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No me siento representada, estoy excluida

Carlos Campos Rojas

Así se expresó Yorleny Córdoba, al escuchar el Plan Económico del gobierno, para enfrentar las consecuencias del Covid 19. Ella es una joven empresaria, dueña de una Pyme del sector de la Belleza y la Salud. Ha construido su empresa con esfuerzo y riesgo personal, paga puntualmente sus impuestos. Su sector económico, invisible todavía por las políticas hacendarias y de género, representan más de 50.000 Pymes.

Es claro que la propuesta económica presentada, nace sin el consenso nacional, ausente del compromiso que debemos asumir todos. Sin ese nuevo pacto social que exige la situación internacional, ni la visión estratégica para encarar el desarrollo de nuestro país, donde la exclusión no es un punto de partida.

El burbujeante discurso económico, desoye incluso al INCAE, quienes recomendaron claramente que los beneficios debían incorporar hasta el jardinero, porque hay que ser innovadores, ver a largo plazo y contener la violencia estructural.

Solo entre todos podemos sacar adelante Costa Rica.

En lo mucho que poseemos, está la CCSS, el INS, el ICE, desde luego hay que reformular la institucionalidad, pero pretender salvar empresas amarradas al viejo modelo económico, que los mejores analistas internacionales han demostrado que no tiene futuro, manifiesta con claridad, el temor al diálogo sincero y transparente con la ciudadanía. Sobre todo, con aquellas empresas pequeñas y medianas, que responsablemente cumplen con sus impuestos, para asegurar el pago puntual de los salarios de gobierno, porque se debe administrar bien el país, pero que además confiaron en darle una nueva oportunidad, a un proyecto partidario, que llegó hace seis años a dirigir el país desde Zapote.

La propuesta económica oficial escogió un grupo de ganadores, que ya eran perdedores antes de la emergencia, así se invertirá el escaso dinero de la hacienda pública.

La riqueza nacional se produce con la pobreza y la desigualdad social de muchos.

Para mejorar los ingresos nacionales, el presidente ya anunció que 300.000 personas que solicitaron en esta emergencia el Bono Proteger, confesaron que eran Pymes en la clandestinidad y que ahora Hacienda irá por ellas para que paguen lo que deben. El anzuelo oficial dio resultados. En su afán, lo respaldan las empresas de Grandes Contribuyentes que no pagaron impuestos o declararon cero ganancias durante los últimos diez años y a los que se les perdonó la deuda, mediante una moratoria inmoral, pero legal.

El país sabe, que fue la decidida acción del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros en el 2018, que los puso en evidencia, rompiendo el secretismo y la censura impuesta de distintas formas, por una mafia política que no soporta la transparencia y la probidad, porque amparada en el autoritarismo, se regodea de la corrupción y la impunidad.

La burbuja económica propuesta por el equipo económico del gobierno, estallará muy pronto en la cara de todos. Perderemos todos, unos más que otros. El cáñamo no servirá para amarrar el descontento ciudadano, ni la violencia que se avecina en un país, que verá más profunda la desigualdad social que ya teníamos. Tal vez sirva a algunos para quemarlo y olvidarse por un momento de la realidad.

Para salir adelante está la decencia. Solo quedamos nosotros, las personas, la ciudadanía, acompañados de la fuerza moral de verdaderos empresarios, funcionarios públicos que aman este país y la fortaleza y el arrojo de las Pymes.

Debemos encontrarnos y construir lo que no pueden hacer quienes usurparon la política y la prostituyeron.

Tenemos que demostrarnos que la suma de nuestros conocimientos y sabidurías, así como la capacidad, está por encima de a quienes irresponsablemente pusimos a administrar nuestra principal empresa: Costa Rica.

Podemos y debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad, nuestro deber, para eso somos constitucionalmente el Primer Poder de esta República Participativa, debemos asumirnos y ejercer el poder que como El Soberano nos corresponde.

Solo entre todos podemos sacar adelante Costa Rica.

¡¡¡YO, digo presente!!!
12 de mayo de 2020

Movilidades en suspenso

Guillermo Acuña González
Instituto de Estudios Sociales en Población
Universidad Nacional, Costa Rica
guillermo.acuna.gonzalez@una.cr

Al promediar la década de los años 2010, se declaró en Europa una coyuntura en las movilidades humanas que desató no solo el interés de la opinión pública, sino las más insólitas respuestas a nivel institucional de los gobiernos receptores para tratar de contener, repeler y disuadir los altos volúmenes de seres humanos que intentaban entrar al continente europeo, huyendo de situaciones límite en dimensiones políticas, sociales, ambientales y humanitarias.

Los discursos globales hablaron entonces de “crisis migratoria”, para hacer referencia a un contexto en el que claramente lo que había colapsado eran los sistemas de protección y los abordajes en materia humanitaria. Se construyó así, una polifonía en torno a la excepcionalidad, que demandaba en suma la generación de abordajes desde la “securitización” impulsada por una narrativa del miedo.

Sobre este periodo, en uno de sus últimos trabajos reflexivos el sociólogo polaco Zygmund Bauman hizo referencia a la producción generalizada del pánico migratorio y sus malos usos. Respecto a la crisis, dijo, “es una especie de nombre en clave políticamente correcto con el que designar la fase actual de la eterna batalla que los creadores de opinión libran sin descanso en pos de la conquista y el sometimiento de las mentes y los sentimientos humanos” (1).

Años después, esa dimensión crítica observada para el contexto europeo se agudizaría a nivel global, esta vez con los efectos de la pandemia COVID-19 en todos los procesos de desplazamiento humano. De nuevo, la crisis migratoria humanitaria es referenciada como un acontecimiento que caracteriza el actual escenario global y su relación con la pandemia.

Sin embargo, lo que ocurre no es solamente una crisis en las movilidades humanas. Se trata de una coyuntura de cambio de sentido en el que estas han quedado comprometidas, subsumidas, suspendidas, de múltiples formas a la vez que han visto perjudicados sus derechos básicos a la seguridad, la salud, la alimentación y el buen estado emocional para contender los impactos físicos y psicológicos de la pandemia. Entidades internacionales, organismos de derechos humanos, representantes de la sociedad civil han llamado permanentemente la reflexión sobre esta situación límite para las personas en movilidad.

Entre las poblaciones más afectadas se encuentran las personas migrantes y desplazadas de forma forzosa debido a situaciones en sus contextos de origen. Al momento de escribir estas líneas, las acciones sobre las movilidades internacionales se han centrado en el cierre de fronteras, reconfigurando los espacios fronterizos como verdaderos territorios donde el enfoque de la “securitización” se ha impuesto como política, generando por ahora un vacío en la gobernanza global en el tema. También el límite a la locomoción, la pérdida de estatus migratorios y la generación de una gran cantidad de personas en condición de apatridia, son parte de los resultados que impactan las dinámicas de las movilidades humanas a escala global. De acuerdo con un portal de datos sobre la migración global (www. migrationdataportal.org), entre el 11 de marzo (día que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia) y el 20 de abril, el total de movimientos poblacionales restringidos en todo el mundo se estimó en 48000. Las prohibiciones fronterizas representaron un impacto en la movilidad de personas y en el funcionamiento de organizaciones humanitarias.

Una nueva política migratoria se ha instalado teniendo como matriz la suspensión obligada de las movilidades produciendo a la vez la construcción social del miedo, que ha provocado no en pocos escenarios nacionales de recepción, el aumento de la discriminación, los discursos xenófobos y el rechazo a las corporalidades sospechosas de cruzar las fronteras con el virus a cuestas.

Este contexto de conculcación de derechos y mezcla de pánico y “miedo al otro” no es nuevo. Basta con repasar los discursos durante la epidemia del Ébola desarrollada hace algunos años y cómo fueron cruzados en ellos elementos de racialización, origen y nacionalidad (2) para esgrimir discursos discriminatorios, que hoy se encienden y actualizan en todo el mundo.

En el contexto comprometido para las movilidades humanas, la región centroamericana no muestra un escenario favorable. El año 2020 había iniciado con nuevas salidas masivas vía terrestre con destino a Estados Unidos, en una especie de renovación de aquellas que se habían impulsado al finalizar el 2018; rápidamente fueron repelidas por la frontera vertical dispuesta en territorio mexicano. Las deportaciones desde Estados Unidos y México habían continuado, ahora con el establecimiento de la figura de tercer país seguro, una especie de contrato leonino entre la Administración Trump y los gobiernos del norte de la región para “devolver” a los centroamericanos a contextos donde la precariedad, la vulnerabilidad y el riesgo constituyen el elemento común.

“Sin embargo, lo que ocurre no es solamente una crisis en las movilidades humanas. Se trata de una coyuntura de cambio de sentido en el que estas han quedado comprometidas, subsumidas, suspendidas, de múltiples formas a la vez que han visto perjudicados sus derechos básicos a la seguridad, la salud, la alimentación y el buen estado emocional para contender los impactos físicos y psicológicos de la pandemia”

En lo que la Pandemia ha seguido su curso, las deportaciones masivas y exprés hacia Centroamérica han continuado, agudizando la problemática para quienes retornan tal vez de forma involuntaria y con mucho temor a sus contextos de origen. Entre marzo y abril la cifra pudo haber alcanzado las 10000 personas deportadas de esta manera. Múltiples voces del ámbito de sociedad civil y organismos internacionales también se han levantado para reclamar las condiciones de trato indigno recibidas por quienes han sido obligados no solo a permanecer en sitios de detención sin las mínimas condiciones, sino también retornar en situaciones absolutamente precarias, muchos de ellos con el diagnóstico positivo del virus luego de haberlo adquirido en los sitios de detención y aseguramiento migratorio en Estados Unidos y México.

La problemática es difícil para aquellas personas “abandonadas” en la frontera entre México y Guatemala, luego de haber sido expulsados en caliente desde territorio estadounidense. En la región, haber cerrado fronteras contuvo medianamente el virus, pero no la agudización de las vulnerabilidades para cientos de personas en contextos de movilidad “confinada”. A este aspecto debe sumarse que la institucionalidad regional que aborda los desplazamientos humanos proviene del mundo de la seguridad como esquema de administración migratoria.

Como resultado de los límites a la movilidad humana en la respuesta a la pandemia, ha aumentado la construcción de escenarios de riesgo inscritos en las corporalidades de las personas que se movilizan. La conformación de las ilegalidades, un concepto desarrollado para explicar la generación histórica y sociopolítica de diversos tipos de sujeción de la persona en contextos de movilidad (3), adquiere ahora nuevas dimensiones ampliadas en las cuales la corporalidad que se desplaza y su relación con la salud juegan un rol fundamental.

La región centroamericana no escapa a estos procesos. En Honduras, por ejemplo, un Centro de Atención para Migrantes Retornados tuvo que cerrar sus puertas ante la presión de la población local, como temor a la propagación del virus. En la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, un grupo de migrantes deportados de Estados Unidos estuvo a punto de ser linchado por pobladores locales, por considerarlos sospechosos de portar la enfermedad.

En Costa Rica, se han profundizado los discursos y las declaraciones xenofóbicas en contra de la población extranjera, en particular la nicaragüense. Bajo los argumentos de resguardo y defensa de la frontera común y en nombre de la sanidad pública, se ha securitizado la gestión de las movilidades en ese territorio binacional. Organismos internacionales en derechos humanos como el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han denunciado recientes abusos contra poblaciones refugiadas cometidos por autoridades costarricenses. Valga decir que, al momento de escribirse las presentes reflexiones, ningún caso positivo por COVID-19 ha sido reportado por las autoridades costarricenses como importadas por dicha frontera.

Entre tanta práctica, se ha instalado además una “semántica de lo atroz”, con aseveraciones peyorativas como la enunciada por el presidente guatemalteco al hacer referencia a uno de los vuelos de personas deportadas donde venían infectados con el virus, como el “vuelo maldito”. En Costa Rica, en varias páginas de redes sociales con tintes nacionalistas, el llamado a “matar nicas” es frecuente y celebrado con humor negro y deshumanizante.

En la presente coyuntura, la producción de una nueva ilegalidad ampliada que atraviesa los cuerpos de las personas en movilidad está cruzada también por un replanteamiento del concepto de paria, para designar nuevas categorías de rechazo y exclusión que la emergencia del COVID-19 ha instalado para siempre en el campo de las movilidades humanas.

Dinámicas renovadas se han observado. Ahora no son los extraños de Bauman quienes tocan a la puerta. Como respuesta a esas reconfiguraciones del poder y del discurso global, cientos de miles de personas en movilidad se han devuelto a sus países de origen, subvirtiendo el orden, cerrando la puerta al salir. Pasó con movilidades africanas en España y con familias nicaragüenses retornando a su país, provenientes de Costa Rica. Será necesario reconocerles ahora mismo y en el futuro, no como sujetos en movilidad, ni como parias del sistema, sino como seres humanos. El desafío en esta dirección es enorme y nos convoca a todas y todos con urgencia.

Referencias para el debate

(1) Bauman, Zygmunt (2016) Extraños llamando a la puerta. Espasa Libros, Barcelona.

(2) Ventura, Daysi (2016) El impacto de las crisis sanitarias internacionales en los derechos de los migrantes. En: SUR, 23, V 13, N. 23. Pp 61-75.

(3) Álvarez Velazco, Soledad (2017). Movimientos migratorios contemporáneos: entre el control fronterizo y la producción de su ilegalidad. Un diálogo con Nicolas De Génova. En: Revista de Ciencias Sociales. N 58. Quito. Pp 153-164.

Imagen: “Los marginados”, Néstor Zeledón Guzmán (1995)
Fuente: María E. Guardia Yglesias, Pincel, Pinacoteca Costarricense Electrónica
www.artecostarica.cr

Publicado en: https://historiaaplicada.org/blog/

Enviado por el autor.

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El futuro del trabajo, la digitalización y los servicios públicos

Compartimos el siguiente artículo enviado a SURCOS por su autor, Óscar Rodríguez León, y publicado en la revista TRABAJO Y DEMOCRACIA HOY, la cual está disponible en el enlace al final de este artículo.

Imagen tomada de la revista Trabajo y Democracia Hoy.

El futuro del trabajo, la digitalización y los servicios públicos

 Oscar Rodríguez León*

Para tener una mejor comprensión sobre los alcances y dimensión de los cambios y transformaciones cada vez más disruptivos, asociados con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el uso extensivo de la internet de las cosas (IoT) desde distintos dispositivos, como los teléfonos celulares inteligentes (smartphones), tabletas, ordenadores, aparatos electrodomésticos interconectados, entre muchos otros que están fuera de nuestro imaginario, es importante saber que así como crece el uso de dispositivos conectados a la internet, así crece también el nivel de desconfianza entre los usuarios.

En un informe publicado por Digital Global 2019, actualmente en el mundo existe 5,11 mil millones de usuarios de teléfonos celulares, 4,39 mil millones de usuarios de Internet en 2019 y 3,48 mil millones de usuarios de redes sociales, siendo Facebook quien acapara en este 2020 la mayor cantidad (2,449 millones de usuarios), un 7,8% más que en el 2019.

Detrás de toda esta mega industria tecnológica y su exponencial uso cada vez mayor, está también el interés de compartir nuestros datos con información personal, familiar, laboral y financiera, con “mega empresas” como Facebook, Amazon, Microsoft, Google, quienes a su vez venden esta información a uno o varias agencias que procesan datos (data brokers) con fines de estrategia comercial y política. Tal fue el caso hace un par de años del escándalo de la multinacional, “Cambridge Analytica”, quien proporcionó a Facebook en forma inapropiada datos de 87 millones de usuarios, los cuales fueron utilizados para favorecer la campaña del presidente Trump. Después de un año de investigaciones, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) ordenó a Facebook pagar US$5.000 millones como sanción por las malas prácticas en el manejo de la seguridad de los datos de los usuarios votantes en ese país. Otro caso recientemente conocido por algunos medios informativos internacionales, en medio de la pandemia que azota al mundo, es el de Amazon, quien ha aprovechado su monopolio en los Estados Unidos y la crisis del Covid-19, para acrecentar sus ganancias ante un alto volumen en sus ventas, más que en época de navidad, lo cual se ha visto notoriamente reflejado en su valor bursátil, acumulando máximos históricos. Pese a ello Jeff Bezos, dueño de “Amazon”, parece no haber mostrado interés en retribuir parte de estas ganancias a la crisis actual.

En los grupos de poder de las grandes élites corporativas, existen muchas otras malas prácticas, un ejemplo de ello es cómo actúan, las grandes industrias farmacéuticas quienes en forma inescrupulosa utilizan información sensible proveniente de la data de los países, para determinar qué tipo de medicamentos colocar en el mercado, según su importancia patológica y el costo-beneficio.

A propósito del COVID-19 y la pandemia mundial, no es de extrañar la anteposición de una actitud mezquina en la fabricación de una cura, dado que el tema económico es una prevalencia en lugar del bienestar y la salud de las personas. Sin temor a equivocarme, una lección aprendida para nuestros gobiernos es que a partir de esta pandemia el costo social y económico tan alto, este modelo económico neoliberal liderado por las grandes élites del poder global, habrá de tomar otro rumbo, toda vez que las instituciones de la gobernanza mundial e importantes líderes políticos, han reconocido que, de haberse robustecido los servicios públicos sanitarios, dotándolos de personal capacitado, respiradores, camas y equipos de protección personal (EPP), muy probablemente este impacto habría sido mucho menor al que ahora nos lamentamos.

Ante este sombrío panorama, nuestra interrogante mayor, debería estar enfocada en cómo identificar nuestros más importantes desafíos ante las distopías tecnológicas, que poco a poco nos van deshumanizando y ejerce una fuerte presión sobre nuestra conducta personal y nuestros valores.

El historiador Yuval Noah Harari, en su último libro “21 lecciones para el siglo XXI”, nos ha compartido la siguiente reflexión: “La fusión de la infotecnología y la biotecnología es una amenaza para los valores modernos fundamentales de la libertad y la igualdad. Cualquier solución al reto tecnológico tiene que pasar por la cooperación global. Pero el nacionalismo, la religión y la cultura dividen a la humanidad en campos hostiles y hacen muy difícil cooperar globalmente”.

Permanecer colocados dentro de una esfera dominada absolutamente por quienes ejercen el control en línea de nuestra información, es a mi modesto entender uno de los más graves peligros para someter el cerebro humano bajo el control de quieres manejan desde el anonimato, los hilos del poder corporativo.

Es, así pues, como los valores societarios y colectivos empiezan a escasear por una carrera desenfrenada contra el tiempo para encajar en un mercado laboral impregnado de valores exiguos que impone la precarización de los empleos y la pérdida de derechos consagrados en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por tanto, tenemos la imperiosa tarea de empezar a encontrar respuestas robustas e inteligentes (estratégicas) con miras a potenciar el rol que jugamos las y los trabajadores; así como los sindicatos, las organizaciones sociales, juveniles, femeniles, ambientalistas y profesionistas y académicas de cara a los inevitables cambios como consecuencia del “futuro del trabajo” y los “inciertos trabajos del futuro”.

Bajo esa lógica, no debería quedar por fuera en nuestro análisis y debate cómo será también el “futuro del capitalismo”, visto esto desde una lectura interpretativa de las disrupciones actuales que acrecientan vertiginosamente las innovaciones tecnológicas, que por cierto son muy limitadas al dominio público y que por el contrario, en forma desigual benefician a los grandes intereses corporativos.

La construcción de nuevos algoritmos y el uso de la digitalización sin una verdadera protección de la data, así como la automatización, la robotización, la inteligencia artificial y la telefonía de última generación (5G) y hasta las impresiones en 3D, deben forzosamente constituirse en herramientas que fortalezcan nuestro Estado-Nación, cuya piedra angular se sostiene en el pilar del bienestar colectivo en disfrute de la paz, la democracia y la justicia social.

Al margen de la actual crisis, algunos críticos del neoliberalismo, entre quienes se encuentra el Papa Francisco, advierten con sobrada razón que el capitalismo habrá de tener otro rostro, por cuanto su modelo conservador y salvaje, no puede continuar acuñando indolentemente tanta riqueza.

Por otro lado, hay quienes también señalan con preocupación que ese mismo modelo se ha transformado en lo que algunos llaman “neocapitalismo”, que al fin de cuentas es el mismo capital, vestido con un nuevo ropaje de emperador, para dominar esta nueva era de la “globalización tecnológica y de las telecomunicaciones (TiC´s)”.

Si damos por aceptado como una de las acepciones más difundidas, que esta nueva globalización, es la “globalización 4.0”, en la era de la “4ta. Revolución Industrial” o “Industria 4.0” como otros le llaman, por qué no pensar también en alguna forma de evolución más asertiva sobre el accionar de las organizaciones sociales y los sindicatos para promover servicios públicos de calidad al alcance de todas las personas, que sean más democráticos, robustos, modernos y eficientes en su gestión.

La OIT en el marco de la celebración de su centenario en 2019, creó una comisión mundial de expertos para abordar algunas recomendaciones sobre el “futuro del trabajo”, cuyo informe intitulado “Trabajar para un Futuro más Prometedor”, hace una serie de referencias y recomendaciones importantes, así como advertencias a tomar muy en cuenta frente a los desafíos que necesariamente debemos asumir ante este transcendental dilema del cambio.

Y no existe razón más importante porque antes de la declaración de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos, ya se nos advertía que para los próximos 20 a 30 años, en este país se desplazarían cerca de un 43% de los empleos habituales, por las nuevas tecnologías.

El entonces presidente del Banco Mundial, Jin Yong Kim, durante la conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Buenos Aires, 2018, advertía que dos tercios (2/3) de los empleos habituales en países en vías de desarrollo se perderían. Aunque, a decir verdad, también dijo que se generarían otros empleos, con nuevas capacidades generadas por los procesos de innovación tecnológica que irán a compensar al mercado laboral y la fuerza de trabajo bajo estas nuevas modalidades.

Ante esta nueva realidad, sería inevitable contener un desplazamiento de la fuerza laboral, en otras disciplinas profesionales, igual o menos complejas, frente a la adopción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Por ejemplo, se cree que un 80% de los profesionistas en ciencias médicas verán afectados sus puestos de trabajo por el uso de la robótica y la elaboración de nuevos algoritmos en la detección y diagnóstico temprano de las enfermedades.

Desde ya, es ineludible pensar responsablemente sobre estos cambios disruptivos, que afectarían igualmente a trabajadores manuales, administrativos y de otras disciplinas técnicas y profesionistas, no sólo provenientes del ámbito privado, sino que también de los servicios públicos centralizados y descentralizados, del gobierno federal, estadual y de los municipios.

Creer que la construcción de nuevos algoritmos más sofisticados, capaces de procesar millones de datos por segundo, así como sustituir el trabajo habitual por la adopción de nuevos sistemas automatizados y robotizados, no nos afectará, es un grave error.

Por tanto, es inevitable con suprema responsabilidad que los sindicatos y otras organizaciones sociales, comiencen a debatir sobre esto. Con ese propósito me he atrevido proponer los siguientes puntos a fin de provocarles en esta impostergable discusión:

  1. Tener al menos una noción básica e ir un poco más allá en el conocimiento e investigación, sobre cómo funcionan y a que sectores productivos están encaminados estos procesos tan acelerados de cambios y transformaciones tecnológicos, así como del uso de la internet de las cosas (IoT). No quedarnos únicamente con el uso de las herramientas y aplicaciones contenidas en nuestros teléfonos inteligentes (smartphones) y la internet.
  2. Conocer, cómo nos ha afectado a la clase trabajadora y a la sociedad, los procesos históricos de la automatización productiva y cómo hemos sabido evolucionar a través de los tiempos, a fin de hacer nuestros propios análisis y trazar una ruta segura.
  3. Montarnos en el tren del desarrollo tecnológico y sacar ventaja de ello, no implica necesariamente renunciar a nuestras convicciones ideológicas y de lucha de clase. Por el contrario, es ineludible nuestra responsabilidad histórica para responder a las nuevas generaciones bajo una visión humanista, progresista y evolutiva y desprendida de todo tipo de prejuicio.
  4. Transitar el modelo de sindicato actual a uno más organizativo y dinámico de cara a estas transformaciones, con miras a seguir impulsando un sindicalismo propositivo, vanguardista, previsor y luchador, que sea capaz de evolucionar con una más eficiente gestión hacia un sindicalismo 2.0.
  5. Debemos necesariamente pasar a la ofensiva sindical haciendo efectivo el contrato social por el reconocimiento de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el fortalecimiento del diálogo social y la democracia.
  6. Establecer acuerdos y convenios de cooperación con centros de formación y de capacitación para profesionalizar a nuestros compañeros y compañeras a fin de adecuar sus capacidades y mejorar su desempeño laboral en forma más competitiva e impedir así la precarización laboral y asegurarnos trabajo decente real y efectivo.
  7. Hacer que los servicios públicos sí funcionen y que sean de una mejor calidad, obligando a que los ricos paguen lo justo y que la digitalización de uso público, se constituya en una herramienta eficaz contra la evasión fiscal, la elusión y la corrupción y sirva al mismo tiempo para mejorar y transparentar la gestión pública.

Nuestra lucha política y social debe estar encaminada a acabar con el “colonialismo digital”. Con ese objetivo, apoyar de manera inclaudicable todas aquellas luchas globales y locales para reducir la brecha digital y hacer que en nuestros países los derechos digitales, sean declarados y reconocidos como un “derecho humano”, al igual que la salud, el agua, la energía y la educación como servicios esenciales.

Para cada interrogante que nos tracemos, encontraremos más que una respuesta: no permitamos que otros piensen y actúen por nuestras propias decisiones. Aquí no se vale decir… “sálvese quien pueda”.

* Secretario Subregional de la ISP: México, Centro América y la República Dominicana

 

*Las imágenes son tomadas de la revista Trabajo y Democracia Hoy.

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¿Es viable el cambio de sistema de vida actual?

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Jorge Luis Hernández Cascante

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Porque con estos días, también nos surge la pregunta de si es viable el cambio de sistema de vida actual, hacia otro, donde la felicidad y dignidad sea mejor repartida.

Quizás un sistema donde se valore a las personas y no al acumular y la ostentación egoísta.

Pensadores y doctrinas nos sugieren otras razones por las que la humanidad debiera encarrilarse hacia otra forma de vida, otra “normalidad”.

Esos pensadores o doctrinas piensan en asuntos más a favor de las personas; sin hacer separación o privilegios, sin tanta desigualdad y abusos como ahora vivimos.

Ellos piensan en otras razones para rearmar nuestra convivencia y crecimiento como personas, familias, pueblos o naciones:
respeto al derecho del otro,
recuperar lo íntimo,
soltar el pasado,
volver a lo sencillo,
sobriedad (o crecimiento cero)
vida liberada, espiritualidad
el perdón,
creatividad,
ser con la naturaleza en su ritmo,
liberarse del consumismo,
desarrollar economía de la mano de la vida.

Y a vos, cuál otra razón o motivo/alternativa se le ocurre?

Ahora que el precio del petróleo está por los suelos y el arroz se encarece es buen momento para recuperar nuestro vínculo ancestral, casi eterno, con la tierra. No para explotarla, sí para bien-administrarla y producir los alimentos que ella nos prodiga.

Es producir la comida con respeto al ritmo de la naturaleza, y a la vez con los vínculos más directos de productores y consumidores.

¿Será posible entre todos fortalecer esa manera de agricultura?

¡Seguimos!

Otros textos de esta serie de reflexión: https://bit.ly/2WgNjVW


Un aporte adicional:

CÓMO PREPARARSE PARA EL COLAPSO DEL CAPITALISMO

Bill Mollison, cocreador de Permacultura

  1. Aprende a plantar, no solo un huerto, sino también cultivos básicos (maíz, yuca, etc.) y árboles (frutales, nativos, leñosos).
  2. Crea un vínculo con alguna tierra, ya sea la tuya o la de un pariente, un proyecto, un jardín comunitario, etc. Participa con las personas que viven allí, ve poco a poco buscando formas de pasar más tiempo en el campo que en la ciudad, aprendiendo a plantar, construir, tratar los desechos orgánicos y sanar en la naturaleza.
  3. Desarrolla habilidades prácticas (cocina, carpintería, reparación de máquinas, procesamiento de alimentos, costura, etc.). Enseña estas habilidades a niños y amigos, vecinos, vecinos.
  4. Busca un grupo de apoyo mutuo, donde las personas se cuiden entre sí, hagan productos de necesidad básica colectivamente, como productos de higiene natural, remedios naturales como jarabes y tinturas de hierbas, procesamiento de alimentos, como alimentos conservados y fermentados.
  5. Simplifica tu vida ahora, liberando más espacio y tiempo. Descubre todo lo que puedes hacer sin dinero, caminar, hacer ejercicios, manualidades y artes del cuerpo, socializar con tus seres queridos, jardinería.
  6. Sepárate de la lógica de consumir más y más. Elige productos artesanales que duran mucho tiempo, de calidad, hechos por pequeños productores, empresas sociales y empresas económicas solidarias. Haz intercambios, da y recibe obsequios por valor afectivo, en lugar de valor financiero.
  7. Intercambia, almacena, multiplica y disemina semillas criollas (nativas, no modificadas genéticamente, producidas por la agricultura popular y familiar).
  8. ¡Reconoce que la vida será mucho mejor después!

Solo estamos en transición.

«Nuestra creatividad
es el límite del sistema»

Algunas precisiones sobre la situación del agro

Marco Vinicio Fournier

A raíz de la discusión nacional que se ha suscitado en los últimos días sobre el agro, decidí realizar algunos análisis estadísticos con datos oficiales del INEC el BCCR y COMEX. En resumen, en los últimos 40 años se ha disminuido la actividad agrícola a un mínimo, se ha proletarizado a las y los agricultores, se ha concentrado la tenencia de la tierra y se ha reducido la variedad de la producción. Estos cambios coinciden con la implementación de los programas de ajuste estructural a partir de la década de los 80, pero se agudizan más con la apertura de mercados, sin que a mediano plazo parecieran mejorar sustancialmente las exportaciones. En el documento adjunto están las estadísticas y su interpretación.

 

Foto del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Compartido con SURCOS por Jaime García.

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ELN y EPL: una sola insurgencia, una sola conversación

Carlos Meneses Reyes

Al abordar la temática del enfrentamiento de dos movimientos guerrilleros en el vasto territorio de El Catatumbo: el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), enfilamos esfuerzos por desarrollar tan álgido tema centrado en una idea común. Que no sea ésta un enunciado, sino producto de lo analizado en concreto.

La determinación para una caracterización de la Insurgencia, parte de cualidades propias en su definición, de tal manera que la identificación para una ha de aplicarse para la otra. Así, se parte de la asimilación de semejanzas, para concluir en un ensayo de análisis entre iguales. De esa manera, como analista parto de la base que ambas expresiones ELN y EPL, caben dentro del universo de Insurgencia.

Conforme a tal exposición, a la Insurgencia la componen insurgentes; es decir, sujetos alzados en armas, en el escenario de una situación histórica dada, por condiciones objetivas imperantes, ante un panorama predominante de injusticias sociales, por la existencia de un poder opresor representante y ejecutor de intereses de clase; en una sociedad bajo un estado de cosas inequitativo e insoportable, que solo ha dejado como opción la rebeldía y el levantamiento en armas, fundamentado en una acerbo ideo-político, en desarrollo de una teoría política, convertida en ejercicio para la acción, aunado al complemento de unas condiciones subjetivas de sujetos actuantes, no por un impulso de capricho u obsesión, sino por unas necesidades históricas múltiples, aunadas a tradiciones y enseñanzas, que en el caso concreto de Colombia, resumimos en el legado dejado por José Antonio Galán, el Libertador Simón Bolívar, el padre Camilo Torres Restrepo, Pedro Vásquez Rondón, Manuel Marulanda Vélez, entre otros.

La existencia de insurgencia e insurgente será elemento fundamental para el objeto o tema de análisis que nos proponemos; sobre el enunciado que al sujeto insurgente lo motivan objetivos pospuestos en su mente, capaces de conducirlo en su vida hacia objetivos, lejos de vacuidad o falsos contenidos, engranados en una organización política y militar, como un colectivo en el que militan y a la que le deben disciplina, dedicación y entrega.

Proponer una especie de coloquio, como aporte de la sociedad civil, para debatir el asunto del enfrentamiento armado entre las dos organizaciones en comento, parte de la aplicación metodológica de una Introducción como plataforma o bandeja de bases de exposiciones de lo ocurrido, cual objeto o tema que será discutido. Un desarrollo exponencial de la problemática planteada, bajo una necesidad de importancia de la discusión y las hipótesis planteadas de lo sugerido para resolverlo; no bajo una finalidad conclusiva, como algo terminado o concluido; sino como un aporte de ejercicio en la opinión publico dentro del movimiento popular y de masas.

REFERENCIA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

Desde el mes de marzo del año 2018, se dieron las primeras manifestaciones de roses armados entre efectivos de ambos grupos insurgentes. Hacia febrero de 2019 habían cesado los enfrentamientos entre ambas organizaciones armadas. Se parte de un principio de acuerdo en el cese de la confrontación entre ambos para llegar al año en curso en el que el escenario vuelve a considerarse de gravedad.

Corresponde eludir el relato de los sucesos; el erigir los hechos como de agresión, partiendo de la base que es de conocimiento de la opinión publica la situación planteada.

Cual premisa de partida se descarta el eco de resonancia de la imposición mediática y de inteligencia militar contra insurgente, de considerar que el motivo o causa de los roces armados obedece a lucha por el predominio de rutas y el negocio del narcotráfico. Que las situaciones de intolerancia y no aceptación de convivencia pacífica de ambas fuentes armadas obedece a lucha por el territorio y a posicionamiento de territorios dejadas por las antiguas FARC-EP. Eso erigiría en simplismo el estudio abordado, atribuyendo una razón de no ser, restando importancia a la gravedad del asunto e incidencia en el momento. No siendo ese el quid del asunto de las contradicciones corresponde no caer en comentarios o discusiones generadores de dificultades. Enunciemos el conflicto en acusaciones concretas, de ambas contrapartes, al día de hoy. En ese sentido partamos del contenido de lo expresado en manifestaciones y comunicados tanto del ELN como del EPL.

En ese orden de ideas tenemos que el ELN atribuye una serie de conductas al EPL, que le afectan como organización y reivindica las acusaciones, como denuncia con intención manifiesta de revelar acciones, a las que califica de contrarrevolucionarias.

El 14 de febrero del corriente año de 2019, el ELN lanza un emplazamiento al EPL. Comienza por colocar en entredicho su carácter de organización revolucionaria. Aduce que el EPL pierde el fundamento político e ideológico revolucionario que lo fundó, cuando define aliarse con el narcoparamilitarismo, integrándose a los planes de exterminio del Estado. Lo insta a deslindarse con el narcoparamilitarismo y que optó por hacerse de espaldas al pueblo y al lado de la contrarrevolución. Afirma lo ha hecho en acciones expresadas en amenazas a pobladores trayendo consigo desplazamiento y afectados, por una siembra indiscriminada de minas en terrenos de cultivos y sitios de transito de la población. Calificando de tragedia el haberse colocado en contra de las comunidades y de ensañarse en un absurdo Paro armado contra el pueblo de la región al dirigir las acciones contra el pueblo de El Catatumbo y no contra la oligarquía, las empresas capitalistas y las fuerzas represivas del Estado. Que al decretar el tal Paro armado generó grandes pérdidas a los campesinos y comerciantes, bloqueando la vida social comunitaria. Incendiando vehículos de gente humilde, confinando comunidades. Que por ello se convirtió en el blanco de su objetivo a los integrantes del brazo armado, EPL y a sus integrantes, como tropas combativas, haciendo la aclaración de continuar respetando a la base social de influencia del EPL.

De su parte el EPL anuncia el interés expreso del ELN de sacarlos del territorio y hacerlos desaparecer como fuerza. No enfocar la lucha central al rechazo contundente contra las instalaciones o bases militares en El Catatumbo. Aclaran, con relación al Comunicado del 25 de febrero de 2.020 del ELN, que se ratifican en ser una organización revolucionaria dirigida por el partido marxista leninista y en lucha contra el imperialismo y los paramilitares. Aluden que el estado mayor Central de su organización envió comunicaciones internas a los compañeros del ELN, con propuestas que permitan salidas a la confrontación y disponen de compañeros, dentro de sus filas, con la misión de hacer pedagogía, sobre el problema “con altura y respeto revolucionario”. Rememoran que ha existido una serie de contactos epistolares, destacando la función y papel que cumplió el desaparecido Comandante Pacora, que demuestran no se trató de unos acuerdos o compromisos personales sino de organización, de Comandancia del EPL; ratificando que en ningún momento han desconocido tales acercamientos; reclamando, por el contrario, que los compañeros del ELN no han enviado respuesta a la carta de la organización. Reitera el EPL, que las comunidades son portadoras de un documento, en las que el EPL hace propuestas como: 1. Un cese al fuego bilateral, es decir, de ambas organizaciones entre sí. 2. Sacar a 5 municipios del Norte de Santander de la confrontación. 3. Búsqueda de una salida definitiva a las confrontaciones entre ellos (ambas organizaciones). Afirman que el tal documento y sus propuestas esperan sean tenidas en cuenta, manteniendo una posición de salida revolucionaria, con el dialogo como vía revolucionaria; que han enviado comunicación al COCE, explicando (o respondiendo) sus comunicados, reiterando discutir “con altura” los motivos de esa confrontación…Ya dentro del marco de la situación actual expresan que se solidarizan, a nivel mundial, por lo de la pandemia del Coronavirus y como EPL acatan el aislamiento preventivo. Estas, en síntesis, corresponden a las manifestaciones del Estado mayor del EPL.

INSTANCIAS DE DISCUSIÓN

El Frente de Guerra Nororiental Comandante en Jefe Manuel Pérez Martínez del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, hizo públicas sus puntos de vista sobre las relaciones históricas con el EPL y referente a la situación actual con las expresiones que han quedado de esa corriente política. Los documentos de referencia son los públicos a 14 de febrero y 20 de febrero de 2.020. Conminando al EPL a que “se deslinde del narcoparamilitarismo”, asume el desconocimiento, como tal, de ser una organización político- militar, puesto que perdió el fundamento ideológico revolucionario que lo originó. Que ha asumido una posición contrarrevolucionaria al afectar a la población civil, expresadas en asesinatos, amenazas, desplazamiento de dirigentes, pobladores y comunidades enteras y a gente sencilla del pueblo, al ordenar un Paro armado en el mes de febrero de 2.020. También al sembrar de minas caminos de transito de la población

Continúa expresando, que es un imperativo político para el EPL, que verdaderamente decida retomar los hilos de su proyecto histórico, para que haya acercamientos, aspecto que debe expresarse en hechos concretos, no como un compromiso con el ELN, sino con la población victimizada del(sic) Catatumbo y con el pueblo colombiano.

Afirma: es claro que la solución de este conflicto no está en manos del ELN ni de las comunidades, sino del EPL, quien tiene que responderle al pueblo colombiano y a la izquierda revolucionaria por su alianza con los narcoparamilitares. Si desean ser insurgencia, están obligados a volver a las raíces de su proyecto histórico y garantizar el respeto absoluto a la población. Asuntos también esenciales, que sientan las bases para que se reabran los caminos del entendimiento.

El ELN expresa que el conflicto con el EPL no lo resuelve la comunidad, ni el ELN, sino que solo al EPL le correspondería encausar y volver al torrente revolucionario; pero sabe y acepta que tendrá que darse en una instancia participativa de ambas organizaciones, acomodado al infortunadamente “conflicto de intereses” que enfrenta a ambos actores armados

HIPÓTESIS DE LO PLANTEADO

Pues existe todo un acumulado de acusaciones mutuas. Aunque se da la presentación de cargos o imputaciones específicos, propias de tenerse en cuenta; desde la óptica del análisis en cuestión corresponde abordarlo sobre el presupuesto hipotético, en la suposición de algo posible o imposible; pues conforme he concebido abordar y desarrollar tan espinoso tópico, no pretendo conllevar a juicio alguno, como si alertar sobre las graves consecuencias que para el movimiento popular y por ende la liberación nacional de las ataduras del imperio; el aquelarre de esta situación puede resultar de efectos políticos e históricos incalculables para las aspiraciones de nuestro pueblo.

QUE SON NARCOPARAMILITARES

Comenzando por no ser de recibo la denominación de “narcoparamilitares” a los del EPL. De allí a denominarlos “narcoterroristas” no hay sino un paso. La denominación no proviene de la mediática, ni de la difusión contrainsurgente del Estado. Pues comiencen por desmenuzar porqué la opinión pública catatumbera tiene que aceptar que son “narcos”.

Precisamente la complejidad del conflicto permeabiliza las finanzas de las organizaciones rebeldes, político- militares en armas. Eso no admite debate, se parte de la explicación sustentada de qué manera percibe ingresos la Insurgencia, como para no secuestrar, por ejemplo. Agregar además porque son “paramilitares”. Maxime cuando el país conoce la génesis, conformación, aliento y finalidad del paramilitarismo, que no está en ninguna de las manifestaciones del EPL; así no se cuente con un acumulado de ediciones impresas de comunicados, proclamas, títulos de sustentación ideo-política; pero que el mismo ELN reconoce en el acervo histórico su arraigo, como su origen en el Partido Comunista Marxista- Leninista (PC-ML), como su brazo armado. “Con la expresión del EPL que no se desmovilizó, más las FARC, continuamos trabajando por mantener en alto la lucha revolucionaria y participamos juntos en los diálogos con el Gobierno de Gaviria en Caracas y Tlaxcala (México) (1991-1992), defendiendo los ideales revolucionarios por medio de la lucha armada y buscando una salida política, donde la paz implique cambios y transformaciones favorables para el pueblo”, expresan en su Comunicado. Pero así de repente: “El EPL pierde el fundamento político e ideológico revolucionario que lo fundó, cuando define aliarse con el narcoparamilitarismo”. Que no se me endilgue que ahora le salió un abogado de oficio al EPL. No. Los Comunicados de la Insurgencia se leen y asimilan en su significado de producción dentro del entorno político nacional. No se trata de tragar entero. En el paramilitarismo conjugan actores públicos y privados, que asumen funciones de contrainsurgencia, ejercen la violencia, coludidos, es decir, con acuerdos y practicas concertadas con poderosos sectores, industriales, empresariales, de la sociedad colombiana, a nivel nacional y local y como estrategia estatal participa la fuerza pública. Puesto que, si eso está demostrado, concluiría el análisis por sustracción de materia. La opinión pública y las comunidades en El Catatumbo se merecen un mínimo de respeto.

EXPLICACIÓN. Dentro de los parámetros clásicos que como analista manejamos, desde un punto de vista académico y a tono con el espíritu de la norma internacional en la definición de fuerza insurgente o rebelde con estatus de beligerante; se asimila que dicha fuerza ilegal dentro de un Estado determinado capta recursos para sobrevivir en el torrente de las masas populares, mantener sus equipos de guerra y en el entendido que sostener en pie un ejército irregular en guerra resulta costoso o costosísimo. Pero de allí a que una fuerza insurgente se desborde en una economía empresarial productiva, con grandes inversiones y manejo de excedentes, compitiendo en diferentes renglones de la economía, dentro del sistema que enuncia combatir, genera múltiples interrogantes. Cualquier perico de los pelotes se peguntará «y esas cantidades de dineros hacia donde confluyen» o «adónde van a parar». En el coloquio propuesto necesariamente tiene que darse una reflexión (lo expuesto); una crítica (lo aportado especifico: que se hace con los recaudos) y una tesis (lo eficaz del juego de los contrarios: ¿se da cualificación, saltos, en la lucha contra el orden impuesto y a derogarse? Con tal dineral se perfecciona una fuerza militar de ataque con misiles, por ejemplo, o se continua con la guerra de guerrillas clásica, imperecedera).

Comienzo por resaltar que lo atípico del prolongado conflicto armado interno colombiano, tiene que ver con toda esta clase de inquietudes.

Cuando el marco de permanencia de un estado de cosas inconstitucional (eci) y antidemocrático en Colombia, genera y justifica la rebelión armada; explica que al no funcionar lo de las profundas y radicales transformaciones políticas, económicas y sociales, que requiere Colombia, declina el ejercicio de la política y se impone el mecanismo de la guerra y/o rebelión. Pero esta sustitución no es indefinida de cara a cualquier sociedad. En 60 años de prolongado conflicto armado interno, corresponde al movimiento popular un ¡Basta Ya! Pero ese imperativo categórico, corresponde asimilarlo a las clases despóticas y élites encriptadas en el poder. El movimiento político alternativo popular y revolucionario en Colombia ha comprendido la disyuntiva actual, lo cual implica desarrollar con mayor ahínco la lucha popular dentro del marco legal, sin desconocer la vigencia de la lucha armada e ilegal; pero no como forma principal de lucha e indefinida. Se impone la terminación del conflicto armado, para ambas contrapartes (Estado-Insurgencia); pero con cambios de fondo y solución justa y popular y no de afianzamiento de las desigualdades e iniquidades palpables. (tomado de mi escrito: “El Catatumbo, otro escenario del conflicto”. 15/10/2.019.Rebelión.org).

El asunto radica que, en la consecución de esos recursos, compensa definir lo del control militar del territorio. Aunque no es el momento, correspondería a un estudio investigativo, si en realidad existe un control milimétrico del territorio en El Catatumbo, por parte de las fuerzas armadas estatales. Anticipando que, en la realidad del terreno, no es así; pues entra en juego necesariamente una serie de acuerdos entre factores o sectores armados que buscan contactos o soluciones al negocio, con sectores de la Fuerza Pública que controlan las rutas, disponen de puertos y de facilitación de esas actividades.

Esto último es de nocivos efectos, pues puede generar un beneficio intencional para quienes están detrás del extermino de los líderes sociales. Esa “untada” podría significar silencio a esos crímenes y afectar los irrenunciables principios insurgentes de las profundas transformaciones en el campo económico, político y social.

Por eso entra en vigencia la consigna de una de las Pancartas de movilización de campesinos: “Por Todo Lo Que Nos Une. Contra Todos Lo que Nos Separa”. Así como esta otra “EPL y ELN. Luchen Por sus Principios”.

QUE CONVOCAN PAROS ARMADOS

Esto podría considerarse como de acusación mutua. No existe mayor contrasentido que un “Paro Armado” y ambos tanto el ELN como el EPL, lo impulsan. Se entiende por PARO: el cese de actividades productivas. Es un instrumento de presión y de lucha de los trabajadores para obtener sus reivindicaciones. Los paros implican saboteo a lo económico y productivo con respeto a los medios productivos. En eso resume el avance político del movimiento obrero universal.

En el pasado mes de febrero, se llevaron a cabo los tales Paros Armados, convocados por ambas organizaciones armadas. Se traducen en acciones de padecimiento contra la población, produciendo perdidas a los campesinos y comerciantes. Ambos Paros bloquean la vida social y comunitaria, con resultados de incendio de vehículos de pobladores que los tienen como instrumento de trabajo y producción. Alteran el desempeño de la escolaridad, afectan a la niñez. Falso- como circula en rumores- que afectan a exponentes de votos cautivos espurios, para elegir mandatarios locales corruptos. Falso: esos “Paros” afectan a la población. Esos Paros desmovilizan a la sociedad, a la comunidad y por ende al movimiento popular. Dice el Comunicado del Frente Nororiental respecto al paro o paros del 14 al 17 de febrero de 2.020: “Entregamos a ustedes un parte de victoria en la realización del reciente Paro Armado Nacional, a través del cual se logró golpear la economía trasnacional, las empresas que financian la guerra, la infraestructura petrolera, las troncales y a las Fuerzas Militares, policiales y paramilitares en las diferentes regiones del país”. Tanto en volantes, difusión en redes sociales, vídeos etc., pidieron a la población no utilizar ningún medio de transporte, terrestre, fluvial, aéreo, que los habitantes permanecieran en sus fincas, talleres, lugares de trabajo, en sus casas. De una vez por todas terminen con esos tales Paros Armados y llámenlos por su nombre propio: Ofensiva militar insurgente. De tal manera que una fuerza rebelde realiza acciones armadas ofensivas contra el “orden” estatal vigente y han de prever lo atinente a la observación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (DH), con estricta observación de respeto a la población. El pedido es que demuestren pasos cualitativos en el enfrentamiento armado contra el Estado y dejen el galimatías de acusaciones mutuas. Que esas ofensivas militares, guerrilleras o insurgentes, tengan objetivos militares que traerán consigo los réditos políticos del caso. No de otra manera se puede plantear este asunto.

EL ESCENARIO DE LA INSURGENCIA ES DE ILEGALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD

Desde el año de 1962, expertos en la materia del Derecho Internacional (DI) definieron lo de un conflicto no internacional o interno. Desarrollaron normativas plasmadas sobre la realidad del post II Guerra Mundial y conforme estaba dispuesto en el Articulo 3, que es común a los cuatro Convenios de Ginebra. De manera que el conflicto armado interno en Colombia comprende las acciones armadas en el interior del Estado colombiano y que da lugar a permanentes hostilidades al gobierno de turno imperante, que reviste ante el mundo un carácter legal (así se denuncie la ilegitimidad del actual en cabeza del sub-presidente por la compra de votos y la vigencia de un sistema electoral corrupto, clientelista y de casino). Esas hostilidades armadas representan un mínimo de organización, presencia territorial y enunciados programáticos. Sirva esta explicación para que oficialmente se reconozca la presencia indiscutible en El Catatumbo, la Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, del Ejército Popular de Liberación (EPL)y se recapacite, a manera de buenos oficios, en la necesidad que el dirigente y preso político David León, quien al momento de ser capturado era el Secretario Político del Partido Comunista Marxista-Leninista, de clandestinidad en Colombia, se constituya en el vocero del actual EPL, en búsqueda a una salida política al conflicto armado con ellos y el Estado colombiano. Hago eco de la invocación al Gobierno nacional, de un tratamiento especial a esa facción del histórico EPL que dejó las armas hacia el año de 1991.

El derrotero de los acontecimientos hacia cambios radicales profundos y de fondo en Colombia, asocian con el desarrollo del conflicto armado interno y no con otras manifestaciones, por ejemplo, que aplique una estrategia de motines o sublevaciones.

El movimiento popular revolucionario ha transitado en Colombia en una forma de lucha, que es la lucha armada y no es dado desconocer los status- que son de hecho- de beligerancia y rebeldes. De igual manera, y como simbiosis (un beneficio de existencia común), el movimiento popular ha alcanzado, en Colombia, niveles de cualificación política, sobre todo en las ciudades y en ese entorno no cabe hablar de situaciones de amotinamiento. La explosión social expresada en las movilizaciones de masas desde el 21N (2019) y las que vendrán, encausan en aspiraciones de cambio revolucionarios a la situación de iniquidades actuales y en ese sentido la principal forma de lucha es la de las masas y su movilización, en Colombia.

 

Enviado por el autor.

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La doble moral aplicada a los jubilados de las Universidades Públicas

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Se levanta una voz indignada desde la Asamblea Legislativa condenando el estudio hecho por el Instituto de Ciencias Sociales de la UCR, referente a los ingresos más altos en el sector privado, según se reportan en datos de la revista Forbes y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. El estudio afirma que 3 costarricenses ganan por sus múltiples entradas lo que 2 millones de ticos perciben juntos. Dice el diputado que eso “fomenta el odio entre clases sociales”, y que el uso de informaciones malintencionadas, sesgadas y tendenciosas “es característico de las universidades públicas, que son aparato ideológico de la izquierda”.

Considerando las fuentes del estudio de la UCR, ¿estará el señor diputado acusando a la revista Forbes, internacionalmente reconocida y no precisamente por posturas anti empresariales, o al INEC, de sesgo malintencionado y tendencioso de la información, o de ser bastiones de izquierda, al hacer disponibles datos de las entradas de dichos empresarios?

 ¿Por qué no se oyó la voz del señor diputado durante la campaña feroz de descrédito y difamación por parte de políticos y la gran prensa del país contra los jubilados magisteriales, y que lleva ya años de verter, ahora sí, falsedades y verdades a medias en medios escritos, televisivos y radiofónicos?

Ahí sí se vale señalar públicamente a los jubilados, con nombre, apellidos y montos brutos de pensión. Sí se vale mentir descaradamente diciendo que no cotizamos para nuestras pensiones, o que no cotizamos lo suficiente, cuando llegamos a cotizar hasta seis veces más de lo que cotizaban los adscritos al IVM. Sí se vale ocultar la historia y “olvidarse” de que el Estado costarricense se apropió de nuestro fondo de pensiones BILLONARIO y lo desvió a gasto corriente. Sí se vale que el Estado se beneficie de su propio dolo cargando sobre nuestras jubilaciones gravamen tras gravamen aduciendo que son “de lujo”, cuando la verdad es que las pensiones de nuestro régimen son en su vasta mayoría inferiores al tope establecido por ley, y que las deducciones aplicadas también por ley de todas maneras amarran las más altas a ese tope. Sí se vale cuando el entonces superintendente de pensiones arengaba diciendo que con el nuevo gravamen a las pensiones “de lujo” se financiaban 10 000 subsidios para los viejitos pobres. ¿Será entonces que todo ello no fomenta el odio, y no aviva rencor contra los jubilados? ¿Que el odio solo se fomenta cuando se hacen públicas las entradas de los grandes capitales de este país?

Eso es, señor diputado, doble moral: denunciar la crítica contra unos y permitirla contra otros, lo que “viola el principio de imparcialidad, según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin parcialidad ni favoritismo”.

* Catedrático jubilado, UCR.

Imagen ilustrativa, UCR.

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Murió la oportunidad

Óscar Madrigal

Me atrevo a afirmar que las organizaciones sociales hicieron decenas, casi centenas, de propuestas al Presidente Alvarado. ¿Cuántas aceptó? Ninguna. Cero.

De las que hizo la UCCAEP, ¿cuántas aceptó? Todas.

Las cámaras patronales están muy satisfechas. Las organizaciones sociales una vez más muy decepcionadas.

El plan que el Gobierno presentó la semana pasada se resume en una sola cosa: salvar a las empresas. Darles 900.000 millones de colones en préstamos subsidiados para su rescate.

¿Y qué pasará en el futuro inmediato? Quedará a la suerte del empresariado. El Estado se ha negado rotundamente a señalar un nuevo derrotero económico al país. Para el Gobierno el futuro está solo en el cáñamo.

Mientras, los exportadores, los grandes comerciantes, los grandes bancos no aportarán nada más, ningún sacrificio ni esfuerzo. Tal vez unos salarios, pero con flexibilidad laboral, sin horas extras y con cotizaciones sociales bajas.

El movimiento popular una vez más sale en ascuas, sobresaltado, se da directamente contra una posición inquebrantable. Si esperaba algún cambio, por mínimo que fuera, tendrá que seguir esperando.

Si como dicen algunos, las crisis también son oportunidades, en este país ha muerto una de ellas, una vez más.

Fortalecer la producción de granos básicos, una decisión acertada frente a la pandemia

German Masís Morales

El Ministro de Agricultura y Ganadería ha anunciado una inversión de 2.800 millones de colones para apoyar al sector de granos básicos en el fomento de la producción y en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con el Consejo Nacional de Producción permitirá incrementar el área de producción en 3.400 has y la producción nacional de frijol en 1.900 TM adicionales a partir de la próxima cosecha 2020-21.

El plan incluye tres proyectos, el primero de los cuales consta de la inversión de 1.200 millones provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias, para la compra y distribución de semilla certificada de arroz y frijoles entre más de 3.000 productores de las regiones Chorotega, Huetar Norte y Brunca.

Según el Presidente Ejecutivo del CNP la semilla se entregará a los productores con menos de 4 Has de tierra, que representan el 60% de la fuerza productiva nacional. Por su parte en el segundo proyecto, el Instituto de Desarrollo Rural inyectará 800 millones adicionales para aumentar la compra de frijol nacional por medio del programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

El tercer proyecto con aporte de 250 millones del FODESAF, que serán invertidos en la compra de dos cámaras de refrigeración, una en la zona norte y otra en la zona sur del país, para el almacenamiento de granos en condiciones adecuadas, que permitirá conservar cerca de 30 mil quintales de grano en espacios de almacenamiento climatizados con los que se garantice la calidad del producto.

Según manifestó el Ministro Alvarado, “estamos decididos a fortalecer la producción de granos básicos, mediante la transferencia de tecnología, el uso de semillas certificadas y mejoras en las condiciones de comercialización para beneficiar a las familias productoras y a los consumidores”. (mag.go.cr, Noticias,9-5-2020).

Este nuevo plan de las instituciones del sector agropecuario podría ser similar al Plan para la Producción Nacional de Alimentos Básicos, ejecutado durante la II Administración de Oscar Arias, originado en los problemas de escasez y altos precios de los alimentos provocado por la crisis económica mundial del 2007-08 que derivó en una crisis de abastecimiento de alimentos.

En esa oportunidad el Gobierno promovió el aumento de la producción y la productividad del arroz, el frijol y el maíz blanco en las regiones antes mencionadas, con una inversión cercana a los 20 mil millones de colones y en donde el abastecimiento de semilla se consideró un requisito indispensable sobre todo si se parte del principio de elevar la productividad, pues no se puede pretender la ampliación de las áreas de siembra si no se cuenta con la semilla necesaria para ese fin (Sector Agropecuario,2008)

Respecto a la ejecución de aquel plan, se cuestionaba que la crisis de abastecimiento surgía del desestimulo a la producción de granos iniciada hace dos décadas, el cual redujo sustancialmente los programas de investigación y transferencia, disponibilidad de infraestructura y el acceso a los programas crediticios.

El Plan de Alimentos anterior logró un éxito relativo en el aumento de la producción y la productividad del arroz y del frijol en un período de dos años, cuando se suspendió su ejecución, pero demostró que se puede elevar la productividad y mejorar la producción de granos, actividad tradicionalmente relegada, con la introducción de tecnologías de producción y manejo postcosecha apropiadas a las unidades de producción familiar. (Masís, G. Revista Ambientico Nª178,208).

Con el anuncio del nuevo plan de granos básicos, el ministro está siendo consecuente con los comentarios vertidos en su red social personal sobre el apoyo a la producción para el mercado interno y a la legítima preocupación por la seguridad alimentaria de la población, pero también es congruente con el pronunciamiento de la FAO sobre los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria en América Latina, cuando afirma que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).

¿Hablamos en serio de pensiones?

Hernán Alvarado

            El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]

            El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

            Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

            Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

            Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

            Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

            En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

            Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

            Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

            La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

            Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

            En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

            En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

            Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

            Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

            En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

            Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

            Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

            En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

            Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)