Ocho años después de la decisión del tribunal, la comunidad exigirá una vez más que el gobierno ecuatoriano cumpla con el fallo que exige la eliminación de explosivos enterrados en su territorio y la garantía de una consulta previa e informada gratuita de acuerdo con las normas internacionales y nacionales.
Quito, Sarayaku, 2 de julio: El 19 de junio de 2020, la Corte Constitucional del Ecuador publicó su decisión de admitir una queja presentada por los pueblos indígenas Kichwa de Sarayaku en relación con el incumplimiento de una decisión de 2012 emitida por la Corte Interamericana de Derechos humanos. Lenin Moreno, Presidente de la República, César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional, Cecilia Chacón, Secretaria Nacional de Derechos Humanos, y el Dr. Iñigo Salvador Crespo, Fiscal General del Estado, deben responder por el incumplimiento de tres órdenes de reparación en el caso Sarayaku.
El caso comenzó en 1996, cuando el Estado de Ecuador otorgó una concesión para la exploración y explotación de petróleo a la compañía petrolera argentina CGC (Compañía General de Combustibles) en el territorio ancestral de la comunidad Kichwa de Sarayaku. Después de presentar múltiples quejas ante las autoridades nacionales, la comunidad indígena logró retrasar las actividades extractivas durante varios años.
Sin embargo, en 2002, miembros de CGC ingresaron por la fuerza al territorio de Sarayaku, custodiados por las fuerzas de seguridad militares y privadas. La compañía abrió caminos, utilizó explosivos y deforestó tierras, destruyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. Cerca de 1.400 kilos de explosivos de pentolita fueron enterrados en su territorio, poniendo en grave peligro la vida del pueblo de Sarayaku y amenazando su acceso a una vida digna.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador por violar el derecho a la integridad física de la comunidad de Sarayaku y poner en grave peligro su derecho a la vida. El Tribunal también determinó que el Estado violó los derechos del pueblo de Sarayaku a la consulta previa e informada gratuita, la propiedad comunitaria y la identidad cultural.
Ecuador aún no ha cumplido con la decisión de la Corte Interamericana sobre tres puntos clave: (I) la eliminación de los explosivos enterrados por la compañía petrolera CGC en el territorio de Sarayaku; (II) la garantía de una consulta gratuita previa e informada de conformidad con las normas internacionales antes de cualquier nuevo proyecto en el territorio de Sarayaku; y (III) la implementación efectiva del derecho a una consulta libre, previa e informada con la participación de las comunidades en la legislación ecuatoriana. Ante este incumplimiento persistente, Sarayaku presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional ecuatoriano.
La decisión de admitir la queja llega en un momento en que Sarayaku y otros pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana sufren los efectos de las inundaciones devastadoras que comenzaron en abril de este año, así como la propagación del COVID-19 entre las comunidades indígenas en la ausencia de asistencia del Estado.
Tupak Viteri, Tayak Apu (presidente) de Sarayaku, afirmó que a pesar de esta situación crítica, no abandonarán su lucha para garantizar que se implemente la decisión de la Corte Interamericana. «El Estado solo nos recuerda durante las elecciones, cuando quiere eliminar el petróleo de nuestro territorio o cuando ganamos un juicio», dijo.
La Corte Constitucional ahora debe ordenar la regulación de la consulta previa de los pueblos indígenas de conformidad con la Constitución del Ecuador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recientemente, el Ministerio de Minería anunció la adopción de un reglamento sobre consulta previa sobre minería que nuevamente no cumple con los estándares internacionales y los requisitos establecidos por la Corte Interamericana.
En los próximos días, según la ley ecuatoriana, la Corte notificará formalmente a los acusados sobre su decisión. Entonces, el Estado debe cumplir de inmediato o justificar su incumplimiento en una audiencia que se celebrará dentro de los dos días. Junto con sus representantes, el abogado Mario Melo y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), el pueblo de Sarayaku solicita que la Corte priorice este juicio, dado que ya han esperado ocho años para que se implemente la decisión interamericana. También reiteran que el Estado ecuatoriano tiene la obligación internacional de actuar de manera efectiva e inmediata para abordar la crisis de salud y las inundaciones dentro del territorio de Sarayaku, en consulta con la gente, para garantizar su derecho a la vida y la salud
Para más información: Túpak Viteri, (Tayak Apu) tupamaruv@hotmail.com ; Mario Melo (Abogado de Sarayaku) melo.napi@gmail.com ; Viviana Krsticevic (CEJIL) vkrsticevic@cejil.org, Elsa Meany (CEJIL) emeany@cejil.org;
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