Recientemente se ha tramitado, en la Comisión correspondiente de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley con el Nº 23579, el cual pretende derogar la Ley de Hidrocarburos (Nº7399) y consecuentemente, prohibir la exploración y producción de hidrocarburos en nuestro país. 

El Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR), en cumplimiento y atribución según su ley constitutiva (N°5230) debe opinar de forma congruente y acorde con el conocimiento profesional, geocientífico y técnico, e informar a la ciudadanía costarricense sobre las realidades, alcances y consecuencias sobre tal proyecto de ley. Como órgano colegiado de especialistas en la materia consideramos que tal prohibición sería errónea, pues cierra la posibilidad de conocer y aprovechar, de manera sostenible, estos recursos en beneficio de la actual y futuras generaciones. 

Como profesionales en pro del desarrollo sostenible, comprendemos que la lucha por el ambiente es imperativa y prioritaria e involucra a todos los ciudadanos del país; sin embargo, este proyecto de ley carece de propuestas concretas, fundamentos y análisis técnicos económicos y no representa el paso hacia una economía sostenible, todo lo contrario. 

Los esfuerzos de muchas naciones están orientados hacia una transición paulatina hacia las fuentes de energía renovable y cada vez menos contaminantes. Es un proceso necesario e ineludible, pero complejo, vasto, con necesidades de inversión muy elevadas, debate público abierto, y también mucha incertidumbre y que el cual, la práctica ha demostrado que es muy complicado, lento y que demoraría décadas hasta alcanzar un equilibrio estable. 

En la transición energética, la sustitución de los derivados de los hidrocarburos (no solamente de los combustibles fósiles) debe ser paulatina. Aunque las de más crecimiento son la solar y eólica son intermitentes y dependientes de su disponibilidad climática, geográfica, su ubicación con respecto a las áreas protegidas y del momento del día. La energía geotérmica conlleva años de estudio, exploración y construcción hasta el proceso de aprovechamiento y, al igual que la eólica, su aprovechamiento, paradójicamente, se encuentra limitado por su ubicación en o cerca de las áreas protegidas. 

Un aliado de las energías limpias es el gas natural, hidrocarburo no derivado del petróleo, cuya combustión es entre 29 a 39 % menos contaminante que los combustibles fósiles, es abundante en la naturaleza y relativamente fácil de aprovechar. Los especialistas, como por ejemplo la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), brazo energético de la OCDE,y el Banco Interamericano de Desarrollo, abogan por hacer prevalecer las fuentes autóctonas de cada país sobre las importaciones y hacen énfasis en el equilibrio entre la seguridad del suministro, equidad energética y sostenibilidad ambiental. Esto implica aprovechar todas las fuentes energéticas, sin prohibir unas a favor de la penetración abrupta de otras. La seguridad energética pasa entonces a ser una prioridad indisputable. 

De derogarse la Ley Nº 7399 se prohibirá, al mismo tiempo, el uso de nuestros recursos naturales, se incentivará la importación y lo más grave, sin contar con instrumentos técnicos ni de planificación para la generación de la energía que sustituya la de los combustibles fósiles. Prohibir actividades que, gracias a los adelantos tecnológicos se pueden realizar sin daño al ambiente, privará a los costarricenses del desarrollo que los recursos naturales han demostrado ofrecer, y esto no es comprensible. Tampoco lo es el afán de derogar una ley que le permite al país contar con seguridad energética y transición energética ordenada, y que previene los “shocks” de precios que afectan a los países importadores de energía. 

El proyecto de ley 23579, claramente, no genera ni ofrece argumentos profesionales, científicos, sociales, económicos ni ambientales válidos para trazar la guía hacia la transición energética necesaria en Costa Rica. Carece de visión realista y racional de lo que implica prohibir la exploración, producción y consumo de hidrocarburos para el pueblo costarricense. La premura en sacar adelante un proyecto cuyo sustento no es más que ideológico y de mercadotecnia (“La Costa Rica verde”), se antepone a la prioridad de impulsar el desarrollo nacional sostenible. 

El CGCR ha llamado la atención, constantemente y en los últimos años, y nuevamente lo hacemos, en lo que sería el inmenso ERROR HISTÓRICO que esconde la aprobación de una ley como esta.

Arnoldo Rudín Arias 

Presidente

Colegio de Geólogos de Costa Rica