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Autor: María José Ferlini Cartín

El Primero de Mayo Rodrigo Arias debería seguir al frente de la Asamblea Legislativa

Vladimir de la Cruz

El Primero de Mayo, como fecha, tiene varias relevancias. La primera es el día feriado que se origina por la rendición de William Walker, el 1 de mayo de 1857.

El 30 de abril de 1857, el Capitán Charles H. Davis, de la marina estadounidense, se ofreció para mediar y lograr la rendición de Walker. El General, en ese momento Jefe de los ejércitos centroamericanos, José Joaquín Mora, aceptó la intervención del Capitán Charles H. Davis de la marina estadounidense, rendición que se materializó el 1° de mayo en la goleta St. Marys. El 6 de mayo de 1857 llegó a San José la noticia de la rendición de Walker, lo que se celebró intensamente.

William Walker salió con 16 oficiales de su Estado Mayor hacia San Juan del Sur, acompañados del capitán Charles H. Davis (EEUU) y del general Víctor Zavala (Guatemala). Su rendición no le impidió intentar de nuevo regresar a Centroamérica. En noviembre lo intentó con 150 filibusteros, que fueron detenidos en San Juan del Norte, de Nicaragua, por el comodoro Hiram Paulding, de la fragata estadounidense “Wabash”, y enviado de regreso a Estados Unidos.

En diciembre, un grupo de filibusteros de nuevo llegó a Honduras, donde naufragaron. Desde entonces, hasta 1860, volvieron varias veces a Honduras, desde donde los obligaron de nuevo a retirarse, hasta que en septiembre se rindió ante el capitán inglés Norvell Salmon, quien pone a William Walker ante las autoridades hondureñas en el puerto de Trujillo, donde fue fusilado.

Su rendición en esa fecha provocó que el Presidente Juan Rafael Mora declarara esa fecha como feriado nacional, obligatorio.

A esta fecha se le montan, la opacan y la invisibilizan, la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el Informe Presidencial a la Asamblea Legislativa y la Elección del Directorio legislativo y de la integración de los directorios municipales.

La celebración del día internacional de los trabajadores se origina en la lucha internacional de los trabajadores, en el siglo XIX, por el establecimiento de la jornada de trabajo de 8 horas, que se logró imponer en Chicago en las huelgas de 1886, que culminaron con los sucesos de represión política y de triunfo de la huelga ese 1° de mayo.

De nuevo, en 1888 y 1890 se reanudaron las huelgas presionando por la misma jornada allí donde no se había obtenido, y desde 1890, por iniciativa de los trabajadores franceses, empezó a celebrarse a escala internacional el 1° de mayo, como un día de balance de luchas, de las que se habían realizado en el año transcurrido y en una plataforma de lucha para el año venidero.

En Costa Rica desde 1913 empezó a celebrarse prácticamente de manera ininterrumpida. La ONU lo incorporó como parte de su calendario internacional de conmemoraciones y su celebración se amplió a todos los países que forman parte de esta organización mundial.

Al primero de mayo corresponde constitucionalmente la rendición de cuentas, que sobre su gestión anual debe realizar el presidente de la República, ante el pueblo costarricense representado en sus diputados. Este acto ha tenido la sonoridad y relevancia publicitaria del caso, y de la mayor atención pública. Dicho informe o mensaje presidencial se somete por una semana, en una discusión reglada, por parte de las diferentes fracciones legislativas.

También están obligados los ministros a entregar antes del 15 de mayo, a la Asamblea Legislativa, un informe sobre su gestión realizada hasta esa fecha. Los informes de los ministros no son objeto de análisis de los diputados. Deberían serlo también. Muchos de esos informes se elaboraban casi como un catálogo de fotos, como álbumes, de la gestión ministerial sin hacer balance real de sus trabajos.

El punto culminante del Primero de Mayo se enfatizaba también en la elección del Directorio Legislativo, para el siguiente período o Legislatura, que va desde el 1° de mayo al 30 de abril siguiente. La elección del Directorio tiene su destacada importancia porque elige al Presidente de la Asamblea Legislativa, que es el funcionario que por jerarquía constitucional puede sustituir al Presidente de la República, en su ausencia ocasional, o permanente, cuando sus vicepresidentes, por alguna situación particular no ejercen, como sucedió en la cuarta Legislatura del Presidente Óscar Arias, en el 2009-2010, carente de esas vicepresidencias, por lo cual el Presidente Legislativo Francisco Antonio Pacheco le sustituyó varias veces por salidas del país. Permanente, en caso de muerte.

Además, el presidente Legislativo tiene la potestad de integrar las comisiones de trabajo parlamentarias, que generalmente lo hace de acuerdo a las distintas fracciones de diputados.

El presidente Legislativo no necesariamente tiene que ser del mismo partido del presidente de la República. Cuando el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria, en su primera legislatura, se ha estilado, que se nombra presidente de la Asamblea, por un acto casi de cortesía política, a un diputado del partido gobernante. Pero, esto no es obligatorio. No sucedió con este gobierno el 1° de mayo del 2022. Tampoco sucedió en el 2023. Y para el próximo primero de mayo, no hay nadie a la vista de los diputados de gobierno al que se le podría dar esta cortesía política, que supondría una mejor relación del Poder ejecutivo con el Poder Legislativo, lo cual no sucede porque exista esa presidencia en manos de un diputado de gobierno. La agenda parlamentaria tiene su propia vida, excepto en las llamadas sesiones extraordinarias legislativas que dependen de los proyectos de ley que proponga el Poder Ejecutivo, lo que es funcional y válido para la labor parlamentaria, independientemente de quién dirija al Poder Legislativo.

Bien podría considerarse que en el resultado electoral el pueblo le dio poder a Rodrigo Chaves para dirigir el país desde el Poder Ejecutivo y sus instituciones, pero le dio un poder de control político sobre el presidente, al Poder Legislativo, dándole más diputados a los partidos que no son del gobierno. Esta es la realidad política.

El próximo primero de mayo hay que elegir el presidente legislativo, que representa al pueblo, en sus fracciones parlamentarias, que representan el control ciudadano que debe haber sobre la gestión política nacional. Entre los candidatos posibles figura quien ha ejercido la presidencia en estos dos años, el diputado Rodrigo Arias Sánchez, como aspirante a continuar en esa importante representación institucional, frente al Poder Ejecutivo.

En mi opinión, la ha ejercido bien, con dignidad, con respeto, con distancia cuando debe tenerla y con cercanía cuando corresponde. Le ha puesto las banderillas si ha sido necesario al presidente de la República, destacando y defendiendo la independencia de poderes. Que Rodrigo Arias sea diputado del Partido Liberación Nacional no tiene que ver. Goza de la ventaja que ese partido tiene una mayoría importante de diputados, casi el doble de las fracciones mayoritarias que tiene la Asamblea.

Dentro de la fracción de Liberación Nacional le salió una pulga a Rodrigo Arias, y a última hora una diputada que también considera su posibilidad presidenciable del Poder Legislativo. Estas posibles candidaturas dentro de Liberación Nacional muestran que ese partido es cada vez más un partido político debilitado internamente, y que sus diputados casi pueden ser representantes de un archipiélago político de diferentes grupos a su interior, sin que tengan el empaque de partido sólido, como lo era en el pasado. Esa fisura solo augura mayores fracciones hacia las elecciones del 2026.

La pulga que le salió a Rodrigo Arias fue casi una jugada del presidente de la República, quien sí se está moviendo fichas para crear un caos parlamentario en torno a esta elección del presidente Legislativo, promoviendo otras candidaturas, como la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La pulga de Liberación Nacional y el candidato del PUSC pujan por ver quién de ellos se acerca más al presidente de la República, como alfombras de la casa presidencial y como felpudos del presidente. Esa es la imagen que proyectan.

Es claro que el PUSC tiene una gran identificación programática con las posturas del gobierno, especialmente en su actitud de vender el país, de vender las instituciones públicas importantes, de privatizar al máximo la institucionalidad. Uno de sus diputados claramente ha declarado estar al servicio del presidente.

Las reuniones que el presidente realice, con su jefa parlamentaria y representantes de otros partidos es válida. Es parte de la vida política del país. Lo que circula en redes y en información, no oficial, es que la agenda de esas reuniones es para buscar a quién apoyan hacia la Presidencia del Poder Legislativo, como en una subasta, para valorar quién se ofrece de mejor postor en la agenda de ventas, que tiene el Poder Ejecutivo, de las instituciones más ricas y estratégicas del país, posiblemente diseñadas esas ventas al margen del la Contraloría General de la República y de los órganos que velan por la transparencia de esos negocios, ventas que se proyectan a inversionistas extranjeros, porque se ha dicho claramente que, en esas subastas, no se permitirá la participación de inversionistas o sectores nacionales.

En el mercado de Zapote, los agentes comerciales parlamentarios estarán discutiendo quién es más felpudo y alfombra, que puede recibir el apoyo para facilitar que en la agenda legislativa se coloquen las ventas de las instituciones nacionales. Como partidos políticos, quienes allí asisten, están en el furgón de cola del tren presidencial. Incluso se ven impulsando una coalición política, que tienen que diseñar y aprobar en los próximos meses, para ver cómo se reúnen estos partidos con la agenda de venta del país.

DIVIDE Y VENCERÁS

Hay que reconocer que el presidente Rodrigo Chaves ha aprendido bastante del ejercicio del poder. Especialmente, sin dejar de intimidar, asustar, maltratar a sus opositores, ha sabido cómo crearles contradicciones, cómo dividirlos, cómo estimular a los diputados débiles, que bien los conoce, con sus aspiraciones, cómo estimularles sus egos y aspiraciones, y de cómo crear incertidumbre ante la elección del próximo primero de mayo, del presidente legislativo.

Es también un mensaje a Liberación Nacional para tratar de someterlo a la agenda presidencial de ventas. En Liberación no están al margen de esas ventas. Ahí hay también presiones en ese sentido. Pero, todavía pesa algo, en este partido, de su histórica participación en el desarrollo institucional de la Segunda República. La discusión que deben tener es si se quiere mantener esa Segunda República renovada, fortalecida, acorde al siglo XXI, o si se quiere tener y desarrollar una República de Segunda, que es hacia donde marcha la carroza fúnebre zapoteña, la de sus aliados políticos, económicos y parlamentarios.

Lo que más interesa al país, más allá de las críticas internas que los diputados puedan tener sobre la presidencia de Rodrigo Arias, es valorar lo que más le interesa al país al frente de la Asamblea Legislativa. Para este momento político me parece que lo que le conviene a la institucionalidad democrática, a la democracia nacional y al ejercicio independiente de los Poderes Públicos, es que el diputado Rodrigo Arias Sánchez continúe al frente del Poder Legislativo. No es un asunto personal lo que se discute. Es un tema de responsabilidad política nacional.

Compartido con SURCOS por el autor.

México presenta demanda contra Ecuador ante Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.

México presentó el pasado 11 de abril una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la violación al principio de inviolabilidad de las sedes que albergan legaciones diplomáticas, ocurrida el pasado 5 de abril en la embajada de México en Quito.

Es la segunda vez en su historia que México acude a la CIJ luego de su demanda contra Estados Unidos en el 2006 (en ambos casos como Estado demandante). De igual manera, para Ecuador, es la segunda vez que comparecerá en su historia ante el juez de La Haya, esta vez como Estado demandado (a diferencia de la demanda que había interpuesto contra Colombia en el 2008).

Una muy breve puesta en contexto

Aquel 5 de abril del 2024, se informó que las fuerzas especiales de seguridad ecuatorianas ingresaron dentro de la Embajada de México en Ecuador, golpeando al personal diplomático presente que opuso resistencia, para capturar a un político ecuatoriano al que México le había otorgado el asilo diplomático.

En este artículo publicado en El Pais (España), la máxima representante de México describe de manera detallada lo ocurrido dentro de la embajada de México luego de recibir, por parte de las autoridades diplomáticas de Ecuador, su notificación como persona non grata el 4 de abril por la tarde.

Las imágenes de las fuerzas especiales ecuatorianas, ingresando en una operación comando en una legación diplomática provocaron el repudio y la condena a la actuación de Ecuador. Esta condena fue generalizada y se expresó a través de diversos comunicados oficiales condenando a Ecuador, emitidos sea por Estados o por organizaciones internacionales.

La demanda de México presentada ante la CIJ viene acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales (véase texto), en la que México pide a la CIJ varios puntos en su petitoria.

La base de competencia que usa México para interponer la demanda es el Pacto de Bogotá, al que Ecuador y México son Estados Parte (véase texto y estado oficial de firmas y ratificación). Se trata de un instrumento regional adoptado en 1948 a nivel del hemisferio americano que contiene una cláusula (el artículo XXXI) permitiendo que cualquier controversia entre dos Estados Parte sea llevada a la CIJ: en noviembre del 2012, en señal de rechazo a una decisión de la CIJ otorgando a Nicaragua áreas marinas en el Mar Caribe, Colombia optó por denunciar este instrumento regional, convirtiéndose en el primer Estado en denunciar un tratado emblemático que lleva el nombre de su capital. Si bien Venezuela firmó el Pacto de Bogotá, nunca lo ratificó. El último Estado en ratificar el Pacto de Bogotá fue Belice en octubre del 2022.

La demanda de México en breve

En la demanda que elaboró México entre el 5 y el 11 de abril, un tiempo relativamente corto para un documento de esta naturaleza (lo cual evidencia la máxima prioridad de las autoridades diplomáticas de México desde el 5 de abril), destacan los siguientes puntos (página 10):

«c) In view of all the violations by Ecuador of international obligations owed to Mexico,

  1. To adjudge and declare that Ecuador is responsible of the harm that the violations of its international obligations have caused and are still causing to Mexico;
  2. To suspend Ecuador as member of the United Nations, until it does not issue a public apology recognizing its violations to the fundamental principles and norms of international law, to guarantee the reparation to the moral harm inflicted upon the United Mexican States and its affected nationals;

iii. To adjudge and declare that, in case of a violation to the Principles established in the United Nations Charter similar to the ones committed by Ecuador in the present case, the Court is the appropriate judicial body to determine the responsibility of a State, in order to initiate the process of expulsion under article 6 of the United Nations Charter; and

  1. To set a precedent stating that a State or nation that acts as Ecuador did in the present case will ultimately be expelled from the United Nations in accordance with the procedure foreseen under article 6 of the United Nations Charter«.

En la parte final del documento presentado por México, se indica que

 «66. In view of the considerations referred to in the foregoing paragraphs, I respectfully request, on behalf of the Government of Mexico, that pending final judgment in this suit, the Court indicate the following provisional measures:

  1. a) That the Government of Ecuador takes appropriate and immediate steps to provide full protection and security of diplomatic premises, their property, and archives, preventing any form of intrusion against them.
  2. b) That the Government of Ecuador allows the Mexican Government to clear diplomatic premises and the private residence of diplomatic agents.
  3. c) That the Government of Ecuador ensures that no action is taken which might prejudice the rights of Mexico in respect of any decision which the Court may render on the merits.
  4. d) That the Government of Ecuador refrains from any act or conduct likely to aggravate or widen the dispute of which the Court is seized«.

De algunos aspectos de interés

Entre las diversas reglas invocadas por México, son también de notar la referencia a la opción de disculpas públicas a México y la solicitud de expulsar a Ecuador de Naciones Unidas que se lee en varias partes de la petitoria.

Con relación a la primera, posiblemente sea pensada no tanto para obtener disculpas de las actuales autoridades ecuatorianas, sino de cara al cambio de autoridades en Ecuador en el 2025 (año electoral), que bien podrían ser tentadas por ofrecer públicamente disculpas a México por lo sucedido el 5 de abril del 2024.

En cuanto a la segunda solicitud, puede entenderse como una solicitud extrema de México al juez internacional: no solamente evidencia el profundo malestar de México con el asalto del que fue víctima su embajada en Quito, sino que ofrece a la CIJ la posibilidad de mostrarse particularmente severa en aras de sentar un precedente con Ecuador. En efecto, las reglas violadas por Ecuador constituyen pilares fundamentales de las reglas que se aplican a las relaciones entre los Estados.

También puede entenderse esta solicitud de exclusión de Ecuador como un llamado de México a otros Estados, en particular en América Latina, a suspender sus relaciones bilaterales con Ecuador: desde este punto de vista es muy posible que, en estos días venideros, algunos Estados hagan anuncios oficiales en este sentido.

Recordemos que a raíz de tan insólita violación a las reglas más básicas que regulan las relaciones diplomáticas (debidamente inscritas desde 1961 en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas), México optó por romper sus relaciones diplomáticas con Ecuador: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota anterior titulada «A propósito del anuncio por parte de México de suspender sus relaciones diplomáticas con Ecuador«.

México ante la CIJ: segunda demanda desde 1945

Es la segunda vez en su historia que México recurre a la CIJ. En enero del año 2003, México presentó una primera y (hasta este 11 de abril del 2024), única demanda contra Estados Unidos pidiendo a los jueces de La Haya suspender la aplicación de la pena capital a más de 50 mexicanos recluidos en centros de detención en Estados Unidos: véase texto de la demanda y sentencia de la CIJ del 31 de marzo del 2004.

Para Ecuador también esta es su segunda comparecencia ante el juez de La Haya: en el 2008, había interpuesto una demanda contra Colombia por aspersión de plaguicidas en zonas fronterizas, una demanda que optó por retirar en el 2013 luego de negociar un acuerdo con Colombia (véase texto del acuerdo): el acuerdo incluye un monto de 14 millones de US$ de Colombia a Ecuador para sufragar en parte los gastos en los que incurrió Ecuador en su defensa en La Haya.

Notemos que la poca participación de los Estados de América Latina ante la CIJ se verifica también para Argentina, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela (un solo caso, estando pendiente de resolución en el caso de Venezuela); así como para Brasil (ninguno que haya dado lugar a una sentencia) y Cuba, Haití, República Dominicana y Panamá (ningún caso registrado); al tiempo que Bolivia, Perú y Guatemala contabilizan dos casos (de los cuales uno con Belice pendiente de resolución) y Chile tres (de los cuales dos con Bolivia); y que Colombia y Honduras aparecen con cuatro casos cada uno (de los cuales para Honduras uno pendiente de resolución con Belice).

La situación antes descrita contrasta singularmente con las demandas a repetición entre Costa Rica y Nicaragua con relación al Río San Juan (4 demandas presentadas entre el 2005 y el 2017 y una adicional en el 2014 en materia de delimitación marítima en ambos océanos) (Nota 1). A la fecha se desconoce el gasto incurrido por ambos Estados para sufragar sus costos en su defensa en La Haya entre el 2005 y el 2018 (Nota 2). Nicaragua por su lado registra 12 demandas que han dado lugar a una sentencia, repartidas de la siguiente manera: una contra Estados Unidos, dos contra Honduras, tres contra Colombia (todas relacionadas a áreas marinas en el Caribe), y las restantes con Costa Rica (de las cuales, solo en una fue Nicaragua la demandante).

A modo de conclusión: las embajadas de América Latina ante la CIJ

Actualmente se encuentra dentro de la embajada de Nicaragua en la ciudad de Panamá, el ex Presidente de Panamá, al que Nicaragua le otorgó el asilo diplomático, y quien es buscado por la justicia de Panamá por asuntos diversos (véase nota de SwissInfo). Tanto Panamá como Nicaragua deben estar observando como Estados, con gran interés lo que ocurre entre México y Ecuador desde el pasado 5 de abril.

Para este 16 de abril, está convocada una reunión urgente de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) para adoptar una posición común sobre lo acontecido el 5 de abril en la embajada de México en Quito: Uruguay ha anunciado que no participará (véase cable de Swiss Info).

Es de notar que la última controversia entre dos Estados de América Latina con relación a una embajada que llegó a manos de la CIJ fue la demanda interpuesta por Honduras contra Brasil en octubre del 2009: véase texto en francés e inglés de la demanda. No obstante, mediante una carta de Honduras solicitando retirar la demanda con fecha del 3 de mayo del 2010, la CIJ ordenó su archivo definitivo (véase ordenanza de la CIJ del 12 de mayo del 2010).

Muchos años (pero muchos…) antes, el otorgamiento por Colombia en 1948 del asilo diplomático a un dirigente político peruano en su embajada en Lima, dio lugar a una controversia que concluyó entre Colombia y Perú con una decisión de la CIJ (véase demanda de Colombia de octubre de 1949 y sentencia de la CIJ del 20 de noviembre de 1950).

Es de notar que, para ese entonces, no estaba aún vigente el Pacto de Bogotá de 1948, ni ningún tratado bilateral entre Colombia y Perú habilitando a la CIJ para conocer de disputas entre ambos; por lo que Colombia y Perú debieron concluir un acuerdo bilateral otorgando a la CIJ competencia para conocer de este asunto en específico: véase al respecto el texto del acuerdo, elaborado en francés.

Probablemente, los mejores argumentos legales para México en este año 2024 ante el juez de La Haya sean los que invocó… el mismo Ecuador, cuando la policía británica amenazó en agosto del 2012 con una operación comando dentro de la embajada de Ecuador en Londres para capturar a Julian Assange (Nota 3).

Nota 1: Se trata de la demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua el 29 de setiembre del 2005 por los derechos de navegación en el Río San Juan (véase texto); la planteada el 18 de noviembre del 2010 por la incursión ilegal de Nicaragua en Isla Portillos (véase texto); la presentada por Nicaragua contra Costa Rica el 21 de diciembre del 2011 por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» (véase texto); la presentada por Costa Rica contra Nicaragua sobre delimitación marítima en ambos océanos el 25 de febrero del 2014 (véase texto); y finalmente la presentada por Costa Rica contra Nicaragua el 16 de enero del 2017 por la construcción de una carpa por parte de Nicaragua en un playón en el extremo de la frontera Norte (véase texto).

Nota 2: En el caso de Costa Rica (y de Nicaragua) se mantiene como una verdadera incógnita los montos que cada Estado debió sufragar para financiar estas repetitivas contiendas en La Haya entre el 2005 y el 2018. En Chile, el Poder Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú interpuesta por Perú en enero del 2008 ante la CIJ (véase nota de prensa) y resuelta en enero del 2014 por el juez de La Haya. Por su parte, Bolivia reconoció en el 2018 haber gastado más de 14 millones de US$ en el caso de su demanda – véase texto – presentada en el 2013 contra Chile (véase nota de prensa) al tiempo que Chile reconoció un monto superior a los 24 millones de US$ (véase nota de prensa): esta transparencia por parte de estos Estados de la región andina sobre el costo exacto que representa para un Estado una demanda en La Haya merece ser saludada, dada la opacidad y el hermetismo que muchos otros mantienen con respecto a este rubro. En el caso de Chile se indicó que el 75% de los 24 millones de US$ correspondió al pago de consultorías jurídicas y de expertos internacionales (véase nota de prensa). En Costa Rica, en una de las pocas notas informativas en un medio de prensa publicada (CRHoy, edición del 3/06/2015 – véase nota) se lee que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales”: un dato verdaderamente extraño, que nos ha parecido oportuno mencionar, y que … habría tal vez que dar a conocer de forma urgente a todos los que velan por la buena salud de la hacienda pública en Bolivia, Chile y Perú.

Nota 3: Véase el documento oficial titulado» Declaración de Ecuador sobre la solicitud de asilo de Julian Assange«, difundido en agosto del 2012 por parte del aparato diplomático de Ecuador, en el que se lee que:

«Es innegable que los Estados, al haber contraído en tan numerosos y sustantivos instrumentos internacionales -muchos de ellos jurídicamente vinculantes- la obligación de brindar protección o asilo a las personas perseguidas por motivos políticos, han expresado su voluntad de establecer una institución jurídica de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, fundada en una práctica generalmente aceptada como derecho, lo que atribuye a dichas obligaciones un carácter imperativo, erga omnes que, por estar vinculadas al respeto, protección y desarrollo progresivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, forman parte del ius cogens» (el subrayado es nuestro).

Imagen ilustrativa.

Presidente Chaves, ¿por qué se ensaña contra las mujeres?

Indignación produce la manera como el presidente de la república cuestiona las posiciones y argumentos de la contralora Marta Acosta, la diputada Vanessa De Paul Castro, la jueza Patricia Rodríguez y la Dra. Melania Vega, para citar a las últimas mujeres objeto de su falta de respeto. Nunca un presidente de este país ha recurrido a argumentos ligeros y sexistas; con ellos desacredita posiciones que no comparte.

Décadas le ha costado a la sociedad costarricense y a las mujeres para que las discrepancias de criterio en el ámbito público y privado puedan resolverse en el marco de la ley y el debido proceso.

Costarricenses, percibimos con gran preocupación que el estilo y la manera de hacer política del presidente, es agresiva e irrespetuosa, además de que abona al deterioro de la credibilidad política de nuestro sistema, la institucionalidad pública y por ende de la paz social.

La “política de comerse la bronca” en que nos tiene inmersos desde hace dos años, solo funciona como distractor para no tomar con compromiso, responsabilidad y seriedad las propuestas necesarias que atiendan los graves problemas que nos aquejan.

¡Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo! ¡Unámonos para demandar otra manera de hacer política centrada en los desafíos que enfrentamos!

Personas vecinas de Moravia preocupados por cierre de proyecto de reciclaje

Algunas personas del cantón de Moravia han externado su preocupación por un eventual cierre del proyecto de reciclaje del cantón. Una de estas vecinas es Maria Elena Fournier quien extendió sus quejas al alcalde de dicho cantón, Roberto Zoch.

Según María Elena y otras personas, con base a la Ley No. 8839 de Gestión Integral de Residuos, las municipalidades deben cumplir con sus deberes de recolección de residuos, esto incluye aquellos reciclables. Por tanto, el cierre del proyecto de reciclaje de Moravia es ilegal. Otras de las incógnitas que tienen, es si el centro de reciclaje de la comunidad es privado o público; cuál es el destino final de los residuos -porque aparentemente están terminando en rellenos sanitarios-; cuántas toneladas de residuos clasificados produce la municipalidad; cuál es la empresa que recibe los reciclables -debido a que parece que el contrato con la empresa anterior caducó-; y a cuál relleno sanitario se están llevando los residuos

Incluso, se amenazó con llevar el eventual cierre de este proyecto a tribunales por su ilegalidad, además, de que atenta contra el bienestar comunitario y la protección correcta del ambiente.

Finalmente, esta vecina del cantón hace un llamado a la transparencia y a la legalidad, incluyendo al gobierno entrante de Diego López.

Imagen ilustrativa, UCR.

¿Qué pensás de la democracia?

La Fundación Friedrich Ebert, como parte del Programa del Estado de la Región, busca conocer las percepciones de las personas de Centroamérica en torno a la democracia. A continuación la información

¿Qué pensás de la democracia?

Te invitamos a hacer el test aquí: https://www.testidentidades.com/

Para explorar si tenés inclinación hacia la democracia. Al final podrás ver los resultados y compararlos con las respuestas de otras personas de toda América Central. 

Esta iniciativa es una herramienta digital, diseñada por el Programa del Estado de la Región y cuyos resultados serán parte del próximo Informe regional. Tiene como objetivo identificar las percepciones ciudadanas que la población de Centroamérica y República Dominicana tiene sobre la democracia, en un contexto marcado por crecientes preocupaciones sobre su erosión.

Información compartida a SURCOS por la Fundación Friedrich Ebert.

Rendición de Cuentas del Programa de Regionalización 2023 de la UNED

El Programa de Regionalización de la UNED le invita a su rendición de cuentas de los proyectos realizados a cabo en el 2023.

Esta se llevará a cabo el 26 de abril del presente año a las 9 a.m.

Para seguir el evento lo podrá realizar desde la sala virtual de ZOOM en el enlace:  https://uned-ac-cr.zoom.us/j/88599231856

O bien en la transmisión en vivo en Facebook en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/UNED.CR 

También se está haciendo la rendición de cuentas a nivel regional en las siguientes fechas, las cuales podrá seguir en los siguientes enlaces:

Actividad

Fecha

Redes Sociales

Rendición de cuentas Chorotega

Viernes 12 de abril, 2024 de 10:00 a 12:00 m.d.

https://www.facebook.com/uned.liberia.oficial

Rendición de cuentas Brunca

Miércoles 17 de abril, 2024, de 02:00 p.m.

https://facebook.com/UnedSedeOsa

Rendición de cuentas Huetar Caribe

Viernes 19 de abril, 2024 de 10:00 a 12:00 m.d.

https://www.youtube.com/@UNEDGuapiles16

Rendición de cuentas Huetar Norte

Viernes 19 de abril del 2024, de 2:00 p.m. a 04:00 p.m.

https://www.facebook.com/uned.sancarlos

Rendición de cuentas Nacional

Viernes 26 de abril, 2023 de 09:00 a 12:00 m.d.

https://uned-ac-cr.zoom.us/j/88599231856

NO a la privatización de la Caja

Felipe López, presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Médicas, abre el video que compartimos exponiendo sobre cómo la CCSS más allá de gestionar el seguro social por medio de la atención médica, también asume a personas que sufren problemáticas con enfermedades complejas y les proporciona atención médica contínua que la persona no podría costear.

Así mismo, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, ha tenido una actuación indiferente y poco asertiva al diálogo y más bien desde la ofensiva con ataques en los medios al gremio médico para trabajar en turnos, esto  como estrategia para incentivar que los médicos migren al sector privado, lo cual terminaría con un sistema de salud sin cobertura universal, no solidario, ni equitativo.

En conclusión, con la crítica de la geriatra Yendry Moreno, de una agenda privatizadora del gobierno que busca tomar provecho de los reclamos y luchas del personal médico y eso encamina a una agenda que busca disminuir la capacidad competitiva y productiva que le haga atractiva para los especialistas de esta institución benemérita.

Mensaje para los trabajadores de CIA 54

Dania Obando Castilla, secretaria General de SITRAPA, señala que efectivamente la organización sindical SDTG (Sindicato Democrático de los Trabajadores de Golfito) brindó información imprecisa a los trabajadores de Industrial Aceitera Coto 54, como mecanismo para retrasar y limitar la mesa de negociación solicitada por SITRAPA, para la fecha 27 de agosto de 2022.

Esta negociación era una convención colectiva, que se discutía con la Industria Aceitera Coto 54. Habían ofrecido a los trabajadores 100 mil colones en préstamos, para que se afiliaron a SDTG y a su vez que completaran solo nombre y firmas para boletas de inscripción de SDTG con una fecha previa del 27 de agosto del 2022; con estas acciones se obstaculiza la labor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), señala la dirigente.

Este engaño a los trabajadores añade Dania Obando, también implica que el MTSS ya dio una resolución, que Johnny Steven Pérez Mena y otros dirigentes alteraron información y utilizaron bienes económicos para que escribieran el nombre, con fecha en blanco donde SDTG escribían una fecha previa al 27 de agosto cuando esto no era así.

El Hospital Tony Facio se inunda, no hay luz y la cocina está en condiciones deplorables

UNDECA exige solución a la problemática del Hospital Tony Facio de Limón y agilización de construcción del nuevo centro médico. Inundaciones, falta de iluminación y cocina en deplorables condiciones que pone en riesgo la vida de pacientes, son sólo algunos de los problemas que enfrentan limonenses.

UNDECA comparte una compilación de videos donde se demuestra la veracidad de las problemáticas que presenta dicho hospital. En los videos se muestran a diferentes funcionarios del hospital reclamando por mejores condiciones para poder realizar su trabajo en beneficio de los costarricenses.

INDER se niega a participar en mesa de trabajo con Comisión Sureña pese a haberlo acordado previamente

En noviembre de 2022, se iniciaron conversaciones entre el INDER y la Comisión Sureña para abordar la problemática de la tenencia de tierras en asentamientos campesinos. Se acordó organizar una mesa de trabajo con representantes de ambas partes y otras instituciones relevantes. A pesar de haberse enviado una lista de observaciones para discutir en la mesa de trabajo, el INDER no coordinó la reunión.

Después de varias solicitudes de seguimiento, el INDER respondió proponiendo una mesa de trabajo interinstitucional con diferentes entidades, pero sin confirmar fecha para la reunión. Ante la falta de avance, se intentó contactar al director regional del INDER sin éxito.

Ante la falta de respuesta del INDER y su negativa a participar en la mesa de trabajo, el diputado Ariel Robles Barrantes presentó un recurso de amparo. La respuesta del INDER alegaba que estaban activos en la región y trabajando con organizaciones locales, pero no abordaba la solicitud de participación en la mesa de trabajo.

El diputado Robles interpuso un recurso de amparo contra el Instituto de Desarrollo Rural, alegando que a pesar de haber solicitado una explicación sobre el por qué su representado no iba a participar en una Mesa de Trabajo, la respuesta dada por el instituto no contestó su consulta. El instituto indicó que mantiene una agenda de trabajo robusta en la región en cuestión y trabaja con organizaciones comunales de la región. La Sala estimó que si bien el instituto brindó una respuesta, esta no era atinente a la solicitud formulada por el recurrente. Por lo tanto, se declaró con lugar el recurso y se ordenó al instituto que en el plazo de ocho días brindara la explicación solicitada por el recurrente, bajo advertencia de sanción penal.

Esta decisión fue celebrada por la Comisión Sureña y el diputado Robles Barrantes, quienes agradecieron el respaldo recibido en sus esfuerzos por abordar las necesidades de las comunidades del Sur del país.

 

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