El Coordinador Nacional del Bloque de Vivienda, Orlando Barrantes, anunció el compromiso renovado de la organización para el año entrante. En un mensaje esperanzador, Barrantes destacó los esfuerzos realizados en el 2023 para recuperar el presupuesto del BANHVI, expresando confianza en los avances logrados hasta ahora.
«Este 2023 fue muy duro tratando de recuperar presupuesto para el BANHVI. Creo que lo logramos, por lo menos en parte», compartió el coordinador, subrayando la importancia de esta conquista como punto de partida para el próximo año.
El enfoque principal del Bloque de Vivienda para el 2024 será la preparación de proyectos destinados a las familias que necesitan vivienda. Barrantes reconoció la complejidad de esta tarea, pero enfatizó la determinación de la organización para superar los desafíos.
«Estoy seguro de que lo vamos a lograr», afirmó con convicción, resaltando la importancia de unir esfuerzos y voluntades para alcanzar este objetivo común.
El Coordinador Nacional anunció el inicio inmediato de acciones concretas a partir del 2 de enero, marcando el comienzo de una nueva fase en la labor del Bloque de Vivienda. Destacó la fortaleza y experiencia acumulada, instando a hacer de la lealtad una herramienta fundamental en la construcción de hogares.
«Cada paso que demos será firme. Estamos fuertes, tenemos más experiencia, hagamos de la lealtad nuestra férrea herramienta para construir muchas casas», expresó Barrantes, alentando a mantener viva la lucha por la vivienda.
El Bloque de Vivienda se posiciona así con renovada energía y determinación para enfrentar los retos venideros, demostrando su compromiso con las familias que anhelan un hogar propio.
SURCOS conversó con la licenciada Marjorie Hernández Delgado, -presidenta de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) y coordinadora del Movimiento Magisterial por una Pensión Digna-, en torno al esfuerzo que realizan con el impulso de la Auditoría Ciudadana Integral. Compartimos la entrevista.
¿Cuál es el objetivo con el cual se crea la Auditoría Ciudadana Integral?
El objetivo primordial de la Auditoria Ciudadana Integral es transparentar el manejo de los fondos públicos y los fondos de pensiones. Esto por cuanto comprendimos que un alto porcentaje del presupuesto nacional se destina al pago de los intereses de la Deuda Pública, siendo estos los más altos a nivel mundial hasta hace unos meses. De tal manera que los dineros recaudados por el fisco por medio de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos no están siendo empleados para beneficio de toda la población como debería ser, puesto que se le da prioridad al pago de intereses y algo del principal de los bonos. Así mismo, en cuanto al manejo de los fondos de pensiones también nos genera grandes inquietudes, como cotizantes, las “inversiones” riesgosas que se han realizado y se continúan haciendo con los dineros de todos los trabajadores que cotizamos en los diferentes regímenes de pensiones incluyendo las complementarias que son administradas por las OPC, las cuales reflejaron grandes pérdidas en 2022 y aún en 2023, debido a la falta de mecanismos para asegurar estos dineros que son el ahorro de todos los trabajadores para optar por una pensión digna en el momento de su retiro. Por tanto, como todos los fondos de pensiones están siendo colocados en las mismas bolsas de valores extranjeras y se han generado grandes pérdidas en las complementarias es lógico pensar que también hay pérdidas enormes en las “inversiones” de los regímenes básicos. Sin embargo, al respecto no se sabe nada debido al hermetismo con el que manejan el asunto y por la misma naturaleza de estos regímenes.
¿Cuál es el papel de ACOJUPEMA en este proceso?
ACOJUPEMA acudió al llamado de la investigadora Esperanza Tasies quien es miembro del Equipo de Investigación de la Deuda Pública de la Universidad de Costa Rica y a la vez de ACOJUPEMA, para que apoyáramos y respaldáramos toda la investigación realizada por este equipo en el tema. De esta manera como organización civil, sin fines de lucro, asumió el compromiso y la responsabilidad de impulsar la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral al encontrar un factor común en el manejo de ambos fondos (públicos y pensiones). Por ello nos hemos dado a la tarea de la organización y movilización de sectores civiles, no político partidarios, sino aquellas organizaciones civiles y de trabajadores que se identifican con la causa y realizan esfuerzos en pro del bien común.
¿Cuál actividad marca el inicio de la Auditoría?
Es un proceso que se compone de varias etapas, iniciamos con la convocatoria a diversas organizaciones civiles y nos encontramos en la etapa de “Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”.
¿Cuáles avances se pueden mencionar?
Aparte de los mencionados anteriormente, respecto a la organización y movilización de sectores sociales y el inicio de la Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”, hemos tenido contacto con algunos diputados porque en una etapa más avanzada se ocupará del aporte legislativo. Se ha conseguido el presupuesto para que la señora María Lucía Fatorelli brinde conferencias y explique a la población en qué consiste el proceso de la Auditoría Ciudadana. Así mismo, estamos en la búsqueda del presupuesto para la realización de la auditoría en nuestro país. La señora Fatorelli, es especialista en este tipo de auditorías y ha tenido mucho éxito en países como Uruguay, Irlanda y Grecia, logrando ordenar las finanzas públicas y a la vez una mejor repartición de la riqueza. Eso es precisamente lo que pretendemos para Costa Rica.
¿Hay obstáculos que puedan dificultar el logro del objetivo?
En toda iniciativa ciudadana siempre se va a contar con la oposición de los grupos y personas interesadas en que no se logren los objetivos planteados por la ciudadanía. Hay múltiples obstáculos que hemos debido superar y los habrá durante y después de este proceso. Pero si hay algo que tenemos claro en ACOJUPEMA es que la Auditoría va porque va.
¿Cómo opera el concepto de participación ciudadana en la organización y accionar de la Auditoría Ciudadana Integral?
ACOJUPEMA se sustenta en los Derechos Humanos Fundamentales y la Constitución Política, procurando su cumplimiento en todo nuestro accionar. De ahí que el concepto de participación ciudadana establecido en el artículo 9 de la Carta Magna, está totalmente presente en la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral. Por tanto, asumimos el derecho y la responsabilidad constitucional que nos corresponde como ciudadanos, como el Soberano, el legítimo dueño del país, y desde esta posición buscamos que se respete el mandato constitucional, que se ponga orden donde se ha creado caos, que haya equidad y justicia social.
La participación ciudadana ejercida de manera activa y con responsabilidad genera a su vez, el cumplimiento del artículo 11 de la Carta Magna sobre la rendición de cuentas por parte de aquellos funcionarios públicos que no cumplieron con sus deberes, mientras ocupaban un cargo público. Así mismo, conlleva el ejercicio de derechos humanos y constitucionales como los establecidos en el artículo 50 constitucional donde se establece que: “El Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…”, el cual se está violentando; también los artículos 27 y 30 respecto al acceso a la información pública entre otros.
Es imperativo que se reestablezca el Pacto Social que se instituyó en 1949 con la nueva constituyente, porque se ha roto. Actualmente priva más el interés y hambre de poder económico de unos cuantos sobre el resto de la población. El resultado de esto es la violación constante de los derechos humanos fundamentales y constitucionales de las personas y como consecuencia, la desigualdad, el hambre y la miseria. El Estado ha dejado de ser protector para las grandes mayorías que sí pagan impuestos, para que, de una manera solidaria, se beneficien todas las personas habitantes del país y se ha convertido en la herramienta de unos cuantos que se enriquecen cada vez más a costa del resto de la población. Por eso, la participación ciudadana es fundamental en la búsqueda de justicia social y una democracia participativa que asegure políticas públicas y leyes acordes con el mandato constitucional.
1.- Desde hace años he venido observando una práctica que me parece institucionalmente incorrecta y que consiste en que, cada cierto tiempo, Ministros o funcionarios de los Ministerios de Justicia, o de Seguridad Pública, han convocado al Ministerio Público, o personalmente al Fiscal General de la República, a participar en reuniones heterogéneas (a veces con participación de la DEA u otros cuerpos policiales extranjeros) para discutir y convenir en políticas, tácticas o campañas dirigidas a combatir ciertas formas de delincuencia que, se estima, amenazan la vida o la seguridad de los ciudadanos. Mi discrepancia se funda en que la Fiscalía es el órgano de la Justicia que con absoluta autonomía e imparcialidad ejercita la acción penal, esto es, la función requirente del Estado, contra cualesquiera personas sin distinción, según el mérito de la causa; de manera que sus agentes, por elementales reglas de higiene institucional, deberán sustraerse de toda ocasión que pueda conducirlos a participar en planes de cooperación o acciones conjuntas con otros cuerpos funcionariales de donde puedan resultar situaciones de influencias, empatías o sentimientos afines con funcionarios públicos nacionales o extranjeros; funcionarios a quienes eventualmente, el día de mañana, los fiscales podrían estar llamados a acusar como presuntos autores de delito (como, por lo demás, ocurre con alguna frecuencia).
2.- Ahora bien, en los últimos tiempos, y particularmente en el actual Gobierno, se ha recaído lamentablemente en dicha práctica, pero en grado mayor, cuando se convoca a los señores Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República, junto con Diputados, Ministros y otros, a reuniones de urgencia en Casa Presidencial; reuniones lideradas por el señor Presidente de la República con el justo empeño de detener la ola de violencia que viene padeciendo nuestro País. Me parece que la última de dichas convocatorias ha tenido lugar el 3 de octubre del año próximo pasado (ver “elmundo.cr” del 2 de octubre citado).
3.- Igualmente ahora, y con mayor razón, los ciudadanos debemos señalar lo gravemente incorrecto de dicha práctica. El ejercicio independiente e imparcial de la potestad jurisdiccional del Estado (en sus formas judicante y requiriente) que ejercen en forma ordinaria jueces, magistrados, fiscales y defensores del Poder Judicial, consiste en la aplicación de la Constitución y las Leyes a los casos concretos sometidos a su conocimiento; de manera que perseguir y cumplir objetivos como “combatir”, “detener” o “contener” actos individuales o procesos sociales precalificados como dañinos, peligrosos, etc., son, por definición, ejecución de políticas criminales, lo cual es actividad radicalmente ajeno a la esfera de competencias de aquel Poder.
Tanto es así que, por ejemplo, como resultado del proceso jurisdiccional seguido contra una persona, podría ocurrir, tanto la condena penal de ésta, como también su absolución, con eventuales cargos criminales contra las autoridades que torpe y maliciosamente la implicaron en el caso; porque jueces y fiscales, al examinar objetivamente la conducta de un imputado, también tienen el deber de detectar e identificar los eventuales abusos e infracciones de las autoridades que intervinieron en el caso, y proceder de conformidad.
4.- Las anteriores consideraciones vienen primariamente respaldadas en la tradición liberal y garantista del constitucionalismo moderno, de matriz ilustrada (Locke, Montesquieu). Y al respecto los ciudadanos tenemos el deber de destacar y señalar el amplio desarrollo que en nuestra época ha experimentado la clásica doctrina de la separación entre las funciones y los poderes supremos del Estado.
Porque, en efecto, dichas funciones e instituciones/poderes han sido objeto de renovados análisis doctrinarios, con notables resultados a partir de la consideración de las dos grandes dimensiones de la fenomenología de la producción jurídica, a saber:
a) Una dimensión activa, que corresponde a la función general de gobernar (legislar y ejecutar a tenor de lo legislado) y se expresa en forma de voluntad, poder, innovación y disposición.
b) Una dimensión no activa, que corresponde a la función general de garantizar secundariamente el derecho (juzgar), y se expresa como conocimiento, saber, conservación y constatación.
(ver, por todos, Luigi Ferrajoli: Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia; Laterza, Bari, 2007; pág. 871 y sigtes.)
5.- La evolución institucional en los países más avanzados acusa claramente la tendencia a atenuar la distancia entre ambas instituciones representativas (parlamento y gobierno: legislar y administrar), conformando entre ellas una relación de condivisión funcional; y opuestamente, la tendencia a acentuar la distancia de las dos frente a la otra institución: la no representativa (judicial), cuya función (y también su legitimación) es garantizar el derecho, caso de fallar otras garantías de carácter primario.
Por ejemplo, la salud de los costarricenses goza de la garantía primaria de la Caja Costarricense de Seguro Social; pero si, debido a las alevosías de presidencias y directivas neoliberales que la apuñalan desde adentro, o corruptelas similares, la garantía primaria falla, bien sabemos los usuarios de las múltiples veces que la Sala Constitucional ha hecho funcionar la garantía secundaria.
6.- En conclusión, el carácter esencial, vital, de la función de garantía secundaria del Poder Judicial para asegurar el Estado Constitucional de Derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población, nos obligan a extremar las salvaguardas de la independencia interna y externa, y la alta dignidad de cada uno de los jueces y magistrados de dicho Poder, así como del Fiscal General de la República y, plausiblemente, de los restantes fiscales y defensores.
7.- Ni amigos, ni pares, ni adversarios de los demás funcionarios públicos, los fiscales, los defensores, los jueces y los magistrados del Poder Judicial constituyen un orden aparte, cuya distancia y condición deben ser escrupulosamente respetadas; bajo pena de incurrir, en el más leve de los casos, en violación a las normas de corrección constitucional vigentes en todo país civilizado.
Enmanuel Buitrago Páez, representante de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), compartió un mensaje significativo para dar la bienvenida al nuevo año desde la voz del pueblo indígena bribri de Talamanca. En este mensaje, Buitrago Páez reflexionó sobre la importancia de los dos espíritus que coexisten en el ser humano: el terrenal y el divino, resaltando su relevancia para el equilibrio y la coexistencia armoniosa.
«El ser humano tiene dos espíritus, uno terrenal y otro a nivel divino. Ambos son importantes para nuestra coexistencia, fortaleciéndose cuando el espíritu terrenal se solidariza, practica la fraternidad, busca la paz, el amor por el trabajo, la honestidad y el compartir», expresó Buitrago Páez, destacando cómo estas acciones fortalecen el espíritu divino en la cosmovisión del pueblo bribri.
El mensaje del FRENAPI convoca a la unión de pueblos, organizaciones, instituciones y servidores para que el año 2024 sea una oportunidad para fortalecer el espíritu divino desde la acción terrenal. «Debemos seguir organizándonos para alcanzar ese proyecto de vida, donde la tierra representa la vida y la paz para nuestros pueblos», añadió.
En este sentido, Buitrago Páez enfatizó la importancia de ser tratados con dignidad, reclamando justicia, vivienda digna, educación y salud que respeten las realidades y culturas de los pueblos indígenas. Asimismo, hizo un llamado a la construcción de un país más inclusivo, promoviendo esta transformación de manera pacífica y no violenta.
«Con esta reflexión, convocamos a la convivencia, aspirando a construir un país, pueblo y comunidad mejor», concluyó el representante del FRENAPI, destacando la importancia de unir esfuerzos para lograr un futuro más justo e inclusivo para todos.
Este 2024 se inicia el proceso de renovación de la dirigencia política con miras, no sólo a la elección de las autoridades locales, sino también de las nacionales en el proceso electoral de febrero de 2026.
Como muchos amigos y contertulios, me veo en la obligación de externar una profunda preocupación por el rumbo que ha tomado la política costarricense y, por consiguiente, el país en general.
Por una parte, tenemos un gobierno débil, incapaz de negociar, promover metas y fraguar soluciones. La prepotencia; la presencia impositiva y predominante del presidente y la falta de liderazgo de quienes lo acompañan impide la construcción de los consensos imprescindibles para enfrentar los desafíos impuestos por la actual situación económica, política y social.
Las acciones destinadas a ocultar esta incapacidad condujeron a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, a promover una narrativa orientada a profundizar la polarización social, utilizando un discurso incendiario -este ha sido el instrumento favorito del presidente y su jefa de fracción legislativa Pilar Cisneros-; atentando incluso contra la institucionalidad costarricense. La estrategia procura hacer creer a grupos de ciudadanos, que la ausencia de logros es el resultado de un “complot político” o de una “conspiración, articulada por sus enemigos”: señalando, entre otros, a los mandos medios, los políticos tradicionales y los jerarcas de la institucionalidad costarricense.
Resulta imperativo, frente a esta estrategia, denunciar ante los costarricenses, que la ausencia de logros a nivel gubernamental; la imposibilidad de inscribir las precandidaturas de sus partidos o los múltiples fracasos que caracterizan el quehacer de los jerarcas gubernamentales, son el resultado de la más profunda incapacidad de negociación con los diversos grupos que conforman el espectro sociopolítico costarricense; de su incompetencia en el manejo de los asuntos públicos y políticos, y del desconocimiento del marco institucional costarricense, construido a través de años de ejercicio democrático. Son ellos, los actores políticos vinculados a Rodrigo Chaves, los únicos responsables de sus fracasos.
Esta situación irrefutable, ha conducido a amigos y conocidos -militantes de algunos partidos políticos tradicionales-, a lanzar campanas al vuelo, señalando que esta situación abrirá una oportunidad para que sus partidos vuelvan a triunfar en los próximos procesos electorales, sobre todo los programados para el año 2026, en que se eligen los diputados y el presidente de la República.
El optimismo expresado, me ha conducido a consultarles: ¿en que sustentan sus expectativas? Responden: en la incapacidad de la propuesta chavista de hacer realidad las transformaciones que prometieron a sus votantes.
Considero que estos amigos y sus partidos – representantes de la política tradicional-, lucen como antiguos faros, con vetustas estructuras carentes de luces, ya que, en mi perspectiva, no ofrecen a los costarricenses alternativas y propuestas, orientadas a atraer el interés político de los electores.
La desafección a lo político y la política; la desazón y la desesperanza que priva en los miles de ciudadanos de nuestro país y la ausencia de credibilidad frente a las manifestaciones y promesas de los políticos tradicionales, son el resultado de la incapacidad de un modelo económico y político de satisfacer las necesidades de amplios sectores sociales. Lamentablemente, en los meses transcurridos de la administración Chaves Robles, esta situación no sólo se ha mantenido, sino que se ha profundizado.
El -hasta ahora- penoso resultado obtenido por el presidente Chaves y sus jerarcas, podría convertirse en un detonante para que se fortalezca y entronice el discurso populista dentro de otros grupos sociales, políticos y económicos, llegando al extremo de hacer realidad otra pesadilla: que en el 2026 se elija un “nuevo mesías” que, recurriendo al uso de mentiras y medias verdades, satisfaga las expectativas políticas cortoplacistas de indignados e insatisfechos; pero que en el mediano y largo plazo, sólo provoque la agudización de la problemática prevaleciente y profundice las brechas económicas y políticas que caracterizan a la Costa Rica de hoy.
Hace unos días, conversando con un amigo economista, me indicaba que desdichadamente a la gente adinerada no le importaba fortalecer el sistema democrático y que, la misma realidad, era válida para los más pobres. Apuntaba que esto se debía a dos factores: para los más afortunados lo que realmente interesa es incrementar su riqueza, independientemente del sistema político de que se trate. Y a los más pobres, lo que preocupa es vivir bien, así sea en un sistema populista o autoritario.
Agregaba que, para fortalecer el sistema democrático, era imprescindible revitalizar la clase media, porque es este sector social –cuya presencia caracterizó el tejido social costarricense y que está en vías de extinción-, la que se beneficia con un sistema democrático, que posibilite la movilidad social, política y económica.
Personalmente considero que los partidos políticos tradicionales siguen sin ofrecer un mensaje innovador, destinado a fortalecer a esos sectores medios y a cautivar otros sectores sociales, de manera que no sólo posibilite el triunfo electoral, sino que también sea el motor que potencie la impostergable renovación de la política y el Estado costarricense.
Adicionalmente, en el juego de “lo político”, el objetivo no es sólo que un partido gane un proceso electoral, sustituyendo a quienes ostentan puestos de poder. En el fondo, de lo que se trata es de que ese partido o ese grupo de actores políticos puedan concebir, planificar y ejecutar las decisiones y las acciones, orientadas a transformar el orden de las cosas existentes, de manera tal que frenen los procesos de generación de pobreza y desigualdad, consumados en los últimos lustros del Siglo 20 y principios del 21.
Por eso es qué, cuando converso con personas vinculadas a partidos políticos y me dicen que están organizándose para ganar las elecciones, de inmediato consulto: ¿y para qué quieren ganar las elecciones?
Paso seguido cuestiono su posición política y les interrogo: en caso de ganar las elecciones ¿podrían explicarme cuál es el modelo de democracia que quieren impulsar?
Y continúo: ¿tienen claro cuál es la concepción del Estado que puede conducirles a alcanzar ese modelo de democracia? Y en ese marco, en relación directamente con el aparato de Estado: ¿cuál va a ser el papel de las instituciones públicas, de manera que puedan concretar ese “modelo de estado”?
¿Cuál es el modelo educativo que debe caracterizar a la sociedad del Siglo 21 o el modelo de las instituciones que promuevan y se preocupen por la salud pública o de la infraestructura para lo que resta de este Siglo?
¿Cuáles las políticas para los niños, los jóvenes o los adultos mayores, en el inicio y el final de su vida?
¿Para qué queremos el poder?, porque ante los peligros del populismo, manifiesto en el espectro político actual, el objetivo debería de ir más allá que obtener un pírrico triunfo electoral: deberíamos de planificar las acciones que permitan profundizar la democracia económica, política y electoral, que exige y requiere la sociedad costarricense.
Mi impresión es que las élites políticas han acometido esta reflexión con poca disciplina y seriedad, sigue siendo una tarea inconclusa y requiere de un esfuerzo intelectual mayor, al que deberíamos dedicar horas de discusión y análisis, para conferir un sentido más profundo a las luchas y los triunfos electorales.
No se trata sólo de ganar una elección y que prevalezca la vacuidad en la propuesta. Es imprescindible e impostergable proporcionar sentido a ese triunfo, un sentido social, político y económico, que abone a la transformación del “modelo de Estado” y a la construcción de una sociedad de oportunidades, tal y como en su momento lo dimensionaron los actores que integraron la Generación de 1948.
Concluye este año 2023 y lamentablemente tengo que externar mi pesimismo: considero que pocos actores políticos están reflexionando seriamente sobre el futuro de Costa Rica y que, lamentablemente, su interés se centra únicamente en el resultado de las elecciones, con el único propósito de ocupar un cargo político, desprovisto de la concepción que nos oriente sobre el camino que tenemos que emprender para fortalecer y profundizar la democracia costarricense.
No tiene reajuste por costo de vida en este 2024: Quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
Estado no paga el reajuste pendiente desde el 2020 a la fecha.
Electricidad sube un 15 %
Los y las oficiales del personal de la Fuerza Pública y de los otros cuerpos policiales del país: Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Profesional de Migración, Guardaparques, Penitenciaria, Tránsito, Policía Fiscal y OJI, arriban al año 2024, teniéndose que enfrentar a una mayor profundización en el proceso de precarización salarial del cual son víctimas desde el 1 de enero del año 2020.
Llegan al Año Nuevo sin un centavo de incremento salarial por costo de vida y deben enfrentar, desde este mismo 1 de enero 2024, un aumento 15 % en la tarifa de electricidad en sus respectivos hogares, sin hablar de más alzas en camino. Este 2024 es el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
Además, el Gobierno-Ministerio de Hacienda guarda un sepulcral silencio en cuanto si, ¡por fin!, honrará la deuda salarial del reajuste por costo de vida que entró a regir el 1 desde el 1 de enero de 2020, a razón, promedialmente hablando, de 7.500 colones a la base de cada una de esas personas trabajadoras policiales, hombres y mujeres, integrantes de los sectores de ingresos medios y bajos del aparato estatal costarricense.
En promedio, repetimos, esa deuda abarca 48 meses: los 12 meses del año 2020, los 12 del 2021, los 12 del 2022, los 12 del 2023; más, lo proporcional correspondiente a 4 aguinaldos y a 4 salarios escolares. Hablamos de unos 400 mil colones, en promedio y per cápita.
Esta deuda salarial que el Estado tiene con este personal estatal policial ya es patrimonio personalísimo de cada uno y de cada una. Su legalidad es incontrovertible, así dictaminado por la propia Procuraduría General de la República (PGR).
Idéntica situación aqueja, afecta e indigna al personal magisterial y administrativo del MEP, al de otros ministerios y entes adscritos al mismo; así como el de varias instituciones autónomas y semiautónomas.
Una vez más, ANEP hace emplazamiento público vehemente al propio Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, señores Rodrigo Chaves Robles y Nogui Acosta Jáen, para que hablen con contundencia:
1) ¿Pagarán el retroactivo de esos 4 años que, presuntamente, cada entidad pública deudora ya presupuestó para honrar tal deuda salarial que no es por aumento sino por un reajuste por costo de vida?
2) ¿Invocarán la perversa regla fiscal y a última hora nos dirán que la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB), arrancó el año 2024 por encima a los 60 puntos para con ello dilatar y seguir dilatando ese pago?
El pago-depósito se puede efectuar de manera automática. Los sistemas digitales institucionales tienen la información precisa de si a alguna persona funcionaria acreedora de esa deuda se le deben reconocer los 48 meses o menos. No se vale venir a plantear que cada quien debe formular un reclamo administrativo: ESO ES HACER TRAMPA para dilatar el pago y hacer colapsar las diferentes dependencias públicas involucradas. ANEP rechaza, contundentemente, la triquiñuela del reclamo administrativo.
Al parecer, la movilización social se impone y parece que se está evidenciando que sin la misma no se atenderá este justo reclamo. ANEP exhorta a las personas trabajadoras afectadas a mantener una disposición para algo semejante. Por el contrario, los acreedores de la deuda pública no tienen problema alguno: a ellos se les paga puntualmente.
San José, martes 3 de enero de 2024.
Albino Vargas Barrantes, secretario general ANEP.
Wálter Quesada Fernández, secretario general adjunto ANEP
Las mujeres ngäbes han sido clave en la conservación de su patrimonio cultural. Ellas son las que generalmente se encargan de la elaboración de los vestidos tradicionales y de otras artesanías.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El resguardo de su patrimonio cultural es uno de los principales valores de la etnia ngäbe, junto con su incidencia política para lograr mejores condiciones de vida.
El pueblo indígena ngäbe destaca por su colorido arte, que incluye objetos como las chaquiras, las chácaras, los mastates (corteza de árbol que se trata hasta hacer una especie de tela sobre la cual se pintan diferentes figuras) y los sombreros. También resaltan los vestidos tradicionales que confeccionan las mujeres para su uso diario, los cuales son conocidos popularmente como naguas.
Estos últimos son una de las expresiones culturales más destacadas de la identidad y del patrimonio ngäbe. Los vestidos tradicionales son elaborados con telas lisas, a las cuales las mujeres les colocan coloridas aplicaciones geométricas triangulares o lineales.
Según expresa la diseñadora ngäbe Raquel Palacios Ruiz, la mayoría de estas figuras geométricas o lineales de los vestidos tradicionales están inspiradas en elementos de la naturaleza y específicamente simulan los colores de las serpientes.
Los diseños varían según el gusto de las mujeres, aunque aún se mantienen aspectos del concepto de vestido tradicional, tales como el tipo de corte amplio y el cuello de las prendas.
Estas prácticas culturales (la elaboración de los vestidos, chácaras, pulseras y collares) se transmiten de una generación a otra, gracias al aporte y el trabajo de las mujeres. Por su parte, los hombres de la etnia se encargan de preservar otras costumbres, como la elaboración de los sombreros, de enseñar la religión y de educar sobre la medicina tradicional.
Actualmente, estas tradiciones no solo les permiten a las personas ngäbe visibilizar y fortalecer su cultura, sino también tener la oportunidad de vender algunos productos artesanales y así aportar con su trabajo a la economía familiar y comunal.
En este último punto, el Dr. Pablo Ortiz Rosés, médico que ha trabajado durante más de 35 años con la comunidad de La Casona, resalta que el concepto que tenemos las personas no indígenas sobre las artesanías ngäbe es equívoco, ya que en realidad se constituyen como objetos de suma importancia para el quehacer y el estilo de vida de esta etnia.
“Estos objetos, por ejemplo, las chácaras, son usadas por los ngäbes para tener a sus bebés, las usan como cunas o para cargar objetos pesados como la leña. Los mastates son una forma de expresión. En fin, para nosotros son una artesanía, pero para ellos son parte de su forma de vida, les son de utilidad para su diario vivir”, afirma Ortiz.
Ahora, los ngäbes “han optado por vender una parte de lo que elaboran, primero porque tienen muchas habilidades para hacerlos y porque alguna gente se los pide, pero sobre todo para poder generar dinero para comer y sobrevivir”, porque este pueblo indígena “no tiene incorporado en su cosmovisión el concepto de comercio, tal y como nosotros los no indígenas lo entendemos”, agrega.
Creatividad y complejidad técnica
Cada uno de los diseños de los vestidos, las chácaras, los sombreros y las chaquiras ngäbes son irrepetibles y únicos, ya que su conceptualización nunca fue plasmada en un molde o en papel.
Cada persona artesana imagina las figuras en su mente y las realiza directo en el material de soporte durante el proceso de elaboración.
Esto hace que el aprendizaje del arte ngäbe sea complejo, ya que se da por medio de los mecanismos de tradición oral y de observación. De esta manera, las personas más jóvenes aprenden a elaborar estos artículos de uso diario, viendo y practicando junto a sus progenitores y familiares más cercanos.
Por esta razón, el valor y riqueza cultural del arte ngäbe es incalculable, ya que se trata de piezas exclusivas y únicas, a las cuales se les suma el hecho de estar inspiradas en una cosmovisión de cuidado, amor y respeto hacia la tierra y la naturaleza.
La M. Sc. Ana Patricia Rojas Hernández, arqueóloga de la Sede del Sur de la UCR y reconocida por su trayectoria en el resguardo del patrimonio cultural de diferentes comunidades indígenas, explicó que la comunidad ngäbe se caracteriza por elaborar artesanías, en las cuales los trazos de las figuras geométricas se realizan con alto grado de pericia y complejidad.
“Tanto los vestidos como los bolsos, los collares y las pulseras ngäbe son siempre de colores muy vistosos y sus combinaciones son muy hermosas. Los motivos geométricos, triangulares y lineales son elementos que también se encuentran en la cerámica precolombina y que precisamente responden a su cosmovisión sobre la naturaleza, en donde la figura de la serpiente tiene un rol fundamental”, explica Rojas.
En cuanto a la forma de conceptualizar y ejecutar la técnica, la arqueóloga comenta que sin duda tiene un alto grado de complejidad, ya que los artesanos piensan el diseño y lo van haciendo sobre la marcha, por lo que la forma de preservar la tradición es precisamente interactuando y viendo cómo se hacen los productos.
Rojas señaló que el rol de la UCR ha sido fundamental para reconocer y contribuir a preservar el legado cultural de la etnia ngäbe, más aún en cuanto a la generación de espacios de intercambio y de aprendizaje, en los cuales se promueve la importancia de la diversidad y el rescate de la riqueza cultural e histórica de las comunidades indígenas.
El arte ngäbe se transmite de una generación a otra, por medio de mecanismos de tradición oral y de observación.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Esta labor de dicha institución se realiza por medio de varios proyectos de docencia, acción social y de investigación de las diferentes sedes universitarias y unidades académicas, entre las que destacan la Escuela de Antropología, la Vicerrectoría de Acción Social, la Facultad de Odontología, la Escuela de Salud Pública y la Sede del Sur.
En el caso del patrimonio cultural ngäbe, la Sede del Sur, por medio del proyecto Golfito Cultura y Más, ha impulsado diferentes espacios educativos y de interacción en las comunidades indígenas, mediante los cuales se incentiva el aprendizaje sobre este acervo cultural en las personas más jóvenes.
“Para la UCR ha sido muy importante impulsar junto con las comunidades ngäbes diferentes procesos de interacción intergeneracional, en donde los adultos enseñen a los niños, así como facilitar espacios de encuentro y de intercambio para empoderar a las comunidades en el reconocimiento de su valor identitario y de su patrimonio cultural, con el fin de que esa riqueza y diversidad cultural no se pierda”, sostiene Rojas.
Para la investigadora, además de su llamativo arte, los ngäbes constituyen una de las comunidades indígenas de Costa Rica que ha logrado conservar gran parte de su cosmovisión a pesar de los procesos de penetración cultural.
“Ellos han mantenido, en la medida de lo posible, su cultura, a pesar de que actualmente existen procesos de aculturación muy fuertes. Es muy propio de ellos haber conservado su forma de pensamiento y de entender el mundo, por ejemplo, sus creencias, sus formas de vestir, sus formas de contar, su lengua, su gastronomía y principalmente el hecho de sentirse parte de un sistema más grande que lo es todo: la naturaleza”, amplía.
Ortiz opina que uno de los retos más grandes, en materia de resguardo del patrimonio cultural ngäbe, es lograr articular esfuerzos para que exista una política nacional que guíe las labores de la institucionalidad en este tema, con un enfoque de diálogo, de escucha y de aprendizaje mutuo.
“Hemos intentado ayudar a las comunidades ngäbe desde diferentes instituciones como la academia, la Caja Costarricense de Seguro Social y las organizaciones sociales, pero desde nuestra propia concepción de éxito y de progreso. Esto se refleja en múltiples proyectos y acciones que se han tratado de implementar con muy buenas intenciones, pero sin conocimiento y respeto de la cosmovisión de los ngäbes”, advierte.
En su criterio, “aún no hemos logrado entender que, si queremos ayudar, debemos hacerlo desde la escucha activa, el diálogo y el aprendizaje mutuo, en un modelo donde estas comunidades más bien nos enseñen cómo es que, desde su forma de entender el mundo, ellos han logrado solucionar sus principales necesidades de sobrevivencia. Y ahí, desde ese punto de partida, ver cómo nosotros podemos aportar”, manifiesta el profesional.
Empoderamiento comunal
El amor y respeto por la naturaleza forman parte de los valores más destacados de la cosmovisión ngäbe, así como el empoderamiento de las mujeres para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El resguardo de su patrimonio cultural es uno de los principales valores de la etnia ngäbe, aunque no es su única fortaleza. También han surgido y se han fortalecido otras características, tales como el liderazgo político de sus mujeres y el empoderamiento comunal para la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Así describe la situación actual de este pueblo originario la Dra. Carolina Quesada Cordero, antropóloga de la UCR, quien ha estudiado a la comunidad ngäbe de Abrojo Montezuma, a través de diferentes proyectos de acción social y de investigación.
Desde su perspectiva, las mujeres y hombres de este pueblo no solo se han preocupado por resguardar sus tradiciones y costumbres, sino que también se han interesado en ocupar espacios de incidencia política que les permitan mejorar el acceso a la salud, la educación, al agua, en fin, a mejorar sus condiciones de vida.
“Es importante destacar que el hecho de que sean tan cuidadosos en mantener vivas sus tradiciones y costumbres no quiere decir que no estén deseosos de avanzar para tener mejores condiciones para su comunidad”, destaca Quesada.
Actualmente, el acceso a la salud y al agua, el mal estado de las calles, así como las pocas oportunidades laborales y de subsistencia son parte de los desafíos estructurales que enfrenta la población ngäbe. Estos últimos aspectos son los principales motivos por los cuales una parte de ellos se moviliza para trabajar temporalmente en la siembra y recolección de café.
Gracias al empoderamiento e incidencia política, principalmente de las mujeres, el pueblo ngäbe se ha ido organizando en asociaciones y otros grupos comunales. Esta situación ha impactado de forma positiva no solo el tema del resguardo de las tradiciones y costumbres, sino también el proceso hacia la construcción de una mejor calidad de vida.
“Algo muy importante es que quienes mantienen las artesanías como tradición en estas comunidades indígenas son las mujeres. Esta es una labor que está fuertemente asociada a ellas y su rol en el resguardo de la tradición es muy importante, porque son ellas las que conservan estas prácticas de generación en generación”, comenta Quesada.
Sin embargo, a muchas de estas mujeres también les ha tocado convertirse en jefas de hogar y en ese contexto han ido ocupando otros espacios de toma de decisiones que antes eran ocupados por hombres. En el caso de Abrojo Montezuma, por ejemplo, ellas lideran la asociación para la producción del cacao y se han involucrado en la práctica de deportes como el fútbol.
Además, aunque se mantienen algunas concepciones sobre lo que no debería cambiar en cuanto a las tradiciones y costumbres ngäbes, también hay consenso en la comunidad sobre cuáles son sus principales luchas y deseos de superación.
“El acceso a la tierra es muy importante para la comunidad ngäbe. También se ha ido avanzando en materia de recibir educación, muchas de las que terminan su formación más allá de la etapa del colegio son las mujeres; otro asunto importantísimo para ellos es la idea de conservar el idioma, de recuperar el conocimiento sobre algunas plantas medicinales y de sentir apego por la estructura familiar, por los ancestros, por saber de dónde vienen y cuál es su rol en cada una de las familias”, manifiesta la experta.
Por último, describe a esta comunidad indígena como una población con una cultura viva y en transformación, que mantiene su amor por la naturaleza y sus tradiciones, que aspira a mejorar su acceso a la salud, a la educación y a la infraestructura y, sobre todo, a que se les reconozca y se respete su cosmovisión.
Los indígenas ngäbes La comunidad indígena ngäbe forma parte de los ochos pueblos originarios de Costa Rica. Esta etnia habita la provincia de Puntarenas en los cantones de Coto Brus, Corredores, Golfito y Puerto Jiménez, así como en Sixaola, en las cercanías de la frontera con Panamá, y en la zona de Los Santos. Su lengua materna es el ngäbere. Según el Atlas de los pueblos indígenas de Costa Rica, esta comunidad cuenta con alrededor de 3 600 habitantes, quienes habitan los siguientes lugares: Territorio Indígena Abrojo Montezuma; Territorio Indígena Alto Laguna, Territorio Indígena Conte Burica; Territorio Indígena La Casona y el Territorio Indígena Altos de San Antonio. Su economía se basa en la agricultura y cultivo del cacao, frijol, maíz y plátano, así como en la cría de cerdos y de aves de corral, la caza, la pesca y la elaboración de productos artesanales. Algunas personas de esta comunidad también se dedican a trabajar en fincas cercanas y otras participan temporalmente de las cogidas de café en Coto Brus y la zona de Los Santos. La Escuela de Antropología muestra en una exposición virtual todos los detalles sobre los vestidos y artesanías ngäbes. Puede ingresar por medio de la página oficial de Facebook Antropología UCR.
Tatiana Carmona Rizo Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
ANEP rechaza planteamiento contralor de despidos en las municipalidades
Gobiernos locales se decidieron por la tesis de exclusivos y excluyentes de la LMEP
La Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz alertó, en horas pasadas, alertó acerca de la decisión de la Contraloría General de la República (CGR), de rechazar el presupuesto para darle contenido financiero a los salarios, en el 2024, a 83 plazas de
trabajadores y de trabajadoras de esa municipalidad que ya venían laborando para la misma; señal inequívoca de que cada uno y cada una de estas personas trabajadoras son necesarias para el buen funcionamiento de dicho gobierno local.
Al parecer, y según reporte de prensa reciente, hasta 800 personas trabajadoras municipales (quizás, más), podrían afrontar tan difícil situación a partir del próximo 1 de enero de 2024. A pesar de las fechas festivas propias de la época, ANEP está realizando las averiguaciones de rigor.
Ante la comunidad municipal costarricense, ante sus respectivos conglomerados
laborales, ante sus autoridades políticas salientes y las que aspiran a ser electas,
ANEP plantea lo siguiente:
La ANEP rechaza la decisión de la CGR, ya que la considera no solo violatoria de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal costarricense, sino también porque, de confirmarse dicho informe y llevarse a cabo en fechas cercanas, empeoraría la ya delicada situación nacional del empleo. En momentos en los que se reconoce que la falta de empleo ha intensificado la dolorosa problemática de la desigualdad.
En este plano, el empleo, tanto público como privado, se vuelve estratégico en los niveles locales-cantonales como mecanismo de enfrentar la violencia criminal desatada, por ejemplo, en las conflictivas regiones costeras y fronterizas. La CGR está actuando de espaldas a esta cruda realidad nacional.
ANEP considera que desde la piramidal estructura burocrático-tecnocrática de la
CGR es imposible que se aquilate la relevancia que los gobiernos locales vienen adquiriendo precisamente para atenuar el avance sostenido de la desigualdad en los cantones de la República, especialmente en los que tales plazas ayudan el fortalecimiento del papel municipal en el desarrollo con inclusión económico-social.
ANEP considera que el argumento de la CGR, centrado en el artículo 46 de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), es falaz, es engañoso; toda vez que la práctica totalidad de los 84 gobiernos locales (con una única excepción), declararon a todo su personal Exclusivo y Excluyente de la cobertura de esa ley (incluyendo a quienes la CGR quiere dejar en la calle); lo cual abre un escenario jurídico y de calle insoslayable de enfrentar.
ANEP, efectivamente, aunque estemos en estos días festivos, estamos haciendo
balance y análisis jurídico de la acción o acciones para detener la inoportuna y
abusiva acción de la Contraloría General de la República (CGR), por una parte. Por la otra, hacemos un llamado a toda la familia laboral municipal, en general; y, en lo particular, en cada gobierno local afectado para que no más entrando enero despleguemos diverso tipo de acciones e intervenciones sindicales para llevar paz y estabilidad a los municipios y a pocos días de unas elecciones más que cruciales.
San José, martes 26 de diciembre de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) presentó el Plan de Trabajo para el año 2024, enfocado en impulsar mejoras significativas en el sector de conductores de autobús. Durante una reunión especial con los conductores de la empresa de autobuses de Guadalupe, se delinearon cinco puntos clave que abarcan aspectos cruciales de la labor de los conductores a nivel nacional.
Los cinco puntos estratégicos son:
Seccional Nacional de Conductores de Autobús:
ANEP propone la creación de una seccional nacional que permitirá una mayor organización y representación de los conductores en todo el país, fortaleciendo así su voz y presencia en el ámbito laboral.
Calificación Técnica Nacional de la Labor del Conductor de Autobús:
La asociación aboga por establecer una calificación técnica unificada a nivel nacional, reconociendo la importancia de la profesionalización y la formación continua para mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los pasajeros.
Redefinición de la Cobertura de Seguridad Social:
ANEP busca garantizar una cobertura integral de seguridad social para los conductores, reconociendo la naturaleza única de su trabajo y proporcionando protección adecuada en términos de salud y bienestar.
Diálogos con las Empresas:
La ANEP propone establecer un canal de diálogo directo con las empresas de transporte para abordar temas específicos relacionados con las condiciones laborales, salariales y las necesidades particulares de los conductores.
Apoyo de la Organización Mundial del Trabajo y Aprobación del Proyecto 23490:
La asociación buscará respaldo internacional a través de la Organización Mundial del Trabajo y trabajará en la aprobación del proyecto de ley 23490, actualmente en el Congreso, que busca mejorar las condiciones laborales en el sector.
Compartimos la entrevista completa:
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