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Sobre el odio a los migrantes nicaragüenses y otras enfermedades sociales

Sobre el odio a los migrantes nicaragüenses y otras enfermedades sociales

Juan Carlos Cruz Barrientos

Lo ocurrido este sábado 18 con la manifestación xenofóbica es una escenificación de nacionalismo exacerbado, odio hacia la población nicaragüense y autoritarismo fascistoide largamente alimentado por sectores de la ultraderecha. Tres fenómenos que se alimentan de la irracionalidad por un lado, de la ignorancia por otro y que en común tienen un caldo de cultivo en las condiciones objetivas de vida de las víctimas del modelo económico neoliberal: desempleados, trabajadores informales y asalariados mal pagados…

Estas personas enfilan sus frustraciones hacia quienes ven como la amenaza externa a los migrantes pobres de un país con el que largamente se mantiene una relación conflictiva: la clase trabajadora nicaragüense. Sin embargo son fenómenos que deben abordarse por separado ya que la manipulación ideológica de chovinismo, el odio hacia el migrante pobre y las exhortaciones a la mano dura, son armas que tarde o temprano devienen en gobiernos autoritarios filo-fascistas que lejos de resolver los problemas estructurales, los agravan.

No podemos dar pie a ningún argumento que legitime el uso de la simbología de unidad patriótica, como es la selección nacional de fútbol, ni la supuesta relación entre migración y creciente criminalidad, para aniquilar nicaragüenses como lo pretendían los manifestantes del sábado. El supremacismo costarricense en cualquiera de sus manifestaciones, es un invento ideológico de la derecha para ocultar lo que en común tenemos todos los pueblos centroamericanos que es la creciente desigualdad social entre ricos y pobres.

Los migrantes nicaragüenses no son responsables del desempleo en Costa Rica. La causa del desempleo es el estancamiento de nuestra economía que dejó de crecer desde hace años y en eso nada tienen que ver los migrantes. Los migrantes nicaragüenses tampoco son responsables de la sobredemanda de servicios médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social porque se trata de una migración joven que hace poco uso de los mismos. Los problemas en la calidad de atención que brinda la Caja hay que buscarlos en las malas decisiones y en la corrupción de la alta gerencia y algunos cuantos médicos inescrupulosos.

Tampoco es cierto que exista una relación estadística entre el aumento de la criminalidad y la migración nicaragüense. Dicho aumento es fruto de la actividad de las bandas de narcotraficantes y ahí tampoco tiene que ver el grueso de los migrantes nicaragüenses.

En todo caso los hechos del sábado 18 favorecen a Ortega para descalificar a los que huyen de la tiranía y de paso alimentar el desprecio hacia el pueblo costarricense. No es descartable esperar de Ortega otras sorpresas fronterizas, como autoagresiones, para desviar la atención y alimentar el sempiterno recurso del conflicto entre ambas naciones al estilo de Isla Calero.

Frente a los chistes y comentarios xenófobos, frente a la desinformación y las mentiras, frente a los llamados patrioteros, no podemos permanecer indiferentes. Una escalada del odio contra nuestros hermanos de la clase trabajadora nicaragüense tampoco resolverá los problemas estructurales que nosotros los ticos no hemos podido resolver, sólo fortalecerá a los políticos oportunistas que se valen del malestar y la frustración social para llevar agua al molino del fascismo.

UNA, Costa Rica: Desarrollo Humano y Equidad de Género

Fabiola Quirós Segura*

 

Son muchos los esfuerzos realizados por diversas organizaciones internacionales para dar cuenta de los elementos que componen el progreso de un país de forma multidimensional. En esta oportunidad, se hará referencia al Índice de Desarrollo Humano (IDH) y al Índice de Desigualdad de Género (IDG) para Costa Rica, ambos elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El IDH es un índice compuesto que estudia el progreso de un país a través de tres dimensiones: el disfrute de una vida larga y saludable, el acceso a la educación y tener una vida digna; por su parte, IDG hace hincapié en la salud reproductiva, el empoderamiento y la participación de las mujeres en el mercado laboral. En este sentido, el enfoque de dichos índices, da cuenta de los desafíos que enfrentan los países para un óptimo desarrollo humano, donde los indicadores económicos se acompañan de indicadores de índole social.

Según el último Informe (2016), de los 188 países que analiza el PNUD, Costa Rica ocupó el puesto 66 en el IDH, catalogándose como un país con “desarrollo humano alto”. Dentro de los datos más relevantes a resaltar, es que la esperanza de vida al nacer es de 79,6 años (hombres: 77,2; mujeres: 82,1), los años esperados de escolaridad rondan los 14,2 (Hombres: 13,8; Mujeres: 14,5), los años promedio de escolaridad los 8,7 (igual entre hombres y mujeres) y, el ingreso nacional bruto (INB) por persona (ajustado a PPA), ronda los 14 mil dólares anuales, monto muy cercano al de Brasil ($14.145), Tailandia ($14.519) y China ($13.345). Con respecto a este último indicador, si se desagrega por sexo, el INB de las mujeres es de S9.995, mientras que el de los hombres es prácticamente el doble: $18.052.

Con respecto al IDG, Costa Rica se ubica en la posición 63. Entre los indicadores más preocupantes de dicho índice está la elevada tasa de natalidad adolescente (56,5 nacimientos por cada mil mujeres de edades entre los 15 y 19 años) y la escasa ocupación de las mujeres en escaños políticos (para el 2014 eran del 33,3%, porcentaje que asciende en las recientes elecciones al 45,6%, cifra histórica más alta). Otro aspecto por resaltar es que, aunque el porcentaje de población con algún tipo de educación secundaria es mayor en las mujeres (mujeres: 54,5%, hombres: 53.8%), la tasa de participación en la fuerza de trabajo de ellas es bastante menor que la de ellos (46,8% vs. 76,6% en el 2015).

Lo anterior resulta preocupante ya que después de tres años, no hemos logrado incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Según los datos de la Encuesta Continua de Empleo realizada por el INEC, para el II trimestre de 2018, la tasa de participación laboral de los hombres fue 74,9%, mientras la de las mujeres sigue siendo del 46,8%. Peor aún, aunque la tasa de participación femenina no ha variado en los últimos años, sí lo ha hecho la tasa de desempleo femenina, la cual pasó de un 10,6% a un 12% en el último año. A lo anterior, deben sumársele las manifestaciones de violencia sexual, psicológica y simbólica contra las mujeres que según datos del INAMU se han mantenido constantes en los últimos años, a pesar de las inversiones que ha realizado el Estado con el objetivo de reducirlas.

En síntesis, Costa Rica ha presentado avances en materia de desarrollo humano y en acceso a oportunidades para el desarrollo de una vida digna, que incluso nos acerca a los estándares de países desarrollados; sin embargo, siguen existiendo disparidades en torno al desarrollo económico-social que impactan negativamente a grupos particulares. Es de este modo que, en términos de género, las mujeres siguen siendo uno de los grupos que, aunque presentan características favorables en el acceso a la educación y salud, experimentan dificultades en el acceso al empleo, al salario equitativo y en la ocupación de curules políticas en toma de decisiones.

Por último, después de analizar los datos anteriores y dadas las manifestaciones de violencia contra la mujer que han sacudido al país en lo que llevamos del año, es necesario que el Estado, junto con el sector privado, articulen esfuerzos con miras a reducir la desigualdad de género -en todas sus dimensiones-, lo anterior considerando que se requiere de un esfuerzo país para poder alcanzar este objetivo, más aún, conociendo la situación fiscal que de no resolverse a corto plazo, podría terminar impactando negativamente a los grupos más vulnerables, entre ellos a las mujeres y las niñas.

 

*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por UNA Comunicación.

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Agua: la NO política institucional versus la política de la democracia directa

Por: Byron Barillas y Luis Bonilla /Académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED

San José, C.R. (2018)

 

Como parte de la investigación que venimos desarrollando desde mediados del año 2017 en varias zonas del país sobre el tema del agua, a finales de enero y principios de febrero del presente año nos correspondió hacer entrevistas en los cantones de Guápiles y Guácimo. En este último cantón descubrimos algo que para el equipo investigador es un hallazgo relevante, para entender parte de la problemática en torno al agua que se vive en ese cantón, y que de alguna forma, también podría explicar la de las otras zonas involucradas en dicho estudio, aunque con sus propias especificidades.

El contexto específico del hallazgo ocurrió ante la pregunta a una líder y dirigente comunal muy experimentada de Guácimo, que trataba de indagar, cuáles instituciones asumen con responsabilidad sus funciones con respecto al tema de la contaminación del agua, producida por la actividad piñera en varias comunidades. Ante lo cual responde que no hay una responsabilidad de las instituciones que sea parte de una “política institucional”, sí puede notarse el compromiso de personas, que la asumen desde una postura ética de su trabajo, como es el caso de algunas personas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que manifiestan un compromiso con el problema de la contaminación del agua y están apoyando a las comunidades.

También considera que, ante algunos lineamientos de política como lo es, el decreto del Estado para producir “piña responsable” orientado a mejorar las prácticas de este cultivo, no existe una reglamentación específica diseñada para hacer efectivo este decreto. Además, aunque hay un cuerpo de leyes ambientales que sirven de marco para que las instituciones hagan su trabajo, tampoco se cumplen; aunque, esto se matiza con el hecho que algunas instituciones carecen de personal para operar la legislación ambiental; por ejemplo cuando algún funcionario se pensiona en algunas instituciones del MINAE no se reponen esas vacantes.

La NO política, en este caso, hace referencia a esa especie de “vacío institucional” en que aparentemente funcionan algunas instituciones; aunque, paradójicamente, exista una nutrida legislación nacional para que estas desarrollen su labor de protección y fiscalización. En la entrevista, sin embargo, se destaca el caso de la municipalidad de Guácimo, donde se indica que no ha existido en el pasado reciente, un esfuerzo del gobierno local por establecer algunas políticas específicas orientadas a la protección del recurso hídrico del cantón. Aunque ha habido iniciativas de algunos líderes comunales para que el gobierno local asumiera por ejemplo alguna medida de protección de las zonas de recarga acuífera en la parte sur del cantón de Guácimo, de donde se obtiene el agua para buena parte de sus habitantes.

Este desinterés por crear políticas específicas de protección del recurso hídrico, asimismo, de apegarse a la normativa del campo ambiental para fiscalizar y corregir los abusos de algunas empresas piñeras o bien de desarrolladores de proyectos habitacionales que contaminan el agua, es lo que estamos entendiendo por el ejercicio de la “NO política”; así, la NO política, es la otra forma de “hacer” política, pero esta vez en términos de omisión e incluso de negligencia.

Por otra parte, la política en su sentido propositivo, que adversa a la “NO política”, la rescatamos de una experiencia de democracia directa llevada a cabo en este cantón, esa experiencia es el plebiscito, una novedosa forma de ejercer la ciudadanía política en contextos donde se deben dirimir temas conflictivos; que en el caso de Guácimo, y creemos que a nivel nacional, constituye un experimento exitoso de protección del recurso hídrico utilizando dicho mecanismo de democracia participativa. Haciendo una breve reseña, ese proceso de plebiscito que comenzó en el año 2001 a iniciativa de organizaciones sociales defensoras del agua para impedir la construcción de una hidroeléctrica por parte de una empresa privada, con el aval inicial del ICE y del mismo gobierno local, tuvo al final un resultado exitoso para la gestión de democracia participativa que logró anular la autorización para que se construya dicha represa.

El proceso fue arduo y rico en enseñanzas, sobre todo para las comunidades de Guácimo que ganaron el plebiscito al gobierno local que favorecía la hidroeléctrica, producto de una labor de convencimiento por parte de líderes comunales que desplegaron mucha energía al seno de las organizaciones populares y comunales. Nos parece válido señalar, que ese ejercicio democrático sigue estando en el reservorio de la memoria colectiva de las comunidades para enfrentar la “NO política” que se ha venido reinstalando como práctica nociva, para una auténtica defensa del recurso hídrico en dicho cantón.

Para fines analíticos del estudio, la categoría de la “NO política”, que surge de indagaciones empíricas, será de mucha utilidad en futuras reflexiones académicas, al brindar nuevos elementos e ir construyendo un marco teórico más elaborado para explicar la problemática del recurso hídrico desde el punto de vista socio-político.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Byron Barillas.

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Estados Unidos / Irán: puesta en perspectiva de las nuevas sanciones unilaterales (infundadas) anunciadas este 6 de agosto

Nicolas Boeglin (*)

 

El pasado 6 de agosto, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán (véase comunicado oficial de la Casa Blanca). Se trata de sanciones tomadas de manera unilateral por la actual administración norteamericana y que se añaden a las adoptadas el 8 de mayo del 2018, aduciendo supuestos incumplimientos por parte de Irán del denominado Pacto Nuclear adoptado en julio del 2015. Como previsible, el único Estado en felicitar a Estados Unidos por esta decisión fue Israel (véase nota del Times of Israel).

Se lee en el precitado comunicado por parte del Presidente norteamericano que:

«Since my announcement on May 8 withdrawing the United States from the JCPOA, my Administration has sanctioned 38 Iran-related targets in six separate actions. Reimposition of nuclear-related sanctions through today’s actions further intensifies pressure on Tehran to change its conduct«.

Sanciones norteamericanas alegando incumplimientos por parte de Irán: su contexto en breve

Este anuncio se da a pocos días de otro anuncio del Presidente de Estados Unidos, sugiriendo esta vez una cita con las máximas autoridades persas, que provocó profundo estupor en Israel (véase artículo de prensa del Express, Reino Unido).

Estados Unidos Iran puesta en perspectiva de las nuevas sanciones unilaterales
Foto extraída de artículo de prensa titulado «US-Iran tensions: Israel ‘SHOCKED’ by Trump’s offer to meet Iran leader Rouhani» (Express, Reino Unido, edición del 2/08/018).

Esta decisión unilateral norteamericana de reinstaurar sanciones contra Irán contradice la resolución adoptada por el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2015, la cual endosa el acuerdo pactado en materia nuclear con Irán y el riguroso mecanismo de verificación al que accedieron someterse las autoridades persas (véase texto completo de la resolución 2231 del 20 de julio del 2015 en favor de la cual votó Estados Unidos); a su vez, esta decisión unilateral confirma la visión bastante peculiar del actual ocupante de la Casa Blanca, dispuesto a desechar un documento que se logró acordar por parte de la comunidad internacional con Irán en julio del 2015 luego de largas negociaciones.

Tal y como tuvimos la oportunidad de escribirlo en julio del 2015, en una nota publicada en Derechoaldia reproduciendo al final el texto del comunicado de prensa emitido por la diplomacia de Costa Rica:

«El documento acordado este 14 de julio en Viena constituye sin lugar a dudas la culminación de uno de los ejercicios diplomáticos más arduos y complejos de los últimos tiempos, realizado en un período marcado por discursos hostiles e intentos variados tendientes a minar el proceso de negociación. Permite apaciguar en parte la confrontación existente entre Estados Unidos e Irán que inició en 1979, y que se ha mantenido desde entonces muy presente, desbordando el marco de las relaciones bilaterales entre ambos Estados» (véase nota nuestra editada en el sitio de Derechoaldia el 15 de julio del 2015).

El repudio generalizado a la decisión de Estados Unidos de reimponer sanciones a Irán

En un comunicado conjunto del 6 de agosto del 2018, la Alta Representante de la Unión Europea y los jefes de las diplomacias de Alemania, Francia y Reino Unido lamentaron la decisión norteamericana, concluyendo que:

«La préservation de l’accord nucléaire avec l’Iran relève du respect des accords internationaux et importe pour la sécurité internationale» (véase texto en francés de esta declaración conjunta).

Por otro lado, China ha anunciado que estas sanciones norteamericanas no afectarán en lo más mínimo su creciente comercio con Irán (véase nota de prensa).

Por su parte, la Comisión de la Unión Europea (UE) anunció la entrada en vigor inmediata del denominado Estatuto de Bloqueo este 7 de agosto: se trata de una herramienta jurídica que busca resguardar y proteger a todas las empresas europeas que inviertan en Irán de las sanciones norteamericanas (véase comunicado de prensa de la UE). Se lee en el comunicado antes mencionado que:

«El estatuto de bloqueo permite a los operadores de la UE reclamar compensación por daños y perjuicios como consecuencia de las sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos a las personas que ocasionen tales daños y anula el efecto en la UE de las resoluciones extranjeras basadas en ellas«.

Como es sabido, Teherán se ha convertido desde julio del 2015 en una apetecida capital para muchos consorcios y empresas europeas: para citar un ejemplo reciente, una importante misión empresarial encabezada por el jefe de la diplomacia española en persona visitó Teherán en febrero del 2018 (véase comunicado oficial de España).

Cabe recordar que a 24 horas de anunciadas las sanciones unilaterales contra Irán en mayo del 2018, la Organización Internacional para la Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA) desmintió públicamente a Estados Unidos, señalando que Irán si cumplía con todas las obligaciones contraídas en el Pacto Nuclear suscrito en julio del 2015: sobre este punto preciso, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en DIPúblico, titulada «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente categóricamente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«.

Estados Unidos Iran puesta en perspectiva de las nuevas sanciones unilaterales2
Foto de los jefes de la diplomacia de Irán y de Estados Unidos, extraída de artículo de prensa del 2013 del Times of Israel titulado «Kerry, Zarif to meet in Geneva as nuke talks ramp up».

En América Latina, Irán ha desplegado una hábil agenda diplomática regional en años anteriores, cosechando logros recientes como, por ejemplo, en enero del 2018 la llegada del primer embajador de Chile a Teherán (véase nota de HispanTV); y celebrando, en abril del 2018, la visita oficial del jefe de la diplomacia persa a Brasil (véase comunicado oficial del Itamaraty) así como a Uruguay (véase comunicado oficial de Uruguay).

En el caso específico de Costa Rica, no ha existido ningún acercamiento con Irán desde julio del 2015 (salvo error de nuestra parte), optando más bien Costa Rica por un acercamiento con la potencia rival de Irán en Medio Oriente, Arabia Saudita, con la que Estados Unidos mantiene relaciones muy estrechas (véase nota de prensa sobre visita realizada en enero del 2018 por altos funcionarios saudíes). Ya en este cable confidencial norteamericano del 2008 dado a conocer por Wikileaks, se podía leer que para Estados Unidos, el tema de Irán no ameritaba mayor atención en el caso costarricense:

«Although there is no particular Costa Rican cooperation with Israel to limit the influence of Iran in the region, we do not detect any sympathy for Iran on the part of Costa Rica nor any expansion or opening of relations. To the GOCR (as to most other governments in Central America), Iran has no natural ties to the region«.

El reciente recurso a la justicia internacional por parte de Irán

Al mantener incólume su posición Estados Unidos con relación a las sanciones anunciadas en mayo del 2018 contra Irán, el 17 de julio del 2018 Irán acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), interponiendo una demanda contra Estados Unidos (véase comunicado de prensa de la CIJ en inglés y en francés). Tuvimos la ocasión de analizar los alcances de esta demanda iraní en una breve nota nuestra a la que nos permitimos remitir a nuestros lectores, en la que concluimos haciendo referencia al esfuerzo creativo que debe estar suponiendo esta demanda para los asesores legales del Departamento de Estado (Nota 1).

Al haber acompañado Irán su demanda contra Estados Unidos con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente (véase texto completo), la CIJ fijó a finales del mes de agosto las audiencias orales entre ambos para tomar una decisión al respecto (véase comunicado de prensa en francés y en inglés del pasado 26 de julio del 2018). Es probable que en caso de asistir a estas audiencias, la delegación de Estados Unidos alegue, entre otros puntos, que la CIJ carece de toda competencia para ordenar medidas provisionales en su contra. En caso de no comparecer (una posibilidad que no se puede descartar dado el espectáculo que ofrece al mundo el actual Presidente norteamericano), las audiencias en La Haya se mantendrían con la sola presencia de la delegación persa, sin afectar mayormente el procedimiento (Nota 2).

A modo de conclusión

El retiro de Estados Unidos en el 2018 del Pacto Nuclear suscrito con Irán en julio del 2015 se basa en hechos inexistentes. Las sanciones reimpuestas a Irán por Estados Unidos se inscriben en esta misma lógica.

Cabe indicar que la demanda iraní presentada en julio del 2018 constituye la primera acción legal interpuesta en La Haya por un Estado contra Estados Unidos desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, en enero del 2017: este último se ha caracterizado por acciones unilaterales e inconsultas que violentan acuerdos previos suscritos por Estados Unidos.

Desde esta perspectiva, otros Estados cuyos derechos se han visto vulnerados en razón de la actitud desafiante de Estados Unidos bien podrían acudir de igual forma a la justicia internacional de La Haya en el futuro.

 

—Notas—

 

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Irán demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por sanciones comerciales del 8 de mayo«, CIARGlobal, edición del 24 de julio del 2018, disponible aquí.

Nota 2: En 1973, una solicitud de medidas provisionales de Australia contra Francia con relación a los ensayos nucleares franceses en el Océano Pacífico dió lugar a audiencias en La Haya con la presencia de una sola delegación (véase acta de audiencias de mayo de 1973).

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, UCR.

 

Enviado por el autor.

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El carácter clasista y popular de la lucha contra el proyecto fiscal

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado político Nº 60

 

La respuesta de la administración Alvarado Quesada a la Mesa de Unidad Sindical sobre la propuesta fiscal presentada por esa instancia sindical era de esperarse y es la consecuente con la estrategia política del gobierno para mantener en el movimiento sindical la ilusión de un diálogo, pero avanzando con su objetivo central que es aprobar el proyecto Nº 20580.

Cabe entonces preguntarse: ¿tiene sentido lo manifestado por el vicepresidente Marvin Rodríguez de mantener el discurso de la “vía del diálogo”  cuando el proyecto Nº 20580 sigue avanzando en la Asamblea Legislativa? ¿Qué sentido tiene una mesa de diálogo sobre el tema fiscal con el gobierno, si su proyecto fiscal, con el cual mantenemos diferencias irreconciliables, avanza en la corriente legislativa?

Aquí es donde el Movimiento Sindical, particularmente  el Bloque Unitario Sindical y Social (BUSSCO) tiene que, de manera forzada por los hechos, parar y hacer un balance sobre lo que está ocurriendo y tomar las decisiones correspondientes. Ha quedado  claro que el gobierno nunca tuvo intencionalidad de resolver en forma conjunta y en una mesa de negociación con el movimiento sindical el tema fiscal, queda claro también que este tema no es simplemente un asunto técnico, sino esencialmente político, que por más “propuestas técnicas” que el movimiento sindical presente, la incidencia en lo fiscal es un asunto de fuerza política, aunque reconocemos como positivo que los sindicatos hicieran el esfuerzo por presentar propuestas sobre un tema complejo como es el fiscal.

Es entonces que, definidas ya las cosas, desde nuestra perspectiva, la definición del carácter de la lucha es lo determinante y así ha sido históricamente, por eso recapitulamos brevemente sobre los resultados de algunas luchas  recientes en el tiempo y la importancia del carácter de la lucha.

La lucha contra la transnacional Millicom, que resultó en la expulsión de esa empresa de nuestro país, tuvo un carácter profundamente patriótico. Definidos los objetivos y el carácter los trabajadores del ICE se lanzaron a la lucha y obtuvieron el resultado ya mencionado.

En la lucha contra el Combo del ICE fue igual. Solo que la respuesta de las masas se dio en gran medida por el correcto enfoque del carácter patriótico y popular de esa lucha. Finalmente se logró que el Combo del ICE fuera retirado de la corriente legislativa y se asestó un golpe en profundidad a la administración Rodríguez Echeverría.

La lucha contra RITEVE fue lo contrario. Cuando existían factores objetivos y subjetivos para expulsar la empresa de nuestro país, el carácter patriótico y popular de esa  lucha se difuminó en las negociaciones y la administración Pacheco de la Espriella logró resistir  el embate y RITEVE logró permanecer en el país.

En la lucha contra el TLC el carácter  amplió el espectro y se convirtió en una lucha patriótica, popular y antimperialista. Ya sabemos el resultado de esa lucha cuando la derecha vio una oportunidad en la propuesta del referéndum, nacida de los propios sectores sociales. Perdido el carácter inicial, la lucha derivó en una disputa electoralista y jurídica que condujo finalmente al movimiento popular en su conjunto a una derrota estratégica (ver: http://www.comisiondeenlace.co.cr/archivos/7295/balance-de-la-lucha-contra-el-tratado-de-libre-comercio/trata-dos-de-libre-comercio/).

Obsérvese entonces la importancia del carácter de la lucha y en esta coyuntura particular donde la ofensiva neoliberal apunta a descargar los efectos de la “crisis”, sobre las espaldas de los trabajadores (as), se hace imprescindible priorizar esa discusión.

Es decir, la lucha contra el paquete fiscal 20.580 tiene un claro contenido popular, de clase y de defensa de los derechos laborales. Este proyecto pretende fiscalmente poner a pagar más impuestos a los sectores populares/laborales y medios, es decir a la clase trabajadora en general. Además al precarizar condiciones laborales de la clase trabajadora del sector público se abre el camino para el despido masivo de trabajadores (as) del sector. Es así entonces que, en este caso, la lucha debe continuar con un marcado carácter clasista y popular, que involucre a toda la clase trabajadora.

El enemigo tiene claridad meridiana sobre lo que tiene que hacer, romper la resistencia sindical, reducir a los empleados públicos, quebrar  cualquier  resistencia a su proyecto neoliberal-plus. Dadas las condiciones y las respuestas del gobierno, aceptar participar en una mesa de diálogo en esta coyuntura no significaría otra cosa que la claudicación.

 

Comisión Nacional de Enlace

09 08 2018

San José, Costa Rica

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Ricardo Segura Ballar.

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Cambio de Sistema Más que de Actores

Marlin Oscar Ávila

 

Cotidianamente vemos como nuestras sociedades en Latinoamérica viven peleando, acusando a uno u otro actor social, político o religioso de ser responsable de los efectos de sus decisiones. Particularmente si tiene bajo su responsabilidad algún cargo público. Se condena al funcionario por una u otra cosa, demandando generalmente que abandone el cargo para el cual ha sido electo o, en el mejor de los casos, logró ganarse una titularidad mediante un concurso que diera valor a sus méritos, sin embargo, la ciudadanía a la cual sirve con la institución en que labora, le condena por los malos resultados institucionales. Normalmente, los individuos y grupos sociales buscarán a alguien a quien acusar por no lograr los servicios esperados.

Desde luego, las instituciones están compuestas por humanos y es a los humanos a quienes se señalan como responsables. Pero ¿acaso son las individualidades las principales responsables de los fracasos de un proyecto, de un programa, de una política establecida, de un gobierno local, regional, nacional o multinacional? Sabemos que generalmente sus actos y decisiones las toman en consenso institucional y en el peor de los casos, cuando se trata de una persona que irrespeta las normativas institucionales, lo hace arbitraria y soberbiamente.

Por ejemplo, nos resistimos a creer que ¿Sea al Juez Sergio Moro, del Brasil a quien hay que responsabilizar exclusivamente por mantener al ex presidente Lula da Silva en prisión sin probar objetivamente sus delitos?, tampoco es al juez Julian Ercolini, el único responsable de perseguir a Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina. Inclusive, uno se interroga sí ¿Será el Presidente actual de Ecuador, Lenin Moreno y asesores más cercanos, los únicos responsables de perseguir al Ex presidente Correa, y está promoviendo a Ecuador para integrar la OTAN y además, introduciendo al Pentágono a su territorio? ¿Será la pareja Ortega, la única responsable de la represión existente en Nicaragua? ¿Será Jimmy Morales y su partido político los únicos responsables de la corrupción en la administración del gobierno guatemalteco? O ¿Serán Renato Alvarado, Rodrigo Wong Arévalo y Alfredo Villatoro, responsables directos de noticias en TV y radio, que alienan la conciencia colectiva de los hondureños? O ¿Será el magistrado Fernando Cruz, nuevo presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, responsable de no resolverse la prolongada crisis del poder judicial? O ¿Será Nicolás Maduro el responsable de la crisis económica y política de Venezuela? Estos y otros muchos actores en el escenario de nuestra región, normalmente son centro de ataques por los diferentes medios de comunicación.

Así como la inteligencia estadounidense creyó que con desaparecer a figuras políticas como Hugo R. Chávez, desaparecería la conciencia revolucionaria de la ciudadanía venezolana; muchas personas creen que destituyendo a figuras controversiales como Donald Trump, o Xi Jimping, o Theresa May, van a producirse cambios sustanciales (impactos) en el contexto nacional e internacional. Creer que quitando a Christine Lagarde, como Directora del FMI, se acabaría la caída estrepitosa de la economía argentina, sería muy ingenuo, puesto que habrían más de una docena de candidaturas iguales o peores que ella, para asegurar que lo negociado con Mauricio Macri se cumpla al pie de la letra, hasta poner de rodillas al país frente a los intereses de las grandes tras-nacionales financieras y demás negocios mundiales.

Lo cierto es que estas personalidades, algunas mucho más relevantes que otras, no se han generado por procesos de metamorfosis individual o familiar. Son el resultado de procesos colectivos sociales y políticos del medio en que conviven y de las redes globales del modelo neo liberal o del liberalismo internacional. Si se llegaran a defenestrar, a quitar o fallecieran por muerte natural, sin lugar a dudas, van a ser sustituidos por alguien similar o peor. Como es el caso del gobernante más poderoso del continente americano: Donald Trump. Este magnate de los bienes raíces, xenofóbio, neo-fascista, considerado por muchos como el peor gobernante de la historia estadounidense desde lo ético, moral, político y económico, si fuese impedido (empechement) de seguir gobernante, sería inmediatamente sustituido por su vicepresidente Mike Pence, probablemente sería peor gobernante que Trump, es decir, los riesgos de destrucción de la “única nave espacial en que viajamos” será mayor. De todas manera, los “águilas del Pentágono” tienen mayor control del Estado ahora que cuando estuvo Barack Obama y otros antecesores.

El pensar que estos actores son quienes generan los hechos que producen mayor sufrimiento humano y, que al no estar ellos/ellas en sus puestos actuales, se concluirá con buena parte o todo ese sufrimiento que producen. Así que muchas son las personas que buscan cómo derrocar o sustituir a estos poderosos personajes, quienes son reconocidos con nombre y apellido.

Pero algunos sectores sociales creen que insultando, ofendiendo, denigrando y hasta produciendo mayor desprestigio a su oponente, va a lograr cambios sustanciales además de lograr una terapia psicológica colectiva. Por ejemplo, en Honduras, desde el primer fraude electoral para elegir a Juan Orlando Hernández, posiblemente el presidente menos popular de Centroamérica, han circulado miles de mensajes por las redes sociales, con críticas fuertes, muchas sustanciales, sin producir un solo paso al lado de este señor. Como circula un video internacionalmente, es una persona sumamente cínica que no se inmuta ni para mentir y menos por ser fuertemente criticado. Hemos escuchado que desde el movimiento de “Los Indignados”, antes de su re elección, le han recordado a su madre en todos los desfiles, pero nada ocurre ni ocurrirá con él. Muy parecido a la actitud de Jimmy Morales en Guatemala. Y así al Secretaria General de la OEA, don Luis Almagro, muy recomendado inicialmente por políticos de gran prestigio, luego, rechazado por la mitad de ellos, se sostiene allí desde el 2015, pese al creciente desprestigio internacional ganado. Es decir, han fallado las protestas y medios de crítica utilizados, sus objetivos apuntados a personas, más que a estructuras. Si Almagro, o Theresa May, o Donald Trump salen del poder, nadie puede asegurar que eso producirá cambios importantes y significativos para la ciudadanía.

Si hay algo inquietante son nuestros sistemas de justicia, generalmente controlados por un grupo reducido de abogados con títulos de magistrados, propietarios y suplentes, quienes integran diferentes Salas, concejales, y otros, elegidos por el poder legislativo. Es decir, un poder define quiénes van a integrar otro poder, y este poder legislativo es un órgano esencialmente político partidario. Consecuentemente, el Poder Judicial, difícilmente se libera de las influencias de los partidos, especialmente por los que dominan el Poder Legislativo. Eso está teniendo graves consecuencias en la vida política de la mayoría de los países latinoamericanos. Pero, no se escuchan propuestas para reestructurar esta modalidad para evitar estas influencias, los altos grados de impunidad, de mora judicial, las graves decisiones de jueces que favorecen el mercado ilícito, además de los enormes privilegios de Magistrados, como si fuesen una casta superior dentro de nuestras sociedades. Estas intocables instituciones son protegidas, por las élites políticas y económicas que se aprovechan de una tradición históricocultural y de la creencia que esta es la mejor forma de manejar la “Justicia Ciega” heredada por los europeos.

En el contexto general de cada país, el público puede pasar rápidamente de la adulación al odio con facilidad. Es esta manipulación de la subjetividad social, de los principales logros en los medios tarifados y algunas redes electrónicas. El odio lleva a la población a buscar desahogarse con fuertes expresiones, manifestaciones multitudinarias, memes y demás medios de las redes sociales, que producen un efecto terapéutico de alivio y relajamiento al estrés que producen los mandatarios que gobiernan para su propio beneficio, para las élites locales y para actores extraños al país que contribuyeron a elegirles. Son otros los dueños del poder, el denominado poder fáctico. Este es quien finalmente determina cuánto dura un gobernante “elegido por sufragio democrático”, mientras que los y las votantes, solamente sirvieron para validar un proceso, muchas veces amañado. y de la satisfacción de fuerzas mayores, en general externas. En otras palabras, existen actores invisibles que manejan los hilos de un sistema de explotación, extorsión y violencia contra los modelos democráticos quienes manipulan las fuerzas sociales, aun cuando sean de la oposición, para neutralizarla, con significativo éxito.

Se ha venido observando el caso de Honduras desde que el Departamento de Estado en Washington, encabezado por Hilary Clinton decidiera que el ex presidente Manuel Zelaya Rosales debía salir del poder aliándose para sacarlo con la oligarquía criolla, incluyendo a líderes religiosos. El pueblo hondureño ha tratado diferentes fórmulas políticas para recuperar la democracia liberal que tenía y ha venido fracasando en todas. Una de sus debilidades ha sido concentrar sus baterías en personas y no en sistemas y metodologías. Además de llorar los innumerables asesinatos por el régimen y sus aliados, gritando con mucha fuerza para que se haga justicia y procurar procesar a los actores del partido político en el poder, esa oposición se han desgastado en pleitos contra personalidades, desahogándose en un mar de críticas, insultos, pleitos y acusaciones. Nueve años han estado con diversas tácticas contra el gobierno, pero éste, que no tiene escrúpulo alguno para utilizar el principio de “el fin justifica los medios”, les ha ganado una y cien batallas. Recientemente, se notan suspiros de esperanzas en lograr justicia, porque el Senado de EUA ha exigido a la Casa Blanca tomar medidas contra el grave estado de corrupción, impunidad e injusticia que se vive en Honduras. Sin embargo, internamente pareciera haber una oposición desmembrada, agotada y sin una estrategia clara, más que ese desahogo terapéutico de expresiones de enojo, justificado, pero inutilizado o mal canalizado.

El caso de Honduras es importante verlo en su forma y metodología de dominio, porque nadie puede apostar que esto no le ocurra a alguno de los países vecinos. En Nicaragua se dice que en tres meses han habido más de 300 víctimas mortales, un buen número de presos políticos y un millar de heridos. En Honduras, en nueve años hay acumulados más de 12 mil asesinatos, mucho más heridos y aun hay presos políticos, sin incluir los exiliados políticos. Esto es un promedio de 1,333 homicidios cada año o 111 por mes.

En otras épocas, cuando no había tanto medio electrónico de comunicación, cuando existía una clase trabajadora organizada, fuerte y crítica, los cambios no se esperaban tanto de afuera. Los casos más ilustrativo fueron los grandes movimientos de lucha contra las dictaduras de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, y Guatemala. La clase trabajadora y clase media baja, no concentraba sus energías en el individuo que gobernaba, Pinochet, Videla y demás comandantes militares, sino en el sistema dictatorial y sus alianzas con el imperio estadounidense. Un general pudo haberse cambiado, pero la lucha se mantenía hasta ver derrotada la dictadura militar, algunas, como la de Brasil, tardaron dos décadas en caer. Se dirá que esto ha cambiado y son otros los parámetros los que existen. Desde luego, pero el arte está en saber adecuar los medios y las estrategias a las nuevas condiciones y no en lamentarse constantemente por perder una y otra batalla frente a actores visibles, ignorando a los invisibles, que seguramente son más influyentes.

 

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El reclamo de los pueblos indígenas sobre sus tierras es un derecho consagrado en múltiples convenios, leyes y declaraciones

Por Uriel Rojas R.

 

El reciente acto de recuperación de unas 250 hectáreas de tierras en Rey Curré por parte de la comunidad, forma parte de un eslabón de procesos que se iniciaron hace un par de años atrás en otros territorios indígenas tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras.

La tenencia de tierras indígenas en manos de no indígenas es una problemática que debió atenderse desde la creación del Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO).

Sin embargo todo siguió como si nada.

Luego la aprobación de la Ley Indígena #6172 por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el año 1977 estipula en su artículo 3 que: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las tierras indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”.

Los crecientes conflictos por el desacato a estas leyes y tantas muertes ocasionados en otros países, llevó a la OIT a incorporar en su Convenio Internacional 169, algunos numerales asociados a esclarecer este tema, que luego serían abordados y mejorados por otras Declaraciones y Convenciones.

Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas determinó en su artículo 26 que:

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Este artículo 26 se refiere a la relación indígena-tierras-territorios. En su primer inciso reconoce los derechos a esas tierras, territorios y recursos, y agrega “aquellos [tierras, territorios y recursos] que hayan adquirido de otra forma”, o sea, no por posesión o utilización.

Vale resaltar que este derecho de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras ancestrales está también tutelado en otras normas jurídicas como:

  • Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21.
  • Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona, artículo 23.
  • Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, artículo 5.
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 17.
  • Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en sus Recomendaciones Generales XXIII (51) sobre los Derechos de las poblaciones indígenas (1997).

De tal manera que, los procederes efectuados por la comunidad indígena de Rey Curré está contemplado dentro de la protección legislativa existente, a pesar de los malestares y conflictos que esto genera, especialmente para el poseedor establecido de manera arbitraria a lo contemplado en las normativas jurídicas nacionales e internacionales.

 

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Carlos Meneses Reyes: Porqué defender al gobierno de Daniel Ortega

Por Carlos Meneses Reyes

 

INTRODUCCIÓN

En mi anterior artículo “El Efecto Dominó Contra Nicaragua” intenté un repaso histórico sobre la Nicaragua Sandinista de Hoy, caracterizando que el triunfo de la Revolución Sandinista fue el logro de la caída de la dictadura somocista por más de 59 años; no el triunfo de una revolución socialista, como tampoco el de una revolución democrática popular. Fue el triunfo de una política Frentista de Liberación Nacional. Ahora, un proyecto de reforma al sistema pensional y de seguridad social, fue el detonante de la situación degenerada en protestas callejeras. Sin el apoyo de los empresarios y la asistencia de estos a sectores estudiantiles, con miras a que la normalidad retornara a las calles de Managua, el gobierno decidió retirar el controvertido proyecto; pero las protestas no cesaron y la intención del levantamiento conspirativo quedó al descubierto, al expresar los voceros estudiantiles que el presidente Ortega debía renunciar. Luego, acorde con el despliegue de la mediática, se suceden las imposiciones para que el gobierno adelante las elecciones en altisonante juego de exigencias.

DEL TRIUNFO SANDINISTA

Las condiciones del movimiento popular ante la férrea dictadura somocista, no permitía una expresión de las organizaciones sociales ni populares. No existía reconocimiento legal alguno, ni de ejercicio de los derechos fundamentales. Paralelo a la hambruna y empobrecimiento de la población corría la carencia de instancias de representatividad. El papel del clero insurgente y los trabajos de comités de base eclesiales, suplían formas organizativas, por lo cual la lucha político y militar del Frente no fue una lucha por el poder, sino la de los logros por alcances democráticos contra la dictadura. La experiencia de un Frente Popular se materializó con el encausamiento de los efectos de la represión contra la clase media. Afectados también el sector de intelectuales, de comerciantes , pequeños y grandes empresarios, que carecían de un mercado libre, competitivo, y sin capacidad política organizativa, enfilaron a la política del Frente y bajo la denominación política del Grupo de los Doce, todos esos actores afectados y que no tenían espacio ante la plutocracia del grupo de los Somoza, tuvieron cabida en ese escenario de lucha en el que, por las circunstancias del momento, no correspondía dirimir la lucha ideológica, sino la aceptación de apoyar la lucha contra la dictadura; lucha de por sí insurreccional.

La sumatoria de organizaciones políticas y sociales, propias en una política de Frente, aplicaba sobre una dinámica de militancia. No había una Escuela de Cuadros en la formación de dirigentes. Ello explicable por cuanto al no darse la complejidad de lo político-organizacional, el faro de la búsqueda del poder no era la meta. Lo era el derrocamiento del mal gobierno dictatorial. Al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lo identificaba y movía, un programa de alcances concretos y que a hoy continúa siendo el programa vigente: * Revolución Agraria (aún no alcanzada). * Legislación laboral y seguridad (amenazada por la flexibilización y el deterioro de derechos sustantivos). * Gobierno revolucionario y honestidad administrativa (con un flagelo de corrupción y no ejercicio eficaz de órganos de control). * Reincorporación de la Costa Atlántica (bajo un modelo de Ordenamiento territorial no satisfactorio y la mediocridad díscola de las minorías indígenas Miskitas, en permanente oposición a salidas de solución). * Emancipación de la mujer y respeto a las creencias religiosas (con dura afectación al derogar la Ley del Aborto y enterrar otras conquistas de género; así como el desdibujado cariz religioso que linda con fundamentalismo para congraciarse con el peso político especifico de la jerarquía eclesiástica). *Política exterior independiente y solidaridad internacional. *Ejército patriótico popular y eliminación de la guardia nacional somocista y la * Unidad Centroamericana. Estos últimos estadios de logros eficaces y verdaderamente progresistas.

LA POSICION DE IZQUIERDA

Se vocifera que es una inconsecuencia “de la izquierda” apoyar al régimen represivo de Daniel Ortega en la presidencia y Rosario Murillo en la vicepresidencia de Nicaragua. Con infinidad de calificativos y carencia de argumentos, se suceden acusaciones y violaciones por doquier, ante la respuesta gubernamental de represión a las actividades conspirativas e insurreccionales.

Exhibiendo el crecido número de muertos durante los enfrentamientos y el prolongado ciclo de protestas desde el 18 de abril de 2018, generan un ambiente de malestar generalizado en la opinión pública internacional, abrumando y presionando con una salida unilateral y no producto de un acuerdo político en la búsqueda de solución definitiva a los sucesos. Se registran protestas de organismos internacionales como la OEA, declaraciones de jefes de estado en particular, manifestaciones de urgencia de sectores académicos y de la intelectualidad a mutuo propio o en representación de entidades, atosigan y abruman articulistas y generadores de opinión para contrarrestar a la otra corriente que vislumbra un mal uso de los canales de la diplomacia entre los estados, un empeño en abrumar con la presión en la imposición de medidas a prisa al gobierno sandinista llegando a la disonancia venenosa que el argumento de los defensores del gobierno sandinista es el de siempre: “ las protestas están organizadas por el imperialismo yanqui; criticar la represión es funcional a los intereses del neocolonialismo”, etc, etc.

PERMANENCIA DEL SANDINISMO

Es dable afirmar que el tal Orteguismo no existe. El Sandinismo es el que ha permanecido como ejercicio político, acorde las condiciones organizativas internas, bajo los emblemas de variables para la iniciativa de manejo del poder, en cogobierno con los sectores derechista predominantes desde el Grupo de los Doce, en la génesis de la estructura y naturaleza Frentista atrás expuesta; materializada en las alianzas expresas con el corrupto Arnoldo Alemán.

Para mantener una concepción política progresista y en forma práctica alternativa de gobierno, el sandinismo concilio posiciones pragmáticas de efectos neoliberales en la economía; retardatarias en cuanto a derechos de las mujeres, conservadores en cuanto a la permanencia de un estado laico y de reformismo constitucional en cuanto al ejercicio democrático. La neutralización de la Contra revolución opero a costa del pesado fardo de la colusión, en el entendido que, sin ser de principios socialistas ni revolucionarios, la concepción frentista del sandinismo no traicionó los principios universales de la izquierda; puesto que reitero, el sandinismo no era revolucionario ni de izquierda. Ahondando en explicación razonada, opere un silogismo de comprensión en el que la premisa mayor la constituye un discurso de planteamiento antiimperialista, anti-neocolonial y anti oligárquico. La premisa menor, las alianzas pragmáticas para el ejercicio y monopolio de poder gubernamental y la conclusión, la permanencia de una política progresista como modelo o forma de gobierno alternativo en el escenario latinoamericano. Así entendido, la posición consecuente de izquierda ante el fenómeno del sandinismo encargado en la presidencia de la dupla Ortega- Rosario, es la reivindicación para la permanencia, avance y triunfo de una concepción progresista y no revolucionario y/o socialista en Nicaragua, cuyo factor de iniciativa y permanencia depende del sandinismo bajo la presidencia de Ortega. Esa es la realidad actual de la izquierda latinoamericana. Predomina la tendencia progresista ante la tendencia socialista, de izquierda y revolucionaria. Por ende, no sea difícil digerir que, ante el panorama de la realidad política en Nicaragua, la izquierda por principio alinee a favor de la continuidad y permanencia de la Presidencia de Ortega en el poder y no en su contra, ante la eventualidad del desplazamiento de los progresistas por el embate de la derecha en Nicaragua.

A manera de Conclusión

No es que la falta de iniciativa política e ingobernabilidad sea el resultado de la represión. El estallido de inconformidad estudiantil dista de una articulación organizada y popular. La posición de los viejos sandinistas no materializa una concepción elaborada de ideas renovadoras e incurren en verdadera escolástica sin crítica interna. No asoman partidos de oposición. El papel aglutinador y de interlocución la jugó la Conferencia Episcopal, dándole forma a una Mesa de Dialogo en la que están sentados o representados el Consejo Superior de la Iniciativa Privada, verdaderos “cacaos” empresariales. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCAM), que promueve la inversión entre los Estados Unidos de América y Nicaragua a través del libre comercio, la libre empresa y el libre mercado. Delegaciones de estudiantes, que fueron a Washington a retratarse con ultraderechistas como Marcos Rubio e Ileana Ross y en gracia de discusión por los movimientos sociales uno que otro exponente a nombre de la sociedad civil, el movimiento campesino, sindical y la costa Caribe. En tanto el presidente Ortega ha sido consecuente con la permanencia del dialogo y la respuesta oficial en la responsabilidad del ejercicio represivo.

La vorágine del conflicto está en su cenit y por ende corresponde a la soberanía y dignidad del pueblo costarricense el que se esclarezca toda violación al derecho Internacional de los Derechos Humanos en Nicaragua. Ante eso la izquierda es inclaudicable.

Déseme la licencia de concluir con apartes de mi citado artículo anterior al presente:

“Resulta sintomático que no se despliegue con tan inusitada tenacidad como se hace para condenar, el factor de existencia de las misiones instaladas en pro de búsquedas de soluciones.

Así: Se acordó con las Autoridades de Nicaragua, desde el 2 de julio de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (G.I.E.I) para documentar las fuentes de acciones violentas en Nicaragua. Aportar a la Verdad y a la Responsabilidad de los hechos durante las confrontaciones en curso.

Existe desde el 24 de junio de 2018 el MESENI (Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua) grupo internacional e interdisciplinario en relación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empeñados en definir sobre la identidad y existencia de los cargos de uso de grupos paramilitares.

Alarma la suerte de toda una nación en el que el maltrato de una observación diplomática internacional conlleve al peligroso tránsito de una guerra civil en Nicaragua. Comprendan las personalidades involucradas que de lo voluntarioso no queda sino lo de aprendiz de brujo”.

 

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El efecto domino contra Nicaragua

Por Carlos Meneses Reyes

 

Desde el día 18 de abril de 2018, se desbordó la protesta social en Nicaragua, cuando los estudiantes universitarios, alentados por los empresarios, rechazaron una reforma al sistema de seguridad social que implicaba cambios en los requisitos de edad para optar por la pensión de jubilación, incrementándose aportes de trabajadores y patronos y gravámenes adicionales. La protesta generalizó enfrentamientos y surgieron motivaciones decantadas en el ideario de masas al persistir situaciones no resueltas en torno a políticas de implementación de Mega proyectos tales como la construcción del canal Interoceánico, en asocio con el capital chino y que desde el inicio centró el rechazo de defensores de la naturaleza por su efecto adverso al sistema ecológico sostenible, daño al entorno del Lago interior de Nicaragua y la supervivencia del tiburón de agua dulce, entre otros ecocidios. Aunado a lo anterior, el suceso de catastrófico incendio en la Reserva Natural Indígena Maíz, acusándose al gobierno de desidia en la solución pronta de la conflagración e incompetencia de las autoridades en la aplicación de programas complementarios en beneficio nacional.

LA NICARAGUA SANDINISTA DE HOY

Conforme a los derroteros de luchas de liberación de los pueblos latinoamericanos contra el Imperio, y las oligarquías criollas apoltronadas, el estadio de sucesos nicaragüenses reviste situación particular, como quiera que en ese suelo libertario la llegada de la Independencia del yugo español se dio por decreto de la Capitanía de Guatemala y fue en la lucha contra los filibusteros de Walker, donde sin notarlo se había declarado la anexión de Nicaragua a los intereses plutocráticos norteamericanos y creando su propio ejército, William Walker, quien fue gobernador de Nicaragua, pretendió anexarse a la pacifica y bucólica Costa Rica, desarrollándose la campaña de 1856, que se define como un pasaje de verdadera guerra de independencia de los pueblos centroamericanos. Se daba la expansión de la aplicación de la doctrina del Destino Manifiesto, prologado por Bolívar como que los Estados Unidos de Norteamérica estaban destinados a asolar de miseria a los pueblos latinoamericanos y aunado al proyecto comercial, los bergantines expedicionarios estadounidenses, pasaban del Atlántico, por el Río San Juan, al lago de Nicaragua y por el Pacifico enrumbaban a la California. Ya a inicios del Siglo XX la invasión de Estados Unidos fue de manera abierta a México, Haití, Panamá, República Dominicana, Nicaragua. En este país, Nicaragua, fue con la dinastía de Anastasio Somoza Debayle como entronizó el Imperio. Surgió el luchador popular y patriota Augusto Sandino, asesinado por Somoza y a quien heredó en el poder su hijo Tachito Somoza, hasta que sucumbió con el triunfo de la revolución por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, que había sido fundado en 1961, por Carlos Fonseca Amador, como una organización político militar de izquierda y ejemplo para el desarrollo de la lucha armada antiimperialista.

El paso del Sandinismo por el poder en Nicaragua fue fugaz y la liberal Violeta Barrios de Chamorro, luchadora contra la dictadura somocista ganó las elecciones, siendo elegida presidente del 25 de abril de 1990 hasta el 10 de enero de 1997. Daniel Ortega aspiró a la presidencia en las elecciones de 1996 y fue derrotado por el liberal Arnoldo Alemán elegido presidente del 10 de enero de 1997 al 10 de enero de 2002. Luego fue elegido presidente Enrique Bolaños Geyer del 10 de enero de 2002 al 10 de enero de 2007. Daniel Ortega sufrió tres derrotas electorales en 11 años. Hasta ser elegido presidente para el periodo 2007 al 2011, sucediendo a Enrique Bolaños Geyler. El 6 de noviembre de 2011 Daniel Ortega fue reelegido presidente en justas electorales ante el empresario radiofónico Fabio Gadea y el controvertido político liberal Arnoldo Alemán, periodo cumplido hasta el año de 2016. Su carisma político logra su reelección el domingo 6 de noviembre de 2016, por un tercer periodo consecutivo y con un registró del 72% de la votación conforme al Consejo Supremo Electoral. Desde el 10 de enero de 2017 ejerce la presidencia junto con su fórmula de Vicepresidencia, Rosario Murillo, quien es su esposa. De manera que, en ejercicio de este tercer periodo de mandato gubernamental, Daniel Ortega ha gobernado a Nicaragua por 15 años consecutivos al concluir su actual mandato que se extiende hasta el año 2022.

¿EL GOBIERNO SANDINISTA REPRESENTA UN PODER POPULAR?

La Revolución Sandinista no fue una revolución socialista. Tampoco una revolución democrática popular. Fue una revolución victoriosa contra una dictadura de facto oligárquica, latifundista e imperialista de mas de 59 años en el poder. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no consolidó un poder popular y sus actuaciones gubernamentales registraron hechos de ingobernabilidad y de inconsecuencias que pronto pasaron factura por parte del electorado. El Sandinismo en el poder fue una especie de retórica en el uso de un lenguaje revolucionario y de expresión antiimperialista, a un pueblo conmovido por el sufrimiento, con un discurso de expresión de ideas con énfasis en un discurso de aplicación para la obtención de cambios. Emergió en momentos en que se consolidaba la Revolución Cubana y el compás de permanencia de patio trasero de la geopolítica del imperio se deterioraba y alzaba en reto en la llamada guerra fría. No aplicó un programa de reforma agraria integral. Sí el de expropiaciones desmesuradas, cuyas desmedidas conformaron un cuadro de escenario de inequidades y contribuyeron a corroer la esencia gubernamental del gobierno sandinista en una cadena de operaciones que confluyó en anárquicas situaciones de desorganización y desordenes propicias para instaurar un ejercicio de corrupción generalizada, para mencionar tan solo el pasaje de “la piñata”, juego que consiste en colgar a cierta distancia del suelo un recipiente generalmente lleno de dulces , para romperlo a palo con los ojos vendados; y con el que se retribuyó el ejercicio burocrático de un poder improvisado o para el que no se estaba preparado.

Los Estados Unidos no permitieron la presencia de un gobierno de tono revolucionario e inspiración antimperialista y que pudiera significar la repetición de otra Cuba. Ya en 1981 habían sacrificado a la Isla de Granada invadiéndola y en el año de 1985 armaron a la contra revolución, impulsando un movimiento armado en su interior que llegó a contar 22.000 efectivos, dedicados a la destrucción y muerte mediante miles de ataques terroristas y de violaciones a los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia demostró que, durante el gobierno de Ronald Reagan, se entrenó, armó; así como se financió y abasteció a las Contra a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); quedando al descubierto el escandalo Irán-Contra, consistente en la venta ilegal de armas para financiar a las Contra en su empeño por derrocar al Frente Sandinista del poder en Nicaragua. Pasando por luchas intestinas y escisiones la original Dirección Nacional se fue diezmando.

Luego de los gobiernos liberales sucesores al régimen sandinista, vuelve el Frente Sandinista al gobierno con la presidencia de Daniel Ortega en el año 2007. El desempeño político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no obedeció a un programa revolucionario. Sus actuaciones en el campo del manejo político y ejercicio gubernamental se centraron en acuerdos con los partidos políticos rivales y acercamientos con la iglesia católica, férrea opositora a sus gestiones, con la gestoría del cardenal Obando y Bravo; en una exposición de confrontación de razonamientos y argumentaciones en diversos ámbitos de la vida política nacional. Concesiones como la derogación a la ley del aborto, que había sido uno de los logros propios del FSLN, hasta pactar con el controvertido y condenado por corrupción, el expresidente Arnoldo Alemán, el alivio de penas impuestas en su contra por la justicia nicaragüense. El empeño de Ortega confluyó en lograr una aceptación popular a su deteriorada figura. Apeló a los mensajes pacifistas y solidaristas, evocando a reconciliación, la paz y la invocación a Dios y al amor. Durante el desarrollo de las campañas electorales prometió respetar la propiedad privada. El modelo económico no fue tocado y por ende encausó en una corriente de ejercicio neoliberal, respetando el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-RD) con Estados Unidos. Durante el gobierno de George W Bush, prometió gobernar en forma armoniosa con sus políticas internacionales, acorde con los reiterados respetos a la propiedad privada y con asonancia a las libertades individuales y armonía al capital inversionista extranjero resaltando la seguridad al sector privado en todo el ámbito nacional. Le apostó al crecimiento económico, con la sabida consecuencia que no implica bienestar para la población, como si para el capital especulativo financiero. Desoyendo el clamor de la tendencia de los gobiernos progresistas alternativos en respuesta al neoliberalismo salvaje y la privatización ultranza, aplicó la economía de mercado y “en desarrollo de relaciones con toda la comunidad internacional”. En el caso del Canal Transoceánico, no pactó con el gobierno chino sino con emergente multimillonario chino, caído hoy en desgracia y que replantea lo de un nuevo canal interoceánico y la opción, con viabilidad sostenible, del canal seco que una a los dos océanos.

Resumamos los logros populares de las administraciones durante los gobiernos de Daniel Ortega como la restauración de la gratuidad de los servicios de Educación y Salud. No existe cobro en las escuelas públicas, con exoneración de matrículas, costos de textos escolares e insumos a estudiantes. En el sector Salud aplicó la eliminación del cobro de consultas privadas en los centros públicos. Se restableció la gratuidad de los medicamentos. Se elevó la efectividad de las pruebas clínicas y operaciones quirúrgicas, con el aumento de control y práctica por parte de los centros sanitarios dependientes del estado, bajo las premisas de eficiencia y eficacia. En una palabra, primó la soberanía popular en torno a la prestación de los servicios esenciales de Educación primaria y salud por parte del Estado. Obtuvo la despenalización o legalidad de la homosexualidad.

EL MANEJO ANTE LA IRRUPCIÓN DE LA PROTESTA CALLEJERA

Del histórico Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al fallecer Tomás Borge en el 2012, solo quedan Daniel Ortega y Bayardo Arce Castaño. Luego de “la piñata” y ante el triunfo de Violeta Chamorro, emblemáticos dirigentes abandonaron la Dirección Nacional del Frente. Lo hicieron así, porque sí, cargando con sus errores políticos; mas no reconociéndolos. Junto con Carlos Mejía Godoy, fundaron el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Humberto Ortega, hermano de Daniel, ex responsable del ejército, se alejó de él y no logró vulnerar al ejército sandinista, fracasando en dos aspiraciones de campañas presidenciales. Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Ernesto cardenal, por mencionar a intelectuales de las letras nicaragüenses, no representan un compacto eje de oposición política y el olvidado y relegado Edén Pastora, surge cual oportunista político, como cabeza de playa para afectar el soberano territorio costarricense en su aventura de invadir Isla Portillos, para adecuar la ecocida empresa de drenar el Río San Juan, bajo los intereses torvos de la empresa del Canal Interoceánico.

Un proyecto de reforma al sistema pensional nicaragüense fue la chispa que incendió la pradera. En función de gobernabilidad se estima que es indispensable la reforma pensional, con efectos y cargas fiscales, dado el modelo económico imperante y conforme a los criterios de asesorías financieras internacionales sobre la suerte de los fondos de pensiones. El 16 de abril comenzaron las protestas, no de los jubilados ni de organizaciones de los trabajadores, sino de las bases estudiantiles, habilidosamente urdidas por los intereses y financiamientos de los empresarios costarricenses que abrevan de los acuerdos con el gobierno sandinista y encontraron la oportunidad de acertar la puñalada matrera. Tras cuatro días de protestas se registraron 28 muertes. La jefe de la Policía no renunció; pero el presidente Daniel Ortega, cual probo gobernante, haciendo gala de experiencia y asimilación de estadista, decidió retirar el proyecto de reforma pensional y archivarlo, con miras a que la normalidad retornara a las calles de Managua. Pero no fue así, quedando demostrada la intención del levantamiento conspirativo contra su gobierno. La levantisca tornó propicia para extender la protesta- a manera de sublevación- a otras ciudades principales del país. Bajo la égida de prelados de la iglesia católica, los voceros estudiantiles se reunieron con el ejecutivo y para que hablar de bochorno, cuando en torno a la mesa con la presencia del presidente Ortega lanzan el improperio de la exigencia de la renuncia del presidente Daniel Ortega. La figura impávida del veterano luchador causó el efecto contrario de no sentirse avergonzado, optando por la continuidad del dialogo y aportando los elementos de análisis para interpretar que el giro de los acontecimientos en Nicaragua, requieren de la más juiciosa atención desde el punto de vista político y también jurídico, a la luz del Derecho Internacional.

El acertado calificativo gubernamental fue que se encontraba ante un Golpe de Estado en curso. Con los sucesos en Nicaragua reeditan la propuesta del expresidente Obama y del actual presidente Trump, para enfrentar la respuesta ante los gobiernos progresistas. Comienzan, con apoyo de la mediática, a calificarlos bajo el prurito de “populistas”. Sí. Todo asomo de intención de beneficio popular, que afecte a lo establecido, es calificado de demagógico. Esa dialéctica de la demagogia la arrebataron a la agenda de la lucha popular y la enfilaron cual baterías siniestras contra las aspiraciones de los pueblos. Debaten sobre las “democracias gobernables” que significa lo de democracias “controladas” y las “clausulas democráticas” estilo OEA. La administración Trump asegura el enclave geopolítico del patio trasero ante el encauce de los programas progresistas de profundizar relaciones económicas con China y Rusia, generando situaciones de “estados de excepción” donde las condiciones se lo impongan. Acorde a lo anterior esgrimen el modelo del Estado de Derecho y la figura del “dictador” en un acomodo de manejo a sus malogrados intereses. La ofensiva imperial, va pareja con la ofensiva fascista de la derecha oligárquica.

ATENCION A LA OFENSIVA DE DECLARACIONES DE CONDENA

Una sola muerte en la protesta callejera duele y llama a la reflexión. Azota con un flagelo el crecido costo de víctimas: cerca de 400 muertos, en cien días de protestas. El proceso de conversaciones entre los insubordinados callejeros y la contraparte gubernamental teniendo como interlocutor, primero a prelados eclesiásticos y luego a la Conferencia Episcopal no ha logrado efectos definitivos. Es de destacar la postura diplomática del Estado Vaticano.

El Estado nicaragüense se encuentra ante un contradictor amorfo. Se enfrenta a un envalentonamiento carente de matriz de oposición política. La mediática le juega al caos informativo. El levantamiento de los tranques – como se denomina a los obstáculos o barricadas callejeras – por parte de las fuerzas policiales, tal como ocurrió en la ciudad de Masaya, se califica en titulares como “la toma” de Masaya, con el propósito de magnificar la situación. Todas sindicaciones y condenas anticipadas al “cese inmediato de los actos de violencia, intimidaciones y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”.

Se suceden las expresiones de condena de personalidades nacionales e internacionales, parejo con Declaraciones de grupos de países sobre los sucesos y en pro de búsquedas a soluciones de carácter político y no de fuerza y/o continuidad de los enfrentamientos. Resumo: – La Declaración Especial Sobre la Situación de la República de Nicaragua del lunes 16 de julio de 2018, suscrita por 13 países. – La Declaración de los Estados de España y Ecuador sobre la grave situación, el 15 de julio de 2018. ­– La Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua, por parte del Consejo permanente de la OEA, el 18 de julio de 2018. – Declaración del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para detener la espantosa pérdida de vidas, la seguridad de la población. La Declaración Urgente Por Nicaragua, del 18 de julio de 2018 con firmantes de diferentes países a nombre propio e incluso de Asociaciones, Universidades y organizaciones sociales (…)

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Nos enfrentamos a un panorama complejo para calificar la crisis nicaragüense bajo fórmulas estereotipadas de posicionamientos a condenas de un régimen, a colocar en la picota pública al gobernante Daniel Ortega o en consonancia con manifestaciones de apoyo a ideologías políticas. Resulta por demás irresponsable adelantar la labor de echar a pique el desempeño de todo un periodo de más de cuarenta años en la búsqueda apegada a valores políticos en el desempeño de la causa sandinista partiendo de la fidelidad en planteamientos de principios democráticos. Factores de carácter interno y externo pudieren entronizar el caos con un alto costo para la estabilidad de Nicaragua como nación.

En esto de las condenas por parte de Estados soberanos; de declaraciones por entidades internacionales, la sociedad civil y cuerpo de personalidades, corresponde no ir a tientas, ni elucubrar conjeturas, o afinar casualidades. Desde el punto de vista del Derecho Internacional corresponde observar reglas de naturaleza política y de carácter jurídico para analizar la situación concreta en la forma correcta. En lo político corresponde afinar en la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Las Declaraciones citadas expresan condenas y no exploración de los sucesos y particulares situaciones dadas. En lo jurídico, corresponde admitir que el estado nicaragüense ni la nación que ostenta se encuentra en una situación de “conmoción interna”. Desvirtuar que la pérdida de control político desata la represión, de conformidad con la génesis y desarrollo del conflicto. Pareciere que se incurriere en un desconocimiento del juego del ejercicio de la diplomacia internacional por parte de los Estados en incumbencia. La situación interna de los Derechos Humanos no se puede limitar a ataques contra el sandinismo y la acusación de uso de paramilitares, en forma generalizada. Corresponde garantizar el peso verdadero de las declaraciones de rechazo convincente del presidente Ortega a esas acusaciones concretas, acorde con explicaciones explicitas a hechos explícitos.

Resulta sintomático que no se despliegue con tan inusitada tenacidad como se hace para condenar, el factor de existencia de las misiones instaladas en pro de búsquedas de soluciones.

Así: Se acordó con las Autoridades de Nicaragua, desde el 2 de julio de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (G.I.E.I) para documentar las fuentes de acciones violentas en Nicaragua. Aportar a la Verdad y a la Responsabilidad de los hechos durante las confrontaciones en curso.

Existe desde el 24 de junio de 2018 el MESENI (Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua) grupo internacional e interdisciplinario en relación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empeñados en definir sobre la identidad y existencia de los cargos de uso de grupos paramilitares.

Alarma la suerte de toda una nación en el que el maltrato de una observación diplomática internacional conlleve al peligroso tránsito de una guerra civil en Nicaragua. Comprendan las personalidades involucradas que de lo voluntarioso no queda sino lo de aprendiz de brujo.

 

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México puede ayudar a Centroamérica

Marlin Oscar Ávila

La guerra comercial iniciada por Donald Trump ha producido alteraciones mundiales, sin precedentes en las últimas tres décadas. Los países de las periferias, con pequeños mercados, se encuentran en situación de mayor debilidad y algunos en riesgo de mayor precariedad. La política nacionalista de Trump, en búsqueda de recuperar económicamente a Estados Unidos de Norte América, salvándole de una segunda recesión luego de la del 2008, y cumplir con sus promesas de respecto al empleo y a elevar el PIB, sin conocerse una estrategia definida, excepto la de sus propias y espontáneas iniciativas, le ha llevado a sustituir a otros “villanos mundiales” como Vladimir Putin, creados por los medios internacionales dominados por las grandes corporaciones occidentales.

Como se sabe, el desempleo de EUA ha venido decayendo porcentual-mente desde el 2010, para llegar a cuatro por ciento actualmente. Su crecimiento (GDP) anual es del 2.8%, viniendo de un crecimiento reciente de 2.60, y el mayor obtenido desde el 2008, ha sido de 13.4%. De 14,964.37 billones de dólares en 2010, pasó a 19,390.6 billones de dólares en el 2017, casi un 1.3% de crecimiento. Si D. Trump logra superar esas cifras macro-económicas en el próximo semestre y, si mejora los déficit comercial internacional, Trump habrá salvado buena parte de su camino hacia la re elección extendiendo su contrato como inquilino de la Casa Blanca hasta el 2024. Desde luego, el mes de noviembre próximo debe lograr que su partido Republicano se mantenga en control de la Cámara de Representantes y mantener el dominio del Senado, el cual elige un tercio de sus senadores. Esto está manteniendo al país en campaña política desde ahora, aun cuando, desde afuera, pareciera que desde el 2016 se ha mantenido en un fervor político, más que todo por las élites, hasta llegar a la ridiculez.

En donde se teme que EUA vaya a tener una decaída económica es en las repercusiones que tendrían sus políticas agresivas contra la UE, China, Rusia y sus inmediatos vecinos, Canadá y México. Los centroamericanos aún esperamos las grandes olas de una marea comercial dañina. La reacción de China no se ha limitado a medidas arancelarias recíprocas (exporta a EUA más de lo que importa), pero a expandir de forma agresiva sus mercados, abriendo y ampliando relaciones políticas y comerciales con países del Este de Europa, Asia y África. Allá donde EUA está castigando con sanciones constantes, ingresa China a sustituir y mejorar las relaciones, incluso con países como Arabia Saudita, donde se supone hay grandes diferencias culturales y políticas. Como sabemos, China ha crecido exponencial mente desde los noventas. El GDP del 2017 fue de 6.9%, pero desde que en 1991 obtuvo un 9.3%, no ha bajado de 6 grados, pasando en el 2010 con 10.6%.

Si hay algo que pareciera surgir como positivo, al menos para Centroamérica, es el intercambio de notas entre el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el presidente de EUA, Donald Trump. Se han puesto de acuerdo en los cuatro temas esenciales para sus buenas relaciones. Previniendo un mal twit de Trump, AMLO tomó la iniciativa de dirigirle una carta invitando a su virtual homologo estadounidense a coordinar sus futuras relaciones entre ambos países. Trump se expresó así:

“Estoy de acuerdo en las cuatro faces que ha identificado: comercio, migración, desarrollo y seguridad. Mi equipo ha trabajado duro en los últimos 18 meses para incrementar la relación con México en estas áreas. Les he instruido a redoblar esfuerzos con su próximo equipo de gobierno”, dice parte de la respuesta de Trump a López Obrador.

En la reunión del miércoles 25, con la Canciller Canadiense Chrystia Freeland, el Secretario de Relaciones Exteriores mejicano, Marcelo Ebrard, y sus respectivos asesores principales, en lo que respecta a finanzas, comercio y economía, en presencia de AMLO, se lograron avanzar primeros acuerdos. Tanto la Canciller Freeland como Ebrard, coinciden en que las relaciones comerciales y demás deben ser producto de un acuerdo de las tres naciones, incluyendo a EUA. Es decir, no apuestan por arreglos bilaterales, como ha venido planteando Donald Trump. Según Marcelo Ebrard, “pensamos que el tratado debe permanecer como un tratado trilateral y que, desde luego, debe, puede, ser modernizado, pero no pensamos en que tenga una naturaleza distinta a la que hoy tiene”.

Además de establecer lineas de trabajo conjunto en asuntos de mercado, acordaron “homologar para el caso de México y Canadá las exigencias que tienen que ver con libertades y derechos humanos, medio ambiente y derechos laborales”. El gobierno virtual de México afirmó que una política que se seguirá en la próxima administración es la de buscar que empresas de otras naciones cumplan en México con las mismas normas laborales y ambientales que el nuevo gobierno va a establecer en ese país.

Pero AMLO incluye el área centroamericana para sus negociaciones con los países del norte, en una lógica interesante, dado que los cuatro ejes expresados a Trump, incumben definitivamente a Centroamérica y Panamá. Los países que integran el DR-CAFTA no pueden quedarse como espectadores ante estos acontecimientos que ocurren en el norte del hemisferio. Pese a manejarse un mercado con México de alrededor de 20 mil millones de dólares, pareciera que estos gobiernos estuvieran paralizados ante los hechos imprevistos, tanto en lo político como en lo económico, en relación a esas tres grandes naciones que conforman América del Norte, órbita sobre la cual han venido girando por casi dos siglos.

Por ejemplo, la relación de Costa Rica con México ha sido muy positiva, no solamente en el comercio, pero en otros rublos esenciales. México ha estado invirtiendo un promedio de cien millones de dólares anuales en Costa Rica. En el 2016 México facturó dos mil millones de dólares. La balanza comercial generalmente ha sido positiva para Costa Rica. Ahora que en Costa Rica se ha incrementado el crimen organizado, el tráfico de estupefacientes, la migración, no hay duda alguna, que la nueva forma de relación que México está iniciando con EUA y con Canadá, le es conveniente fortalecer esta relación a Costa Rica. Pero se puede decir algo parecido con el gobierno salvadoreño, puesto que su intercambio comercial con México, superan los 750 millones de dólares y el partido gobernante es más cercano a MORENA de lo que puede ser el PN de Honduras y el PCN de Guatemala, quienes además, tienen grandes dificultades de gobernabilidad por sus altos niveles de corrupción y enjuiciamientos de altas figuras del gobierno. Así mismo, el gobierno de Nicaragua, quien tiene unos conflictos políticos y económicos sin precedentes en los últimos dos años, de lo cual hay mucha incertidumbre sobre su futuro, sumado al rechazo internacional que va en crecimiento. Esto nos lleva a sugerir que Costa Rica y El Salvador lideren esta relación para Centroamérica.

El marco político que se está proyectando desde el virtual presidente de MORENA en México, sin duda es más coincidente con el actual gobernante costarricense PAC de lo que ha sido el PRI de Enrique Peña Nieto. Así que Carlos Alvarado y Epsy Campbell Barr , Presidente y Vice Presidenta de Costa Rica, respectivamente, creemos que deben desde ahora concertar una cita (si no es que ya lo hicieron) con el virtual presidente mexicano, López Obrador, para iniciar una actualización y mejora en sus relaciones en muchos sentidos. Mejor sí se les une Salvador Sánchez Cerén y Hugo Martínez, por El Salvador. Esperar a que otras naciones lo hagan sería ignorar la necesidad de establecer una relación pronta, adecuada a los principios democráticos y de respeto a nuestra soberanía con Estados Unidos de América.. AMLO dio el primer paso al expresar su interés para establecer una relación sobre los cuatro ejes esenciales para México y Centroamérica, Trump los ha aceptado y prepara los detalles. Con los problemas que tienen los países del triángulo norte y Nicaragua, no pareciera factible que se animen a tomar esta iniciativa ahora. Así que es en Costa Rica adonde están las condiciones para avanzar una nueva relación con los grandes países de Norte América.

El riesgo es que el gobierno de Trump cambie sus criterios de repente y tire a la borda cualquier acuerdo bilateral o multilateral. Pero eso siempre estará sobre la mesa o en su “manga mágica”. Para protegerse de éste posible hecho, se debe presentar acuerdos más sólidos, con mayor fuerza, interés y de mayor impacto. Si se estableciera un nuevo acuerdo comercial y económico uniéndose a México y luego a Canadá, para lograr la fuerza necesaria ante Washington, el futuro de esta relación no estaría en precariedad.

A EUA le interesa que sus empresas no salgan a invertir afuera, por lo que trata de terminar con el atractivo de los bajos salarios en nuestros países. Nuestros gobiernos han estado manteniendo bajos los salarios para hacer lo contrario, satisfaciendo las exigencias de las empresas del norte. Esto parece que con Trump no va y espera equilibrar e igualar los derechos de la clase trabajadora. Esto, seguramente beneficiaría a la clase trabajadora de América Latina. No será fácil, pero hay que iniciar ya las conversaciones con los países del Norte de América. No hacerlo, puede calificarse de negligencia administrativa y diplomática.

Enviado por el autor.

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