La lucha contra el Sida se debe dar, primero que nada, por medio de la prevención. Y en Costa Rica carecemos de tal cosa. Y, lo que es peor, lo poquísimo que en esa materia se hace invisibiliza a las poblaciones más vulnerables y en mayor grado afectadas. De ahí lo que estamos observando y tanto nos alarma: el creciente número de infecciones en muchachos jóvenes.
Pero, además, es importante enfatizar que no basta con el tratamiento médico. Son indispensables las redes de apoyo y acompañamiento. Reconocemos el meritorio esfuerzo que hace la Caja del Seguro Social, pero es preciso advertir que persisten grandes falencias, sobre todo cuando la enfermedad se entrevera con violentos prejuicios asociados a la orientación sexual y/o identidad de género. El estigma y el rechazo afectan gravemente la tranquilidad emocional de las personas, debilitan su adherencia los tratamientos y ponen en riesgo sus vidas. Urge generar respuestas institucionalizadas para atender y acompañar esos casos.
Los servicios de atención y de prevención se han privatizado parcialmente, a manos de una institucionalidad para-estatal, en parte sostenida por recursos de la cooperación externa, aunque en algunos casos también reciben fondos públicos. Hay dudas muy razonables sobre la eficacia de lo que se hace, y también denuncia de abusos, sobre todo en la atención a personas en estado de calle o que han sufrido el abandono por parte de sus propias familias, todo lo cual es muy preocupante.
Sigue existiendo discriminación en sitios de trabajo, espacios educativos y en muchos otros ámbitos. Es importantísimo sensibilizar a la población, fortalecer la educación en materia de derechos humanos y reforzar la legislación que proteja a estas personas.
Los asuntos pendientes en materia de lucha contra el sida en Costa Rica siguen siendo muy grandes. Ello impacta dolorosamente sobre la dignidad y la vida de muchas personas, algo que consideramos inadmisible.
Mantendremos una actitud vigilante y de denuncia frente a tales situaciones, siempre con la mejor disposición a colaborar y construir, y nuestra mano solidaria tendida hacia quienes lo necesitan.
Es obvio que la resolución de la Sala no se limitó a considerar aspectos jurídicos. También quisieron entrar en razones económicas, pero desde una fundamentación frágil e ideológicamente motivada, según se desprende de lo dicho por Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala.
Aducen que no hay afectación ni a las universidades públicas ni a programas sociales del PANI, FODESAF e IMAS, “…porque se mantiene el presupuesto nominal vigente al momento de la aprobación de la ley”. Imposible saber si esto es fruto de la ignorancia o sencillamente muestra de irresponsabilidad, pero el caso es que la Sala pasa por alto que congelar esos presupuestos en los montos de 2018, garantiza, de forma inexorable, la pérdida de su poder adquisitivo real. Bajo el efecto corrosivo de la inflación serán simplemente humo en el viento. Baste suponer una inflación anual del 2,5% para que la reducción en términos reales sea del -12% al cabo de 5 años, y superior al -22% luego de un decenio.
Además, la Sala recurre a la falacia de autoridad, lo cual pone entre signos de pregunta la seriedad con que acometió su tarea. Dicen reconocer“…que este país sufre una crisis severa”, para lo cual apelan a lo dicho por la Contraloría, el Banco Central y el IICE-UCR. Aquí lo que menos interesa es si la crisis existe o no. Es obvio que existe. Pero lo que se nos está diciendo es que la solución planteada oficialmente con base en el proyecto 20.580 es la correcta, la que Costa Rica requiere, y que ello es así porque lo dicen los expertos a cuya “autoridad” la Sala apela.
Es por completo inaceptable que un tribunal de tan alto nivel razone de forma tan sesgada. Una tesis no es veraz por el hecho de que lo diga una institución o persona en particular, por grande que fuere su prestigio o elevada su investidura. Lo que importa es la solidez teórica y argumental, y el respaldo empírico. Y, sea dicho con el debido respeto, lo cierto es que lo planteado por las tres mencionadas “autoridades” resulta, como mínimo, muy discutible. Y, de hecho, los últimos meses vieron desplegarse un intenso debate nacional que, aunque ignorado por la prensa comercial, dejó en claro una cosa: la propuesta oficial materializada en el proyecto 20.580 enfrenta serios cuestionamientos, muchos de los cuales jamás recibieron ninguna respuesta satisfactoria.
O sea, y en resumen: la Sala escuchó las voces que quiso escuchar, e ignoró las que podían incomodarla ideológicamente. Puede que tengan la potestad legal de hacerlo, pero desde el punto de vista del ejercicio democrático, su proceder es viciado. Razonaron y decidieron desde una lógica extrajurídica, tendenciosa, antidemocrática e ideológicamente interesada.
El 20.580: una falsa solución
Se nos repite que, en su aspecto propiamente tributario, la reforma es progresiva, o sea, que reparte las cargas de los nuevos impuestos en forma equitativa, poniendo el mayor peso en los sectores de más alto ingreso. Eso resulta sumamente discutible (véase mi artículo: Plan fiscal: ni justo ni progresivo).
Pero, además, es una reforma harto insuficiente. Como construir una casa de cartón para guarecerse de un furibundo huracán.
En una nota, tipo cuento de hadas y cargada de almibaradas promesas, La Nación se ve forzada a tragar, como quien no quiere la cosa, la siguiente gota de amargo realismo: “Se prevé que la reforma fiscal genere en 2019 un 0,57% del producto interno bruto; para ese año se proyecta un déficit de 7,9%”. O sea, y en el mejor de los casos (sumando las medidas de recorte que impulsa la Ministra Aguilar), tendríamos un déficit del 7%, o superior, como proporción del valor de la producción nacional (el Producto Interno Bruto, PIB). O sea: de magnitud relativa comparable, tal vez superior, a la de este año.
Con un déficit tan considerable, la deuda inevitablemente seguirá creciendo. Este año 2018 terminará en los alrededores del 54 o 55% del PIB. Para el año entrante, con tales previsiones acerca del déficit y el mediocre crecimiento de la economía, podría exceder del 60%. Que sea un poco menor o mayor depende del nivel de las tasas de interés. Muchos indicios apuntan que hacia ahí se mueve el gobierno: espera que, con esta ley en la mano, se le facilitará el acceso a financiamiento externo: primero unos $1.000 millonesprovenientes posiblemente del BID, y una posible emisión de $6 mil millones para los siguientes años. La apuesta es doble: tasas de interés algo más favorables a nivel internacional, y debilitar el chantaje por parte de quienes, a lo interno, presionan por tasas más altas.
De cualquier forma, el alivio que se logre será limitado: $1000 millones al año tan solo cubrirían una cuarta parte del total del déficit fiscal. Además, las tasas de interés que se obtengan no serán tan favorables como podría creerse: primero, porque la imagen internacional del país ha desmejorado y –más importante– porque el contexto internacional está en proceso de cambio, con tasas de interés al alza. Lo que se pueda reducir en los pagos por intereses será entonces muy poco o nada significativo. De modo inevitable, la deuda continuará su ruta ascendente. Es simplemente otra forma de tirar la bola para adelante, pero con un agravante: hablamos de deuda en moneda extranjera, lo que agranda eso que en la jerga usual llaman “riesgo cambiario”, es decir, el riesgo asociado a una posible devaluación que incrementaría, de golpe, el peso de la deuda y de sus pagos, para el gobierno costarricense.
He dicho y lo reitero aquí: bajo supuestos muy optimistas, podríamos esperar que la aprobación del proyecto 20.580 traiga un breve período de calma, quizá durante varios meses. No más que eso porque en muy poco tiempo se evidenciará que el problema sigue plenamente vivo y actuante. En ese contexto, todas las maniobras para obtener financiamiento externo, serán al modo de atajos. Proporcionarán un alivio leve, al costo de agudizar los peligros futuros.
PLN y gobierno PAC: «diálogo» de convencidos.
¿Qué sigue?
Siempre fue claro que el 20.580 no resolvía nada. En medio de sus poses milenaristas y sus discursos mesiánicos (“20.580 o apocalipsis”), el gobierno no podía dejar de reconocerlo, escudado tímidamente en el dicho “es un primer paso”. Siempre fueron omisos en el deber inexcusable de explicarle a la ciudadanía cuáles “pasos” seguían. Recién en los últimos días, levantan un poco el velo: aparte los ambiciosos planes de endeudamiento externo, se nos habla de profundizar lasreformas al empleo público. También, y de diversas formas insinúan (por ejemplo, en los pronunciamientos del Banco Central), una aplicación estricta de la “regla fiscal”.
Se profundizaría así un sendero que el 20.580 deja abierto: el de la precarización del empleo público, sin más criterio que la precarización misma, ya que no se plantea nada que pudiera significar un esfuerzo de mejoría sustantiva en aquello –que es mucho– que realmente lo requiere. Por su parte, la “regla” impondrá límites sobre programas sociales y recortes al gasto, con negativas consecuencias sociales y económicas, incluso un deterioro adicional de la economía y el empleo –ya bastante deteriorados, sobre todo el segundo– lo que, como el perro que se muerde la cola, repercutirá negativamente sobre las propias finanzas públicas.
Es una hoja de ruta que atiza el conflicto y la polarización social. Las élites políticas lo saben y ya intentan prevenirlo, mediante reformas draconianas a la legislación laboral, de un carácter tal que prácticamente anulan el derecho a huelga y limitan severamente el derecho a la protesta social. El tufito antidemocrático que despide el proyecto 20.580 (sobre todo, pero no exclusivamente, en el apartado de la regla fiscal), adquiere así contornos más nítidos.
Y, sin embargo, es posible que la alianza de las élites PAC-PUSC-PLN no quiera acometer reformas tan radicales como las que, por ejemplo, propone Eli Feinzaig, economista que ha asumido, con notable lucidez, el liderazgo del “libertarianismo” tico. Lo suyo es un programa de privatización, liberalización y desregulación en toda regla.
Si ya el programa neoliberal relativamente atenuado por el que optan Carlos Alvarado y sus aliados, comporta altos niveles de conflictividad, y por ello mismo requiere de un proceso de paulatino pero implacable empobrecimiento de la democracia, el de Feinzaig impondría exigencias mucho mayores en ese particular. No obstante lo cual, ambos comparten una misma estrategia política: avanzar a empujones y sin posibilidad de diálogo. Se “dialogará” entre “quienes opinen igual”, en cónclaves de convencidos, con profusión de palmaditas en la espalda y festivo intercambio de felicitaciones. Las voces disidentes jamás seremos escuchadas.
Pero una cosa es clarísima: la crisis va pa’largo, muuuy largo.
¿Cuándo es legal o no una huelga? ¿De qué depende que sea legítima? ¿Cuáles derechos se afectan y cuáles se defienden con ese tipo de medidas de presión? Mauricio Castro Méndez, abogado laboralista, docente e investigador en la UCR, nos ayuda a responder estas y otras preguntas mañana en Desayunos – Radio Universidad, conversando con Vilma Leandro Zúñiga y Eva Carazo Vargas. Les invitamos a escuchar el programa de 7 a 8 a.m. (con repetición a las 10 p.m.) por 96.7 FM y por radios.ucr.ac.cr.
Los alumnos de la UCR realizaron 10 prótesis personalizadas de alta calidad. Todas ellas ya fueron entregadas a pacientes de la Caja Costarricense del Seguro Social
Los estudiantes abordaron a pacientes con amputaciones de carácter transtibial -por abajo de la rodilla-y transfemoral -por arriba de la rodilla-.Muchas de estas condiciones fueron originadas por cáncer, problemas vasculares o accidentes de tránsito. Foto: Karla Richmond.
En el 2015, con tan solo 22 años, Róger Solano Rojas tuvo un accidente en motocicleta frente a un vehículo liviano. A él solo le faltaban 700 metros para llegar a su hogar. Cuando despertó en el hospital, una nueva realidad lo acompañaría. Róger había perdido parte de su pierna izquierda.
“Al abrir los ojos no sabía lo que había sucedido. Estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos y con una sábana a la mitad de mi cuerpo. Llegó el doctor y me explicó todo lo que había pasado. Estaba vivo de milagro”, relató.
La experiencia de Róger retrata tan solo una de las muchas historias que acompañan a los pacientes que están a la espera de una prótesis. Cada uno de ellos, con necesidades específicas según donde viven y el tipo de actividades que realizan.
Por este motivo, y por segundo año consecutivo, los estudiantes de Ortoprótesis y Ortopedia, de la Escuela de Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica (UCR), unieron esfuerzos para crear prótesis altamente especializadas que permitieran agilizar las listas de espera.
En total, fueron 18 jóvenes cuyo esfuerzo dio la posibilidad que 10 pacientes no aguardaran hasta el 2019 para recibir un aliado que mejorara su calidad de vida. Dicho aporte, gestado en coordinación con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), es una iniciativa que lleva por nombre “Sumando Pasos” y se engloba como parte del curso de “Ortoprótesis de Miembro Inferior”.
La alianza entre ambas instituciones busca que los alumnos fortalezcan sus conocimientos en el campo práctico mediante la atención directa de los pacientes, siempre bajo la supervisión docente, mientras al mismo tiempo apoyan y aceleran el proceso de atención que brinda la Caja.
En esta ocasión, los alumnos concretaron 10 prótesis que ya fueron entregadas a los pacientes. Si se contabiliza los aparatos dados en el 2016 y en el 2017, el resultado es de casi 30 piezas entregadas; todas ellas, elaboradas a partir de materiales de alta tecnología.
“En los sockets -componente que conecta el miembro residual o muñón con el resto de la prótesis-, se aplican materiales con un alto nivel tecnológico que puede ser en carbono o en diferentes plásticos como polietileno, polipropileno y polímero. Por su parte en los módulos -que unen el socket con el terminal del pie- se usan materiales especiales como el titanium y el aluminio, que otorgan mejores alineamientos para los pacientes”, afirmó el docente Gerardo Montoya Valverde.
El último Anuario Estadístico de Accidentes de Tránsito del Consejo de Seguridad Vial contabilizó 11 120 accidentes de tránsito en motocicleta en el 2016. De esta cifra, 1 327 resultaron heridos gravemente.
Más allá del hospital
Para lograr el desarrollo exitoso de las prótesis, los estudiantes llevaron a cabo todo un proceso de conceptualización, diseño y construcción que implicaba tener una gran cercanía con el paciente.
En esa etapa, los alumnos salieron del hospital y visitaron los hogares de los usuarios. Algunos, incluso, fueron hasta los lugares de trabajo. El único objetivo era desarrollar un instrumento acorde a las necesidades reales de los usuarios.
“Para realizar la prótesis, nosotros nos debemos basar en las recetas que da el doctor. Lo que pasa es que las indicaciones no siempre son acertadas y el médico a veces solicita un material que el paciente no necesita o que no le funciona adecuadamente. Por eso, en las visitas lo que hicimos fue medir las limitaciones del paciente, lo que podía o no podía hacer, para elaborar una prótesis que en verdad le fuera funcional. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que algunas personas debían subir muchas gradas, pasar por una calle con muchos huecos o subir una cuesta sin asfaltar”, dijo Irene Castro Lobo, estudiante de tercer año de la carrera.
Todas las prótesis de los estudiantes de la UCR fueron elaboradas en el Taller Nacional de Órtesis y Prótesis de la CCSS. “Cada vez más, en el taller estamos atendiendo a pacientes jóvenes por causa de accidentes en moto. Esto nos ha cambiado un poco el panorama de los pacientes que ahora tenemos”, indicó Gerardo Montoya, profesor de la UCR. Foto: Karla Richmond.
La diversidad de condiciones de salud, así como del entorno del paciente, hizo que algunos estudiantes realizaran hasta tres veces el socket.
“Uno se asombra de las condiciones en que las personas deben usar las prótesis. Cuesta mucho elaborar una prótesis y que el paciente se vaya de una vez con ella. Hay que hacer un socket de prueba para ver si lo acepta, si siente mucha presión o si no le gustó. En mi caso, el socket que hicimos al inicio no fue lo suficientemente bueno para soportar el peso del paciente todo el tiempo. Entonces, al final le tuvimos que hacer arreglos para adecuarla a sus funcionalidades”, manifestó Carlos Watson, también estudiante.
Esencia UCR
A nivel externo de la CCSS, una prótesis como las realizadas por los estudiantes de la UCR podría alcanzar un costo mínimo de ₡1 500 000. Las más especializadas superarían los ₡4 000 000. El precio final dependerá del nivel funcional de los pacientes.
En el caso de los jóvenes alumnos, ellos y ellas abordaron a personas con un alto nivel funcional quienes, por sus estilos de vida, poseen mayores exigencias. De igual forma, usaron materiales de gran durabilidad con un promedio de vida de hasta cinco años.
“Yo perdí mi pierna en 1991 por un desarreglo. Estaba calurosa y sumergí las piernas en la bañera. Cuando salí, mis pies no tenían movimiento. Sufrí siete operaciones y ya la última no pude. La primera prótesis que usé se amarraba alrededor del abdomen y la segunda fue peor. Ahora esta prótesis es súper práctica y hasta bailo con ella. El trato de los muchachos fue excelente, ellos tienen una gran paciencia”, señaló María Gabriela Meneses Hernández, una de las beneficiadas.
Para el próximo año, la actividad «Sumando Pasos» tomará un respiro, pues la UCR ejecutará una evaluación de la carrera a fin de aumentar la excelencia académica en la prepración de los estudiantes.Según Diana Fallas Rodríguez, Directora del Departamento de Otras Carreras, el proceso de revisión incentivará la mejora continua. También, se procurará instaurar un taller dentro de la universidad.
“La carrera de Ortoprótesis y Ortopedia es una profesión innovadora que está en constante cambio. Por eso, una de las responsabilidades de la UCR es hacer una revisión curricular cada cinco años que permita tener la carrera contextualizada y actualizada a nivel país y a nivel mundial” concluyó.
Con el apoyo de los Programas de Gestión Local y de Promoción Cultural de la Dirección de Extensión Universitaria UNED se llevara a cabo este fin de semana la Feria de Turismo Rural y Cultural de Los Santos.
Para más información con miembros del equipo organizador en la UNED: Susana Campo: 8543 9567 y Carolina Somarribas: 8866 7052.
La investigadora Helga Blanco recibió el premio de Acción Social Marí¬a Eugenia Dengo por su labor con pequeñas y pequeños productores para fortalecer la seguridad alimentaria en zonas vulnerables de Guanacaste. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Entre aplausos y aclamaciones, la docente e investigadora Helga Blanco Metzler de la Sede de Guanacaste recibió el premio “María Eugenia Dengo Obregón” por su labor y entrega en el ámbito de la Acción Social y el trabajo con comunidades de Guanacaste.
El galardón, entregado el pasado 28 de noviembre, pretende reconocer los esfuerzos del personal docente universitario por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones del país mediante proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica.
Este año se realizó la primera entrega del premio, que también da inicio a la conmemoración del 45 aniversario de la creación de la vicerrectoría y se le dedica a la memoria de su primera vicerrectora, la Licda. María Eugenia Dengo Obregón, impulsora del Trabajo Comunal Universitario y promotora de la trascendencia de la proyección externa y del concepto de extensión universitaria.
En el caso de Helga Blanco, su trabajo extrauniversitario como Entomóloga del Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos (CIPROC) y docente se ha centrado en el combate de plagas de la mano de agricultores guanacastecos, trabajo con mujeres y jefas de hogar en el cultivo de hortalizas y capacitación en temas como producción sostenible y sustitución de agroquímicos.
El jurado le otorgó una mención de honor a la docente y directora del Recinto de Guápiles, Rosa Julia Cerdas González, por su trabajo de gestión cultural y construcción de políticas públicas en la Comunidad de Pococí Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
“Este premio representa un compromiso para continuar con mi trabajo transmitiendo los conocimientos necesarios para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los grupos vulnerables de la zona rural y a la vez, aportar al desarrollo, prosperidad y bienestar de los agricultores, principalmente de los guanacastecos”, indicó Blanco durante su discurso de aceptación.
El trabajo de Blanco fue evaluado por un Jurado constituido por nueve integrantes de diferentes unidades académicas, sedes e instancias universitarias que tomaron en cuenta criterios como originalidad, innovación, trascendencia y el compromiso ético y social de las personas postuladas.
Esta primera entrega también coincidió con el año de la regionalización universitaria, por lo que los nominaciones se enfocaron en el área de sedes y recintos. Así lo explica la M.L.. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social, quien considera que el pensamiento de su predecesora María Eugenia Dengo, compagina perfectamente con esta visión debido al trabajo de Dengo en torno a la alfabetización de comunidades rurales, especialmente en Guanacaste.
“Este premio va a permanecer en la normativa universitaria a partir de este momento, por eso consideramos que es un hecho histórico para la Vicerrectoría de Acción Social”, reiteró Jiménez.
La Sra. Ana Isabel Vargas Dengo, hija de María Eugenia Dengo, estuvo presente en la actividad en la que se reconoció el trabajo de su madre Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La comisión del jurado también le otorgó una mención de honor a la docente y directora del Recinto de Guápiles de la UCR, Rosa Julia Cerdas González, por su trabajo de gestión cultural y construcción de políticas públicas en la Comunidad de Pococí (EC-240).
Para Rosa Julia, el intercambio con las comunidades y la creación de un nuevo conocimiento dicta el camino que deben tomar para brindar un adecuado acompañamiento.
“Para mí, la Acción Social es un área sustantiva de la universidad, es la que nos permite estar ubicados con la comunidad. Qué pasa en nuestro entorno, cómo nos vinculamos con los problemas que tiene nuestra sociedad y a la que también nos debemos. No solamente formamos por medio de la docencia, sino que la Acción social nos permite ese acercamiento, una búsqueda conjunta” rescata Cerdas.
En la entrega del galardón también participaron el rector de la Universidad, Dr. Henning Jensen Pennington y el presidente del Consejo Universitario, Dr.Rodrigo Carboni Méndez, así como familiares de doña María Eugenia, personal de la VAS y coordinadores de proyectos de Acción Social.
El premio se seguirá entregando en forma anual. En 2019 se recibirán postulaciones de docentes de Ciencias Básicas y Ciencias Sociales.
Esteban Hidalgo Pena
Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social
El Sol Brilla para Todos, que atiende a adultos con discapacidad, es una de las organizaciones beneficiadas con este TCU. Foto Grettel Rojas Vásquez.
El TCU Apoyo a Entidades Comunales de la Sede de Occidente permite que los estudiantes pongan sus conocimientos al servicio de organizaciones no lucrativas y que trabajen de la mano con diferentes poblaciones.
Según la profesora Jeannette Morales, encargada del proyecto, actualmente se está colaborando con organizaciones sociales como “El sol brilla para todos” (para personas adultas con discapacidad) y “Hogar diurno coraje y esperanza” en San Ramón, con la “Asociación de cuidados paliativos de Palmares”, y con el hogar de ancianos y la biblioteca pública de Atenas.
Morales explicó que este proyecto ofrece en primera instancia apoyo administrativo “estas organizaciones en general carecen de recurso humano, muchas veces solo están las juntas directivas y no tienen el sustento administrativo para poder ordenarse”.
Señaló que los estudiantes inscritos colaboran con la definición de planes estratégicos, reglamentos, procedimientos, ofrecen asesoría legal y les ayudan a conseguir recursos. En el área de informática se colabora con sistemas de información y con sistemas para llevar el control de activos fijos, ya que estas organizaciones reciben donaciones y ayudas pero no cuentan con los sistemas adecuados para registrarlos.
El proyecto también ofrece capacitaciones a funcionarios y a la población atendida y sus familias. Por ejemplo, los estudiantes ofrecerán talleres sobre la ley 7600 a funcionarios de “El sol brilla para todos” y a los beneficiarios y sus familias.
Karen Rojas Rojas, Directora del El Sol Brilla para todos, calificó de “gigantesco” el aporte que ofrecen los estudiantes por medio del trabajo comunal.
“Ahorita nos están ayudando con la promoción de la institución, con una página web y con talleres de psicología, son apoyos muy importantes porque son herramientas que nosotros no tenemos y es una forma de aprovechar el recurso”.
Los estudiantes inscritos también tienen la oportunidad de participar en actividades recreativas, lo que les permite interactuar con los beneficiarios.
Frida Xirinachs, estudiante de Informática Empresarial, está inscrita en este de TCU. Ella señala que su proyecto principal lo desarrolla con el “Hogar diurno coraje y esperanza”, organización con la que trabaja en la elaboración de una base de datos que permitirá registrar la cantidad de adultos mayores que tiene el distrito de San Juan de San Ramón, dicha base es un requisito solicitado por el IMAS a estas organizaciones para subir de categoría.
Además, Frida colabora con actividades recreativas que se realizan en diferentes organizaciones. “Me gusta mucho el TCU, me permite relacionarme con las personas beneficiadas y con los compañeros. Con el TCU he aprendido a mejorar la comunicación para trabajar con diferentes tipos de poblaciones”.
Frida considera que este tipo de proyectos le ayudan a tener un conocimiento integral de la sociedad, ya que muchas veces los estudiantes de Informática Empresarial trabajan en proyectos que requieren poca interacción social.
Proyectos trabajan en Guácimo, Nandayure, Golfito y Ostional entre otras comunidades
Grupo de mujeres de Coopemolus Chomes reciben taller sobre mercadeo y turismo comunitario, como parte del trabajo del TC-491. Foto de Luis Castro.
Comunidades de Guácimo, Nandayure, Golfito, Ostional, Chomes, Nandayure y Zarcero, entre otras, implementan actividades socioeconómicas rentables y emprendimientos con enfoque de economía social solidaria y gestión cultural con el apoyo de proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU) de las Escuelas de Administración Pública y de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Desarrollo sostenible: emprendimiento y economía social solidaria (TC-491) y Producción cultural y emprendimiento en las comunidades (TC-712) son dos proyectos de Acción Social que tienen como elemento en común el trabajo en conjunto con comunidades para el emprendimiento de negocios exitosos y la articulación de agentes culturales que promuevan y administren con éxito la producción cultural.
Acompañamiento a iniciativas de economía social
El proyecto TC-491 inició hace dos años para fortalecer actividades socioeconómicas de organizaciones, instituciones o grupos de personas. Según Georgenella Barboza, coordinadora del TCU, “la idea es acompañar a diferentes iniciativas de economía social que ayudan a personas que no tienen nivel académico en el uso de herramientas de Excel, vocabulario básico en Inglés y cómo mercadear su negocio”.
Mediante el trabajo interdisciplinario colaborativo, este proyecto genera conciencia social en la población estudiantil por medio del contacto de las y los estudiantes con personas de diferentes comunidades de Limón, Alajuela, Puntarenas, Guanacaste y sus realidades de vida.
Luis Castro, estudiante de Administración Aduanera y Comercio Exterior formó parte de este TCU y recordó cómo el proyecto apoyó a grupos de mujeres molusqueras en Chomes, Puntarenas en el proceso legalización e inscripción de sus negocios y promoción turística. “Se trabaja en el empoderamiento, liderazgo, la comunicación asertiva, trabajo en equipo y manejo de herramientas en informática, entre otras. Desde cómo utilizar el facebook, administrar la página web, técnicas de mercadeo”, mencionó.
Las y los estudiantes trabajan en conjunto con las comunidades, a partir de sus propias necesidades. En este proceso, no solo se comparten los aprendizajes académicos, sino que se adquieren conocimientos de las poblaciones y grupos con los que se articula.
Según Melany Valverde, estudiante de Administración Aduanera “[aprendió] sobre el procesamiento del arroz y cómo los productores en Nandayure no posee herramientas básicas de comercialización, contabilidad, ni apoyo en mantenimiento de maquinaria o en liderazgo”. Valverde destaca la capacidad de los arroceros de luchar y fortalecer nexos comunitarios con instituciones estatales como el INDER.
En el TC-712 las comunidades indígenas comparten saberes y generan vínculos e identidad. Foto: cortesía del proyecto.
Emprendimiento, cultura y desarrollo
El proyecto TC-712 busca formar agentes culturales capaces de promover y gestionar la producción cultural en las comunidades Golfito, Ostional, Guápiles y Buenos Aires. Según Xiomara Zuñiga, responsable de esta iniciativa, “el objetivo de este TCU es generar emprendimientos en las comunidades desde la cultura”. La idea es formar agentes culturales en las comunidades, que sean capaces de promover y administrar la producción cultural.
Por medio del TCU se desarrollan 4 líneas de trabajo que se fortalecen desde la gestión cultural: deporte, rescate cultural, biodiversidad y cultivos orgánicos.
Por ejemplo, en la comunidad de Salitre, Buenos Aires se ha trabajado con una red de mujeres para recolectar y reciclar la basura en un centro de acopio, que les permita generar ingresos económicos. Además se trabaja en un proyecto que incentiva el fútbol femenino y se brindan talleres de arcilla.
Por su parte, las asociaciones Bribri Pat y Bribri Pa Kaneblo trabajan en el rescate cultural por medio de talleres música, diseño para red de mujeres, emprendimiento, empoderamiento de las mujeres que trabajan la cerámica y el tratamiento de las arcillas como parte de la cultura y de la memoria colectiva. Este tipo de iniciativas busca trabajar la identidad cultural en el territorio indígena de Salitre.
Otra red de personas en Salitre incentiva cultivos orgánicos con huertas comunitarias y trabajan productos para elaborar abonos orgánicos. “ Las lideresas involucradas son personas claves que comparten saberes y generan vínculos entre estudiantes y comunidades para solucionar los problemas que afectan a los pobladores”, agregó Xiomara Zuñiga.
