Byron Barillas y Luis Bonilla: Académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
Costa Rica, agosto de 2018
En el marco del proyecto de investigación sobre el tema del recurso hídrico y conflicto social en Costa Rica, de la Cátedra de Sociología, Escuela de Ciencias Sociales Humanidades, UNED, a mediados de febrero del 2018 se realizó una gira de observación con directivos de la Asada de Dulce Nombre de Naranjo, Alajuela. La gira tenía por objeto conocer las nacientes de donde se extrae el agua que abastece a los habitantes de la comunidad antes citada.
En una larga caminata por laderas, bajando y subiendo cerros pertenecientes a la montaña El Chayote, Naranjo, se visitó dos sitios específicos en las partes altas de la montaña, hasta que hicimos contacto con las nacientes en donde inicia el recorrido y desde donde la Asada, capta el líquido y la conduce a los aforos (especie de cajas de cemento cerca de las nacientes), que sirve para almacenar el agua de varias nacientes, cual pequeñas “venas” naturales que brotan de los paredones húmedos. Luego, a partir de estas cajas se ha instalado la tubería que hace un largo recorrido por laderas y terrenos sinuosos hasta llegar al tanque ubicado en Dulce Nombre, desde el cual se conduce el agua por otras tuberías hacia las viviendas de la localidad.
La distancia que recorre dicha tubería es de unos 8 a 10 kilómetros aproximadamente en el caso del primer sitio visitado; y de unos 11 kilómetros en el segundo sitio de captación.
Nos parece importante compartir las apreciaciones e impresiones que surgen de esta experiencia.
No puede obviarse en primer término, el esfuerzo humano y la inversión económica que requiere tal infraestructura. Pero en términos de ese esfuerzo, cuando nos tocó bajar casi resbalados 300 y 400 mts., es difícil imaginar el traslado estrictamente a lomo y brazo partido del material (cemento, tubería, cedazo, hierro y herramienta) que no tiene otra forma más de traslado que la tracción humana. Tal determinación, solo se explica por la experiencia de los directivos que se ensucian las botas junto al fontanero móvil, por la férrea voluntad y compromiso de cumplir de la mejor manera con el abastecimiento del líquido potable hacia las familias beneficiarias y cierta mística que alimenta la satisfacción del deber cumplido.
Valga decir también, que esta constatación provee al proceso investigativo de una mayor sensibilidad y reconocimiento al trabajo realizado por las Asadas como organizaciones sociales de la comunidad que contribuyen de forma relevante a proteger y cuidar el agua, actitud ésta, que se manifiesta como un elemento distintivo de quienes cohabitan territorios hídricos y hemos convenido en llamar “conciencia hídrica”.
En el plano más subjetivo, como investigadores, además de permitirnos una verificación empírica del escenario natural, el recorrido factual nos puso a pensar en ese instante, cómo esa agua que brota de la tierra de una manera tan simple y a la vez sublime, es el vital recurso que nos ofrenda la naturaleza, pero de cuyo significado biosocial y su fragilidad ecológica no terminamos de tomar clara conciencia, quizás por nuestro extrañamiento colectivo de sentirnos ajenos, erróneamente autónomos o por encima del mundo natural. Podría decirse que, es inevitable estar en un territorio que pareciera bajo “dominio del agua” sin conectarse con la existencia misma. Y, cuando se está en el corazón de una naciente y hay conciencia de ese hecho, se cruzan fugazmente ideas como: “literalmente aquí nace la vida”, y la sensación es que “ese líquido y nosotros nos pertenecemos mutuamente, es nuestra propia esencia, no hay duda en ese momento”. La duda es externa, producto de la enajenación, es decir, de la inconciencia del potencial hídrico, así como la vulnerabilidad de ese mundo material en donde florece la vida. Sin duda, el Estado está obligado a proteger este recurso que es un bien colectivo, pero las comunidades y la sociedad en general también, porque en esos cerros y nacientes se juega nuestro futuro.
También nos ha quedado claro de esta experiencia, que el hecho de disponer domiciliarmente agua de calidad, las veinticuatro horas diarias y a bajo costo, demanda de un arduo y planificado trabajo organizativo de quienes proveen este servicio con sentido social, que en el caso de Dulce Nombre, pasa por mantener activa su Asamblea de miembros a la cual pertenecen, que aprueba o reprueba las propuestas de proyectos de inversión con visión estratégica, aquellas medidas que garanticen la distribución y lo relativo a resguardo de la ética como representantes comunales. No se obvia así mismo, el sostenimiento de una política adecuada de relacionamiento e incidencia hacia las instituciones públicas.
Valga decir entonces, desde un punto de vista operativo y técnico, las ASADAS son garantía de ese futuro con disponibilidad de agua. Asadas como Dulce Nombre de Naranjo y la Federación que aglutina 14 de ellas, fungen como organismos comunitarios que desarrollan un trabajo esmerado en capacitación técnica y administrativa para aumentar las competencias de su reducido personal y mantenerse a derecho con todas las obligaciones legales derivadas del Convenio de Delegación que le otorga el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). A ello se suma, la rendición de cuentas transparente y estricta que es otra herramienta de control que tiene esta Asada. Dicha labor incluye un ejercicio permanente de participación comunitaria que valida el quehacer de este ente que administra el recurso hídrico para la distribución colectiva y una clara orientación de uso domiciliar. En este sentido, la Asada Dulce Nombre culmina la ruta del agua desde sus nacientes y se inscribe en el historial de gestión comunitaria, como una de las experiencias exitosas de democracia participativa.
“El Gobierno habría cedido también por la eliminación de la matriz hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) pues “frenaba el desarrollo del país”, según el congresista, lo cual fue del agrado de la bancada”; así indica un párrafo en el artículo del diario CRHOY del pasado 20 de agosto.
La Matriz Hídrica o Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, es un instrumento técnico creado por el SENARA, precisamente para la protección del agua de todos los costarricenses, estableciendo regulaciones a la hora de llevar a cabo algunos proyectos constructivos o actividades, para así no impactar negativamente el recurso hídrico subterráneo.
Las limitaciones o restricciones que ordenan el uso del territorio, les molesta a algunos empresarios inescrupulosos agremiados en torno a la Cámara Costarricense de la Construcción, que sólo piensan en sus intereses económicos, lo que los ha llevado a que por muchos años ataquen la Matriz, intentando también, ejerciendo presión en los gobiernos de turno, eliminar o debilitar la oficina técnica del SENARA que impulsa la Matriz de Protección de acuíferos, como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIHG).
En junio del 2009 se denunció que la misma Junta Directiva del SENARA, órgano político y no técnico, probablemente recibiendo orden del Ejecutivo, dispuso censurar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de esa oficina pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver exclusivamente al MINAET, además acordaron, que no le correspondía a la DIGH, definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase: EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, en: http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html).
En el 2011 varias organizaciones alertaron sobre el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, para así concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET (http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html); dirección que su jerarca ha demostrado que sigue los vaivenes de los políticos de turno en cuanto a la “política hídrica” y no los intereses del pueblo en general.
Los anteriores intentos y otros han tocado con pared, ya que tanto la Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la misma Contraloría General de la República se han manifestado a favor de la Matriz de Protección de Acuíferos, su aplicación en todo el país y a favor de la potestad que tiene la DIGH de dictar medidas de protección sin ningún censura de la misma Junta Directiva y Gerencia del SENARA.
Como las ataques de los empresarios para eliminar o debilitar la Matriz de Protección de Acuíferos no ha rendido frutos, ni siquiera los tanteados ante los tribunales de justicia de la República, lo siguen intentando con los gobierno de turno; así el gobierno de Luis Guillermo Solís al resolver un conflicto de competencias interpuesto por el propio Ministro de Ambiente, resolvió a favor de lo que han querido las cámaras de empresarios, declarar que SENARA no tiene competencia para dictar medidas de protección del recurso hídrico, en cuenta matrices de protección de acuíferos, ignorando el gobierno de Solís, lo que han resuelto los tribunales de la República y lo que establece la misma Ley de Creación del SENARA, en cuanto a la obligatoriedad de esas institución de proteger el recurso hídrico subterráneo.
Ahora en el gobierno de Carlos Alvarado, siguiendo la línea de las cámaras de empresarios y obviando que la Matriz de Protección de los Acuíferos es un instrumento técnico para la protección del agua, la Junta Directiva del SENARA, a iniciativa del Ministro de Agricultura, presidente de ese cuerpo directivo, suspendió la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos por 6 meses, mientras una comisión preparará una nueva matriz a gusto de los empresarios constructivos; tanto así que esos empresarios tendrán su representación dentro de esa comisión, no así no habrá representación del sector ambiental.
El descaro del gobierno de Carlos Alvarado y de los empresarios es tanto, qué cómo se señala en el primer párrafo de esta nota, a cambio de atraer votos para el paquete fiscal, el gobierno ha cedido la eliminación de la Matriz de Protección de Acuíferos, con el argumento falaz de que frena el desarrollo del país.
Muy contentos deben estar las 14 cámaras de empresarios con el gobierno del bicentenario, cámaras que el año pasado salieron perdiendo en el juicio que entablaron en el Tribunal Contencioso Administrativo para que ese Tribunal declarara la ilegalidad de la Matriz; pero todo lo contrario, los jueces después de escuchar los argumentos a favor y en contra de la Matriz del SENARA, declararon la necesidad de tal instrumento para la protección del agua de todos los costarricenses.
Por Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de Derecho Internacional
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Como bien es sabido, la crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense. No obstante, fiel a su legendaria tradición de tierra pacífica y de acogida, no se había registrado en Costa Rica ningún acto xenófobo antes del que fue organizado este 18 de agosto en el céntrico Parque de la Merced. Una acción policial muy certera permitió desactivar a tiempo una acción violenta dirigida por un pequeño grupo contra la población nicaragüense que se concentra usualmente en este parque josefino durante los fines de semana.
Este concurrido espacio público se cerró por parte de la policía, y se reabrió con fuerte presencia policial al reiniciar esta semana (véase nota de prensa).
Sobre el contexto muy peculiar en el que se dio esta marcha, se recomienda, entre muchas otras, la lectura de este artículo del Semanario Universidad en el que leemos, entre otras cosas, que: «según el censo del 2011, las personas nicaragüenses alcanzan “el 6% o 6,5% del total de la población, mientras que su contribución al PIB –según ese estudio– es del 12%, un dato muy significativo”.
Este 25 de agosto, organizaciones y gremios sociales, así como universidades públicas convocaron a una exitosa marcha contra la xenofobia (véase galería fotográfica en este enlace de Elmundo.cr): nótese que el Ministro de Educación participó personalmente a esta marcha (véase nota e CRHoy).
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
La intolerancia y el papel del Estado: “Estado… ¿estás?»
Una lectura desde el ámbito internacional permite detectar algunas lagunas en el caso de Costa Rica, que a continuación detallaremos, en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio. El tema se torna particularmente preocupante en la medida en que la última campaña electoral vivida en Costa Rica evidenció actitudes y discursos de odio raramente escuchados contra la población sexualmente diversa. Ello sin hablar de la quema de ranchos de mujeres indígenas en Salitre acaecida en julio del 2014 durante el partido de fútbol entre Países Bajos y Costa Rica, sin que a la fecha haya sanción alguna contra los responsables de estos hechos (véase nota de prensa y este valioso análisis de la jurista Karine Rinaldi sobre los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las autoridades costarricenses para apaciguar los ánimos en Salitre).
En términos generales, la lucha contra las diversas formas de intolerancia supone medidas de muy diversa índole para un Estado: la intolerancia nace usualmente del desconocimiento y de la ignorancia, obligando a un Estado a proveer espacios educativos para permitir un acercamiento a la «otredad». Con relación a la población nicaragüense en Costa Rica, algunas iniciativas de carácter privado, en particular en el ámbito educativo y en la esfera cultural, así como algunos proyectos universitarios, han intentado materializar este acercamiento. Se trata de acciones muy valiosas, más aún si consideramos que el Estado costarricense mantiene una cargada deuda en este preciso tema.
Usualmente, el discurso de odio antecede acciones violentas, por lo que hay que mostrarse extremadamente alerta ante mensajes que susciten el odio. En el caso de la reciente campaña electoral en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica fue muy enfática en advertir sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio después de la primera ronda electoral celebrada el 4 de febrero del 2018 (véase comunicado oficial del 14/02/2018): semanas después de este llamado, se registró un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad del 28/02/2018).
Según las circunstancias, el odio puede convertirse en un peligroso combustible, siendo su punto de ignición un soporte discursivo que lo propague. Las constantes imágenes y discursos promovidos por grupos radicales en Europa y en Estados Unidos y por algunos sectores en América Latina estigmatizando a los migrantes constituyen para algunos una fuente de inspiración: la marcha del pasado 18 de agosto evidencia que ya algunos de sus adeptos se localizan en Costa Rica. Es muy posible que la influencia de grupos ubicados en el exterior haya dejado algun rastro en las redes sociales, que solo una investigación a profundidad en las redes sociales permitiría aclarar en cuanto a su alcance y origen exactos.
Algunas medidas de carácter legal, que por sí solas no resuelven el problema de la incitación al odio, pueden contribuir a frenar notablemente los ardores de algunos en Costa Rica, como lo veremos en las líneas que siguen.
La sanción de conductas sociales repudiables (y repudiadas): «Estado… ¿estás?»
A raíz de esta manifestación organizada contra migrantes oriundos de Nicaragua el pasado 18 de agosto en este parque capitalino de San José, es muy posible que las diversas actitudes registradas de incitación al odio, a la intolerancia y a la xenofobia no sean sancionadas como tal. Si bien han sido condenadas por muy diversas organizaciones, incluyendo el Colegio Profesional de Psicólogos (véase comunicado ), y por las mismas autoridades del Estado costarricense, así como por las Naciones Unidas (véase comunicado oficial ), no pueden dar lugar a acción penal alguna, al menos hasta la fecha.
En efecto, un proyecto de ley (véase el texto del Expediente 20.174, presentado por siete legisladores) que pretende precisamente sancionar estas actitudes y estos discursos de odio se mantiene como simple proyecto de ley (y ello desde varios años) en la Asamblea Legislativa: este proyecto es similar a uno presentado en el 2014 (véase el texto del Expediente 19.062, presentado por un solo diputado). Es de notar que este último proyecto de ley fue incluido por Costa Rica ante Naciones Unidas para hacer ver sus esfuerzos por erradicar las diversas formas de discriminación en el 2015 (véase observaciones del CERD del 2015, punto 13). En mayo del 2017, se leyó que los promotores de esta iniciativa consideraban su tramitación «urgente» (véase artículo del Semanario Universidad).
Al igual que el proyecto 20.174, el proyecto 19.062 no ha sido aprobado, y sería muy interesante saber en cuántas oportunidades fueron convocados por el Poder Ejecutivo desde el 2014.
Dicho en otras palabras, en la actualidad, emprenderla públicamente contra los migrantes nicaragüenses; o bien, contra la población LGTBI, tal y como ocurrió durante la última campaña electoral en Costa Rica en la que el derecho internacional fue tema de álgidos debates (Nota 1); o bien contra la población indígena, afrodescendiente, o contra portadores del VIH-SIDA o contra algún otro grupo objeto de algún tipo de discriminación, ya sea en declaraciones públicas o ya sea en redes sociales, no se considera como un delito penal en Costa Rica. Como sí lo es en otros Estados, en los que la instigación al odio y a la intolerancia es considerada como un delito y es sancionada penalmente como tal.
Es también muy probable que la misma convocatoria a una marcha como la organizada en el Parque de la Merced este 18 de agosto tampoco sea sancionada, salvo en lo que refiere a la portación de armas blancas y a la preparación de bombas caseras artesanales decomisadas por la policía costarricense.
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
El derecho penal como herramienta de prevención ante las diversas formas de intolerancia
El tipificar como delito en el código penal una conducta social reprochable tiene un efecto preventivo. Mantener un código penal en el que persiste un preocupante vacío con relación a la discriminación, el racismo y la xenofobia, es tolerar expresiones de intolerancia y de odio como las que se oyeron este 18 de agosto sin poder jurídicamente sancionarlas.
Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por estas entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla.
Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I
Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)
El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.
ARTÍCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”.
De igual forma, una reforma legislativa (véase texto) fue aprobada y firmada por la Presidenta Bachelet en setiembre del 2017 en Chile (véase nota de prensa).
De varias advertencias pasadas hechas a Costa Rica: «Estado… ¿dónde estás?»
En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”.
Habíamos tenido la oportunidad de escribir con respecto a estas observaciones que:
«En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva»
(véase nota nuestra titulada «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicada en Derechoaldia, edición del 10/04/2016).
En el marco de estas mismas reflexiones, nos permitimos señalar que:
«En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación)».
Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?
Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, se podría pensar que han pasado muchos años desde el caso de Natividad Canda, sin que se haya procedido a implementar políticas efectivas para prevenir la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en Costa Rica (Nota 2).
Con relación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes que sufren muy a menudo humillaciones y vejaciones de todo tipo en Costa Rica, desde 1999, el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación (CERD) de Naciones Unidas había externado a Costa Rica lo siguiente:
«14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.
Se recomienda también que el Estado Parte intensifique sus medidas orientadas a prevenir y perseguir todo acto o manifestación de discriminación racial o xenofobia, incluidos los actos de violencia contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y nacionales»
(véase observaciones hechas a Costa Rica en 1999, página 190, de este muy útil compendio que a la fecha no han encontrado eco alguno en la legislación penal costarricense).
En el 2015, el mismo CERD externó a Costa Rica que:
«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial»
En estas mismas observaciones hechas a Costa Rica (y pocamente difundidas), los integrantes del CERD señalaron a las autoridades que:
«Tipificación de delitos discriminación racial 19. El Comité constata con preocupación que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, no se modificó la legislación sobre los delitos de discriminación racial, la cual sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa (art. 4).
El Comité reitera su recomendación al Estado parte (A/62/18, párr. 299) de enmendar su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención a la luz de sus Recomendación general Nº 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité también recomienda al Estado parte incluir en su legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial».
A modo de conclusión
Más allá de la muy limitada divulgación que se hace en Costa Rica de las observaciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas a Costa Rica, no cabe duda que desatenderlas comparecencia tras comparecencia en Ginebra no resuelve mayormente el problema: el cual tiende, como muchos de los problemas en materia de derechos humanos, a agravarse con el tiempo.
Tal y como tuvimos la oportunidad de concluir un análisis a las observaciones hechas desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en el 2016.
«No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años» (Nota 3).
Con relación a la imagen de una sociedad pacífica que acepta las diferencias, en los últimos tiempos, varios analistas han detectado que la sociedad costarricense ya no es tan tolerante como otrora (Nota 4).
Si bien las autoridades del Estado han calificado la marcha de este 18 de agosto del 2018 como «contraria a la idiosincrasia costarricense», el derecho internacional de los derechos humanos invita desde ya hace (muchos) años a los Estados a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica, bajo la figura del «delito de odio o de incitación al odio».
Nótese que en diciembre del 2016, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (véase estado oficial de ratificación), cuyo artículo 4 – el primero del capítulo «Deberes del Estado» – podría interesar a muchas entidades en Costa Rica que luchan por erradicar conductas sociales repudiables como las que se manifestaron este 18 de agosto en San José (véase texto completo).
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Notas:
Nota 1: véase con respecto a esta atípica campaña vivida en Costa Rica nuestro breve análisis: BOEGLIN N.,»Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa», febrero del 2018, publicado en DerechoalDia y disponible en este enlace.
Nota 2: véase al respecto un muy interesante análisis: BARRANTES CECILIANO A., “Caso Natividad Canda: pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia“, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.
Nota 3: véase BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicado en el sitio de Derechoaldia en abril del 2016, disponible en este enlace.
Nota 4: entre muchos análisis, se recomienda esta emisión radial del programa Hablando Claro de Vilma Ibarra (Radio Columbia) de enero del 2018 con los sociólogos Montserrat Sagot y Carlos Sandoval (disponible en este enlace).
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Nicolás Boeglin Naumovic
Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Costa Rica
El más pequeño y valiente país centroamericano, El Salvador, acaba de desobedecer los lineamientos dictados por Washington desde la “Guerra Fría”, supuestamente concluida en 1990/91 con el fallido golpe de Estado en la URSS. Anterior al inicio de la Guerra Fría, en 1946/7, nuestros países latinoamericanos mantenían relaciones diplomáticas y comerciales con China Continental, pero el Tío Sam ordenó un aislamiento feroz contra ese país asiático, sustituyéndose por relaciones con Taiwan, su nueva aliada política. A nivel mundial, EUA logró aislar a China Continental, quedando solamente con 23 países con relaciones diplomáticas, de los 194 reconocidos por Naciones Unidas. Pero para el 2008 esto se había invertido completamente, fue Taiwan quien quedó con solamente 23 países de los cuales, 12 eran de nuestro continente. Ahora le quedan los países más pobres y atrasados como ser Belice, Nicaragua, Honduras y Paraguay en América Latina. Pese a que se mantenía la “cortina de hierro” en la década de los 70s, ya habían 12 países latinos renovando sus relaciones diplomáticas con China y, la siguiente década ese número subió a 17. Con la salida de El Salvador, la semana recién concluida, es Taiwan quien se queda solamente con 17 países aliados en total, entre ellos los cuatro de nuestro continente mencionados arriba.
Si ponemos atención a algunos estudiosos de la historia antigua, podríamos considerarnos descendientes de la cultura de Mongolia, en China Continental. Se supone que algunos indígenas nuestros descendían de la raza de los chinos, unos diez mil años atrás. Estos chinos cruzaron el Estrecho de Bering en el último período glacial del Cuaternario. Prueban los historiadores que entre las culturas indígenas nuestras había mucha semejanza con la cultura china. También argumentan que algunas de nuestras actuales civilizaciones autóctonas tienen costumbres, actitudes y hábitos similares a los de China. Desde luego, esto puede servir de burla para el círculo de halcones en poder de la Casa Blanca, quienes se creen descendientes de la raza aria alemana.
No cabe dudas que muchos compatriotas nuestros quieren confirmar que su descendencia, al menos es estadounidense, sino de algún país europeo o que, al menos, desciende de los vikingos, especialmente las familias que desprecian su posible linaje mestizo (mezclado) con el indígena, o de los grupos sociales criollos, ni digamos de muchos que son afrodescendientes de los pueblos esclavizados por mercaderes europeos, forzados a venir al continente de América. Resulta interesante conversar con algunas personas cultas, quienes admiran a la nueva administración costarricense por tener una Vice Presidenta, negra (respetando su descendencia familiar), la economista Epsy Campbell. Todos deberíamos seguir esos ejemplos, como es también el caso del presidente indígena más exitoso del continente, Evo Morales, en Bolivia. Estas minorías de ahora, que fueron las mayorías de antaño, tienen igual o más derechos que los mestizos de ahora.
Ya dejemos los asuntos raciales a un lado y veamos cómo China Continental le ha respondido a los enojos de los políticos en el poder estadounidense, al caso de El Salvador. Aun cuando lo que El Salvador ha hecho es sumarse a los 177 países que aprobaron la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo a una sola China, para los vecinos del norte esto es un irrespeto a Su Señoría.
Inmediatamente que El Salvador tomó la decisión EUA reaccionó. «Estados Unidos está fuertemente preocupado por la reacción de El Salvador a una obvia intromisión de China en la política interna de las naciones del hemisferio occidental«. Para Washington, «es una decisión que afecta no solo a El Salvador, sino también a la salud y a la seguridad económicas de toda la región de las Américas«.
Suponemos que buscando mejorar la salud económica y política, algunos de nuestros países utilizan su capacidad soberana para establecer relaciones diplomáticas y económicas con la segunda potencia mundial. Para el 2016, China Continental ya tenía inversiones por Dlrs 113, 662 millones, con 235 empresas. Los países que más han recibido esta inversión han sido Brasil, Argentina y Perú.
La mitad de esa inversión la ejecutan nueve empresas chinas –Sinopec, CNPC, Sinochem, China Three Gorges, MMG, State Grid Corporation of China, Wisco, Cnooc y BCEG–esto ha venido ocurriendo en los 16 últimos años. “El boom de las materias primas ha dejado paso a un mayor interés por las infraestructuras que, a su vez, han tirado del sector terciario. Latinoamérica se ha convertido en un lugar atractivo para China en esos ámbitos”, explica Enrique Dussel Peters, coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China
Es nuestro criterio que la inestabilidad política de nuestro continente, particularmente el hispano-parlante, no permite aprovechar debidamente los recursos técnicos, financieros y de infraestructura que ofrece China. Generalmente nuestros gobiernos no tienen proyectos de largo alcance, por carecer de estrategias que rebasen los períodos para los cuales se eligen gobiernos. Aun en países donde el sistema democrático es sustentable, como lo es Costa Rica, su aprovechamiento del Tratado Comercial que tiene con China desde 2007, no solamente ha estado con un balance negativo, sino que no ha sido aprovechado en sus capacidades y potencialidades. Tampoco Costa Rica ha presentado un proyecto de significativa envergadura para la cooperación China. Ahora que los gringos están rompiendo sus tratados comerciales con China, nuestra hispanoamérica debería buscar cómo elevar sus exportaciones a ese gigante asiático. No solamente es porque Costa Rica no quiera alterar el volátil temperamento del señor del bucle naranja en Washington, es también porque el nuevo gobierno de Carlos Álvarez ha estado entretenido en resolver los pequeños asuntos, más que en buscar proyectar al país hacia nuevos derroteros y las nuevas generaciones. Ya debería soltarse de los temas parroquiales y montar un equipo con visión estratégica, sin pedir permiso al jefe de gabinete, Pizza? Rocafort y la embajada estadounidense. El Salvador, al menos comienza con solicitar apoyo a un significativo puerto marítimo, apoyo que también ha dado a Costa Rica en el pacífico. Seguramente El Salvador va a ampliar sus relaciones con China, más allá de Panamá, Costa Rica y Guatemala, dado su prestigio como nación sumamente dinámica.
El gobierno de EUA puede enojarse una y otra vez, pero nuestros pueblos no pueden seguir siendo sus vasallos, profundizando la criminalidad, el tráfico de estupefacientes, buscando más “sueños americanos”, y sosteniendo mafias corruptas que gobiernan bajo su protección. Ya Washington lo afirmó, sin sorprender a nadie: «Estados Unidos continuará oponiéndose a la desestabilización por parte de China de la relación entre ambos lados del estrecho (de Taiwán) y a su interferencia política en el hemisferio occidental«. Nuestros países deben irse sacudiendo de ese dominio histórico que ejerce los EUA, tratándonos como su “patio trasero”. Debemos ganarnos el respeto y dejar de, solamente celebrar nuestra cacareada independencia con bailes, desfiles de lindas “palillonas”, bandas militares, tambores y discursos “patrióticos” de políticos mafiosos. El patriotismo conlleva compromiso social, la deficiencia administrativa y la corrupción no van juntas con el compromiso social.
Tampoco se trata de ofender y menos preciar las relaciones comerciales, diplomáticas y tecnológicas con la poderosa nación estadounidense. Esa nación ha acumulado unos tres siglos de experiencia en mercados, en industria, diplomacia y militarismo. Tenemos muchas inversiones suyas en nuestros países. Aunque usualmente tenemos un balance negativo en nuestras relaciones comerciales con EUA, hay muchos productos nuestros que se consumen en esa gran nación. Pero, abrir relaciones comerciales y profundizarlas con China, también está en nuestro interés, así como abrir nuevos mercados para lograr mejoramiento en nuestra situación tecnológica, cultural, económica y política, vinculándonos activamente con otras naciones del medio oriente, Europa del Este y África. Debemos rechazar ser utilizados para extraer las riquezas de otras naciones y regiones de forma fraudulenta y beligerante o guerrerista, rompiendo con las convenciones multilaterales y el respeto a los derechos humanos universales.
China también cuenta con una experiencia de más de 10 mil años en establecer rutas de mercado y de intercambio cultural, como fue la primera Ruta de la Seda. En una segunda revitalización, hace 2,300 años, se comercializó, además de la Seda China, otros productos minerales, de especies y alimenticios por toda Asia Central y Oriente Próximo, haciendo florecer el intercambio cultural, comercial y los avances tecnológicos de cada zona y región. El proyecto chino para la nueva Ruta de la Seda, está ingresando al continente africano, después de pasar por el medio y lejano oriente, cruzando de rutas terrestres a rutas marinas, conectando los océanos por vías ferroviarias, llevando y trayendo gente y sus productos comercializables, además de los intercambios culturales. Por ahora se habla de conexiones entre 65 países del mundo.
Desde luego, nuestros pueblos están más que animados cuando se habla y actúa hacia relaciones de paz, comercio, finanzas, intercambio educativo, infraestructura, empresas productoras de ropa, vehículos, trenes, barcos, etc., pero no cuando se habla de producción de armas nucleares, químicas, de terroristas, de bloqueos comerciales y financieros y, menos aún, de invasiones militares. No cabe duda de la felicidad que llena nuestros corazones cuando a un país le quitan los bloqueos económicos, las incontables sanciones, liberan a los presos políticos, detienen el comercio de la droga y se abren las fronteras para repatriar a quienes huyen de la represión y el hambre. Así es que establezcamos más y más convenios y contratos económicos, comerciales y culturales, e instalemos más embajadas por doquier.
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
1.La situación económica de Costa Rica en este momento es delicada. Las apuestas son sumamente riesgosas y el panorama extremadamente complejo.
2.Tengamos claro el origen inmediato de la amenaza que hoy enfrentamos: se ha ido agudizando la percepción de riesgo en relación con la sostenibilidad de las finanzas públicas, con sus previsibles efectos: fuerte presión alcista sobre las tasas de interés que pagan los bonos de la deuda pública, cuya colocación se hace más difícil, lo cual se refleja en el acortamiento de los plazos. Es a eso a lo que llamamos “prima de riesgo”, o sea, un “premio” obligado derivado del mayor riesgo percibido. Quienes usualmente proveen el financiamiento –por ejemplo: fondos de pensiones, bancos y aseguradoras– usufructúan con las urgencias del gobierno. En resumen: la “prima de riesgo” va al alza y constriñe progresivamente los márgenes de maniobra.
3.Puesto que la ortodoxia exige que el Banco Central mantenga sus manos fuera de este juego, ello eventualmente se resolvería como una profecía autocumplida: se teme que el gobierno se vuelva insolvente, y ello produce comportamientos que hacen realidad tal insolvencia. Lo cual también entraña quedar atrapados en las redes de los poderes financieros: bancos, aseguradoras y fondos de pensión incluidos. Pero incluso para estos es un juego perder-perder: el eventual colapso financiero del Estado, posiblemente jalará a toda la economía a la crisis, en cuyo caso seguramente el negocio financiero entrará en una etapa de mucha turbulencia, teniendo en cuenta los altos niveles de endeudamiento privado, incluso en dólares.
4.Frente a este panorama, de tal forma erizado de amenazas, el gobierno de Alvarado maniobra –hace equilibrios al borde del abismo– tratando de “tirar la bola hacia adelante”. Lo hace inmerso en un contexto político complejo y conflictivo, con escasos oxígeno para bucear en aguas tan agitadas.
5.La apuesta va en este sentido: aprobar el proyecto tributario actualmente en discusión (expediente 20.580), para exhibirlo como certificado de “buena conducta”, al modo de pasaporte para obtener financiamiento externo. Hay aquí expectativas heredadas de la administración Solís Rivera: obtener unos $1000 millones del BID y, avanzar en la colocación en los mercados internacionales de bonos en moneda extranjera –usualmente llamados eurobonos –a razón de mil millones de dólares por año, posiblemente por unos cuatro años más, como ya se ensayó en el cuatrienio 2012-2105. Obviamente eso requiere aprobación legislativa, cosa que quizá no sea tan difícil de lograr, una vez se haya cumplido la fase, políticamente mucho más espinosa, de aprobación de aquel proyecto tributario. Las mayorías legislativas no sentirán mucho escrúpulo a la hora de aprobar un endeudamiento externo que se prolonga más allá de sus cuatro años en funciones.
6.Evidentemente el gobierno espera que esto reducirá el pago por concepto de intereses. El efecto positivo podría venir de dos fuentes complementarias. Primero, las tasas de interés en dólares son más reducidas que en colones. Segundo –y quizá más importante– el gobierno juega con la idea de que, aprobado el expediente 20.580, y con esa constancia de presunta “buena conducta” en la mano, se reducirá un poco la “prima” por concepto de riesgo que, como he indicado, va hoy día al alza.
7.Al momento actual, los pagos por intereses ya superan holgadamente el 3% como proporción del PIB, sobre un déficit total que exceden del 6,5%. El endeudamiento externo previsto tan solo cubriría la cuarta parte, o poco más, del total del financiamiento requerido. En este momento, el gobierno necesita financiar más de dos billones de colones (más de dos millones de millones) mediante colación de bonos. Al tipo de cambio actual, $1000 millones colocados en mercados externos rendirían el equivalente a 570 mil millones de colones. Aún quedarían más de 1,5 billones a ser financiados internamente. Es, en el mejor de los casos, un deshago muy parcial. Qué tan significativo resulte, depende crucialmente de un detalle: que la percepción de riesgo realmente ceda, y, con ello, también lo hagan las tasas de interés. Sobre esto volveré luego.
8.La reforma tributaria planteada, en su formulación original (previa a los cambios que se le han introducido), rendiría –según la versión gubernamental– un monto de nuevos ingresos equivalente a alrededor de 1,7% u 1,8% del PIB, en el mejor de los casos. Siendo sumamente optimista sobre la posible reducción en el pago de intereses, quizá estemos hablando de una reducción total del déficit en 2,5 puntos porcentuales o poco más. Bajaría entonces a aproximadamente un 4,5% del PIB, aunque los plazos en que ello pueda lograrse no son claros. Incluso en esta hipótesis –quizá la más optimista concebible– es muy dudoso que se logre estabilizar la deuda, que es el objetivo mínimo al que habría que aspirar. El muy mediocre crecimiento de la economía, suponiendo que se logre mantener en los niveles actuales (lo cual es en sí mismo dudoso), bastaría para hacer que, con ese nivel de déficit fiscal, la deuda siga creciendo.
9.Sin embargo, lo anterior tiene sentido dentro de presunciones bastante positivas. Es fácil imaginar evoluciones donde ese cielo azulito, empiece a cubrirse de nubarrones.
10.Primero, se hace necesario suponer que, tanto a lo interno como a nivel internacional, la aprobación del mencionado proyecto tendrá una recepción positiva, y que aflojará la ansiedad que ha ido creciendo en relación con la situación fiscal de Costa Rica, de forma que las tasas de interés cedan. Puede que en lo inmediato se registre ese efecto, pero su perdurabilidad dependería en alto grado de que se constate que hay una evolución hacia una reducción efectiva de los desequilibrios fiscales, sobre todo, y como mínimo, que se logre estabilizar la deuda. Reitero: es muy dudoso que ello se dé, dentro del arreglo de medidas actualmente planteadas.
11.Pero además, debemos recordar que la evolución de las tasas de interés a nivel internacional, no es hoy la más propicia. La Reserva Federal de los Estados Unidos –el banco central más poderoso del mundo– claramente ha definido una ruta ascendente: ha venido subiendo su tasa de interés de referencia, gradualmente, pero de forma cada vez más resuelta. Todo parece indicar que esa tendencia continuará. Mucho de la turbulencia que ha golpeado las monedas de Turquía y Argentina, tiene que ver con esto. Dicho en otros términos: los flujos de capitales financieros tienden a moverse de nuevo hacia las grandes economías del norte, y ven como con menos interés y mayor recelo los países del sur.
12.O sea: la eventual colocación de bonos en los mercados internacionales enfrentará un ambiente menos propicio que aquella realizada en los años 2012 a 2105: habrá menos abundancia de capitales y tasas de interés más altas. Con el agravante de que no será fácil limpiar la estela de desconfianza que han ido sembrando estos años de persistente y creciente desequilibrio fiscal.
13.Por otra parte, el ajuste fiscal propuesto vía aumento de impuestos y reducción de gastos, no será anodino: inevitablemente repercutirá negativamente en el desempeño de la economía, sobre todo porque se aplica sobre una economía atrapada, desde hace ya un decenio, en una especie de anemia crónica, y con problemas del empleo muy graves. Con un crecimiento que penosamente logra sostenerse en el rango del 3-4% anual, se extraería el equivalente a un 2,5-3% de poder adquisitivo y, por lo tanto, de demanda efectiva. Inevitablemente el crecimiento se resentirá. Habrá estancamiento, quizá recesión.
14.Es esperable que conforme el dinamismo económico desfallezca, también lo harán los ingresos fiscales adicionales que el gobierno logre captar. Terminará por recaudar menos de lo previsto, y el desbalance fiscal será mayor a lo esperado. En cuyo caso, las perspectivas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas volverán a ser sombrías, suponiendo que en algún momento inicial se hubiese logrado mejorarlas un poco. Con una economía moviéndose cerca del estancamiento –quizá en terreno negativo– es prácticamente inevitable que la deuda siga al alza. Ya para entonces el chantaje de los intereses financieros –vía una “prima de riesgo” cada vez más asfixiante– se habrá agudizado severamente.
15.Pero incluso la esperanza de lograr una mejora inmediata en la percepción acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica podrían fallar. Es decir, no podemos descartar que la impresión que se cause a nivel internacional no sea tan favorable como están esperando, por lo que el financiamiento que se querría lograr, no llegaría con tanta facilidad. La evolución actual a nivel mundial, de las tasas de interés y de los flujos de capital, reforzarían esta hipótesis menos positiva.
16.Existen otras opciones por examinar, más allá de la estrategia que el gobierno de Carlos Alvarado propone. La de “no hacer nada”, que parece entusiasmar a mucha gente, es una de ellas. Es una opción que tiene una “ventaja”: nos llevará a una crisis severa en un plazo muy corto. Todavía una segunda opción es la que apunte a un ajuste fiscal dosificado inteligentemente, de forma que la base fundamental del proceso se asiente en una vigorosa reactivación de la economía. Solo así podría lograrse una solución sostenible y perdurable, sin precipitar a la economía en una crisis, cuyas consecuencias humanas serán inevitablemente dolorosas. Pero lograr tal cosa exige un grado de sensatez y generosidad, un sentido de justicia y una dosis de diálogo y desprendimiento, que, en la babel caótica que Costa Rica es hoy, pareciera iluso e inalcanzable.
17.¿Podría darse un colapso repentino con una devaluación pronunciada y fuga de capitales? Bajo la estrategia actual que ensaya el gobierno de Alvarado, ello se podría posponer en el tanto se logre (lo cual no está garantizado) el efecto deseado en términos de un aflojamiento de la ansiedad –hoy día al alza– suscitada por las dudas que deja la situación fiscal. Pero, como he tratado de explicar, esta propuesta gubernamental adolece de limitaciones importantes, por lo que, al cabo, y en el mejor de los casos, podría tan solo posponer la crisis, no conjurarla. Queda el consuelo de que el Banco Central posee un acumulado significativo de reservas monetarias, para amortiguar el efecto sobre el tipo de cambio. Y, sin embargo, las vulnerabilidades de nuestra economía son múltiples y se entrelazan en un tejido problemático, plagado de puntos débiles que fácilmente podrían romperse (al respecto véase lo que he escrito, por ejemplo aquí y aquí).
La crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense. No obstante, fiel a su legendaria tradición de tierra pacífica y de acogida, no se había registrado en Costa Rica ningún acto xenófobo antes del que fue organizado este 18 de agosto en el céntrico Parque de la Merced. Este concurrido espacio público se cerró por parte de la policía, y se reabrió con fuerte presencia policial al reiniciar esta semana (véase nota de prensa). Una acción policial muy certera permitió desactivar a tiempo una acción violenta dirigida por un pequeño grupo contra la población nicaragüense que se concentra usualmente en este parque josefino durante los fines de semana.
Sobre el contexto muy peculiar en el que se dió esta marcha, se recomienda la lectura de este artículo del Semanario Universidad en el que leemos, entre otras cosas, que: «según el censo del 2011, las personas nicaragüenses alcanzan “el 6% o 6,5% del total de la población, mientras que su contribución al PIB –según ese estudio– es del 12%, un dato muy significativo”.
La sombra de la intolerancia y el papel del Estado
Una lectura desde el ámbito internacional permite detectar algunas lagunas en el caso de Costa Rica, que a continuación detallaremos, en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio. El tema se torna particularmente preocupante en la medida en que la última campaña electoral vivida en Costa Rica evidenció actitudes y discursos de odio raramente escuchados contra la población sexualmente diversa. Ello sin hablar de la quema de ranchos de mujeres indígenas en Salitre acaecida en julio del 2014 durante el partido de fútbol entre Países Bajos y Costa Rica, sin que a la fecha haya sanción alguna contra los responsables de estos hechos (véase nota de prensa y este valioso análisis de la jurista Karine Rinaldi sobre los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las autoridades costarricenses para apaciguar los ánimos en Salitre).
En términos generales, la lucha contra las diversas formas de intolerancia supone medidas de muy diversa índole para un Estado: la intolerancia nace usualmente del desconocimiento y de la ignorancia, obligando a un Estado a proveer espacios educativos para permitir un acercamiento a la «otredad«. Con relación a la población nicaragüense en Costa Rica, algunas iniciativas de carácter privado, en particular en el ámbito educativo y en la esfera cultural, así como algunos proyectos universitarios, han intentado materializar este acercamiento. Se trata de acciones muy valiosas, más aún si consideramos que el Estado costarricense mantiene una cargada deuda en este preciso tema.
Usualmente, el discurso de odio antecede acciones violentas, por lo que hay que mostrarse extremadamente alerta ante mensajes que susciten el odio. En el caso de la reciente campaña electoral en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica fue muy enfática en advertir sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio después de la primera ronda electoral celebrada el 4 de febrero del 2018 (véase comunicado oficial del 14/02/2018): semanas después de este llamado, se registró un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad del 28/02/2018).
Según las circunstancias, el odio puede convertirse en un peligroso combustible, siendo su punto de ignición un soporte discursivo que lo propague. Las constantes imágenes y discursos promovidos por grupos radicales en Europa y en Estados Unidos y por algunos sectores en América Latina estigmatizando a los migrantes constituyen para algunos una fuente de inspiración: la marcha del pasado 18 de agosto evidencia que ya algunos de sus adeptos se localizan en Costa Rica. Es muy posible que la influencia de grupos ubicados en el exterior haya dejado algun rastro en las redes sociales, que solo una investigación a profundidad en las redes sociales permitiría aclarar en cuanto a su alcance y origen exactos.
Algunas medidas de carácter legal, que por sí solas no resuelven el problema de la incitación al odio, pueden contribuir a frenar notablemente los ardores de algunos en Costa Rica, como lo veremos en las líneas que siguen.
Las conductas sociales repudiables (y repudiadas) no sancionadas
A raíz de esta manifestación organizada contra migrantes oriundos de Nicaragua el pasado 18 de agosto en este parque capitalino de San José, es muy posible que las diversas actitudes registradas de incitación al odio, a la intolerancia y a la xenofobia no sean sancionadas como tal. Si bien han sido condenadas por muy diversas organizaciones, incluyendo el Colegio Profesional de Psicólogos (véase comunicado), y por las mismas autoridades del Estado costarricense, así como por las Naciones Unidas (véase comunicado oficial), no pueden dar lugar a acción penal alguna, al menos hasta la fecha.
En efecto, un proyecto de ley (véase el texto del Expediente 20.174, presentado por siete legisladores) que pretende precisamente sancionar estas actitudes y estos discursos de odio se mantiene como simple proyecto de ley (y ello desde varios años) en la Asamblea Legislativa: este proyecto es similar a uno presentado en el 2014 (véase el texto del Expediente 19.062, presentado por un solo diputado). Es de notar que este último proyecto de ley fue incluido por Costa Rica ante Naciones Unidas para hacer ver sus esfuerzos por erradicar las diversas formas de discriminación en el 2015 (véase observaciones del CERD del 2015, punto 13). En mayo del 2017, se leyó que los promotores de esta iniciativa consideraban su tramitación «urgente» (véase artículo del Semanario Universidad).
Al igual que el proyecto 20.174, el proyecto 19.062 no ha sido aprobado, y sería muy interesante saber en cuántas oportunidades fueron convocados por el Poder Ejecutivo desde el 2014.
Dicho en otras palabras, en la actualidad, emprenderla públicamente contra los migrantes nicaragüenses; o bien, contra la población LGTBI, tal y como ocurrió durante la última campaña electoral en Costa Rica en la que el derecho internacional fue tema de álgidos debates (Nota 1); o bien contra la población indígena, afrodescendiente, o contra portadores del VIH-SIDA o contra algun otro grupo objeto de algún tipo de discriminación, ya sea en declaraciones públicas o ya sea en redes sociales, no se considera como un delito penal en Costa Rica. Como sí lo es en otros Estados, en los que la instigación al odio y a la intolerancia es considerada como un delito y es sancionada penalmente como tal.
Foto extraída de artículo de prensa titulado «Costa Rica: protestas contra migrantes nicaragüenses» (France 24).
Es también muy probable que la misma convocatoria a una marcha como la organizada en el Parque de la Merced este 18 de agosto tampoco sea sancionada, salvo en lo que refiere a la portación de armas blancas y a la preparación de bombas caseras artesanales decomisadas por la policía costarricense.
El derecho penal como herramienta de prevención ante las diversas formas de intolerancia
El tipificar como delito en el código penal una conducta social reprochable tiene un efecto preventivo. Mantener un código penal en el que persiste un preocupante vacío con relación a la discriminación, el racismo y la xenofobia, es tolerar expresiones de intolerancia y de odio como las que se oyeron este 18 de agosto sin poder jurídicamente sancionarlas.
Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por estas entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla.
Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I
Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)
El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión“.
ARTTCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”.
De igual forma, una reforma legislativa (véase texto) fue aprobada y firmada por la Presidenta Bachelet en setiembre del 2017 en Chile (véase nota de prensa).
De algunas advertencias pasadas hechas a Costa Rica
En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”.
Habíamos tenido la oportunidad de escribir con respecto a estas observaciones que:
«En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva«.
(véase nota nuestra titulada «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes«, publicada en Derechoaldia, edición del 10/04/2016).
En el marco de estas mismas reflexiones, nos permitimos señalar que:
«En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación)«.
Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?
Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, se podría pensar que han pasado muchos años desde el caso de Natividad Canda, sin que se haya procedido a implementar políticas efectivas para prevenir la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en Costa Rica (Nota 2).
Con relación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes que sufren muy a menudo humillaciones y vejaciones de todo tipo en Costa Rica, desde 1999, el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación (CERD) de Naciones Unidas había externado a Costa Rica lo siguiente:
«14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.
Se recomienda también que el Estado Parte intensifique sus medidas orientadas a prevenir y perseguir todo acto o manifestación de discriminación racial o xenofobia, incluidos los actos de violencia contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y nacionales«.
(véase observaciones hechas a Costa Rica en 1999, página 190, de este muy útil compendio y que a la fecha no han encontrado eco alguno en la legislación penal costarricense).
En el 2015, el mismo CERD externó a Costa Rica que:
«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial«.
En estas mismas observaciones hechas a Costa Rica (y pocamente difundidas), los integrantes del CERD señalaron a las autoridades que:
«Tipificación de delitos discriminación racial 19. El Comité constata con preocupación que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, no se modificó la legislación sobre los delitos de discriminación racial, la cual sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa (art. 4).
El Comité reitera su recomendación al Estado parte (A/62/18, párr. 299) de enmendar su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención a la luz de sus Recomendación general N.º 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité también recomienda al Estado parte incluir en su legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial«.
A modo de conclusión
Más allá de la muy limitada divulgación que se hacen en Costa Rica de las observaciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas a Costa Rica, no cabe duda que desatenderlas comparecencia tras comparecencia en Ginebra no resuelve mayormente el problema: el cual tiende, como muchos de los problemas en materia de derechos humanos, a agravarse con el tiempo.
Tal y como tuvimos la oportunidad de concluir un análisis a las observaciones hechas desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en el 2016,
«No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años» (Nota 3).
Con relación a la imagen de una sociedad pacífica que acepta las diferencias, en los últimos tiempos, varios analistas han detectado que la sociedad costarricense ya no es tan tolerante como otrora (Nota 4).
Si bien las autoridades del Estado han calificado la marcha de este 18 de agosto del 2018 como «contraria a la idiosincrasia costarricense«, el derecho internacional de los derechos humanos invita desde ya hace (muchos) años a los Estados a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica, bajo la figura del «delito de odio o de incitación al odio«.
Nótese que en diciembre del 2016, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (véase estado oficial de ratificación), cuyo artículo 4 – el primero del capítulo «Deberes del Estado» – podría interesar a muchas entidades en Costa Rica que luchan por erradicar conductas sociales repudiables como las que se manifestaron este 18 de agosto en San José (véase texto completo).
Notas:
Nota 1: véase con respecto a esta atípica campaña vivida en Costa Rica nuestro breve análisis: BOEGLIN N., «Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa«, febrero del 2018, publicado en DerechoalDia y disponible en este enlace.
Nota 2: véase al respecto un muy interesante análisis: BARRANTES CECILIANO A., “Caso Natividad Canda: pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia”, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.
Nota 3: véase BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes«, publicado en el sitio de Derechoaldia en abril del 2016, disponible en este enlace.
Nota 4: entre muchos análisis, se recomienda esta emisión radial del programa Hablando Claro de Vilma Ibarra (Radio Columbia) de enero del 2018 con los sociólogos Montserrat Sagot y Carlos Sandoval (disponible en este enlace).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Condenamos amenaza de despidos masivos de empleados públicos ante eventual fracaso del combo fiscal.
Es la deuda pública y su pago de intereses la real causa del ya caótico y comatoso estado de las finanzas públicas.
La perpetuación del injusto sistema tributario estrangula al pueblo trabajador.
Llamamos a un gran diálogo político-social y multisectorial para salvar al país de una quiebra estatal y de un pernicioso «default»
Sindicatos hemos propuesto alternativas al ajuste fiscalista de corte neoliberal que promueve el gobierno tri-partidista PLUSC-PAC
De manera rotunda y con la más enérgica vehemencia rechazamos la perversa manifestación chantajista de la señora Ministra de Hacienda, doña Rocio Aguilar Montoya, acerca de que habría despidos masivos de empleados públicos si no pasa el combo fiscal-paquetazo de impuestos, muy detestado ya por la amplia mayoría del pueblo costarricense.
Tal manifestación es jugar con fuego, propiciador de un estallido social devastador que hará a todo mundo perdedor… hasta los que salen bien librados de ese combo fiscal que son los grandes consorcios corporativo-empresariales a los cuales se les amnistía tributariamente.
Urge la instalación de una gran mesa de diálogo político-social y multisectorial, pues el problema rebasa ya la esfera parlamentaria para buscar soluciones que garanticen la preservación de la Paz social.
De manera responsable, el Movimiento Sindical lanzó su propuesta «UNA REFORMA FISCAL JUSTA Y NECESARIA PARA COSTA RICA», tratada con desdén por el Gobierno Piza-Alvarado, lamentablemente.
Por otro lado, para el gravísimo problema fiscal resulta imposible una solución integral, participativa, equitativa y justa sin que no se le entre al tema de la deuda pública y su pago de intereses, carcomiendo las finanzas públicas por más paquetazo de impuestos que se le impongan a la sociedad.
Este aspecto es más que urgente pues el riesgo de un «default» o cesación de pago de la deuda nos hundiría como país como fue hundido Grecia.
Una vez más, es contundente la afirmación de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas del empleo público; las cuales tienen más que sobradas razones legítimas, éticas y morales para defender sus empleos, sus salarios y sus familias. Son vidas humanas lo que está en juego en todo esto.
Por demás, considerando que el déficit fiscal está concentrado en el Estado central, sería muy importante que la señora Ministra de Hacienda puntualice en lo siguiente:
¿Cuántos policías deberá despedirse?
¿Cuántos educadores deberán despedirse?
¿Cuántos empleados judiciales deberán despedirse?
¿Cuántas y cuáles entidades ministeriales va a cerrar?
Por Fabián Pacheco, Encargado del Centro Especializado de Agricultura Orgánica del INA y Mauricio Álvarez, Coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR
Un precedente inédito para demostrar la relación que hay entre el cáncer terminal y el herbicida glifosato, ha sido la reciente condena a la multinacional Monsanto-Bayer obligada a pagar US$289 millones Dewayne Johnson, jardinero en los Estados Unidos.
Dewayne utilizó decenas de veces herbicidas de las marcas RangerPro y Rounduy, comercializadas por Monsanto en EE.UU., las cuales contienen la sustancia activa glifosato que es comúnmente usada en Costa Rica. A pesar de que su uso solo se permite en la agricultura y cultivos específicos, es común que el glifosato se aplique en áreas verdes de zonas públicas urbanas de Costa Rica, como parques, cementerios, rondas de calle, aceras, caños y todo tipo de áreas verde y recreativas. Esto expone a toda la población en especial a la niñez y personas adultas mayores.
La Defensoría de los Habitantes acogió una denuncia del catedrático de la Universidad Estatal a Distancia-UNED y activista, Dr. Jaime Garcia, conformando una comisión de varios ministerios para valorar la regulación y la posibilidad de prohibir el uso del glifosato en áreas públicas pues únicamente está permitido para uso agrícola (Semanario Universidad, 22-5-2018).
Costa Rica es el mayor consumidor plaguicidas del mundo según diversas fuentes (World Resources Institute,2010 y FAO, 2010 ). Los plaguicidas se pueden clasificar por su acción biocida siendo los de mayor uso en el país los fungicidas (46%) herbicidas (29%), nematicidas con un 16% del total importado (Ramírez et al.,2009). Del grupo de los herbicidas es el glifosato de mayor uso en Costa Rica y a nivel mundial. Según una investigación (Ramirez et al,2017) las importaciones de este herbicida incrementando 48,5 veces entre 1982 con 36 toneladas de ingrediente activo (T i.a.) y 2013 se llegó a importar 1761 (T i.a.). Según los investigadores por cultivo, la palma africana consume el 24,9% del total de glifosato usado en el país, le sigue el arroz (7,8%), café (5,4%), banano (5,2%), cítricos (4,6%) y pastos (3,7%).
Esta misma investigación estimó el consumo para zonas no agrícolas y urbanas cercano al 37,1% del total de glifosato usado en Costa Rica. Además, concluye que del glifosato usado en Costa Rica: “la mitad lo consumen los cultivos perennes, más de una tercera parte se consume en zonas no agrícolas y solamente un 10% en cultivos anuales”.
Impactos en la salud y ambiente. La exposición prolongada a glifosato está asociada con la incidencia de tipos de cáncer. El Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), categoriza al glifosato bajo su clasificación 2A: “probablemente cancerígeno para humanos”. También lo liga con daño en los cromosomas y en el ADN de células humanas (IARC, 2015).
Según Fernando Ramírez, investigador y docente del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) “aun cuatro días después de aplicado, queda entre un 10% y 20% del glifosato aún no absorbido en la superficie de la hoja”(Semanario Universidad, 22-5-2018). Además es muy tóxico para organismos acuáticos como peces, algas y helechos; medianamente tóxico para anfibios, crustáceos y lombrices de tierra (IRET, 2015).
En febrero pasado la UCR se unió a otras instituciones, entre ellas 18 municipalidades y la UNED, que han prohibido el uso del glifosato y otros herbicidas en espacios públicos que están bajo su administración.
El Consejo Universitario de la UCR en sesión N.° 6148 recomendó no utilizar el herbicida glifosato en las propiedades de la Universidad de Costa Rica, según la resolución “la decisión del Órgano Colegiado se sustenta en la solicitud realizada por el Consejo de Área de Salud y los resultados de un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en la cual los expertos evaluaron la carcinogenicidad de varios pesticidas y determinaron que el glifosato probablemente tenga efectos de este tipo en el ser humano” (Consejo Universitario, 5-2-2018).
La prohibición del uso del glifosato en áreas públicas ya es un hecho en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka y cientos de gobiernos locales por ejemplo en España más de 45 municipios han adoptado restricciones o prohibición al uso del glifosato (Garcia J en Diario Extra, 23-5-2018).
Costa Rica es el país más fumigado del mundo y el glifosato el herbicida de mayor uso, partiendo de estos hechos consideramos que la Comisión de la Defensoría de los Habitantes y ministerios debería recomendar de manera preventiva la prohibición de la aplicación del glifosato, al menos en áreas públicas; en virtud de resguardar la salud pública y el derecho a un ambiente sano. Lo anterior mientras toma acuerdos definitivos y con base en el principio precautorio y la evidencia científica valorada en la reciente condena en Estados Unidos y mucha otra disponible.
*Imagen tomada del video UCR Las emprendedoras de La Primavera
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
Los recursos presentados ante la Sala Constitucional que cuestionaban normas legales que definen el matrimonio como una institución jurídica exclusivamente al alcance de parejas de distinto sexo, llevaban varios años en espera. Mucho tiempo engavetados, claro indicio de lo espinosos que le resultaban a la Sala. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos les obligó a enfrentar lo inevitable, aunque no sin concederse nuevas dilaciones (transcurrieron largos siete meses desde que se recibió esa opinión consultiva). Bajo el argumento –todo un jubiloso aplauso a la arbitrariedad– de que las resoluciones de la Sala son obligantes para todo el mundo en Costa Rica, excepto para ella misma, hubo quienes promovieron –y lo siguen haciendo– que la Sala desconociera su propia palabra, de modo que cuando antes dijo (en 1995) que esas opiniones consultivas eran vinculantes, ahora podría cambiar de opinión y desactivar, precisamente en este caso (¡tamaña coincidencia!), ese carácter obligante. Y, bueno, supongo que podría haberlo hecho, solo que, diferente a situaciones precedentes, el cambio habría sido tan violento –un salto olímpico de extremo a extremo en el rango de las opiniones de la Sala– que el ridículo internacional habría estado asegurado. Parece que todavía queda en esa Sala una leve noción de lo que significa el pudor, algo de lo que gente como el expresidente Miguel A. Rodríguez no tiene ni la mínima noción.
Pero siendo que la Sala se concedió recreos, vacaciones y todas las holguras concebibles antes de entrar a resolver la cuestión, cuando lo hizo se vio enfrascada en un debate de dimensiones épicas. Con mucho, la deliberación más tormentosa en toda su historia. Jamás olvidaré ese 8 de agosto de 2018: el tráfago abrumador y tumultuoso de los rumores en los chats y los nervios a punto de estallar. Y, a ratos, las lágrimas de emoción.
Casi a medianoche dieron a conocer su fallo. Seis de siete votos reconocieron la inconstitucionalidad de las normas. Y eso merece un brindis. Pero, en sentido no puramente simbólico, después de tanto retumbo y tremor, la montaña parió un ratón. En fin, que el diablo está en los detalles, siendo particularmente llamativo que solo dos –una magistrada y un magistrado– estuvieron de acuerdo en la inmediata derogatoria de las normas inconstitucionales. Dos más querían mantenerlas viva por 18 meses y dos optaban por una salida que, para todo efecto práctico, implicaba un completo desatino: dar vigencia indefinida a las normas, hasta tanto la Asamblea Legislativa modificase las leyes y las adecuara a la Constitución. Habría que ser un turista recién llegado de Plutón para no entender que ello implicaría muchos, muchos años. Parafraseando a Keynes: un largo plazo para caer muertos. Y durante todo ese tiempo, la inconstitucionalidad seguiría viva y actuante. Imposible imaginar nada más violento. Al cabo, prevaleció la tesis de los 18 meses, quizá un mal menor, una salida salomónica, que, sin embargo, no salva a la Sala del ridículo: posponer derechos humanos es lo más desnaturalizado que una instancia judicial de esta jerarquía podría decidir.
Ah, y por favor, no olvidemos que estamos hablando de derechos humanos. Y pretender negar que lo sean, como alguna gente, con obstinada irracionalidad, insiste en hacerlo, implica afirmar que la familia no es un derecho humano. Y de los más básicos e importantes. Porque matrimonio es más que un conjunto de normas que protegen y tutelan la unión consentida de dos personas. Es que ello funda una familia, es decir, un núcleo afectivo, de acompañamiento y solidaridad. Para lo cual no es indispensable que haya hijos o hijas. Podrían haberlos o podría no. Igual la familia existe. Y, por favor, no se cometa el dislate de creer que una pareja del mismo sexo no pueda tener hijos. Con más frecuencia de lo que se cree, tienen hijas e hijos. Ser una persona homosexual no significa ser estéril y aún queda la posibilidad de adoptar, que bien puede ser una salida que proporcione una familia amorosa a niñas o niños que de otra manera no la tendrían.
También es importante tener claro que esto atañe a un ámbito esencial de la libertad personal: decidir casarse o no casarse con la persona elegida, y, en caso necesario, eventualmente decidir divorciarse, es un derecho que a nadie, absolutamente a nadie, debería negársele.
Si duda, entre manos tenemos un asunto de derechos humanos muy básicos y prioritarios ¿Cómo entender entonces que la Sala demorase tanto, y que, a la hora de tomar la decisión, le resultase tan penoso hacerlo? Esto da un mensaje que solo puedo leer de esta forma: el peso de los prejuicios religiosos en el proceso de deliberación y decisión de la Sala sigue siendo sustancial, al punto que, antes que desafiar tales prejuicios, se considera admisible que persistan situaciones que maltratan la dignidad humana de muchas personas.
Inevitablemente ese plazo de 18 meses tiene precisamente esa fea connotación. La Sala incurrió así en un gazapo realmente grosero, porque los derechos humanos son de exigibilidad inmediata. Es imperdonable que tan ilustre tribunal no lo entendiese.
Ahora que, conocida la resolución de la Sala, de inmediato viene la contraofensiva del fundamentalismo religioso, en sus diversas expresiones, desde las tóxicas y violentas (liderado por Restauración) a sus diversas versiones “light”. Entre éstas últimas, el PUSC y su impresentable proyecto de uniones civiles, un bodrio indigesto que pretende saltarse con garrocha, tanto la opinión consultiva de la Corte IDH, como la propia resolución de inconstitucionalidad de la Sala IV. Causa perplejidad que el “joven” presidente Alvarado quiera asociar su nombre a ese esperpento, aunque la verdad es que la política costarricense está poblada de gente cuyas anémicas convicciones democráticas, ceden con extrema facilidad ante la influencia del conservadurismo religioso.
En general, las huestes fundamentalistas andan muy desorientadas, con síntomas alarmantes de demencia y decrepitud. Los disparates con que el Lic. Beirute ha prodigado su ignorancia son solo un ejemplo, entre tantos otros. Mucho más grave es una diputada que, en el extremo de la crispación, suelta amenazas contra magistrados y magistrados, u otro congresista que, siendo médico, promueve el desconocimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy mal ha de andar la democracia, cuando de tal forma encumbra a sus enemigos más encarnizados.
Su derrota en el terreno jurídico y en el de la racionalidad y la ciencia, es inevitable. Pero el fundamentalismo vociferante sigue siendo peligroso porque alienta el odio y la violencia, no solo contra la población sexualmente diversas LGBTIQ, pero también contra la propia institucionalidad democrática. También su influjo oscurantista es poderoso. La Sala Constitucional y, con tintes aún más subidos, la Asamblea Legislativa, dan testimonio de ello: dictar sentencias judiciales o legislar según unos particulares principios religiosos, refleja ignorancia y prejuicio, pero, sobre todo, saca a flote una gravísima confusión respecto de los principios democráticos y republicanos más elementales. Una cosa es el pleno respeto al derecho que cada persona tiene de practicar la religión que elija, y otra bien distinta es regular la convivencia social con base en principios derivados de una religión particular, que por ello mismo, y de forma inevitable, resultan excluyentes para todas y todos quienes no los compartan.
Todo esto ensombrece la calidad de la democracia en Costa Rica. No es tan solo que necesitemos avanzar hacia la laicidad del Estado. Ello de poco serviría si las élites políticas siguen sumidas en este mar de confusiones, y si los poderes del Estado siguen regentados desde ese coctel indigerible que contamina los principios democráticos con dogmas religiosos.
Otra versión para no ser móviles de la desinformación.
Ante el tema migratorio, los políticos nacionalistas pretenden:
1) Ocultar y proteger los grandes negocios de los extranjeros ricos en el país (lavado y tráfico de influencias), haciendo una campaña contra los extranjeros pobres por algunos delitos que han cometido ciertos nicaragüenses.
2) Empoderar a los grupos neonazis, que serían los abanderados para alentar una crisis social, apoyada por el descontento popular contra el oficialismo.
3) Esto provocaría una crisis política para dividir y golpear al Gobierno Central, separando a los progresistas y retornando a la derecha dura al negocio del poder.
No obviemos el crecimiento de la violencia civil de por medio que ello podría implicar, ya no solo en la redes sociales, por lo que el frágil argumento de la paz en Costa Rica podría terminar de gastarse.
No es secreto el desgaste y división que produjo la campaña política anterior. Hay sectores con fuerte resentimiento político que apuestan por continuar la línea de la violencia para golpear al oficialismo, cuya base tampoco ha sido cauta en retomar posturas de respeto, pepetuando esta riesgosa división. Es cómplice el oficialismo por su falta de visión política extra-electoral.
Sea crítico en ambas vías
Sea crítico con el Gobierno actual, pero no sea ingenuo con los grupos que utilizan esta plataforma cibernética para manipular y utilizar al pueblo para sus fines políticos. Sea crítico con sus fuentes de información, porque de entrada, darle cuerda a una página que basa su propaganda en mentiras, es dejarse engañar.
Si le interesa la política, apunte a temas que realmente van a afectar al país si el gobierno no atiende: la crisis por endeudamiento y evasión fiscal, los problemas ambientales eternamente irresueltos, la desigualdad creciente que produce múltiples problemas sociales y otros de su interés.
Practique una oposición informada y responsable. No se oriente por discursos violentos, rechácelos, denúncielos, la violencia nunca es inocente ni tema para bromear. Quienes la han sufrido no estarán felices de ver como crece la violencia, en este y aquel lado de la frontera.
Finalmente pregúntese: ¿Quiénes coordinan y lideran este movimiento? ¿Quiénes convocaron a las calles? ¿Quienes les piden compartir la información? ¿Cuáles son sus fines? Si no lo sabe busque respuestas, sería mejor por el bien del país que tanto dice querer.
Análisis enviado a SURCOS por el autor, publicado también en la página de Facebook ContraVersión.
El autor aporta dos imágenes para fundamentar su análisis. Puede acceder a ellas aquí:
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