SITRAHSAN considera es una bofetada al sector laboral sea público o privado la dirección ejecutada por esta señora, con su actuar; ha demostrado que “le valen” las necesidades del Trabajador, en tiempos de pandemia y previo a tiempos de pandemia, con el impuesto a la canasta básica y a los servicios esenciales. Por eso pediremos su salida de la SUPEN
Gravar el consumo de agua, de internet en tiempos de teletrabajo, la luz, los alimentos esenciales, tiene un tinte muy fuerte de “empobrecimiento social” y hasta el transporte privado, que por cierto cada día que pasa UBER se lo puede “embuchar” a la espera del reglamento ya hoy retrasado por la administración tributaria.
Y mientras; los grandes empresarios, blindados en corporaciones, unas con grandes utilidades trasladan sus ganancias para asumir las pérdidas de su conglomerado y con ello logran declarar “CERO UTILIDADES”.
Le invitamos a ser parte de esta organización de trabajadores y con ello sumar más personas representadas; antes de que la pandemia nos deje sin un cinco y se lo justifiquen como perdidas las operadoras.
Chietón Morén es un museo y una tienda en San José, Costa Rica, en el cual artesanos y artesanas, de comunidades indígenas de Costa Rica exhiben y venden sus productos.
El proyecto nace en la comunidad indígena Brunka hace 6 años, con el apoyo del CEDI, Centro Dominico de Investigación. Hoy, son alrededor de 250 artesanos y artesanas de ocho diferentes grupos étnicos del país.
En Chietón Morén celebran el 10° Aniversario este mes, con descuentos en todos los trabajos.
La tienda está abierta de lunes a viernes, además puede ingresar a la tienda virtual: www.chietonmoren.org/shop
Imagen de portada ilustrativa, UCR.
El secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería Lenin Hernández Navas critica el receso legislativo por un caso de COVID-19. Se pregunta: ¿qué pasaría si cierran la CCSS por encontrar casos de la enfermedad entre el personal?
No todas las personas experimentan de la misma forma la pandemia. Debido a que vivimos en una sociedad basada en la desigualdad social y el patriarcado, las mujeres nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los efectos de cualquier crisis económica, política y social. Además, las mujeres rurales, campesinas e indígenas experimentan doble exclusión y desigualdad que agudiza el impacto de la crisis sanitaria.
Mañana estaremos profundizando sobre este tema, así como sobre las estrategias y alternativas que construyen las mujeres para resistir a este contexto.
Nos acompañaran Francisca Inés Wilson de Valle Bonito de Upala, parte de la Red de Mujeres Rurales, Cinthya Hernández de Chánguena en Palmar Sur, parte de Chánguena por Siempre. Doris Ríos, del territorio cabecar de China Kichá en la Zona Sur, parte de los procesos de recuperación de tierras indígenas y Kattia Cruz de la Carpio en San José, parte de COOVIFUDAM.
A las 5:00 p.m. por la 96,7 fm o en el Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.
En el panel organizado el pasado 1 de julio por el Foro de Justicia, se analizó las respuestas y desafíos para el sistema de justicia en tiempos de COVID-19 en Costa Rica.
Participaron Dinorah Álvarez, subdirectora ejecutiva del Poder Judicial; Fiorella Salazar, ministra de Justicia y Paz; Ignacio Alfaro, de la Mesa Justicia Abierta; y Marco Feoli, del Foro de Justicia. Marcia Aguiluz fue la moderadora.
Le invitamos a ver el panel en este video:
Este miércoles 8 de julio a las 10 a.m. la iglesia católica de Puntarenas en conjunto con los pescadores y los molusqueros de la provincia presentarán un llamado público al Gobierno de la República para que atienda de forma urgente el descontento social que se vive en esa localidad por la desatención al tema pesquero.
La transmisión por Facebook Live de la Parroquia de Puntarenas.
Un nuevo recurso de amparo interpusieron más de 190 jubilados y jubiladas del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional ante la Sala Constitucional, para solicitar que no se aplique el aumento en la contribución especial que ya realizan, solicitado en la nueva ley 9796.
De acuerdo con el amparo, presentado el 28 de junio, “la seguridad social se gestiona de acuerdo a normas de ciencia y de técnica, por lo que los regímenes de pensiones están obligados a cumplir con un imperativo técnico, como lo es el de constituir un fondo de pensiones. El artículo 73 de la Constitución hace referencia directa a los “FONDOS” y “RESERVAS” de los seguros sociales”.
Según los demandantes, el Estado, en abierto desacato al principio de legalidad financiera, no creó el fondo para atender financieramente las pensiones del régimen de reparto, que dispone la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, y esta situación se ha mantenido por 62 años, desde la creación del régimen de pensiones del Magisterio Nacional, desviándose las cotizaciones a caja única del Estado.
“Sabemos que nuestro deber de cotizar como personas que prestamos servicios en el Magisterio Nacional, está contenido en la Constitución, en los artículos 18 y 73. Pero esto a su vez debía acompañarse de la obligación del Estado de constituir un sistema orgánico que conjuntara normas, registros y procedimientos para ubicar e identificar el Fondo de Pensiones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional. Esto no se hizo. Jurídica, fáctica y operativamente el fondo no existe”, afirmó el Dr. José Salas, compareciente ante la Sala.
El Dr. Jorge García, también jubilado firmante del amparo, manifestó además que “los pensionados tenemos derecho a ser protegidos de normas que nos obligan a entregar nuestro dinero a un “fondo imaginario” que el Estado, en su afán confiscatorio, no ha conformado según la ley y tampoco le ha dado el destino ni el manejo establecido por la legislación”.
Según explicó el jubilado, ahora el artículo 6) de la Ley 9796, que modifica el artículo 71 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, les obliga a aumentar el monto de la contribución forzosa que les corresponde como pensionados, para dirigir los nuevos recursos a usos que están prohibidos.
Los jubilados firmantes del amparo solicitan que se les garantice el derecho fundamental a una Administración Pública racional y a no ser obligados a cumplir actos de contenido imposible e irracional.
Para mayor información comunicarse con los pensionados José Antonio Salas, tel. 8810-0104, ó Jorge García 8380-0799.
Acerca del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)
En 1958 se promulgó la Ley 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que unificó las pensiones de la educación. El régimen era tripartito, con cargo al fondo de pensión que se creara al efecto, y sus trabajadores, aún pensionados, seguirían cotizando al seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS. El Estado no creó el fondo con su parte –patrono y Estado—pero sí recogía las cuotas de los trabajadores, y ese dinero se destinó a gasto corriente. Luego se dan cambios en el sistema –los más importantes de 1991 y el de 1995 con la ley 7531–. Este última dividió el régimen en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) administrado por JUPEMA y el Régimen Transitorio de Reparto, que se acaba con el último pensionado que ingresara a trabajar antes de 1992 (esto lo hace cerrado, finito, transitorio y sustitutivo del IVM). El RTR se cargó entonces al presupuesto nacional (pues el Estado no creó el fondo que le correspondía –como lo establece incluso el art. 73 de la Constitución Política–y debió hacerse garante hasta el último adscrito o descendiente)
Tras semanas de parcial confinamiento, el gobierno de Carlos Alvarado inició un proceso así llamado de “apertura” de la economía, con la esperanza de restablecer una relativa “normalidad” que permita reanimar la actividad económica y recuperar empleos. Se comprende que esto se hace bajo un juego múltiple de presiones: en primera instancia por parte de las cámaras del gran empresariado, pero también por la severidad del derrumbe económico, la pérdida de empleos, el deterioro de la situación fiscal e, inclusive, la impaciencia misma de la gente.
Se ha intentado avanzar en la “apertura”, cuando al mismo tiempo se registra un fuerte incremento de los contagios por Covid-19. Esto plantea un gran desafío, y exige un altísimo grado de disciplina. Si el contagio se sale de control –y es lo que pareciera estarse dando– ello tendría consecuencias potencialmente catastróficas. No estoy del todo seguro si el común de las personas ha logrado interiorizar plenamente lo que esto significa. Pero lo que resulta más preocupante es el tipo de mensajes que lanzan algunos de los liderazgos empresariales, en especial la UCCAEP. Sus exabruptos, ofensivos y estridentes, transmiten un desprecio por la vida, que solo es propio de una ideología fascista. Confío, sin embargo, que, en su amplia mayoría, predomina en el empresariado costarricense, un compromiso ciudadano, de protección a la salud y de respeto a la vida, absolutamente indispensable en este momento.
Si la pandemia se desborda, los servicios hospitalarios colapsan y las muertes se disparan, la “apertura” de la economía inevitablemente se frenará. Por decisión de las autoridades o a causa del pánico que ello provocaría. No entender esto es no entender nada, y es obvio que la UCCAEP, incapaz de mirar más allá de la punta de su nariz, no lo entiende.
De ahí que sea un error hablar de establecer un “balance” entre la salud y la economía, lo cual sugiere que salud y economía están en el mismo nivel, tienen la misma importancia y pueden caminar la una a la par de la otra. Incorrecto. Incluso si se opta por “abrir” la economía, ello debe hacerse priorizando siempre la vida y la salud. De otra forma, la propia “apertura” se detendría cuando apenas empiece a caminar, y, al final, la factura que deba pagarse será mucho más cara.
Por otra parte, debemos entender que la “apertura” no tiene más que muy limitadas posibilidades, si de recuperación de la economía y los empleos se trata.
Primero, hay un ambiente de enorme incertidumbre y temor, que inevitablemente frena el consumo de las personas y los hogares, y los proyectos empresariales de inversión. O sea, lo que cabe esperar es un proceso donde, al “abrirse” la economía, la gente retome a lo sumo de forma parcial algunos de sus viejos hábitos de consumo, pero manteniéndose cauta y contenida. En el caso de las empresas ese mismo efecto se daría, pero en grado incrementado, ya que se parte de un altísimo nivel de desocupación de la capacidad instalada. Difícilmente habrá alguna empresa que, bajo tales condiciones, quiera emprender nuevos proyectos de inversión.
O sea, la reapertura tan solo dará un empujón parcial e insuficiente a la economía, y, por ello mismo, tan solo se recuperará una parte de los empleos perdidos. Por lo tanto, mucha gente que se quedó sin trabajo, no podrá recuperarlo, lo que, a su vez, mantendrá en pie poderosas fuerzas contractivas, que harán aún más limitada la recuperación de la demanda de consumo, y deprimirá aún más la disposición empresarial a generar nuevas inversiones.
Los estímulos provenientes del exterior tampoco aportarán gran cosa. La profundidad de la recesión en países ricos, mantendrá deprimidas las exportaciones al menos por el resto de este año, pero seguramente el efecto se prolongará al año venidero. El turismo, por su parte, durará mucho tiempo –posiblemente años– antes de retornar a niveles comparables a los de los tiempos pre-Covid. Hay demasiado miedo circulando en la atmósfera sicológica del mundo entero, para pensar otra cosa, ni siquiera si se adoptasen estrictas medidas sanitarias, y ni siquiera si se descubriese una vacuna eficaz, teniendo presente que aún si ésta estuviese disponible, su aplicación universal llevaría tiempo.
Y aquí es importante aclarar una idea errónea, pero muy popular, inclusive entre economistas: la de que “fondear” los bancos, para que éstos tengan recursos y coloquen créditos, es una herramienta eficaz para dinamizar la economía[i]. La cuestión más bien funciona a la inversa. La economía no se reactiva porque se reactive el crédito; por el contrario, el crédito se reactiva en respuesta a la reactivación de la economía. Una vez la economía gana tracción, el crédito funcionará como lubricante que lo facilite y, eventualmente, contribuya a darle impulso. Pero el crédito no puede gatillar el proceso y ponerlo en marcha. Lo cierto es que no hay colocación de créditos, si no hay demanda de crédito. Y para que esta demanda exista, es necesario que la economía camine.
Ello asimismo demarca los límites de los estímulos monetarios que, vía tasas de interés, puedan ser aportados por el Banco Central. Existe, por un lado, el problema –entretención habitual en las conversaciones entre economistas costarricenses– acerca de la exasperante lentitud con que las tasas de interés en el sistema bancario, responden a las bajas acordadas por el Banco Central en su “tasa de política monetaria”. La razón de lo cual, según creo, hay que buscarla en el característico conservadurismo del propio Banco Central, el cual pareciera creer que basta con anunciar la baja, y por su linda cara los bancos le seguirán obedientes y sumisos. Lo cierto es que si no actúa con un mínimo de agresividad las tasas no bajarán. Y eso es lo que usualmente ocurre: las tasas no bajan. Se necesitaría mayor activismo, algo impensable en nuestro artrítico Banco Central.
Pero esa es una parte de la historia y, en las circunstancias actuales, la menos importante. Porque inclusive si las tasas de interés tuviesen una baja muy significativa, las fuerzas contractivas que mantienen frenados los planes de inversión de las empresas y los planes de consumo de las personas y las familias, seguirán en pie. Por un lado, la enorme capacidad productiva instalada de las empresas, que permanece ociosa. Por otro, la situación de amplísimo desempleo. Y súmele el congelamiento de las exportaciones y el turismo. Y, encima de tales factores objetivos, el ambiente sicológico de terrible incertidumbre y temor. Simplemente el crédito no se reactivaría, ni siquiera si las tasas de interés se aproximasen a cero.
Por su parte, el “libre mercado” carece de mecanismos que permitan desatascar esta maquinaria averiada. En el contexto de oscuridad que la incertidumbre reinante impone, esos mecanismos quedan paralizados. O, si acaso, solo podrían lograrlo después de un largo período y un cúmulo incalculable de sufrimiento humano, cuando, al fin, las empresas empiecen a hacer inversiones para sustituir capital destruido o depreciado, y/o las exportaciones de fuera de zona franca, empiecen a tener una reanimación significativa. Pero el lapso que tendría que transcurrir para ello, podría ser intolerable para la sociedad.
Estamos entrando a una fase donde se hace necesario recuperar, siquiera parcialmente y mínimo por algún tiempo, la noción cepalina de «desarrollo hacia adentro». No por razones ideológicas, sino por imperativo de la realidad. O sea: la economía costarricense tiene que reencontrarse con el mercado interno, y volver a priorizar objetivos de justicia social y mayor igualdad.
Teniendo eso claro y ante el contexto actual, el único agente económico que podría proporcionar el empujón que saque a la economía de ese sopor patológico y rompa la parálisis, es el sector público, y tendría que ser por medio de un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, capaz de generar muchos empleos y densos encadenamientos con actividades productivas nacionales. A mediano y largo plazo ese programa debería enfatizar las energías limpias, las tecnologías verdes, la modernización del transporte público, la fibra óptica, los acueductos y sistemas de alcantarillado y tratamientos de aguas residuales, la infraestructura educativa y sanitaria, los espacios públicos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el acceso a la vivienda para toda la población.
Por ello mismo, resulta un desatino las propuestas de austeridad fiscal, que tan solo vendrían a reforzar las fuerzas contractivas que actualmente están en operación. Lo cierto es que la única forma saludable de volver manejables el déficit y la deuda pública, es a través de la dinamización de la economía.
Y siendo verdad que enfrentamos una severa restricción fiscal, por ello mismo se hace indispensable buscar formas alternativas e innovadoras de financiar ese programa de inversión, de forma que el déficit fiscal mismo no se vea incrementado. Entre las cosas rescatables en el programa de reactivación de la economía que el gobierno de Carlos Alvarado presentó el 4 de mayo pasado, había algunas ideas en este sentido. Los números ofrecidos eran interesantes, pero el planteamiento resultaba vago e impreciso, y lo sigue siendo hasta el día de hoy.
Se trata de poner a caminar la maquinaria económica, en la comprensión de que, una vez puesta en movimiento, el proceso de recuperación se alimentará a sí mismo. Será entonces cuando entre en juego el crédito, cuya demanda se verá incrementada una vez la economía agarre vuelo.
Ya para entonces los bancos volverán a funcionar como normalmente lo hacen: creando dinero prácticamente “del aire” para conceder crédito y, así, crear sus propios depósitos.
[i] Esta es una idea que, por ejemplo, desarrolla con amplitud el muy respetado colega, don William Hayden, en un artículo en el medio digital La Revista (4 de julio de 2020): “Las alternativas económicas de nuestro país en el marco del covid-19”.
Información tomada del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/
Enviado a SURCOS por el autor.
Después de tres meses de inmunización, los caballos que fueron donados al Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR) alcanzaron su punto máximo en la generación de anticuerpos contra el SARS-CoV-2.
Como resultado, los científicos procedieron a realizar una sangría industrial el viernes 3 de julio, y el lunes 6 del mismo mes se inició el procesamiento del plasma para producir una formulación de anticuerpos equinos contra el COVID-19.
“Durante el proceso de inmunización se monitoreó la respuesta de anticuerpos específicos en los caballos. Cuando determinamos que estos llegaron al punto máximo, decidimos que era el momento para hacer la sangría industrial. La sangre fue fraccionada para obtener el plasma, a partir del cual se purificarán los anticuerpos. El resto, la parte celular, fue retornada a cada caballo para evitar que desarrollen cuadros de anemia. En todo momento, a los caballos se les estuvo vigilando muy de cerca su estado de salud, que tuvieran suficiente pasto en los potreros, alimento de buena calidad y tratándolos siempre con mucha calma”, enfatizó el Dr. Mauricio Arguedas Gómez, médico veterinario del ICP-UCR.
A los caballos se les realizaron cuatro inmunizaciones con combinaciones diferentes de proteínas del SARS-CoV-2, que no dañan la salud de los equinos.
Luego, se les midió la cantidad de anticuerpos contra las proteínas virales, mediante una prueba que el mismo ICP-UCR diseñó, la cual es conocida como ELISA (ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas).
Finalmente, se les extrajo entre ocho y nueve litros de plasma a cada caballo, para reunir un total cercano a los 50 L de plasma.
“Entre las proteínas seleccionadas para realizar la inmunización está la proteína S1, que es la proteína viral que se une al receptor celular. También las proteínas E y M, como un constructo recombinante, y la proteína de nucleocápside N”, afirmó el Dr. Guillermo León, coordinador de la División Industrial del ICP-UCR.
El científico indicó que la proteína de nucleocápside N, aunque es un antígeno interno del virus, es contra la cual el plasma de las personas convalecientes contiene más anticuerpos. Por eso, también se usó como inmunógeno (sustancia capaz de inducir una respuesta inmune).
La Universidad de Costa Rica comunicará de manera oportuna cuando se tenga el primer lote de la formulación.
Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/