Las personas con discapacidad en Costa Rica son afectadas por distintas formas de discriminación y una de ellas está relacionada con su participación política, en general, y particularmente, con la electoral.
Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) llevada a efecto por el INEC y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el año 2018, el país cuenta con 18,2 % de personas adultas con discapacidad. Es decir, si consideramos que la población actual del país es de 5 022 000 de habitantes, en el padrón electoral habría 914 004 potenciales votantes con discapacidad.
Ante un número tan significativo de electores y electoras, en un proceso como el que culminó el pasado 2 de febrero, con la elección de las autoridades municipales en los 82 cantones del país, los partidos participantes debieron incluir en sus papeletas a personas con discapacidad; sus propuestas y programas tendrían que considerar acciones que atendieran las necesidades y problemas de este sector poblacional y sus mensajes debieron ser accesibles, particularmente para personas sordas y personas ciegas. Pero nada o muy poco de eso se dio: La exclusión sigue siendo la norma para las personas con discapacidad; la inclusión, la excepción.
Tiene mucha razón una persona sorda que reclamó que no sabía por quién votar ya que nunca obtuvo información accesible, que lo orientara y por ello interpuso un recurso ante el TSE.
Esta exclusión e invisibilización de las personas con discapacidad también se manifiesta en el momento del ejercicio del sufragio en los recintos de votación. Aunque es reconocible los esfuerzos del TSE para asegurar el voto accesible e inclusivo (mediante instrucciones y equipamiento de algunos implementos), todavía hay mucho por hacer. Las personas responsables de las mesas en múltiples ocasiones no saben cómo actuar cuando ingresa un votante con discapacidad. Es necesario que sean debidamente capacitados para atenderlos adecuadamente. También se presentan situaciones como la que se dio en una mesa en Pérez Zeledón cuando ingresó una persona ciega a la que se le obligó a hacer el voto público, ya que la plantilla aportada del TSE no coincidía con la impresa. Asimismo, es oportuno señalar que hubo personas con discapacidad que querían formar parte de Juntas Electorales pero los problemas de accesibilidad física de centros de votación, se los impidió.
Por su parte, el CONAPDIS se tomó en serio la tarea al organizar a casi 250 observadores electorales; muchos de los cuales fueron personas con discapacidad.
El artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Estado costarricense mediante la Ley 8661, establece que “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos…”.
Actualmente, la distancia entre esta importante norma democrática y su aplicación efectiva es enorme. Para cambiar esta situación debe realizarse un esfuerzo mancomunado y eficaz entre distintos actores institucionales (TSE, CONAPDIS, entidades del gobierno central, gobiernos locales, partidos políticos, entre otros), para promover la participación política y social de las personas con discapacidad, en función de pasen del estado de marginación del presente a una cada vez mayor inclusión política y pública. Obviamente, las organizaciones de personas con discapacidad deben ser convocadas en este necesario e impostergable esfuerzo.
Otro elemento a contemplar es la invisibilización que se manifiesta en el trabajo que realizan las misiones de observación de los procesos electorales. Por ejemplo, las misiones de la OEA que han venido observando distintas elecciones del país, no hacen mención sobre las condiciones de la participación de las y los electores con discapacidad. Es un tema persistentemente ausente. Esta regla de exclusión (con seguridad, no deliberada), la cumplió la Misión de la OEA que observó las recientes elecciones municipales.
Al leer su informe valoramos positivamente algunas de sus observaciones y recomendaciones. También es muy oportuno que hayan colocado en el centro de su atención la participación de las mujeres en estos procesos. Pero ese casi millón de personas con discapacidad que podrían sufragar no tuvimos ninguna mención en el informe de la OEA. Valga decir que habría sido oportuno –por lo menos– que mencionaran a las mujeres con discapacidad, ya que la citada ENADIS 2018, establece que el 60,9 % de las personas adultas con discapacidad son mujeres.
Esperamos que, para las elecciones nacionales de febrero del 2022, las cosas cambien tanto en el proceso electoral como en el día de las elecciones para las personas con discapacidad y las sombras que hoy dominan su participación política empiecen a dar pasos a destellos de luz e inclusión, real y efectiva.
Este jueves 29 de octubre de 2020, a las 5:30 PM, se llevó a cabo el Programa Diálogos Prospectivos: Encrucijadas de la Costa Rica Bicentenaria: desafíos sociales, económicos y ambientales, a través de la plataforma virtual Zoom, y del Facebook Live de la página de la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica.
El Foro fue dirigido por el Máster Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, PhD. Martín Parada Gómez, Vicerrector de Extensión-UNA; Dra. Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de Investigación-UNED; Dr. José Rodrigo Rojas Morales, Académico del Campus Liberia, UNA; y Máster Natalia Morales Aguilar, Investigadora, Capítulo de Equidad e Integración Social del Informe Estado de la Nación.
La Dra. Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de Investigación-UNED realizó una breve retrospectiva sobre los últimos 200 años de vida independiente de Costa Rica, para comprender mejor cuáles han sido algunos de los logros más importantes, así como los desafíos persistentes.
Asimismo, Víquez se refirió al cambio de contexto tan radical que experimentó Costa Rica, al haber pasado de estar bajo la cobertura de la corona española antes de 1821, a ser un país soberano e independiente, que ha adoptado ideas de otros países, sin abandonar los propos ideales nacionales, y que lucha por el desarrollo, en la actualidad. También, la expositora se refirió a retos globales a los que Costa Rica también debe hacer frente, en temas económicos, sociales y sobre todo, ambientales.
Entre otros temas la Vicerrectora comentó la necesidad de estar alerta y mirar en diversas direcciones en temas sobre: la situación económica y el déficit fiscal, que nos obliga a una innovación de lo social-institucional. El Cambio climático, que se constituye en una gran preocupación, por lo que se debe actuar con gran responsabilidad y entenderlo en su verdadera dimensión como expresión de la forma en que vivimos en el planeta, mostrando la urgencia de una transformación de nuestra forma de vivir y producir. Asimismo, acotó sobre la incidencia de la tecnología de información y comunicación que cambia con mucha fuerza la forma en que se construyen las interacciones entre las personas. Al respecto, mencionó que las agendas mundiales abordan estas tres problemáticas y proponen soluciones, por ello, recomendó revisar la Declaración de las Juventudes de América Latina y el Caribe.
El Dr. Rojas Morales analizó el papel tan relevante que Costa Rica ha tenido en el tema del desarrollo sostenible de cara al nuevo centenario. Al respecto se refirió a las intenciones de Costa Rica por pertenecer a la OCDE, desde hace muchos años, así como los retos que representan para Costa Rica las encrucijadas ambientales, sobre todo en temas como la pesca de arrastre vs. pescadores artesanales, aleteo de tiburones, pesca sostenible, la situación de Crucitas, etc. De igual manera, mencionó que, durante años, Costa Rica se ha destacado por ser un país promotor de temas ambientales, y ha adquirido prestigio internacional, debido a estas acciones y a los logros como país.
El expositor destacó que a pesar de los avances se produce existencia de rezagos importantes, e invitó a la a reflexionar y a dejar de lado lo discursivo, para entrar de lleno a las acciones concretas a favor del medio ambiente: “En la actualidad estamos en una eencrucijada, es una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación y debemos pensar muy bien cuál es el camino a seguir”.
Para el académico de la UNA, a Costa Rica se le reconoce como una nación con una efectiva acción climática que se conecta con aspiraciones de desarrollo sostenible local y global. Agregó que, no obstante, marchamos con rezagos importantes, seguimos con incumplimientos ambientales que nos alejan de aspiraciones como las que se firmaron en la agenda 2030 y por las que transitaremos en el Bicentenario: “En materia ambiental somos camaleónicos tenemos brechas importantes entre lo que vivimos en lo local y lo que predicamos internacionalmente sobre una economía ambientalmente resiliente, eficiente y sostenible”.
Rojas, indicó que el reto central de nuestro país en materia ambiental es conectar la agenda de desarrollo con la sostenibilidad de la Costa Rica Bicentenaria: “Avanzar con transformaciones en vez de transiciones, manifestó el Dr. Rojas.
La Coordinadora del Capitulo de Equidad e Integraciòn Social del Programa del Estado de la Naciòn, Master Natalia Morales Aguilar se refirió a los desafíos de Costa Rica, en temas de equidad e integración social. En ese sentido, desarrolló el tema en tres ejes centrales, que representan retos muy fuertes que enfrenta Costa Rica en el área de equidad e integración social nacional: transición demográfica avanzada (envejecimiento acelerado de la población), la distribución tan desigual de las oportunidades económicas, lo cual agudiza cada vez más la situación de vulnerabilidad de los grupos sociales tradicionalmente excluidos; y el desarrollo de una sólida política social y de un Estado de Bienestar fuerte que Costa Rica formó en el siglo XX.
Morales explicó, que es necesario que Costa Rica genere acciones concretas que luchen para disminuir y erradicar las desigualdades sociales y económicas, y que se prepare para la transición a una población en donde una minoría es joven, y la mayoría se encuentra envejecida; también, hay que hacerle frente al fortalecimiento del Estado de Bienestar y a crear esfuerzos para fomentar la inclusión, para que esta política social tan fuerte no se deteriore.
En este sentido, la expositora mencionó que estamos en una situación difícil al final de esta década, que la coyuntura es crítica y de pronóstico reservado: “Transcurridas dos décadas del nuevo siglo, un desafío importante de Costa Rica es tener una sociedad más inclusiva, que integre a todos sus habitantes al desarrollo”.
Morales apuntó, que durante el siglo XX Costa Rica desarrolló una fuerte política social y hoy, esa exitosa política enfrenta el desafío de cómo mantener y mejorar sus resultados en una economía con débil generación de empleo y reglas de reparto concentradoras de riqueza cómo mantener y mejorar sus resultados en una economía con débil generación de empleo y reglas de reparto concentradoras de riqueza.
La representante del Programa Estado Nación, indicó que la política social en nuestro país da para más, por ello, entre otras cosas importantes, se deben fortalecer programas sociales (Ej. REDCUDI), lograr más eficiencia (Ej. educación), apostar a nuevas fuentes ingresos frescos (Ej. municipalidades), actuar con creatividad e innovación. Necesidad de un crecimiento económico sostenido, articular estructura productiva y generación de empleo, propiciar encadenamientos fiscales y productos con sectores dinámicos, generar políticas de fomento productivo, estimular la inserción laboral y las oportunidades de empleo para mujeres y mayor productividad: “Generar oportunidades y capacidades en la población”.
El Dr. Martín Parada Gómez, Vicerrector de Extensión-UNA, se refirió al contexto adverso en lo económico, que experimenta el mundo, y específicamente Costa Rica, ante la pandemia del COVID-19.
Expresó que en Costa Rica ya existían niveles preocupantes de desempleo, pobreza y endeudamiento nacional, pero tras la llegada del Coronavirus, dichos niveles se vieron agudizados, y las tasas de desempleo y déficit fiscal se dispararon en cierto grado, y se volvieron más profundos de lo que solían ser: “Debido a la actual pandemia, se ha evidenciado un decrecimiento del Producto Interno Bruto, y una convivencia más cercana con los fenómenos de la pobreza y pobreza extrema”.
El académico destacó que la crisis sanitaria no solo ha generado efectos adversos en lo económico, sino también en lo político, social, económico y cultural y ante estas razones, es necesaria la participación conjunta de las instituciones, así como los análisis a corto, pero sobre todo mediano y largo plazo durante los próximos años, para así tener un panorama más claro sobre cómo proceder ante las eventualidades que se están viviendo.
Ante la interrogante de ¿QUE HACER? ¿COMO ENFRENTAR LA COYUNTURA ECONÓMICA?, el expositor contextualizó, que es necesario reiterar que la planificación económica era un medio para lograr el desarrollo: los cambios económicos ayudarían a transformar la sociedad y la política en el Continente. La posibilidad de una modernización desarrollista aumentó debido a la voluntad que mostraban los gobiernos, con apoyo de sus funcionarios y de las entidades internacionales encargadas de administrar el modelo a escala regional. Según Arturo Escobar, la planificación buscaba implantar el esquema desarrollista y se asentó en la administración pública como medio de acceso al conocimiento científico, con un fundamento ideológico explícito: la idea de progreso (1996, cap. 2).En este sentido, el economista se refirió a dos elementos a resaltar:“1. Ante la pandemia ha sido la institucionalidad pública de Costa Rica la que ha reducido el impacto de la pandemia y no las fuerzas del mercado operando libremente. 2. Es necesario la intervención del Estado para introducir MECANISMOS REDISTRIBUTIVOS ante la pandemia. ¡Asumir una posición SOLIDARIA!
El Rector de la UNA y moderador del Foro interactuó con los expositores sobre si estamos o no viviendo de los réditos del Estado de Bienestar que consolidamos. En este sentido, se vertieron algunos comentarios en relación con que el país tuvo esa visión hace setenta años, y que eso fue lo que nos ayudó como país a disminuir la pobreza y a invertir más en la educación y en la salud. No obstante, es necesario adaptar más ese modelo a la realidad nacional contemporánea para ajustarlas de manera más precisa y eficiente al contexto actual del país.
También se indicó que efectivamente el modelo de Estado de Bienestar se está agotando, y no porque sus propuestas sean inválidas, sino, porque no se ha logrado ajustarlas efectivamente al modelo actual nacional, lo cual se evidenció con mucho ímpetu desde marzo de este año, mediante la pandemia y los efectos adversos que ha traído al país. En este sentido, existe consenso entre los expertos y el moderador de que es necesario realizar análisis prospectivos para ajustar dicho modelo de Estado de Bienestar al contexto de manera planificada y bien fundamentada, así como efectiva y eficiente, de modo que se le pueda dar continuidad a esta política social tan sólida y significativa para Costa Rica.
Por: Efraín Cavallini Acuña-UNA Raquel Arce Mora. Estudiante RI-UNA- Ideario Dialogo Nacional
Organizaciones ambientales advierten a la nueva ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, sobre el peligro que conlleva aprobar propuesta de los empresarios;
Nueva forma de evaluación ambiental contradice, omite y amenaza los principios expresos en la Ley Orgánica del Ambiente n.º 7554 y la Constitución Política;
(FECON, 16/11/2020) La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente mostró su preocupación ante la propuesta de las cámaras empresariales para implementar un nuevo “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (RECSA) y su manual (MECSA). Estos documentos no se ajustan a las necesidades de una normativa ambiental de alta calidad como la que merece tener el país, al mismo tiempo la propuesta que actualmente analiza el MINAE carece de fundamentos ambientales, legales y científicos.
El proceso de reforma de la Secretaría Técnica Ambiental inició el gobierno de Luis Guillermo Solís, el cual fue frenado por las organizaciones ambientales debido a serios retrocesos en materia ambiental contenidos en una nueva propuesta de reglamento concebida en los círculos empresariales de la construcción.
Para el inicio de gobierno de Carlos Alvarado, el entonces ministro Carlos Manuel Rodríguez decidió volver a plantear la reforma, impulsada desde el Despacho de la Primera Dama. Donde Claudia Dobles intercedió para que se aprobara dicho reglamento, pero esto tampoco prosperó debido a las denuncias de las organizaciones ambientales. Pero una vez más la actual administración insistió nuevamente y envió la propuesta empresarial a la Comisión Mixta de SETENA, la cual ha venido sesionando desde inicios del 2020, la comisión tuvo la tarea de revisar dicho reglamento impulsado por los sectores empresariales. Ahora el proceso de análisis en la Comisión Mixta ha acabado y próximamente le toca a la nueva ministra de ambiente, Andrea Meza recibir las recomendaciones sobre esta modificación y decidir el destino de dicha propuesta.
¿Qué plantea el RECSA?
En la carta dirigida a la ministra Meza por parte del presidente de FECON Dany Villalobos se advierte que:
Elimina o reduce cuestiones centrales de la Evaluación de Impacto Ambiental. Haciendo un balance general, los instrumentos planteados terminan por contradecir, omitir o amenazar principios expresos en los diferentes capítulos temáticos de la Ley Orgánica del Ambiente 7554, que fue establecida para orientar la adecuada gestión ambiental.
Se desconoce el fundamento técnico con el que se estableció la escala dimensional de los umbrales para las actividades.
No avanza en calidad de participación social. Más bien, la redacción en el apartado del RECSA es superflua y deja serios vacíos conceptuales.
Suprime el concepto de Efectos Acumulativos que existe en el Reglamento 31849 vigente, desconsiderando así cualquier mecanismo para su evaluación.
Elimina Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la reglamentación, dejando un vacío en evaluación con enfoque territorial.
Las Auditorías Ambientales carecerían por completo de imparcialidad desde su formulación, pues impide la participación de organizaciones ambientales, locales, universidades públicas, entre otras.
El nuevo reglamento excluye de la Evaluación de Impacto Ambiental a las actividades agropecuarias como diferentes tipos de ganadería y agrícolas.
Los ajustes pretendidos sobre tal clasificación de actividades a evaluar han sido ajustados a conveniencia de los sectores empresariales y no a criterios científicos.
Las represas hidroeléctricas dejan de ser evaluadas por su impacto ambiental y pasan a ser regidas por criterios económicos y productivos. Sin considerar los impactos en los caudales de agua.
Todas las concesiones y captaciones de agua sin importar el tamaño se considerarían de bajo impacto ambiental.
Para las obras de construcción los umbrales de clasificación de los proyectos son antojadizos y carecen de base técnica-científica.
La propuesta de RECSA y MECSA no contempla mejoras en la gestión del patrimonio arqueológico nacional, ni en cuanto al diagnóstico ni mucho menos en cuanto al control y seguimiento. Al contrario: esta propuesta constituye una amenaza.
La participación social en la evaluación de proyectos es poco aplicable y no existe mecanismo para que las comunidades y personas afectadas por los proyectos sean escuchadas.
La metodología de evaluación en que se basarían los Estudios de Impacto Ambiental está centrada en parámetros económicos y de ganancias no en términos ambientales y de conservación.
Debido a estos señalamientos Villalobos recomienda a la ministra de Ambiente y Energía rechazar la propuesta de modificación de reglamentos.
Por su parte, el abogado ambientalista Álvaro Sagot señala que: “si se establecen umbrales apoyados en áreas simplemente que no se sabe de dónde provienen y ni qué las motivó, se estaría ante inconstitucionalidades por violación a la tutela científica debida y sería claro, que operaría simplemente la discrecionalidad administrativa. Las normas de los procedimientos ante SETENA deberían, más que ningunas otras, ser las primeras a estar fundamentadas dentro de la razonabilidad y la proporcionalidad de lo que la ciencia implica y pensar lo contrario, sería un sinsentido en un Estado que reconoce a nivel constitucional el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Este miércoles 18 de noviembre a las 5 p.m. en Voces y Políticas se estará conversando sobre «Ley de Semillas: control corporativo de la vida», con la participación de Henry Picado y Alejandra Bonilla.
Entre las 139 imágenes que tomaron, en las 7 provincias del país, se encuentran insectos copulando, luchando, polinizando, bebiendo néctar de una flor o interactuando con otras especies
Provincia de Alajuela, Sarchí, Costa Rica. Orden: Hemiptera. Familia: Membracidae. Foto: Jorge Mora Monge.
Los artrópodos han evolucionado durante millones de años y representan el subfilo de invertebrados más numeroso del reino animal. Tienen patas articuladas, simetría bilateral y un exoesqueleto de quitina que los caracteriza. Entre ellos se encuentran los insectos, que habitan muy cerca de nosotros, los seres humanos.
La diversidad de este grupo es gigantesca y en un país tropical como Costa Rica es abundante y está por doquier. Con el propósito de aprender sobre estos asombrosos animales invertebrados, los estudiantes del curso de Entomología agrícola de la Escuela de Agronomía, de la Sede del Atlántico y de la Sede Rodrigo Facio, se dieron a la tarea de fotografiar y describir decenas de individuos en diferentes partes del país durante este semestre.
Los insectos destacan por su amplia diversidad y por el éxito de su evolución que ha ocurrido en paralelo con las plantas. A la fecha, han sido documentadas 1,5 millones de especies y se estima que pueden existir hasta 20 millones más, es decir, un 80 % aún no han sido descritas.
Las imágenes fueron capturadas en lugares como la Fortuna de San Carlos, Alto Varas, La Pastora, Tuis y Tayutic de Turrialba, Uvita de Puntarenas, Coopa Buena de Coto Brus, Tres Ríos, Pérez Zeledón, Huacas de Guanacaste, Purires de Turrubares, San Rafael de Montes de Oca, Heredia, Atenas, Sarchí y Sarapiquí.
Las fotografías muestran insectos de varios de los grupos más importantes: Coleoptera (escarabajos), Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera y otros. Entre las 139 imágenes se encuentran insectos realizando diferentes acciones como copulando, peleando, polinizando, bebiendo néctar de una flor o interactuando con otras especies.
Mediante este ejercicio de toma de fotografías, las y los estudiantes del curso aprenden a identificar los insectos y refuerzan el aprendizaje sobre las características y comportamiento de cada uno (sus hábitats, reproducción, alimentación e interacciones con otros organismos).
Según detalló la profesora y coordinadora del curso, Dra. Pamela Murillo Rojas, normalmente los estudiantes realizan una colección científica en la que recolectan, identifican y montan los insectos, pero debido al cambio a la modalidad virtual por la pandemia, crearon este concurso con el fin de motivarlos y darles otra alternativa para que pudieran realizar la identificación por medio de fotografías.
Provincia de Puntarenas, Uvita, Costa Rica. Orden: Coleoptera. Familia: Cerambycidae. NC: Macrodontia dejeani. Foto: Keilor Josué Delgado Gamboa.
El curso Entomología Agrícola (AF-0110) permite a los estudiantes comprender la importancia de los insectos en los agroecosistemas, les brinda herramientas para la identificación de insectos plaga y benéficos y les permite conocer los principios básicos para su manejo y métodos de combate dentro de un Manejo Integrado de Plagas. Este curso de la carrera de Agronomía es impartido por el Dr. Julio Arias, la Dra. Helga Blanco, el Ing. Humberto Lezama, el Dr. Hugo Aguilar y coordinado por la Dra. Pamela Murillo en la Sede Rodrigo Facio y el Dr. Manuel Solís en la Sede del Atlántico, Turrialba.
El 24 de noviembre, al finalizar el semestre, se anunciarán los ganadores del concurso y se dará un premio a las mejores fotografías. Además, los estudiantes realizarán una presentación virtual de 25 posters en tres salas con diferentes temas sobre insectos. Entre ellos: La hormiga loca de la caña de azúcar (Nylanderia fulva), historia y actualidad, Ventajas y desventajas de los insecticidas de tercera generación en los insectos polinizadores y ¿Cómo influye el cambio climático en las poblaciones de insectos?, entre otros temas de actualidad.
Descargue AQUÍ el programa de exposiciones sobre insectos.
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), le invita este jueves 19 de noviembre a partir de la 1:30 p.m. a la conferencia: “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto del Covid-19”
Panelistas:
– M.Sc. Ana Lucia Álvarez Vijil, Universidad Centroamericana, Nicaragua. – Dr. Álvaro Artiga González, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), El Salvador – Dr. Ricardo Sáenz de Tejada, Universidad de San Carlos, Guatemala – Dr. Luis Paulino Vargas Solís, director CICDE-UNED, Costa Rica – Conduce M.Sc. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE-UNED, Costa Rica
«De nada serviría una concientización sobre la propia identidad y sobre los propios recursos si no se encuentran formas organizativas que lleven al ámbito de la confrontación social los intereses de las mayorías populares…» Ignacio Martín-Baró
Algunas veces consideramos que la novedad es patrimonio de la generación presente que logra reinventarse, sin embargo, otras veces, la novedad la encontramos en nuestra memoria, en las palabras de quienes estuvieron antes de nosotros y nosotras y con su ejemplo dejaron una línea muy superior a la que hemos trazado. El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas se perpetró un crimen como muchos que padeció el pueblo salvadoreño en esa guerra sin fin que aún hoy abre sus heridas.
De la mano del pelotón del batallón Atlacatl (unidad de la fuerza armada de El Salvador) siguiendo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, en la administración cómplice del presidente Alfredo Félix Cristian, irrumpieron de forma encubierta en el centro de estudios y de manera indiscriminada asesinaron a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín López y López, Julia Elba Ramos, y Celina Mariceth Ramos. Más que relatar un hecho, queremos preguntarnos ¿Qué tareas nos dejaron pendientes aquella generación?
Cuando volvemos a sus palabras, encontramos una fuerza sin igual en la búsqueda de la justicia y la liberación de nuestros pueblos. Parecen hoy palabras anticuadas, descoloridas ante los “cambios de paradigmas”, pero no dejan de ser faros que nos recuerdan y denuncian a ese poder de la dominación y el encubrimiento de los sentidos y prácticas que colonizan nuestras mentes y cuerpos.
Tal vez ocuparíamos muchos espacios para enlistar las tareas que nos quedaron pendientes de estos maestros y maestras, personas comprometidas con la persona humana, con su tiempo y su territorio, pero también fueron recreadores de una universidad que responde a la mayoría popular, que mira y siente con los pobres, que acompañándose recrean ese otro mundo que se hace a mano y sin permiso, como diría Silvio Rodríguez.
Recordemos a don Ignacio Ellacuría, él en muchas ocasiones nos invitó a repensar los derechos humanos, hoy se un desafío vigente ante la creciente criminalización de la protesta social y la judicialización de la política que corroe nuestras sociedades ante la nada inocente justificación de la defensa de las “libertades” de unos ante los “excesos” de las y los manifestantes.
En aquel Salvador desangrado por la guerra Ellacuría miraba una sociedad que erosionaba su tejido social, la criminalización y violación sistemática de cualquier garantía para la población, provocó la necesidad de re-mirar los derechos humanos, no desde la proclamación abstracta y deshistorizada, sino desde su propia historización, es así que tres preguntas se volvieron determinantes: ¿desde dónde?, ¿para qué? y ¿para quienes son esos derechos?
Ya que como atestiguaba en aquel país, los derechos eran utilizados ideológicamente al servicio de los intereses de unos u otros grupos, por esta razón la historización permitió situar los derechos ante la verificación de las realidades concretas de los sujetos, es así que se su ejercicio se vio interpelado: verdad-falsedad, justicia-injusticia, ajuste-desajuste que se da a través del disfrute o privación de determinado derecho, la constatación de su ejercicio por unos pocos o mayorías, las condiciones concretas de su realización, el desafío por los cambios concretos y no la mera enunciación de posibilidad.
Ignorar esto, es colocar los derechos como algo abstracto, independiente de la realidad e instrumentaliza para el encubrimiento de lo ya adquirido por los más fuertes. No lo discute, convierte el derecho en privilegio.
La protesta social, como derecho humano es la herramienta mediante la cual los derechos humanos encuentran su posibilidad efectiva y dinámica, la problematización pública de las realidades opresoras que padecen las personas, pero su reivindicación no parte de la condición de debilidad y opresión, sino la capacidad de construcción de la conciencia del sujeto que toma para sí el cambio e interviene en su realidad para transformarla.
La reducción, criminalización y posterior negación de la protesta social como derecho humano es la privación de este papel protagónico de los sujetos individuales y colectivos, pero también encubre los sistemas de opresión presentes en la supuesta defensa que esgrimen las elites, por la garantía del disfrute de sus “derechos”, es decir los derechos negados, desprovistos y obstaculizados a los otros.
¿Qué nos invita a repensar? Que, a través de esta ofensiva abierta contra el derecho por la protesta social, esconde lo que Ellacuría llamaba la jerarquización de los derechos humanos, esta nos permite develar que tipo de sociedad se estructura detrás de determinadas acciones. Da cuenta de la defensa de este sistema de dominación que se basa en el abuso de unos pocos, a partir de la privación de los otros, es decir que el disfrute de ciertos derechos es gracias a la violación o la omisión de esos mismos derechos a otros. Es así que podemos re-encontrar el sentido ético, político y pedagógico a esa obligación de los pocos por resarcir a los muchos o el de la justicia por exigir lo que es debido.
Problematizar e historizar los derechos o privilegios de nuestras sociedades sigue siendo una tarea para construir esa sociedad más humana, por esta razón es necesario volver nuestra mirada a estos mayores que levantaron su voz y denunciaron, pero que también estrecharon sus manos y destinos hasta volverse parte de ese pueblo que se rebela ante la injusticia y reclaman su lugar en la historia. De ese tamaño siguen siendo nuestras tareas pendientes.
(Bloque Verde, 16/11/2020) Diputados y diputadas empujan aceleradamente proyectos de ley que legalizarían la minería metálica a cielo abierto. En la corriente legislativa se encuentran tres proyectos de ley en tres comisiones distintas. Al mismo tiempo el movimiento ecologista ha convocado a manifestaciones esta semana y ha lanzado el video clip “La Mona Mina”.
Los tres trámites han sido dispuestos fuera de la comisión permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa para ser discutidos por comisiones como la de Asuntos Sociales, la Comisión de Alajuela y la Comisión de Guanacaste. Lo que pone de manifiesto la poca disposición de los proponentes de estos proyectos para tomar en cuenta los impactos ambientales de una actividad destructiva como la minería.
Hoy lunes la Comisión Especial de Provincia de Alajuela sesionará a las 10:30AM para tramitar el expediente 22007 «Ley de Minería Crucitas» uno se los tres proyectos de ley de minería que existen en este momento en la Asamblea Legislativa. Hoy se desarrollará la audiencia para Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía.
El martes y miércoles, a las 12MD la Comisión de Asuntos Sociales continuará el trámite del expediente Nº 21.584: “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” propuesto por los legisladores del PLN Jorge Fonseca y María José Corrales.
El movimiento ambiental ha convocado para el día miércoles 18 de noviembre a las 12MD a una manifestación en la Plaza de la Democracia para oponerse a cualquier legalización de la minería metálica a cielo abierto.
Este lunes se estrenó el video Clip “La Mona Mina” una producción nacional que con música y humor inspirado en un viejo dicho popular para señalar que aunque la minería sea etiquetada como sostenible sigue siendo una actividad destructiva.
Caminamos, o más bien nos arrastramos, a tientas, con perdón de los inteligentes y ágiles no-videntes. No hemos tenido el liderazgo ni el espíritu patriótico para cerrar el ciclo neoliberal que nos tiene al borde del precipicio, mientras algunos persisten en hacer malabares para enderezar esa barcaza de mil agujeros.
No quieren entender que no se puede poner “remiendo nuevo en paño viejo” y que “el vino nuevo requiere odres nuevos”. Pues bien, o nos decidimos por lo nuevo o nos resignamos al hundimiento.
Obviamente, hay salidas paliativas o placebos que pueden entretener al paciente para que aprenda a convivir por un tiempo con la enfermedad. Pero, más temprano que tarde caerá en coma. El plan fiscal fue esa medicina paliativa. Ahora se pretende -algunos lo piden con gritos de desesperación- que el préstamo del FMI sea la tan esperada “vacuna”, no importando que sus efectos secundarios resulten peor que la enfermedad: venta de activos del Estado, reducción en la inversión social, en fin, lo que ya sabemos de las viejas recetas que solo han servido para empobrecer, acrecentar las brechas sociales y polarizar a la sociedad intensificando el conflicto.
Se dice que es posible negociar con el FMI bajo un nuevo paradigma que al parecer vienen impulsando algunos de sus más altos funcionarios. Pero, un país sin rumbo no tiene esa capacidad de negociación. Y para peores el gobierno desacierta por partida doble. Se hace una propuesta de negociación cargada hacia los impuestos, en su mayoría regresivos, y sin claridad respecto a la reactivación social: empleo, endeudamiento ciudadano, apoyo a pequeña y mediana empresa, salvaguarda para desempleados, etc. Y se convoca a un diálogo, con visión tecnocrática, elitista y restringida.
Después de esos traspiés, y gracias a la iniciativa de la Junta Directiva del Banco Popular, se alcanzó a sentar a diversos sectores en una mesa más amplia, con miras a una concertación para salir de la crisis. Lamentablemente, algunos persisten en reducirla al problema fiscal y a buscar solucionarla limitándose a bajar el mal llamado “gasto” público; un cuento más de los que “vienen de todos lugares y también de Puriscal”. Resulta esperanzador, sí, porque también asisten quienes tienen una mirada más abarcadora y son de luces más altas.
Pues bien, quizá el mejor dividendo que podamos sacar de esta iniciativa no sea tanto que sus propuestas conduzcan a dar ese salto cualitativo hacia la Costa Rica postneoliberal, pero sí nos haga apreciar y valorar lo importante y decisivo que resulta el diálogo intersectorial para darle rumbo a este país.
Efectivamente, como se ha señalado, la democracia participativa tiene que ser, ante todo, deliberativa. El espíritu del diálogo permanente por parte de una ciudadanía crítica y propositiva, así como de gobiernos receptivos que saben ejercitar el arte de la política, que es el de la negociación y la búsqueda de acuerdos entre intereses diversos y en conflicto. Es decir, donde el pueblo tiene que ser protagonista y no mero espectador.
Llegó el tiempo de superar el caudillismo presidencialista y el elitismo tecnocrático, propios de una cultura política desfasada. Apostemos al dialogo intersectorial permanente para darle rumbo a este país.
Al cierre del 6to día de protestas sociales no-violentas, los medios de comunicación dan cuenta de dos personas fallecidas. Un joven de 25 años que entró al hospital Almenara el día 12 de noviembre herido de bala, y uno de 24 años que llegó al Hospital el día 14 ya como cadáver. Decenas de heridos debido a la brutal represión policial que desconoce el derecho a la protesta. Pasada la una de la madrugada del 15 de noviembre, habían renunciado 10 ministros. Mientras el Sr. Merino no daba la cara, a las dos a.m. el presidente del Congreso reunió a la Junta de Portavoces del Congreso para aceptar la renuncia de la Junta Directiva y pedir la dimisión del Sr. Manuel Merino -inconstitucionalmente autoerigido presidente de la República- quien aprovechando de su cargo de presidente del Congreso, el lunes 9 reemplazara al presidente Vizcarra.
¿Cómo es que llegamos a esta situación que parece una pesadilla? ¿Es acaso una repetición de los primeros años del Siglo XX donde era normal la disputa de caudillos por el botín del Estado? Pareciera que aquello estaba en la cabeza de quienes planificaron la vacancia de Vizcarra abusando de la figura de “incapacidad moral permanente” -cuando esta interpretación estaba pendiente por parte del Tribunal Constitucional- perpetrando así un acto a todas luces inconstitucional y totalmente falto de legitimidad popular. Imaginaron que la ciudadanía se quedaría mirando como se arranchaban a girones el poder y pisoteaban la bandera nacional.
Pues no fue así. Fuimos testigos de masivas marchas pacíficas ciudadanas convocadas mediante las redes sociales por jóvenes, que fueron reuniendo a personas de todas las edades hartas de ser espectadores de esta vendetta. La masiva respuesta ciudadana en todos los rincones del país y los más diversos distritos de Lima es una muestra de que la democracia real está madurando en el Perú y que al igual que en el pasado, en la marcha de los 4 suyos (1) o en la de los “pulpines”(2) la calle sabe hacerse escuchar, mientras que la democracia representativa pende de un hilo, si no feneció. Esto es claro porque el actual Congreso no representa a quienes sólo hace pocos meses los eligieron y el acecho de la corrupción sigue como sombra a los ex-presidentes de la República.
¿Por qué se movilizaron los jóvenes? El propio acto de vacar al presidente Vizcarra fue un escándalo, pero a ello se añadieron algunas perlas. Un Primer Ministro que desprecia a la mayoría de los peruanos por su origen y despotrica contra la ideología de género, proyectos de ley que tenían como intención arrasar con la reforma educativa y universitaria, la legalización de la minería ilegal, etc. y una clase media que aún considera que una mayor inestabilidad económica traerá como consecuencia su desaparición. En suma, este gobierno tuvo la capacidad de unir a los diferentes bajo una misma bandera: la defensa de la democracia y los derechos ya adquiridos, que hoy forman parte del sentido común de los peruanos.
Así, en rápida secuencia, fuimos testigos de los estertores del fuji-aprismo y de la denominada “Coordinadora Republicana”, el ala más conservadora de la política peruana que reunió el Sr. Merino como su flamante gabinete.
El segundo momento aún está por venir: la caída de la Constitución de la dictadura fujimorista, que la gente aún defiende por temor a la inestabilidad de los años del terrorismo, pero que ya no se sostiene. Esta Constitución nació de la dictadura y está basada en sus ambiguas letras; además el sistema de salud pública yace moribundo ante la crisis sanitaria -que se agravará sin duda luego de estas masivas manifestaciones democráticas en medio de las cuales la gente ha tenido que sacarse las mascarillas por no poder respirar ante la absurda agresión policial-; y por la imperiosa necesidad de cambiar el rumbo frente a la grave situación que enfrentamos como humanidad: la crisis climática.
¿Será ésta la nueva jornada ciudadana que tendrá que embanderar la juventud y el pueblo peruano en un futuro próximo?
(1) La Marcha de los Cuatro Suyos fue una movilización popular realizada en el Perú en los días 26, 27 y 28 de julio del año 2000, encabezada por Alejandro Toledo que terminó con la caída del régimen de Alberto Fujimori. (2) Protestas ciudadanas que lideraron los jóvenes a fines del año 2015 cuando el Congreso pretendió pasar una ley de contratación juvenil desconociendo derechos laborales. *Investigadora senior del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, Lima, Perú, especialista en ecología social
Imagen: (Imagen de anónima, circula por las redes sociales. Toma en la Plaza San Martín).
