Ir al contenido principal

Decisiones políticas que atentan contra la salud y la vida

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Es dramático para la ciudadanía costarricense que gran parte de la prensa hablada y escrita se encuentre sintonizada y sincronizada en la difusión de contenidos asociados a dar espacio preferente a la violencia delincuencial, al futbol, así como a validar como pertinentes las opiniones y decisiones de quienes dominan y de los que formal y aparentemente, nos gobiernan y representan, mientras están ausentes los análisis sobre situación y condición de los sectores más vulnerables y de los nuevos empobrecidos de la sociedad. No solo en la prensa está ausente esta reflexión y preocupación, también lo está en las vocerías gubernamentales que contradictoriamente atacan el trabajo y remuneración de los trabajadores, a la vez que repiten demagógicamente los anuncios de que juntos saldremos adelante y que todo será resuelto satisfactoriamente. Estas prácticas dejan sin contenido y significación a nuestra democracia.

El discurso del poder usa una engañosa prédica en favor de las mayorías para confundir, desmovilizar y enmascarar las acciones que convienen a los propietarios de corporaciones empresariales asociadas con la globalidad del capital. Luego, la demagogia igualitaria y de espurio nacionalismo de las palabras del gobierno, solo defiende los intereses y argumentos de quienes han privatizado la riqueza social; mientras que los otros, a los que consideran objetos del poder, son condenados a sufrir los efectos de las calamidades provocadas por las brechas económicas, sociales y políticas creadas y profundizadas por poderes totalitarios.

La pandemia ha dejado de ser una problemática sanitaria, para convertirse en el pretexto para justificar la eliminación de toda oposición y resistencia de los trabajadores, destruir la organicidad social y reavivar los añejos intentos de privatización de los activos públicos, pero también para disponer de la salud y la vida de los ciudadanos, a quienes se pretende culpar de sus propios padecimientos sanitarios y condición social. Desde esta conveniente distorsión de hechos e interpretaciones de los económicamente poderosos también se acusa a las instituciones que velan por la salud pública de ser responsables del creciente empobrecimiento al establecer las restricciones sanitarias necesarias y consistentes como prevención de la salud pública. Los empresarios, de este y otros países, se presentan como víctimas, cuando por sus exigencias y presión, son causantes del crecimiento exponencial de los contaminados y fallecidos.

Las voces, necesidades y esperanzas de los pobres, no importan a los ricos ni al poder estatal, que solo se interesan por mantener el statuo quo y la reproducción de su dominación. Así, eliminar las restricciones sanitarias son mandatos privados contra la salud pública a la vez que constituyen auténticos atentados contra los derechos humanos, y de esta manera se transparenta el desprecio hacia los otros de parte de propietarios que se imaginan dueños del país, del destino de la sociedad y de la vida. Estas prácticas del poder en Costa Rica son regresivas creaciones económicas y políticas del esclavismo y del fascismo de otros tiempos y espacios.

El apoyo de los pobres a las demandas empresariales, es el único recurso de quienes no tienen alternativas de resistencia y están dispuestos a ser sobreexplotados y ser sometidos a labores que comprometen su supervivencia cotidiana ante la precaria, excluyente y burocratizada ayuda estatal.

Las evidencias nacionales y de otros contextos han mostrado que, eliminando las restricciones sanitarias, ha habido un incremento de infectados y fallecidos por el coronavirus. No obstante, no es denunciado por la prensa y, por lo contrario, se culpa a las víctimas de no guardar las recomendaciones sanitarias, cuando en realidad son los poderes prevalecientes los causantes de las tragedias individuales y familiares.

Gran parte de los medios informativos sufren los efectos colaterales de la descomposición de sus falsedades y bodrios informativos, así como, por su evidente subordinación política, por ello se leen y escuchan menos. Estas prácticas denigran una noble profesión que expresó en diversos momentos de la historia su enfrentamiento contra toda forma de totalitarismo para defender la investigación, los derechos ciudadanos y el bien común.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://visioncoach.es

Algo se está cocinando

Óscar Madrigal

El PLN y el PAC están trabajando en un proyecto de ley para reducir considerablemente las campañas electorales. Rodrigo Arias llegó el viernes pasado a la reunión de diputados para decir que había que aprobar la agenda del FMI que incluye nuevos impuestos y venta de activos estatales y que ello debía hacerse en mansedumbre, sin agitar las aguas, sin discusiones electorales donde este tema puede ser motivo de discusión y eso es muy malo. Su lógica es elegir el nuevo gobierno ojalá en silencio, el pueblo no debe decir nada, solo se necesita que vote.

El PAC cuya orientación es darle todo lo que Liberación pida para que le aprueben todos los empréstitos, está en el juego y es promotor; aquello de acción ciudadana fue solo un acto demagógico del pasado. El TSE está también en el juego y sus técnicos asesoran a los diputados de esos dos partidos en la redacción del texto.

Hasta las elecciones pueden esperar con tal de aprobar la reestructuración del Estado del FMI.

La verdad es que la situación política es muy delicada.

Es urgente un conglomerado político, partido, coalición, lo que sea, que una al pueblo y lo movilice contra este nuevo atentado a la democracia.

Hablemos de IVM – Parte I

M.Sc. Rodrigo Arias López

Los políticos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están llamando a los sectores sociales para “socializar” una reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Ver https://semanariouniversidad.com/pais/ccss-iniciara-dialogo-sobre-ivm-con-sectores-sociales/.

Mi tesis es que tanto los políticos de la Junta Directiva de la Caja como los políticos que nos han gobernado -PLN, PAC, PUSC- son los responsables directos de la quiebra de IVM. Digo quiebra o bancarrota del IVM aunque el término no le agrade al representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217202301706407&id=1136685301). Ello a pesar de que el mismo informe actuarial de la CCSS señala: “El análisis del Balance Actuarial al 31/12/2018 con Grupo Abierto señaló un déficit actuarial de aproximadamente 100 billones de colones, obteniéndose una Razón de Solvencia del 48.3 % (o sea, al 31 de diciembre de 2018, hay un déficit que no permitiría al Fondo financiar al 51.7% de las promesas en el período de 100 años bajo estudio)”. Ver     https://www.supen.fi.cr/PortalSUPEN-TemaPrincipal-theme/visor/web/viewer.html?file=/documents/10179/20292/RIVM-CCSS+con+corte+al+31+de+diciembre+2018.

¿Y si no fuese que IVM está en vísperas de la bancarrota, por qué llamar de urgencia a reformar el IVM?   Don Mario Devandas -al igual que la Sra. Martha Elena Rodríguez González del Sindicato UNDECA de la CCSS– parece no querer aceptar la idea de que los políticos de este país llevaron al IVM a la quiebra, al igual que lo hicieron con el régimen de pensiones de los maestros. Doña María Elena desea que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les presente otra vez un estudio actuarial que les diga que el IVM está como quinceañero con plata, como aquel maquillaje que hizo esa organización en el año 2009. Pero la realidad es otra, es dura y hay que aceptarla; lo cual no significa liberar de responsabilidad a quienes quebraron al IVM, ni tampoco que por eso sus administradores tengan luz verde para que hagan lo que sea para equilibrarlo.

Entre las reformas más importantes que plantean los políticos de la CCSS están aumentar las edades de retiro, utilizar todos los salarios cotizados para calcular la base de referencia, reducir el porcentaje de beneficio básico, no reponer el 100% de la pérdida de valor adquisitivo de los montos de las pensiones y aumentar las tasas de cotización. Casi todas esas medidas producirían menores beneficios, ya sea porque el monto de la pensión será menor o porque se tendrá que disfrutar durante un menor tiempo; pero, en cualquier caso, a un costo mayor al de hoy. Por eso uno de los principales aspectos que debe ser abordado, es el análisis de los beneficios que hoy se ofrecen. Al respecto el último informe actuarial realizado por la CCSS es sumamente deficiente, lo único que muestra es la cantidad de pensiones según riesgo y el monto de la pensión promedio (Ver Cuadros N° 7 y N° 8 de la página 30 del informe actuarial arriba indicado). Por tal motivo considero que es necesario que la CCSS entregue a los sectores sociales las bases de datos necesarias para realizar mediciones independientes sobre este y otros asuntos.

En aras de mostrar la importancia de que las tasas de reemplazo y en general la suficiencia de los montos de las pensiones se analicen profundamente, presento a continuación la planilla de pensionados de la CCSS al 31 de diciembre de 2015, ajustando los montos de las pensiones por costo de vida de diciembre de 2015 a julio de 2020 y por aumento en salarios, entre otros, con ayuda de los datos del Cuadro I-7 disponible en https://www.ccss.sa.cr/arc/estadisticas/actuarial/69/2019/I-07_2019.zip. En el caso de muerte lo que muestro corresponde al monto de la pensión que resulta sumando todos los montos de pensión de los beneficiarios del fallecido. En diciembre de 2015 el IVM tenía 216.790 pensiones en curso de pago con un monto global de pensión promedio de 250.235 colones; la estimada para el colectivo actual rondaría los 281.000 colones. Las distribuciones según monto de pensión se presentan en el gráfico adjunto, el cual incluye la tabla con la distribución relativa acumulada para cada riesgo (invalidez, vejez, muerte y total). Los montos de las pensiones de IVM son, en mi opinión, sumamente bajas ¿O usted cree que no y que aún se deben reducir más, como pretenden los políticos y administradores de IVM en la CCSS?

En mi apreciación con base en esta estimación, en muchos casos los montos de pensión de IVM no satisfacen las necesidades básicas de quienes las reciben. Por ejemplo, en el caso de invalidez el 63% de las pensiones tienen montos menores o iguales a 150.000 colones; un 39% en caso de vejez; un 72% en muerte y un 53,4% en el total de pensiones. Cerca de un 90% de este 53,4% -que podrían ser unas 130 mil pensiones en la actualidad- estaría recibiendo una pensión mínima de 137.000 colones. Si tomamos como referencia el monto de 300 mil colones, que es próximo al salario mínimo actual, tendríamos que el 87,5% de los montos de las pensiones de invalidez son menores o iguales a dicho monto; 65% de las pensiones en caso de vejez; 90,1% en caso de muerte (causantes) y 77% del total. Obviamente que para medir la suficiencia o insuficiencia de los beneficios no basta con ver solo estos valores; sino que es necesario analizar también los gastos y otros ingresos que tienen los beneficiarios de IVM, entre otras variables, lo cual no abordo aquí; pero sin duda considero que formará parte del proceso que se avecina, de tal forma que se elimine cualquier subjetividad de mi parte en esta nota.

Conforme a lo mostrado con este ejercicio, considero que es obvio que para cualquier negociación que se pretenda, resulta imprescindible contar con los datos más recientes del año 2020, tomando en cuenta que en la actualidad el IVM tiene cerca de 280.000 pensionados causantes o 300.000 beneficiarios y es necesario conocer la distribución real de los montos de las pensiones de IVM en la actualidad. Por supuesto que también es necesaria mucha otra información no indicada en esta nota.

Creo que la definición de la quiebra de IVM no la podemos reducir al momento en que ya no se pueda pagar el 100% de los beneficios. También debemos tomar en cuenta si los beneficios que hoy se ofrecen satisfacen adecuadamente las necesidades de sus pensionados y si el nivel de la reserva actual es el que previeron los actuarios y los legisladores cuando crearon el IVM en la Ley Constitutiva de la CCSS. Porque esa ley creó un régimen de capitalización colectiva, no un régimen de reparto como el que decidieron crear los políticos de la CCSS sin reformar dicha ley, camuflando la quiebra del IVM con el llamado modelo de primas escalonadas, que de tal queda casi nada, pues cada tres años cambiarán la prima y la reserva es básicamente de contingencias, pues no es ni 2,5 veces el gasto anual de las pensiones en curso de pago; mientras que la esperanza de vida promedio de los pensionados ronda los 18 años. Y para los 1,5 millones de asegurados activos cotizantes de IVM los políticos de la CCSS no tienen en reserva ni un centavo.

Veámoslo así. En el informe actuarial de IVM arriba citado dice que se requiere una prima de 24,5% sobre los salarios a partir de enero de 2019 para que IVM esté equilibrado actuarialmente. También se ha informado que la CCSS pretende subir los aportes sobre los salarios hasta un 15% (https://www.estrategiaynegocios.net/inicio/1033905-330/costa-rica-estudian-fuerte-aumento-de-cuotas-de-ccss). Si ese aumento hubiese sido a partir de enero de 2019, entonces el déficit de reserva que le produjeron al IVM es equivalente a 24,5% – 15% = 9,5% sobre los salarios, lo cual equivale a 75 billones de colones en valor presente. Transcurrieron 60 años y los políticos no variaron la prima de 7,5% sobre los salarios de IVM, a pesar de que la esperanza de vida al nacer aumentó de 55 años a 80 años desde hace más de 40 años. Ahora pretenden pasarle la factura a los trabajadores y pensionados aduciendo que todo es responsabilidad del cambio demográfico; pero, repito, no hicieron nada con la prima durante 60 años cuando ya conocían las proyecciones demográficas; desde 1970 sabían que la esperanza de vida había aumentado y que las tasas de natalidad y fecundidad se estaban reduciendo, como lo corroboraron en décadas posteriores, sin que movieran la tarifa de 7,5% para evitar la quiebra de IVM. Y lo más irracional es pretender ahora una reforma sin transitorios superiores al mínimo de 18 meses que ordena la Sala Constitucional. En mi criterio, tanta irresponsabilidad en la gestión de IVM no la deberían asumir los asegurados de IVM. ¿Usted qué opina?

¿Por qué la pandemia de #COVID19 es un gran negocio para las transnacionales?

Al ver sus ganancias amenazadas por la pandemia, empresas transnacionales planean demandar a los países, en tribunales privados de arbitraje, debido a la adopción de políticas públicas de emergencia para combatir la crisis.

Compartimos esta publicación de la Internacional de Servicios Públicos que da respuesta una importante pregunta que nos planteamos en este momento: ¿Por qué la pandemia de #COVID19 es un gran negocio para las transnacionales?

El aumento de litigios de las empresas contra los gobiernos se da posterior a cada crisis global o local y todo apunta de que esta situación que enfrentamos no será la excepción.

En este video se presenta un resumen de los resultados del informe:

Puede acceder a la publicación completa aquí:  La pandemia: un gran negocio para empresas transnacionales

Información enviada a SURCOS por Óscar Rodríguez León, ISP.

¡¡NO NOS GRITE… GÜECHOS!!

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Hoy, al leer en la columna “Entre Líneas” un artículo del Director de La Nación Armando González Rodicio titulado “La Hoguera”, me hizo recordar un cuento que narraba un tío mío cuando íbamos a visitar al abuelo, allá en Alajuela. Según él, un pobre viejo de aquella ciudad padecía de un enorme bocio, popularmente conocido como güecho; cuando salía a caminar acompañado de su hijo en edad escolar y pasaba por el famoso Parque Central, de inmediato venía el grito… adiós güecho!, lo que mortificaba más al muchacho que a él. Pero un día, el jovencillo vió que se acercaba otra persona con el mismo mal que su padre y se apresuró a decirle…papá, papá, ¡dígale güecho antes que le digan! Hoy don Armando, nos gritó güechos a todos los costarricenses.

Resulta que según él, nos hemos convertido en una sociedad proclive a creer y pensar mal del prójimo para lo que se ha creado una “vanguardia indecente, en la prensa, en la política y hasta en la academia… La verdad no importa. Hay terreno fértil para sembrar cualquier duda y un coro dispuesto a magnificarla. Luego de mentir, el manual manda insistir en la mentira. Si la evidencia desmiente el infundio, la historia cambia y se ajusta sin mirar atrás. Con suficiente empeño, astucia y desdén por la verdad, la realidad se acomoda a sustentar la tesis. Lo importante es echar a rodar la especie y mantenerla en movimiento mientras se agota la vida útil. Luego se le descarta sin consecuencia y comienza la búsqueda de un nuevo conjunto de hechos suficientemente maleables para crear otra historia, otro escándalo…” y NOS GRITO GÜECHOS, desde la cima de la loma.

No cabe la menor duda que don Armando cogió su manual de Director de la NaziOn que tiene como libro de cabecera y nos espetó, sin más, lo que hace a diario y desde su fundación el periódico de marras, antes de él, ahora con él y posiblemente después de él, si es que no ha quebrado económicamente todavía! Si un periódico ha mentido toda su vida, ha creado dudas sobre personas e instituciones, ha denigrado sin rectificar o defendido intereses ocultando la verdad, que es una manera de mentir, es precisamente ese medio de desinformación que en nuestro tiempo, conjuntamente con Telenoticas, hacen una mancuerna de “malas compañías” para convertirse en ese “coro dispuesto a magnificar” la duda, la mentira y la calumnia.

Como coyotes de la misma loma, lanzaron las más graves acusaciones contra la Iglesia por ejemplo, las Universidades y el Poder Judicial, los empleados públicos, los pensionados del Magisterio Nacional de los que dijeron las mayores falsedades y no dieron oportunidad de aclaración o rectificación alguna y como ejemplo, una respuesta que envió don Miguel Sobrado fue rechazada alegando que lo dicho por él no era verdad y que la misma si estaba de su lado… vaya objetividad periodística del Director de marras; esto para citar solo algunos casos de las últimas semanas, porque si nos vamos a rebuscar la Historia, haríamos de este artículo algo parecido por su extensión a la Enciclopedia Británica.

No, no se vale ahora gritar “güecho” a los ciudadanos que, igualmente, por años le han reclamado la falta de objetividad, desapego de la verdad y vulgar manipulación mediática de ese periódico, demostrada en más de un artículo, libros y tesis universitarias. No se vale enojarse y decir que las dudas del viajecito de recreo presidencial, los impagos de impuestos de la FIFCO y sus empresas agrupadas o el trencito que casualmente llegará a propiedades de los dueños y socios de La Nación y La Zona Franca del Coyol, ¡incluyendo a un Ministro sin Cartera!!, qué contradicción!, Igual, ¡coyotes de la misma loma!

No se haga el bravo don Armando, no le luce. Para terminar, cierro con otro cuento de un hecho que se daba en nuestros barrios populares, aunque no tengo conocimiento si pasaba igual de donde procede el señor Director. Resulta que cuando el dueño de una tradicional cantina cerraba su negocio al ser la media noche de un domingo, muchas veces él se quedaba libando el resto del inventario que había en la estantería, por lo que era frecuente que el negocio no se abriera al día siguiente, pues el cantinero “dormía la mona” como se decía. Ante eso la gente de los barrios decía: hoy don fulanito no abre… ¡volcó el rotulo!

No le voy a dar un consejo al señor Director, pues nadie es suficientemente viejo para dar consejo decía Facundo Cabral, pero si una sugerencia: no nos grite GÜECHOS…y VUELQUE EL ROTULO!, porque como dice el Papa Francisco “La hipocresía es el lenguaje de los corruptos” y eso estoy seguro, no querrá que se lo endilguen.

Más sobre el racismo. ¿Qué fue de la lucha contra la esclavitud que impulsó la propia lucha por la independencia?

Vladimir de la Cruz

Montesquieu señala en su libro clásico “El espíritu de las Leyes” el problema de la esclavitud de los negros, indicando que era imposible suponer “que esas criaturas son seres humanos, porque si concedemos que lo son, en seguida sospecharíamos que nosotros mismos estamos lejos de ser cristianos” sobre la base, de lo que se consideraba en aquellos años, que los negros correspondían a una especie de subhumanos, o que siendo de la raza humana lo eran de una capa inferior. Igualmente se daba por hecho que los negros habían nacido para ser esclavos, que la propia naturaleza los había hecho así, y por supuesto, que en esa condición estaban acostumbrados y lo disfrutaban.

James Otis, en 1764, señaló en su libro “Derechos en las colonias británicas”, que el derecho a la Libertad por el que se luchaba, alcanzaba inevitablemente a los negros, que la Libertad les era inalienable. Del mismo modo señalaba que el derecho a la Libertad de las colonias era igualmente el derecho de los negros a la suya, o en su lugar el derecho de los negros a la rebelión contra sus amos, y que esta rebelión no podía considerarse un crimen o un delito.

En 1772 el Reverendo Isacc Skilman, en “La oración sobre las bellezas de la Libertad”, exigía la abolición de la esclavitud, considerando además que el derecho a la rebelión contra la esclavitud era un derecho acorde con las Leyes de la Naturaleza.

Benjamín Franklin, uno de los grandes Padres Fundadores, como se le considera, de los Estados Unidos, por su participación en la lucha emancipadora, por lo demás gran científico, uno de los redactores del Acta de Independencia y de la Constitución de los Estados Unidos, fue un gran abolicionista, llegando a ser Presidente de la Sociedad para Promover la Abolición de la Esclavitud.

A la lucha de Benjamín Franklin se unió Benjamín Rush, de tradición presbiteriana, médico de esos años, también vinculado intensamente al proceso independentista de las colonias, quien llegó a ser Presidente de la primera Sociedad Antiesclavista que se fundó en los Estados Unidos, quien atacaba en sus intervenciones y escritos la trata de esclavos y la esclavitud como sistema.

También se le unió a Benjamín Franklin y a Benjamín, Rush, el educador Anthony Benezet, quien también en Pensilvania había impulsado sociedades abolicionistas, entre ellas la Sociedad de Pensilvania para la Abolición de la Esclavitud.

La esposa de John Adams, también redactor del Acta de Independencia, Abigail, manifestó que si era válido luchar por la Independencia igualmente era válido luchar por la libertad de los negros, que gozaban del mismo derecho a la libertad.

El gran revolucionario Thomas Paine, el 8 de marzo de 1775, escribió en un periódico de Filadelfia, el artículo “La Esclavitud africana en América”, exigiendo la abolición de la esclavitud, pidiendo que se les concedieran tierras ya en condición de libertos, para que “pudieran ganarse la vida”.

A estos personajes se sumaron, durante los años de resistencia y de guerra independentistas, grupos de religiosos bautistas, metodistas y de manera sobre saliente los cuáqueros, opinando y actuando de manera antiesclavista. Los cuáqueros hacia 1785 habían eliminado la esclavitud en sus hogares y familias, llegando a plantear en el propio Congreso de la Unión que se legislara en ese sentido, y hacia 1783 se solicitó se declarara ilegal la esclavitud, con el apoyo de la Sociedad Amigos de Pensilvania y New Jersey.

En los gobiernos de cada una de las colonias se presentaron solicitudes y acciones en igual sentido. En Rhode Island, por influencia cuáquera, se llegó a aprobar una declaración, en 1774, en la cual se afirmaba que cualquier negro que se introdujera como esclavo sería o quedaría libre. Para ellos era un problema esencial, la lucha por la libertad de los blancos era a la vez una lucha de todas las personas, y la libertad de los blancos debía extenderse a todas las personas. Esta disposición no liberó a los negros, hasta que, cuando se incorporaron al Ejército, para luchar contra Inglaterra, se emancipó a los que participaron militarmente de esa lucha.

La patriotas y revolucionarios, principalmente, eran abolicionistas. Muchos gobernadores blancos no lo eran defendiendo el negocio que significaba el tráfico de negros. En Baltimore, en 1774, se logró acordar abstenerse del comercio de esclavos y sabotear a los comerciantes de esclavos. En 1776 en Massachusetts se declaró ilegal la trata de esclavos. Así se estableció, también, en 1776, en la Constitución de Delaware. En 1776, en New York, se avanzó con una ley, en el Congreso Provincial del Estado, que establecía una emancipación gradual, lo que no se aprobó ese año, sino hasta 1798.

En 1777 en la Constitución de Vermont se prohibió la esclavitud de cualquier persona, nacido o no en los Estados Unidos. En 1780 en Pensilvania se aceptó una ley contra la esclavitud, redactada por Thomas Paine y George Bryan. Este mismo año en Connecticut se impulsó una ley similar que se terminó de aprobar hasta 1784, año en que también Rhode Island aprobó una ley de abolición gradual, año en que la Constitución de New Hampshire la abolió.

En 1781, la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso Commonwealth vs. Jenninson, condenó a un blanco por haber azotado a un negro diciendo que “era su esclavo”, multándolo, sobre la base de que la Constitución estatal señala que todos los hombres nacen libres e iguales, y de que todas las personas tienen derecho a la libertad, destacando que la esclavitud no armoniza con la Constitución.

En 1804 el Estado de New Jersey abolió la esclavitud, por influencia de los cuáqueros.

En 1782, en Virginia, se establecieron, por un breve plazo, mecanismos para la manumisión de esclavos, bajo el impacto de la recién proclamada Independencia en 1776.

Mientras esto se expresaba en los Estados, en el Gobierno Federal no tenía igual eco. Las leyes que se promulgaron en esos años eran más antibritánicas que antiesclavistas. La propuesta de Jefferson, denunciando, en el Borrador del Acta de Independencia, la esclavitud, y su tráfico, “del rey cristiano de Gran Bretaña”, fue eliminada a solicitud de los representantes de Georgia y Carolina del Sur, y de otros Estados todavía esclavistas.

De esta forma está claro que durante los años de la lucha por la Independencia de los Estados Unidos, durante su desarrollo y en los años posteriores hubo importantes movimientos antiesclavistas y emancipadores de los negros en Estados Unidos.

¿Qué pasó con esta lucha contra la esclavitud y el racismo en Estados Unidos que se inició en los mismos días de la lucha por la Independencia? ¿Por qué se mantuvo y acentuó el racismo, la discriminación y se impuso la supremacía blanca, en los valores dominantes de los Estados Unidos, en muchos Estados a mediados del siglo XX, con gran virulencia, que vuelve a resurgir hoy?

No se puede entender y comprender la lucha por la Independencia de los Estados Unidos, sin tener en cuenta el importante papel que los negros jugaron en ella. Para los negros fue una Revolución inconclusa. Para ellos, y para los abolicionistas, la lucha por la Libertad continuó y continúa.

Los negros en la cultura y la sociedad norteamericana han significado un enorme papel, y prestigio, para esa gran Nación en todos los campos. No casualmente hoy así se reconoce en la propia ciudad de Washington, cerca de la Casa Blanca y del Congreso, con el Museo que recoge la herencia y el aporte de los negros a la cultura de los Estados Unidos. Museo construido en la Administración de Barak Obama, primer Presidente negro, con el cual parecía que se había superado este sustrato racista y supremacista blanco.

No fueron suficientes, pero sí importantes, todos los movimientos políticos y de resistencia de los negros de los Estados Unidos, especialmente a partir de la década de 1960. Sus símbolos emblemáticos, entre muchos, de esos años, fueron Rosa Parks, Martin Luther King, a quien por su lucha se le reconoció con el Premio Nobel de 1964, Ella Baker, Casius Clay, los atletas olímpicos Tommie Smith y John Carlos, Angela Davis, Malcon X, Stokely Carmichael, Harry Haywood, Thurgood Marshall, el primer Juez negro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson, el propio Presidente Barak Obama, primer Presidente negro norteamericano, las actuales activistas Alicia Garza, Opal Tometi y Patrisse Cullors creadoras e impulsoras del hashtag, en las redes sociales, #BlackLivesMatter, “Las vidas de los negros importan”.

Los impactos que se están produciendo en Estados Unidos, con la eliminación de algunos monumentos de esclavistas, y militares confederados, y de cambiarle el nombre a instalaciones militares, que exaltan y recuerdan esos esclavistas, son hoy parte de este renacer cultural, de replantear los valores históricos culturales, de esta nueva conciencia social que adquiere fuerza moral, en Estados Unidos, con repercusiones importantes en el mundo, de propugnar por un mundo más humanista, más incluyente, sin discriminaciones y exclusiones de ningún tipo, por una revaloración de los Derechos Humanos.

Artículo compartido con SURCOS por el autor y publicado en https://wsimag.com/es/economia-y-politica/63237-mas-sobre-el-racismo-en-ee-uu

Apoyo al Instituto de Investigaciones Sociales

Isabel Ducca D.

Con motivo de la polémica y acusación a la Universidad de Costa Rica de estar incentivando una guerra entre lo público y lo privado por la difusión de dos videos producidos por la Oficina de Divulgación e Información (ODI), con base en una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), en los cuales se alude a grandes empresas que se beneficiaron de la amnistía tributaria, a algunas que declararon cero impuestos durante un periodo y a tres empresarios de renombre citados en la revista FORBES, es preciso expresar un reconocimiento a una labor difícil y, por lo visto, riesgosa pues como lo señala dicha revista, fuente de la que surge parte de la problemática:

Para el equipo de investigación de FORBES, cada año representa un reto documentar y estimar las más cuantiosas fortunas de nuestra geografía, debido a que los principales obstáculos son la falta de transparencia y la poca disponibilidad de las corporaciones para compartir la información de primera mano…”[i]

Lo afirma una revista que está mil leguas de ser analítica y crítica.

Nuestra solidaridad se basa, como debe ser, en los principios que rigen y deben reinar siempre en la institucionalidad pública. Tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 3: “…contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Si hubiera que hablar de una guerra entre lo público y lo privado, tendríamos que invertir los términos pues esa confrontación la inauguran en nuestros país los sectores neoliberales desde hace más de treinta años pues las universidades públicas, al ser cuna del pensamiento crítico y analítico, han sido acosadas con el fin de recortar sus presupuestos para reducir la investigación y el aporte que realizan para un desarrollo integral de nuestro país y de protección a los sectores más vulnerables. ¡Las acusaciones no son nuevas! Desgraciadamente, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con el beneplácito de un gobierno que se preocupa más por proteger a quienes más atesoran en lugar de hacerlo con quien menos tienen, ciertas voces han adquirido fuerza y prepotencia que raya, en ocasiones, en lo inhumano.

Como bien sabemos, el déficit fiscal es un problema que adquiere dimensiones gravísimas antes del Covid 19 y que debido a este llegó a proporciones catastróficas. Desde el 2018, los temas fiscales han tomado relevancia en la discusión pública y hoy, precisamente en una crisis histórica, deben ser discutidos más que nunca. La evasión, elusión y mora son problemas que perjudican la construcción del Estado social de derecho y por tanto deben ser problematizados, así como señalados sus responsables.

Las campañas de desprestigio hacia las instituciones o personas que se atreven a plantear el tema de la reforma fiscal progresiva no son nuevas. Ya a inicios del siglo XX, Alfredo González Flores fue víctima de una campaña feroz primero y, posteriormente, un golpe de estado por establecer su proyecto.

Queremos reiterar nuestro apoyo a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política y esperamos que, fiel a los principios con que la concibieron figuras como Rodrigo Facio Brenes, la reflexión rigurosa, académica y comprometida con el bien común continúe por los senderos que le marcan la ética y el compromiso con los Derechos Humanos.

[i] Puede referirse a: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019

Ausencia de Estado

Óscar Madrigal

Perú ocupa el primer lugar mundial en tasa de mortalidad por coronavirus. ¿Cuáles son las causas de tan doloroso récord?

Los especialistas peruanos las resumen en lo siguiente: la falta de infraestructura, la ausencia de Estado y la falta de orden social. En síntesis, las causas se reducen a una AUSENCIA DE ESTADO.

La pandemia ha demostrado que los pueblos, las sociedades, no pueden hacer frente con éxito a las calamidades de la naturaleza o de la sociedad, sin un Estado fuerte, presente y vigoroso. Así también quedó patente en la crisis financiera del 2008.

En las naciones donde el Estado es débil en cuanto a instituciones, infraestructura, servicios o legitimidad, los pueblos sufren en demasía las injusticias producidas por el hombre y la naturaleza.

El Estado no debe reducirse a brindar una media salud y educación, como pretenden los neoliberales, sino a tener injerencia en diversos campos de la sociedad.

En Costa Rica gracias a las luchas de las organizaciones sociales, se ha logrado defender y detentar un Estado fuerte y vigoroso que permite influir en una mayor justicia social. Al fin y al cabo, a pesar de los reiterados intentos de los poderosos grupos de los grandes empresarios por empequeñecerlo, aún permanece en nuestro país un Estado que está presente en la vida cotidiana de los costarricenses.

Existe en el país todo un conglomerado de instituciones públicas que se dan fortaleza mutua. En el presente las utilidades acumuladas del INS sirvieron para apoyar a la CCSS en la emergencia, los bancos públicos con una parte de las utilidades apoyan los programas del IVM (pensiones), becas y al cooperativismo, la FANAL contribuyó a abastecer de alcohol a la seguridad social a un costo bajo, Acueductos y Alcantarillados ha brindado agua potable a nuestra población y evitado epidemias, el IMAS y demás instituciones contribuyen a mitigar los efectos de la emergencia sanitaria. El Estado es también salario mínimo, vacaciones, cesantía, seguros sociales, derecho a huelga y mucho más.

Las utilidades de las instituciones públicas, como el INS, Banco de Costa Rica, Nacional, FANAL y muchas otras han servido para ayudar al Estado a enfrentar la epidemia en vez de irse a engordar aún más los bolsillos de alguna gran compañía nacional o internacional. Además, todas las instituciones pagan puntualmente sus impuestos.

En Costa Rica no se puede decir que existe, como en Perú, ausencia de Estado.

Pero existen fuerzas poderosas que quieren desbaratar muchas instituciones públicas de manera inmediata al amparo de un acuerdo con el FMI. Como dice Rodrigo Carazo, no es que quieren venderlas es que quieren comprarlas.

Los créditos con el FMI buscan imponer medidas neoliberales para reducir al mínimo el Estado. El Gobierno ha iniciado una “negociación” con el FMI en total secreto y ya han informado que está lista la propuesta.

Solo está por verse si acabaremos como Perú, sin Estado.

¿Del Consenso de Washington al del Coronavirus?

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, (…). Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
El fantasma de la Opera – Gastón Leroux

Hemos visto en los últimos meses entre una conferencia de prensa y la siguiente, una exposición destellante de simpatías o descontentos de diversos actores políticos, sociales o económicos a la anuencia por los préstamos internacionales. Ante esto sólo podríamos encontrarles algún sentido si los abordamos desde la pregunta ¿Hacia a donde apunta la política post-covid19?

Tal vez pocos recuerden la década de 1980, cuando a través del accionar de dos potencias mundiales Estados Unidos e Inglaterra, lograron posicionar un pensamiento y práctica de la gestión política, que al paso del tiempo se le llamó Neoliberalismo, su acta fundante (no oficial) fueron unas recomendaciones de John Williamson, que se conocieron como el Consenso de Washington.

Este consenso, a su modo y estilo sintetizó el pensamiento económico y político de una generación de profesionales de la política; los tecnócratas. Estos delinearon algunas de las posturas que hoy en nuestros países son casi “dogmas”: Disciplina fiscal, disminución del gasto público, reforma tributaria, liberalización, desregulación, privatización y derechos de propiedad, en cualquier espacio de política pública, estas palabras prácticamente son incuestionables.

¿Por qué recordar esto? Hoy, estas “recomendaciones” son denunciadas por su ineficacia o daño social, por ejemplo la privatización de los servicios de salud que han generado una agudización de la crisis sanitaria, la privatización de la educación ha marcado una brecha socioeconómica que aún no logramos vislumbrar su profundidad o paradojas tales como defender la disciplina fiscal que invoca los recortes, ante una crisis sanitaria donde se requiere un enfoque comprometido con garantizar la atención de las personas desde la salud pública.

Asistimos a un momento crucial en la construcción del sentido del pensar-hacer política para nuestras sociedades, aun cuando observamos resquebrajarse las apuestas neoliberales ante su inoperancia y por la denuncia que desde sus luchas diversos sujetos individuales y colectivos han dejado la evidencia de este fracaso. Hoy se reconfigura un sentido común desde los sectores dominantes, que procuran disputar la legitimidad de esta política.

Si hace 31 años el Consenso de Washington consolidó un tipo de política neoliberal, hoy el Consenso del Coronavirus viene a relanzar esa apuesta por una política aséptica de personas, el traslape intencionado de las medidas sanitarias a su aplicación como gestión del conflicto político es una de sus primeras manifestaciones.

Asistimos a gobiernos que virtualizan y banalizan la participación política reduciéndola a páginas web y formularios, es decir una enajenación de la voz de los sujetos, y el triunfo de esta tecnificación son elementos de cuño de este nuevo consenso.

Este enfoque apuesta por el alejamiento y atomización de las personas en los procesos de toma de decisión. El control de los aportes y la validación de los mismos se despersonaliza, se vuelven matrices de información, que pierden sus elementos de problematización, y quedan como eso que son; meros registros.

Es bajo este escenario, donde surge el interés “filantrópico” de las instituciones financieras por apoyar a nuestro país ante la pandemia, un disfraz más para aprovechar los vacíos de poder que ha generado la actual pandemia ante la incapacidad de movilización y protesta. Un escenario ideal para profundizar la política neoliberal, que tiene en nuestro país como hoja de ruta a la reforma fiscal del 2018 (impuestos, empleo público y regla fiscal).

Con el pretexto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, asistiremos a una nueva ingeniera sobre el Estado Costarricense, el replanteamiento de la política social, incluida la educación (educación técnica como único horizonte), la salud (privatización) o la precarización del empleo público con el fin de “optimizar” el gasto, por otro lado la desregulación ambiental para la explotación de los bienes naturales o la venta de activos del Estado son parte de la agenda para promover ingresos “frescos”, estas ideas son parte de lo que se estará disputando en los próximos años.

Bajo el discurso de la inminencia de la crisis y la “inevitabilidad” del sacrificio “necesario” que todos y todas debemos asumir, procuran comprometer la institucionalidad democrática, pero en el fondo lo que más llama la atención es el aplazamiento de la responsabilidad de los sectores ricos por pagar sobre sus ganancias, es decir la legitimación de la evasión y elusión serán la columna vertebral del Consenso del Coronavirus.

El elegido popularmente no renuncia. Cumple

Carlos Meneses Reyes

Innombrable es al que no se puede nombrar porque incita al culto a la personalidad, causa horror o no se debe nombrar por resultar inconveniente. En Colombia ha sido detenido, con medida domiciliaria un expresidente y senador en ejercicio. Como es de marras, aquello de que se habla y del senador, detenido, como sujeto de marras, haré referencia coloquial, en giros propios de conversación corriente, puesto que la conducta social del tal senador, como sindicado de un delito, esta alterada, siendo propio de la psicopatía que padece el que en modo alguno su capacidad intelectual, como memoria, pensamiento creativo y vocabulario, esta mermada.

Al estar el citado personaje detenido, significa que no es libre de locomoción y acción. No tiene nombre de pila, sino que se identifica con el número de detenido 1087985, por proceso penal asignado, en el sistema carcelario colombiano. Su derecho al nombre e identidad está supeditada al Juez que conoce de su caso y está a su disposición para todo lo referente a los Derechos Fundamentales. Como no es un sujeto libre, pues no puede ejercer el derecho de petición, que es el que permite a los ciudadanos realizar peticiones a cualquier autoridad, institución pública o ente de administración estatal. Desde el momento que ese senador fue privado de su libertad, al único que se puede dirigir es al Juez de Conocimiento de su caso investigado. De manera que su petición de que le fuera aceptada la renuncia al cargo de senador que ostentaba en libertad, dirigida a su emulo, presidente actual del Senado, desde todo punto de vista jurídico, legal y constitucional, era totalmente improcedente y el accionar administrativo que se desató con esa petición de un privado de la libertad, genera un acto administrativo totalmente nulo, de nulidad absoluta. De la misma manera la “aceptación” de su “renuncia”, equipara a un acto jurídico inexistente. Para entender esto no es menester ser abogado egresado de la Facultad Nacional de Derecho, de la Universidad Nacional de Colombia. Tanto la despalomada, o el bachiller Macias, como el vendedor de todo tipo de artículos con supermercados, lo han de saber; al igual que la recua de senadores que favorecieron al encantador y embaucador, que desde la prisión, les ordena. La dictadura mediática condiciona a la opinión y sobre la falsedad de su accionar y proyección, aprovecha la falta de cautela, del ingenuo y del crédulo, que se cree cualquier cosa con facilidad.

Un cargo de elección popular es irrenunciable

Al ser detenido y por ende privado de la libertad, el senador innombrable intuyo que tan pronto conociere la directiva del Senado, su situación de recluido, se accionaria un procedimiento administrativo en su contra: la de suspensión provisional del cargo. Conocida su ausencia, que califica como temporal, de las sesiones del Senado, sus comilones asesores, se alejan de conjeturas y proceden a hacer llegar “una petición” personal de renuncia, supuestamente firmada por él, no presentada ante autoridad alguna carcelaria y que acucioso escribano dará fe si ese acto ajusta a los requisitos de medios electrónicos autorizados, de conformidad con el procedimiento penal. Arman la sesión y sin mayor excitación y sí patéticas constancias de voto, de muy a su pesar, aceptan la renuncia, del jefe pluma blanca y proceden a llenar el vacío de su silla, con la que en número de votos le precedía en su lista expuesta al electorado y que precisamente, ese electorado, no ungió con su elección, por falta del número de votos requeridos. Y así como se gradúan, así la posesionaron.

Ante el bochorno asfixiante, el ciudadano corriente, la sociedad civil palpitante, acude a Diógenes, no para que busque al Hombre; sino para que con su lampara busque, en esa cueva, ahora dirigida por un Ali Baba, al jurista y así sea de abogado de oficio, proponga la explicación concreta y solución a tamaño entuerto.

En Colombia aplica la llamada Democracia Indirecta o Representativa. Mediante el voto, el ciudadano en ejercicio elije a sus mandatarios para que los represente; resaltando la preponderancia del derecho a elegir que tienen los ciudadanos, en concordancia a la observancia de soberanía popular. Así se conforma el poder legislativo. Es la forma de materializar la soberanía, que es la voluntad popular, que reside exclusivamente en el pueblo y de donde emana el poder público Artículo 3 de la Constitución Política de 1991(CP91). De manera que todo cargo público designado mediante elección popular, es irrenunciable por parte del escogido; así se trate del más ilegitimo y corrupto sistema electoral vigente como el colombiano. Si resultó electo no puede decidir el escogido, no me posesiono, por ejemplo. O como estoy preso, decido “por motivos personales” renunciar al cargo para el que fui electo por el voto popular. Esta situación ajusta en Colombia aplicando el Derecho Comparado y el Principio Universal de Complementariedad.

Renunciar es defraudar

Se trata de un tema de apasionante actualidad, intentando esbozar un análisis de la situación concreta y aplicado al caso concreto colombiano; puesto que está en juego la afectación de la dinámica del juego democrático, al constituir una alteración de la voluntad de los electores e implicar una defraudación a ese mandato conferido, traducido en afectación a los derechos de aquellas personas que lo eligieron y que por ende asoma una consecuencia de responsabilidad en el sujeto capaz de hacer hasta lo indecible con tal de aprovecharse de los incautos.

Tratándose de la composición y de las funciones de la Rama Legislativa los senadores serán elegidos para un periodo de cuatro años. (Artículo 132 CP91). El titular Senador puede dejar de cumplir con sus funciones. Dejar de serlo por renunciar a serlo; pero de hecho, no porque se configure un ocurso administrativo para hacerlo. Ya el Consejo de Estado se ha manifestado al respecto, no desconociendo que el elegido puede optar por esa situación de renuncia fáctica, de hecho. Pero se trata es de entender el compromiso con los electores. De la permanencia y terminación efectivas del mandato que le fue otorgado y no pueda ser utilizado a servir a un interés personal de quien lo recibe. Como por soslayar, el así incurso en la renuncia es sujeto de responsabilidades en acciones populares, por decir lo menos.

Se trata de suplir faltas absolutas o relativas

El artículo 134 de la CP91 al registrar que los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes; tendrán solo reemplazos, en casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley. Pero la renuncia justificada es por aspirar a un cargo de mayor relevancia en el estadio electoral, debiendo hacerlo con anterioridad a un año y aceptada, ahí si hay lugar a reemplazo de la misma lista electoral por el que no fue elegido, según el orden de inscripción o votación obtenida. En consecuencia, procedía, o procede, es la suspensión temporal del Senador de marras y facultar a la siguiente de esa misma lista a llenar la vacante provisionalmente. Volveríamos al tema, que sucede si el sujeto endilgado o procesado es condenado; puesto que en ese evento se daría ausencia definitiva.

No existe norma expresa en la legislación colombiana que evite que el elegido popularmente no pueda renunciar; pero el constituyente primario, en su sabiduría, previo situaciones, aplicables, por analogía, al caso de marras, sobrentendiendo que lagunas o insuficiencias jurídicas sean resueltas mediante el principio de complementariedad, para lo cual existe el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto por cuanto existe la obligación- como deber constitucional y legal- de ejercer los cargos de elección popular.

Corresponde contribuir a dar claridad que en aras a la democracia representativa, así no abordemos el tema de la democracia directa y su ejercicio en las calles, asomar la procedencia de pedir cuentas, mediante acciones populares, a quienes desconozcan olímpicamente tal mandato. Que no se trata de una simple propuesta el negar a los funcionarios de elección popular la renuncia para no ejercer el cargo conferido, puesto que el cuerpo normativo universal, la jurisprudencia, doctrina y el derecho comparado lo prevean y en el entendido que se dan causa justificativas y legales para obtener licencias, como excepción a la regla planteada, como por ejemplo, la imposibilidad física; pero en modo alguno porque el sujeto así ungido este preso; es decir haya sido privado de la libertad y por ende no goce del derecho fundamental del artículo 28 de la CP91.

También corresponde resaltar que el Senador Innombrable debe cumplir con los deberes de los sujetos procesales: 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. 2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas. Lo señalan los artículos 145 y 146 del Código de Procedimiento Penal, que lo constriñen a que no acuda a manifiesta carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal. Como pretender hacer público el proceso antes del llamamiento a juicio, siendo claro que el régimen de publicidad opera durante el juicio que es público y la investigación será reservada a quienes no sean sujetos procesales. Todo ello extensible al inexplicable pero real uso que los medios de comunicación y periodistas en particular hacen y que en ejercicio de dictadura mediática, le dan o facilitan pleitesía a un privado de la libertad como él, para despotricar contra su juez natural y contra las víctimas de su accionar.

No al malabarismo jurídico de falsa interpretación y aplicación

Dos situaciones apremian diseccionar, en esta especie de clínica jurídica a que el exabrupto politiquero y clientelista, ha conllevado. La primera situación alude a que entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia está la de Investigar y Juzgar a los miembros del Congreso. Punto. (Artículo 235-3 CP91).

La segunda situación refiere a que son atribuciones del Senado admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente. No los senadores. (Artículo 173 CP91).

De tal manera que el artículo 186 CP91 dispone que los delitos que cometan los congresistas serán de conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia. Por ende la orden de captura y/o de prisión de un senador solo puede emitirla esa Corte y la de libertad, pues obvio que también. A la Fiscalía no le corresponde nada de eso, al respecto.

Quede claro que es para los juicios que se sigan en el Senado que opera la competencia para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de las funciones. Para los que se siguen en la Corte no.

El malabarismo culebrero y de enredadera jurídica pretende ahora sustentar lo insustentable, en el sentido que los delitos investigados por la Corte al senador se refieren a si fueron cometidos con ocasión y ejercicio de sus funciones. Basta de tanto improperio. Resulta un insulto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia argumentar esa estulticia, necedad; como si los magistrados de la Corte fueran ignorantes. Es única y exclusivamente atinente a investigaciones surtidas por delitos cometidos por el Presidente de la República que aplica lo de la atención en consideración a los actos investigados con relación a las funciones de su cargo, por cualquier hecho punible que se les impute conforme al artículo 175 numerales 2 y 3, ibidem: “Si la acusación se refiere a delito cometido en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala conducta”. Ese argumento se cae puesto que al Innombrable Senador no se le aplica el artículo 174 de la CP91, para no entrar en consideración, en estos momentos de cuales delitos conoce el Senado.

Es todo un montaje tragi-cómico que hasta ex presidentes de la Corte o voceros de acreditada fama asomen que como renunció a la investidura de senador, la Corte tiene la disyuntiva si el delito tiene o no relación con la función o el ejercicio del cargo de senador. Perdiendo la competencia si no fuere así y ha de conocer la Fiscalía; o de lo contrario continuará conociendo la Corte. Da vergüenza ajena tanta ignorancia. El artículo 174 CP91 quedó así: “Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los Miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos”.

Conclusión

Uno. Al definir la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la situación jurídica del imputado, toma la medida de privarlo de la libertad. Para ello produce una resolución judicial de más de1.500 folios, que sustenta la seriedad y fortaleza de la medida. Esta no fue objeto de recurso alguno. Critican que la resolución afirma que pese a que no está demostrada la comisión del delito por parte del senador, se infiere una conducta delictiva y por ello la decisión de medida de prisión domiciliaria. Es correcto inferir una conducta del sindicado en esa Resolución, aunque no aparezca prueba directa, porque no se trata de una sentencia que defina la conducta punitiva del Innombrable. Apareen indicios, inferencias, que es lo dado al Instructor para tomar tal decisión en ese momento procesal o nivel de investigación del delito. Dos. Respecto a lo de la peligrosidad del sindicado; eso es de resorte o del fuero interno del Instructor. No existe un numerus clausus que indique cuando procede o no la orden de detención preventiva, si obedece a que sea ex presidente o no. En cambio sí pesa lo de la medida de aseguramiento puesto que se trata de un delito contra la administración de justicia por fraude procesal, siendo el sindicado un ex presidente de la República y no cualquier “perico de los palotes”; destacándose lo de la perdida de la libertad por el factor de peligrosidad para la sociedad, por la capacidad de poder en él concentrado. Tres. Es una vergüenza que se haya aceptado, en ocurso administrativo la renuncia del senador sindicado, por ser totalmente improcedente. Cuatro. Al Senado le corresponde es suplir la falta temporal del senador sindicado conforme a los tramites ya enunciados. Cinco. Ahora, como de hecho el senador sindicado toma la decisión de renunciar, mutuo propio, a su investidura, se da una situación de falta definitiva que admite la aplicación del mismo procedimiento. Seis. La posesión de reemplazo por parte de la senadora es nula, de nulidad absoluta y el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) tiene como finalidad la primacía de los intereses generales, la sujeción a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico por parte de las autoridades. Simplemente aplicar que en derecho las cosas se deshacen como se hacen.