Carlos Meneses

En novelón entretejido el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira sale mal librado. Se sabe que, siendo asesor jurídico y representante judicial del Grupo Aval, grabó “a su amigo” Jorge Pizano y en un nada coloquial cruce de palabrotas y lenguaje lumpesco y soez se hace conocedor y receptor de situaciones ad-Valorem, que riñen con lo penal. Para Pizano las coimas de Odebrecht fueron a parar al Clan Char, en el festín del juego electorero en el que el partido político del Fiscal- Cambio Radical- afianza su poder. Surge una supuesta ruta de cosas acomodando situaciones del entonces abogado litigante, quien dos años después sin reato de conciencia asume la Dirección del ente investigador judicial del escándalo de la multinacional brasilera. Coloca como palabras del fallecido Pizano que dizque mencionó que Luis Carlos Sarmiento Angulo era una víctima, sobreentendiéndose que el multimillonario es el representante del consorcio de empresas que lidera el grupo de presión económico y financiero AVAL y que con el principio de “societas delinquiere non potest”: las sociedades no delinquen y responden las actuaciones de sus representantes, se pretenda diluir una tipificación penal. Fuentes también suministradas por el occiso Jorge Pizano, a la periodista María Jimena Dussan, expresan que él decía: “me tiembla el pulso y me van a matar” “me volví incómodo para el Grupo Aval”. Menciona el apremio del exilio. Explicable atar cabos que la retro dirección del Fiscal General -actuando para entonces como un particular- en señalar una “victima” (Don Luis Carlos Sarmiento Angulo) traiga como efecto ocultar la mano peluda de otros directivos, de peso específico de poder en ese consorcio, que aturden a cualquier analista o sabueso investigador, en el método de inducción que su mente recrea, dadas las huellas y circunstancias en la reconstrucción de esas muertes debido a los vestigios de falta de fe pública que las mismas generan y son objeto de esta atípica reflexión.

El Procurador General, expresa: “El principio de transparencia se ha puesto en duda en la presente actuación, debido al fallecimiento de alguno de los testigos y familiar cercano, lo cual se está investigando, y al cuestionamiento por presuntas relaciones profesionales anteriores que afectarían el criterio del actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez”

El modus operandi del Fiscal General como persona o individuo conocido, es decir, ciudadano en ejercicio, antes de ostentar ese cargo oficial, establece una pauta de comportamiento al alentar a la fuente de denuncia de un ilícito penal de si debe continuar indagando sobre lo anómalo penal y le aconseja: “No. Quieto” o “estese quieto” o algo parecido. Y ante el conocimiento de un universo de hechos que configuran la potencialidad de actos punibles, argumenta para un país de cafres, menospreciando al cuerpo de abogados(as) estudiantes de derecho y docentes académicos de las disciplinas jurídicas que como él no había detectado las irregularidades ni adelantado una investigación al respecto; así también que lo dicho por Pizano era solo indicios, no daba cumplimiento al “ARTÍCULO 67. Código de Procedimiento penal. DEBER DE DENUNCIAR. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio”.

Expliquemos: La comisión de un delito obedece a actuación de una conducta. A la acción de cometer. Esa planificación por cometer o realizar un delito es el objeto de investigación para analizar esa conducta, no el supuesto de un hecho. El indicio demuestra la existencia de algo. Por ende, la realización de una acción (expresión de conducta o en el caso analizado un delito) implica el deber de denunciar. Como ciudadano, el actual Fiscal no lo hizo; descartándose el sigilo profesional, como enuncian las grabaciones. Causa coraje juris es la viveza del Fiscal de negarle al indicio un elemento de conducta. Quizá ese gesto brusco pretenda limitar al indicio como medio mecánico de prueba y no como señal de hechos que lleva a conocer lo oculto.

De otro lado, el remolino por las muertes de Jorge Pizano y la de su hijo…dos días después, llevan al imaginario popular a la reconstrucción en la mente de circunstancias más allá de los indicios. Se sabe que el señor Jorge Pizano es encontrado muerto en el baño de su casa. Que su hijo asiste a su funeral desde Barcelona, entra al estudio de su padre, ve una botella con agua en el escritorio, ingiere su contenido; exclama que le sabe a feo y fallece. El líquido de la botella contiene cianuro. Se establece una relación de con causalidad entre la muerte del padre, recreándose que se levanta de su escritorio y se dirige al baño y la llegada del hijo, al mismo lugar de la escena, donde encuentra la botella con agua y con la naturalidad de la confianza manifiesta, apura su líquido que le sabe a feo. El inicio de la investigación de la causa de la muerte de Jorge Pizano por parte de la Fiscalía sobre el presupuesto de un infarto se desvirtúa hacía la de un suicidio y/o envenenamiento. El resultado de exámenes de Medicina Legal hecho público determina que la causa de esa muerte fue un infarto (…). Medicina Legal no es un ente autónomo depende de la Fiscalía. Su director fue ratificado en el nombramiento por el cuestionado Fiscal General. Al albur de la privatización de la justicia, ese dictamen no se origina en equipos o laboratorios de la Medicina Forense oficial- ni de la Universidad Nacional, por ejemplo- sino en dos laboratorios privados contratistas a tales efectos. Sobre la carga de falta de credibilidad publica y afectación a la Fe Publica que generan las andanzas del Fiscal General, explicable el riesgo advocatus, a averiguarse, que esos contratistas hagan parte o tengan relación de intereses con el conglomerado o consorcio de empresas de AVAL.

Así que, por favor, no se ofenda a la inteligencia popular. Existe abundancia de coincidencias como la de agregar que el ente investigador, Fiscalía, encuentra días después un tarro o frasco de cianuro, en el lavadero de la casa de habitación de los Pizano. Sin desconocer el dolor de esa familia por la tragedia, ese hogar es escena de crimen, perdió la sensación de seguridad y calma para esa atribulada familia. Ha debido ser desalojado por las autoridades forenses y de investigación penal para que no fuera manipulado el escenario de dos muertes que tienen un lenguaje de señas a gritos de dos crímenes.

UNA COSA ES DECLARSE IMPEDIDO Y OTRA LO IMPERIOSO DE LA RENUNCIA.

Cero y van tres: ni renuncia el Procurador luego destituido y también premiado; tampoco los magistrados Pretelt y Malo; ni la alcaldesa cuestionada; o el ministro de los bonos de agua, que rumia en el olvido por este escándalo suscitado. No en la Colombia corrupta nadie renuncia. ¡Ah! Eso sí saben hacer uso del tejemaneje santanderista de las inhabilidades o declararse impedidos, o en buscar caducidades para continuar con la sartén por el mango.

Actualmente el Fiscal General se ha declarado impedido para conocer de las investigaciones sobre el escándalo Odebrecht y es tanta la carga de conciencia para la Vicefiscal que se abstiene de asumir la investigación y permite que el presidente Duque entre en acción al pedir a la Corte Suprema de Justicia que designe una terna para un Fiscal ad hoc. Que será para ese caso; pero no para las dos cuestionadas muertes, ni lo que sobre venga a la omisión al deber de renunciar y /o a otros asuntillos pendientes…

Pero que solución existe entonces que no sea diferente a que el movimiento popular y en particular las asociaciones de juristas, los colegios y asociaciones de abogados, los empleados judiciales en ASONAL JUDICIAL exijan la renuncia del actual Fiscal General de Colombia.

Carlos Meneses Reyes. ¡PURO ABOGADO!

Bogotá. DC, 21 de noviembre de 2018.

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Por Carlos Meneses Reyes

INTRODUCCIÓN. Lo de Valorar, implica opinar. Un juicio de valor o de opinión involucra el ejercicio de sustentación de una idea o concepción sobre la percepción de “algo”. Ese “algo” es objeto de atención por parte de un analista que explora en el universo de sus ideas, acorde con sus experiencias, conocimientos de la materia, concepciones y visión del mundo en particular sobre el objeto en análisis. Un juicio de valor no parte de presupuestos irrebatibles o irrefutables y materialmente sustentables con la realidad, que es variable, cambiante. En un juicio de valor predomina la subjetividad. El esfuerzo mayor en ese ejercicio es ajustarse a la verdad o en coherencia con la verdad, evitando su alejamiento. Hace parte de una metodología dialéctica; pero no de una sustentación científica. Se diferencia de la creación imaginaria literaria, como ficción, puesto que el objeto de análisis es material y concreto.

POR QUÉ BUSCAR UN ACERCAMIENTO

Mediante Resolución 473 del 28 de diciembre de 2016, el presidente Santos designó al exministro Juan Camilo Restrepo “para que se reúnan con representantes del ELN con el fin de encontrar formulas de entendimiento que conduzcan a la apertura de la mesa pública de conversaciones prevista en el Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejercito de Liberación Nacional de marzo de 2016”. Se planteó que la reunión se llevaría en Quito, Ecuador, el 12 de enero de 2017, reuniéndose el sábado 14 de enero de 2017, Ibarra, Ecuador. El 18 de enero de 2018, salió a la luz pública el Comunicado Conjunto de las Delegaciones de Plenipotenciarios, en Cotachi, cerca de Ibarra, Ecuador, dando inicio al primer ciclo de las Conversaciones, siendo reconocido como jefe de la Delegación del ELN el comandante Pablo Beltrán. La falta de fe, de ambas partes, constituyó la característica de las iniciadas conversaciones por las imágenes expresadas por vocerías gubernamentales de ser el ELN duro para negociar por su radicalismo ideológico y fomentar la especie de carencia de unidad de mando en la organización y acatamiento de todos los frentes a las decisiones de la cúpula y consideraciones del Jefe de la Delegación del ELN: “Tenemos un problema con el interlocutor , en la mesa hay quienes apuestan por la paz y otros que no lo desean”.

En el primer ciclo de conversaciones las partes establecieron como referente el Derecho Internacional Humanitario, buscando acciones dinámicas para disminuir la intensidad del conflicto, llegando a un Acuerdo sobre desminado. Tales artefactos han dejado unos 2000 fallecidos y 11.500 víctimas en los últimos veinte años. El gobierno impuso la condición de dialogar en medio del conflicto, pese al reitero permanente del ELN a la urgencia del cese al fuego bilateral, avalado por personalidades y organizaciones tanto del país como del exterior. El elemento constante de rechazo de la contraparte gubernamental al uso del ELN a la práctica del secuestro, que mantiene la inmodificable decisión, sobre el argumento: “Como lo hemos dicho en diferentes momentos, somos una fuerza alzada en armas, que ejercemos el derecho a la rebeldía; así mismo tenemos nuestra propia legislación por la cual nos regimos en nuestras actividades y cuando unos o unos de nuestros miembros trasgreden esta legislación interna se someten a sanciones establecidas en nuestros códigos disciplinarios”. Este primer ciclo finalizaría el 7 de abril de 2017.

Durante el lapso del primer ciclo la Dirección del Frente de Guerra Occidental, ríos y costas del occidente colombiano, denunciaron que, para reponer bajas, los oficiales del ejército estatal ofrecían hasta 10 millones de pesos a pobladores del Norte del Chocó y a ex guerrilleros de las farc-ep para que se engancharen en las diezmadas bandas paramilitares. Era de conocimiento público que en las zonas de donde salieron las farc-ep llegaban los paramilitares, arreciando sus ataques en territorios de operación del ELN y como la tónica era la búsqueda de un cese al fuego bilateral, el interrogante de Pablo Beltrán era: “Quién detendría las operaciones paramilitares”, anunciando que en esa región existía un plan único entre militares y paramilitares en esa región y lo demostraba la no existencia ni de un solo combate entre ellos.

El segundo ciclo de negociaciones con el ELN inició el 17 de mayo de 2017 y terminó el 30 de junio de 2017. El panorama enrarecido por la no existencia de una reforma electoral, acordado en la Mesa de la Habana con las Farc-ep y jamás implementado, deterioro el ambiente de las conversaciones y sobre la insistencia en descartar el ELN un Acuerdo con el gobierno Santos antes de las elecciones de 2018. “No está dentro de nuestros cálculos, aunque así lo quisiéramos”. La impronta, en esta fase enmarcó en el enunciado del fascista partido CD en “hacer trizas” los Acuerdos de La Habana entre las antiguas Farc-ep y el Gobierno nacional. El enunciado de los intelectuales de plazo en el tiempo; el apresuramiento o carrera contra reloj expresado por el cuestionado Cambio Radical, quien, en boca del director de esa colectividad, expresaba: “que aprovechen y saquen rápido la negociación, porque si ganamos en el 2018 no habrá mesa de negociación con ellos. No podemos sentarnos con ellos otros cinco años”. Efectivamente- gracias al corrupto sistema electoral imperante- “ganaron” las elecciones como Bloque de Poder Oligárquico Anti insurgente (Cambio Radical, Partido Conservador, de la U, Partido Liberal, Centro Democrático, junto con los aliados objetivos Humberto de la Calle Lombana, Sergio Fajardo, el orondo senador Robledo y las iglesias evangélicas). Los comicios de 2018 dificultaron los diálogos con el ELN. Finalizado el segundo ciclo las conversaciones entre ambas contrapartes quedaron situadas en las condiciones para el cese al fuego bilateral y la investigación de asesinatos a lideres sociales. Además de la creación de un equipo conjunto de pedagogía y comunicación para la paz, se conformo la integración de un grupo de países de apoyo, acompañamiento y cooperación a la mesa de conversaciones.

Para el tercer ciclo las partes acordaron volverse a encontrar el 24 de julio de 2017 y culminaría a comienzo del mes de septiembre del mismo año. Resalta en este espacio el efecto de la visita del papa Francisco I, el 06 de septiembre de 2017. El acuerdo de un cese al fuego bilateral constituyó lo principal. El tema del secuestro continuó siendo de máxima atención. En la región del Catatumbo fueron retenidos, por parte de la fuerza insurgente, un grupo de jóvenes, díscolos, ociosos, sin ocupación fija. La mediática lo difundió como un secuestro colectivo. El ELN replicó que era una manifestación de ejercicio de autoridad en territorio dominado. Hilando mas fino expresaron: “los jóvenes fueron retenidos para discutir sobre los comportamientos que venían asumiendo en la sociedad”. Que “recibieron buen trato y fueron dejados en libertad si cambiaban el comportamiento que venían desempañando en la comunidad”. Que luego se los entregaron a los padres. Rechazaron lo que titularon de “secuestro” siendo una regulación de la vida comunal, con acuerdo y vigilancia de la misma comunidad. Denunciando que hicieron, lo que el Estado no hace. (24 de agosto de 2017).

El cuarto ciclo de conversaciones se desarrolla entre el 23 de octubre y el 1º de diciembre de 2017. Ya en aplicación del cese al fuego bilateral acordado, satisface el impacto positivo que deja en las comunidades la ausencia de enfrentamientos armados entre las partes. Se implementó el fortalecimiento del sistema de alertas a amenazas tempranas con la Defensoría del Pueblo, que pongan en riesgo la integridad de personas vulnerables.

Para el quinto ciclo de conversaciones, ambas partes se volvieron a encontrar, pero no ya en Quito-Ecuador, sino en La Habana, declarada sede de las conversaciones, luego que el presidente Lenin Moreno anunciara el retiro de ese país como mediador. Funciono del 08 de enero de 2018, hasta el día 15 de junio del presente año. No se logró el cese al fuego bilateral, sin embargo, el ELN decidió aplicar cese al fuego unilateral con ocasión de los eventos electorales para Senado y Cámara y para Presidencia de la Republica. Así concluyó este ciclo, sin materialización al Comunicado Conjunto de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela: “Exhortamos que en este V Ciclo se asuma como prioridad la negociación de un siguiente cese al fuego, junto con otros temas de la agenda”.

El sexto ciclo de conversaciones estaba acordado para el pasado 25 de junio en La Habana, pero la Delegación oficial del gobierno de Iván Duque fue retirada de la sede de conversaciones y así permanece congelado el proceso, hasta la fecha. La comunidad nacional y opinión internacional permanecen expectantes sobre el tema de la congelación de las conversaciones. Los países Garantes: Noruega y Cuba, junto a los países acompañantes: Chile y Venezuela, piden a las partes reiniciar los diálogos. Ese acercamiento no se ha dado.

EXPLICACIÓN DE LO INSURGENTE

Bajo el presupuesto de existencia y reconocimiento de una fuerza beligerante, rebelde e insurgente- en cualquier parte del mundo- su razón de ser es la toma del poder. Derrocar un estado de cosas, para instaurar otro orden de cosas. Esa es una forma de lucha de carácter militar, en que por ende ha desplazado la iniciativa de lucha política institucional en el Estado- parte afectado por un conflicto armado interno. En Colombia esa manifestación de lucha popular tiene cincuenta años de vigencia, como resultado de la concepción de una “guerra popular prolongada”. La fuerza insurgente concibe la lucha armada por el poder como el ejercicio de la práctica de la política, por otros medios. Pero resulta esencial a su naturaleza la vocación de la salida política. No es asimilable adjudicar la falta de voluntad política a la insurgencia para dar fin al conflicto. Todo por cuanto no cede a la capitulación como previo a conversar. Lo de gestos de paz es un sofisma. Caso contrario sucede a la contraparte estatal en el que burla el mandato constitucional de la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. De esa parte si es dable afirmar la falta de voluntad política para no continuar con el ciclo de conversaciones al pretender “desarmar” a la fuerza insurgente bajo sometimiento y capitulación a su accionar como condición para explorar en el escenario de las conversaciones la búsqueda de soluciones. Constituye el apremio del bloque oligárquico contrainsurgente y militarista en el poder, que como clases dominantes dilatan la búsqueda de la paz con el asomo del poder militar estatal. Esas clases dominantes saben que con la insurgencia no vencida militarmente deberán realizar cambios estructurales que les cuesta aceptar. Acuden al gatopardismo de cambiar todo para no cambiar nada. Desean reeditar el engaño de la no implementación de lo Acordado, ante las necesidades esenciales de variar el modelo económico, por efectivas medidas de redistribución de la riqueza que transformen el modelo de acumulación desigual propio del capitalismo salvaje neoliberal. Al orden del día en los temas de conversaciones están los cambios estructurales al stablishment en torno al dominio de las mafias blancas en la privatización de la salud, el mantenimiento de la locomotora minero-energética y el sometimiento a la “justicia”, sin visos de justicia transicional universal, a una insurgencia que desconoce y aboga contra ese andamiaje político-estatal.

DEL PREDOMINIO DE LA LUCHA DE MASAS

Pero en el torrente de la lucha popular y social las manifestaciones de lucha no son solo de carácter armado. Concebirlo así incurriría en el yerro del vanguardismo militarista. Contrario a ese paradigma, se concibe es la lucha popular y de masas como la expresión genuina de principal forma de lucha, en el escenario de las contradicciones propias de la lucha de clases. Por ello la lucha política de masas constituye la vanguardia de la lucha popular.

Independiente de los efectos correlativos geopolíticos, la representación del lugar sangriento de la lucha de clases en Colombia reviste esenciales particularidades. Situándonos en el escenario Latinoamericano, la tendencia es la alternativa a modelos económicos post – capitalistas, con una inclinación regresiva a sus alcances por el predomino de la derecha neoliberal.

El escenario político en Colombia- lejos de ser complejo-se mueve sobre parámetros de la combinación de todas las formas de lucha. Erradicando el estigma editado por la inteligencia contrainsurgente estatal y la alienación a la opinión publica nacional por la dictadura mediática, de las formas de lucha; el derrotero de la actividad política colombiana gira en torno al pulso al predominio de la lucha política o de la lucha armada. En Colombia intoxicaron a la opinión pública sobre la afrenta de identificar al dirigente político popular, social y de masas como a un guerrillero, sin armas, vestido de civil. En la mañana como dirigente sindical y en la noche como activo guerrillero. Así en todos los escenarios. Una especie de café con leche. Negación total a la división del trabajo. Toda una campaña de inteligencia contrainsurgente de terrorismo estatal que produjo el genocidio de más de cinco mil cuadros políticos populares y de izquierda y el exilio de cien mil activistas, acorde con la sinfonía de la mediática dictatorial, expresada en esos medios periodísticos “que tienen una deudita con Colombia” como lo expresó el legendario guerrillero Manuel Marulanda Vélez.

Corresponde delimitar el terreno de la combinación de todas las formas de lucha, como tesis originaria del partido comunista colombiano (PCC), para comprender la convulsionada realidad colombiana en el derrotero del movimiento popular y de masas. La fatídica formula del Frente Nacional en que dos partidos genocidas oligárquicos: el Liberal y el Conservador deciden repartirse milimétricamente el Estado desplazando a la izquierda, a los socialistas, comunistas y anarquistas, viró en el despuntar de las guerrillas en Colombia. En la guerra de guerrillas y en la existencia de la lucha armada guerrillera.

Demarcar los límites de una realidad implica expresar que parejo a la lucha popular y de masas- sin orden de dirigencia partidaria alguna- fluye el accionar de la lucha armada expresada en la guerra de guerrillas, el saboteo y boicot económico, el control territorial en amplias zonas de la geografía política, el desconocimiento de cabo a rabo de la Carta Constitucional y por ende el descuaderne del código penal para la no realización del control estatal imperante con la finalidad de desbaratar, deshaciendo o arruinando la de por sí fallida funcionabilidad estatal.

Como corolario de lo anterior se impuso la consecuencia del fortalecimiento estatal predominante, que en el caso colombiano asumió la expresión de barbarie del terrorismo de estado como ejercicio contrainsurgente. En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta pública es calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Por ello ocultar el rostro resulta un ejercicio directo al habeas data, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen ante las medidas militaristas de guerra que pretenden limitar el auge de la protesta política en Colombia, con instrumento de policía militar como el Escuadrón de la Muerte, el ESMAD.

LA OPOSICIÓN POLÍTICA

En cuanto a la lucha popular y de masas corresponde en el ejercicio de la oposición política. Esta expresa dos manifestaciones: una, de ocupación o dedicación en el escenario de la institucionalidad, para lo cual es justo admitir que el reconocimiento del estatuto de oposición corresponde a un aliado de práctica democrática en Colombia. Esto sin renunciar al beneficio de inventario, como aluden los abogados, en tratándose de una reglamentación adocenada por cuanto desvirtúa la tipificación de partido opositor al gobierno al concebir el engendro de “partidos independientes” a la gestión gubernamental. Se adultera la esencia de opositor y semeja el aspecto anormal y deforme de potencial constante clientelista; soporte propio del régimen político-electoral corrupto.

Una segunda expresión de oposición- también dentro de la institucionalidad- aplica a las manifestaciones fácticas o, de hecho, cual protesta de masas. Es lo expresado en otro de mis ensayos sobre La Respuesta Subversiva del Movimiento Popular. Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado ante un estado de cosas denigrante, injusto, alienante; surgiendo la necesidad de cambiar, de transformar de raíz esa anacrónica situación. Ello revierte en accionar social: ese accionar de la ciudadanía que no concibe estar de espaldas a la realidad.

En conclusión, la lucha armada insurreccional y la lucha de masas son correligionarias, pertenecen a la misma ideología política. Pero en esto no existe un punto de inflexión. Categóricamente al darse el auge del movimiento de masas y la protesta publica nacional, indefectiblemente cede el accionar del movimiento armado insurgente. Al darse movilización campesina. Al darse movilización urbana. Los fusiles callan- exista Conversaciones o no- ante el movimiento popular desbordado en las veredas o en las calles como expresión de resistencia de la democracia directa a imponerse en Colombia.

Coletilla. A 100 días, el gobierno del presidente Iván Duque no bajó del bus a los políticos corruptos responsables de las muertes selectivas de dirigentes sociales en veredas y municipios. Su partido fascista, el Centro Democrático (CD), se aleja con el galimatías de “independientes”. La derecha asoma la estrategia del efecto Bolsonaro: si no es con Duque, el golpe militar solapado, dado que el 80% del generalato debe responder por los falsos positivos.

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