“Escucha pues -dijo Trasímaco-: sostengo que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte” (Platón: La República; Parte I, 338ª, c )
1.- Libre determinación de los pueblos
Año 1945. Al término de la Segunda Guerra Mundial con la derrota del nazi-fascismo, los Estados victoriosos lideraron la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de libre determinación de los pueblos, al principio de igualdad de derechos, etc.; y era que ya en aquel momento el panorama conjunto de los países del Mundo presentaba un aspecto variopinto: repúblicas liberales junto a satrapías autocráticas; monarquías constitucionales con férreas dictaduras; repúblicas socialistas con principados orientales; monarquías teocráticas con federaciones republicanas. La nueva regla: diversidad; respeto recíproco; cada uno un voto en el seno de la flamante organización.
Entre los principios allí afirmados, precisamente el de libre determinación de los pueblos, que había sido ensalzado por el Presidente Wilson en 1919, era nuevamente reafirmado por el presidente Franklin Roosevelt y por el premier Winston Churchill en la Carta del Atlántico de 4 de agosto de 1941, donde ambos manifestaron que “… 3. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir…”.
El mentado principio era de vieja data: recordemos que estaba ya presente en los Tratados de Westfalia de l648; y comparece en la Constitución de los Estados Unidos de 1776 y en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; para ser finalmente consagrado en el siglo XX como norma jurídica internacional en la Carta de la ONU, ya mencionada.
A partir de entonces sirvió de apoyo jurídico y moral a los movimientos en pro de la independencia de los pueblos africanos y asiáticos sometidos al dominio colonial (Resolución de la ONU: 1514 XV de 1960)
2.- Prepotente e ilegítima reacción
Aunque de los Estados Unidos proviene la Carta Atlántica de 1941, y aunque dicho país haya sido uno de los principales impulsores de la Carta de las Naciones Unidas, su Presidente Dwigt Eisenhower se olvidó de la autodeterminación de los pueblos cuando orquestó con Gran Bretaña el golpe de Estado que depuso al Primer Ministro de Irán, Mohammad Mossadegh en 1953, (porque éste había nacionalizado el petróleo en su país); así como el golpe de Estado contra el Presidente socialista Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954 (por haber intentado, entre otros cambios, una reforma agraria que afectaba los intereses de empresas norteamericanas). No es sorprendente, entonces, que cuando el movimiento revolucionario jefeado por Fidel Castro, que toma el poder en Cuba en 1959, se identifica como socialista, la misma Administración Eisenhower, valiéndose de su enorme poder económico y de la dependencia estructural de la economía cubana, inicia la política de presiones y represalias que, en una línea ascendente, se mantendrá hasta nuestros días. Todo comienza con la gradual disminución y final supresión de la cuota azucarera (1960-1962). Y recordemos que, con ocasión de la intervención cubana de las refinerías de petróleo, propiedad norteamericana, Eisenhower declara (julio de 1960) que“nunca permitirá el establecimiento de un régimen dominado por el comunismo internacional en el Hemisferio Occidental”.
Pero lo cierto es que, ya el 17 de marzo de 1960, el mismo Eisenhower había ordenado a la CIA la organización de una unidad de guerrilla compuesta por exiliados cubanos, con el apoyo bélico de Estados Unidos, a fin de derrocar a la Revolución. Así se inicia la preparación de la invasión que tendrá lugar el 17 de abril de 1961 con el desembarco en Playa Girón (Bahía de Cochinos) de fuerzas de infantería y artillería, precedido por el bombardeo de varias ciudades cubanas por parte de aviones norteamericanos camuflados. Como sabemos, esa invasión fue derrotada.
Frente a la nacionalización de las industrias del azúcar, el cemento, las refinerías, la electricidad, los teléfonos y otras por parte de Cuba, la respuesta norteamericana es la prohibición de toda exportación a la Isla, excepto suministros médicos y alimentos (octubre de 1960). Y después del fracaso de Playa Girón, la Ley de Asistencia Exterior de la Administración Kennedy (octubre de 1961) prohíbe toda ayuda a países comunistas; y la llamada Proclama Kennedy prohíbe la importación de bienes de origen cubano (1962).
Por su parte, Cuba busca infructuosamente negociar con otros países: Canadá, Gran Bretaña, Bélgica; pero, como vimos, ya desde 1960 había iniciado un acercamiento con la Unión Soviética, China y Europa Oriental, que se concreta primero con la política de reemplazo de Estados Unidos, por parte de los soviéticos, en la compra de la cosecha azucarera cubana; y luego por una serie de convenios de intercambio, financiamiento y ayuda militar, para culminar en 1970 con el ingreso de Cuba en el COMECON (Consejo de Mutua Ayuda Económica) agrupación de países socialistas equivalente a la Unión Europea. Esta situación se mantuvo hasta los años noventas.
Después de la desaparición de la Unión Soviética y de la caída de los regímenes europeos de socialismo real, hechos que ponen al Régimen Cubano en dificultades extremas, el Congreso de los Estados Unidos promulgó dos leyes más, buscando asegurar su irremediable caída: la llamada Ley de la Democracia Cubana (Ley Torricelli) de 1992, que empeoró las sanciones económicas; y la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley Helms-Burton) de 1996, que buscaba nuevas sanciones internacionales contra el Gobierno cubano. Dichas medidas, al conferir nivel legislativo a las sanciones, eliminaban también la posibilidad de que un presidente pudiera modificarlas o suprimirlas en el futuro.
En los años siguientes, y hasta la fecha, el bloqueo se ha perfeccionado y se ha intensificado sobre todo en las últimas administraciones de Trump y de Biden. Y el futuro no promete nada mejor.
3.- Una historia sugestiva
Para entender lo ocurrido entre Cuba y Estados Unidos desde 1959 hasta nuestros días, es indispensable repasar, aunque sea someramente, la historia de la mayor de las Antillas a partir del Siglo XIX:
a. A diferencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos, que lograron su independencia de España a comienzos de dicho siglo, Cuba no lo consigue sino al final, a través de un cruento proceso revolucionario que se extiende por más de treinta años. Pues, en efecto, en 1868 Carlos Manuel de Céspedes (Padre de la Patria Cubana) va a proclamar la independencia de la Isla, con la ayuda, en lo militar, del dominicano Máximo Gómez (quien durante esos 30 años luchó en Cuba contra el dominio español); y la primera Constitución de la Patria independiente fue redactada por Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana un año después, dando así origen al proceso insurreccional que, con interrupciones y altibajos, se extenderá gradualmente y comprometerá la siguiente generación de patriotas (Antonio Maceo, José Martí, Calixto García).
b. Pero hay que recordar que en 1848, dos decenios antes del ‘grito de Yara‘ por Carlos Manuel de Céspedes, políticos y empresarios norteamericanos habían tratado de comprar la isla de Cuba. Al respecto, el historiador español Benedicto Cuervo (Universidad de Oviedo) relata lo siguiente:
“…En ese momento (1848) políticos importantes y hombres de negocios norteamericanos anhelaban la incorporación de Cuba como un nuevo Estado dentro de los estados del Sur esclavistas. Para ello se ponen en contacto con políticos y banqueros españoles reiteradamente (durante varias décadas) para intentar su compra por unos 100 millones de dólares. Al no conseguirlo por este medio, Estados Unidos apoyará a los insurrectos cubanos con entregas de armas, además de cuantiosas sumas económicas que entregarán los ricos hacendados cubanos a sus compatriotas establecidos en Nueva York para sobornar a diputados, periodistas, banqueros y comerciantes para que provocasen la intervención de Estados Unidos en el conflicto…” (Cuba: su difícil camino hacia la independencia: 1845-1898; La Razón Histórica, Oviedo, 1989).
c. En el año 1898, cuando los recursos humanos, económicos y militares de España se estaban agotando, y la balanza se inclinaba a favor de los independentistas al mando del generalísimo Máximo Gómez; la explosión en un barco norteamericano anclado en el puerto de La Habana provocó la intervención de EEUU, que declaró la guerra a España y la derrotó con facilidad, ocupando militarmente la Isla. El ejército revolucionario del héroe Máximo Gómez, que había luchado contra España hasta el final, entró en La Habana en 1889, y fue licenciado con todos los honores… bajo la ocupación norteamericana. Sometidos a esa abusiva presión, los constituyentes cubanos aceptaron en su Constitución la Enmienda Platt y el arrendamiento de Guantánamo, que todavía continúa. Y sabemos que cuando la Enmienda Platt quedó incorporada a la Constitución cubana, el gobernador yanqui de Cuba, general Leonard Wood escribió:
“Cuba está en nuestras manos y creo que no hay un Gobierno europeo que la considere por un momento otra cosa que lo que es, una verdadera dependencia de los Estados Unidos. Con el control que, sin duda, pronto se convertirá en posesión, en breve prácticamente seremos dueños del comercio del azúcar en el mundo” (Cintio Vitier, Ese sol del mundo moral, pág. 116; citado por Ernesto Limia Díaz: La Enmienda Platt: Una camisa de fuerza contra la Cuba mambisa. Cubadebate; 12 junio de 2021).
d. La gobernación militar del general Wood en Cuba duró hasta 1902, pero, en aplicación de la Enmienda Platt, un nuevo paréntesis de gobernación yanqui se repitió de 1906 a 1909, siendo gobernador esta vez el senador William Howard Taft (futuro presidente de Estados Unidos). Allí se iniciaron la corrupción y los sobornos en gran escala, que continuaron con ocasión de la apertura de los diferentes gobiernos cubanos a la inversión y al dominio del capital norteamericano.
e. En efecto, a mediados de la década de los cincuenta, Estados Unidos tenía 713 millones de dólares de inversión directa en Cuba (al cambio de la época), que era el 95 % del total de la inversión extranjera en la Isla. Entre sucursales y empresas madres norteamericanas, estaban, además de los principales bancos newyorkinos, el First National Bank of Chicago, las petroleras Texaco, Esso, Shell, Standard Oil; y muchísimas otras firmas conocidas: Coca Cola, Caterpillar Tractor, Abbot Laboratories, IBM, Xerox, Dow Chemical, John Deere, Cuban Electric Co., ITT Corp., North American Sugar, Moa Bay Mining Co., United Fruit Sugar Co., West Indies Sugar Co., American Sugar Co, Bangor Punta Corp., etc.
f. Al final, no hubo necesidad de comprarla. De hecho, Cuba era “casino y lupanar para el weak end de los norteamericanos”: estratificada y con segregación racial, la Cuba en donde los yanquis: funcionarios, estrellas de Hollywood, empresarios, tahures, residentes, mafiosos y turistas constituían una poderosa élite, a cuyos exclusivos clubes tenían acceso los miembros de la oligarquía criolla: un país con una fachada de refinamiento y grosera opulencia, que ocultaba la extendida pobreza y el analfabetismo de las clases populares.
En ese ambiente pretencioso y cambalachero se desenvolvía, como pez en el agua, el último sangriento dictador de la Cuba pre-revolucionaria: Fulgencio Batista, un verdugo y un ladrón que nunca sufrió sanción, embargo o bloqueo de parte del Gobierno Norteamericano.
4.- La ONU y la autodeterminación de los pueblos
La Organización de Naciones Unidas fue creada con el propósito de consagrar la igualdad de los Estados y evitar las guerras y toda acción unilateral directa de un Estado fuerte contra uno débil, en forma de agresión, amenaza o cualquier otra acción ‘incompatible con los propósitos de aquella. Dice la Carta:
Artículo 1
Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
“(…) 2.- Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.
3.- Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión…”
Artículo 2.-
Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:
(…) 4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
Propósitos que se reiteran y se refuerzan en los artículos 55 y 56 de la misma Carta:
“55.- Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistades entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:
niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
la solución de problemas internacionales de carácter económico, internacional en el orden cultural y educativo; y
el respeto universal a los derechos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y la efectividad de tales derechos y libertades.”
56.- Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55.”
Posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que también son partes los Estados Unidos, consagra puntualmente como derecho de cada pueblo, el propósito expuesto en el apartado 1) de su artículo 1:
“…1.- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de ese derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural …”
En las normas citadas, la autodeterminación de los pueblos ha sido elevada a principio fundamental del derecho internacional, reconociéndose su carácter general y vinculante erga omnes. Se trata del reconocimiento de un derecho propio de los pueblos políticamente organizados, expresión de su soberanía, cuyo correlato es el deber de los otros Estados de respetarlo y facilitarlo. En tales condiciones, los pueblos están facultados para actuar libres de cualquier género de presión u opresión en la determinación (como dice el Pacto) de su condición política y su desarrollo en la esfera económica, social, cultural.
Los pueblos se autodeterminan de diferentes maneras, emprendiendo para ello operaciones muy diversas: luchando por su independencia, si están sometidos a coloniaje (como los africanos); o dividiendo un Estado unitario en dos o más Estados nuevos (como Checoslovaquia); o, viceversa, ingresando a una confederación o a una comunidad de Estados (ingreso a la UE); o modificando su organización político-económica (China, Cuba), etc. Todas estas manifestaciones de autodeterminación son legítimas y están reconocidas y tuteladas por la normativa citada en la Carta de la ONU, en el Pacto de los Derechos y en otras fuentes subsidiarias.
Según el artículo 2 citado, toda forma de violencia entre los Estados es contraria al espíritu de la Carta, incompatible con sus propósitos, ya se trate de amenazas, agresión armada u otras medidas de presión desplegadas por un Estado poderoso contra otro más débil. En virtud de la igualdad jurídica de los Estados, cuando surge un conflicto, las partes deben recurrir a los medios disponibles en manos de los órganos que la Carta estatuye.
5.- El daño inconmensurable
Ahora vamos a lo nuestro: guiado por la vanguardia revolucionaria del Movimiento 26 de julio, cuyo comandante general era Fidel Castro, el pueblo cubano, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, se liberó de la Dictadura de Fulgencio Batista el 1º de enero de 1959, y conformó el Gobierno Revolucionario que muchos países reconocieron, incluidos los Estados Unidos. Meses después, a través de sus órganos competentes, el Gobierno de la Isla se declaró socialista, con un respaldo popular masivo. Parecidos cambios, en circunstancias análogas o no, se han producido muchas veces en la historia: desde los acometidos por Sun-Yat-Sen (fundador de la República China) en 1912; o por Mao-Tse-Tung (fundador de la República Popular) en 1949; hasta los logrados por Charles de Gaulle (fundador de la V República Francesa) en 1958: todos con un enorme respaldo de sus pueblos. Se trató de operaciones extraordinarias (de muy diversa magnitud), preñadas de importantes consecuencias, perpetradas por los dirigentes, que los pueblos inspiraron, apadrinaron o respaldaron como auténticas manifestaciones de su libre determinación: operaciones legítimas, respaldadas por normas universalmente reconocidas.
Empero, al margen de lo que estatuye el derecho vigente sobre autodeterminación, para el pueblo cubano estaba prohibido optar por la vía del socialismo, en razón de una norma no escrita, pero que, de hecho, se ha revelado más potente que la Carta de las Naciones Unidas: una norma específica derivada del “Destino Manifiesto” (Grundnorm del ordenamiento jurídico usano). Según dicha norma, por su disposición geográfica Cuba debe pertenecer a los Estados Unidos; de manera que, en vista de aquella pretensión libertaria de la Isla, había que hacerla regresar a su “dominio natural” sin escatimar los medios para lograrlo. Y esto explica la implacable, infinita perversidad de las medidas adoptadas por su verdugo durante los últimos sesenta años; sólo comparable con el contemporáneo proceso de sistemático despojo del territorio palestino por obra de Israel; y el exilio, la represión y el exterminio de sus habitantes.
Había que escarmentar al pueblo cubano, haciéndolo probar el hambre, la escasez, la frustración por tiempo indefinido, hasta que abjurara de sus ideales y repudiara a sus líderes; de modo que durante sesenta años, los Estados Unidos han ido tejiendo una abigarrada y creciente red de leyes, reglamentos, órdenes, listas negras, etc. para tratar de impedir cualquier proyecto de inversión extranjera en el país; hacer fracasar cualquier iniciativa que suponga un alivio o una mejora en las condiciones de vida, cada vez más precarias, del pueblo cubano; o las posibilidades de avance de la actividad científico-tecnológica, artística o deportiva; o de aplicación de estrategias de desarrollo económico y social, frustrando el crecimiento y la diversificación de la agricultura, de la industria o del comercio interno y exterior de Cuba.
El pueblo cubano ha soportado estoicamente los efectos severamente abrasivos del bloqueo, que inciden en su capacidad adquisitiva, en su acceso a los alimentos y bienes esenciales: ropa, servicios médico-quirúrgicos, medicamentos, artefactos domésticos. Jurídicamente ilegítimo, pero implacable, el bloqueo ha robado la alegría, el futuro y la vida misma a millones de cubanos de varias generaciones. En el largo camino muchos se han rendido: abandonan sus ideales, abandonan la isla para tratar de poner término a sus frustraciones, sus carencias, sus sufrimientos.
6.- El papel del jurista
Los juristas que, por definición, son los guardianes de la justicia ¿qué tienen que decir ante semejante ignominia? A ellos corresponde declarar, en primer lugar, que aquel acoso, aquella agresión es injusta y, como tal, intolerable. Desde el punto de vista jurídico, el bloqueo se ha ido configurando claramente como una gravísima violación continuada y redoblada durante más de sesenta años: la violación deliberada e impune de principios jurídicos llenos de vigencia como son los principios de soberanía y de libre determinación del pueblo cubano.
Porque, a la fecha de hoy, es un hecho patente, indudable, que el sistema de sanciones impuestas a Cuba por los Estados Unidos es ilegítimo y unilateral, perpetrado de espaldas al orden jurídico internacional; planeado y perpetuado alevosamente desde la impunidad del poderoso. Jurídicamente hablando, toda sanción (política, económica, militar) que se imponga a un Estado sólo puede emanar del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de la ONU. Y en este terreno tenemos que ya en 32 ocasiones la Comunidad Internacional, por una mayoría constantemente abrumadora, ha exigido a los Estados Unidos poner fin al bloqueo contra Cuba.
Y sabemos que, frente a esta exigencia, el claro mensaje que nos envía la gran Potencia, junto con su aliado Israel, es que el derecho Internacional no vale, no cuenta: lo que vale es la voluntad del poderoso: el poder desnudo, contra toda racionalidad y contra toda justicia. Y a estas alturas tenemos que aceptar que la iniquidad impune del gobierno norteamericano está a punto de triunfar sobre una Cuba que agoniza.
El derecho, como aspiración hacia la justicia, vale para todas las situaciones, o no vale en absoluto. La injusticia no puede ser aprobada, ni en lo grande ni en lo pequeño. Aceptar en silencio las violaciones al derecho no significa otra cosa que abjurar del derecho, de la juridicidad en general, de la justicia. Porque si la Carta de las Naciones Unidas sólo vale lo que un puñado de papeles mojados y arrugados ¿qué valor tendrán entonces los tratados internacionales en general, y las constituciones y las leyes?
Ante la pasividad de los juristas de todo el mundo frente a la tragedia de Cuba ¿debemos interpretar que el derecho y sus valores han perdido su vigor? ¿que fue correcto el allanamiento de la Embajada de México ordenada por el presidente Novoa? ¿que fueron correctas las barrabasadas de Trump y de Bolsonaro ante los resultados electorales en sus países? ¿que son correctas la paulatina apropiación del territorio palestino por Israel, y la dispersión, la expulsión y la eliminación de sus habitantes originarios?
El silencio y la pasividad que prevalecen mayoritariamente en la comunidad internacional de los juristas ante la tragedia de Cuba es uno de los rostros de la indiferencia del ciudadano globalizado de hoy; de la aceptación generalizada de la iniquidad, y de la renuncia de la juridicidad y de la justicia por parte de la Humanidad.
El reciente decreto emitido por la Presidencia de la República, que otorga nuevas facultades a la Unidad Especial de Intervención (UEI), ha generado una profunda preocupación en diversos sectores del país. Este cambio habilitó a la UEI, tradicionalmente encargada de situaciones de alta complejidad operativa, para realizar investigaciones de inteligencia y allanamientos, atribuciones que antes recaen exclusivamente en otras entidades judiciales y policiales.
Sergio Ortiz Pérez expresó que este decreto genera «suma preocupación» debido a los cambios en las funciones de la UEI, subrayando el impacto potencial que estas modificaciones pueden tener en el equilibrio democrático. «Vemos con suma preocupación el decreto de la Presidencia de la República, en el cual cambia las funciones de la Unidad Especial de Intervención y les habilita para realizar investigaciones de inteligencia y allanamiento», señaló.
Por su parte, Grace García calificó el decreto como una amenaza directa contra la democracia y la paz del país. «Este decreto representa una clara amenaza para nuestra democracia y paz. Otorgar mayores poderes a un cuerpo policial con alta preparación y equipo bajo la dirección directa de la Presidencia, en la coyuntura actual, representa un grave riesgo y simboliza un peligroso avance, similar a los desarrollados por las dictaduras en otros países de la región latinoamericana, generando las llamadas policías políticas», advirtió.
En la misma línea, Wendy Vargas destacó que las nuevas facultades asignadas a la UEI invaden competencias exclusivas del Poder Judicial. «Las facultades otorgadas a la UEI son las otorgadas al Poder Judicial y que son ejecutadas por el OIJ, órgano con plena independencia y rigurosidad científica. Esta Unidad lanzará acciones únicamente bajo la dirección del Presidente», explicó, enfatizando la preocupación por la concentración de poder.
Vivian Rodríguez, por su parte, hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a las autoridades para revertir esta situación. «Hacemos un llamado a la población a prestar atención a la gravedad de este hecho; hacemos un contundente llamado al Presidente de la República a revocar esta decisión que pone en riesgo la división de poderes y la estabilidad democrática”. Vivian Rodríguez se pregunta: “¿Y las bases de nuestro Pacto Social?». Además, instó a los demás poderes de la República a activar los mecanismos necesarios para proteger la libertad y el orden constitucional del país.
La implementación de este decreto ha encendido las alarmas sobre el posible debilitamiento de la separación de poderes y el aumento de la influencia presidencial en instituciones clave. Las voces críticas piden un debate nacional urgente para evaluar las implicaciones de este cambio y garantizar la preservación de los principios democráticos fundamentales.
Le invitamos a ver el video de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo:
En los últimos días hemos visto cómo la idea presidencial de poner aretes al ganado para, supuestamente, controlar su comercialización y el concepto de lo que debe ser el éxito espetado por la diputada Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa, han permitido que aparezcan los más venenosos ataques desde el albañal del oficialísimo.
Por un lado, Cisneros considera que el éxito en la vida de una persona se mide por la acumulación de bienes materiales como un apartamento de lujo. Visión pobre y retorcida de lo que debe ser un ser humano: noble, generoso, amante del servicio a los demás y con una dosis enorme de humanismo. Pero nada de eso se puede esperar de quien dedicó su vida profesional a denigrar a otras personas, atacar a las instituciones, decir en campaña que se puede vivir sin cultura y que no cree en Dios; con semejante pedigree qué se puede esperar sino el ataque y verbo incontenible de improperios y agresiones falsas, propias de quien se proclamó maestra de la mentira del presidente y altos funcionarios.
Pero la diputada no hizo más que ir a la zaga de su compañero de equipo el presidente Chaves que, desde su teatro mediático de los miércoles y los días siguientes, ha hecho gala no sólo de lo más procaz de su lenguaje, sino que también de su capacidad para denigrar y ofender a una persona, como meterse en la vida privada del auditor de la CCSS, que fue el denunciante de los gusanos barrenadores que él introdujo en la institución para destruirla; o la forma impropia de tratar como “diputadilla” a la Lic. Sofía Guillén ignorando que ella es parte de Poder Legislativo, con los mismos derechos y prerrogativas que él como Presidente y que es el que debe dar cuentas de sus actos a los diputados, así que debe respetar para ser respetado; y la flor en el ojal la puso en la zona norte, a donde fue a inaugurar un puente Bailey y que son estructuras provisionales… vaya ridiculez! Ahí se enfrentó a pequeños productores de ganado por los famosos aretes; no solo defendió a los grandes productores, sino que maltrató a aquellos ciudadanos que se atrevieron a confrontarlo insinuando que quienes se oponían a su idea eran contrabandistas, lavadores de dólares, narcos y otras lindezas, al amparo de las ferias ganaderas. Por cierto, vale felicitar a la esposa del señor Alfaro, dueño de algunas de esas ferias por su entereza al darle respuesta firme, enérgica y valiente a un presidente que se va de boca insultando a su familia.
En fin, que el dúo partidario de la autocracia, se retrató de cuerpo entero esta semana, al exhibir lo más procaz de su limitado lenguaje, que solo se amplía para insultar y crear odios desde el centro, no de un apartamento de lujo ni de la casa en Monterán, sino desde su albañal, permanentemente surtido de las aguas negras de su visión materialista de la vida o de dictadura en la función pública a la que aspiran llegar, inspirando odio y resentimientos en sectores a los que creen que podrán llevar a votar por sus súbditos, puestos en las papeletas de algún partido taxi, jalados como ganado , no de las orejas, sino de las argollas propias de animales domesticados.
Sobre el presupuesto general de la República, la Constitución Política establece en el artículo 177, que, «la preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo», el que «será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa» (Art. 178). Luego, el proceso continúa al interior del Congreso de la República, indicándose que, dentro de las «Atribuciones de la Asamblea Legislativa» (Art. 121, inciso 11), está la de «dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República».
Por lo anotado, pareciese un sinsentido jurídico, inconstitucional, (¡otro!), la pretensión del Chaves, a través de la diputada Cisneros, y una decena de diputados oficialistas y evangélicos, de que la Sala Constitucional, en el «día menos pensado», resuelva ordenar a los señores diputados, NO cubrir sensibles partidas presupuestarias deficitarias, en áreas fundamentales, como educación universitaria, educación básica, cultura, seguridad, infraestructura vial, Becas Avancemos, trasporte de escolares en zonas rurales, colegios científicos, tren a Paraíso, plazas para la Fiscalía y Migración, carretera a San Carlos, Editorial Costa Rica…, con parte de los dineros presupuestados para abonar a la gigantesca y creciente, deuda del Estado.
De prosperar semejante acción ante la Sala IV, matizada como «consulta», la Asamblea Legislativa, ya no podría, ejercer la suprema atribución democrática, de dictar los presupuestos, que le son sometidos para su conocimiento, por el Poder Ejecutivo, dándosele a éste, un poder cercano al que ejercen ciertas dictaduras centroamericanas. ¡Nuestro límpido cielo a veces no es tal!
El Frente Amplio uruguayo (FA-UY) logró una importante victoria electoral, recobrando el poder luego de haberlo perdido durante un período gubernamental. De esta manera, Uruguay será gobernado por el Frente durante 20 años de los 25 del período 2005 – 2030. En los primeros tres gobiernos se aplicó una política económica y social que generó crecimiento con beneficio para la población, con más intensidad en los dos primeros períodos. Esto rompió el dominio de los dos partidos tradicionales que habían gobernado durante el siglo XX: el Partido Blanco y el Partido Colorado. Fue una demostración de que en América Latina puede ejecutarse una política pública de crecimiento, combinando la expansión exportadora con el estímulo al mercado interno. También se demostró que el crecimiento del mercado interno sólo es posible mediante una clara política distributiva en favor de los sectores más rezagados.
En 2019 el FA-UY perdió la elección presidencial ante el Partido Blanco, debido a un desgaste de la gestión gubernamental que mostró un “distanciamiento respecto a la gente” y una pérdida de contacto con el sector empresarial. El Frente revisó lo sucedido y en 2024 ha regresado con la suficiente fuerza para ganar la elección con claridad (un poco menos de 100.000 votos de diferencia) y plantearse la recuperación de los mejores momentos de los primeros 15 años al frente del gobierno. El presidente del FA-UY, Fernando Pereira, define este resultado como el producto de un trabajo puerta a puerta que duró tres años: el resultado de “chancletear” todo el país (www.youtube.com/watch?v=6hUovOa_2lc).
Varios analistas han definido al FA-UY como un partido raro. Es diferente a los otros frentes amplios que operan en América Latina. En realidad, es una coalición de diferentes tendencias que tienen en común la búsqueda del crecimiento combinado con el bienestar de la gente, en un marco de respeto profundo a la democracia uruguaya y a sus rivales políticos. Social demócratas, demócratas cristianos, socialistas, ex tupamaros, ambientalistas y tendencias similares se unen en el FA-UY desde hace 50 años. Todos se definen de izquierda, basados en los principios particulares de cada uno. En este contexto, el concepto de “izquierda” significa solidaridad con los que menos tienen, defensa de los mecanismos estatales que propician la redistribución del ingreso, defensa de la democracia, rechazo al totalitarismo. Así, todas las tendencias citadas se preguntaron: ¿estamos de acuerdo con estos principios? Si. Entonces, actuemos juntos para mejorar al Uruguay. No nos peleemos por tonteras, impulsemos un programa de cambio compartido. Hay un programa básico compartido; pero, cuando hay diferencias de criterio sobre puntos fuera de ese programa, se respeta la opinión de cada uno y su libertad para actuar de acuerdo a sus creencias. Como resultado de esta visión el FA-UY es el partido más grande de Uruguay. En el siguiente enlace se encontrará el programa 2025 – 2030: www.frenteamplio.uy/prioridades-para-gobernar-uruguay-2/
El logro económico
Los dos primeros gobiernos del FA-UY generaron los mejores logros económicos, como se observa en el gráfico 1. En el período 2005 – 2009 gobernó Tabaré Vázquez y en el período 2010 – 2014 José “Pepe” Mujica fue el presidente. La economía creció por encima del 5% anual, combinando la expansión exportadora con el impulso del mercado interno. La capacidad exportadora mejoró notablemente, con lo que las exportaciones por habitante aumentaron un 73%. Influyó un ambiente internacional favorable con precios al alza de los productos de exportación. Pero, el solo hecho del entorno internacional favorable no es suficiente para explicar este tipo de expansión. Se necesitan políticas de promoción de la exportación. Un ejemplo de esto fue la atracción de la inversión extranjera que pasó de US$1.400 millones en el período 2000 – 2004 a US$12.400 millones en el período 2010 – 2014. Además, el crecimiento exportador se vinculó con el mercado interno a través de una política de salarios crecientes y un incremento del gasto social estatal. De esta manera, el consumo de las familias por habitante aumentó un 76% de 2004 a 2014. Esta década demostró que el progresismo puede manejar la economía latinoamericana con eficiencia propiciando la expansión empresarial y el bienestar de la población. El conductor de la política económica de este período fue el economista social demócrata Danilo Astori, destacado catedrático de la Universidad de la República. Astori fue Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de esa Universidad, la principal del país.
El FA-UY impulsó el crecimiento entendiendo que es el resultado de la combinación de la exportación con el mercado interno. No le tuvieron miedo a la globalización, pero la asumieron con políticas claras. No le tuvieron miedo a la inversión extranjera, por el contrario, la propiciaron. No le tuvieron miedo a la concesión de obra pública, ni a las alianzas público – privadas. Entendieron que se trata de impulsar una fórmula apropiada: el progreso empresarial y el bienestar de la población deben ir de la mano, con políticas claras de desarrollo del mercado externo y del mercado interno, con políticas contundentes de redistribución como se verá más adelante.
Gráfico 1
Datos económicos
El tercer período, 2015 – 2019, liderado de nuevo por Tabaré Vázquez, reveló un desgaste de la gestión del FA-UY. Los resultados macroeconómicos se debilitaron como lo muestra el gráfico 1. El proceso exportador continuó, pero con menos intensidad. Esto afectó la dinámica inversora lo que se tradujo en una salida de inversión extranjera. El consumo de las familias también mejoró, pero de manera lenta. Tales factores se combinaron para que la economía creciera un pobre 0,70% anual. El Partido Blanco aprovechó este mal desempeño económico para ganar la elección de 2019. Sin embargo, el resultado del período 2019 – 2023 no fue bueno, creciendo la economía un limitado 0,85% anual. Influyó en esto la pandemia de 2020 – 2021. Pero, el rebote natural, post pandemia, no tuvo la intensidad adecuada. La exportación se recuperó lentamente y se observó cierta recuperación de la inversión extranjera, pero insuficiente. No hubo políticas de distribución favorables a los sectores más rezagados, por lo que el consumo de las familias mejoró limitadamente, así como el mercado interno no fue un factor de crecimiento. Esto facilitó que el chancleteo, citado por Fernando Pereira, rindiera resultados positivos en la reciente elección presidencial generando el cuarto gobierno del FA-UY.
El logro social
El éxito de la política económica de los gobiernos del Frente está relacionado con la política distributiva favorable a los sectores más rezagados. El gráfico 2 presenta un pequeño grupo de indicadores que revelan la orientación de esa acción distributiva.
Gráfico 2
Datos sociales
El ingreso promedio de la población trabajadora aumentó un 60% de 2005 a 2017. El crecimiento económico y esta política distributiva bajaron la pobreza sustancialmente del 20% de la población al 4%. Asociado a lo anterior, la distribución del ingreso mejoró sustancialmente haciendo que el índice de Gini bajó de 0,47 a 0,39, en los primeros años del proceso. Este índice fluctúa entre 0 y 1. Conforme se acerque a 0 la distribución mejora, lo que sucedió en el período mencionado.
Es claro que las políticas distributivas se deterioraron al final del tercer gobierno del FA-UY, revelando el desgaste de la gestión del partido. Sin embargo, es importante observar que el Partido Nacional, en el período 2020 – 2023 no logró revertir esta situación. En parte afectó la pandemia. Pero, una vez superado este problema, no existió voluntad para aplicar una política distributiva consistente, por lo que el ingreso de las personas no superó el nivel dejado por el segundo gobierno de Vázquez. Asociado a esto observamos que la pobreza aumentó levemente y la distribución del ingreso también se deterioró.
La lección para América Latina
La experiencia del FA-UY revela que el progresismo puede manejar con éxito cualquier economía latinoamericana. Es falso que el neoliberalismo sea la opción que tiene la fórmula del éxito. Por el contrario, cada vez queda más claro que la extrema derecha neoliberal lleva al fracaso a nuestros países. El caso más claro es la experiencia argentina con Javier Milei, que está destruyendo la producción, aumentando el desempleo y la pobreza y perpetuando la desigualdad. Con las políticas alternativas del progresismo se puede alcanzar buen desempeño macroeconómico y mejoras sustanciales en el plano social. Pero se requiere de un enfoque unitario de todas las fuerzas que quieran el cambio progresista. Este cambio no será propiedad de un solo grupo, aislado del resto de las fuerzas progresistas. Hay muchas fuerzas que comparten esa visión progresista, entendida como la vocación por el crecimiento con beneficio para la población, en un marco de democracia plena. Los social demócratas, los demócratas cristianos, los socialistas, y demás fuerzas similares, persiguen objetivos comunes de bienestar humano. La unión de esas fuerzas conduce al éxito.
En este programa de Alternativas se reunieron a diversos actores sociales, académicos y ciudadanos comprometidos para conversar sobre la realidad de Costa Rica y proponer soluciones a los problemas más urgentes que enfrenta el país. Está organizado por el colectivo «Reflexión, Acción y Alternativas», que ha estado activo desde el 2020. Este grupo busca crear un espacio de diálogo y reflexión crítica que permita plantear propuestas que ayuden a construir una Costa Rica más inclusiva y democrática.
En el programa participan destacados miembros de la sociedad civil, cada uno con un perfil y experiencia distintos. Algunos de los panelistas mencionados incluyen a educadores, exfuncionarios del sistema judicial, activistas sociales y académicos, quienes aportan sus conocimientos y vivencias sobre temas de interés nacional. En esta ocasión el programa trato tema como:
Educación: Hay una preocupación generalizada sobre el estado de la educación pública en Costa Rica, los recortes presupuestarios y la falta de claridad en las políticas educativas actuales. Los panelistas coinciden en que la educación es fundamental para el desarrollo social y económico, por lo que insisten en la necesidad de invertir adecuadamente y mejorar la calidad del sistema educativo.
Seguridad y violencia: La violencia y el narcotráfico se reconocen como problemas graves que afectan la estabilidad social. Los panelistas exploran cómo estas problemáticas impactan a diferentes sectores de la sociedad y consideran urgente encontrar soluciones desde un enfoque integral.
Desigualdad y pobreza: Se menciona la necesidad de diseñar políticas públicas que aborden esta problemática y que permitan a todos los ciudadanos acceder a una vida digna. Los panelistas consideran que es fundamental que el Estado asuma un papel activo en la reducción de la pobreza y en la creación de oportunidades para los sectores más vulnerables.
Protección ambiental: Reconociendo la riqueza natural de Costa Rica, los panelistas subrayan la importancia de conservar el medio ambiente y de implementar políticas sostenibles. Esto incluye garantizar el acceso al agua, proteger los recursos naturales y fomentar el desarrollo de energías limpias.
Democracia e institucionalidad: Los panelistas ven con preocupación la erosión de las instituciones democráticas y la creciente polarización social. Consideran que es necesario reforzar la transparencia y la rendición de cuentas para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Participación ciudadana: Insisten en que no basta con votar cada cuatro años, sino que se necesita una ciudadanía comprometida que participe activamente en la toma de decisiones. En este sentido, el programa busca motivar a los ciudadanos a involucrarse y a expresar sus opiniones en los distintos espacios de diálogo que ofrece la sociedad.
Fotografía extraída del artículo titulado «After Trump´s victory, Palestinians cannot afford to wait until the next US election», publicado en Magazine+972 (Israel) en la edición del 7 de noviembre del 2024.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
«29. En mayo, la Comisión de Investigación concluyó que Israel, mediante su “asedio total”, había convertido en arma de guerra la retención de bienes vitales, incluida la asistencia humanitaria, para obtener beneficios estratégicos y políticos, lo que constituía castigo colectivo y represalia contra la población civil, y, por ende, violaciones directas del derecho internacional humanitario. Según la Comisión de Investigación, la práctica de Israel de hacer padecer hambre como método de guerra afectaría a toda la población de Gaza durante décadas, y tendría consecuencias especialmente negativas para los niños. En sus solicitudes de órdenes de detención, el Jefe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que, mediante su asedio total a Gaza y las restricciones arbitrarias a la transferencia de suministros esenciales, así como los ataques contra civiles, la obstrucción de la ayuda y los ataques a trabajadores humanitarios y la matanza de personal humanitario, Israel había utilizado medios criminales para alcanzar sus objetivos militares y el castigo colectivo como parte de un plan común. Cabía citar entre ellos los de causar de manera intencionada la muerte, la inanición, grandes sufrimientos y lesiones graves, hacer padecer hambre como método de guerra y dirigir intencionalmente ataques contra civiles».
Extracto del informe de Naciones Unidas A/79/363 (véase enlace) objeto de un comunicado de prensa del 14 de noviembre del 2024 titulado «UN Special Commitee finds Israel´s warfare methods in Gaza consistent with genocide, including use of starvation as weapon of war» (véase enlace) escasamente referenciado en medios internacionales de prensa.
Introducción
El mundo tomó nota de la elección a la presidencia de Estados Unidos del candidato Donald Trump el pasado 5 de noviembre, cuya gestión oficial iniciará formalmente el 20 de enero del 2025 en la Casa Blanca.
Para la protección del ambiente, las diversas iniciativas en materia de descarbonización de la economía mundial y de transición de cara al cambio climático, así como para el multilateralismo, su elección deja presagiar años difíciles, así como también para Oriente Medio.
Cabe precisar que uno de los primeros líderes en expresar su profunda satisfacción con el resultado de las elecciones en Estados Unidos fue el actual Primer Ministro de Israel (véase nota de Reuters), el cual se apresuró también en mantener una larga conversación telefónica con el nuevo presidente electo de Estados Unidos (véase nota de RFI), la primera de este último con un dirigente desde el exterior. Recientemente, el mismo Primer Ministro israelí precisó a la prensa en Israel haber tenido dos conversaciones telefónicas adicionales con el nuevo mandatario electo norteamericano (véase nota de prensadel TimesofIsrael).
Los números de la candidata demócrata en breve
Con respecto a los resultados en Estados Unidos de las elecciones, si se comparan los números de votantes en las elecciones del 2020 y del 2024, resulta de interés notar que:
– en el 2020, el Presidente Joe Biden recibió el apoyo de un poco más de 81 millones de electores, y Donald Trump el apoyo de un poco más de 74 millones de electores;
– en el 2024, la candidata Kamala Harris reunió mucho menos apoyo (un poco más de 73,5 millones) al tiempo que Donald Trump aumentó ligeramente el número de votantes a su favor, con un poco más de 76,5 millones de votos obtenidos.
Esta sustantiva pérdida de votos en favor del Partido Demócrata en cuatro años plantea dudas muy válidas y se esperan estudios pormenorizados que permitan explicar a partir de mediciones diversas, esta baja de votantes norteamericanos en su favor.
¿Un período de incertidumbre para Israel?
No se ha filtrado el contenido exacto de la(s) conversación(es) entre Donald Trump y el Primer Ministro israelí, y ningún analista se ha aventurado a descifrar este silencio informativo bastante notorio.
Por lo pronto, el plazo de tiempo entre el 5 de noviembre del 2024 y el 20 de enero del 2025 puede resultar sumamente delicado para Israel, en la medida en que la denominada «impotencia voluntaria» («impuissance volontaire» según la expresión muy certera de un experto galo, véase video) de Estados Unidos podría modificarse: parte de esta «impotencia voluntaria» consistió en giras reiteradas del jefe de la diplomacia norteamericana a Oriente Medio desde el 7 de octubre del 2023, acompañadas por un gran despliegue en materia de comunicación, así como en declaraciones oficiales de Estados Unidos ambiguas en favor de un cese al fuego en Gaza, que nunca se tradujeron en actos concretos para frenar la maquinaria destructora del aparato militar israelí.
Se sabe que, por simple cálculo electoral, tanto el Presidente actual de Estados Unidos como la candidata del Partido Demócrata, quien funge como su actual Vice Presidenta, consideraron que no podían tomar posiciones muy críticas hacia Israel durante la campaña electoral, ni interrumpir el flujo de cargamentos de municiones y armas desde Estados Unidos hacia Israel, ni votar a favor o abstenerse en el marco de votaciones en Naciones Unidas, en aras de no perder el apoyo de una parte de los electores demócratas y de electores indecisos favorables a Israel.
Este cálculo electoral resulto a todas luces… erróneo. En efecto, esta postura posiblemente influyó negativamente para el Partido Demócrata, en particular en algunos «Swing States» (Estados bisagra) cruciales en Estados Unidos, en particular en Ohio, Pensilvania y Michigan, este último siendo un Estado que concentra una gran cantidad de votantes de confesión musulmana, oriundos de Oriente Medio y del Norte de África. Algunos medios de prensa (véanse este artículo de El Mundo en España y esta nota de TF1 en Francia de finales de octubre del 2024) advertían del riesgo de perder las elecciones en Michigan de mantener el Partido Demócrata una posición tan moderada ante las innumerables exacciones cometidas por Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Estudios de organizaciones civiles en Estados Unidos también (y ello desde octubre del 2023), alertaron en igual sentido: véanse este informe del Arab American Institute de octubre del 2023 y este otro de octubre del 2024. En este artículo publicado en enero del 2024 en el sitio de TheConversation, se puede leer que:
«Dans ce contexte, il n’est pas exclu que les votes des musulmans et des citoyens originaires du Moyen-Orient en faveur des candidats républicain et démocrate à la présidence en 2024 chutent de 50% par rapport à 2020, ces électeurs décidant de rester chez eux ou de voter pour un candidat tiers.
Dans le Michigan, par exemple, cela pourrait signifier que Biden perdrait environ 55.000 voix, soit environ un tiers de la marge de victoire de 154000 voix qu’il avait obtenue face à Trump en 2020.
Le Michigan n’est pas le seul État où les voix manquantes dans ces communautés pourraient compromettre les chances de victoire de Joe Biden«.
Una reserva «calculada» de Estados Unidos hacia Israel que desapareció desde el 5 de noviembre
Ahora bien, esta reserva «calculada» favorable a Israel de la actual administración norteamericana (y que resultó erróneamente «calculada» dada la verdadera debacle observada en el campo demócrata…) ha dejado de existir desde la noche del 5 de noviembre del 2024.
Considerando la estrecha relación del nuevo presidente electo con Israel, y el círculo de allegados a Donald Trump que forman parte del aparato de influencia pro-israelí en Estados Unidos (de los cuales algunos serán probablemente llamados a ocupar puestos importantes en su futura administración), hay un lapso de tiempo en el que Estados Unidos podría tomar cierta distancia con Israel, antes de la llegada del nuevo ocupante de la Casa Blanca. La lista de los promotores de esta iniciativa en el Congreso de Estados Unidos con fecha del 7 de mayo del 2024 para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) en caso de investigar a los mandos políticos y militares de los aliados de Estados Unidos recoge a algunos de los precitados allegados. Dicha iniciativa, aprobada en junio del 2024 (véase nota de The Guardian), se justifica en aras, según se lee en el preámbulo, «To impose sanctions with respect to the International Criminal Court engaged in any effort to investigate, arrest, detain, or prosecute any protected person of the United States and its allies«. Como detalle de interés, la iniciativa se presentó el 7 de mayo del 2024, semanas antes que el Fiscal de la CPI solicitara órdenes de arresto para dos dirigetes de Israel y tres del Hamás, el 20 de mayo (Nota 1).
Nótese que el pasado 12 de noviembre, varias ONG denunciaron el hecho que Israel no ha cumplido con los requerimientos que Estados Unidos le exigió con relación a la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza (véase carta conjunta). El día anterior desde la Liga de Estados Árabes se adoptó una fuerte condena a Israel (véase texto de declaración final adoptada en Arabia Saudita). Este 14 de noviembre, fue la ONG Human Rights Watch (HRW) la que publicó un nuevo informe que delata las intenciones reales de Israel en Gaza al desplazar deliberadamente a grandes cantidades de palestinos en Gaza, titulado » ‘Hopeless, starving and besieged’. Israel forced displacement of Palestinians in Gaza» (véase enlace). Este mismo día, fueron 90 congresistas norteamericanos demócratas los que han pedido a su Presidente establecer un régimen de sanciones en contra de un ministro israelí particularmente incendiario en las declaraciones oficiales que brinda (véase nota de CNN). Siempre el pasado 14 de noviembre, la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas votó su tradicional resolución sobre el derecho a la libre determinación del pueblo palestino (véase comunicado de prensa de Naciones Unidas, pasado por alto en los medios de prensa norteamericanos…) con una mayoría raramente alcanzada de 170 votos a favor, 9 abstenciones y 6 votos en contra: Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Paraguay, Nauru y República Checa. En América Latina, entre los votos a favor se destaca en este 2024 el de Guatemala, Panamá optando por abstenerse (cuando había votado a favor en el 2023), al tiempo que Argentina y Paraguay vienen a sustituir a los pequeños Estados isleños del Pacífico que en el 2023 acompañaron a Israel y a Estados Unidos, votando en contra (Nota 2). Más allá de los giros recientes de las diplomacias de Argentina y de Paraguay en Naciones Unidas cuando se trata de resguardar los intereses de Israel, estas y muchas otras iniciativas se van a multiplicar en lo que resta del 2024.
El pasado 18 de noviembre del 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la fundación Amana en Israel, una entidad que fomenta y apoya la colonización en Cisjordania que se observa desde varios meses (véase comunicado oficial). Por su parte el Departamento de Estado anunció en esta misma fecha sanciones contra tres personas y tres organizaciones israelíes que también se dedican a la colonización ilegal y violenta de Cisjordania (véase comunicado oficial). En el 2016 se informó en Israel que parte de los fondos necesarios a la colonización de Cisjordainia provienen de … Panamá (véase nota del Timesof Israel). Un reconocido consorcio de periodistas publicó en julio del 2024 este informe sobre los montajes financieros que terminan enviando millones de dólares a los promotores en Israel de la colonización de Cisjordania.
De manera a confortar estas y muchas otras gestiones y condenas anteriores a la forma tan peculiar de Israel de responder al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023, no está de más señalar la contundencia de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de julio pasado (Nota 3) en la que la justicia internacional declaró totalmente ilegal la ocupación israelí en el territorio palestino, llamando Israel a cesarla de inmediato y a proceder a indemnizar a las víctimas palestinas de esta ocupación ilegal: véase el texto en inglés y en francés, y en particular el párrafo dispositivo 285 adoptado por casi unanimidad de los integrantes de la CIJ.
Pequeño acápite sobre Costa Rica
Se trata de una opinión consultiva de la CIJ cuyos alcances desde el punto de vista jurídico fueron objeto de una resolución adoptada por una abrumadora votación en la Asamblea General el 18 de septiembre del 2024: una votación durante la cual la delegación de Costa Rica se abstuvo sin dar explicaciones ante las demás delegaciones en Nueva York (Nota 4), recordando su sorprendente voto en contra en diciembre del 2022, cuando la misma Asamblea General solicitó esta opinión consultiva a la CIJ: en aquella oportunidad los dos únicos Estados de América Latina en votar en contra fueron Costa Rica y Guatemala (Nota 5).
La técnica del mutismo no pareciera ser el monopolio de la delegación costarricense en Nueva York al observarse también en la de Ginebra en abril del 2024, al votarse esta vez una resolución (véase texto) del Consejo de Derechos Humanos exigiendo un embargo de armas hacia Israel, optando Costa Rica por abstenerse (véase nota del medio Delfino.cr del 5 de abril del 2024).
Nótese que durante la reciente COP29 en Bakú, Azerbaiyán, Costa Rica sorprendió a muchos al anunciar la firma de un Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel (véase comunicado oficial de sus autoridades ambientales del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel): no se tiene claro si las autoridades de Costa Rica tienen claro las consecuencias que puede tener el exhibir de esta manera su acercamiento con Israel en plena cumbre mundial sobre el cambio climático en este mes de noviembre del 2024. No se tiene registro de ningún otro MoU sucrito por Israel en esta COP29 que haya sido anunciado por sus autoridades ambientales. Por lo pronto, la firma de este MoU ha causado la indignación de organizaciones sociales (véase nota del Semanario Universidad del 15 de enoviembre del 2024).
Estas y otras posiciones de Costa Rica no deben ser entendidas como únicamente correspondientes a la actual administración (2022-2026). En diciembre del 2017, cuando Estados Unidos optó por reconocer a Jerusalén como capital de Israel, en abierta violación al consenco internacional existente desde 1947, a diferencia de muchos Estados de América Latina, Costa Rica optó por mantenerse en un extraño silencio (Nota 6).
Un probable incremento de la presión sobre Estados Unidos
Más allá de las extrañezas que Costa Rica causa en foros internacionales, en particular en los últimos años cuando de Israel se trata, el repudio generalizado a Israel ha ido creciendo y la presión sobre Estados Unidos debería aumentar en las próximas semanas: siendo el objetivo el de obtener de Estados Unidos condenas a Israel y sanciones endosadas desde Naciones Unidas de aquí el 20 de enero del 2025.
Estas iniciativas del mes de noviembre del 2024 desde la sociedad civil y desde la Liga de Estados Árabes o desde el mismo congreso norteamericano observadas en lo que va de este mes penúltimo mes del año 2024 probablemente sean acompañadas por muchas otras: todas posteriores al 5 de noviembre y todas buscando modificar la posición de Estados Unidos hacia Israel. Se trata de una posibilidad que desde el 5 de noviembre existe, tal y como lo intentaremos explicar en las líneas que siguen, a partir de lo observado a finales del año 2016.
Al haberse extendido la maquinaria de destrucción israelí hacia el Líbano desde el 17 de septiembre, este 14 de noviembre varias ONG han denunciado el drama inhumano que viven numerosas familias libanesas y exigido un cese inmediato de las operaciones militares desproporcionales e indiscriminadas israelíes en el Líbano (véase carta).
Un episodio de diciembre del 2016
Con relación a Palestina, las actuales autoridades de Israel se encuentran en una situación similar a la de noviembre /diciembre del 2016- enero del 2017, época en la cual el tono entre el Presidente saliente de Estados Unidos (Barack Obama) e Israel se tensó significativamente.
A tal punto que Estados Unidos optó por abstenerse en una importante resolución que se votó el 23 de diciembre del 2016, la resolución 2334 (véase texto): esta histórica resolución fue adoptada con 14 votos a favor y una única abstención (Estados Unidos).
Cabe recordar que el proyecto de dicha resolución fue inicialmente presentado por Egipto, que optó por retirarlo luego de recibir su presidente (inamovible desde entonces…) llamadas y amenazas por parte del entonces primer ministro israelí (también inamovible…) y de Donald Trump, presidente electo norteamericano. Las gestiones de este último respondieron a una solicitud expresa hecha por Israel (véase nota de CNN).
Retirado el proyecto egipcio, fueron entonces Malasia, Nueva Zelanda, Senegal y Venezuela los que sorprendieron a Estados Unidos (y a Israel…) endosando el mismo proyecto de resolución, para llevarlo esta vez a feliz término, y ello independientemente de las gesticulaciones de todo tipo del aparato diplomático israelí y de las gestiones del entonces ya muy hacendoso presidente electo norteamericano (véase nota de ElPais de España). Este ejercicio diplomático evidenció cuán fácil es hacerle cambiar de opinión a la diplomacia de Egipto, y la habilidad de los promotores de esta iniciativa para encontrar a cuatro Estados dispuestos a endosar sin titubeos su propuesta de manera inmediata.
En este comunicado de prensa de Naciones Unidas de diciembre del 2016 se puede tener una idea de las posiciones oficiales expresadas por los integrantes del Consejo de Seguridad durante aquel 23 de diciembre ante la verdadera declaratoria de la ilegalidad del accionar de Israel en el territorio palestino ocupado detallada que contiene la resolución 2334. En el acta misma de esta sesión (véase documento S/PV/7853) se pueden leer las intervenciones completas de los 15 Estados integrantes del Consejo de Seguridad (incluyendo la del representante de Egipto), así como, en la parte final, las de los representantes de Israel (pp. 15-16) y de Palestina (pp. 16-18).
La insensatez de la respuesta militar de Israel en Gaza
Como bien se sabe, pese a una muy pobre difusión en grandes medios de prensa, en octubre del 2024 se presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas el informe A/79/384 (véase enlace), titulado «El genocidio como supresión colonial» por parte de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967: su lectura completa se recomienda, al analizar y detallar la documentada intención genocida de las actuales autoridades israelíes en Gaza (léanse en particular los párrafos 11-23 y los párrafos 42-48, así como 68-82).
En esta nota del servicio de prensa de Naciones Unidas del 30 de octubre del 2024, se puede escuchar su presentación en español; nuestros estimables lectores podrán por sí mismos verificar si esta nota de prensa y el informe al que refiere fueron mencionados en los principales medios de prensa en Costa Rica. O si, como suele suceder, en Costa Rica y en otras latitudes, las agencias internacionales de noticias y los medios de prensa internacionales hicieron caso omiso de este informe.
La autora de este informe se trasladó luego a Canadá el pasado 3 de noviembre (véase nota de prensa), interpelando de paso a sociedad y a las autoridades canadienses ante el drama indecible que se vive en Gaza, con varias entrevistas a distintos medios de prensa (véase una de ellas).
Foto del bombardeo en Gaza ocurrido el 13 de noviembre del 2024 en el area de Al-Mawasi: se puede apreciar el impacto causado en el suelo debido al uso de potentes artefactos explosivos que Irael utiliza de manera reiterada al bombardear campamentos de desplazados y refugiados en Gaza. Foto extraída de artículo de prensa titulado » ‘I don´t care who´s president there. I just want may kids to survive in Gaza’ «, Magazine+972 (Israel), edición del 14 de noviembre del 2024
El pasado 8 de noviembre del 2024, Naciones Unidas hizo público otro informe sobre el período que va del 1 de noviembre del 2023 al 30 de abril del 2024 (véase enlace) en el que se puede leer (página 6) que:
«The monitoring and verification of grave violations remained extremely challenging, including owing to access constraints, a high level of insecurity, and threats and direct attacks also on United Nations personnel, monitors and humanitarian actors. Nevertheless, verification work continued, with the number of killings verified by OHCHR by 2 September 2024 standing at 8,119 Palestinians in Gaza, including 2,036 women and 3,588 children (1,865 boys and 1,723 girls). Of these verified figures, 7,607 were killed in residential buildings or similar housing, out of which 44 per cent were children, 26 per cent women and 30 per cent men«.
En las recomendaciones finales, además de las dirigidas a las autoridades israelíes (pp. 29-30), se lee que los Estados Miembros de Naciones Unidas deben también adoptar algunas medidas (página 31):
«72. The High Commissioner calls on Member States of the United Nations to:
Consistent with their obligations under international law, assess arms sales or transfers and provision of military, logistical or financial support to a party to the conflict, with a view to cessation of such support to the extent it implicates a real risk of facilitating commission of serious violations of international law;
Support the work of the International Criminal Court in relation to the Occupied Palestinian Territory; exercise universal jurisdiction to try crimes under international law in national courts, consistent with international standards; and comply with extradition requests pertaining to suspects of such crimes to countries where they would face a fair trial;».
El informe de una Comisión de Investigación de Naciones Unidas dado a conocer recientemente A/79/363 (véase enlace) y que ha sido objeto de un comunicado de prensa del 14 de noviembre del 2024 de Naciones Unidas titulado «UN Special Commitee finds Israel´s warfare methods in Gaza consistent with genocide, including use of starvation asweapon of war» (véase enlace) merece mención: al igual que su escasa difusión en los medios internacionales de prensa, como ya viene siendo costumbre desde el 7 de octubre del 2023 cuando se trata de informes que describen el drama indecible al que Israel somete a la población civil palestina en Gaza.
El 14 de noviembre del 2024 también se difundió una comparecencia de un cirujano que operó a civiles en Gaza ante una comisión del Parlamento británico, realizada el día anterior (véase video), en la que este profesional detalla la intención deliberada de provocar el mayor daño la población civil, en particular a niños, por parte de Israel.
Por otro lado, en un largo artículo sobre su conversación con jóvenes soldados israelíes que intentaron como estudiantes perturbar una de sus conferencias en Estados Unidos, se lee por parte de un de los grandes historiadores del genocidio y especialista de la Shoah (véase artículo publicado en septiembre del 2024 en Orient XXI) que, desde al ataque en Rafah de mayo del 2024, su lectura personal es otra sobre las verdaderas intenciones de Israel:
«Ce n’est plus ce que je crois. Lors de mon séjour en Israël, j’avais fini par me convaincre que, depuis au moins l’offensive contre Rafah le 6mai2024, il n’était plus possible de nier qu’Israël s’était rendu coupable de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’actions génocidaires systématiques. Cette attaque contre le dernier refuge de la population gazaouie — dont la plupart des membres avaient déjà été déplacés à plusieurs reprises par l’armée israélienne, qui les parquait de nouveau dans une soi-disant zone de sécurité — témoignait non seulement d’un mépris total pour les normes humanitaires, mais trahissait aussi l’objectif ultime d’Israël depuis le tout début du conflit:rendre l’entièreté de la bande de Gaza inhabitable et réduire sa population à tel état d’impuissance qu’elle se verrait vouée à l’extinction ou chercherait par tous les moyens à fuir ce territoire ravagé«.
El último informe de situación en Gaza antes de las elecciones en Estados Unidos, al 5 de noviembre del 2024 (véase enlace), detallaba cómo se ha mantenido un dramático saldo de muertes y de heridos en Gaza en las últimas semanas, con un saldo total que supera las 43.390 muertes identificadas (y un saldo desconocido de personas muertas cuyos cuerpos yacen bajo lo escombros o no logran ser identificados cuando son recuperados por los equipos de rescate o por otras personas):
«Between the afternoons of 29 October and 5 November, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 330 Palestinians were killed and 1,124 were injured. Between 7 October 2023 and 5 November 2024*, at least 43,391 Palestinians were killed and 102,347 were injured, according to MoH in Gaza.
Between the afternoons of 29 October and 5 November, three Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October 2023 and 5 November 2024, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, more than 1,568 Israelis and foreign nationals were killed, the majority on 7 October 2023 and its immediate aftermath. The figure includes 368 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,394 Israeli soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation.
The following are key deadly incidents reported between 28 October and 3 November, primarily in North Gaza governorate and An Nuseirat refugee camp in Deir al Balah governorate:
– On 28 October, at about 15:00, a residential block was hit near Al Fakhoura School, in Beit Lahiya Project, resulting in an unconfirmed large number of Palestinian fatalities and injuries who were either trapped under the rubble or remained on the streets.
– On 29 October, at about 1:00, seven Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in Beit Lahiya Project, in North Gaza.
– On 29 October, at about 18:00, 16 Palestinians, including women and children, were reportedly killed and dozens injured when a house, reportedly sheltering internally displaced persons (IDPs), was hit in Beit Lahiya.
– On 30 October, at about 13:30, nine Palestinians, including children, were reportedly killed and others injured when As Souk (market) Street was hit in Beit Lahiya Project, in North Gaza.
– On 31 October and 1 November, two residential buildings sheltering IDPs were reportedly hit, one in Jabalya camp and the other in Tal Az Za’tar area. Many dozens were reportedly killed, including children.
– On 31 October, at least 26 Palestinians, including four children and four women, were reportedly killed when two houses were hit in the New Camp north of An Nuseirat. The second house was hit when medical and PCD crews were reportedly gathered around the first house, resulting in the injury of at least 30 people, including a medic and two journalists.
– On 1 November, at about 12:50, 12 Palestinians were reportedly killed and dozens of others injured when the entrance of a school hosting IDPs was hit in An Nuseirat refugee camp. Caritas Jerusalemreportedthat two of its team members were injured during intense shelling in An Nuseirat refugee camp on 1 November 2024.
– On 1 November, at about 17:00, eight Palestinians were reportedly killed when a residential building was hit in An Nuseirat refugee camp.
– On 2 November, at about 10:00, 10 Palestinians were reportedly killed and others, including women and children, were injured when Al Berka area was hit in Beit Lahiya.
– On 2 November, around midnight, 12 Palestinian men, including a journalist, were reportedly killed when a four-storey residential building, reportedly sheltering IDPs from the north, was hit in camp 5 in An Nuseirat refugee camp. According to the Director of Al Awda Hospital in An Nuseirat, 42 fatalities and 150 injured patients were received as of the afternoon on 2 November«.
El mismo informe más reciente (al 12 de noviembre del 2024) que registra un total de 43.665muertes identificadas, confirma la destrucción y muerte a la que somete Israel de una semana a otra a la población civil palestina de Gaza.
Este otro informe de Naciones Unidas sistematiza y compila los datos al 5 de noviembre del 2024, con estadísticas cuyas dramáticas curvas siguen en aumento desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023.
Con relación a las cifras exactas de muertes en Gaza se leyó en un artículo publicado el 5 de julio del 2024 en la revista científica The Lancet y titulado «Counting the dead in Gaza: difficult but essential», que es una cifra cercana a las 186.000 personas fallecidas las que se debería estimar en Gaza (con un corte al 19 de junio del 2024):
«In recent conflicts, such indirect deaths range from three to 15 times the number of direct deaths. Applying a conservative estimate of four indirect deaths per one direct deathto the 37 396 deaths reported, it is not implausible to estimate that up to 186 000 or even more deaths could be attributable to the current conflict in Gaza. Using the 2022 Gaza Strip population estimate of 2 375 259, this would translate to 7·9% of the total population in the Gaza Strip».
En un reciente artículo publicado por The Guardian el pasado 5 de septiembre (véase texto), se lee que de seguir con el ritmo de bombardeos en Gaza desde el 7 de octubre del 2023, serán 335.000 las personas muertas al concluir el 2024:
«If deaths continue at this rate – about 23,000 a month – there would be an additional 149,500 deaths by the end of the year, some six and half months from the initial mid-June estimate. Using the method, the total deaths since the conflict began would be estimated at about 335,500 in total«.
Estas variaciones entre las estimaciones sobre el drama indecible que se observa en Gaza fluctuan debido:
– a la prohibición por parte de Israel para que ingresen funcionarios de organizaciones internacionales e investigadores en aras de documentar lo que ahí ocurre, y;
– a la eliminación física de periodistas palestinos por parte de Israel: al 31 de octubre del 2024, se registra el asesinato deliberado de 134 periodistas y comunicadores palestinos en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase informe del CPJ: una dato escalofriante que, al menos a la fecha, no ha dado lugar a condena alguna por parte del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ni por parte de otras entidades usualmente muy sensibles a lo que le puede ocurrirle a un periodista.
Estas estimaciones son en parte respaldadas, desde la misma Israel, por diversas manifestaciones de altos oficiales confirmando la comisión de crímenes de guerra así como de actos de tortura contra prisioneros palestinos (véase, entre muchos, este documento interno del 26 de junio de un alto mando militar al Primer Ministro circulado en redes sociales así como este detallado artículo publicado en Israel por el medio digital Magazine+972 sobre testimonios de personas palestinas detenidas en la base militar ubicada en desierto del Neguev, Sde Teiman, dado a conocer el pasado 27 de junio y titulado «‘More horrific than Abu Ghraib’: Lawyer recounts visit to Israeli detention center.At Sde Teiman, Khaled Mahajneh found a detained journalist unrecognizable as he described the facility’s violent and inhumane conditions»).
Desde la perspectiva ambiental esta vez y su impacto sobre los derechos humanos de la población civil en Gaza este reciente informe de octubre del 2024 titulado «Ecocide: Israel´s deliberate and systematic environmental destruction in Gaza«, detalla el alcance del ecocidio intencional al que está procediendo Israel. En sus conclusiones (página 26) se señala que:
«In conclusion, combined environmental and health consequences indicate a deliberate strategy aimed at systematically undermining the survival and well-being of the Palestinian population of Gaza, clearly demonstrating a calculated intent to inflict conditions of life designed to bring about its destruction«.
Algunas entrevistas recomendadas
Para entender mejor la insensatez de la estrategia de Israel en Gaza, en abierta violación a las más elementales reglas del ordenamiento jurídico internacional (cuyo irrespeto debiera de ser, desde el estricto punto de vista jurídico, sancionado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), no está de más referir a esta entrevista a una de las grandes especialistas francesas sobre Oriente Medio, a raíz de la publicación de su libro que presentó en los primeros días del mes de octubre, titulado «Le livre noir de Gaza» (así como a estanota en Libérationy a esta otra en Le Mondedel 8 de ocubre). Una segunda entrevista más reciente (31 de octubre) también es muy recomendada.
Para entender el juego sutil al que se han librado las autoridades de Israel desde el 7 de octubre del 2023 en aras de instrumentalizar el trauma que ha significado para la sociedad israelí, con gran éxito en algunos circulos políticos en diversas latitudes del mundo, nos permitímos recomendar esta reciente entrevista de Democracy Now del mes de octubre del 2024 a una especialista norteamericana sobre la sociedad israelí, titulada precisamente: «Naomi Klein: Israel has weaponised Oct 7th trauma to justity its genocide in Gaza«.
Finalmente, la entrevista realizada por Democracy Now en Estados Unidos a final de octubre a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los alcances de su último informe (informe A/79/384 titulado «El genocidio como supresión colonial«) merece igualmente una mención, dado el verdadero cerco informativo en varios medios de prensa internacionales sobre los alcances de su labor (véase enlace a su entrevista, disponible en YouTube).
El pasado 14 de noviembre, la emisión televisiva «Le Débat» (del canal France24) evidenció una nueva vez la narrativa en la que los periodistas de Israel se sienten obligados a encerrarse, negando parte de la realidad constatable que se vive en Gaza y en el Líbano y muy certeramente descrita y analizada por expertos galos (véase emisión).
Trump-Israel o Israel-Trump: una misma visión del ocupante de la Casa Blanca
En diciembre del 2016, a solicitud del entonces primer ministro de Israel (siempre en el ejercicio del cargo en este 2024), el entonces presidente electo de Estados Unidos protagonizó acciones jamás observadas por parte de un presidente electo, al intentar frenar a toda costa la adopción de la resolución 2334 por parte del Consejo de Seguridad.
Las diversas acciones posteriores a favor de Israel tomadas durante su administración (entre enero del 2017 y diciembre del 2020) permiten entender mejor su accionar para frenar a toda costa la adopción de dicha resolución por parte del Consejo de Seguridad, a saber (por orden cronológico):
– el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén en mayo del 2018, lo cual motivó una demanda, aún pendiente de resolución, de Palestina ante la CIJ contra Estados Unidos (véase texto de la demanda). Cabe recordar que el anuncio oficial reconociendo a Jerusalén como capital de Israel se hizo el 6 de diciembre del 2017 (véase nota oficial del Departamento de Estado). En diciembre del 2017, se votó una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas condenando el hecho de considerar a Jerusalén como capital, con un ejercicio previo en el Consejo de Segurida en el que Estados Unidos votó solitariamente en contra ante 14 votos a favor (véase nuestra nota al respecto). Esta nota obituaria de enero del 2021 de la BBC señala que el traslado de la embajada de Estados Unidos en el 2018 obedeció a un compromiso de campaña con un generoso donador. Esta otra nota del Times of Israel de octubre del 2024 señala que millonarios fondos provenientes de la misma familia parecieran comprometer al candidato con respecto a Cisjordania.
– el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio del 2018, en respuesta a una resolución creando un órgano de investigación sobre las acciones de Israel en el territorio palestino ocupado con ocasión de la «Marcha del Retorno» organizado por colectivos palestinos desde marzo del 2018 (véase nuestra nota publicada en la Red Internacional para los Derechos Humanos / RIDH);
– el retiro de la contribución de Estados Unidos a la única agencia de Naciones Unidas a cargo de los refugiados y desplazados palestinos en el mundo, la UNRWA en agosto del 2018 (véase nota de The Guardian de agosto del 2018). Un reciente informe de la Foundation for Middle East Peace detalla que las acusaciones en contra de la UNRWA durante el período 2017-2020 eran absolutamente falsas (véase informe con fecha del 1 de noviembre del 2024).
– el cierre de la oficina de la Organización de Liberación Palestina (OLP) en Washington en septiembre del 2018 (véase comunicado oficial del Departamento de Estado).
– el reconocimiento en marzo del 2019 por parte de Estados Unidos de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel (véase declaracion del Departamento de Estado);
– el cambio radical de posición de Estados Unidos en noviembre del 2019, al considerar que los asentamientos israelíes en Cisjordania ya no deben ser considerados como ilegales desde la perspectiva del derecho internacional (véase nuestra nota al respecto publicada en el medio digital de Delfino.cr).
Varias de estas acciones de Estados Unidos tomadas entre el 2017 y el 2020 atentan contra las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas con el voto o la abstención de Estados Unidos, tal y como ocurrió con la precitada resolución 2334, cuyo texto las enuncia de manera detallada. Es de notar que la llegada del actual mandatario norteamericano a la Casa Blanca en enero del 2021 no ha motivado ninguna decisión con respecto a la embajada de Estados Unidos: la cual se mantiene desde mayo del 2018 en Jerusalén.
En otro ámbito no tan alejado de las preocupaciones de Israel, el Presidente Trump optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones. La decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre el programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (véase artículo del New York Times). Las conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formalmente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional: véase notanuestra al respecto titulada «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (publicada en el portal jurídico de DerechoalDia).
Finalmente, tres acciones tomadas por Estados Unidos en el año 2020 merecen mención en este apartado, al resultar de la estrecha colaboración existente entre Estados Unidos e Israel:
– en los primeros días de enero del 2020, el asesinato en Irak del general iraní Qassem Soleimani, totalmente asumido por Estados Unidos (véase comunicado oficial). Medios de prensa señalaron inmediadiatamente el apoyo de Israel para esta acción (véase nota del Timesof Israel) y casi dos años después se confirmó que la acción se realizó por parte de Estados Unidos con base en información de inteligencia proporcionada directamente por Israel (véase cable de la agencia de noticias AP de diciembre del 2021).
– en junio del 2020, Estados Unidos adoptó inéditas sanciones contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI). Estas sanciones no lo fueron en reacción a investigaciones relacionadas a militares de Estados Unidos, sino a la sombra de Gaza cada vez más amenazante para los militares y sus jefes políticos en Israel: véase al respecto nuestra nota al respecto. Incapaz de contener el entusiasmo por el logro obtenido, el único Estado en el mundo en celebrar esta decisión de Estados Unidos, fue Israel, cuyas máximas autoridades manifestaron su profundo regocijo al respecto (véase nota del Timesof Israel del 11 de junio). En abril del 2021 la actual administración norteamericana decidió suspender estas insólitas sanciones (véase comunicado oficialdel Departamento de Estado y esta nota de Human Rights Watch): se trata de sanciones unilaterales por parte de un Estado contra el personal de una jurisdicción internacional que no cuentan con ningún precedente.
– en septiembre del 2020, se suscribieron formalmente los denominados «Acuerdos de Abraham«, fomentados por Israel y Estados Unidos: véanse las 4 declaraciones del 2020 de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruercos y Sudán colgadas en la parte baja en este enlace del Departamento de Estado nortamericano. Sobre este último, resulta notorio que en el pasado mes de septiembre del 2024, los Acuerdos de Abraham no dieron lugar a ningún comunicado oficial por parte de Estados Unidos para conmemorar su firma, mientras que sí se observó en el año 2023. No está de más señalar esta interesante entrevista publicada en Israel el 20 de septiembre del 2024 a un analista político israelí (cuya lectura completa se recomienda), en la que se lee que:
“Let’s be clear: the true motivation for signing the Abraham Accords was to remove the Palestinians from the regional agenda and completely normalize the occupation. But this theory has not proven itself. It was a short-term deal signed with the Trump administration, which did not exactly care about strategy in the Middle East, but about signing the “deal of the century”.
A modo de conclusión
Más allá de un denominado «acuerdo del siglo» muy promocionado en los medios de prensa internacionales, y que se calificó tempranamente en un foro en Costa Rica organizado desde la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) en agosto del 2020 como la «estafa del siglo» (véase nota nuestra y video del foro), los vetos de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad se han mantenido en este año 2024 de manera ininterrumpida.
En efecto, fueron varias las resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas a Gaza vetadas por la delegación norteamericana de manera solitaria, como el veto al proyecto de resolución presentado por Brasil en octubre del 2023 (véase nuestra breve nota al respecto). Es de recordar que el 18 de abril pasado, Estados Unidos vetó de manera solitaria una resolución solicitando la plena membresía de Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas (véase nuestra breve nota al respecto).
El 10 de mayo del 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas, por una abrumadora mayoría, tomó nota de este veto de Estados Unidos de abril del 2024, y validó nuevos derechos a la delegación oficial de Palestina en Naciones Unidas como Estado, mientras se resuelve su solicitud presentada formalmente desde el mes de septiembre del 2011 al Consejo de Seguridad (véase al respecto nuestra nota al respecto).
Tal y como se puede observar, nuevas iniciativas diplomáticas podrían ver la luz ahora que la diplomacia de Estados Unidos es conducida por una administración saliente hasta el 20 de enero del 2025, con un margen de maniobra mucho mayor con respecto a Israel al que tenía antes del 5 de noviembre. Las recientes nominaciones en el equipo del Presidente electo norteamericno (véase artículo de The Guardian del 17 de noviembre del 2024) confirman la peligrosa deriva pro-israelí que tendrá Estados Unidos a partir del 20 de enero del 2025.
La reiteración de las violaciones flagrantes a las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas por parte de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 ha sido condenada por un sinnúmero de órganos y entidades de Naciones Unidas, incluyendo la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con una notoria excepción: el Consejo de Seguridad.
Tuvimos en aquel momento (diciembre del 2016) la oportunidad de señalar (véase nuestra nota publicada en enero del 2017 en el sitio de HablandoClaro) que:
«No cabe duda, además, que recurrir a Donald Trump evidencia cierto nerviosismo (cercano a la desesperación) y manifiesta una notable innovación por parte de la diplomacia israelí. No se registran gestiones de un Presidente electo intercediendo en aras de frenar una iniciativa que deba ser examinada por parte del Consejo de Seguridad«.
¿Es factible que asistamos en este cierre del año 2024 a alguna gestión muy parecida dentro de Naciones Unidas, que no se vea vetada por Estados Unidos? Dada la insensatez de las autoridades israelíes tanto en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado, como también en el Líbano (y ello desde mediados de septiembre), se considera bastante probable. Esta situación explica el recrudecimiento de acciones diplomáticas y de acciones gestadas desde la misma sociedad civil observadas desde el 5 de noviembre pasado.
Foto extraída de artículo titulado «The not-so-secret history of Netanyahu´s support of Hamas», Magazine+972, edición del 7 de noviembre del 2024, cuya lectura completa se recomienda.
Por lo anteriormente descrito, desde el 5 de noviembre se abre para Estados Unidos (y para la comunidad internacional) un pequeño espacio de tiempo en el cual, Estados Unidos puede reconciliar al Consejo de Seguridad con la misión primordial que le asigna la Carta de Naciones Unidas desde 1945: sancionar y tomar medidas coercitivas ante graves violaciones a la Carta de Naciones Unidas cometidas por un Estado Miembro.
– – Notas – –
Nota 1: Sobre la solicitud del Fiscal de la CPI, véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad«, 20 de mayo del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: En la votación de esta misma resolución en el 2023, se lee en este comunicado de Naciones Unidas del 10 de noviembre del 2023 que: «On a point of order, Egypt’s delegate asked who requested the vote, to which the Chair responded that it was Israel.The resolution was approved by a recorded vote of 168in favour to 5against (Israel, Marshal Islands, Micronesia, Nauru and the United States), with 9abstentions (the Democratic People’s Republic of Korea, Guatemala, Kiribati, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Tongo, Tonga and Vanuatu)«.
Nota 3: Sobre esta importante decisión de la CIJ del 19 de julio pasado, muy pocamente analizada en la doctrina europea pese a su enorme relevancia para la causa palestina, véase MAIA C.& POISSONIER G., «Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du Territoire palestinien: une analyse au prisme du droit international des droits humains«, sitio especializado jurídico Actualités Droits – Libertés, 2024, edición del 7 de octubre del 2024. Texto completo disponible aquí. Véase también DUBUISSON F., «Les conséquences de l’avis de la CIJ relatif à l’occupation du Territoire palestinien«, Yaani, edición del 29 de julio del 2024. Texto disponible aquí. Remitimos también a nuestra nota publicada en español: BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)»,editada el mismo 19 de julio del 2024 y que recoge las manifestaciones oficiales de algunos Estados, incluyendo el mustismo absoluto de Estados Unidos y de Canadá. Texto disponible aquí. En el sitio especializado Hablemos de Derecho internacional (HDI) (ubicado en La Haya) recientemente tuvimos la oportunidad de analizar los alcances de esta opinión consultiva (enlace del podcast de octubre del 2024).
Nota 4: Véase al respecto nuestra nota en la que analizamos la ausencia de explicación de voto de la delegación de Costa Rica en Naciones Unidas y la difusión de un comunicado de prensa desde su aparato diplomático, en el apartado titulado «Algunas breves acotaciones con respecto a la «justificación» aportada oficialmente por la diplomacia costarricense» en BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ«, 9 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, 31 de diciembre del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., «Reacciones a decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel«, 11 de diciembre del 2017. Texto disponible aquí.
El aparato electoral para definir la presidencia, en los Estados Unidos tiene aspectos discutibles que ponen en duda severa su autenticidad democrática. Al contrario de lo que uno pudiese esperar de una democracia genuina, el presidente de este país no resulta elegido por medio del voto de la mayoría, sino a través del denominado “Colegio Electoral”. El sistema está diseñado, de tal manera, que los votantes no eligen directamente al presidente (i.e. “voto popular”), sino que delegan su decisión a un grupo de representantes, pertenecientes al partido que obtiene la mayoría de los votos en cada estado. De esta manera, los votos a favor de un partido minoritario quedan prácticamente eliminados, como por ejemplo en el caso de los votantes republicanos en California o los demócratas en Texas, o peor aún, los partidos menores, los cuales nunca podrán competir contra los grandes tradicionales. Es un sistema bipartidista, prácticamente autocrático.
El origen de este sistema proviene de los primeros años de ese país, cuando las realidades sociales eran diferentes y apenas trataban de diferenciarse de las estructuras monárquicas europeas. En el contexto actual, su validez es, como mínimo, cuestionable. Aunque Estados Unidos ha seguido la línea de un sistema electoral abierto, los “padres fundadores” establecieron el Colegio Electoral con el propósito de evitar la degradación de toda democracia: el populismo. Al quitarle el poder de decisión final al pueblo, esperaban que la elección del presidente no quedara sometida a los avatares coyunturales del humor popular o el de los candidatos “descontrolados”. Con elecciones de segundo grado esperaban favorecer la elección de candidatos moderados, lo cual funcionó más o menos bien hasta el inicio del siglo XXI, cuando los programas de gobierno de los demócratas y republicanos apenas se diferenciaban, salvo por las políticas fiscal y social.
Pero resulta desconcertante que, pese a sus defectos antidemocráticos evidentes, no se encuentre en la agenda política un proceso de debate para su modernización, y quienes lo han intentado plantear han sido rápidamente silenciados por sus propios partidos.
Pero además de ser cuestionable su valor democrático, el Colegio Electoral se encuentra sometido, en realidad, al poder proveniente de las grandes corporaciones empresariales y financieras que operan detrás de las cortinas … y a veces, no tan atrás. Estas organizaciones hacen donaciones multimillonarias a los candidatos de ambos partidos, moldean sus agendas y condicionan sus políticas. En las elecciones de 2020, las donaciones alcanzaron alrededor de US$ 15 mil millones y se cree que esta cifra ha sido superada con creces en 2024. Sin embargo, esta cantidad de dinero, tan exorbitante, no parece generar inquietud, por lo que el tema no recibe la atención crítica que merece. Estos recursos, en lugar de emplearse para el bien común o fomentar un debate político racional, más bien financian estrategias de desprestigio entre los candidatos.
Las campañas no se centran en propuestas concretas, sino en el descrédito del oponente y como resultado, los votantes quedan atrapados en una realidad frustrante y se ven obligados a elegir, en el mejor de los casos, por “la vía menos mala”. Se recurre a las promesas banales (empleo, crecimiento económico, salud pública, etc.), pero también a la radicalidad, a mundos fantasiosos paralelos y sobre todo, a la desinformación. El proceso electoral termina pareciéndose al campeonato de beisbol, en donde los electores simplemente apoyan fanáticamente a un candidato, cual hinchas de su equipo favorito. Lo triste de esto no es solo que los candidatos dicen cualquier cosa, sino que los rebaños de seguidores les creen ciegamente y sin pedir explicaciones, ni cuentas, al final de sus mandatos (Atención, que este fenómeno es, cuando menos, semejante a lo que pasa en nuestros propios países, con elecciones de voto popular).
Ahora bien, en realidad es necesario reconocer que lo importante no siempre es el presidente, pues a pesar de todo puede solamente ser una figura casi simbólica. Ya se agotaron los Regan, Kennedy, Roosevelt, Obama y Clinton, quienes dejaron una impronta indeleble en sus administraciones, gústenos o no sus orientaciones. Ahora, son mucho más importantes el gabinete y los orientadores del proceso de toma de decisiones del gobierno, pues el mundo se ha complicado excesivamente…
Al final, este sistema electoral no solo reduce la representatividad de los ciudadanos, sino que cuestiona el mismo ideal de democracia al que se adscribe, no parece elegir al mejor candidato, ni siquiera siendo el mayoritario y, en última instancia, tan solo legitima una estructura de poder rígida y manipulada. Sin embargo, también cabe preguntarse si este sería el momento oportuno para cambiar el sistema, pues a todas luces la sociedad estadounidense parece haber perdido el sentido común y se encuentra desorientada en muchos campos, además del político.
Para concluir, agrego que pareciera que para América Latina ninguno de los dos candidatos cambiará en mucho la situación ni la relación recíproca. Pero debe tomarse en cuenta que sí es importante que la economía de EEUU mejore su situación, pues es la que empuja, hacia adelante, nuestras propias economías y evita las tentaciones de los cantos de sirenas de las otras potencias que quieren aprovechar la ocasión para introducirse, precisamente por vía de los gobiernos menos democráticos de la región. No hay vuelta atrás, parece ser que entramos en una nueva etapa global, post-EUA y post-democracia y tendremos que aprender a atravesar tormentas nuevas, menos conocidas, y no menos peligrosas.
El 31 de mayo de 1978, el Editorial del Suplemento El Industrial, publicado en el periódico La Nación afirmó entre muchas otras cosas lo siguiente: «El trabajo no es, como creen algunos, una maldición, sino la única ideología que, en cualquier sistema político, salva a un país, forja su desarrollo y le permite alcanzar elevadas metas… no admite sucedáneo… es la única arma de progreso… es un acto de liberación… es una forma de plegaria a Dios. Es una condición del hombre y nadie puede escapar de ella… Ninguna ideología puede sustituir al trabajo, duro y tesonero… Hay que encender la mística del trabajo…que no es sino sentido del tiempo… aprovechado al máximo, a plenitud… Es necesario reducir los días feriados…al mínimo, a los necesarios, para que el resto sea un poema continuo al trabajo, que es la única forma de salir del subdesarrollo”.
Desde entonces, los días feriados los han dio reduciendo, eliminando. Igualmente los han ido moviendo de sus fechas originales a celebrarse o tenerse para disfrute los viernes y los lunes.
Para el próximo año ya están moviéndolos para los lunes. Así se correrán, ya aprobados en Comisión Legislativa, debilitándoles la fecha original de su celebración, desnaturalizándoles, desnudándoles de sus ropajes festivos el viernes 11 de abril la Gran Batalla de Rivas, que la pasan al lunes 14, la del jueves 1 de mayo, día Internacional de los Trabajadores y Rendición de William Walker, que es lo que lo hace feriado desde 1858, al lunes 5 de mayo. Las fechas del viernes 25 de julio, de la Agregación o Anexión de Nicoya a Costa Rica; la del sábado 2 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles, de la Patrona Nacional; la del viernes 15 de agosto, día de la Madre; la del domingo 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente y de Fundación de la República, la diputada del gobierno, Pilar Cisneros, quiso pasarlas al lunes siguiente de esas fecha, pero no se lo aprobaron en la Asamblea Legislativa. Queda todavía la discusión en el Plenario Legislativo, donde se mueven otros intereses, así como los otros diputados, de los otros partidos, que le sirven de alfombra y felpudo al Gobierno del Jaguar.
Se puede apreciar la importancia histórica de las fechas, que se van dejando vacías en su celebración escolar y colegial, como en el plano nacional, todo bajo la mentalidad mercantilista, poco patriótica, y comercial de justificar esos trasados de fecha con la intención de favorecer el turismo nacional, según dicen, para que los costarricenses tengan la posibilidad de disfrutar de tres días seguidos de “vacación”. Los turistas extranjeros nada tienen que ver con esas fechas. Les da igual cualquier fecha que ya tienen para disfrutar sus vacaciones en Costa Rica. Ninguno de ellos está pensando ni sabiendo que les están moviendo fechas patrias y efemérides nacionales para venderles el paquete de los tres días para vacacionar. Ese es el fraude más grande con el que tratan de engañar para cambiar la celebración de las fechas en el día que les corresponden.
Efectivamente el trabajo, como ideología, en nuestro medio es una forma de dominación social, justificada cotidianamente en la prensa, la radio, la televisión; en la escuela y en el proceso educativo en general.
En el proceso religioso también se acentúa esta forma de dominación, social, cual es: trabajar, duro y tesoneramente, pero no para provecho propio, sino para beneficio del dueño de las empresas, fábricas, fincas o, plantaciones; es decir, trabajar duro para beneficio del dueño de los medios de producción que son absolutamente privados en Costa Rica.
Todo ese trabajo duro, tesonero, místico a cambio de un salario, que no corresponde, como lo sienten todos los días los costarricenses, al costo real de la vida, puesto que los salarios se mueven por escalera mientras los precios de los bienes y productos de la canasta básica viajan en ascensor, al tiempo que los salarios e ingresos básicos de las personas y trabajadores están congelados desde hace cinco años, elevándose los mismos para el próximo año al valor de una coca cola o una caja de cigarros, por mes.
Efectivamente, el trabajo es una forma de dominación social en tanto es el instrumento mediante el cual el dueño de la fuerza de trabajo (el empresario, el industrial, el terrateniente, el patrono de cualquier actividad económica) usa para enriquecerse, para producir riqueza, productos que llevan en ellos el salario del trabajador y un valor agregado que hace que los trabajadores, que producen esos productos, la mayor parte de las veces ni siquiera puedan comprar, adquirir o consumir lo que ellos mismos producen. Extraña contradicción.
Los productores directos no son dueños de lo que producen; ni siquiera lo pueden adquirir. Pero los no productores directos, los patronos, no solo son dueños del producto del trabajo de los hombres que lo producen, sino que también se enriquecen, cada vez más con ese trabajo y con ese producto.
El trabajo es la forma directa de explotación de unos, los patronos, sobre otros, los trabajadores. En este sentido el trabajo es la quinta esencia de la ideología en una sociedad como la nuestra, basada en la explotación de amplias masas de trabajadores a cambio de un mísero salario, que en el mejor de los casos apenas satisface las necesidades mínimas de subsistencia del trabajador.
Por ello también avanza en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, conservando de esa manera las 48 horas semanales que establece la Constitución Política y el Código de Trabajo, como jornadas legales y constitucionales en el país, diciendo, a la vez que los tres días que no se trabajará serán para el mayor disfrute, descanso y bienestar de la familia y de los trabajadores.
Desde el primero de noviembre hasta el 31 de enero del próximo año, inician las Sesiones Extraordinarias del Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, cuando el Poder Legislativo solo conoce para sus respectivos trámites, los proyectos de ley que el presidente y sus ministros envían a la discusión y eventual aprobación parlamentaria. En la Agenda presentada está este proyecto de ley de las jornadas de trabajo esclavista, que no han podido justificar, con pelos y señales, de cuáles empresas en particular las necesitan, cuando la tendencia internacional y europea es bajar las jornadas semanales de 48 y 40 horas a semanas de 36 y 35 horas sin disminuir los salarios.
El interés de aprobar estas jornadas en este período es para que no se queden para los meses siguientes a febrero del 2025 porque es el año preparatorio de las elecciones de febrero del 2026. En ese año, en la Asamblea Legislativa no deben discutirse temas como éste porque pueden influir en el proceso electoral, en los partidos políticos, especialmente en los que están en la Asamblea Legislativa, que por esta discusión podrían aumentar sus diputados en el 2026.
Esta forma de relación social, a través del trabajo, todos los días se justifica, se legitima, se moraliza. La explotación del trabajo asalariado se eleva a rango de distinción honorífica. Honor para el patrón que logra mayores riquezas a cuenta del trabajo asalariado.
Honor para el trabajador, que sin protestar, produce mayor riqueza a su patrón.
Honor a aquel que trabajando aún a sacrificio de días feriados ayuda a producir más riqueza, pero no para él; para su patrón.
Honor para aquellos patronos que aparentan distribuir o compartir parte de sus ganancias con sus asalariados.
El párrafo e ideas del Editorial arriba transcritas, de 1978, que sigue teniendo vigencia, son parte de ese bagaje ideológico mediante el cual cotidianamente se le hace ver al trabajador la necesidad de que debe trabajar más. Por eso están tratando de meter la jornada esclavista de las 12 horas diarias. Los diputados representantes y quienes justifican este proyecto de ley, no se esconden en su defensa para afirmar que el objetivo de esa ley de la jornada 4-3 es para bajar los costos de operación de trabajo, de lo que se les paga a los trabajadores por su trabajo, porque se homogeniza la jornada de ocho a doce horas, evitando pagar horas extras, rebajando de hecho el salario y los ingresos de los trabajadores.
Curiosamente los hechos de la vida real no les dicen lo mismo a los trabajadores: trabajan más; posiblemente producen más; dan más ganancia al patrón pero les alcanza menos el salario, el dinero.
El trabajo aquí actúa como ideología en cuanto justifica, legitima, moraliza, la explotación social, el enriquecimiento de la sociedad (de los ricos, no de los pobres); en cuanto se es más hombre en tanto más y mejor se trabaja; se está más cerca de Dios en tanto más obediente, más resignada y se trabaja de forma más sacrificada (condición supuesta para ganar el cielo). La Iglesia, especialmente la católica débilmente se ha pronunciado en este aspecto, haciéndole el juego a los esclavistas laborales del siglo XXI. Las otras iglesias, que incluso tienen representantes legislativos, están interesadas en ese proyecto por el significado económico que les puede resultar a ellas, por la cuotas obligatorias que les imponen de afiliación a los trabajadores.
Y, todavía, se pretende hacer creer que a más trabajo más rápido salimos del subdesarrollo. Si esto fuera así hace algunos años hubieran abolido los días feriados, hubieran establecido la jornada de 18 horas diarias, sin días de descanso y, por supuesto, tampoco hubieran aumentado los salarios.
Frente a esta explotación directa los trabajadores han reaccionado históricamente de distintas formas. Cuando no tenían conciencia de quién era realmente quien los explotaba, no viendo al patrón en ello, reaccionaron contra las máquinas, las destruyeron; incendiaron sus medios de producción en el campo y desarrollaron otras formas de lucha semejante. Cuando descubrieron que quien los explotaba no era la máquina ni los medios de producción en sí mismos, se organizaron para luchar contra esa explotación que organizadamente se ejercía contra ellos por parte de toda la clase capitalista; de los patrones. Así surgieron los Sindicatos y, Ligas de Obreros, como organismos de autodefensa, en el campo de las relaciones laborales, de los trabajadores, tanto a nivel nacional como internacional, porque el sistema laboral opera a nivel internacional, más en tiempos como los que vivimos de la globalización y la mayor internacionalización por los bloques económicos, los tratados de libre comercio la inserción de nuevas empresas de nuevas tecnologías en los diferentes países, especialmente donde la mano de obra sea más barata.
El país lo que trata de promoverse, con esta ley, es como un país atrayente de empresas porque se les ofrece una mano de obra barata. De allí que no sea tan casual la destrucción del aparato educativo que se mantiene por este gobierno, la expulsión de miles de estudiantes del proceso educativo, la eliminación de las becas estudiantiles, la eliminación de los comedores escolares y de los subsidios al transporte estudiantil. De la misma manera la reducción del presupuesto nacional para la educación pública y para las universidades estatales.
Esta lucha de los trabajadores se orientó desde el siglo XIX a mejorar, el salario, las condiciones de trabajo y las jornadas. En ella la huelga, los paros, los conflictos, convenciones etc., fueron parte de los instrumentos de lucha, destacándose en esto la pelea por la legislación social y laboral, lo que en Costa Ria se materializó con la gran Reforma Social en el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1943, de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, fortalecidas bajo el gobierno de José Figueres, cuando presidió la Junta de Gobierno en 1948-1949, y en los gobiernos que siguieron que ampliaron y consolidaron aquellas reformas de 1943. Hoy los partidos herederos de esas Reformas, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, han traicionado su memoria y su herencia política e histórica. Se han puesto en contra de los trabajadores modificando negativamente toda esa legislación laboral, especialmente y la legislación social por añadidura. Especialmente se ha puesto violento contra la Reforma Social el partido Unidad Social Cristiana y sus diputados, que parecen más de la guarida del Jaguar, que representantes populares, que defiendan sus derechos, los del pueblo trabajador.
Los trabajadores en su historia de lucha descubrieron que aun haciendo huelgas toda la vida, su situación de clase no iba a cambiar, aunque mejoraran sus condiciones de vida y de trabajo: seguirían siendo al fin y al cabo una clase explotada, sometida a la dictadura de clase ejercida por los patronos a través del Estado, por más libre y democrático que se llamara y por más libertades que proclamara en el papel. El presidente de la República, el Jaguar mayor de Zapote, ha acusado a esos dos partidos que han ejercido gobiernos desde 1953, que han sido antros de dictadores y tiranos al servicio de camarillas de gobierno que han ejercido sus poderes en contra el pueblo costarricense. Por ello, el Jaguar se presenta como el presidente que quiere gobernar en favor del pueblo, pero que no puede hacerlo porque esos partidos lo tienen atrapado e inmovilizado institucionalmente.
Los trabajadores en sus luchas, desde el siglo XIX hicieron surgir también las organizaciones políticas, los partidos de la clase obrera, que abrieron la perspectiva de cambiar la situación de clase explotada, llevando a la clase obrera y trabajadora al poder y aboliendo toda forma de explotación social, de tal manera «que los expropiadores (de trabajo, los patronos) fueran expropiados”. Solo así, señalaban los dirigentes políticos de la clase trabajadora, realmente se podría alcanzar una situación de justicia social, de felicidad social. Solo en esta perspectiva el trabajo sería un acto de liberación, cuando lo producido estuviera al alcance de quienes lo producen y cuando el valor de lo producido regresara a quienes lo producen en obras de beneficio social; se reinvirtiera en más y mejor educación, vivienda, salud, recreación y descanso real. La jornada esclavista que se presentó a trámite legislativo no producirá ese beneficio social, ni un mayor bienestar de vida para los trabajadores y sus familias. Esa jornada conducirá inevitablemente a debilitar la integración familiar y a la familia como fundamento de la sociedad.
La justicia social no «es fruto del trabajo» sino de la organización social del trabajo, de tal manera que en ella no haya explotación del hombre por el hombre.
La justicia social como Derecho es el resultado de la lucha de la clase obrera y trabajadora, del campo y de la ciudad, y no «una invención legal» ni una dádiva de las clases gobernantes.
La vagancia no es una forma de la lucha contra la explotación del hombre por el hombre. La lucha social, obrera y laboral conduce a eliminar a los parásitos, a los que viven de la explotación de los trabajadores a los expropiadores de trabajo, a los patronos como clase, que se aprovechan de la organización del trabajo asalariado explotado. Así fue planteado por los grandes lideres históricos de la clase trabajadora y sus luchas. Esta sí es una bandera de reivindicación social. Es una bandera para el período electoral que se avecina, desde hoy, en la Asamblea Legislativa.
De la misma manera que los empresarios, los patronos, los industriales llaman a elevar la mística del trabajo, con más trabajo concentrado diario, la clase obrera, trabajadora, del campo y de las ciudades, debe llamar a elevar la mística de la organización obrera y laboral, la organización sindical y partidaria; a elevar su nivel de lucha, de movilización, de agitación.
Si los representantes parlamentarios de los ricos dicen a trabajar los días feriados, porque les cuesta millones a su economía; que los trabajen ellos, ¿por qué los trabajadores deben aumentar más, con más trabajo, las arcas millonarias de los ricos o del Estado, que no los representa?
A la consigna de la clase gobernante de más trabajo la clase obrera y trabajadora costarricense debe oponer la de más organización, más lucha contra la explotación y contra el subdesarrollo social en que la quieren poner a vivir.
Mis opiniones sobre el tema tribal son, sin duda, interpretaciones de las voces de mis ancestros que a menudo susurran en mis oídos.
En el Caribe, la propiedad de la tierra de nuestros antepasados abarca mucho más que los 200 metros de frente al mar. Sus tierras agrícolas, ahora convertidas en parques nacionales registrados como patrimonio del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), distan de la costa.
A pesar de las leyes de propiedad que exigen compensación, el Estado no ha retribuido adecuadamente a nuestros ancestros por las tierras de las que ahora se benefician económicamente en el mercado internacional de bonos de carbono.
Es crucial que nuestra comunidad tome conciencia de esta deuda real y cuantificable, y que se presenten las reclamaciones correspondientes.
Las Lomas de Manzanillo, Punta Uva, Puerto Viejo, Tortuguero y Barra del Colorado son ejemplos claros de cómo el gobierno costarricense ha empobrecido a la generación actual de afrodescendientes en la República.
Es hora de que, como pueblo afrocostarricense, dejemos de conformarnos con migajas y exijamos nuestra justa parte del pastel a quienes ostentan el poder.
Este es mi mensaje para los líderes y lideresas afrocostarricenses, especialmente para los congresistas.
