El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica trabaja en la elaboración de una cartilla sobre “Derechos laborales de personas periodistas, trabajadoras en medios digitales en Costa Rica”.
Ese documento será una compilación de ensayos y/o artículos de diferentes profesionales expertos. Constituirá una herramienta importante para la defensa de los derechos laborales de los periodistas y cuenta con el respaldo de la Oficina Regional para América Latina de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
Como parte de este proyecto el Sindicato Nacional de Periodistas organizó el Foro-desayuno “Derechos Laborales de Periodistas Trabajadores/as en Medios Digitales”, realizado el 20 de noviembre del 2019, en el Colegio de Periodistas.
Enviado por Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica.
De Alfredo Serrano Mancilla, director CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Política)
1.El fascismo de los comités cívicos, especialmente el de Santa Cruz. Racista, jamás aceptaron a un indígena como presidente. (Los dejaron crecer durante el periodo de Evo).
2.La oposición partidaria que sí se presentó a las elecciones. Carlos Mesa desde el desarrollo de las elecciones manifestó presunto fraude.
3.La actual Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Participando directamente en el debate, cuando en pleno conteo manifestó que era “recomendable una segunda vuelta”.
4.La policía. Ya se había amotinado contra Evo en 2008 (y transcurrió en permisividad.)
5.El Gobierno de los Estados Unidos. Otro infaltable: como siempre, tras cada golpe. Usando incluso el término de “potencial fraude”.
6.Las Fuerzas Armadas. Como un pasivo potencial. No se pronunciaban en la estrategia de lo cívico-policial. Se fueron acoplando al golpe. Es muy probable que al interior hubiera división, y todavía la haya.
7.Ciertos medios de comunicación. Jamás pueden faltar en cada golpe. Desde la noche de las elecciones hasta 48 horas después, sostuvo en su portal como entrada principal el resultado de una encuestadora privada, Viaciencia, que daba sólo 4 puntos a favor de Evo para instalar la idea del fraude. El papel lo protagonizó el periodista Carlos Valverde.
8.Los actores económicos. Los grandes empresarios del país se enriquecieron mucho en el ciclo largo de bonanza económica…buena parte de los grandes empresarios del país hayan estado dubitativos entre aceptar la dirección indígena que le garantiza un proyecto económico estable y altamente rentable para ellos, o participar en este golpe a favor de dirigentes que sólo saben ser violentos en las calles.
9.Los oportunistas de siempre. La opositora Beniana Añez, con solo 50.000 votos como senadora, se auto-proclama presidente del país.
COROLORIO. Como enseñanza para la Colombia popular.
– Queda demostrado que, en la lucha legal, las fuerzas y partidos políticos Alternativos contra el orden económico neoliberal, al no romper la inercia de la camisa de fuerza de la de derecha empotrada en el Estado, incuba el virus golpista. Para ello es fundamental la creación del partido político popular.
– Solo la organización popular y la aplicación de mecanismos de democracia participativa directa ante un triunfo alternativo, progresista, garantiza la construcción de una Nueva Colombia. (Revocatoria directa del mandato en lo municipal y departamental. Aplicación directa del Cabildo Abierto Municipal y veredal. La Consulta popular para los POT etc.) Ello implicará la constitución de brigadas populares y Comités de Defensa de lo Alternativo Popular.
– Por la incidencia y peso específico político de presencia de insurrección armada en el país, a diferencia del panorama político latinoamericano o de otros países, las organizaciones político-militares rebeldes, han de plegarse a la política del partido político popular en el poder, sobre el significado del fusil a servicio de la política.
Por lo mismo, en Colombia, un Acuerdo, de potencial incumplimiento, para la salida política al fin del conflicto armado interno colombiano – que no a la Paz- dadas las condiciones políticas internas y las objetivas en el campo latinoamericano, debilitaría o no contribuiría a la materialización de una salida de gobierno alternativo progresista, ante el derrumbe de la tendencia militarista en Colombia.
Reproducción y comentario de Carlos Meneses Reyes. 16-11-2019.
La investigadora estadounidense Kristina Lyons expuso los principales hallazgos de sus investigaciones sobre la explotación de la tierra en Putumayo, Colombia
Campesinos y agricultores autóctonos son los principales afectados por el uso de agroquímicos y la producción en masa. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La investigadora y antropóloga, Kristina Lyons, retrató en su más reciente visita a Costa Rica la forma en que las prácticas agroquímicas desarrolladas en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia, afectan la vida de las comunidades del lugar.
La estadounidense señaló la problemática que enfrentan estas poblaciones al convivir con abusos por parte de las autoridades colombianas, quienes utilizan agroquímicos y herbicidas para exterminar los sembradíos de plantas autóctonas aduciendo su ilegalidad.
Estas conclusiones son el resultado de una ardua investigación que Lyons ha efectuado en la Amazonía colombiana, cuyos resultados parciales fueron expuestos en la Universidad de Costa Rica (UCR) durante su reciente visita al país.
De acuerdo con la investigadora, los pueblos de Putumayo expresan su denuncia de diferentes maneras, incluso mediante el uso de árboles quemados por agroquímicos para construir cruces que colocan en las fosas comunes no reconocidas.
“Los árboles fumigados se quedaban secos. Por eso, la gente los utilizaba para marcar fosas comunes consecuencia de la violencia paramilitar en la zona. Las personas emplean las cruces para señalar culpabilidades específicas que se enfrentan con la impunidad del Estado y su matrimonio con Monsanto”, apuntó.
La académica, que actualmente labora en la Universidad de Pennsylvania, aseguró que este problema es una secuela de la dominación capitalista que ejerce el norte global sobre el sur global, en razón de las prácticas agrícolas vigentes que priorizan la producción en masa con fines de exportación.
Lyons enfatizó que esa perspectiva de desarrollo legitima el uso de los agroquímicos, lo cual genera un significativo deterioro de la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las localidades donde se explota el suelo.
“Las ciencias agrícolas modernas están profundamente enraizadas en las estructuras capitalistas responsables del despojo de estas comunidades, las convierten en consumidoras en vez de productoras de alimentos. Ya nos han advertido de la captura de la ciencia y la academia al servicio del capitalismo”, acotó la investigadora.
Kristina Lyons visitó la UCR como parte de la divulgación de las conclusiones de su trabajo en la Amazonía colombiana, pues próximamente publicará los resultados concretos de sus investigaciones por medio de un libro.
Róger Bolaños Vargas
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
Proyecto recopila y publica reseñas sobre el patrimonio cultural de los pueblos Bröran/Terbi y Yimba Cájc/Curré
Las comunidades indígenas han denunciado el uso de las tradiciones y el acerbo arqueológico para fines comerciales. El año se denunció la apropiación de la marca de ropa que intentó apropiarse del nombre Diablitos CR. Recientemente expresaron su oposición al traslado de las esferas indígenas a la nueva sede legislativa con fines decorativos. En la foto aparece un personaje del tradicional Baile de los Diablitos, una expresión cultural boruca. Foto Laura Rodríguez.
“El pueblo Térraba fue fundado en Guadalupe. Cuando se fue la gente de Guadalupe hacia Térraba, quedó con otra gente mestiza, gente panameña que llegaron… ¡y no eran térrabas! Ellos se apoderaron de los antiguos sitios de los térrabas”, rememoró Benjamín Nájera Morales, uno de los personas habitantes del pueblo Bröran.
Nájera aportó uno de varios textos recopilados por el proyecto Patrimonio e Interculturalidad: Transmisión de la herencia cultural indígena (EC-437), una iniciativa de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) y el Centro de Investigaciones Antropológicas, de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica (UCR), que facilita procesos de concienciación entre maestros de lenguas, gestores culturales y portadores de tradiciones culturales de los pueblos indígenas, con el objetivo de fortalecer el patrimonio cultural material e inmaterial de esos pueblos.
Personas investigadoras y estudiantes de la UCR participantes del proyecto promueven un inventario participativo de los bienes culturales materiales e inmateriales, para conocer la situación de vigencia o riesgo, el cambio de usos y sentidos de las expresiones de valor patrimonial.
Gracias a estos procesos se publicaron dos reseñas sobre el patrimonio cultural de los pueblos Bröran/Terbi y el de Yimba Cájc/Curré.
La Dra. Guiselle Chang Vargas, coordinadora del proyecto, afirmó que este tipo de iniciativas se enmarca en la convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, que reconoce que las comunidades indígenas contribuyen a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana.
Proceso participativo
Los pueblos y territorios indígenas están asentados en lugares asediados por intereses privados y estatales debido a las riquezas naturales que aún se preservan en esos sitios. Debido a eso, “la interculturalidad no se dan términos de equidad porque intervienen intereses de grupos poderosos, con intereses neocolonialistas que llegan hasta los últimos rincones del país. En las zonas fronterizas donde hay mayores problemas de desarrollo humano sostenible y donde se ubican varios territorios indígenas”, explicó la Dra. Chang.
Desde ese punto de vista, este inventario cultural partió de un diálogo participativo entre la UCR y las comunidades indígenas. “Reconocemos la propiedad intelectual de los pueblos, es derecho a decidir y negociar límites. En este caso, ellos seleccionaron el material en el que estuvieron de acuerdo en divulgar y cuáles de sus conocimientos ancestrales quedan en el compartimiento de la familia, pasando de una generación a otra mediante la tradición oral”, agregó la Dra. Chang.
El proyecto comprendió varias etapas. La primera incluyó una reunión donde se realizó consultas a las delegaciones comunitarias para definir los alcances y posibilidades del mismo, y se definieron los talleres que se facilitaron.
En total, en cada caso se realizaron tres talleres sobre distintos temas, como la visión externa e interna de las historias compartidas y sobre los territorios, los lazos de parentesco y otro sobre sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Realizar un inventario participativo de los bienes culturales materiales e inmateriales de cada pueblo y territorio indígena permite conocer la situación de vigencia o riesgo, el cambio de usos y sentidos de las expresiones de valor patrimonial. Foto Guiselle Chang.
Otros temas discutidos fueron los conceptos de patrimonio, salvaguarda, tradición y cambio. La metodología aplicada para el inventario realizado incluyó sesiones reflexivas, asignaciones individuales o grupales que luego fueron discutidas colectivamente.
“Los textos escritos no recogen toda la riqueza del debate en los talleres, ni tampoco la variedad de sus saberes, ya que por un lado hubo limitaciones logísticas para registrar y sistematizar (ruido ambiental, falla en equipos, tormentas y otros aspectos). Por otro lado, no se hizo público todo el conocimiento tradicional por temor a que pudiera ser utilizado indebidamente por personas ajenas”, detalló la investigadora.
Finalmente, se recurrió a parte de material previamente difundido por otros investigadores. La última sesión se utilizó para validar la información que se incluiría en las publicaciones con fines didácticos en los centros educativos de los territorios.
En los libros, personas de los territorios cuentan de su propia pluma sobre el territorio y su gente y su herencia cultural con relatos breves recopilados de la memoria oral de sus habitantes. De dónde vinimos, Dónde vivimos y Nuestras familias son algunos de los aportes recogidos en los textos. Además, se mencionan las principales actividades productivas, celebraciones, los principales alimentos consumidos, anécdotas de personajes y algunos de los sitios históricos.
José Luis Navas Rojas fue el compilador del libro sobre el territorio Térraba y José Eusebio Lázaro Ortiz y Daniel Leiva Leiva los responsables de registrar los que correspondieron al pueblo Yimba Cájc/Curré.
Actualmente, este proyecto está realizando un registro patrimonial en cada territorio indígena del pueblo ngöbe-buglé, que habita en cinco zonas de la Región Brunca, con migraciones temporales en Sixaola y la zona de los Santos.
Los libros producidos por la Vicerrectoría de Acción Social y el Centro de Investigaciones Antropológicas brindan herramientas teórico-metodológicas a los y las maestros de lengua-cultura y, a los y las gestores/as culturales indígenas, que les permitan visualizar el mapa cultural de su región, manejar conceptos básicos y abordar la diversidad cultural, como medio de ejercer su derechos culturales. Foto Eduardo Muñoz
Este martes 19 de noviembre a las 5:30 p.m. se llevará a cabo el panel: «El desmantelamiento del ICE en la agenda neoliberal, hacia el abismo chileno».
La actividad tendrá lugar en el Auditorio, piso N° 11 del Edificio Central del INS.
El próximo sábado 16 de noviembre se realizará la segunda edición de la “Feria por Nuestro Ambiente”, la cual será llevada a cabo en el CEN-CINAI de Santa Fe, desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm, en la misma, habrá venta de comidas, puestos informativos, juegos para niñas y niños, pintacaritas, talleres sobre plantas medicinales y elaboración de instrumentos musicales, bingo y para el cierre, un concierto cumbiero con el grupo “Sonidero Barrio Fátima”. Todas las actividades son abiertas al público.
Esta feria, nos permite recordar la importancia de lo que se construye en las Universidades Públicas desde la Acción Social, generando de manera conjunta con las comunidades procesos de reflexión y análisis, que dan cierre a las actividades del año con una feria abierta para el disfrute de todas las personas, en una comunidad donde los espacios de recreación y de compartir son indispensables.
La comunidad de Santa Fe en los Chiles de la Zona Norte está a unas 5 horas en automóvil y a una distancia de 220 kilómetros desde San José, cercana a la frontera con Nicaragua. Esta surge desde la década de los noventa, como un asentamiento campesino del IDA (ahora INDER) y donde ha habido un crecimiento de las plantaciones de naranja y piña. En este lugar, el Programa Kioscos Socioambientales se encuentra trabajando desde el año 2017, con el fin de aportar en el fortalecimiento de la organización comunitaria y de conocer el mundo del trabajo asalariado en las plantaciones piñeras.
La instalación de este monocultivo en las comunidades, ha generado diversas afectaciones, relacionadas principalmente con la contaminación de suelos y aguas, el acaparamiento de tierras, las condiciones laborales de las personas trabajadoras y también, los daños a la infraestructura comunitaria, como los caminos.
Las vías de comunicación son un verdadero dolor de cabeza como ejemplo sus habitantes denuncia el estado del puente de Tamarindo, que se encuentra entre la comunidad mencionada y La Trocha, el cual, es el paso para que camiones y maquinaria pesada de las empresas de monocultivos puedan transportar materiales y productos a diario.
Don Armando Mayorga quiere darse “el gustito” de continuar con la campaña neo-inquisitorial, que ha emprendido La Nación contra la academia universitaria, sus trabajadores y pensionados, ahora también contra los Magistrados del Poder Judicial de la República (Armando Mayorga, “Le están jalando el rabo…”, La Nación 14-11-2019, foro 21). A la manera de don Quijote –con perdón del respetable caballero–, confunde, junto con la diputada Xiomara Rodríguez, los molinos de viento con los gigantes que hay que derribar en este país.
Por consiguiente, exime a quienes verdaderamente han venido “jalándole el rabo a la ternera”, hasta convertir a un país “ecológicamente rico” en uno económicamente empobrecido y socialmente polarizado. Un país destinado a la chilenización, si se continúa ordeñando la vaca equivocada –para seguir con la imagen bovina– mientras se mantiene intocable y bien cercado el pequeño hato de vacas gordas, las que se dan sus bacanales en los “himalayas” (“vacas de Basán”, llamaba el profeta Amós a las élites opulentas de Samaria). Esa élite, como dice Arundy Roy, “que viaja a su destino, situado en algún lugar cercano a la cima del mundo, mientras los pobres han quedado atrapados en una espiral de delincuencia y de caos…”.
No voy a eximir a algunos, muy pocos, salarios y pensiones del sector público desproporcionadas –aunque a estas pensiones ya se les aplican deducciones que superan el porcentaje máximo establecido por la OIT del 55%–, pero omite usted referirse a quienes han venido sangrando el erario público haciendo negocios multimillonarios con el dinero suyo y mío y de todos los costarricenses, así como a los evasores y elusores que si se les cobraran los impuestos, como debe ser, ya hubiésemos salido del hueco fiscal en que nos encontramos.
Son estos sectores los que hace rato vienen haciendo fiesta en un mercado desregulado, culpa de gobiernos permisivos de mano blanda con los poderosos y dura con la clase media y los pobres, y nos están conduciendo a un país que ya no se puede calificar de renta media. Las políticas económicas, sesgadamente neoliberales, que se han venido impulsando están destruyendo la clase media, como lo reconociera recientemente la diputada liberacionista Karinne Niño en el Programa “La Hora que Ortiga”. Es inaudito que estemos transitando de una sociedad de clase media, herencia del Estados Social de Derecho, a una sociedad medieval de ricos y pordioseros.
Ya es hora de que se deje de proteger y hasta promover el gremialismo empresarial-financiero privado transnacional y nacional –la “dictadura de mercado”–, que hace clavos de oro en este país, mientras se golpea a la clase media y a los asalariados del sector público, a quienes se les trata como si fueran delincuentes o una escoria de la que la sociedad tiene que limpiarse. Pues, en lugar de castigar la elusión y la evasión de esos gremios, como el escandaloso caso de ALDESA con deudas al fisco de miles de millones, se les premia con amnistías. ¿Acaso no son esos gremios quienes le están “jalando el rabo a la ternera”?
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) le invita este próximo miércoles 20 de noviembre de 2019 a las 2 p.m. a los Diálogos Críticos con la ciudadanía con el tema: «La desprotección de las personas menores de edad en las iglesias: consideraciones críticas».
Participan:
Kattia Isabel Castro Flores
Mariano Rosabal Coto
Moderación:
Dagoberto Núñez Picado, investigador del CICDE-UNED
El Rector a.i. Dr. Carlos Araya Leandro firmó los acuerdos en representación de la Administración de la UCR.
Hoy viernes 15 de noviembre de 2019, a las 7:30 a.m. se firmaron los acuerdos de negociación para dar por finalizado el cierre del edificio de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica por parte de estudiantes del Frente Autónomo Interuniversitario (FAI) EducArte.Lo acordado se da como resultado del diálogo y el respeto mutuo, en el marco del artículo 4 inciso h y artículo 218 bis del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.
Los acuerdos están refrendados por el señor Rector a.i. Dr. Carlos Araya Leandro, los miembros de la Comisión de Enlace designada por el Consejo Asesor de Facultad el pasado 25 de octubre, seis estudiantes en representación del FAI EducArte, y como testigo la señora Directora del Consejo Universitario Dra. Teresita Cordero Cordero, y el señor M.Sc. Walter Hilje Matamoros como representante del profesorado interino que estuvo presente en este proceso de negociación.
La entrega del edificio de la Facultad de Educación será el próximo lunes 18 de noviembre, a las 17:00 p.m. horas, una vez aplicado el protocolo institucional respectivo por parte de la Oficina de Servicios Generales y otras instancias pertinentes.
Los miembros de la Comisión de Enlace se mostraron satisfechos con los acuerdos alcanzados para que el edificio de la Facultad pueda ser entregado para su proceso de reapertura.
Entre los 16 acuerdos tomados por las partes se definió que ningún estudiante, funcionario, docente, o cualquier otra persona que haya participado de la toma del edificio, será objeto de represalias, o sujeto a procesos disciplinarios o sancionatorios. Se acordó también reprogramar actividades académicas y evaluativas, una vez transcurridos siete días de la toma del edificio, con el fin de propiciar espacios para la reflexión sobre los hechos que motivaron esta toma. Para ello se autoriza a representantes del FAI Educarte a ingresar a las aulas y se insta a los docentes para que informen y discutan sobre los hechos en sus clases.
Los acuerdos incluyen informar a la población estudiantil oportunamente sobre los procesos administrativos por los cuales se gestiona la apertura de cursos y aumento de cupos, para que la población estudiantil pueda dar sus aportes y apoyar el proceso ante la Vicerrectoría de Docencia, desde las Unidades Académicas que conforman la Facultad.
La totalidad de los acuerdos estarán publicados en las distintas páginas web y redes sociales de la Facultad de Educación y de cada una de las Unidades Académicas que la conforman, desde este 15 de noviembre.
