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Observatorio Ciudadano: bajo nivel de transparencia en información sobre bono Proteger

Comunicado

Lo referente al bono proteger está en la mira de cientos de miles de familias que han sido muy golpeadas económicamente y han esperado durante semanas para conocer sobre el resultado de las gestiones gubernamentales para entregar esa ayuda financiera.

Dado este interés público el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, con el apoyo técnico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, creó un Índice con 61 indicadores para medir si información pública relevante acerca de ese bono está o no disponible en las páginas web institucionales del IMAS, MTSS, CNE y en el sitio covid19.go.cr. Con el apoyo de La Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) se hizo la primera evaluación del índice.

Para esta evaluación no se tomaron en cuenta informaciones suministradas que no se hayan sujeto al criterio técnico seguido (información que no consta en esos sitios web oficiales o bien que se encuentren en video pero sin ser transcrita).

La primera medición se realizó con base en una verificación realizada el pasado 30 de abril de 2020 de la información disponible en las cuatro páginas web arriba indicadas, y dio como resultado una calificación de 29 de 100 puntos posibles.

En ese sentido, de los cinco grandes componentes que conforman la estructura del Índice, la información que ha estado más disponible es aquella relacionada con la normativa y documentación que rige el bono proteger, la cual obtiene 11.25 puntos de 20 posibles, faltando información sobre quién, cómo y porqué, se tomaron decisiones acerca de quienes debían ser los beneficiarios y los modos de pago.

Con cero puntos está la información sobre rendición de cuentas y lo relativo a la información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el MTSS y el IMAS para pagarles a los beneficiarios este subsidio económico con un puntaje de 2.22 de 20 posibles.

La siguiente infografía ofrece un panorama general de la medición, mientras que para ver el detalle de cada componente recomendamos acceder a la infografía interactiva en línea a través del siguiente link: https://bit.ly/2Z6p1jr

Explicaciones del Gobierno

El Observatorio ha recibido algunas respuestas por parte del Gobierno, respecto a la información incluida en el Índice:

  1. En el oficio MTSS-DMT-OF-404-2020 de 28 de abril de 2020, la Ministra de Trabajo responde parcialmente y suministra alguna data gestionada por el Observatorio sobre los trabajadores afectados, pero ante las omisiones, el pasado 11 de mayo se le solicitó responder a los aspectos no atendidos, que tratan sobre estadísticas, actualización de la información, acceso a bases de datos, colocación de la información en el sitio web, entre otros.
  2. El oficio MC-GA-37-2020 de 8 de mayo de 2020 y su adjunto, en donde Geannina Sojo Navarro, Coordinadora de Gobierno Abierto se refiere al seguimiento de los asuntos tratados en una reunión sostenida el 7 de mayo de 2020, donde el Observatorio dio a conocer a representantes de gobierno los resultados del Índice y se creó una mesa de trabajo conjunto para incrementar la liberación y accesibilidad de la información sobre el bono proteger.
  3. En dicha reunión se nos esbozó el macroproceso a través del cual se está haciendo cruce de datos de las bases del TSE, SICERE, SINIRUBE, HACIENDA, SINPE Y DGME para efectos de cumplir con los requisitos determinados en la reglamentación emitida al respecto.
  4. También cabe resaltar que los funcionarios nos ayudaron a ubicar alguna de la información requerida en los sitios web oficiales, con lo que mejoraron la calificación general y que nos hicieron ver que alguna otra información que evalúa el índice fue liberada después de la fecha de corte de esta primera evaluación por lo que esos aspectos mejorarán para la próxima medición.

También se nos explicó que el sitio web covid19 es de reciente lanzamiento (9 de abril de 2020) y está todavía en construcción, así como que “hay que tener presente las diversas situaciones que conlleva la emergencia nacional por el Covid19 y el corto tiempo en el que se diseñó y puso en ejecución el Bono Proteger y que aún está en proceso de consolidación”.

¿Qué va a hacer el Observatorio?

Buscamos que toda la información contenida en el Índice sobre el Bono Proteger sea liberada por el Gobierno en el sitio covid19.go.cr, y por ello esperamos que para la segunda medición que se realizará el próximo viernes 29 de mayo de 2020 mucha más información sea puesta a disposición de la ciudadanía como legítimo derecho constitucional que le asiste.

El Índice no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento de monitoreo ciudadano para lograr un objetivo de acceso a la información útil para formar opinión pública con base en datos y evidencia, más allá de las meras percepciones.

De hecho el Observatorio junto con la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) inició todo este proceso con un anteproyecto de evaluación de la gestión del gobierno en atención a la emergencia sanitaria.

Esperamos divulgar en los próximos días estos resultados en medios de comunicación social y redes sociales, para lograr el objetivo antes dicho, y no tener que recurrir a la vía del recurso de amparo para obtener la información pública relativa al bono proteger. Esta pandemia no debe ser una excusa para abandonar la trasparencia de los asuntos públicos. Emergencia y transparencia son compatibles.

También les invitamos a seguirnos por Facebook o nos pueden escribir al siguiente correo: observatorio.ciudadanotf@gmail.com

P/ Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal: Amanda Isabel Ugalde Argüello, cédula 108640894

15 de mayo. La noche del agricultor

De “el día del agricultor” a “el día sin agricultores”

Dany Villalobos, Presidente FECON

En 1968 se declaraba por Ley el 15 de mayo como el “día del agricultor” en Costa Rica. Habían pasado entonces 25 años desde que el Estado asumió el impulso de la producción agrícola, primero con la creación en 1943 de la Junta Nacional de Abasto, que se instituyó para contrarrestar los efectos alimentarios de la 2ª Guerra Mundial y que se convertiría luego en el icónico Consejo Nacional de Producción (CNP).  

Pero el reconocimiento histórico de la importancia de los agricultores en la vida costarricense no tardó mucho para comenzar a opacarse. Un nuevo modelo de subdesarrollo se había vendido a los políticos criollos y en 1985 en la Asamblea Legislativa  aprobaban el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), reduciéndoles a los agricultores costarricenses el espacio protagónico que tuvieron durante 42 años en la economía nacional.   

El PAE I dictaba que la producción de las tierras nacionales se inclinaría hacia la exportación, beneficiándose los nuevos cultivos con exoneraciones de impuestos, al mismo tiempo que iniciaba la desarticulación de las funciones regulatorias del Consejo Nacional de Producción (CNP), para asemejar los precios agrícolas domésticos con los precios internacionales.

Esto significó el inicio de la caída del campesinado costarricense. Pero también marcó el surgimiento de una nueva fuerza política de corte transnacional en nuestro país. Las oligarquías criollas ya manejaban los negocios del café, banano, carne y azúcar. Sólo le dieron espacio a nuevas industrias agroexportadoras y abrieron el país para que se le comprara a sus socios extranjeros en el agronegocio.

Esto provocó que en el año 2000 se organizaran fuertes protestas de diversos sectores agrícolas, por la crisis económica que les produjo la política de apertura agrícola. Algunos incluso perdían sus tierras por deudas. Varias carreteras del país fueron cerradas simultáneamente, pidiendo la prohibición de importaciones de cebolla, papa y frijol, así como reajustar las condiciones arancelarias para proteger a los productores locales.

Pero a pesar de las salidas negociadas para contener estos descontentos populares, la política de Estado ya estaba definida por la oligarquía. No había vuelta atrás y más bien, en esa década ya se iniciaban las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. El sector agrícola fue de los principales opositores, pero el 2007 sellaría la suerte económica de muchas familias que sobrevivían de la agricultura y tuvieron que ajustarse a cambios severos al perder rentabilidad sus tierras.

En el 2002, el sector arrocero se intentó acuerpar con la creación de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ). Sin embargo, la gestión de esta entidad no ha sido capaz de soportar las necesidades económicas básicas de los pequeños productores arroceros, que se han ido quedando tirados en el camino mientras Estados Unidos y otros países suramericanos inundan los silos de los agroindustriales con arroz importado a bajos costos.

En setiembre del 2013 vuelven las protestas, esta vez de los productores de frijol, que reclamaban la imposibilidad de competir con los precios de importaciones que el país hacía, por el precio real al que necesitaban vender el quintal para poder recuperar los costos de producción y sobrevivir dignamente. La respuesta de la administración de Laura Chinchilla ante los bloqueos en Pérez Zeledón fue represión con su promesa de campaña: los cuerpos policiales. A la criminalización le sucedió del progresivo abandono y silencio con el tema.

De la agricultura familiar a los oligopolios

En 2020, el proceso acumula un panorama productivo decadente. Una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70%[1], mientras los campos están plagados de monocultivos para exportación, tradicionales o no. El CNP gestiona el comercio de producción nacional en espacios limitados como ferias y comedores escolares. La agricultura local no encuentra asidero.

Mientras, los índices de desarrollo humano en los cantones agroexportadores del país, donde reinan la piña, el banano y la caña de azúcar, ocupan las posiciones más bajas en señal de que la economía está colapsada por el modelo de libre mercado, cuyas grandes empresas dominantes ofrecen a sus trabajadores salarios de pobreza perpetua y a sus territorios huéspedes contaminación a granel.

La concentración de tierras es una constante. En la industria piñera el 91% de la producción se concentra en sólo 100 de las 1200 unidades productivas[2]. En este tipo de agronegocio, los pequeños productores son los eslabones más vulnerables a perder sus cosechas cuando bajan las demandas y con deudas por inversiones, muchos llegan a perder su tierra. Las grandes transnacionales han aprovechan este tipo de situaciones para aumentar su patrimonio y capital adquiriendo propiedades en riesgo[3].

Sin duda hará falta que los agricultores y agricultoras vuelvan a levantar sus luchas contra el fraude del libre comercio y los encadenamientos oligopólicos. Que las organizaciones comunales exijan políticas de Estado favorables a la producción local de alimentos. Urge recuperar la dignidad económica de los campesinos y campesinas. Sin dar esta lucha, estaremos manteniendo un régimen permanente zozobra e irrespeto hacia derechos humanos básicos, como el trabajo digno y la alimentación adecuada, a cambio de sostener oligopolios mercantiles. Una contrariedad con el espíritu de honra al trabajo agrícola que se estableció el 15 de mayo.

[1] Henry Picado (2020). Comida y pandemia. Publicado en Surcos.

[2] Marco Vinicio Fournier (2020). Algunas precisiones sobre la situación del agro.

[3] Testimonios en La Gloria de Aguas Zarcas (2011).

Seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Jorge Luis Hernández Cascante

Hoy es cierre de las 20 respuestas según los temas que me han sugerido (quizás alguno de ellos me lo enviaste).

Hay muchas más razones y qué bueno que tengamos mil razones para seguir viviendo luchando cada día.

Si lo consideras, ahí están todas las reflexiones que le he enviado, cada una con un tema o ángulo específico, para que las revises o retomes. (ver esquema).

Son a la vez una sola reflexión
y a ella traje y cité autores o textos de diversas latitudes y opiniones.

Dichosamente, con todo y lo egoísta, brutal y torpe; a la vez las personas somos poesía cariño y bondad.

Buen momento este de confinamiento, para intentar anular ese dios (en minúscula) del confort, la comodidad
y en su lugar asumir el Dios del: como-dí-dad.

En lo posible desde acá, siempre defendiendo la alegría, la esperanza, el agradecer, lo sencillo.

En mi caso y desde nuestra finquita acá acompaño.

No tenemos las respuestas porque este no es sistema de vida y más bien nos desalienta tanta desigualdad, intereses mezquinos en medio de la crisis, violencia y poder.

Quizás las respuestas anidan en el corazón tuyo, mío;
en el estudio y reflexión
en la sencillez a nuestro lado
o la mirada infantil.
En fin …
acá seguimos

Otros textos de esta serie de reflexión: https://bit.ly/2WgNjVW

Los repartidores a domicilio

Marlin Oscar Ávila Henríquez

Los repartidores de encomiendas (rapitenderos) como UBER Eats, Glovo, Rappi y otros, han ido creciendo numéricamente durante la pandemia de Covid-19, lo cual contribuye a paliar el desempleo.

Esta no es una actividad nueva, al contrario, es de hace un siglo o más. Desde la primera mitad del siglo XX, en toda Costa Rica, la leche, se repartía en botellas de vidrio a todas y cada una de las familias. Se les dejaba en la entrada de sus casas. Igual ocurría con el pan para el desayuno. Cada panadería tenía una larga lista de pedidos que se definía semanalmente entre el panadero y los vecinos del barrio o el pueblo.

La diferencia principal con lo que hacemos ahora, son los medios de comunicación utilizados para solicitar el servicio y del medio para pagar el mismo. En aquellos tiempos se utilizaba la relación presencial o por un teléfono alámbrico con un disco de 10 dígitos, si no, una palanca giratoria que definía al destinatario por las vueltas que se le daban y a través de una central manipulada por una empleada de la telefónica que hacía la confección desde un tablero cundido de cables y huecos enumerados.

No hay que explicar las diferencias con nuestra forma de comunicación ahora. Los avances tecnológicos son años luz con aquellos tiempos.

Ahora, la pandemia está impulsando a gran velocidad este empleo de mensajería, al grado de hacerlo crecer exponencialmente.

Pero este crecimiento invita a revisar con más cuidado la relación entre empleado y empleador. ¿Cuánto se está respetando los derechos laborales de quienes trabajan en este campo? Siendo un trabajo con muchos riesgos a la seguridad del empleado, a su bioseguridad, seguridad a los riesgos elevados de accidentes en las vías por donde se movilizan, a los horarios de labor y a sus descansos intermedios, etc.

Entre otros riesgos que se han descubierto, al menos en otros países vecinos, es el que sean utilizados para acarrear estupefacientes escondidos o embutidos en los paquetes que llevan, sin saber lo que hay en su contenido.

En nuestro país se ha estigmatizado la organización de los y las trabajadoras para defender sus derechos laborales, en sindicatos. Esto ha sido un éxito retrógrado de la oligarquía y el empresariado nacional para evitar costos y el respeto a los derechos laborales, permitiendo una mayor extracción y concentración de capital de la fuerza laboral. Sin embargo, estamos ingresando a nuevas formas de vida e institucionalidad que merece ver a nuestros trabajadores como humanos y no seguir tratándoles como mercancías. Es una buena oportunidad de volver sustantiva nuestra democracia, superando las apariencias para la exportación pasando a una Costa Rica realmente participativa.

Evitemos que nuestros rapitenderos sean mal tratados por estas empresas repartidoras y de entregas a domicilio, y más aún, si los carteles del mercado ilícito les quieren utilizar (o ya lo hacen) para el narco menudeo.

Prevenir siempre es muy saludable e importante, no solamente en evitar contagios de coronavirus, pero contagios en otros ámbitos de la salud biológica y social.

 

A propósito de este artículo de Marlin Oscar Ávila Henríquez, SURCOS comparte esta reflexión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue enviada a nuestro medio por Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAG).

Semillas de Esperanza: «Un barco desigual»

Semillas de Esperanza
(Opinión de coyuntura)

Nos hemos propuesto compartir con ustedes parte de las reflexiones que hemos hecho como equipo de trabajo del DEI, desde nuestra experiencia y aprendizajes junto con ustedes, las comunidades basadas en la Fe, otras organizaciones y personas amigas con las que caminamos.

Nuestra intención es invitarles a pensar y actuar en colectivo sobre las implicaciones de la coyuntura en la que estamos, aprender entre todxs al leernos, acompañarnos en este momento de distanciamiento físico. Saber que estamos cerca también desde nuestro sentir y deseo de justicia social, desde cada uno de nuestros países.

La declaración de pandemia en marzo anterior trae consigo la imposición de cambios drásticos que seguirán en el tiempo. No solo en términos de salud y vigilancia, sino en dimensiones como la justicia social, justicia de género, justicia ambiental y desafíos tecnológicos. Por eso proponemos, en un momento en que se profundizan las desigualdades propias de un sistema económico depredador, reafirmar aún más el llamado a la solidaridad, y a la urgente justicia social.

Compartimos esta semana el primer texto de varios. Esperamos leerles de vuelta.

Equipo del DEI


Un barco desigual

Cristian Castro Hidalgo, DEI

Varias reflexiones en los medios de comunicación y redes sociales han utilizado la metáfora del barco para referirse a la actual crisis sanitaria. Dudo mucho que todas las personas estemos en el mismo barco y, de serlo así, el destino de este no sería muy distinto del buque inglés Titanic.

Las sociedades latinoamericanas son estructural e históricamente violentas y discriminatorias, herencia de modelos coloniales, proyectos políticos liberales y, actualmente, neoliberales. Todo esto mediado por las fuerzas armadas al servicio de las jerarquías políticas y económicas.

Pues bien, este nuevo coronavirus no llega a sociedades igualitarias, sino en sociedades que presentan alarmantes asimetrías y son éstas mismas las que potencian los efectos negativos sobre poblaciones históricamente violentadas.

Otra frase que he escuchado y leído en reiteradas ocasiones es que «el virus no discrimina entre ricos, pobres, hombres, mujeres» y un largo etcétera. Concuerdo con ese argumento únicamente en que el virus no es un organismo con capacidad de decisión moral, por lo cual no puede discriminar. Pero estructuralmente hay poblaciones que viven más hacinadas, sin acceso a servicios de agua potable y con muy escasos recursos para seguir la recomendación de quedarse en casa.

Esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo afecta este virus a la población LGBTI+? Lo primero que me gustaría señalar es la sobrecarga de trabajo que muchas mujeres sufren durante estos días de confinamiento. Históricamente es a ellas a quienes les ha tocado asumir el cuidado de personas enfermas, adultas mayores y de la niñez, junto con esto todo el trabajo doméstico y, en muchos casos, trabajo asalariado. «¿Qué tiene que ver esto con la población LGBTI+?», se podrá preguntar alguien. Pues bien, dicha población está compuesta también por mujeres en toda su diversidad, por lo que las problemáticas de género deben ser un punto importante en la agenda de derechos humanos LGBTI+.

Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las personas trans, mujeres trans específicamente. Su esperanza de vida ronda los 35 años, ya que desde edades tempranas son excluidas del entorno familiar, educativo, laboral y de la sociedad en general. Dejando como opción el trabajo sexual y todas las implicaciones de este: inseguridad, violencia constante, trato con narcotráfico, falta de garantías laborales, etc.

¿Qué pasa con todas esas mujeres trans que ejercen el trabajo sexual durante esta cuarentena?

Debido a las restrictivas medidas de distanciamiento físico y restricción de movimiento que han impulsado los gobiernos de la región, la mayoría de ellas han visto interrumpidos abruptamente sus ingresos. Si bien, muchas organizaciones de la población trans se han articulado para brindar ese apoyo necesario, no es suficiente. Los gobiernos no están implementando en las políticas sanitarias perspectiva de género ni de derechos humanos.

Varios países, como Perú y Panamá, han establecido días para que las personas salgan a la calle con base en el sexo asignado en el documento de identidad. Esto no sólo es un irrespeto a la identidad de esta población, sino que también ha legitimado conductas sumamente violentas por parte de los cuerpos militares y ciudadanía, quienes les castigan por “salir cuando no les corresponde”. Dejando a esta población en un limbo.

¿Qué pasa con todas esas personas gais, lesbianas, trans y bisexuales que deben pasar la cuarentena con parientes que nos les aceptan ni respetan? Si ya existía una violencia cotidiana que se podía atenuar unos minutos con salir a algún parque, restaurante o antro; ahora no. El “quédate en casa” no es tan cómodo cuando se vive con personas que no te aceptan como un igual, por más que digan que sí.

No es de extrañar que la violencia psicológica y física contra la población LGBTI+ vaya en aumento durante estos días, causando daños graves e irreversibles en todas estas personas.

Junto con esto, muchos liderazgos religiosos utilizan lenguaje apocalíptico para referirse a la actual crisis sanitaria, osando afirmar que esta coyuntura es un castigo divino por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI+ y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres. Creando así chivos expiatorios, sobre los cuales se vierte el estrés y la ira colectiva que se fragua en este contexto.

Tampoco pretendo presentar a toda la población LGBTI+ como la más vulnerada y agredida. Estoy seguro algunas de esas personas, a través de privilegios de clase o género, están llevando a cabo su vida con normalidad durante esta coyuntura.

La preocupación es por las grandes mayorías empobrecidas, y no solo eso: en la mayoría de países latinoamericanos se les considera personas de segunda categoría, no solo por su condición socio económica, sino por su orientación sexual, identidad o expresión de género, puesto que todos sus derechos no son reconocidos.

Volviendo a la metáfora del barco. La población LGBTI+, en su gran mayoría, se encuentra en las partes del barco que primero se inundan. Si ya en la época pre-pandemia la vida era complicada, esta circunstancia sanitaria la hace aún más difícil.

Afortunadamente las muestras de solidaridad a lo interno de esta población, que ayudan a la concreción de una comunidad LGBTI+, no se han hecho esperar. Son muchos los colectivos y organizaciones de la diversidad sexual que trabajan todos los días para garantizar la vida de estas personas.

Lamentablemente, los Estados siguen siendo los grandes deudores. Si antes de la pandemia ya tenían una deuda histórica con esta población, esta coyuntura acrecienta la deuda.

Mi fe y esperanza está en esas acciones solidarias, que parten del amor y resguardo dentro de la misma comunidad LGBTI+. Así como nos hemos cuidado durante todos estos años del machismo, la homo, lesbo, bi y transfobia. Nos cuidaremos de los efectos de esta crisis sanitaria.

Al igual que el arcoiris, brillaremos una vez que esta tormenta haya pasado.

Conforme a la fe, hay un propósito de Dios en nuestra vida

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Jorge Luis Hernández Cascante

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Porque conforme a la fe, hay un propósito de Dios en nuestra vida y estos días nos ayudan a mejor entenderlo.

¿Dios?

Si, esa imagen que podemos encontrar en Lucas, 15, 11 -32: el padre amoroso (misericordioso), lleno de ternura y perdón.

Ese Dios nos llega vestido de lo simple y lo sencillo, lejos de lo reglamentado; no lejano o inalcanzable
y que nos propone, no impone.

Está en vos, en mi; atender o no ese su propósito.

Quizás vale acá leer Juan 10, 10 (o si prefiere todo ese capítulo 10): «El ladrón sólo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”

En su mirar Dios nos ve libres
y con esa vocación a ser más, a realizarnos en plenitud.

Igual nos quiere trascendentes, no amarrados al consumismo ni al ego
y menos nos ve como agente de ventas del sistema que nos maneja.

Espera de nosotros la generosidad el agradecer, en lo posible y con las personas a nuestro lado; que seamos instrumento de bondad, esperanza, capaces de convertir el rencor en paz, que podamos hacer de nuestra vida una experiencia oblativa.

¡Seguimos!

Otros textos de esta serie de reflexión: https://bit.ly/2WgNjVW

Covid-19 y crisis económica. La propuesta de Carlos Alvarado: Una colcha de retazos

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista
Descargar versión PDF aquí:
https://www.academia.edu/43038263/Covid-19_y_crisis_econ%C3%B3mica_La_propuesta_de_Carlos_Alvarado_Una_colcha_de_retazos

Como respuesta frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del Covid-19, esta propuesta es como al modo de una sábana de retazos, en la cual se cosieron tejidos finos –o que aparentan serlo– junto a algunas telas de dudosa calidad, y otras que parecen ser poliéster barato.

  1. Las telas (que parecen) finas

Son dos, básicamente: el programa de créditos por ₡900 mil millones que se destinarían al financiamiento de las empresas, y, en especial, el programa de inversión pública que se nos anuncia. En este segundo caso, las cifras son muy notables: ₡3,1 billones para el bienio 2021-2022 y hasta ₡5,5 billones al 2022. Lo cual equivaldría, como promedio anual, a aproximadamente un 5% del valor de la producción nacional, o sea, del Producto Interno Bruto (PIB).

No recuerdo haber escuchado jamás a ningún gobierno plantear cifras de inversión pública por una magnitud comparable. Para los estándares históricos de Costa Rica, resulta, sin duda, una meta muy ambiciosa, aun cuando el monto necesario para superar la recesión y lograr relanzar un proceso de recuperación dinámico y vigoroso, debería ser incluso más elevado.

Dije que estos son retazos de la colcha, que aparentan ser de muy buena calidad. Está por comprobarse que efectivamente lo sean, y ello depende de la forma como estas propuestas sean planificadas, diseñadas y ejecutadas. Sobre eso, y hasta el momento, el gobierno guarda silencio. En lo que sigue plantearé lo que yo intentaría hacer si en mis manos estuviese decidirlo, o sea, lo que honestamente creo que debería hacerse.

1.1. Créditos por ₡900 mil millones

Es llamativo que sea una responsabilidad exclusivamente asumida por los bancos públicos. Frente a una situación crítica como la actual ¿qué justifica que los bancos privados puedan seguir en sus negocios fáciles de siempre, como si la situación excepcional que se vive no demandase un aporte especial? Pero visto el peso de los intereses financieros, y la pleitesía que las élites políticas usualmente les rinden, la cuestión no extraña, aunque sí indigna. De cualquier forma, esto advierte acerca de la importancia de seguir teniendo una banca pública. En momentos críticos, ésta todavía nos puede ofrecer posibilidades, que, tratándose de la banca privada, resultan impensables.

En esto, como en tantas otras cosas, la comunicación oficial fue omisa: desconocemos los objetivos específicos que se persiguen, y los mecanismos concretos de implementación. Lo deseable y necesario es que esos créditos sean un colchón amortiguador que alivie los impactos de la recesión, y al facilitar el flujo de caja y proveer capital de trabajo, faciliten la sobrevivencia de las empresas que hoy atraviesan una situación problemática. El énfasis debería estar en las micro, pequeñas y medianas empresas, y en los emprendimientos de carácter social-solidario, sin que ello signifique dejar de lado las empresas grandes que pudieran estar en problemas. Pero todo esto demandaría reformular los criterios regulatorios bajo los cuales funciona nuestra banca, a fin de facilitar los trámites, conceder el más amplio acceso y las mejores condiciones de tasas de interés y plazos.

Claramente está haciendo falta que exista algún fondo de avales o garantías, o, en fin, algún mecanismo que respalde los créditos, de forma que ello sustituya las garantías de las que las empresas más pequeñas seguramente carecen. Ese fondo podría crearse tomando recursos hoy disponibles (pero básicamente inutilizados) en la banca de desarrollo, según la idea que, en su momento, formuló el expresidente Figueres Olsen.

1.2. Programa de inversión pública

Como ya adelanté, este programa tiene las dimensiones mínimas que la situación demanda, aunque probablemente no las dimensiones óptimas. Es de suponer que se financiará con fondos externos, pero precisamente porque lo deseable es que fuese incluso más grande, el gobierno debería desarrollar una estrategia muy enérgica para atraer fondos externos en condiciones lo más favorables posibles. El discurso de los organismos internacionales sugiere que hay oportunidad para lograrlo, pero ello demanda priorizar los intereses generales del país, y aplicar una estrategia a la vez muy pragmática y vigorosa, dejando de lado ciertas agendas ideológicas (las privatizaciones, por ejemplo) inevitablemente polémicas y conflictivas.

También deberían explorarse otras formas de financiamiento como, eventualmente, podría ser los fondos de pensiones, lo cual, sin embargo, exige desarrollar mecanismos financieros muy innovadores y garantizar procesos de ejecución muy expeditos. Infortunadamente, cuando de asuntos realmente importantes se trata, nuestro sistema financiero es muy poco imaginativo

Pero, además, e igual de relevante, este programa de inversión debería ser planificado de forma que se maximice la generación de empleos, tanto directos como indirectos, la diseminación muy democrática de los ingresos en todos los estamentos sociales, en especial, los sectores más pobres y carenciados, y el beneficio directo a las regiones más empobrecidas y rezagadas. De forma explícita deberían fijarse metas y establecer mecanismos, para la incorporación de las mujeres. Todo lo cual supone que se propiciará la participación de nuevas empresas constructoras –incluido el ICE– así como de las comunidades, las municipalidades y organizaciones ciudadanas diversas. No puede permitirse que los proyectos sean acaparados por los tres ineficientes oligopolios en cuyas manos generalmente queda la ejecución de estas obras.

Debería asimismo haber una planificación en el tiempo: a corto plazo, centrarse en la ejecución de proyectos de fácil y rápida ejecución, que provean muchos empleos. Por ejemplo, y entre otras posibilidades, la reparación, mejora y ampliación de centros educativos, centros de atención sanitaria y hospitales; mejora de parques y espacios públicos y de parques nacionales; reparación y mejora de calles y caminos; acueductos, etc. Un interés especial debería ponerse en la infraestructura de cuido y en el fortalecimiento de los servicios de cuido. Y en esta etapa, como en las sucesivas, propiciar, tanto como sea posible, el uso de insumos de producción nacional (lo cual es necesario para garantizar que se creen muchos empleos indirectos).

Pero, además, este programa de inversión pública debería incorporar una perspectiva de largo plazo. Lo cual supone reconocer que la crisis sanitaria del Covid-19, no solamente tendrá implicaciones objetivas perdurables, que inevitablemente exigen replanteamientos significativos en nuestra economía, sino que, sobre todo, es un llamado de atención acerca de la inviabilidad de los modelos productivos y de consumo hoy prevalecientes. Este debería ser un criterio central, a la hora de planificar y diseñar estos proyectos de inversión pública, para, de esa forma, empezar desde ya a poner las bases de una nueva economía. Por ello su énfasis tendría que estar, menos en infraestructura vial, cuando sobre todo en transporte público, energías limpias, tecnologías verdes, agua y en la promoción de nuevos estilos de vida, que redefinan a profundidad nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza.

Estos son las telas que en esta sábana de retazos, aparentan ser de buena calidad. Para que realmente lo sean, a mi juicio deberán satisfacerse ese conjunto de condiciones que, a grandes rasgos, he descrito.

  1. Telas que suscitan dudas

2.1. Simplificación de trámites

Imposible que ningún gobierno deje de mencionarla, puesto que es la obsesión ideológica favorita de las cámaras empresariales. Y no es, ni mucho menos, que carezca de importancia. Resolver ese asunto ciertamente sería positivo, pero a condición de que ello no signifique hacer fiesta con cuestiones importantes relacionadas, por ejemplo, con el medio ambiente, la higiene o los derechos laborales.

Obviamente, las cosas irían mejor si los cuellos de botella burocráticos desaparecieran y los procesos se movieran con fluidez. Pero por favor, no exageremos. Ya sabemos que a las cámaras empresariales les gusta dramatizar, pero el asunto no da para tanto. La simplificación de trámites reducirá el costo a la hora de crear una empresa nueva, y puede que luego, en el cotidiano funcionamiento de las empresas, aporte algunos otros ahorros adicionales. Pero eso no va a relanzar, ni de lejos, los mercados y las ventas, tal cual se requiere en estos momentos de recesión.

2.2. Flexibilización laboral

Este es uno de los retazos de peor aspecto en esta sábana. Claramente es una graciosa concesión a las cámaras empresariales, pero, además, y contrario al compromiso público asumido por el presidente Alvarado, es una idea que amenaza hacer recular el Estado social de Costa Rica.

No olvidemos que, en materia laboral, un criterio es obligatorio: debe protegerse la parte débil en la relación entre la patronal y las trabajadoras y trabajadores. Seguramente las transformaciones económicas en curso hacen necesarios algunos cambios en materia laboral. Por ejemplo, la reducción de las jornadas de trabajo (tal vez a 35 horas semanales). Pero nada que pudiera implicar desprotección de la parte más débil es aceptable.

2.3. Un retazo que podría ser bueno…o tal vez no

No perdamos el tiempo en algunos parches que, de tan irrelevantes, parece haber sido agregados para tapar algún hueco. Por ejemplo: la atracción de pensionistas del extranjero, el programa de producción de cáñamo, o el programa Alivio. Este último una cosita insignificante que se supone apoyaría a 200 MIPYMES exportadores (¡200 en un universo de docenas de miles de MIPYMES!).

La idea de impulsar las industrias así llamadas de “ciencias de la vida” (mejor fuera hablar de tecnologías médicas, farmacéutica y biotecnología) puede ser interesante. Siempre que no se limite a trasnacionales de zona franca, cuyo aporte efectivo a la economía nacional sigue siendo muy limitado. La cuestión tendría sentido si se lograrse desarrollar un verdadero “clúster”, inserto a profundidad en la economía costarricense, mediante la incorporación efectiva de universidades, científicos y tecnólogos costarricense, y empresas de capital nacional. Pero, y de nuevo, se desconocen detalles.

  1. ¿Poliéster barato?

Hay también algunos elementos que, por artificiosos, arriesgan ser poliéster barato. Primero, el “ecosistema digital PYMES” (¿por qué excluyeron a las microempresas?), y, segundo, la “agricultura de precisión AGROINNOVA 4.0”. La pomposidad de los nombres es mala señal. Se adivinan detrás de esto, un trabajo de escritorio realizado por tecnocracias que poco o nada conocen de la realidad con la cual pretenden dialogar.

Propuestas como éstas, con su indisimulado tufo a ocurrencia, no alcanzan a disimular lo esencial: la ausencia de una estrategia integral de apoyo e impulso a las MIPYMES, y la renuncia a un programa nacional de producción de alimentos. He ahí lo realmente prioritario, lamentablemente omitido.

  1. Las rasgaduras en la colcha

Por más que intenten disimularlo, se les nota que quedaron algunos huecos que afean el conjunto. La ausencia de una propuesta tributaria realmente justa y progresiva es uno de ellos. Complementado con un robusto esquema de subsidios progresivos, ello habría proporcionado uno de los mecanismos más eficaces para reanimar el consumo privado, aliviar la recesión de la economía y ayudar a las empresas que producen para el mercado nacional. Pero no olvidemos que, además, la crisis provoca muchísimo sufrimiento humano. Ello conlleva un ineludible deber de solidaridad, al cual, sin embargo, no se le está concediendo el lugar que corresponde. Se pone así, entre signos de pregunta, la calidad moral de la sociedad costarricense, y, sobre todo, el compromiso con la equidad por parte del presidente Alvarado. Al cabo, parece haberse impuesto la visión mezquina y egoísta de las cámaras empresariales.

Otro enorme hueco en la sábana, lo plantea la ausencia del Banco Central, imposible de disimular si para ello tan solo se apela a las tímidas y muy limitadas medidas de política monetaria que se han impulsado. Es esta una institución paralizada por el culto dogmático a una ortodoxia rancia y enmohecida. Parapetada detrás de esas “ideas zombi”, el Banco Central se niega a asumir sus responsabilidades para con la ciudadanía costarricense. El presidente Alvarado, omiso y tolerante, se hace así partícipe de esa grave irresponsabilidad.

  1. Reflexión final

La crisis del Covid-19 conmueve, desde sus bases más fundamentales, los modelos económicos, de producción y consumo dominantes. Más aún: cuestiona integralmente nuestros estilos de vida. Pareciera que las élites políticas, el poder económico y los poderes mediáticos, todavía no se percatan de ello, o prefieren escudarse detrás de un vano ejercicio de negación.

Es algo que tiene implicaciones de mediano y largo plazo, pero, de hecho, sus consecuencias se hacen sentir hoy mismo, en la profunda recesión que golpea a la economía costarricense, cuyas secuelas seguirán vivas en los meses venideros. Es inútil pensar que pueda haber una recuperación del dinamismo económico y de la generación de empleos, con base en los estímulos provenientes de los mercados internacionales. Las exportaciones de bienes y servicios tardarán un plazo considerable antes de mostrar una recuperación significativa. El turismo no volverá a ser lo que era, quizá nunca, o por lo menos no a lo largo de varios años.

Por ello, el mercado interno cobra renovada importancia. Gústele o no a esa estirpe apátrida de los ideólogos de la transnacionalización, una versión remozada de la vieja tesis cepalina del “desarrollo hacia dentro” deberá ser aplicada.

La economía se recuperará desde “adentro” o no se recuperará. De ahí la importancia clave de los programas de inversión pública, como dinamo que empuje la inversión en el sector privado, la creación de empleos, la mejora de los salarios y, en último término, el restablecimiento de una situación fiscal saludable.

Ese ha de ser un proceso ojalá fundado en un nuevo pacto social: realmente justo, equitativo e inclusivo; genuinamente respetuoso con la naturaleza. Y que, a la vez, ello posibilite construir una nueva economía, mucho más productiva, innovadora e inteligente; mucho más racional desde el punto de vista de la naturaleza y sus equilibrios. Capaz entonces de propiciar, sobre bases profundamente renovadas, nuevas modalidades de vinculación e intercambio con el resto del mundo.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

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Matrimonio igualitario

Luis Paulino Vargas Solís

Los primeros proyectos de ley que intentaban conceder algún reconocimiento a las parejas del mismo sexo datan de 2006, 14 años atrás. Yo participé en su redacción. Hubo luego, a lo largo de los años, nuevas propuestas, otros proyectos más o menos similares. Sin excepción se trataba de reconocimientos de muy limitado alcance, centrados en cuestiones estrictamente patrimoniales, que, en algunos casos, intentando salvar las archiconocidas objeciones religiosas, recurrían a la legislación comercial ¡cómo si de un contrato mercantil se tratase!

Todo fue inútil: siempre se chocaba contra el blindaje invulnerable de un discurso religioso dogmático, que apelaba a una idea acerca del matrimonio como una institución inmutable: una especie de principio etéreo que flotaba en el aire a lo largo de las épocas, siempre la misma en cualquier sociedad, cultura o momento histórico. Todo lo cual es falaz, y basta remitirse al mismísimo Antiguo Testamento de la Biblia para constatarlo.

Pero, y en cualquier caso, nadie pretendió nunca –ni hasta el día de hoy– tocar el matrimonio en su concepción religiosa. Siempre se le ha respetado absolutamente. De lo que se trata es de actuar en el ámbito civil, para el reconocimiento de algunos derechos muy básicos a una parte de la población costarricense.

Nunca se logró nada: cero voluntad legislativa por propiciar ni el más mínimo avance. Así, hasta la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comunicada el 9 de enero de 2018. Ante la tozudez dogmática y la inflexibilidad religiosa dominante en ámbitos legislativos, tuvimos que soportar la vergüenza de que desde afuera “se nos jalara el aire”.

Tomemos como punto de referencia la resolución de la Corte IDH: 8 meses hasta la resolución de la Sala Constitucional; casi 11 meses hasta la publicación de esta; casi 29 meses para que entre en vigencia lo dicho por la Corte IDH.

Y no olvidemos que es una historia que empezó a escribirse hace 14 años.

¡¡¡Y ahora resulta que a los diputados y diputadas no les ha alcanzado el tiempo para decidir lo que correspondía!!!!!

Qué clase de charlatanes e irresponsables.

 

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¿Qué hacer ante el proceso educativo nacional afectado por la Pandemia?

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia padres de familia, amigos, y familiares qué pienso del proceso educativo, en estos días de la Pandemia, donde se ha paralizado la asistencia a clases, prácticamente en todo el país, con el posible impacto negativo que eso tenga, especialmente para los niños y jóvenes de la enseñanza pública, más que la privada.

El 11 de marzo, cuando se empezaba a perfilar con fuerza el impacto del Coronavirus COVID-19 en el país, en Facebook escribí lo siguiente:

“Ante la crisis que se ha producido por el Coronavirus, y la posibilidad de su propagación, que ya afecta algunos centros escolares, propongo que se suspenda el ciclo lectivo de la educación primaria y secundaria, a nivel nacional, desde el próximo lunes 16 de marzo para iniciarlo nuevamente el lunes 13 de abril, es decir durante las próximas cuatro semanas.

De hecho se suspenderían las clases durante tres semanas, pegándose la cuarta con la Semana Santa, que siempre se da feriada en su totalidad.

De esta manera se aprovecharía por hacer limpiezas profundas en los planteles educativos y se tendría más cuidado, en las casas, sobre los niños y adolescentes en edad escolar.

La suspensión de clases no afectaría el ciclo educativo si en correspondencia a esta situación, en el mes de julio, cuando se producen las vacaciones de medio año, se usa una de esas semanas de vacaciones para reponer, una de las semanas que ahora se suspendería, y a finales de año, el curso se puede prorrogar por dos semanas efectivas, dentro del mismo calendario escolar, sobre esas dos semanas finales de calendario, que en la práctica educativa al final de año son muy leves o suaves en el trabajo magisterial.

Así el tiempo real se aprovecha de mejor forma y se atiende mejor la situación de la emergencia nacional ante el Coronavirus o el COVID 19.”

Desde 13 de abril, post Semana Santa, cuando escribí ese texto, ya ha transcurrido un mes, y casi cinco semanas, y la situación se ha agravado, por el impacto de la pandemia y las importantes medidas nacionales, tomadas por el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, y las otras instancias públicas que abonan en la dirección de detener, hasta donde se pueda, la Pandemia y la expansión del Coronavirus COVID-19.

No parece en lo inmediato que se abran las escuelas y colegios, ni se anuncian directrices cercanas en ese sentido. Entonces, ¿Qué hacer?, para dar al menos una respuesta a quienes me preguntan, a veces también con angustia, padres de familia, y para proponer una posible salida a esta situación.

Sinceramente creo lo siguiente, y es mi propuesta, que ojalá permita abrir una sincera y desprejuiciada discusión nacional, de argumentos y posibles soluciones. Aquí mis apuntamientos.

Primero. – Se debe suspender todo el proceso educativo nacional, preescolar, primaria, secundaria, la universitaria de hecho está paralizada desde el punto de vista de asistencia presencial de sus estudiantes a aulas.

Este cierre del proceso educativo debe continuarse hasta el 1 de agosto, en el supuesto que al 31 de julio se haya “normalizado” toda la vida nacional, en todos los sentidos, y se pueda reprogramar la vida educativa del país.

Este cierre por los siguientes tres meses permitiría desde el punto de vista del Ministerio de Educación Pública, de preparar mejor a todo el cuerpo docente nacional, que no entraría en vacaciones prolongadas, para atender la nueva situación “de la nueva normalidad” post pandemia.

Supone revisar y atender toda la infraestructura física de escuelas y colegios para adecuarlas a las nuevas necesidades de seguridad social, de salud, de electricidad, de aguas potables, de determinar cuántos niños y niñas se van a recibir por aula, si hay que establecer horarios más prolongados para la mejor atención de estos niños, de analizar la situación real de cada plantel educativo en sus posibilidades de medios audiovisuales y electrónicos, para poder desarrollar clases a distancia, si volviera a producirse un pico de esta pandemia que conduzca nuevamente a cerrar el proceso educativo, de preparar a los profesores en los sistemas de educación a distancia y por medio electrónicos, de preparar clases, en todo el sentido de la palabra, para que se transmitan por esos medios, no solo el envío de tareas para que se hagan en la casas, y de que esas tareas puedan evaluarse de manera automática, como lo he visto hacer en escuelas del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde han estudiado nietos míos.

Serviría este tiempo para analizar realmente cuantas escuelas y colegios están en capacidad de atender estas formas de estudio a distancia, y para evaluar realmente cual es la situación de los estudiantes, niños y adolescentes, y en sus hogares, sobre las capacidades tecnológicas de computadoras, y otros medios que les permitan atender estas situaciones educativas.

Serviría igualmente para evaluar cuántos maestros y profesores tienen los instrumentos y medios electrónicos adecuados, desde sus hogares, para poder atender la educación a distancia, y realizar su trabajo desde sus casas, en la modalidad del teletrabajo educativo, y facilitarles la adquisición, a quienes no los tienen, para que puedan cumplir su noble misión docente y educadora.

No hay que engañarse con que en el país hay más de 2 millones de celulares, según me han informado.

La gente, en general, que tiene celulares, entre ellos los maestros, los profesores, y los estudiantes, son personas del mundo de las redes, pero no son del mundo del estudio en celulares, ni de la investigación académica, por celulares. Por lo que yo veo en redes muchas veces se aprecia un nivel muy bajo de comprensión de textos, ni siquiera se entienden los títulos de los artículos sobre los que algunas personas se pronuncian u opinan.

Los jóvenes, incluidos muchos universitarios no saben usar sus celulares para investigar, ni para fortalecer sus estudios. A lo sumo para buscar algún dato que los saque de algún apuro ante una tarea donde se les piden datos.

Segundo. – Iniciado el curso lectivo el lunes 3 de agosto próximo, de acuerdo con esta propuesta, si lo permite la pandemia, debe prolongarse de seguido hasta el 18 de diciembre del próximo año 2021, de manera que el ciclo lectivo del 2020 y del 2021 se realicen de manera continua, como uno solo, con breves períodos de vacaciones.

En total son 17 meses. Estos meses podrían tener pequeñas “vacaciones”. A modo de ejemplo señalo las siguientes fechas: una semana los últimos días de setiembre y los primeros días de octubre, dos semanas en diciembre, desde el sábado 20 hasta el domingo 3 de enero, en marzo y abril del 2021, se podrían dar dos semanas que incluyan la Semana Santa, dos semanas en julio, del sábado 19 al martes 3 de agosto, y de nuevo las últimas dos semanas de diciembre del 2021 y la primera de enero, si fuera del caso, desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 3, o el lunes 10, de enero del 2022, que en ese mes de enero, y la mitad de diciembre anterior, por estar en las próximas elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa estará en receso parlamentario, y el país en un alto nivel de agitación política donde se evaluará, en ese escenario, lo acontecido y atendido públicamente ante la pandemia, sin lugar a dudas.

Así en la práctica durante esos 17 meses a partir de agosto hasta diciembre del 2021, habrían prácticamente dos meses de suspensión de clases, de “vacaciones” intercaladas, y el proceso educativo no se detendría en su continuidad del 2020 y el del 2021, ni se provocaría un impacto negativo en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Tercero. – ¿Qué requiere una propuesta así, de considerarse positiva? Voluntad política para impulsarla con participación de todos los involucrados, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector nacional de la educación, voluntad y apoyo de los padres de familia en este cronograma educativo. Pero, muy especialmente, el apoyo del Cuerpo Magisterial Nacional, de todos los maestros y educadores, de todas las organizaciones sindicales magisteriales comprometidas en esta tarea, que de paso es una forma de combatir a las personas que constantemente atacan a los maestros y educadores, y a los trabajadores del sector público, por su estabilidad laboral y su justo derecho de continuar recibiendo sus salarios, cuando el proceso educativo está paralizado como ahora, en que no han cesado ese tipo de ataques.

Cuarto. – Si ya hay deserción escolar, y hasta universitaria de manera importante, los efectos socioeconómicos de la pandemia van a intensificar y agudizar esta deserción del sistema educativo. Y esa deserción va a incidir en mayor informalidad laboral, en mayor índice de pobreza y de pobreza extrema.

Quinto. – La situación de deterioro socioeconómico va a incidir también en los tiempos de graduación alargándolos, con los efectos que ello tiene laboralmente y de empobrecimiento paulatino.

Sexto. – Podrá haber personas que crean que eso los beneficiará empresarialmente, porque podrán llegar a tener gente, o trabajadores, menos preparados, más baratos como mano de obra asalariada, quizá en el nivel de salarios de hambre literalmente, pero serán trabajadores, más resentidos socialmente, sujetos a cualquier explosión social de líderes populistas, de cualquier signo, que les motiven y les atraigan por sus soluciones sociales demagógicas.

Séptimo. – Los colegios privados algunos no tienen estos problemas. Los que están “empatados” con los sistemas de educación norteamericana, con infraestructura y capacidad tecnológica en sus instalaciones, y con la capacidad económica y social de sus alumnos, que tienen los instrumentos técnicos y computacionales, han continuado sus estudios que ya terminan para reiniciarlos en agosto o setiembre.

De este escenario de la pandemia se ha provocado una situación que puede afectar a colegios públicos, por rebote de los privados.

He visto, y conozco situaciones, con la reducción de jornadas laborales, con la reducción o pérdida de ingresos de padres y madres, con la inseguridad laboral y salarial que muchos tienen hacia el futuro inmediato, en que ya no podrán atender más la educación de sus niños en los colegios privados, algunos con la angustia de no poder pagar el segundo semestre, mes a mes, por el resto del año. Algunos padres que tienen financiado todo el año no tienen problemas, en ese sentido, por este año, pero ya piensan en trasladar a sus hijos a colegios públicos el próximo año. Este es el impacto en las clases medias que ha tenido la pandemia. Algunos padres y madres ya han reducido las actividades extraescolares que les pagaban a sus hijos para una mejor formación ante la vida y la educación, porque no las pueden pagar, o porque consideran que ya no son tan necesarias.

Las clases ricas y sus hijos no tienen problema en este sentido. Sectores de las clases medias altas pueden soportar esta situación. Pero, los padres de las clases medias-medias y clases medias-bajas, muchos de hogares de padres y madres profesionales, o de ambos en el hogar, que con gran sacrificio mantienen a sus hijos en las escuelas privadas, desde la preescolar hasta la colegial, sí están resintiendo esta situación con verdadera angustia.

Hay algo que es muy real. Los salarios como las pensiones están altamente comprometidos por quienes los reciben. Los salarios netos, deducidas las cargas sociales y los impuestos, apenas alcanzan para vivir, con grandes sacrificios para las clases medias, en general, que tratan de invertir en educación privada, para sus hijos, cuando consideran que allí pueden recibir mejor educación.

Octavo.- Para este momento de crisis nacional y de la pandemia se requiere rescatar la mística educativa, la formación apostólica con que salían graduados los educadores de la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914, bajo el modelo de los caudillos y grandes líderes culturales, de aquellos años, que inspiraron esos educadores, Luis Felipe González Flores, el Ministro de Educación de don Alfredo González Flores, los Directores de esa Escuela Normal, Omar Dengo Guerrero, Joaquín García Monge, Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini Chavarría, educadoras como Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Adela Ferreto.

Los sindicatos magisteriales deben levantar su Memoria y sus banderas en este compromiso nacional.

Yo hubiera deseado que una propuesta así la hubieran lanzado las organizaciones magisteriales. Todavía hay tiempo. No hay que dejar caer las banderas por la Patria.

Hay que pensar y discutir las soluciones económicas que el país, la sociedad en general, y los sectores sociales y económico productivos necesitan y se deben impulsar. Pero no podemos dejar de lado el problema de la Educación Nacional y su proceso educativo. Aquí dejo estas reflexiones.