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Autor: María José Ferlini Cartín

Las máscaras engañosas de un país verde

Frank Ulloa Royo

Costa Rica se ufana de su imagen internacional: país verde, democrático, garante de derechos humanos. Pero esa máscara, pulida para las vitrinas del mundo, se agrieta como porcelana vieja. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, la contradicción se vuelve aún más hiriente: el país que fue cogestor del Acuerdo de Escazú lo rechaza, profundizando su desprecio por la memoria ambiental que alguna vez lo distinguió.

Cuando la presidenta declara que la Agenda 2030 está superada y que estos temas son “una pérdida de tiempo”, cuando asegura que las mujeres y los niños “ya cuentan con todos sus derechos”, no solo niega la realidad: la reduce a un espejismo, un decorado de cartón que se desmorona con la primera lluvia.

Las cifras son contundentes y, al mismo tiempo, insuficientes. El INEC (2023) estimó que alrededor del 5 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica, unos 35 000 menores. Pero los sindicatos y maestros rurales advierten que la cifra oculta es mayor: 6–8 % en regiones agrícolas como Sarapiquí, Limón y Coto Brus, donde la migración nicaragüense y centroamericana es parte del tejido social.

Una maestra de Pocosol lo relataba con crudeza: cada tres o cuatro meses, las transnacionales o los subcontratistas despiden a los trabajadores de cosecha y las familias migran con sus hijos a otras regiones para recoger café o cortar caña de azúcar. Los niños abandonan la escuela —ni siquiera se llevan sus notas, como si la educación fuera un cuaderno olvidado en el barro— y se incorporan al trabajo. El ciclo se repite como una rueda oxidada que nunca se detiene. La inestabilidad laboral de los padres es el detonante del abandono escolar y de la incorporación temprana de los hijos al trabajo.

La deserción escolar en secundaria supera el 10 %, y en cantones rurales es aún mayor. Allí, la frontera entre estudio y trabajo se diluye: los niños que deberían estar en las aulas terminan cargando sacos de café más pesados que sus propios cuerpos, o cortando caña bajo un sol que parece castigarlos por haber nacido pobres. La estadística oficial apenas los roza, porque son invisibles: hijos de migrantes, sin registro, sin voz.

La contradicción es brutal: mientras la OIT y UNICEF insisten en que la erradicación del trabajo infantil es condición para el desarrollo humano, el discurso oficial lo minimiza, lo niega, lo oculta. Costa Rica firmó los Convenios 138 y 182 de la OIT, se comprometió con la Meta 8.7 de los ODS, y lanzó la Hoja de Ruta 2026–2030 para erradicar el trabajo infantil. Pero en la práctica, los compromisos internacionales se dejan de lado, y el país parece vivir de una imagen que poco a poco pierde sus máscaras, como un actor que ya ni siquiera se preocupa por fingir.

Al final, los niños migrantes agrícolas son tratados como marginales, como si fueran sombras que no merecen ser contadas. La retórica oficial se desentiende de ellos, mientras las cifras —ocultas, alarmantes— revelan que el trabajo infantil no es un residuo del pasado, sino una herida abierta en el presente.

Costa Rica abandona la hoja de ruta para ser un país libre de trabajo infantil, quizás se debate entre la apariencia y la realidad y mantengan algún maquillaje porque la más cara se le ha caído. Entre el discurso que presume derechos garantizados y la evidencia de miles de niños trabajando en plantaciones. Entre la firma de convenios internacionales y la negación política de la Agenda 2030. El país que se vende como ejemplo democrático carga con una deuda ética: reconocer y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las comunidades migrantes que sostienen la agricultura, y recuperar el rumbo ambiental que hoy, en el Día del Ambiente, parece haber sido arrojado al basurero de la cultura de protección de los derechos humanos.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita información financiera a la CCSS

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la CCSS información sobre los estados financieros auditados del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Seguro de Salud (SEM). La CCSS atendió la solicitud con los oficios GF-1058-2026 del 23 de abril de 2026 y el oficio SJD-0727-2026 del 29 de abril de 2026.

Consta en dicha información que la empresa auditora de los estados financieros de los seguros que administra la Caja es Deloitte & Touche S.A. a la cual la Caja le paga por período $127,872.00 por los servicios de auditoría del SEM; $101,525.00 por período auditado del IVM y $11,479.00 por período auditado del RNC. Sumando los cuatro períodos 2021-2024 se obtiene que la CCSS ha pagado $963,504.00 por estos servicios.

Debido a que presuntamente no fue entregada toda la información solicitada, la ACSS está gestionando ante la CCSS la entrega de la información pendiente y solicita otra información. A continuación, se transcribe el oficio ACSS-006-2026:

Señora Mónica Taylor Hernández

Presidenta Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 y la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, en relación con el oficio GF-1058-2026 del 23 de abril de 2026 y el oficio SJD-0727-2026 del 29 de abril de 2026, solicitamos la siguiente información de interés público:

Primero. En el oficio GF-1058-2026 se indica “Cabe señalar que la información relativa a los estados financieros auditados se encuentra debidamente divulgada y disponible para consulta pública a través de la página web institucional de la CCSS, en el apartado CCSS | Financiero.”

No obstante, consultada la página indicada, observamos que no se encuentran disponibles los estados financieros auditados del 31 de diciembre de 2024, por lo cual solicitamos su entrega.

Segundo. En el oficio SJD-0727-2026 se indica “De la revisión integral de las actas de Junta Directiva correspondientes al año 2023, no se registra el conocimiento de Estados Financieros Auditados.”.

Al respecto, se procedió a revisar la información suministrada y se determinó que en la sesión Nº 9510 celebrada el 08 de abril de 2025, la Junta Directiva de la CCSS sí conoció los estados financieros auditados del SEM con corte al 31 de diciembre de 2023. Además, notamos que en la información suministrada no constan las actas de la sesión de Junta Directiva en la que conoció los estados financieros de cada uno de los tres seguros o programas con corte al 31 de diciembre de 2024, motivo por el cual solicitamos su entrega. En el caso de que no hayan sido conocidos por la Junta Directiva, solicitamos que nos informen los motivos y que nos indiquen la fecha en la que los conocerán.

Tercero. En el oficio GF-1058-2026 se indica “Adicionalmente, respecto del período 2025, como es de conocimiento de esa estimable Presidencia, a la fecha no se dispone de una fiscalización externa concluida, por cuanto la emisión y disponibilidad de los Estados Financieros están en proceso de elaboración de junio a diciembre 2025, lo cual constituye un insumo esencial para el inicio y adecuado desarrollo del proceso de fiscalización correspondiente”. (Destacados se suplen).

Dado lo anterior, solicitamos que nos informen los motivos por los cuales a esta fecha aún no están disponibles los estados financieros no auditados de junio a diciembre de 2025 del RNC, IVM y SEM. Así mismo, que nos informen una fecha tentativa en la que estarán disponibles.

Cuarto. Solicitamos el nombre completo, el número de cédula jurídica de la empresa auditora que auditará los estados financieros al 31 de diciembre de 2025 del IVM, SEM y RNC, el monto que se le pagará en cada seguro o régimen según el contrato, el nombre completo de su representante legal en Costa Rica y su número de cédula.

Atentamente,

Dr. Alfredo Ramírez Montero
Lic. Carlos Eduardo González Arroyo
Lic. Jorge García Araya
M.Sc. Rodrigo Arias López

Para la ACSS esta información es muy importante en momentos que la CCSS anuncia otra reforma al seguro IVM para reducir beneficios y poner a cotizar a los pensionados, sin siquiera haber entrado en plena vigencia la reforma aprobada para el año 2024, ya que es hasta el año 2027 que se pensionarán todos los varones de 65 años de edad que no pudieron hacerlo antes y las mujeres de 63 años que tampoco pudieron retirarse antes debido a esa reciente reforma.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Poder Judicial reafirma su compromiso con la transparencia al aprobar alianza con el Estado de la Justicia

• Corte Plena acuerda trabajar de forma conjunta con el CONARE para la elaboración de un diagnóstico sobre la administración de justicia

La Corte Plena, integrada por las 22 magistraturas del Poder Judicial, acordó fortalecer los procesos de evaluación de la administración de justicia mediante su participación en el estudio que desarrolla el Informe Estado de la Justicia. Para ello, facilitará información, datos y colaboración técnica para la investigación académica.

Este lunes 1.º de junio de 2026, durante sesión ordinaria, el máximo órgano judicial aprobó la “Alianza Estratégica para la colaboración y participación entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Programa Estado de la Nación”.

Como objetivo general, la iniciativa busca identificar aspectos relacionados con la eficacia, eficiencia, fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y retos que enfrenta la institución, así como las acciones necesarias para fortalecer el desempeño judicial, a partir de información real, técnica y objetiva. Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas permitirá ofrecer al país una valoración integral del sistema de justicia.

La magistrada y presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, señaló que la continuidad de este proyecto, desarrollado desde 2015, demuestra el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas, siempre con el propósito de mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

“Existe un compromiso claro con el país de mejorar continuamente el servicio de administración de justicia. Hemos impulsado acciones y estrategias orientadas a ese objetivo, que han generado resultados importantes; sin embargo, aún quedan desafíos por atender. Por ello, es de suma importancia contar con una evaluación externa, técnica e imparcial que nos permita identificar oportunidades de mejora en procura de una mayor eficiencia y eficacia”, indicó.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Nacional (UNA), en representación de CONARE, suscribirán esta alianza estratégica, la cual tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por un período igual.

El acuerdo garantiza una articulación permanente entre ambas instituciones para el desarrollo de las investigaciones y la implementación de mecanismos efectivos de intercambio de información oportuna y completa.

Asimismo, mantiene el modelo de contrapartes técnicas, el establecimiento de mesas de trabajo con participación del Poder Judicial y la incorporación de profesionales especializados según las materias jurisdiccionales objeto de análisis.

OES-UNA: “Discusión sobre una reforma fiscal es necesaria y urgente”

Observatorio Económico y Social llama la atención sobre la necesidad de evitar centrar la discusión en medidas de corto alcance y la urgencia de tomar en cuenta el impacto sobre los sectores más vulnerables

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) ha venido advirtiendo sobre un deterioro en la recaudación tributaria desde el 2023.

En el informe Análisis de la Coyuntura Fiscal 2024 se señalaba una reducción de los ingresos tributarios durante ese año, situación que ya se había presentado en 2023. Esta tendencia continuó en 2025 y se ha intensificado durante los primeros meses de este año, tal como lo había anticipado el propio Ministerio de Hacienda en las proyecciones incorporadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La disminución de los ingresos tributarios se ha observado en diversos rubros y no responde a un único factor. Entre las principales causas destacan el menor dinamismo de las empresas del régimen definitivo, la reducción de los ingresos de algunas empresas que facturan en moneda extranjera, el congelamiento salarial en el sector público, el efecto de la apreciación del colón sobre el valor declarado de los bienes importados, la modificación de los valores declarados en la importación de vehículos y diversas decisiones adoptadas por la anterior Asamblea Legislativa, entre ellas, la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la disminución del impuesto sobre la renta para personas físicas con actividad lucrativa y la limitación de algunas potestades de control de la Administración Tributaria.

Sobre este punto, en el informe Análisis de Coyuntura Fiscal 2024 se advertía que “el Observatorio reitera el llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con más reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se ha estado haciendo en los últimos dos años con la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en el cobro del impuesto sobre la renta, la reducción del impuesto a personas físicas con actividad lucrativa (personas con actividades propias) o las reformas recientemente anunciadas en el Selectivo de Consumo, pues el deterioro de los ingresos públicos afectará la posición fiscal del país y complicará la asignación de recursos adicionales a las más apremiantes necesidades de la población”.

Hoy, esta advertencia parece estarse confirmando, pues el deterioro de las finanzas públicas se ha vuelto cada vez más evidente.

Por esta razón, el OES-UNA considera positivo que haya una discusión sobre una eventual reforma tributaria, dada la necesidad de corregir problemas que se han venido acumulando en el sistema tributario costarricense durante décadas. La reforma fiscal aprobada en 2018 tuvo un alcance limitado y no fue concebida como una transformación estructural del sistema, sino como una respuesta inmediata a la necesidad de generar recursos adicionales para enfrentar la situación fiscal del momento.

En ese contexto, era necesario mantener abierta la discusión sobre reformas de carácter estructural que permanecieron pendientes, particularmente en materia del impuesto sobre la renta, así como sobre eventuales ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluida la discusión acerca de su tasa impositiva. Sin embargo, la irrupción de la pandemia por Covid-19 desplazó estas prioridades e impidió la continuidad de una agenda de reformas tributarias de mayor alcance.

El país mantiene pendiente una agenda de reformas tributarias de gran relevancia. Entre ellas destacan:

– La revisión integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en esencia continúa siendo la aprobada en 1988 con las modificaciones incorporadas a lo largo del tiempo.

– La reducción de los niveles de incumplimiento tributario por parte de las personas jurídicas.

– El fortalecimiento de la recaudación proveniente de las personas físicas, ámbito en el que Costa Rica se encuentra rezagada respecto al promedio de los países de la OCDE.

– La introducción de mecanismos de control que eviten el uso de Sinpe Móvil como instrumento para la evasión del IVA.

– La racionalización de determinadas exoneraciones.

– La revisión de los beneficios tributarios otorgados a empresas acogidas a regímenes especiales.

– La definición de estrategias para enfrentar la erosión futura de la recaudación proveniente de los impuestos a los combustibles.

Asimismo, resulta necesario retomar medidas orientadas a fortalecer las capacidades de control y fiscalización de la Administración Tributaria, así como valorar la incorporación de tributos que, además de generar ingresos, contribuyan al cumplimiento de objetivos ambientales.

Por estas razones, el OES-UNA hace un llamado a promover una discusión amplia e integral sobre la reforma tributaria que requiere el país, evitando limitarla a ajustes puntuales destinados únicamente a resolver necesidades de financiamiento de corto plazo. El objetivo debe ser avanzar hacia un sistema tributario más robusto, equitativo y sostenible, capaz de fortalecer las capacidades de la Administración Tributaria y garantizar la disponibilidad de recursos para atender las prioridades nacionales en el largo plazo.

Además, las reformas que eventualmente se adopten deben proporcionar al gobierno central los recursos necesarios para responder a necesidades ineludibles de la población, como por ejemplo: el fortalecimiento del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya sostenibilidad requerirá recursos que exceden los obtenibles mediante una eventual capitalización derivada de la privatización de un banco público, el pago de la deuda del Estado con la CCSS.

Asimismo, debe considerar además el fortalecimiento del financiamiento de la educación pública, el incremento de los recursos destinados a la seguridad ciudadana, el resarcimiento de los montos no transferidos al Poder Judicial en años anteriores, el fortalecimiento de los programas sociales y la atención de necesidades operativas del gobierno central, incluidas aquellas asociadas a la puesta en funcionamiento del nuevo centro penal actualmente en construcción.

La reforma tributaria que eventualmente se proponga debe considerar de manera explícita sus efectos sobre la población en condición de vulnerabilidad económica, incorporando mecanismos que permitan compensar o minimizar posibles impactos adversos. Hasta el momento, sin embargo, este aspecto no ha sido señalado como una condición fundamental dentro de la discusión pública sobre la reforma.

Por ejemplo, la eventual aplicación de la tarifa general del 13% del IVA a los bienes que actualmente integran la canasta básica tributaria, podría generar un aumento significativo en la recaudación de este impuesto, al ampliar la base gravable y gravar una mayor proporción del consumo realizado por los hogares de mayores ingresos. No obstante, una medida de esta naturaleza incrementaría la carga tributaria sobre los hogares de menores recursos, los cuales destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de bienes esenciales.

Por esta razón, cualquier modificación en esta dirección debería acompañarse de mecanismos de compensación adecuados. A partir de experiencias implementadas en otros países de la región y de propuestas que han sido discutidas con anterioridad en Costa Rica, resulta pertinente valorar la devolución del IVA pagado por los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica. Este mecanismo, conocido en el ámbito internacional como “IVA personalizado”, permitiría mitigar los efectos regresivos del impuesto y fortalecer la progresividad del sistema tributario, al tiempo que se preservan los objetivos de recaudación fiscal.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Guía de CEJIL destaca acceso a la información como herramienta clave frente a la crisis climática

La publicación analiza los alcances de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subraya que la transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para la justicia climática.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) puso a disposición la guía temática El acceso a la información climática y las obligaciones de derechos humanos, un documento que analiza los principales aportes de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre emergencia climática y derechos humanos.

La publicación forma parte de la serie El derecho internacional frente a la emergencia climática y busca acercar a personas, comunidades y organizaciones los estándares jurídicos desarrollados por la Corte IDH para enfrentar una crisis que ya afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación y la permanencia en los territorios.

CEJIL recuerda que la Opinión Consultiva reconoce que la emergencia climática es también una crisis de derechos humanos y establece obligaciones concretas para los Estados. Entre ellas destaca la necesidad de garantizar el acceso a información pública, clara, veraz y oportuna sobre las causas e impactos del cambio climático y sobre las medidas adoptadas para enfrentarlo.

La organización enfatiza que los incendios, las sequías y los eventos climáticos extremos continúan afectando a millones de personas en América Latina y el Caribe. Frente a estas amenazas, la información pública se convierte en una herramienta indispensable para la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y la exigencia de respuestas estatales eficaces.

Según destaca la guía, sin acceso a información adecuada las comunidades carecen de elementos para prepararse ante riesgos climáticos, participar en la toma de decisiones, exigir rendición de cuentas o acceder plenamente a la justicia. La información climática es presentada como una condición necesaria para la existencia de alertas tempranas, mecanismos efectivos de participación y procesos transparentes de formulación de políticas públicas.

El documento explica que el acceso a la información climática no constituye únicamente un derecho autónomo protegido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también una herramienta esencial para garantizar otros derechos fundamentales. Asimismo, señala que los Estados deben producir, recopilar, actualizar y divulgar información relevante utilizando la mejor evidencia científica disponible e incorporando los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales.

La guía desarrolla de manera detallada los principales estándares establecidos por la Corte IDH en materia de acceso a la información climática. Entre los temas abordados se encuentran las obligaciones estatales de transparencia activa, los mecanismos para responder solicitudes de información, la accesibilidad para distintos sectores de la población, el uso de nuevas tecnologías, los estudios de impacto ambiental y climático, los presupuestos destinados a la acción climática, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia.

También examina la protección de personas defensoras de derechos humanos, las obligaciones de los actores privados respecto a la generación y divulgación de información ambiental, las restricciones legítimas al acceso a la información y las medidas necesarias para enfrentar la desinformación climática.

La publicación sostiene que fortalecer los sistemas de acceso a la información climática es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos y para construir procesos democráticos más transparentes, participativos y responsables.

CEJIL señala que la guía busca facilitar la comprensión y aplicación de los estándares contenidos en la Opinión Consultiva OC-32/25, contribuyendo a que personas, comunidades y organizaciones dispongan de mayores herramientas para defender sus derechos y participar activamente en las decisiones relacionadas con la emergencia climática.

Descargue el documento completo desde SURCOS en el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/acceso-a-la-informacion-climatica-CEJIL.pdf

Foro analizará el impacto institucional del caso denunciado por Marulín Azofeifa

El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica realizará el foro “El impacto de la traición institucional: la (in)justicia ante la denuncia de Marulín Azofeifa”, un espacio de reflexión sobre las implicaciones institucionales, sociales y de género derivadas del proceso de denuncia impulsado por la exdiputada Marulín Azofeifa.

La actividad se desarrollará el lunes 8 de junio en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y reunirá a especialistas en estudios de género, psicología, sociología y comunicación para analizar los desafíos que enfrentan las personas denunciantes de violencia de género y el papel de las instituciones en la búsqueda de justicia.

Entre las panelistas se encuentra Marisa Batalla Chacón, comunicadora especializada en violencias de género y asesora del equipo legal de la exdiputada Marulín Azofeifa.

También participará Montserrat Sagot Rodríguez, socióloga y exdirectora del CIEM, reconocida por su trayectoria académica e investigativa en temas de género, violencia contra las mujeres y derechos humanos.

El panel contará además con la intervención de Paola Brenes Hernández, psicóloga e investigadora del CIEM, quien aportará elementos de análisis sobre las dimensiones psicosociales e institucionales vinculadas a este tipo de procesos.

La moderación estará a cargo de Paula Rivera Calderón, estudiante de Psicología y Sociología y asistente del CIEM.

La actividad se inscribe en el contexto del debate público generado por la denuncia presentada por Marulín Azofeifa contra el exdiputado Fabricio Alvarado y las discusiones sobre el tratamiento institucional de las denuncias relacionadas con violencia y hostigamiento de carácter sexual, así como sobre los obstáculos que enfrentan las personas denunciantes para acceder a mecanismos efectivos de justicia y reparación.

El foro busca contribuir a la reflexión crítica sobre las respuestas institucionales ante este tipo de denuncias y sobre las consecuencias que dichas respuestas pueden tener para las personas afectadas y para la confianza ciudadana en los sistemas de protección y justicia.

Fecha: Lunes 8 de junio de 2026
Lugar: Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales
Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)

¿Es Laura Fernández la presidenta N.º 50?

Vladimir de la Cruz

Con frecuencia desde que asumió la Presidencia de la República, Laura Fernández Delgado, me han preguntado, padres de familia y algunos maestros y profesores, si la presidenta es la persona número 50 en ocupar ese cargo, como se dijo en los medios de información, y así se le presentó.

Esta es una inquietud que podría no tener gran importancia, dependiendo de cómo se aborde esta numeración o definición de la condición de gobernante de Costa Rica. Pero, es una inquietud que les han planteado a estudiantes valorando el proceso democrático que vivimos en febrero de este año.

Si se trata de ver o analizar la condición de Gobernante tendríamos que atender diversas situaciones históricas. Si tomamos a los gobernantes desde antes de la Independencia o si lo hacemos a partir de la Independencia, el 29 de octubre de 1821.

Si es del período anterior podemos abordar el tema de la Gobernabilidad de la Provincia de Costa Rica durante su período de la conquista y la colonia española. Aquí, habría que considerar a todas las personas que ejercieron la Autoridad Suprema sobre el territorio y su población que origina la Costa Rica dominada por los españoles, por las autoridades que ellos impusieron. Y, podría considerarse también la historia aborigen de las comunidades indígenas que habitaban el territorio, organizados en comunidades que tenían sus caciques, con lo cual se sumarían otros gobernantes que no dejaban de tener presencia en sus comunidades aun cuando estaban sometidas, superada la resistencia a la dominación. Obviamente la dominación española anuló la gobernación de los caciques, pero existieron.

Pero, también hay que considerar como autoridades superiores de Gobierno a quienes ejercieron esa condición en la Capitanía General de Guatemala, o Reino de Guatemala como también se conoció, que eran autoridades superiores en toda la región de Centroamérica.

Del mismo modo, habría que tener como autoridades superiores de gobierno a los Virreyes que fueron nombrados como autoridades superiores del Virreinato de Nueva España o de México, al que pertenecía la Capitanía General de Guatemala.

Y, sobre todas estas autoridades estaban los propios Reyes de España, que fueron las autoridades supremas de todo el Reino Español, en España y Europa y en ultramar, fuera de Europa. Todo este engranaje de dominación política produce muchas personas como autoridades superiores de la Provincia de Costa Rica hasta su Independencia.

Desde este punto de vista, partiendo desde los días de la Independencia, para estimar el número de personas que han gobernado a la Provincia de Costa Costa Rica, al Estado de Costa Rica y a la República de Costa Rica, tenemos tres períodos a considerar. Primero, el período de las Juntas Superiores de Gobierno, así considerado el período que va desde 1821 hasta 1824. Segundo, el período de incorporación a la República Federal de Centroamérica, que nos provoca dos situaciones, la de los jefes de Estado, cuando formando parte de la República Federal nos constituimos en Estado de Costa Rica, miembro o parte de la República, junto con los otros Estados centroamericanos. Así tuvimos jefes de Estado de Costa Rica desde 1824 hasta 1848.

Dentro de este período de la República Federal tuvimos como autoridades superiores de toda la región centroamericana, y de Costa Rica, a los presidentes de la República Federal de Centroamérica.

Costa Rica se retiró de la República Federal en 1838, pero permaneció con el nombre de Estado de Costa Rica hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el entonces jefe de Estado y primer presidente de la República de Costa Rica, el Dr. José María Castro Madriz, declaró la fundación de la República de Costa Rica, como empezamos a llamarnos desde esa fecha, y así se nos reconoce nacional e internacionalmente.

Como República de Costa Rica operamos hasta el 8 de mayo de 1948, cuando José Figueres, jefe supremo y líder victorioso de la guerra civil de marzo y abril de ese año, se impuso en el gobierno, sobre Otilio Ulate, que había resultado victorioso en las elecciones de febrero de 1948, que se las anularon, y fundó la llamada Segunda República, que es el período que hemos vivido desde 1948 hasta hoy.

Desde esta perspectiva, de manera directa, tuvimos 14 Reyes de España, como autoridades superiores de todo el Reino, incluido Costa Rica. No considero a Napoleón Bonaparte, cuando destituye al Rey y gobierna España desde 1808 hasta 1814. Como Virreyes de Nueva España, a la que pertenecía la Capitanía General de Guatemala, hubo 62 virreyes.

En el caso de la Capitanía General de Guatemala, las personas que ocuparon el principal puesto de mando en toda la región, se denominaron Capitán General de Guatemala, Gobernador, Teniente de gobernador, Adelantado de Guatemala, Presidente de la Real Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua, Oidor – presidente, Presidente – gobernador, Gobernador de la provincia de Guatemala, Jefe Político Superior, Presidentes y Superintendente General de la Real Hacienda, que sumaron todos ellos alrededor de 150 autoridades coloniales.

Desde 1821 hasta 1823 tuvimos organismos colegiados de gobierno que se llamaron Junta de Legados de los Pueblos, Junta Interina, Junta Electoral, Primera Junta Superior Gubernativa, Segunda Junta Superior Gubernativa, Diputación Provincial o Triunvirato, comandantes generales, Congreso Constituyente y Tercera Junta Superior Gubernativa. Este período de las Juntas gobernó desde el 12 de noviembre de 1821 hasta el 8 de setiembre de 1823. Durante ese período 13 personas ejercieron como los principales de esos gobiernos colegiados.

Desde el 8 de setiembre de 1823 Juan Mora Fernández asumió como jefe de Estado de Costa Rica, dando inicio a ese período, del Estado de Costa Rica, hasta 1848, que se desarrolló en 17 breves gobiernos, algunos de ellos repetidos por una persona, como lo fueron Juan Mora Fernández o Braulio Carrillo. Como gobernantes fueron 17 pero como personas gobernantes 14.

Dentro de la República Federal tuvimos, desde 1825 hasta 1838, cuatro presidentes en 7 períodos de gobierno. Francisco Morazán gobernó 4 períodos.

Con el inicio de la República de Costa Rica, a partir del 31 de agosto de 1848, José María Castro Madriz tuvo el título de presidente de Estado, del 8 de mayo al 31 de agosto de 1848. A partir de esta fecha se regularizó el título de presidente de la República, hasta hoy. Como presidentes de la República 30 personas ejercieron 41 gobiernos, porque algunas repitieron gobierno.

Desde los gobernantes de Costa Rica, en 1821, considerando gobierno tras gobierno, hasta el gobierno de Teodoro Picado, 1944-1948, hubo 72 períodos gubernativos, unos cortos, otros estables en períodos de 4 años cada uno.

Desde 1948 hasta el 2026 hemos tenido, considerando a la Junta de Gobierno, 21 gobiernos. 20 a partir del Gobierno de Otilio Ulate Blanco, iniciado el 7 de noviembre de 1949.

De esta manera, a Laura Fernández Delgado la tenemos como la presidenta 20 o 21 del período de la Junta de Gobierno, según se analice desde mayo de 1948 o desde el inicio del gobierno de Ulate. Sería la presidenta 20 o 21 del período de la Segunda República.

Si nos devolvemos hasta 1848, cuando se fundó la República y se estableció la denominación de presidente, o presidenta, si consideramos todos los gobiernos, uno a uno, Laura Fernández Delgado es la presidente o presidenta número 62. Y. si nos remontamos a los días de la Independencia, desde el período de las Juntas de Gobierno, Laura Fernández Delgado es la persona que ejerce la Presidencia del gobierno 93, desde aquella época.

Durante el período 1834-1859 hubo 10 personas que ejercieron el Poder Ejecutivo como Encargados del Poder Ejecutivo.

Para la ciudadana Laura Fernández Delgado los números que se le pueden aplicar al ejercicio de su período gubernativo, de su Presidencia, son los siguientes: 20, 21, 62, 93, todos al gusto… todos igualmente válidos.

La Voz de Hind Rajab – en Cine Magaly

La película La Voz de Hind Rajab, ganadora de varios premios internacionales, se presenta en Costa Rica por vez primera a partir del 5 de junio del 2026 en el Cine Magaly (enlace al anuncio del Cine Magaly).

En este video se aprecia la larga ovación vivida durante la presentación de esta conmovedora película durante el Festival de Venecia. Invitamos también a ver esta nota de prensa).

Este enlace ofrece el detalle del asesinato de esta niña palestina ocurrido el 29 de enero del 2024 en Gaza. La información permite entender mucho mejor las razones por las que esta película ha conmovido a tantos públicos tan diversos en el mundo.

Festival del Día del Ambiente en Puerto Potrero

Puerto Potrero, Guanacaste. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, la comunidad de Puerto Potrero realizará el próximo sábado 6 de junio, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Plaza de Deportes, el Festival Día del Ambiente bajo el lema “Comunidad y agua para sostener la vida”, un espacio de encuentro comunitario que reunirá actividades culturales, educativas y recreativas orientadas a la defensa del territorio, la protección de las fuentes de agua y el fortalecimiento de la organización local.

La jornada incluirá limpieza de playa, actividades recreativas para niñas y niños, música, stands informativos, conversatorio y el mercadito comunitario “Saberes y Sabores”, una iniciativa que busca promover la economía local, los emprendimientos comunitarios y el intercambio de conocimientos vinculados con la identidad y la cultura del territorio.

Más allá de una celebración ambiental, el festival representa una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre los desafíos que enfrenta Puerto Potrero y otras comunidades costeras de Guanacaste ante el acelerado crecimiento de modelos de desarrollo turístico de gran escala, cuyos impactos se manifiestan en la presión sobre las fuentes de agua, el aumento del costo de la vida, la transformación de los territorios y los procesos de desplazamiento y exclusión de las poblaciones locales.

En este contexto, los espacios comunitarios adquieren una importancia estratégica desde una perspectiva territorial, ambiental, social y política. Son escenarios donde se fortalecen los vínculos comunitarios, se construyen propuestas para la gestión sostenible de los bienes comunes y se generan capacidades para la incidencia ciudadana en la toma de decisiones que afectan directamente la vida de las comunidades.

Uno de los actores fundamentales en este esfuerzo ha sido la ASADA de Puerto Potrero, organización que durante años ha desarrollado acciones para la protección de las fuentes de agua y la gestión comunitaria del recurso hídrico. Su trabajo ha sido clave para impulsar procesos de monitoreo, conservación y sensibilización ambiental, así como para visibilizar las tensiones que surgen cuando el crecimiento turístico supera la capacidad de los ecosistemas locales.

Tendremos actividades de gestión ambiental y estaremos hablando de la afectación que se avecina, el impacto que vamos a tener otra vez por el fenómeno del niño. Alzaremos la voz con esta actividad para que el gobierno local tome en serio las cosas como se hizo en el 2016 que las comunidades ya estábamos informadas de lo que iba a pasar, se emitió la declaratoria de emergencia y se crearon planes de contingencia a nivel regional” indicó Leonel Duarte Caravacas, presidente de la ASADA.

El cuido del agua en Puerto Potrero no solo responde a una preocupación ambiental, sino también a la necesidad de garantizar el acceso equitativo a un derecho fundamental para las actuales y futuras generaciones. Frente a un escenario marcado por sequías más frecuentes, aumento de la demanda hídrica y expansión inmobiliaria, la gestión comunitaria del agua se convierte en un pilar para la sostenibilidad y la justicia territorial.

El festival también es resultado de la articulación entre organizaciones locales y el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, una alianza que ha permitido fortalecer procesos de formación, investigación participativa e incidencia comunitaria. Esta colaboración busca contribuir a que las comunidades cuenten con más herramientas para comprender las transformaciones que viven sus territorios, defender sus bienes comunes y participar activamente en la construcción de alternativas más justas y sostenibles.

Para Dylanna Rodríguez, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales, “este festival es parte de un proceso socioeducativo que estamos realizando en la comunidad de Puerto Potrero ante un crecimiento voraz del desarrollo turístico que ha venido impactando la vida de la comunidad. En un contexto de enorme presión hídrica, es fundamental que se construyan estrategias locales para el cuido de las fuentes de agua y de la biodiversidad presente en la zona”.

La actividad es abierta a toda la población, las organizaciones convocantes invitan a vecinas, vecinos, visitantes y personas solidarias a sumarse a esta jornada de encuentro, aprendizaje y acción colectiva por la defensa del agua y del territorio.

Hasta 1114 personas al año estarían en riesgo de muerte súbita por falta de diagnóstico, señala estudio de la UCR

Mag Olga Marta Ramírez Hernández 
Comunicadora
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)

  • Muchas muertes súbitas en personas jóvenes no son infartos, sino condiciones hereditarias que si se detectan a tiempo se podrían prevenir

  • Se propone la creación de una unidad especializada en la CCSS para detección temprana y seguimiento clínico

Hasta 1114 personas por año podrían estar en riesgo elevado de muerte súbita si no tienen un diagnóstico oportuno en el país, lo que evidencia la magnitud del problema desde la perspectiva de salud pública, según un estudio desarrollado en la Maestría en Administración y Dirección de Empresas del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La investigación, titulada Estudio de factibilidad para abrir una unidad especializada en atención, diagnóstico y seguimiento para personas con cardiopatías familiares en la CCSS, fue realizada por la investigadora María Jesús Mora Fernández y el investigador Víctor Keneth Fernández Araya, como trabajo final de graduación.

El tema es tan relevante para el país que la investigación propone la creación de una unidad especializada en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para mejorar la detección y el seguimiento de las cardiopatías familiares, enfermedades genéticas asociadas a muerte súbita en personas jóvenes.

El estudio, desarrollado en la Maestría en Administración y Dirección de Empresas del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), concluye que esta iniciativa es técnica, social y financieramente viable, y que podría contribuir a reducir muertes evitables mediante diagnósticos oportunos y seguimiento clínico.

Las cardiopatías familiares son enfermedades de origen genético que pueden no presentar síntomas y manifestarse de forma repentina. En Costa Rica, la ausencia de una unidad especializada, protocolos integrales y registros epidemiológicos limita la detección temprana y el seguimiento de personas en riesgo.

Muertes súbitas en personas jóvenes

La propuesta plantea la creación de una Unidad de Cardiopatías Familiares, orientada al diagnóstico temprano, seguimiento clínico y análisis de familiares en riesgo. Además, contempla la articulación entre distintas especialidades médicas y el desarrollo de registros que permitan mejorar la toma de decisiones.

Para el médico forense Lawrence Chacón Barquero, especialista en medicina legal y patología cardiovascular, el país enfrenta una brecha en la atención de estas enfermedades: “En toda Latinoamérica no existe una unidad integral de atención de cardiopatías familiares. Muchas muertes súbitas en personas jóvenes no son infartos, sino condiciones hereditarias que, si se detectan a tiempo, permitirían estudiar a las familias y prevenir nuevas muertes. Hoy sabemos quiénes están en riesgo, pero no tenemos a dónde referirlos”, aseguró el galeno.

Muchas familias quedan sin orientación tras una muerte súbita. No hay una unidad donde puedan recibir consejo para entender qué ocurrió ni saber si otros familiares están en riesgo, pese a que se trata de trastornos genéticos que pueden afectar a personas jóvenes y repetirse en una misma familia”, advirtió la Dra. Vivien Araya Gómez, especialista en cardiología y electrofisiología cardíaca y miembro de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Cardiología (ASOCAR).

El proyecto surge ante la necesidad de contar con un abordaje más estructurado. Actualmente, muchos casos se identifican de forma tardía, lo que reduce las posibilidades de prevención en familiares”, explicó María Jesús Mora, investigadora del estudio.

Aporte a la seguridad social de Costa Rica

El proyecto de la creación de la Unidad fue presentado a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que analiza incorporar la Unidad a corto plazo.

Para nosotros es un aporte invaluable que da orientación a la Caja Costarricense de Seguro Social, porque este estudio permite optimizar y alinear los recursos de la institución frente a un problema de salud pública: la pérdida de vidas a edades tempranas. Además, contribuye a mejorar el proceso de atención y a prevenir futuras afecciones del corazón, lo que también evita costos mayores a largo plazo”, afirmó la Dra. María Eugenia Villalta, directora general del Hospital San Juan de Dios.

El principal aporte fue traducir una necesidad del sistema de salud en una propuesta viable para la toma de decisiones, con un enfoque preventivo”, advirtió Víctor Keneth Fernández, coautor de la investigación.

El análisis incluyó la evaluación técnica, social y financiera del proyecto, así como la revisión de experiencias internacionales y entrevistas con especialistas del sector salud.

Entre los beneficios identificados se encuentran la reducción de muertes en población joven, el aumento de años de vida saludable y una mejor utilización de los recursos del sistema de salud, al priorizar la prevención sobre la atención tardía.

Esta investigación refleja cómo Posgrados UCR funciona como un semillero de investigación orientado a generar propuestas concretas. En este caso, el estudio aporta una solución viable desde la gestión y la salud pública para atender una necesidad identificada en el país”, manifestó el Dr. Eldon Cadwell Marín, decano del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR.

El estudio también identifica vacíos en el sistema actual, como la falta de coordinación entre especialidades, la limitada disponibilidad de pruebas diagnósticas y la ausencia de un registro nacional que permita dimensionar el problema.

A partir de estos hallazgos, la investigación plantea que la creación de esta unidad especializada podría fortalecer la prevención, mejorar la detección temprana y reducir el impacto de eventos asociados a cardiopatías familiares en Costa Rica.

Documento de la investigación