La libertad de expresión y el ejercicio periodístico son actos de sobrevivencia en algunos países. Hoy, especialmente, en México.
La noble y valiente prensa de ese país ha sido víctima de muerte como consecuencia de la corrupción y el crimen organizado, convirtiendo este país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica condena y repudia todo acto de violencia contra comunicadores y medios de comunicación.
Solicitamos a las autoridades mexicanas que implementen los mecanismos necesarios para combatir estos graves hechos que coartan la libertad de expresión, el derecho a la información y la vida misma de quienes ejercen el periodismo. Recae en sus autoridades que los responsables de las amenazas, agresiones y asesinatos de reporteros sean encontrados y castigados con todo el peso de la ley, y se ponga fin a este clima de impunidad.
Como lo ha manifestado públicamente IFEX-ALC, una alianza de 23 organizaciones de América Latina y el Caribe, en más del 50% de estas agresiones intervienen policías municipales y militares, por lo que urge una firme acción por parte de las altas autoridades de este país.
Por el bien de la sociedad y de ese extraordinario país, el cual hemos aprendido a amar desde pequeños con la lectura de sus héroes de palabra franca, como Octavio Paz o Carlos Fuentes, no podemos menos que instar públicamente para que el derecho a la información sea garantizado por el Estado mexicano.
Que los periodistas y los trabajadores de la prensa puedan investigar y difundir la verdad sin ser atemorizados o amenazados, es la única garantía para que una nación pueda mirarse a sí misma.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica, gremio que cree y defiende estos principios, eleva su voz y hace pública la solidaridad con los periodistas mexicanos.
Una prensa vigorosa, libre e independiente puede lograr hasta lo impensable.
Abogamos entonces, por la existencia de un escenario de tolerancia y respeto hacia la dignidad humana.
El Ministerio de Justicia y Paz, el Centro de Estudios Generales y la Sede Chorotega de la Universidad Nacional (UNA) invitan al: “Diálogo entre privados de libertad y el sistema penitenciario costarricense” a realizarse este 22 y 23 de junio de 2017, de 8 a.m. a 4 p.m. en el Campus Liberia, Sede Chorotega UNA.
El I Congreso Internacional Cultura de Paz: “Diálogo entre privados de libertad y sistema penitenciario costarricense” se inaugurará el próximo jueves 22 de junio a las 8 a.m. en el Campus Liberia de la UNA y se contará con la participan de personas privadas de libertad provenientes de más de 10 centros penales, así como algunos de sus familiares.
Durante el I Congreso se tratarán los temas de prevención de la violencia social, hacinamiento en centros penales, humanización del sistema, reincidencia delictiva, reinserción efectiva y modelo punitivo.
Las mesas de trabajo estarán integradas por privados de libertad, personal del sistema penitenciario, autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, y estudiantes y académicos del Centro de Estudios Generales y de la Sede Chorotega de la UNA.
El objetivo de este I Congreso es recoger insumos con miras a la elaboración de propuestas de política pública sobre el modelo penitenciario nacional.
Este evento se organiza en el marco del Proyecto: Cultura de paz y expresiones artísticas con personas privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Calle Real en Liberia- y en el Centro Semi-Institucional de Nicoya, del Centro de Estudios Generales.
Participan:
María Cecilia Sánchez, Ministra de Justicia y Paz
Marco Feoli, viceministro de Justicia y Paz
Alberto Salom, rector de la UNA
Roberto Rojas, decano del Centro de Estudios Generales UNA
Ólger Rojas, decano Sede Chorotega
Representantes del sistema penitenciario y académicos y estudiantes de la UNA
***Para mayores detalles comuníquese con la Oficina de Comunicación 2237-5929 / 2277-3067 o con la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia y Paz 2253-0096.
El experimento de piña transgénica que desarrolla PINDECO, tuvo un significativo revés al rechazarse las intenciones de esta compañía de utilizar paracuat y quemar los rastrojos y remanentes de la piña transgénica “Rose”.
Ecologistas presentes en la Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB) del Servicio Fitosanitario del Estado, se opusieron a la propuesta de aplicar herbicida (paraquat), quemar y destruir mecánicamente dicho cultivo, posición que fue avalada y respalda por todos los representantes estatales y técnicos que conforman la CTNB. Este experimento transgénico que PINDECO desarrolla desde 2011 arrastra un cuestionado permiso de la CTNB (Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica, 2-11-2011).
¿Por qué oponerse? Después de aplicar Paraquat (Dicloruro de 1,1′-dimetil-4,4′-bipiridilo) o cualquier otro herbicida con cloro y posteriormente quemar, sin importar el tiempo que haya pasado dada la persistencia de estos agrotóxicos, se generan dioxinas que “son contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada «docena sucia»: son preocupantes por su elevado potencial tóxico. La experimentación ha demostrado que afectan a varios órganos y sistemas. La exposición breve del ser humano a altas concentraciones de dioxinas puede causar lesiones cutáneas, tales como acné clórico y manchas oscuras, así como alteraciones funcionales hepáticas. La exposición prolongada se ha relacionado con alteraciones inmunitarias, del sistema nervioso en desarrollo, del sistema endocrino y de la función reproductora.” Fuente: OMS (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/es/ )
La práctica de usar el herbicida paraquat es generalizada para todas las plantaciones de la transnacional Del Monte. Este peligroso agrotóxico está prohibido en más de 40 países en el mundo, por ejemplo en sentencia firme de la Corte de la Unión Europea desde julio del 2007 por ser altamente tóxico (ver nota de la Corte de Justicia de la UE), a raíz de este fallo, la transnacional Dole decretó moratoria en todo el mundo con relación al uso del Paraquat en sus operaciones, con una sola excepción: Costa Rica (ver comunicado Dole).
Incluso el gobierno de China, una nación que poco se preocupa por la regulación ambiental, decidió en 2012 eliminar el paraquat “para salvaguardar la vida de las personas”, aunque todavía permite la producción para la exportación (Nytimes.com/20/12/2016).
Para Fabián Pacheco representante de FECON en la CTNB: “Comprendiendo que la bioseguridad debe partir de un análisis integral y de la responsabilidad del SFE y en general de los representantes del Ministerio de Salud de la Comisión se hace necesario que se prohíba esta mala práctica de la trasnacional que indiscutiblemente repercute de manera lamentable sobre la salud laboral y ambiental de Costa Rica”.
La FECON recomienda ilegalizar este tipo de “sahumerios” de dioxinas y exigir la práctica de destrucción de la biomasa mediante la acción mecánica de implementos agrícolas y evitar el uso de herbicidas y quemas en general. Se recuerda la importancia de que la destrucción de la biomasa y su posterior integración al suelo debe darse en un plazo no mayor a 5 días para evitar criaderos de Mosca (Stomoxys calcitrans).
*Informes con Fabián Pacheco, tel. 88262270, representante de FECON en Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB).
Este 21 y 22 de junio se realizará en el Centro de Ejercicios espirituales Claretianos en San José el I Encuentro Nacional de Comunidades Afectadas por el Agronegocio, como lo son la piña, la palma, la caña, entre otros. En el evento participarán personas de diferentes organizaciones sociales, académicos y comunidades que se ven afectadas por los impactos de los agronegocios en la salud, acaparamiento de tierras, precarias condiciones laborales, deforestación, contaminación.
El evento consistirá en una serie de charlas con datos sobre los monocultivos, uso de plaguidicadas, salud, así como de entablar acciones de la lucha contra estas amenazas en el país.
Para confirmar su participación, comunicarse con Alejandra Porras Rozas, al 8358 2930 antes del lunes 19 de junio.
Actividades inician en agosto del 2017 y terminarán en abril del 2018
Eduardo Muñoz Sequeira,
Periodista Vicerrectoría de Acción Social, UCR
El fortalecimiento de la gestión comunitaria es uno de los pilares de la relación universidad-sociedad. En la fotografía trabajo de la UCR en Comunidad indígena La Casona, en agosto del 2013. Foto archivo ODI-UCR.
La Vicerrectoría de Acción Social avanza con la organización del próximo “Foro de Acción Social: Hacia la Universidad de los saberes por el bien común”, un proceso participativo de sensibilización, preparación de insumos y discusión para la toma de decisiones orientadas al posicionamiento y comprensión del aporte de la acción social desde la universidad pública en su vinculación con las comunidades del país.
Según la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social, “desde el año pasado me reuní con un grupo de personas de distintas áreas para dar forma conceptual y metodológica a este proceso. El foro se enmarca con motivo del centenario de la Reforma de Córdoba en abril del 2018, que postuló conceptos tan importantes como la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la Extensión Universitaria/Acción Social”.
Este esfuerzo implica una estrecha coordinación entre todas las secciones de la Vicerrectoría de Acción Social y las Comisiones de Acción Social y direcciones de las unidades académicas de todas las sedes y recintos. El objetivo es que toda la comunidad universitaria sea parte de este encuentro. Por ello, el rector Henning Jensen Pennington, en la Resolución R-4-146-2017, declaró la actividad de interés institucional dado que los objetivos planteados proponen que la UCR se aboque al análisis, discusión y reflexión sobre el vínculo universidad-sociedad.
La resolución de Rectoría destaca que se harán propuestas concretas en las dimensiones conceptual, funcional y estructural de la acción social frente a los desafíos del siglo XXI, con el fin de determinar nuevos caminos y proponer cambios a la normativa institucional de la Universidad de Costa Rica.
El arte es uno de los agentes de cambio social. Diversos proyectos de extensión cultural y docente se dirigen a la población infantil. Foto archivo VAS.
Actividades del foro
El «Foro de Acción Social: Hacia la Universidad de los saberes por el bien común» culminará en abril de 2018 con la visita del Dr. Boaventura de Sousa Santos, unos de los sociólogos iberoamericanos contemporáneos más destacados. El es director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Portugal; y profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Actualmente, también encabeza el proyecto de investigación ALICE: Leading Europe to a New Way of Sharing the World Experiences.
A la fecha, las actividades programadas para el foro son:
Agosto y setiembre 2017. Encuentros comunitarios de unidades académicas
21-22 setiembre 2017. Encuentro de puesta en común de aportes de los encuentros comunitarios
16-17 noviembre 2017. Jornadas de reflexión y propuestas de acción
20-27 febrero 2018. Escuela de verano de Extensión / Acción Social
24-28 abril. Semana de conmemoración del Centenario de la Reforma de Córdoba
Para más información debe contactarse con Natalia Carballo al 2511-4423 o Vania Solano al 2511-6210, de la Unidad de Gestión de la VAS, o al correo forodeaccionsocial@ucr.ac.cr
Las universidades públicas se vinculan con distintas poblaciones. Con el Trabajo Comunal Universitario se emprenden proyectos tendientes a prevenir la violencia social. Foto archivo VAS.
En Foro Institucional 2017 se analizan casos de protesta en defensa de derechos ambientales
Patricia Blanco Picado,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
La protesta social, y en particular la protesta socioambiental en Costa Rica, fue tema de análisis por parte de dos académicos de la UCR y una activista social en el Foro Institucional 2017 dedicado a la libertad de expresión, comunicación y democracia (foto archivo ODI).
La protesta social, entendida como una acción colectiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos, ha sido una parte sustancial del país a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años el Estado costarricense ha puesto en práctica herramientas legales con la finalidad de inhibir estas manifestaciones y llevar al plano judicial estos conflictos.
«Algunos sectores, que tienen coptado al Estado, buscan intimidar, inhibir o ejercer algún tipo de presión psicológica sobre personas que en algún momento de su vida participan en una protesta social en Costa Rica», expresó el Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Boeglin y el Dr. Jorge Lobo Segura, docente de la Escuela de Biología de esta misma universidad, participaron con expositores en la mesa redonda «Protesta social como manifestación de la libertad de expresión», actividad organizada como parte del Foro Institucional 2017 Libertad de expresión, comunicación y democracia.
Los académicos han brindado acompañamiento técnico a organizaciones comunales en varias protestas ambientales y, por tanto, hablaron desde su experiencia personal.
«Tenemos aún medios de justicia para la resolución de confictos socioambientales», aseguró el Dr. Jorge Lobo Segura, profesor de la Escuela de Biología y uno de los expositores en el Foro (foto Laura Rodríguez).
«Los procesos de protesta socioambiental en nuestro país han sido una forma concreta de expresión de insatisfacción y de reclamo de derechos ambientales de la población y de la naturaleza, como resultado de la preponderancia de los intereses privados sobre lo social y lo natural», aseguró Lobo.
La protesta en el campo ambiental ha aumentado en la última década según cifras del Informe Estado de la Nación y se expresa mediante campañas en contra de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, agrícolas, urbanísticos, reformas legales, la defensa del algua y temas relacionados con la región marítimo-costera.
Lobo y Boeglin coincidieron en que la criminalización de la protesta social es un hecho en Costa Rica, ya que a quienes participan en estos movimientos se les trata como delincuentes. Mencionaron varios casos recientes, entre ellos el juicio penal en el que fueron absueltos en abril pasado cinco estudiantes y un profesor de la UCR por participar en el 2012 en una marcha en defensa de la seguridad social.
Los expositores plantearon además que las manifestaciones de inconformidad social no tienen cabida en los medios de comunicación masivos y son solo tomadas en cuenta cuando adquieren gran envergadura, incidencia politica o se convierten en conflictos violentos. «Existe una enorme dificultad de los actores sociales de conseguir atención en los medios», detalló Lobo, sobre todo cuando los movimientos sociales son incipientes.
El Dr, Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCR, alertó sobre el uso de técnicas legales y mecanismos sutiles para inhibir el derecho a la protesta social y mandar una señal calra al movimiento ambientalista (foto Laura Rodríguez).
Para el biólogo, la ausencia de medios comunitarios o de prensa con alcance local «es una gravísima omisión de nuestro sistema de comunicación».
Por su parte, Boeglin explicó que en Costa Rica se ha empezado a relacionar el derecho penal y la protesta social, lo que es muy peligroso y preocupante, ya que este tipo de derecho está pensado para sancionar conductas y lograr que las sanciones sea ejemplarizantes.
«El derecho penal en ningún momento tiene que empezar a acercarse de esa manera a la protesta social. La protesta social no es más ni menos que un ejercicio legítimo en la defensa de intereses colectivos, muchos de ellos reconocidos por la institucionalidad costarricense y en una gran cantidad de leyes», afirmó el jurista.
Boeglin y Lobo mencionaron la experiencia vivida ante la demanda por injurias, calumnias y difamación interpuesta en su contra por la empresa minera canadiense Infinito Gold, que pretendía desarrollar el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas, en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.
Eva Carazo, integrante de varios colectivos sociales y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, enfatizó que las universidades públicas tienen una responsabilidad directa con las comunidades, que requieren el acompañamiento técnico y legal ante la judialización de las protestas sociales (foto Laura Rodríguez).
«Muchos de los que participan en estas marchas -expresó Boeglin- tienen la Constitución en la mano y no entienden que un Estado haga el juego a ciertos sectores e intente sostener lo insostenible, como lo vimos en el proyecto Crucitas, donde vimos a un Gobierno actuar como vocero de una empresa canadiense».
«Eso es algo nunca visto y es profundamente indignante para quienes entendemos un poquito cómo funciona el aparato estatal costarricense», aseguró el profesor universitario.
«Estas experiencias me han mostrado lo importante del proceso de investigación, el trabajo de gabinete, el respaldo a los reclamos con argumentos científicos, técnicos o legales y la importancia de la búsqueda de caminos legales y administrativos como parte de los procesos de protesta socioambiental que ocurren a diario en nuestro país», manifestó Lobo.
La protesta para cuestionar
Las sesiones del Foro Institucional 2017 se realizan los miércoles 8 a.m. a 12 m. en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR. Las próximas sesiones son el 21 y el 28 de junio (foto Laura Rodríguez).
La necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación deben constituirse en reivindicaciones de los movimientos sociales, opinó la activista, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR y psicóloga, Eva Carazo, quien participó en la mesa como comentarista.
Carazo reafirmó la importancia de la protesta social como procesos de defensa de derechos e hizo un llamado a cuestionarse «qué le dice la protesta a nuestra sociedad sobre el tipo de modelo depredador y de relaciones y procedimientos que tenemos disponibles para tomar decisiones y resolver los conflictos».
Indicó además que estas manifestaciones colectivas forman parte de la cotidianidad de mucha gente en nuestra sociedad y son aspectos esenciales de su supervivencia. Sin embargo, señaló, no forman parte del mundo que los medios de comunicación presentan: «llegan a los medios hegemónicos solamente como conflictos o aparecen como la nota roja o con un abordaje superficial».
Finalmente, Carazo dijo que en vez de mirar la protesta social como una amenaza, se debería analizar cómo los movimientos sociales han presionado por cambios institucionales necesarios, porque las leyes y el Estado no han funcionado en la protección de los derechos ciudadanos.
Hace 24 años hombres y mujeres con gran visión fundaron la Asociación Cultural El Guapinol, organización sin fines de lucro que con la implementación de programas, proyectos y actividades artístico culturales que han trascendido en el tiempo han contribuido con el desarrollo cultural belemita.
La Asociación Cultural El Guapinol agradece al gobierno local, autoridades educativas del cantón de Belén, organizaciones de adultos mayores y población en general por apoyar estos procesos en pro de la formación integral, el mejoramiento de la calidad de vida, promover y difundir el trabajo de las y los creadores, propiciar valores y el rescate del patrimonio y tradiciones en beneficio de toda la familia belemita.
El pasado 15 de junio dieron inicio a la celebración del 24 aniversario en pro de la cultura belemita y nacional.
El DEI abre la convocatoria al Seminario de Construcción ColectivaSaberes y acciones colectivas frente a los fundamentalismos político-religiosos: miradas desde Abya Yala, que se realizará del 6 de setiembre al 4 de noviembre del presente año.
El Seminario de Construcción Colectiva (SCC) es un espacio de creación de conocimiento y de encuentro en la diversidad. Es un espacio diverso en cuanto a países o territorios de origen de las personas participantes, que se reúnen para establecer diálogos que confluyen en el compromiso con procesos emancipatorios desde América Latina o territorios de Abya Yala, así como en cuanto a intereses de investigación. Está dirigido tanto a personas vinculadas con procesos académicos, como activistas o personas defensoras de derechos, que tengan interés de sistematizar sus experiencias.
A lo largo del año 2017, el DEI se ha propuesto profundizar sobre los fundamentalismos político-religiosos, así como potenciar la búsqueda de alternativas y la visibilización de aquellos saberes y acciones colectivas que son fuente de inspiración y de esperanza, frente al panorama de conservadurismos y fundamentalismos en el marco del capitalismo global actual.
*Fecha límite para postulaciones: 5 de julio, 2017.
El Instituto de Investigaciones Sociales, IIS-UCR está organizando un cine-foro para compartir sobre experiencias de resistencia en diferentes ciudades del mundo. En cada una de las proyecciones se contará con un invitado especial quien comentará el documental y facilitará el intercambio entre los asistentes.
El lunes 12 de junio se organizó la primera de las proyecciones sobre la resistencia de los vecinos y comerciantes del mercado de La Merced en la Ciudad de México contra los procesos de gentrificación, donde se contó con el comentario del Dr. Luis Salinas, geógrafo crítico de la UNAM y miembro de redes como Contested Cities.
El próximo jueves 22 y el 29 se estarán pasando dos documentales sobre experiencias de organización en dos ciudades europeas: Lisboa (https://vimeo.com/199353158) y Roma (https://vimeo.com/202531912). Para esto se contará con la presencia de Claudio Carbone, director de ambos documentales y militante sociopolítico.
El espacio cine-foro resulta provechoso para pensar sobre lo que está ocurriendo en nuestras ciudades haciendo uso del lenguaje audiovisual. El IIS-UCR espera contar con su asistencia.
La Escuela de Administración de la Universidad Nacional (UNA), y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) realizó el pasado miércoles 14 de junio el evento “UNA esperanza, graduación de jefas de hogar en emprendedurismo y habilidades para la vida”, en el Auditorio Clodomiro Picado, UNA
Las graduadas provienen de La Carpio, León XIII, Desamparados, Tirrases, Purral, Patarrá y Goicoechea, las cuales forman un grupo de 100 jefas de hogar en condición de pobreza, quienes se preparan para desarrollar negocios sostenibles. Además 550 mujeres más han sido capacitadas en Guanacaste y Limón.
Las participantes han recibido formación técnica que aborda temas como diseño de un plan de negocios, mercadeo y estrategias de venta, y sostenibilidad del negocio; han recibido capacitación en “habilidades para la vida” como atención al cliente y pensamiento creativo e innovador.
La capacitación recibida por estas mujeres forma parte del proyecto “Fortalecimiento de capacidades y habilidades para el emprendimiento”, respaldado por el IMAS, en el marco de la Estrategia “Puente al desarrollo”.
*Para mayores detalles en la Oficina de Comunicación. UNA. Tel. 2237-5929 / 2277-3067.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.fenatrahob.org.bo
