gobierno, títere del imperio ha actuado de manera oportunista a pedido de Washington, rompiendo relaciones con Venezuela. Más claro ni el agua.

Perú:

  1. Perú no es indiferente a los casos de corrupción y de violación a los derechos humanos, nada muy diferente a los escándalos de la familia Fujimori y sus relaciones con sectores del Congreso y del poder judicial, han dado lugar a la solicitud de renuncia de magistrados y jueces. Pero también los ex -presidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y Pedro Pablo Kuczynski, a los que se suman otros importantes dirigentes y congresista entre ellas Keiko Fujimori, Susana Villarán, Nadine Heredia, todos vinculados a los sobornos de la brasileña Odelbrech.
  2. Actualmente, es conocido el escándalo del presidente Martin Vizcarra, destituido por corrupción, lo cual ha generado una rebelión popular. El congreso peruano abanderó como presidente a Manuel Merino, quien ante una cruenta persecución contra el pueblo, dimite. Actualmente el congreso peruano ha nombrado como presidente interino a Francisco Sagasti, y seguimos en acontecimientos en pleno desarrollo.

La última perla del GL, según Aram Aharonian, periodista y comunicólogo uruguayo, es que el diezmado Grupo de Lima también quiere apropiarse de los fondos venezolanos. El gobierno estadounidense exigió que los países del llamado Grupo de Lima, se sumen al pirateo de los fondos venezolanos en el exterior. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió que los países latinoamericanos congelen los activos petroleros de Venezuela.

El presidente colombiano Iván Duque, habló de la necesidad “Que los activos que tiene Venezuela en nuestros países, que son gubernamentales, sean ya declarados bajo el control absoluto de la Asamblea Nacional, y del presidente Guaidó para que establezcan los mecanismos de administración”.

En definitiva, según Tony López, “como los lectores pueden apreciar, el Grupo de Lima, no tiene ninguna moral para juzgar a ningún país, menos a Venezuela, que puede darle lecciones de democracia, tampoco no aparece ningún Jefe de Estado muy honrado, todos vinculados a hechos de corrupción, algunos ordenando asesinatos, vinculados al narcotráfico y a la represión contra su pueblo”.

Como lo señala el título del artículo, y visto lo anterior, el Grupo de Lima debería ya estar olvidado en la más oscura sepultura del olvido y la historia.

 

*Imagen tomada de: https://www.infobae.com/

“Una vaca importa más que un indio”

Por Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR-FECON

“Yo no quiero que mi hijo escriba el mismo libro que yo escribo, yo quiero que mi hijo escriba otro cuento diferente, bonito y feliz”, dijo Roxana Figueroa Calderón del territorio Bribri Salitre, del clan Toriguak, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ella junto a Pablo Sivas Sivas, Vanesa Figueroa Calderón, Carlos Steven Vargas Figueroa y Lesner Figueroa Lázaro, volvieron a denunciar en sus exposiciones la negligencia, la inacción, el racismo y la complicidad del Estado y de toda la institucionalidad, con los autores y ejecutores de las más variadas agresiones contra los pueblos indígenas, incluidas las invasiones de sus territorios y los asesinatos siniestros de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera; acribillados a quema ropa cuando estaban indefensos. Esa audiencia se realizó el martes 3 de noviembre de 2020, tras haber sido pospuesta por más de un año, y su objetivo fue dar seguimiento al Expediente 21.360 sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. A petición de los indígenas participamos en la audiencia quien escribe y la abogada Nathalia Ulloa Castillo de Forest People.

En la audiencia expusimos algunos elementos del contexto social histórico y actual de la violencia contra los pueblos indígenas y tareas o propuestas que la Asamblea Legislativa, y en particular la Comisión Permanente de Derechos Humanos, deberían realizar con otras instancias políticas, deliberativas y ejecutoras, que en nuestro criterio contribuirían a resolver efectivamente y con justicia, los problemas que le fueron impuestos a las poblaciones indígenas. Acá resumimos algunos de esos asuntos:

  1. Crear un registro de invasiones a territorios indígenas. Promover y realizar de inmediato en conjunto con otras entidades un estudio que permita actualizar los casos de invasiones por parte de no indígenas en cada uno de los territorios que pertenecen por ley a los pueblos originarios. Se trataría de establecer implicados no indígenas, extensiones y cambios realizados, fechas de inicio de esas invasiones, acciones realizadas y tareas pendientes que son responsabilidad de cualquier instancia e institución. Esa actualización debe hacerse respetando el hecho de que los conflictos deben resolverse de acuerdo con la Ley indígena, los Convenios internacionales firmados por Costa Rica y las resoluciones de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acatamiento de la legislación que asegura los territorios y protege a las poblaciones indígenas es prioritario ya que hasta ahora se ha pretendido, sin ningún resultado positivo y de manera ilegal, atender los problemas en esos territorios aplicando la legislación agraria ordinaria o cualquiera otra, como si se tratara de casos comunes. Ésa es una carencia fundamental: juzgar las agresiones a los pueblos indígenas sin aplicar las leyes especiales que existen para ellos. Por eso es que concluimos con Pablo Sivas, y lo dijimos en la Comisión, que para el Estado costarricense “una vaca importa más que un indio”, dado que el Estado no cumple las leyes indígenas, no acata las medidas cautelares que se le dictan y cuando debe resolver sobre la violencia, los asesinatos y las invasiones de tierras, da prioridad a los rumiantes de lo.as usurpadore.as para que permanezcan en las tierras que son por ley, e irrestrictamente, de los pueblos originarios. Esta es una combinación de racismo, injusticia y negligencia por parte de toda la institucionalidad, empezando por el sistema judicial y la policía, que operan en colusión contra la gente indígena.
  2. Juzgar con justicia el crimen de Sergio Rojas Ortiz. Presionar en todas las instancias políticas y judiciales para la reapertura inmediata y resolución definitiva del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, perpetrado el 18 de marzo de 2019, pues la decisión del Ministerio Público de archivar el caso, confirma el trato racista y negligente contra la gente indígena desconociendo la Ley indígena y los Convenios internacionales, y de manera específica las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigentes desde 2015. Para los pueblos indígenas la muerte de Sergio y las agresiones permanentes, son una misma cadena de actos racistas en su contra. Roxana Figueroa Calderón lo resumió diciendo que “cuando queman nuestros ranchos humildes no es una quema simplemente de ranchos, es una quema de cultura, de vivencia, de historia, de compartimiento. Yo no veo por qué, sí los diputados dijeron en su momento que el territorio de Salitre era para los de Salitre y así sucesivamente cada uno de nuestros territorios iban a ser de sus habitantes, yo no lo creo porque yo tengo exponer mi vida para vivir en la tierra que es de nosotros”.
  3. Juzgar con justicia el crimen de Jerhy Rivera Rivera. Incidir en lo que corresponde en el sistema judicial para acelerar la resolución del asesinato de Jerhy Rivera Rivera ocurrido el 24 de febrero de 2020, pues tanto en este caso como en el de Sergio Rojas Ortiz se debe impedir la impunidad. Sobre la responsabilidad del Estado en ambos asesinatos, Lesner Figueroa Lázaro fue directo al señalar que “No hay duda que el asesinato del hermano Sergio es culpa del Estado, porque si hubiera llevado a cabo el saneamiento territorial con la ley que se promulgó en 1977, hace más de cuarenta años, el asesinato se hubiera evitado sí el Estado hubiera devuelto nuestras tierras. Igual el asesinato del hermano Jerhy Rivera se hubiera evitado sí el Estado lo hubiera hecho. Entre más antes lo hubiera hecho menos problemas hubiéramos tenido. Como dicen ellos ahora, ponen excusas de que hay un problema estructural, claro, pero un problema estructural también culpa de ellos mismos, no es culpa de nosotros”.
  4. Detener desalojos de indígenas de sus tierras. Interponer todos los recursos y esfuerzos posibles para detener de inmediato todos los procesos y acciones de desalojos de las personas indígenas de su propio territorio, como los de Kono Jú y Yuwi Senaglö, ambos en China Kichá, dado que se juzgan, como dijimos, con base en la legislación agraria ordinaria y no con base en la Ley indígena y los Convenios internacionales. Igualmente se debería exigir que cese cualquier proceso judicial, como las inspecciones dentro de otras recuperaciones como Crun Shurín, que responden a los intereses directos de las y los usurpadores, quienes cuentan con el acompañamiento de funcionarios judiciales y policiales, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por la gente indígena.
  5. Exigir cuentas y sacar al juez Jean Carlo Céspedes. Pedir rendición de cuentas por las actuaciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública y del Sistema Judicial dado que, como ha quedado demostrado, no tienen capacidades técnicas, voluntad, ni actitud humanística, para atender las usurpaciones en los territorios indígenas. En paralelo y como parte de esta urgencia, es indispensable exigir la sustitución inmediata del juez Jean Carlo Céspedes porque todas sus actuaciones atentan contra los pueblos originarios e irrespetan la Ley indígena y los Convenios internacionales. Además, este empleado judicial ya fue recusado en instancias judiciales y tiene ligámenes familiares con usurpadores de tierras indígenas. os indígenas lo han expuesto en muchísimas ocasiones, y repitieron en la Asamblea Legislativa por medio de Lesner Figueroa Lázaro y Pablo Sibas, que “hay muchos finqueros con muchos recursos en los territorios y hay que decirlo así: estas personas son amigos de diputados, son amigos de ministros, son amigos de jueces, o sea, dicen que el juez tiene una independencia absoluta, pero diay, el juez que dicta resoluciones en el agrario es el yerno de uno de los terratenientes (usurpadores) de los territorios”.
  6. Cumplir medidas cautelares internacionales. Exigir la protección efectiva de las personas indígenas de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, cuyo objetivo es “garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”. En esa misma Medida cautelar, como se reiteró en el comunicado “Estado costarricense asesinó a Sergio Rojas Ortiz. Bicentenario está manchado de sangre”, firmado por 183 organizaciones de América y Europa el día del asesinato de Sergio, la Comisión insistió en “la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable” que ya era previsible. Otro aviso no atendido por el Estado fue el informe de la Décimo cuarta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, del 28 de diciembre del 2016, en el que se acusó que “el Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna voluntad política por resolver estos problemas”, refiriendo a la implementación de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas. Las mismas medidas de protección dispuestas para Sergio Rojas Ortiz, aplicaban para Jerhy Rivera Rivera y siguen vigentes para los pueblos indígenas en general.
  7. Exigir al Gobierno mediación internacional especializada. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, daría una importante ayuda si insistiera vehementemente ante el Gobierno de la República para que éste solicite, de inmediato, mediación internacional especializada, dado que hasta ahora los resultados de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, no han culminado en respuestas efectivas y no han impedido irreparables y trágicos desenlaces como los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Esta acción, en conjunto con las otras planteadas, resultan indispensables para asegurar la integridad y la vida de todas las personas indígenas amenazadas de muchas maneras, incluidas las reiteradas intimidaciones y desafíos de muerte.

En la audiencia se le explicó a los y las diputadas que los problemas generados por las invasiones a territorios de los pueblos indígenas no son responsabilidad exclusiva de la actual ni de la anterior Administración gubernamental, si no que responden a un ejercicio del poder racista y colonial desde hace siglos, en el que se inscriben los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y también de Antonio Saldaña y Pablu Presberu. Esa violencia es responsabilidad de toda la institucionalidad costarricense, incluida la Asamblea Legislativa, donde también se registran actos vergonzosos e indignantes como el del fatídico del 10 de agosto de 2010 cuando en la madrugada, 50 antimotines de la Fuerza Pública sacaron del Salón de Beneméritos de la Patria, a empujones, a rastras y con golpes, a los y las 21 indígenas que pedían votar el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica. Si la Asamblea Legislativa no hubiese fallado, hoy tendríamos esa ley vigente y es por eso que como muestra de dignificación de los pueblos indígenas ese proyecto debería retomarse y aprobarse para darle seguridad a la población indígena.

Acciones claras, directas y contundentes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Asamblea Legislativa en general, podrían impedir nuevos asesinatos, ya que la violencia contra los pueblos y personas indígenas ha bajado de intensidad desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, porque las recuperaciones están detenidas. No obstante las amenazas son permanentes e incluyen agresiones verbales, quema de fincas, cultivos y casas, amenazas con machetes y otras herramientas/armas, armas de fuego, despliegues de grupos de matones, inacción de las autoridades policiales y actuaciones abiertamente en favor y protección de los finqueros usurpadores, sus empleados y personas violentas que ejercen presión de todo tipo contra la gente indígenas.

Según estaba previsto, planteamos a la Comisión Permanente la necesidad de que se desplace, y de ser posible que sesione en los territorios indígenas. En esa misma sesión del martes 3 de noviembre de 2020, se aprobó una moción de la diputada Nydia Céspedes y el diputado José María Villalta-Flores Estrada “Para que esta Comisión acuerde sesionar en los territorios indígenas en fecha a definir en la próxima sesión” (10 de noviembre). De realizarse esa actividad, sería una oportunidad muy valiosa para que los y las integrantes del foro legislativo dialoguen con personas de las comunidades indígenas in situ y tengan una idea cercana de la zozobra y amenazas bajo las cuales viven. En palabras de Vanessa Figueroa Calderón las amenazas mantienen en permanente sigilo y miedo a la gente de todas las edades: “mis hijos me dicen mami ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio, pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso”. Pero también, si la Comisión realizara inspecciones en los territorios recuperados, podría confirmar los avances para vivir bien que los indígenas han logrado en muy poco tiempo. Como dijo Pablo Sivas Sivas, “a mí me gustaría que ustedes visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que este proceso siga”.

Las recuperaciones que son medios de hecho, pero con bases legales clarísimas que la institucionalidad no respeta ni aplica, van a seguir tarde o temprano, y si la violencia provoca más muertes, esa responsabilidad se cargará directamente al Estado costarricense. Hay mucha gente indígena con mente muy calibrada y pacífica, pero hay también muchísima gente que esta agobiada de soportar todo tipo de vejaciones, insultos, ultrajes contra sus hijos e hijas, madres y familiares, y contra sus propiedades. “¿Qué pasaría si un sikua/blanco muriera? ¿Harían lo mismo el Gobierno y los tribunales y archivarían el caso, como con Sergio?”, se pregunta la gente indígena. Ya hay decisiones tomadas e irrenunciables y así lo dijo Lesner Figueroa Lázaro en la Asamblea Legislativa: “me parece que se puede evitar nuevas muertes, porque así como la está viendo, ella (Vanessa Figueroa) está amenazada de muerte, yo también, el compañero también (Pablo Sivas y Carlos Steven Vargas) y si me tienen que matar me matan, a mí eso no me importa, pero callarme no me voy a callar, yo voy a seguir recuperando mis tierras, voy a seguir luchando y vamos a seguir adelante”.

Los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas requieren soluciones urgentes, definitivas, efectivas y sobre todo justas y en medio de tanta incertidumbre las oportunidades para que el niño del clan Toriguak, hijo de Roxana Figueroa Calderón, pueda escribir “otro cuento diferente, bonito y feliz”, dependen de si el Estado costarricense y la sociedad en general, asumimos las condiciones de convivencia que nunca hemos asumido.

Enviado a SURCOS por el autor, publicado además en el Semanario Universidad.

SÍ a la vida, NO a la mina

Organizaciones y personas ecologistas convocaron a una jornada de lucha contra la minería a cielo abierto. Se realizó este miércoles 18 de noviembre en la Plaza de la Democracia desde el mediodía.

Compartimos algunas fotos compartidas con SURCOS por Édison Valverde Araya.

Cartografía: construir un mundo sin miedo para las mujeres

SURCOS comparte este enlace a Cartografía, una página que hace un estudio con lo cual se invita «a tomar conciencia, a organizarse, a construir un mundo en que podamos las mujeres vivir sin miedo».

En la presentación se dice:

“Recordando las mantenemos vivas en la memoria. Recordando exigimos justicia. Recordarlas es el motor de nuestra lucha. Esta cartografía es una invitación a tomar conciencia, a organizarse, a construir un mundo en que podamos las mujeres vivir sin miedo.

En el mapa cada punto representa un femicidio, cada color es la historia de una mujer que fue asesinada por el hecho de ser mujer. La visualización cartográfica permite comprender el femicidio como una problemática país. Nos muestra las diferentes regiones y provincias donde se ha concentrado en los últimos años estos crímenes. Gracias a la interactividad del mapa, se pueden geolocalizar variables, y por ende pensar en las interseccionalidades que atraviesan cada escenario de femicidio.

La cartografía surge de un monitoreo y registro cotidiano de la prensa digital. Esto permitió construir una base de datos donde se sistematiza información relativa a cada femicidio, y a su vez se contrasta con información pública del Poder Judicial. El periodo que abarca es del 2017 a la actualidad, y se encuentra en constante actualización. Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de mi tesis doctoral en Sociología y Género, en la Universidad de Paris.”

Mariana R. Mora

Compartimos el enlace a la página:
https://cartografiafemicidioscr.com/

 

Compartido con SURCOS por Vania Solano Laclé.

Conversatorio ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?

El pasado 5 de noviembre de 2020, la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, la Catedra Alberto Martén de la Escuela de Planificación y Promoción Social- EPPS- UNA y la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, llevaron a cabo el Conversatorio ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?

La exposición central de la actividad estuvo a cargo del Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel, abogado y académico y fue transmitida en directo mediante el Facebook Live de la página de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría y de la EPPS-UNA.

Este foro fue moderado por el académico de la EPPS, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, y contó con la participación de algunos miembros de la Academia Solidarista y de la Red de Asociaciones Solidarista de las universidades públicas: Álvaro Villalobos Garro, Efraín Mejía, Gonzalo Delgado Leandro, Guido Alberto Monge, Franklin Solano Castro, Mario Alberto Venegas. También participó el Subdirector de la EPPS, Master Carlos Ulate Azofeifa, quienes aportaron a la discusión sobre la pregunta generadora: ¿De qué ha servido la constitucionalización del solidarismo?

Esta actividad es la segunda que se realizada en el marco de la Cátedra Alberto Martén Chavarría, que se constituyó en la EPPS-UNA dentro del Convenio de Cooperación entre la UNA y la Academia Solidarista. La primera actividad fue un conversatorio acerca la “Realidad Nacional y Solución Solidarista durante y después del Covid-19”, realizado el 15 de octubre del 2020 y se encuentra disponible en la red social del Facebook, tanto, de la EPPS como el de la Academia Solidarista. Enlaces: https://www.facebook.com/eppsUNACR/videos/666790810938606/?v=666790810938606
https://www.facebook.com/AcademiaSolidaristaAlbertoMartenChavarria

El Máster Álvaro Villalobos Garro, presidente de la Academia Solidarista Alberto Martén, comentó la importancia de este tema debido a la situación actual que se está viviendo a nivel nacional con el solidarismo, ya que se ha visto la intención de deslegitimar su función de vocación social.

El académico y subdirector de la EPPS, Master Carlos Ulate Azofeifa, dijo que desde la Escuela de Planificación y Promoción Social se decidió apoyar a la Cátedra Solidarista, debido a que los principios del solidarismo, tales como; el trabajo colaborativo, la promoción del trabajo conjunto, la búsqueda de la mejora en las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, grupos empresariales, instituciones públicas, entre otros, se complementan y se relacionan estrechamente con los aportes que la EPPS-UNA y la Academia Solidarista desarrollan con la sociedad costarricense.

El Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel, comentó que en el año 2007 se propuso la meta de lograr el reconocimiento Constitucional del Solidarismo, hasta que se hizo posible en el 2011, siendo este una reforma al artículo 64 de la Carta Magna. Con este logro, se creyó que esto provocaría un impulso para el Solidarismo Costarricense y sus asociaciones al estar incluidas en la Constitución Política de Costa Rica: “ Cabe recalcar que, ante la ley, el Solidarismo se reconoce como un “instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto, en el sector privado como en el sector público (..) así mismo reconocerá el derecho del patrono y trabajadores a organizarse libremente en asociaciones solidaristas con el fin de obtener mejores condiciones de vida y de desarrollo económico y social”.

Espinoza expresó que esta definición es un mandamiento que el Estado debe realizar y respetar, ya que de lo contrario lo escrito en la ley no tendría ninguna incidencia en la realidad práctica: “Con la constitucionalización del Solidarismo se estableció que este sector tiene su propio campo de acción y que ni el Sindicalismo, ni el Cooperativismo pueden intervenir en su campo, ya que estas tienen enfoques diferentes. Sin embargo, en la práctica, en vez de fomentar el Solidarismo, se asigna una competencia administrativa entre el Sindicalismo y el Cooperativismo que contradice la función del solidarismo”.

Para Espinoza, esto resulta ser una paradoja, ya que la Sala Constitucional tomó esta decisión de separar sus campos de acción de forma preventiva ante la preocupación de que el Solidarismo intervenga en el accionar del Cooperativismo y el Sindicalismo. No obstante, el Solidarismo siempre se enfocó en su área de acción, y las otras dos organizaciones compitieron en su campo e incursionar en actividades administrativas propias del Solidarismo.

El académico acotó que en su momento, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Alvarado Quesada, se negó a conceder una audiencia con el Solidarismo, a pesar de que el Sector Solidarista y miembros del Movimiento Solidarista, gestionaron en conjunto con el Ministerio actividades para tratar asuntos de interés del Solidarismo. De la misma forma, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio del gobierno pasado aportó a la negación contra el Solidarismo, ya que no permitió que las Asociaciones Solidaristas obtuvieron su reconocimiento como pequeñas y medianas empresas, por el hecho de que no son entidades de lucro, ya que su enfoque es la búsqueda del bienestar de los trabajadores: “Una posición incongruente y obsoleta del Gobierno con respecto al Solidarismo, es que se empieza a obligar a las Asociaciones Solidaristas a ser supervisadas por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras”.

El expositor, propone, el estudio del voto 2010-009927, (Reforma del artículo 64 de la Constitución Política de la República de Costa Rica), planteamiento de acciones administrativas y judiciales (voto 2010-009927) que se refleje en la práctica procurar la unidad del sector solidarista, favorecer la creación de la Federación de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Estatales, fortalecer y ampliar la alianza solidarista, presencia en la Asamblea Legislativa y otros poderes, enlace con el Poder Ejecutivo,) enseñanza del solidarismo en todos los niveles, realizar un congreso en donde se discuta la reforma a la Ley de Asociaciones Solidaristas, la universalización del Solidarismo y homologar los aportes patronales y la conformación de un equipo profesional de alto nivel.

El Dr. Espinoza quiso evidenciar que la constitucionalización del Solidarismo debió haber sido una ventaja para promocionarlo y fortalecerlo. Sin embargo, esto solo quedó escrito en la reforma, ya que al aplicarlo no se demuestra una verdadera constitucionalización, debido a las dificultades que las instituciones públicas le generan al solidarismo para ejecutarse y desarrollarse.

El Máster Guido Alberto Monge, académico del Centro Internacional en Política Económica-CINPE de la Universidad Nacional, comentó que, si se logra la coordinación bajo la figura de una confederación, se deben tener claras las posiciones con respecto al sector solidarista como tal, ya que esto le daría una voz mucho más poderosa y sólida al solidarismo en las discusiones con otros sectores: “ Es decir, que la voz del solidarismo representada por muchos plantee de manera integrada posiciones con respecto a temas de gobernabilidad, ambiente, empleo, educación técnica, pobreza, desigualdad, entre otros”. Monge, recalcó la necesidad de crear un Instituto de Fomento Solidarista, el Ideario Solidario en donde se homologuen dichas posiciones de diversos actores y sectores, así como también la gestión, a partir del próximo año, de un congreso en donde el solidarismo presente su posición con respecto a los temas del Plan Nacional del Desarrollo.

Franklin Solano Castro, Supervisor del Ministerio de Educación Pública-MEP, comentó, algunos inconvenientes para apoyar acciones en favor del Solidarismo, como es el caso de la falta de voluntad política por parte de las autoridades del MEP, para instaurar una  Asociación Solidarista del Ministerio de Educación Pública (ASOMEP): “Es debatible cómo a pesar de que el solidarismo esté incluido en el rango constitucional, se dificulte tanto la creación de asociaciones solidaristas necesarias, sin embargo, las personas pertenecientes a este sector siguen en la constante lucha para seguir aportando a la sociedad costarricense a pesar de los obstáculos”.

El presidente de la ASOTEC, Master Gonzalo Delgado Leandro, comentó acerca del estado de la conformación de la Federación de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Estatales: “Actualmente las asociaciones de la UNED, UNA y el TEC tienen una alianza que les permite trabajar como red, sin embargo, hace falta formalizar esta alianza en un documento, el cual ya se está desarrollando. Se espera que, a partir del próximo, 2021, cada universidad presente la propuesta en sus respectivas asambleas para contar con el visto bueno por parte de la administración ejecutiva”.

Es importante recalcar que la Academia Solidarista, la EPPS y la Red de Asociaciones Solidaristas de las Universidades Públicas, seguirán trabajando en conjunto para realizar actividades con estos temas necesarios de discutir, para que mediante estas actividades se puedo incidir en el fortalecimiento del sector solidarista costarricense. Asimismo, se abre la posibilidad de que los integrantes de distintas Asociaciones Solidaristas ofrezcan ideas de posibles actividades a realizar.

El conversatorio realizado se encuentra disponible en la página de Facebook de la Escuela de Planificación y Promoción Social y de la Academia Solidarista Alberto Martén, para quien guste profundizar más los temas conversados en esta actividad.

Enlace: https://www.facebook.com/AcademiaSolidaristaAlbertoMartenChavarria/videos/2923490451208086/?v=2923490451208086

 

Por: María Laura Jiménez Villalobos-Estudiante EPPS-UNA
Efraín Cavallini Acuña-Académico-EPPS-UNA

Theôtonio dos Santos. Construir soberanía. Una interpretación económica de y para América Latina

Novedad editorial – Antología esencial

CLACSO presenta una antología en dos volúmenes de la obra de Theotônio Dos Santos, uno de los autores más importantes de nuestro tiempo, tanto por su originalidad y alcances como por el modo en que ejerció el pensamiento crítico con agudeza y creatividad. El gran pensador brasileño desarrolló a lo largo de su vida un análisis centrado en la comprensión del mundo contemporáneo, combinando una mirada sobre la historia reciente de la humanidad y del pensamiento científico adecuado para interpretarla y actuar sobre ella.

La permanente relación entre teoría y práctica le imprimió a la obra de Dos Santos una de sus marcas distintivas: la del cientista social comprometido con las grandes causas de la humanidad. Dos Santos fue uno de los precursores de la teoría de la dependencia y un militante abocado a desplegar una lectura de la economía política del mundo contemporáneo pensada desde nuestra región y en clave emancipatoria.

Descargar el libro

Sindicato Nacional de Periodistas felicita a quienes obtuvieron premios de la Semana de la Prensa

Del 2 al 6 de noviembre de 2020, se celebró la SEMANA DE LA PRENSA y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN, con la participación de colegiados en diferentes campos de la comunicación.

Dentro de las actividades que se efectuaron, una de ellas fue la entrega de los premios: ARMANDO ALFARO PANIAGUA, MARIO ROA, CARMEN CORNEJO MÉNDEZ, RENÉ PICADO ESQUIVEL, NORMA LOAIZA GUTIÉRREZ, JORGE VARGAS GENÉ y OSCAR CORDERO ROJAS.

En nombre del Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, deseamos felicitar a los diferentes ganadores de los premios de la Semana de la Prensa 2020. Especialmente a nuestros periodistas sindicalizados.

PREMIO ARMANDO ALFARO PANIAGUA

Estudiante Publicidad:
Amanda Núñez Chacón (en representación de Estudio i).
Estudiante Periodismo: Mario Leitón Romero.

PREMIO MARIO ROA: Isaac Villalta Vargas.

PREMIO FRANCISCO “CHICO MONTERO”:
Allan Arroyo Castro y Rodolfo González Ulloa.

MENCIÓN DE HONOR: Alejandro Arley Vargas.

PREMIO CARMEN CORNEJO MÉNDEZ

  • Marilyn Batista Márquez. Sindicalizada al SNP
  • Patricia Salas Cárdenas

PREMIO RENÉ PICADO ESQUIVEL:

  • Ivania Villalobos Vindas
  • Fressy Camacho Quirós

MENCIÓN DE HONOR: Roberto Sancho Sevilla.

PREMIO NORMA LOAIZA GUTIÉRREZ: Jason Alvarado Rodríguez

MENCIÓN DE HONOR: Ignacio Solís Gómez

PREMIO JORGE VARGAS GENÉ y OSCAR CORDERO ROJAS: Hulda Miranda Picado.

También el Tribunal de Honor y Ética otorgó el “PREMIO DE LA ÉTICA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 2020» AL PERIODICO SURCOS DIGITAL DE COSTA RICA, el cual es dirigido por el agremiado Héctor Ferlini. Este reconocimiento de parte de los miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, es por el trabajo desempeñado por este medio de comunicación, el cual, se ha comprometido con un sector de la población muy importante y por la labor que como director, ha desarrollado el periodista Héctor Ferlini, sindicalizado al SNP.

Por esta razón es que, felicitamos a todos los premiados en la SEMANA DE LA PRENSA y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN del 2020.

Muchas felicidades y saludos fraternos para todos,

Mgr. Gerardo Chavarría Vega
Secretario Adjunto SNP