Las recientes noticias sobre el informe técnico de la OIT, sobre aparentes fallas metodológicas en el informe actuarial que hiciera la Escuela de Matemáticas de la UCR sobre el estado financiero del IVM, han dejado una gran estela de dudas al respecto de nuestro conocimiento real sobre la situación del mayor sistema de pensiones del país.
Todo esto ha puesto en evidencia que, o bien se han tomado decisiones sustentadas en información errónea, cargando en las personas trabajadoras la responsabilidad de dar sostenibilidad a un sistema aparentemente en vías de quebrar -tal como la medida de aumentar la cuota obrera en un 1%-; o bien se han tomado decisiones manipuladas por información cuyo objetivo era mostrar un sistema de pensiones al borde del colapso, para favorecer las agendas políticas de los enemigos de la seguridad social.
Tras analizar este informe técnico de la OIT se puede interpretar que se sobredimensionó la población con derecho a pensionarse en las proyecciones futuras, así como el monto de los derechos de pensión que se tendrían que pagar, como señala la Nota Técnica de la OIT, estaríamos en presencia de un serio problema de transparencia, si fuera intencional sería un intento de ocultar la realidad y defraudar a la clase trabajadora, si fuera un error sería irresponsable de parte de la CCSS pagar por un informe con semejantes deficiencias.
En cualquiera de los casos, los señalamientos de la OIT sobre el informe actuarial de la UCR son muy graves y ponen al descubierto que la anunciada catástrofe del IVM -que motivó acciones apresuradas que enturbian el diálogo social necesario para la mejora de todo el sistema de la CCSS- no es tal, y que debe estudiarse a profundidad la situación para buscar soluciones reales, que no se alejen de la ruta de la solidaridad social.
Lo cierto es que el país requiere, con urgencia, conocer el estado actual de su principal sistema de pensiones, señalando con claridad tanto las causas de su situación, como las dimensiones precisas de los problemas financieros y de sostenibilidad que tiene. Sin esta información es irresponsable tomar medidas que sólo ocultan los verdaderos peligros a los que se enfrenta el IVM y nos expone más a su debilitamiento.
Las nuevas generaciones no merecen vivir con la incertidumbre sobre su futuro y el pueblo, que ha construido con esmero a lo largo de más de 74 años, este pilar de la solidaridad y la justicia social, no merece verlo desplomarse o desaparecer con respuestas individualistas de privatización o deteriorarse al punto de no poder dar pensiones dignas a la clase trabajadora del país.
Sabemos perfectamente que ha habido un constante ataque a todas las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho, y no podemos obviar que la CCSS y su sistema de pensiones han sido también blanco de esa ofensiva neoliberal. Desde finales del siglo pasado se identificaron grandes problemas de gestión, decisiones financieras y administrativas equivocadas tomadas por los poderes políticos que se expresan en su Junta Directiva, de las cuales aún esperan juicio 14 personas en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Para el SEC es claro que no puede concentrarse toda la problemática del IVM en el factor del cambio de la pirámide demográfica del país. Para nutrir el diálogo social que busque la mejora del sistema debe señalarse con rigurosidad el impacto de:
Los indebidos intereses de las aseguradoras privadas mezclándose con la seguridad social.
La gestión negligente en cuanto a la inversión de fondos, la pérdida de millones por no hacer valer su derecho al no pago de renta y el no cobro de morosidad, empresarial y estatal.
Del creciente deterioro de las condiciones laborales para la mayoría de la clase trabajadora con el crecimiento desmedido de población laborando en la informalidad.
Del abandono malintencionado del cobro del 15% de las utilidades de las instituciones públicas contempladas en el artículo 78 de La Ley de Protección al Trabajador.
De las decisiones políticas de los gobiernos de Oscar Arias en cuanto a la disminución de la contribución del Estado de 3.25% a tan solo 0.25%, que además se adeuda, la apertura de cientos de plazas sin justificación real, la promoción de aumento de montos de pensiones y pensiones adelantadas.
Como clase trabajadora tenemos mucho que decir, que proponer y que defender en cuanto al IVM, exigimos por ello información veraz, voluntad política y transparencia en el diálogo y en la toma de decisiones que afectan de forma tan sensible a todo el pueblo trabajador.
En nombre de las y los trabajadores de este país, exigimos que se desestime y detenga cuanto antes la medida de incremento del 1%, esto para evitar un deterioro mayor de las condiciones económicas y calidad de vida de la clase trabajadora. Lo anterior hasta que la OIT o cualquier otra entidad con competencia en el tema realice un nuevo estudio actuarial.
La Asociación Cultural El Guapinol nos comparte un repaso de lo que ha sido el trabajo de esta organización a lo largo de 24 años de contribuir a promover el desarrollo cultural en el Cantón de Belén e informarnos que han iniciado el camino que les lleva a celebrar con orgullo los 25 años de gestionar cultura en pro de la familia belemita.
El esfuerzo de la Asociación ha sido posible gracias al apoyo que reciben de muchas instancias, desde el gobierno local, unidad de cultura, asociaciones de desarrollo, directores y personal docente de los centros educativos públicos, padres de familia de alumnos de los cursos y talleres, instituciones públicas, instructores e instructoras que les colaboran, los asociados y una inmensa cantidad de voluntarios y amigos de la organización.
Parte del trabajo realizado por la Asociación Cultural El Guapinol se resume en las siguientes actividades:
Cofundadores del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica
15 ediciones gestionadas logrando poner en contacto a la población belemita con las letras de importantes poetas de Argentina, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Cuba, España, entre otros
Diversas actividades: talleres literarios, conversatorios con adultos mayores y organizaciones de mujeres, recitales de poesía y las presentaciones de libros de poetas nacionales e internacionales
El equipo dinamizador de la Red de Economía Social Solidaria (RedESS), invita al II Encuentro Nacional de RedESS, a celebrarse el 23 de Julio de 2017 en las instalaciones del ECMAR de la Universidad Nacional (UNA) en Punta Morales, Puntarenas.
A la actividad asistirán las organizaciones vinculadas a la red con que con las que se han estado trabajando en los diferentes territorios; también estarán presentes algunas personas cercanas de instituciones y otras organizaciones amigas de la red.
Según RedESS, el Encuentro será un punto de reunión para fortalecer lazos, descubrir nuevas perspectivas, facilitar dinámicas de coordinación y compartir experiencias de las distintas prácticas de la economía solidaria.
Es necesario confirmar la participación vía correo electrónico.
En I Foro Institucional 2017: Costa Rica reflexiona sobre tarea pendiente en materia de libertad de expresión, comunicación y democracia en un momento clave para el país
Gabriela Mayorga López y redacción ODI-UCR,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
En las puertas de entrada a la televisión digital la pregunta sobre qué tipo de televisión queremos, es ahora más pertinente que nunca. Costa Rica se despide de la TV por aire en un contexto de concentración mediática y derechos mermados en materia de expresión e información. – foto Karla Richmond.
¿Qué tipo de democracia tenemos en Costa Rica? Es una que crece con la crítica constructiva, que es inclusiva y deliberativa. No.
Por el contrario, la Dra. Nora Garita Bonilla, catedrática de la Escuela de Sociología, cree que se trata de una que no tolera el disenso, que no es deliberativa y que no muestra la exclusión. Afirma que hay prácticas de discriminación, exclusión y omisión que aplican los medios de comunicación y que ocultan que realmente vivimos en una sociedad atravesada por la desigualdad. En ese contexto Costa Rica dará el paso a la televisión digital.
Para analizar el tema, la Universidad de Costa Rica realizó del 6 al 28 de junio el I Foro Institucional del 2017 que se dedicó a la libertad de expresión, comunicación y democracia. En total se realizaron ocho mesas redondas que convocaron a más de 30 voces expertas y opiniones diversas que evidenciaron una realidad mediática deslucida y en deuda con la calidad democrática.
Los críticos foristas tuvieron el reto de mostrar opciones de ruta para construir opinión y activar acciones que fortalezcan la democracia costarricense, el foro fue un intento por hacer un alto en el camino y provocar una reflexión necesaria, para poder retomar tareas, ojalá en la dirección correcta.
El próximo 15 de diciembre, será el apagón analógico y nacerá la televisión digital (TVD), lo que supone el fin de la televisión por aire y la promesa de una mejora de la calidad de imagen y sonido, pero además este paso también debería garantizar pluralismo ideológico y diversidad cultural.
Sin embargo, la definición de un modelo televisivo depende más allá de la tecnología, de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Entonces la respuesta a la pregunta ¿Cuál televisión queremos en Costa Rica? hoy más que nunca es definitoria.
Concentración de medios y mala información
La concentración de medios en Costa Rica “es un tema complejo, políticamente muy delicado, casi intocable, pues los grandes empresas mediáticas tienen sus agentes y sus condicionantes y sus silencios también”, señaló en la apertura del Foro Institucional el Dr. Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional.
La voz del magistrado Cruz fue inaugural para el debate al cual se unieron investigaciones, datos y conclusiones: el sistema de medios de comunicación no es plural ni diverso, además es “excluyente, absolutamente comercial y discriminatorio” agregó la Lic. Giselle Boza, del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) de la UCR.
Para el 2016 la mayor concentración de las frecuencias en radio y televisión disponibles, la tiene la firma Representaciones Televisivas (Repretel) que posee ocho canales de televisión y 13 frecuencias de radio.
Además, la iglesia católica y otras cristianas, junto con dos firmas internacionales, Otoche SRL y The Worldwide University Network Radio concentran la mayor cantidad de frecuencias y canales.
El tema de la concentración de medios se agravaría en el momento que entre a funcionar la televisión digital en Costa Rica, pues este permite el aumento en la cantidad de canales de televisión disponible ¿A quién se los darán?
La M.Sc. Luisa Ochoa Chaves afirmó que los vacíos legales que presenta la actual “Ley de radio”, creada en 1954, impide que se reconozca la participación de los medios locales y comunitarios, mientras “permite el traspaso y venta de frecuencias”.
De momento, el plan nacional de asignación de frecuencias ofrece un permiso provisional experimental de prueba de televisión digital, esas mismas asignaciones funcionarán luego del paso a la televisión digital, según explicó el investigador del Prosic-UCR Roberto Cruz Romero.
Falsa conciencia: es cuando conscientemente se ofrece una interpretación errónea de la realidad.
Una misma voz en muchos canales supone un riesgo para la democracia, pues niega el derecho de libertad de expresión e información a quienes no tienen los medios para hablar. No garantizar un conjunto de medios de comunicación plural, sería debilitar la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en un país.
Empero por sobre la estructura mediática con la que convivimos a diario, la queja también es sobre la calidad del contenido que se nos ofrece. Al respecto la M.Sc. Carolina Carazo, comunicadora, docente e investigadora de la UCR recordó que los medios de comunicación construyen diariamente la realidad social y opinión pública al visibilizar ciertas realidades o actores en su agenda de contenidos.
Estas coberturas noticiosas responden de forma permanente a los intereses económicos y políticos de los medios de comunicación, pero lejos de plantear posturas editoriales claras, aprovechan su credibilidad para legitimar tratamientos intencionados frente a las audiencias.
Lo anterior es aun más grave en el contexto de las campañas electorales. El M.Sc. Fernando Zeledón afirmó que los medios de comunicación apuestan cada vez más por el desarrollo de un “tratamiento marginal de la política”.
Zeledón lamentó que lejos de desarrollar un debate profundo de las propuestas que realiza cada partido político, las agendas de los medios de comunicación reproducen “lo que dice la gente de lo que se debate, más que lo debatido”.
En general la omisión y exclusión de ciertos temas y actores de la agenda informativa costarricense preocupa a académicos.
“Muy a menudo lo más importante que dicen los medios es lo que no dicen” señaló el Dr. Carlos Sandoval García, académico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigador, con esta frase lanzó la llamada de atención para hacer una lectura crítica de la agenda informativa de los medios y su impacto en la construcción del espacio público y el ejercicio de la democracia.
Además recordó otros usos y tratamientos informativos como la distorsión deliberada de ideas y conceptos, la banalización de los hechos, el aumento del infoentretenimiento y la falsa conciencia.
Todo lo anterior se replica en las plataformas tradicionales y en las digitales, donde aprovechando su credibilidad se favorece la viralización de ese discurso.
Falsa conciencia: es cuando conscientemente se ofrece una interpretación errónea de la realidad.
UCR pide proteger el derecho a la libre expresión
Además del paso a la TV digital y la distribución de frecuencias, la Universidad de Costa Rica abordó el tema del derecho a la libre expresión, comunicación y democracia; también para evidenciar debilidades en el sistema costarricense que deben ser atendidas.
A la ciudadanía, el I Foro Institucional UCR 2017 advirtió que el derecho a la libertad de expresión no se circunscribe únicamente a la emisión de opinión o pensamiento, también comprende manifestaciones artísticas, libertad de manifestaciones de cariño en público o privado (referido a comunidad LGBTI), colegiatura obligatoria o no para emitir criterio, la posibilidad de exigir a los medios derechos de respuesta, el derecho de libre expresión de los mismos periodistas dentro de los propios medios donde trabajan, protesta social, derechos de los ciudadanos frente a la publicidad engañosa y educación sexual distinta a concepciones religiosas.
Ese fue el criterio de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de la República y coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, quien abordó el tema del entorno legal y la jurisprudencia de la libertad de expresión en Costa Rica.
Banalización: se comete cuando un tema que es trascendente se trivializa. Sucede cuando se le dan cualidades humanas a los objetos. Ejemplo tomado de la presentación del académico Carlos Sandoval García sobre «Causas y formas de discriminación y exclusión social en las agendas de los medios» En la imagen: anuncio de vehículo en prensa escrita de la marca Isuzu indica «Llegó el semental, el del pelo en pecho, el que no pide permiso, el mal amansado, llegó papi».
El girasol se voltea hacia la luz
Es necesario crear espacios para la libertad de pensamiento por medio de políticas públicas que promuevan el pensamiento crítico y una “ciudadanía de personas, no de individuos”, concluía el Magistrado Fernando Cruz.
Luego de ocho mesas redondas y 30 voces expertas, entre investigadores, docentes, invitados de la empresa privada y Gobierno, quedó claro que el marco jurídico costarricense referido a la libertad de expresión y comunicación, debe robustecerse para propiciar el pluralismo, la diversidad de actores, evitar la concentración de medios y dar espacios a medios comerciales, comunitarios y públicos.
También, como generadores todos de contenido en la sociedad de la información y el conocimiento, la academia pide reflexionar sobre la democracia que queremos y el rol de los medios en esta construcción. Así como cuestionar si las redes sociales realmente son la vía de expresión ciudadana democrática o si por el contrario, están jugando como factores de desmovilización social.
“No percibo ninguna voluntad política para tener esa nueva ley de medios, y no la percibo ni en la Asamblea Legislativa ni en el Poder Ejecutivo” con esas palabras el pasado 28 de junio el rector Henning Jensen Pennington señaló la apatía política para reformar la Ley de Radio que data de 1954 – cuando en Costa Rica aún no existían siquiera las televisoras –, y sigue siendo la única normativa que regula el funcionamiento de medios de comunicación en el país y que tiene grande vacíos.
Al cerrar el I Foro Institucional del 2017 queda en claro que: hay necesidad de crear políticas públicas que promuevan el pensamiento crítico; que se debe reforzar la legislación que regula el derecho de expresión e información, especialmente en el contexto del paso a la TV digital y la distribución de frecuencias; que es importante que la ciudadanía sea vigilante y garante de sus derechos frente a la agenda mediática, el sistema educativo, la represión de la protesta y otros casos.
La Universidad de Costa Rica realiza desde el 2009 los foros institucionales que abordan temas en los que la universidad considera necesario abrir un espacio de reflexión para abordar temas nacionales que ameritan una pausa.
Cada año la UCR realiza dos espacios de este tipo y ha abordado temas como: funcionamiento del Estado para un desarrollo con equidad, la Universidad de Costa Rica como aporte al Estado Social de Derecho, planificación del recurso hídrico, el desarrollo eléctrico en Costa Rica, fortalecimiento del sistema educativo y cómo se dibuja el futuro de Costa Rica, entre otros.
Municipalidades capacitadas para desarrollar planes viales de conservación y desarrollo en Costa Rica
El 26 de junio de 2017 se llevó a cabo el acto de graduación de 126 funcionarios municipales, los cuales desde octubre del 2015 a marzo de 2017 fueron capacitados en el proceso de formulación de los Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo (PVQCD), con un horizonte a cinco años.
De esta manera, el “Programa Modular de Acciones Educativas para la Formulación de Planes de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal” ha sido administrado por la Dirección de Gestión Municipal del MOPT, asesorado por la Cooperación Alemana-GIZ y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La formación de los representantes de las Municipalidades estuvo a cargo de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS-UNA) y del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR).
En este acto de graduación se contó en la mesa principal con la participación del Ing. Ariel Vega, Director de la División de Obras Públicas del MOPT, la Máster Auxiliadora Cascante, Asesora en Desarrollo de Capacidades de la Cooperación Alemana GIZ, el Dr. Gerardo Jiménez, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el Máster Miguel Céspedes, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social y el señor Enrique Joseph Jackson de la Municipalidad de Talamanca e integrante del grupo de Graduandos.
Sr. Joseph Jackson, promotor municipal, representantes graduandos.
Joseph Jackson, en representación de los graduandos, reconoció en su calidad de promotor municipal la necesidad de un proyecto de ésta índole, que viene a brindar herramientas asertivas a 40 municipalidades, para abordar una problemática presente en todo el país.
Auditorio Clodomiro Picado, Universidad Nacional, Campus Omar Dengo, Heredia.
Agregó Jakson que este proceso les permitió el crecimiento en conocimiento y aprendizaje que hubo en distintos sectores, en especial el sector comunal.
Máster Miguel Céspedes Araya, Director EPPS-UNA.
El Máster Miguel Céspedes Araya, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, se mostró muy satisfecho con el trabajo que se ha realizado en conjunto, expresó que «para la Universidad Nacional estos proyectos son de suma importancia, porque es a través de ellos como se logra plasmar el verdadero sentido de la UNA: «la universidad necesaria», que es y será siempre una institución, que promueve proyectos y acciones de investigación, extensión y docencia para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, las personas y las organizaciones”.
Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, UNA.
El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Gerardo Jiménez, reconoció la importancia y la dificultad que implicaba llevar a cabo este proyecto, comentó que era de grandes dimensiones y la temática no era sencilla: “Se utilizó una metodología de aprender haciendo y de forma participativa. Con la participación de tantos actores es claro el ejemplo de un trabajo interdisciplinario”, acotó el Decano.
Máster Auxiliadora Cascante, asesora y representante de la Cooperación Alemana GIZ.
La Máster Auxiliadora Cascante, Asesora y representante de la Cooperación Alemana GIZ, resaltó el papel de cada parte de este proyecto: “como agencia de cooperación la retroalimentación es esencial para su crecimiento y aprendizaje. Afirmó Cascante que es necesaria la coordinación con los Concejos Municipales de cada cantón involucrado, a fin de implementar estos planes de gestión vial en los que tanto esmero y esfuerzo se ha invertido.
Ing Ariel Vega, Director de la División de Obras Públicas del MOPT.
El Ing. Ariel Vega, Director de la División de Obras Públicas del MOPT, destacó la particularidad de este programa y el importante apoyo del Programa BID Cantonal para las municipalidades. Al respecto indicó: “no hay uno comparable; principalmente en la participación comunal- parte esencial de este proyecto y del trabajo inter institucional, UNA- por medio de la Escuela de Promoción y Planificación Social, la Universidad de Costa Rica con el aporte de Lanamme, la agencia de Cooperación GIZ, el BID y el MOPT”.
Resaltó el Ing. Vega que este programa abarca elementos de urgencia nacional y de interés de todos, como es el ámbito socioeconómico, que está totalmente ligado a los caminos, lo que posibilitará un aumento y una mejoría en las actividades turísticas y comerciales de los diferentes cantones.
Máster José Ángel Castro Granados, Coordinador Proyecto por EPPS-UNA.
El Máster José Ángel Castro Granados y la Master Alejandra Ávila, Coordinadores del Proyecto por parte de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, coinciden en que este proyecto ha sido estratégico por tratarse de un tema prioritario para el país: “Se logró la participación conjunta de instituciones, organizaciones y la comunidad en la atención de temas y necesidades preponderantes de la agenda nacional”.
El académico Castro agregó, que el proyecto permitió acompañar a cuarenta gobiernos locales que cuentan con personal especializado, funcionarios que se comprometieron a formular, ejecutar y dar seguimiento a Planes Viales de Conservación y Desarrollo: “ La Escuela de Planificación y Promoción Social, bajo su enfoque multi e interdisciplinario, facilitó procesos para el fortalecimiento de capacidades a través de los cuales los beneficiarios logren transformar la realidad por medio de su propia gestión del desarrollo en temas tan importantes como la gestión vial.» Comentó Castro.
Máster Alejandra Ávila, Coordinadora del Programa CAMBIOS, donde se organizó por la EPPS todo el proceso de capacitación.
La Máster Alejandra Ávila reconoció el gran esfuerzo de los 126 funcionarios y funcionarias municipales que lograron terminar el proceso de formación y reiteró la felicitación a los representantes municipales por su compromiso, entrega, sacrificio, solidaridad e interés por el progreso de sus cantones y de las poblaciones de dichas comunidades.
Máster Luis Fernando Morales, Sub Director de la EPPS.
Este es el verdadero logro para las instituciones participantes por su aporte al desarrollo social y económico del país, por consiguiente, hay que reconocerlo y mencionar también la visión de los Consejos Municipales y Alcaldías en procurar el desarrollo y la conservación, comentó el Sub Director de la EPPS- Máster Luis Fernando Morales, quien acotó la pertinencia en la generación de capacidades las cuales se traducirán en autogestión y desarrollo local.
Máster Carlos Campos, Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal de Lanamme UCR.
El Máster Carlos Campos, Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal de LanammeUCR, resaltó la importancia del papel de la academia en estos procesos, pues existe una gran responsabilidad para con la población y las comunidades. Señaló que esta experiencia de trabajo conjunto EPPS-UNA y Lanamme UCR, en la cual se combinan diferentes experiencias, visiones y saberes de una manera integral, ha generado resultados muy satisfactorios: “Contar con este grupo de Municipalidades formadas en gestión vial es sumamente valioso, en momentos en que el país requiere fortalecer la planificación a todo nivel” indicó el representante de Lanamme.
Lic. Marvin Cordero Soto, Director de Gestión Municipal del MOPT.
El Lic. Marvin Cordero Soto, Director de Gestión Municipal del MOPT, destacó que una de las necesidades más grandes de las municipalidades es enseñarles a planificar mejor, por ello, reconoció el acierto de contar con la Escuela de Planificación y Promoción de la UNA para coordinar este proyecto.
Explicó que gracias al préstamo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se implementó hace tres años un proyecto de fortalecimiento municipal, para el manejo de más recursos de inversión para la Red Vial Cantonal: “ Las personas responsable de este proceso de planificación vial cuentan ahora con un conjunto de procedimientos, herramientas y recomendaciones para que puedan aplicarlas a la hora elaborar un plan de gestión vial, incluyendo los componentes de desarrollo, conservación y seguridad con estrategias e indicadores apropiados para el seguimiento y la respectiva evaluación:” concluyó el Director de Gestión Municipal del MOPT.
Para finalizar el acto se hizo entrega del diploma a cada uno de los graduandos, quienes subieron al escenario acompañados por sus alcaldes y representantes de las autoridades municipales.
Parte del equipo de profesionales que compartieron la experiencia de trabajar junto a las municipalidades e instituciones organizadoras.
Las partes que llevaron adelante el proyecto, coinciden que ante todo ha sido una experiencia grata trabajar en conjunto, se han logrado combinar diferentes experiencias, visiones, saberes para de una manera integral poder apoyar a las municipalidades: “Hemos quedado muy satisfechos, creemos que es la mejor manera de trabajar. Creemos que la academia tiene una gran responsabilidad con la población y las comunidades y este es un mecanismo ideal para suplir”.
Tener a 40 municipalidades formadas en este tema es muy valioso para poder planificar con sentido de responsabilidad.
Efraín Cavallini Acuña
Académico EPPS-UNA
Dayanne Nájera Matarrita-
Estudiante RI-UNA
Fotografía:
Eliécer Berrocal Sánchez
Ofic. Relaciones Públicas-UNA
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Mediante talleres de gestión del riesgo, las familias y sus comunidades fortalecen sus capacidades organizativas para identificar sus riesgos y lograr una estructura sólida para futuras emergencias.
Decenas de familias afectadas por el Huracán Otto fueron acompañadas de forma sistemática durante todo el primer semestre del presente año por parte de docentes y estudiantes de diferentes disciplinas de la Universidad de Costa Rica.
Bajo la coordinación de la Vicerrectoría de Acción Social, grupos interdisciplinarios realizaron giras mensuales para asesorar a las familias y personal de instituciones que sufren aún, las consecuencias de la emergencia.
Jessenia Solís, de la comunidad de Pueblo Nuevo de Upala, señala que la UCR los apoyó a nivel psicológico para sobrellevar el devastador impacto de la emergencia y enseñarles a elaborar planes de emergencia a nivel comunal y familiar para estar preparados ante una nueva emergencia.
La UCR puso en marcha un Plan Maestro de intervención para apoyar los procesos de recuperación de Upala mediante varios ejes estratégicos de acción, entre ellos, el fortalecimiento de capacidades para la gestión integral del riesgo, la facilitación de procesos de divulgación y comunicación, la gestión de las microcuencas, la recuperación de la Salud Integral y la dinamización de la economía Social solidaria, agricultura Familiar, seguridad alimentaria y nutricional.
Un grupo de estudiantes del Módulo de Psicología en los procesos comunitarios de las sedes Rodrigo Facio y Occidente (San Ramón) concluyó un proceso de capacitación con familias de 8 comunidades.
Los ejes de acción son el resultado de un proceso de diagnóstico participativo, donde se identificaron necesidades concretas como fue el fortalecer sus capacidades organizativas para que aprendieran a identificar sus riesgos y se lograra una estructura organizativa sólida para futuras emergencias.
El tema fue abordado mediante talleres mensuales y se brindó adicionalmente apoyo psicológico con la colaboración de estudiantes del Módulo de Psicología en los procesos comunitarios de la sede Rodrigo Facio y la Sede Regional de Occidente de San Ramón.
Además, se generó una metodología de trabajo de intervención en crisis a las familias más afectadas, realizando visita casa por casa para el manejo adecuado del duelo, la pérdida, la ansiedad, entre otros aspectos.
Otro de los ejes de trabajo fue la intervención con 41 familias concretas que, aunque sufrieron pérdidas importantes, no califican para la ayuda gubernamental. Mediante varios instrumentos, se ha generado información que orientará a las instituciones de gobierno a visibilizar las características de dichas familias y encontrar soluciones a sus necesidades concretas.
Con una amplia participación de hombres, mujeres, niños y niñas de 8 comunidades, la UCR generó talleres de capacitación y sensibilización. Los talleres se llevaron a cabo en Bijagua y San José de Upala.
Apoyar a quien apoya
De acuerdo con la psicóloga de la UCR, Lorena Sáenz Segreda, coordinadora de la Brigada de Atención Psicosocial, otra de las tareas fue el proceso de acompañamiento a los funcionarios públicos que fueron impactados por la emergencia. Ante esta situación, se realizó un trabajo para su pronta recuperación y elevar así, la capacidad de respuesta institucional.
El objetivo de este proceso fue empoderar a las instituciones brindando atención psicosocial para que se insertaran rápidamente en le proceso de recuperación con una visión más social y humana del problema y al fortalecimiento de las redes de apoyo grupal.
Este proceso de intervención aunado a la estrategia de la primera intervención en crisis de las familias duró un mes y medio y culminó con un pasacalles que se denominó “Upala con las botas puestas, construye esperanza”.
La tarea continúa
El fortalecimiento de la estrategia de salud mental comunitaria continuará en el segundo semestre del año por parte de la Brigada ya que hay muchas personas afectadas y en el cantón no se cuenta con servicios de salud especializados que garanticen a la población un tratamiento diferenciado para niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores, entre otros.
Sáenz puntualiza que la vulnerabilidad es diferente para cada sector. Además, es importante destacar que aunado al drama que trae consigo una emergencia hay elementos que agudizan las situación como son las condiciones transfronterizas, interculturales, entre otros aspectos, que particularizan el manejo de recuperación.
Orientar a las familias para enfrentar los nuevos desafíos que surgen post emergencia es una tarea que la UCR asumió para apoyar a a las autoridades de gobierno y elevar las capacidades tanto instituciones como familiares y comunitarias.
Las personas reportan, por ejemplo, un desconocimiento del riesgo actual ya que la emergencia impactó el espacio temporal. Algunos agricultores indican que ahora desconocen donde y qué sembrar porque el ambiente cambió.
Por ello, se continuará el proceso de intervención en cuanto a la asesoramiento técnico en agricultura solidaria y generación de empleo. Asimismo, la evaluación geológica e estructural de las condiciones de riesgo de sus viviendas y sus parcelas con el apoyo de profesionales de las Escuelas de Geografía, Ingeniería y Geología.
Este domingo inicia la VII Conferencia de la Vía Campesina
Minga Informativa de Movimientos Sociales
El País Vasco será la sede, del 16 al 24 de julio, de la VII Conferencia Internacional de la Vía Campesina. Bajo el lema “¡Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo!”, representantes de las organizaciones del campo llegarán de los distintos continentes del mundo.
Los tres primeros días serán dedicados a las Asamblea de Jóvenes y de Mujeres, y a partir del día 19 inicia la Conferencia. Se dará un enfoque particular a temas como: el impacto de los TLCs sobre la Soberanía Alimentaria, la Captura Corporativa y protección a través de patentes de las semillas, la criminalización del movimiento e incluso el asesinato de líderes, soluciones campesinas frente al cambio climático y las escuelas de agroecología como una forma de ejercer la Soberanía Alimentaria en los territorios. También se realizarán eventos abiertos al público y una marcha que terminará con un acto político público en Bilbao.
Vía Campesina agrupa a cerca de 200 millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas, de todo el mundo. Con su VII Conferencia, apunta a avanzar en la lucha por la Soberanía Alimentaria, y a fortalecer su trabajo a favor de los derechos campesinos, así como por la paz y la justicia. La Conferencia, que se celebra cada 4 años, constituye la máxima instancia para realizar debates internos y acordar estrategias colectivas, en la búsqueda de justicia y dignidad para el campo. La primera Conferencia se realizó en Bélgica, en 1993.
Sala declara parcialmente con lugar amparo contra la política uso justo de Internet móvil pospago
Por sentencia 2017-11212 de las 12:15 hrs. del 14 de julio de 2017, la Sala Constitucional, por mayoría (Cruz Castro, Castillo Víquez, Rueda Leal-como magistrado ponente-, Salazar Alvarado y Pacheco Salazar), declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo 17-000191-0007-CO (al que se acumularon los recursos 17-003364-0007-CO y 17-4259-0007-CO), en el que varios recurrentes cuestionaron la política de uso justo que contienen los contratos de los operadores de internet móvil pospago.
El por tanto, en lo que interesa, declara parcialmente con lugar el recurso solo en contra de la SUTEL y le ordena al Presidente del Consejo de ese órgano tomar las medidas necesarias para que en el plazo de CUATRO MESES con base en estudios técnicos:
1) Determine la velocidad mínima de conexión a Internet que servirá de base para la aplicación de la política de uso justo, a fin de que el usuario afectado por dicha política mantenga un acceso funcional a Internet.
2) Defina la periodicidad con que debe actualizar dicha velocidad por tratarse de un concepto dinámico que varía conforme avanza la diversidad de elementos tecnológicos que afectan a la Internet, como la riqueza de recursos (por ejemplo multimedia) que se ofrecen, los medios transmisión de datos, la capacidad de comprensión de datos, entre otros.
De previo, en el plazo improrrogable de UN MES a partir de la notificación de este pronunciamiento, la SUTEL deberá fijar técnicamente una velocidad mínima funcional provisional, que regirá mientras cumple a cabalidad lo ordenado anteriormente.
En tanto se determina la velocidad mínima funcional provisional, la SUTEL les permitirá a los operadores continuar aplicando sus respectivas velocidades mínimas de conexión a Internet, a fin de evitar que una repentina suspensión de la política de uso justo produzca efectos adversos en el tráfico en la Internet móvil.
Transcurrido ya sea el plazo de un mes sin que la SUTEL haya definido técnicamente dicha velocidad mínima funcional provisional, o bien el plazo de cuatro meses sin que ese órgano haya cumplido a cabalidad lo supra ordenado, se suspenderá la aplicación de la política de uso justo.
Los Magistrados Cruz Castro y Castillo Víquez ponen notas separadas. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal adicionalmente declaran con lugar el recurso en cuanto a la audiencia pública por violación al derecho constitucional a la participación ciudadana. La Magistrada Hernández López y el Magistrado Hernández Gutiérrez salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso.
Algunas de las razones del voto de mayoría son las siguientes.
1) El acceso a la Internet no solo es un derecho fundamental por sí mismo, sino que también es una herramienta que potencia de manera incalculable el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el derecho a la información, a la transparencia en la gestión pública; a la libertad de expresión, o a la educación, entre muchos otros). De este modo, la Internet ha revolucionado la manera en que las personas se comunican y la información se transmite; de ahí que sea constitucionalmente relevante.
2) Dado que los recursos de las redes de Internet móvil son limitados, se justifica la aplicación de la política de uso justo a quienes hacen un uso extraordinario de él. Sin embargo, tal política no puede lesionar el mínimo irreductible de un derecho fundamental, también denominado contenido esencial. Esto último se ve afectado, cuando la velocidad de Internet móvil se reduce a un nivel tan bajo, que prácticamente vuelve ese recurso inutilizable o no funcional.
3) Por concernir directamente al contenido esencial de un derecho fundamental y con base en las propias funciones impuestas a la SUTEL, la Sala estima violatorio del derecho fundamental de acceso a la Internet, que ese órgano, en lugar de definir científicamente la velocidad mínima funcional que se debe aplicar en la política de uso justo (a fin de que el usuario afectado por dicha política mantenga un acceso funcional a la Internet móvil), más bien haya delegado tal definición en los operadores. Se aclara que la Sala no define cuál debe ser la velocidad mínima funcional por tratarse de una cuestión técnica ajena a la naturaleza sumaria del amparo. Lo que sí puntualiza es que solo compete a la SUTEL determinar tal velocidad.
4) Igualmente deviene violatorio del derecho fundamental de acceso a la Internet, que la SUTEL no haya definido con qué periodicidad se debe actualizar dicha velocidad mínima funcional, toda vez que se trata de un concepto dinámico que varía conforme avanza la diversidad de elementos tecnológicos que afectan a la Internet, como la riqueza de recursos (por ejemplo multimedia) que se ofrecen, los medios transmisión de datos, la capacidad de comprensión de datos, entre otros.
5) En la sentencia se aclara que la disminución de velocidad es un mecanismo de gestión de tráfico que pretende descongestionar la red, por lo que la política de uso justo únicamente puede ser aplicada cuando hay congestión.
6) Con base en el artículo 46 de la Constitución, la Sala enfatiza el derecho de los usuarios a contar con información suficiente y de calidad. Sería improcedente denominar un contrato de acceso a Internet como “ilimitado”, cuando dicho acceso en realidad se encuentra sometido a la política de uso justo, la cual constituye precisamente un límite al acceso (por ejemplo, al permitir una disminución de la velocidad de navegación en ciertas circunstancias).
La Magistrada Hernández López y el Magistrado Hernández Gutiérrez salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de tecnologia.uncomo.com
La incapacidad manifiesta de algunas gentes, para distinguir la realidad de la ficción, los deseos de que ocurra algo frente al hecho de su mera inexistencia, el aferrarnos a las palabras como significantes descolgados de sus siempre cambiantes significados, dejando de lado la posibilidad de los juicios críticos sobre las maneras, un tanto laxas o torpes, con las que tendemos a emplear el lenguaje, entre otras muchas calamidades, siguen siendo el quid de uno de los temas, o dimensiones más preocupantes del momento, o período histórico en el que nos ha correspondido vivir, aunque con mucha más frecuencia de lo que suponemos, tiende a soslayarse, a dejar de lado su consideración, en medio del fastidio y el desgano hacia la posibilidad de detenerse a pensar siquiera un momento. En un mundo donde estamos saturados de información, difundida masivamente por las tecnologías electrónicas que todo lo han invadido, tendemos a confundirnos, con más mucha más facilidad, dentro de un notorio contraste con lo que acontecía en épocas todavía muy recientes. Olvidando la sabiduría de algunos de los más célebres pensadores del Renacimiento, tendemos a imaginar regímenes políticos inexistentes, no importa cómo se les llame, como también a dar por ciertos una serie de hechos o situaciones, en las que los propagandistas de un bando u otro, emplean la mera “información”, como una parte esencial de sus tácticas de guerra, dejando de lado los múltiples rostros que esa dimensión de la realidad humana presenta, no digamos ya, en cuanto a plantearse siquiera la posibilidad, de que aquello, que se nos presenta como la verdad, pueda ser contrastado con otras fuentes, que ofrezcan versiones diferentes o contrapuestas, las que presentan el peligro de hacernos dudar, lo cierto es que esta es una idea, que ni siquiera aflora en las mente de la gran mayoría de las gentes, parece que les hubieran eliminado esa parte de la corteza cerebral que les permitiría, por lo menos poner en duda, los ruidos de ese coro de los grillos que cantan a la luna, o esas romanzas de los tenores huecos, de que nos hablaba el poeta Antonio Machado.
A partir de todas estas consideraciones, quisiera destacar el hecho de que no habido, a lo largo de los últimos años, un país y un determinado régimen político, que hayan sido objeto de una masa de información-desinformación tan desmesurada, como la que tenido por objeto a Venezuela, y al régimen del presidente Nicolás Maduro Moros, elegido como mandatario de ese país, para el período 2013-2019, en las elecciones generales del mes de abril de 2013. Es de tal magnitud, la cantidad de ruidos, y de gestos que se han emitido, por parte de los protagonistas de esa campaña propagandística, dentro de la que no existe ningún interés por establecer, por ejemplo ¿qué es lo que ha venido ocurriendo de verdad, en el tiempo transcurrido desde su elección como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela? Hace mucho se nos dijo que en una guerra, la primera baja es la verdad, la que es abatida, sin que se hayan producido aún las primeras operaciones efectivas de combate, dentro de un teatro bélico ya desplegado, aunque tienda a ser visto todavía como imaginario, por la gran mayoría de la gente. Dentro de esta visión totalitaria, en el mejor estilo de Aldous Huxley o George Orwell, la figura del presidente es el objeto de una campaña de odio sistemática, no importa lo que diga o pretenda alegar en su defensa, la sentencia ha sido dictada en otros escenarios ,y desde hace mucho rato.
Unos y otros, hablan de socialismo, de comunismo, o de democracia per se, dentro del panorama que intentan presentarnos acerca de lo que podríamos llamar “el Caso Venezuela”, dándoles connotaciones negativas a esos y otros términos, los que tendrían la finalidad de descalificar ad infinitum al adversario o, en caso contrario, para delinear la existencia de situaciones ideales, o regímenes que no presentan ningún asidero a los componentes de la realidad, propiamente dicha la que, de todos modos, no interesa.
Se habla del hambre, producida por los comunistas que gobiernan Venezuela, aunque pudiera resultar que los tales comunistas nunca lo fueron, ni lo han sido, ni tienen tampoco alguna idea precisa acerca de lo que pudieran significar palabras tan abstractas como socialismo, comunismo, o democracia, además de que el hambre aludida de repente pueda resultar real o, simplemente, este referida a las dificultades para conseguir determinados productos, y no al hambre, entendida en estricto sentido, como la imposibilidad casi absoluta de acceder a los alimentos que necesitamos para vivir, de repente son las palabras las que nos meten en una trampa, entre los usos del significado y los significantes, que vienen a ser las palabras mismas.
Con frecuencia, se nos habla del “régimen socialista” de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, sin que tal régimen guarde relación alguna con algo que pudiéramos llamar, aunque fuera con reservas, como el socialismo, los socialismos o el socialismo del siglo XXI, un enunciado propagandístico más que una estructura política o, unas formas de pensar y actuar dentro de lo político. Esta valoración positiva puede engañarnos, acerca de la naturaleza del régimen político verdaderamente existente en Venezuela, el que por cierto, no tiene nada de socialista ni en sentido estricto, ni en sentido más amplio.
Sus adversarios, desesperados por recuperar la hegemonía que habían tenido sobre ese país desde tiempos seculares, acuden al uso de los mismos términos, sólo que con el propósito de descalificar a los gobernantes actuales, además de aterrorizar a las gentes con la torpe ideología del anticomunismo de la guerra fría, con la que nunca se pudo explicar la naturaleza de los regímenes, así llamados
“comunistas” o “socialistas”, de aquel entonces. La vieja oligarquía y unos sectores medios delirantes se apresuran a salir a las calles para combatir y exterminar de ser posible, ojalá sin consecuencias legales, a quienes se les ocurra apoyar a aquel régimen, que se han descrito a sí mismos, como el espantajo socialista o comunista que los va a despojar de sus bienes materiales, para algunos de ellos es el momento de la estampida hacia el exterior, con el propósito de reclamar una democracia que nunca existió, y en la que jamás creyeron, más allá del mascarón de proa para defender sus intereses que fue aquella Cuarta República, del siglo anterior, y de la que muy poco saben, los jóvenes que ahora le hacen la guerra al llamado proyecto bolivariano, encabezado en esta etapa por el presidente Nicolás Maduro Moros. Poco a poco, los hijos de papi dejan de asumir riesgos en esa lucha que se les presenta como temeraria, y en la táctica del uso reiterado y sistemático de la violencia callejera, es entonces cuando comienzan a aparecer los sectores del lumpen, pagados por los adinerados padres de aquellos o con recursos, provenientes de los fondos que las agencias del imperio del norte, envían para llevar adelante “la operación recuperación del control del petróleo y demás riquezas del subsuelo venezolano”. Ni Venezuela es un país socialista, ni nada que se le parezca, a pesar de la retórica del régimen, ni sus adversarios, con más vocación fascista que democrática, están luchando por una democracia y una libertad verdaderas, las que siempre les valieron un carajo, tal y como ocurrió siempre en los tiempos de la Cuarta República, cuando la hegemonía de los partidos Acción Democrática (AD) y COPEI vivía sus momentos de gloria, repartiéndose el poder entre sí, con la condición de no hacer nada diferente, en cuanto a la distribución del poder y la riqueza en esa sociedad, mientras que la policía, incluida la tristemente célebre DIGEPOL, famosa por sus torturadores, y las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas eran sus instrumentos favoritos para la represión, acudiendo de ser necesario, a dispararle o correrle bala a quienes se atrevieran a discrepar, el problema es que esa ecuación se alteró, al aflorar el descontento entre los militares, por el papel de cancerberos que les habían asignado. Eso es lo que los desespera, y los hace delirar todavía más, a diferencia del Chile de 1973, no cuentan con las fuerzas armadas para ejecutar un baño de sangre, para escarmentar a los sectores populares, que consiguieron a lo largo de casi veinte años, un protagonismo y unas conquistas sociales que jamás tuvieron, no importa cuál sea el nombre o la naturaleza real del régimen bolivariano.
La Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), encargada de realizar el estudio actuarial del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afirma que el modelo empleado en el análisis no infla la población afiliada, así como tampoco la acumulación de derechos; la modelización demográfica es adecuada y no genera una sobreestimación de la población afiliada y jubilada y la modelización de los salarios de referencia y las fórmulas de cálculo de las pensiones se apegan a lo establecido en el reglamento del IVM.
Asimismo, los expertos de la Escuela de Matemática, en respuesta enviada a la CCSS en relación con las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguran que las conclusiones de la Nota Técnica de este organismo internacional carecen de sustento técnico.
Los académicos advierten que al ser el IVM de vital importancia para el futuro de la población costarricense, el bienestar de las familias y las personas, la politización de los aspectos técnicos significa un gran riesgo de distorsión de los datos que no beneficiará a nuestro país ni a sus habitantes.
En cuanto a los puntos planteados por la OIT, aclaran lo siguiente:
El uso de la base completa de 2,8 millones de afiliados del IVM, en lugar de utilizar solamente 1,5 millones de cotizantes, fue ampliamente analizado entre los actuarios de la UCR y de la CCSS.
Se hicieron dos estudios actuariales separados: uno con los afiliados, que es el que se incluyó explícitamente en el estudio actuarial, y otro con los cotizantes que se entregó con el oficio adjunto N° UCR-CCSS-023-2016 del 8/12/2016. Los costos sobre los salarios, los años en que se agotarán los ingresos totales y la reserva, resultaron bastante similares en ambas situaciones.
Un total de 62.537 afiliados de IVM no cotizaron en el año 2015 y al 31 de diciembre del 2015 estaban vivos y no pensionados, con 15 o más años cotizados. Estas personas bien pueden no volver a cotizar; sin embargo, en caso de invalidez, vejez o muerte, se consolida el derecho a los beneficios, sin aparecer como Población Económicamente Activa (PEA). Incluso, alguna parte de ellos podría estar fuera de Costa Rica, por lo que tampoco aparecería en la población nacional. Pueden seguir cotizando y tendrán mayores beneficios. Los que tienen menos de 15 años cotizados y no cotizaron en 2015 pueden aportar nuevas cuotas y pensionarse si llegan a cumplir los requisitos. Por lo tanto, no se pueden dejar de incluir en el modelo, pues si se excluyen se tendría una subestimación de la cantidad de pensiones.
En el estudio actuarial realizado por la UCR se indicó que las migraciones, las nuevas modalidades de pensión aprobadas en 2005 y 2007, la informalidad laboral, la posibilidad de acceder a más de una pensión y la no prescripción de las cuotas, ocasionarán un aumento en la cantidad de pensiones, principalmente en el caso de vejez, lo cual causará que los 6,4 cotizantes por pensionado que se tenían en 2015 se reduzcan a 1,4 en el largo plazo. En países como Finlandia el número de cotizantes por pensionado es 1,6 y bajará hasta niveles de 1,3 y 1,4 en el largo plazo.
El estudio actuarial realizado por la UCR aclara en la página 27 que la cantidad de afiliados de IVM no debe compararse con la Población Económicamente Activa, precisamente para evitar las confusiones que tiene la OIT.
La anterior reseña permite afirmar que lo observado por la OIT sobre el modelo demográfico que utilizó la UCR, no aporta nada novedoso a lo que ya se había analizado en el año 2016; sin embargo, es importante atender puntualmente las principales observaciones sobre asuntos demográficos y financieros contenidas en dicha nota técnica, como se indica a continuación.
El diagrama que aparece en la Figura 2 de la nota técnica de la OIT no corresponde al modelo utilizado por la UCR. La afirmación de que “el modelo UCR se basa en una estructura distinta, donde solo existen dos poblaciones, no afiliados y afiliados”, es incorrecta. En el estudio actuarial de la UCR no hay una proyección de la población no afiliada, sino de las poblaciones de afiliados y de cotizantes. Al grupo de afiliados se agregan anualmente las nuevas generaciones de cotizantes que se obtienen de la proyección de PEA suministrada por la CCSS.
La afirmación de que “si la formulación del modelo UCR fuera adecuada, la densidad de cotización se aplicaría solamente para la población afiliada cotizante activa” y que “el modelo UCR trata de emplear la densidad como sustituto de tasas de re-entrada y salida”, son incorrectas y sin sustento. La densidad de cotización empleada se calcula sobre el total de afiliados (a diferencia de otras metodologías que solo usan cotizantes) por lo que deben aplicarse a tal población.
En las comparaciones de cobertura con los nacimientos que hubo en algunos años, la OIT no toma en cuenta las variables que se mencionaron al principio de este resumen (migraciones, nuevas modalidades de pensión, no prescripción de cuotas, informalidad y posibilidad de acceder a más de una pensión). Esto muestra que la cantidad de afiliados no está limitada por la PEA.
Se indica que “el modelo no utiliza una curva de salarios”, lo cual es una afirmación incorrecta, ya que más bien se utilizan escalas salariales por sexo, edad y años cotizados.
Así mismo, se afirma que “en muchos años, el salario de referencia para el cálculo de las pensiones crece más que el salario promedio cotizable, lo cual es una consecuencia indirecta de la manera que el modelo UCR modeliza cohortes y la utilización de dos grupos demográficos en lugar de tres”, lo cual también es incorrecto. La razón por la que eso sucede es que el salario promedio de referencia depende de la inflación de los últimos 20 años, mientras que el salario promedio cotizable depende de la inflación de a lo sumo un año de tiempo.
Se indica erróneamente que “La pensión promedio crece más rápido que la inflación, y en muchos casos más que el salario promedio cotizable. Esto es una consecuencia directa de la sobreestimación del número de nuevas pensiones (consecuencia a su vez de una modelización demográfica inadecuada), así como del hecho de que las pensiones se calculan usando un salario que crece más rápido que el salario promedio“. El motivo por el cual la pensión promedio crece más que la inflación es que, como es obvio, las pensiones nuevas son mayores que las que están en curso de pago y las pensiones terminadas son inferiores a las de curso de pago. Según datos de la CCSS, por año hay unas 20 mil pensiones nuevas, mientras que las terminadas rondan 7 mil.
“La fórmula de cálculo de la pensión empleada por el modelo, utiliza solo el último salario cotizado como referencia, y no el promedio actualizado de los últimos veinte años según establece la ley”. Esta afirmación es falsa y temeraria. En las hojas de cálculo entregadas por la UCR, la CCSS corroboró que se utilizó la fórmula contenida en la página 245 del estudio actuarial, la cual usa como salario promedio de referencia el promedio de los salarios cotizados en los últimos 20 años, indexados con la inflación de los precios. Es sorprendente que el análisis técnico hecho por la OIT omitiera este detalle.
En la Nota Técnica de la OIT se indica que “estos problemas explican las grandes diferencias que existen entre los resultados de las proyecciones del trabajo de la UCR, con respecto a los resultados generados por el modelo actuarial de la CCSS, así como con respecto a otras proyecciones, incluidas las de la OIT”.
Dado que la nota técnica de la OIT no aporta estos datos, se hizo un análisis de algunos estudios actuariales realizados por la CCSS y el que la CCSS contrató con la OIT con corte al año 2008, denominado “Reporte sobre la Validación de la Valuación Actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) efectuada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, que fue investigado por la Auditoría Interna de la CCSS en el año 20131. Comparando las proyecciones realizadas con los datos estadísticos observados en el año 2015, se obtienen resultados que causan preocupación. Como se describirá a continuación, la realidad indica que las proyecciones de la OIT subestiman significativamente la cantidad de afiliados y los gastos del IVM. Insistimos en que esto no corresponde a una opinión nuestra, sino a una comparación objetiva con la realidad observada.
Por ejemplo, la OIT supuso que la tasa de cobertura sobre la PEA sería de un 71 % en 2015, pero el dato real observado fue de un 62 %; a partir de 2029 la OIT supuso inexplicablemente, que la tasa de cobertura contributiva sería de un 82 % sobre la PEA. Para el año 2015 la OIT estimó 62.282 pensiones de vejez, pero el dato real que se observó fue de ¢108.085, cifra que es un 74 % mayor que la estimada por la OIT. Lo anterior explica que, según los cálculos de la OIT, en 2015 se tendrían 9 cotizantes por pensionado, pero el dato real fue 6,4. También explica los motivos por los cuales la OIT estimó que en 2015 el IVM tendría un superávit de ¢529.040 millones, cuando en realidad solo sobraron ¢101.587 millones y lo que es más delicado, que en 2015 los costos de IVM serían 6,5 % sobre los salarios; sin embargo, el dato real fue 9,0 %. Para la OIT el IVM tendría en 2015 una reserva equivalente a 4 gastos anuales, pero el dato real fue 2.4 gastos anuales. Según los cálculos de la OIT de 2009, el faltante de contribuciones en IVM se presentaría a partir del año 2028; pero el déficit se presentó desde el año 2012.
La CCSS, en su estudio actuarial con corte al año 2008, mostró cifras similares a las de la OIT. No obstante, a partir del año 2010 la CCSS corrigió drásticamente sus estimaciones, señalando que el déficit de contribuciones se tendría un año después, en 2011, en lugar del año 2027 que había estimado en 2008. Sin embargo, no modificó los años en que los ingresos totales se agotarían (año 2037), ni el año en que se consumiría totalmente la reserva (año 2042).
También se analizó el estudio actuarial realizado por la CCSS con corte al año 2014, encontrándose varias inconsistencias, por lo que se solicitó que revisaran el modelo PRODEFI auditado por la OIT en 2009 y que usaran una inflación de los precios de 4,5 % en lugar de 8 %. Los resultados que obtuvieron fueron bastante cercanos a los de la UCR y muy diferentes a los del estudio actuarial de 2014; sin embargo, aún el PRODEFI no permite utilizar la base completa de afiliados, lo cual motivó que la UCR incluyera en su informe la recomendación de que fuese mejorado.
Con todo lo anterior se muestra que las conclusiones de la Nota Técnica de la OIT carecen de sustento técnico. El modelo empleado por la UCR no infla la población afiliada, ni la acumulación de derechos. La modelización demográfica es adecuada y no genera una sobreestimación de la población afiliada y jubilada. La modelización de los salarios de referencia y fórmulas de cálculo de las pensiones se apegan a lo establecido en el reglamento de IVM.
No obstante lo anterior, ante la premisa de que ningún modelo es perfecto y dada la trascendencia que tienen las decisiones que se adopten en la Mesa de Diálogo, la Universidad de Costa Rica tiene la anuencia de analizar con más profundidad el asunto, para lo cual es importante que la OIT aporte la información técnica que sustenta sus cálculos y observaciones, y que envíe a un actuario para que exponga en la Mesa de Diálogo la Nota Técnica, con la presencia de los actuarios de la UCR.
Para consultas con los investigadores, se atenderá a la prensa de 9 a.m. a 11 a.m. Comunicarse con la Oficina de Divulgación e Información al 2511-1168 con Patricia Blanco.
1 Informe ASF-288-2013 del 20/12/2013.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.clapem.emate.ucr.ac.cr
Información generada desde la Oficina de Divulgación e Información, UCR.
