Walter Antillón

En memoria de Curruso y Macho, zapateros de Barrio Amón,
comunistas de hueso colorado.

En memoria de los sindicalistas Luis Ángel Serrano y Chepito
Meléndez Ibarra, y del abogado Antonio González,
modestos e invencibles paladines de la Justicia Social.

La pregunta es ¿se produjo en Costa Rica, en la segunda mitad del Siglo XX, un proceso histórico de incalculables consecuencias, durante el cual, aprovechando la inercia represiva de la Guerra Fría, diversos gobiernos, en connivencia con la oligarquía nacional y transnacional y la Iglesia Católica, y con la ayuda de la Embajada y los medios comerciales de comunicación de masas, impidieron sistemáticamente a la mayoría de los trabajadores del sector privado (excepto el caso de los bananeros y algún otro) el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales a formar sindicatos, plantear huelgas y suscribir contratos colectivos de trabajo, negándoles con ello la invaluable experiencia de luchar unidos por sus derechos, disfrutar de ventajas económicas, jurídicas y sociales como las obtenidas en esas luchas por agrupaciones similares? Y también si, en su condición de componentes mayoritarios de la clase trabajadora ¿les fue impedido participar decisivamente, como tal clase, en la organización política, económica y social del País?

No siendo factible para mí sustentar las respuestas en indagaciones historiológicas de mi cosecha, tarea para la que no estaría capacitado, seguí el consejo bibliográfico de Marielos Aguilar en su artículo Dónde investigar la historia de nuestros trabajadores (Revista Estudios, Universidad de Costa Rica. Nos. 12 y 13, pág. 87-99, 1995-1996), sumando a su lista algunas otras obras de interés. Pero también me valgo de mi propia memoria, mis vivencias e impresiones de josefino nacido hace noventa años, con una experiencia de vida como juez, abogado, académico y político militante. En todo caso, asumo la responsabilidad por las afirmaciones conclusivas de este artículo.

Introducción

Uno de mis abuelos, heredero de una tradición oligárquica en el sector de la agricultura, se afanaba en explicarme a principios de los años cuarentas, cómo el Código de Trabajo traería una enconada discordia al campo de las relaciones entre los peones y los patronos, al introducir deberes y derechos legales donde, dentro de una atmósfera de armonía, afecto y respeto, siempre habían regido por un lado los deberes morales del patrón de proteger como un padre a sus peones, cuidando de que nada les faltara para su bienestar personal y familiar, y por el otro lado los deberes morales del trabajador de dar su mejor esfuerzo en beneficio de la hacienda. Y una consecuencia de esta relación patriarcal había sido un sentimiento general de obediencia de los peones con respecto a su patrono. Porque, en efecto, cuando llegó el momento histórico en que se reconoce el derecho de los trabajadores a votar en las elecciones políticas, por mucho tiempo este ‘derecho’ llevó implícito, para el trabajador del campo, el deber de hacerlo por el candidato que indicaba el patrono; y eso marcó durante mucho tiempo una constante, significativa diferencia entre el campo y la ciudad que no siempre se valora.

Resultaría entonces, según él, que aquella sacrosanta relación laboral (obviamente asimétrica, pero inspirada en la caridad cristiana) habría sido pisoteada o mancillada al ser convertida en un frío y desconfiado intercambio de prestaciones económicas jurídicamente equiparadas, definidas en último término por el juez laboral. Pero lo que el abuelo no quería entender, o se resistía a aceptar, era que a partir de la esencial igualdad de los seres humanos postulada por la Revolución Francesa e incorporada a las Constituciones, la relación laboral propia del sistema capitalista era la nueva forma que asumía la diferencia entre dos clases sociales con intereses antagónicos; y que la lucha histórica por los derechos del obrero y del campesino había sido un esfuerzo gradual por regularizar la justicia en aquella relación, partiendo prácticamente de cero. Porque a pesar del reconocimiento abstracto de la igualdad y la libertad como derechos fundamentales que los capacitaban para contratar, los trabajadores carecieron por muchos años, no sólo de los institutos jurídicos para compensar sus debilidades socio-económicas frente al patrono, sino incluso de los derechos políticos que les permitiesen reclamarlos y conseguirlos en tanto clase social específica.

Recordemos que en el año 1848, con la fundación de la Segunda República se realizaba en Francia las primeras elecciones universales y directas, lo que significó el primer reconocimiento pleno de los derechos políticos del proletariado en el Mundo. A partir de entonces ese reconocimiento se va extendiendo por diferentes países de Europa, de manera que la clase obrera se incorpora a la palestra política con su especificidad como nuevo protagonista, y toma parte en los acontecimientos dentro de cada país, con los resultados que la Historia conoce.

Siguiendo a nuestros historiadores, voy a describir el proceso histórico que conduce a las sucesivas generaciones de trabajadores costarricenses desde unos primeros intentos de unión mutualista, ciertos grados de conciencia de clase; hasta la represión sindical masiva, la resistencia de ellos, etc. Con ese propósito empezaré con una lista de (I) LAS NOCIONES básicas que usaré en el curso del artículo, que son CLAVE de su buena comprensión; para luego entrar en (II) LA HISTORIA, distribuida en varios capítulos, a saber: 1) mutualismo y sindicalismo; 2) del sindicato al partido; 3) la derrota político/militar de los trabajadores; 4) represión y persecución sindical; el aplastamiento y el ‘shock’; 5) los decenios de la ignominia del sector laboral privado; 6) los sindicatos públicos defienden la integridad nacional; 7) la última agresión neoliberal; 8) conclusiones.

Obras consultadas: Eric Hobsbawm: Historia del Siglo XX; Crítica, Barcelona, 2013. Eduard Dolleans: Historia del Movimiento Obrero; Eudeba, Buenos Aires, 1961; Tomo II. Pablo González Casanova: Historia del Movimiento Obrero en América Latina; Siglo XXI, México, 1985, Tomo 2. Alfredo González Flores: Conversación con el Pueblo; Tipografía Nacional, San José, 1916; ID: La crisis económica de Costa Rica; Trejos Hermanos, San José, 1936. Oscar Aguilar Bulgarelli: Costa Rica y sus hechos políticos de 1948 (Problemática de una década); Editorial Costa Rica, San José, 1969. James Backer: La Iglesia y el Sindicalismo en Costa Rica; Editorial Costa Rica, San José, 1975. Vladimir de la Cruz: Las luchas sociales en Costa Rica; Editorial Costa Rica, San José, 1984. Marielos Aguilar: Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica 1943 -1971; ICES-Porvenir-Flacso, San José, 1989. Víctor Hugo Acuña – Iván Molina: Historia Económica y Social de Costa Rica (1750 -1950); Porvenir, San José, 1991.

I.- LAS NOCIONES CLAVE

El Sistema Normativo Laboral es el conjunto de las normas legales y constitucionales promulgadas para garantizar el mínimo insuprimible de los derechos de la persona en cuanto trabajador.

Las Instituciones del Derecho del Trabajo son mecanismos normativos y técnicos con los que se busca contrarrestar las ventajas jurídicas y fácticas que, en principio, tiene el patrono sobre el trabajador, a fin de que la prestación del trabajo garantice seguridad, respeto y una vida digna al trabajador y a su familia.

El Derecho Colectivo del Trabajo es la doctrina que estudia las normas y las instituciones relacionadas con los Sindicatos, las Convenciones Colectivas de Trabajo y las Huelgas.

El Sindicato es el órgano que la Constitución y la ley ofrecen al trabajador para que, en conjunto con sus colegas pueda negociar con el patrono, desde una posición de fuerza, los términos en los que se desarrollará la prestación del trabajo, con la facultad de echar mano, si es necesario, de los instrumentos colectivos de negociación y de lucha que el ordenamiento contempla al efecto.

La Convención Colectiva es la institución jurídica mediante la cual patronos y sindicatos crean, de común acuerdo, normas reguladoras de todos o algunos de los aspectos de las relaciones de trabajo para los trabajadores de una o más empresas, o ramas de producción, o de uno o más sectores profesionales.

La Huelga es la institución jurídica que autoriza a varios o todos los trabajadores de una empresa, rama productiva o sector profesional a dejar de realizar su trabajo por tiempo fijo o indefinidamente, con el objeto de conseguir determinados beneficios.

Los derechos a sindicalizarse, a ir a la huelga y a dar vida a la convención colectiva constituyen derechos fundamentales de los trabajadores consagrados en el Código de Trabajo, la Constitución y diversos Tratados y Declaraciones Regionales e Internacionales.

Obras consultadas: Mario de la Cueva: Derecho Mexicano del Trabajo, Porrúa, México, 1949. Ludovico Barassi: Tratado de Derecho del Trabajo; Alfa, Buenos Aires, 1953. Bernardo van der Laat: La huelga y el paro en Costa Rica; Juricentro, San José, 1978. Gino Giugni: Derecho Sindical; Cacucci, Bari, 2001.

II. LA HISTORIA

1) Mutualismo y sindicalismo entre 1890 y 1920.

En la Costa Rica de fines del Siglo XIX y comienzos del XX, cuya economía de exportación girará entonces alrededor del café y del banano, ya existe una pluralidad de agrupaciones laborales y artesanales de carácter predominantemente mutualista que van a desempeñar un importante papel en las décadas anteriores a 1920, en relación con los acontecimientos nacionales y mundiales de índole económica, política y social: los hechos intestinos alrededor de las presidencias de don Rafael Iglesias, don Ascensión Esquivel, don Cleto, don Ricardo y don Alfredo González; la dictadura de Tinoco, etc.; y los conflictos internacionales relacionados con los Imperios Británico, Alemán, Austro-Húngaro, Ruso y Turco, la República Francesa, y los Reinos de Italia, Holanda, Bélgica y Servia, que conducen a la Primera Guerra Mundial, con intervención posterior de los Estados Unidos (1914-1918); a la Revolución Rusa de 1917 y la Unión Soviética; al Tratado de Versalles de 1919 y al fin de los Imperios Alemán, Austro-Húngaro y Turco, etc.

Lo que me interesa señalar es que todos estos acontecimientos nacionales e internacionales van a afectar negativamente la economía de países como el nuestro, y esos efectos van a repercutir más y más severamente en la siempre precaria situación de la clase trabajadora y artesanal, provocando las llamadas Huelgas de 1920 que el historiador Víctor Hugo Acuña resume así:

El lunes 2 de febrero de 1920, estalló en San José una cadena de huelgas de diversos gremios y categorías de trabajadores en demanda de un 20% de aumento de salarios y de la implantación de la jornada de trabajo de ocho horas. El movimiento fue iniciado por la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros y rápidamente fue secundado por otros sectores laborales capitalinos: albañiles, panaderos, tipógrafos. empleados del tranvía, trabajadores ferrocarrileros, obreros y obreras de algunas de las pocas fábricas existentes, etc. A lo largo de aquel mes de febrero, la oleada huelguística se difundió a otras ciudades del país, en especial al puerto de Puntarenas, y al campamento minero de La Unión en Miramar. En su inmensa mayoría las diversas huelgas alcanzaron sus objetivos puesto que el gobierno y casi todos los patronos aceptaron satisfacer sus reivindicaciones…” (Los orígenes de la clase obrera en Costa Rica: las huelgas de 1920 por la jornada de ocho horas; Cenap-Cepas, San José, 1986, pág. 7).

En lo ocurrido en esas jornadas llaman mi atención los siguientes aspectos:

1º) a partir de la huelga de la Sociedad de Ebanistas y Carpinteros que inició el 2 de febrero de 1920 en San José, el movimiento se propaga de día en día a más de diez otros gremios y categorías de trabajadores de la Capital y Provincias: los del tranvía y de los trenes, los mineros, albañiles, obreros y obreras de fábricas, panaderos, cocheros, tipógrafos, marineros, peleteros, mecánicos, zapateros, pureros, sastres, empleados públicos (estatales y municipales), herreros y otros;

2º) al calor del movimiento, la agremiación de los trabajadores en sus distintos oficios se multiplica; se fundan sociedades, mutuales, asociaciones, uniones, federaciones y sindicatos; y esta tendencia no para al terminarse las huelgas del 20, sino que continúa en los años siguientes;

3) el objetivo de todos los movimientos del año 20 fue la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas diarias y un aumento salarial del 20%;

4º) ambas demandas fueron satisfechas de inmediato por el Gobierno, las Municipalidades y los patronos en general, excepto el caso de la United Fruit Company y el caso de los muelleros;

5º) El movimiento fue acompañado y asesorado por organizaciones culturales y gremiales fundados en los años anteriores, como el Centro de Estudios Sociales Germinal, la Confederación General de Trabajadores (CGT), el Centro Socialista, la Sociedad Federal de Trabajadores y el Centro Juventud Obrera;

6º) La prensa nacional (La Gaceta, el Diario de Costa Rica, la Tribuna, la Prensa Libre, el Heraldo de Puntarenas) informó sobre el movimiento huelguístico antes, durante y después de los diferentes sucesos en forma objetiva, respetuosa e incluso elogiosa para los trabajadores;

7º) Don Francisco Aguilar Barquero, Presidente Provisorio, admite la justicia de los reclamos de los trabajadores y los asume en lo que atañe a los que están al servicio del Estado (Editorial de La Gaceta, 4 de febrero de 1920);

8º) Los trabajadores fundan sus propios partidos políticos: El Partido Obrero “Conquista y Derecho” (1919), el Partido Reformista (1923) y el Partido Comunista (1931).

9º) En Costa Rica el voto proletario se admitió oficialmente por primera vez con las elecciones de 1913, aunque la posibilidad de votar se había generalizado, de hecho, desde la vigencia de la Constitución de 1871; pero, en todo caso, sólo para los varones.

Obras consultadas: Vladimir de la Cruz: Luchas Sociales cit. Víctor Hugo Acuña: Los orígenes de la clase obrera en Costa Rica: las Huelgas de 1920 por la jornada de ocho horas; Cenap-Cepas, San José, 1986. Manuel Rojas Bolaños: Lucha social y guerra civil en Costa Rica. 1940 – 1948; Porvenir, San José, 1989.

2) De los sindicatos a los partidos

Lo cierto era que el panorama mundial entre 1917 y 1920 lucía muy inquietante: la Constitución de la Revolución Mexicana, la Revolución Bolchevique, el final de la Gran Guerra, el Movimiento Espartaquista en Alemania, Bela Kuhn en Hungría, la fundación de la OIT, la caída de cuatro grandes Imperios (Rusia, Alemania, Austria, Turquía), la Constitución progresista de Weimar, etc., eran demasiadas señales juntas que indicaban un vuelco mundial hacia la izquierda; y esas señales fueron advertidas tanto por la burguesía como por muchos sectores del mundo laboral costarricense, que además acababan de asistir al derrocamiento de la Dictadura de los Tinoco. Todo eso coadyuva al rápido triunfo de las aspiraciones de los trabajadores huelguistas del año 20: ¿jornada de 8 horas cuando lo usual eran 12 y a veces más? ¿aumento de nada menos que el 20 por ciento del salario, cuando lo normal era el cuentagotas?

Pero lógicamente la luna de miel con el Gobierno de Acosta iba a durar poco y terminó en ruptura; aunque la burguesía no pudo evitar que la mayoría asalariada se agrupara en el flamante Partido Reformista liderado por el General Jorge Volio Jiménez, y sucesivamente contribuyera en forma decisiva a llevar al poder a don Ricardo Jiménez como Presidente y a su primo, el propio Jorge Volio, como Vicepresidente en 1924. Lo cierto es que la situación de la clase trabajadora no varió esencialmente desde las mejoras producto de las huelgas del 20. La ruptura entre el Presidente Jiménez y su Vicepresidente no se hizo esperar, en un contexto económico recesivo de nuestros productos básicos de exportación (café y banano) (Víctor Hugo Acuña – Iván Molina: Historia Económica y Social de Costa Rica cit., págs. 148/9); de modo que, aparte de la creación del Banco Nacional de Seguros, por iniciativa del Secretario don Tomás Soley, por un lado, y la creación de una Secretaría del Trabajo y la comisión para la redacción de un Código de Trabajo (1928) por iniciativa del Secretario don Carlos María Jiménez Ortiz, por otro lado, la clase trabajadora no obtiene mayores ventajas en el período. Por el contrario, en el Proyecto de Código Penal redactado por José Astúa Aguilar (1924) se contempla la huelga como delito, lo cual significaba un retroceso vergonzoso en contraste con los países civilizados.

A partir de 1929 la situación de la clase trabajadora va a empeorar como resultado de la Gran Crisis Económica Mundial, cuya etapa aguda se prolongará hasta 1932. En esas condiciones se funda en 1931 el Partido Comunista de Costa Rica, con un programa que privilegia la promulgación de las garantías sociales y el Código de Trabajo; y cuyo bautizo de fuego le será administrado por el gobierno de don Cleto González Víquez y por el Congreso Legislativo en 1932, en la forma de un neto rechazo legal.

Este acto del gobierno de don Cleto es la expresión más franca del pensamiento de la burguesía nacional, y va a aparecer y reaparecer durante las décadas siguientes en boca de cortesistas, calderonistas, ulatistas, figueristas: para esos pequeño-burgueses ticos el Comunismo resultaba intolerable, muy probablemente porque formula una crítica radical contra lo que para ellos eran dogmas: la propiedad privada, la libre disposición del capital por su titular, la distribución capitalista de los ingresos de la empresa, etc., y por proponer como alternativa la colectivización de los bienes y la distribución de los ingresos según las necesidades de los trabajadores; de modo que para ellos, el Comunismo deberá ser erradicado sin ningún miramiento junto con la doctrina que lo sustenta, aunque de ese modo haya que pisotear la libertad de conciencia y los derechos políticos de una parte de la comunidad ciudadana.

Pero en aquel momento preciso don Cleto ya está de salida, y don Ricardo, que vuelve al poder por tercera vez, muestra de nuevo su talante liberal autorizando el funcionamiento del Partido (que ya se aprestaba a entrar con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos en los comicios municipales del 32, en los que conseguirá dos escaños). Porque para entonces el apoyo popular al Partido y la movilización obrera en general han seguido creciendo, y tanto la burguesía como la Iglesia han olfateado el peligro y arremeten con todos los fierros para frenar aquel proceso. La propia administración de don Ricardo tiene a mecate corto a los activistas del Partido: llueven las detenciones y las multas, y el trato duro contra los conatos de huelga de los panaderos y los zapateros (1933); aunque por otra parte establece el salario mínimo y el órgano mixto para fijarlo (1933). Y frente a la huelga bananera de 1934, el gobierno Jimenista no prodiga la intervención policial y más bien presiona a la ‘Yunai’ para que transe con los huelguistas, en buena medida porque éstos lograron demostrar ampliamente, ante una Comisión del Congreso, las pésimas condiciones en que la Compañía mantenía a sus trabajadores.

Y algo parecido va a ocurrir durante los cuatro años de la administración de León Cortés, en las que tanto éste como su delfín el doctor Calderón Guardia hacen ostentación de anticomunismo y anti-sindicalismo. Pero los sindicatos han continuado creciendo en todo el País, bajo la dirección del Bloque de Obreros y Campesinos (Partido Comunista) y de la Confederación General de Trabajadores. ¿Cómo pararlos? Ese será el dolor de cabeza de la burguesía en los próximos años.

En efecto, la administración Calderón Guardia, que arranca en 1940 con el beneplácito de la oligarquía y con la consigna de frenar el preocupante avance del Comunismo y del Sindicalismo que han invadido Costa Rica, va a estar durante sus primeros dos años bajo el ataque de los diputados comunistas debido a la incipiente corrupción administrativa, a sus contratos sin licitación y a su conducta pródiga hacia el capital extranjero (contrato eléctrico con la ‘Bond & Share’; con las petroleras ‘West India Oil Co’ y ‘Texas Oil Co’ ). Calderón crea la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, pero incurre en, o tolera insólitas barrabasadas contra el poderoso sector oligárquico de los ticos-alemanes y, llegando al medio período, la situación de caos, abuso y descrédito se le hace insostenible. En ese contexto, la alianza con los comunistas es una providencial huida hacia adelante: haciéndose cargo de la contraposición entre las clases populares que presionan por cambios sustanciales y la oligarquía conservadora que trata de impedirlos, promulga en 1943 el Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución, y seguidamente el Código de Trabajo con el apoyo de la Iglesia Católica y del Partido Vanguardia Popular.

El Profesor Mauricio Castro Méndez lo resume así:

“…El clímax llega en los 40 con 2 bloques de alianzas conflictivas. Uno promovía reformas y otro buscaba impedirlas o ignorarlas. Sus integrantes tenían intereses contradictorios que evolucionan en el paso del ‘liberalismo autoritario’ a la ‘ventana democrática’ frente al fascismo a principios de los 40, que posibilita una alianza reformista en diversos países, y el tránsito luego a la Guerra Fría (1944)…”. (Evolución histórica del Derecho Colectivo de Trabajo en Costa Rica; en Fernando Bolaños et al: CURSO DE DERECHO LABORAL; Continental, San José, 2021; pág. 151/2).

Considero obligada una digresión sobre ¿quién redactó ambos proyectos? Mi convicción es que el trabajo lo realizó básicamente el estudiante de Derecho y efímero militante comunista Oscar Barahona Streber, copiando en parte y adoptando el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo de México; y lo hizo bajo la guía y colaboración no oficiales de Manuel Mora, y con la ayuda explícita de juristas como don Fernando Baudrit, don Enrique Guier y otras personas de no segura identificación. Barahona Streber era muy talentoso, audaz, inescrupuloso y de una egolatría simplemente infinita (lo conocí ya maduro, a su regreso al País, en circunstancias muy significativas; y trato de imaginarlo de 25 años, buscando dar cima a la enorme tarea de crear un Código de Trabajo con la modestísima formación que justo trataba de redondearse en nuestra Facultad de entonces) ¿Pudo, él solo, con el barniz jurídico de sus 25 años, resolver los complejísimos problemas del codificador: identificación de la materia propiamente laboral, concepción teórica, sistematización de capítulos y secciones, escogencia, configuración y redacción de las fórmulas normativas, etc.; tratándose de un tema entonces novedoso y muy delicado, prácticamente desconocido en Costa Rica, como el Derecho del Trabajo? (A esa edad y en esas condiciones ¡ni Kelsen! ). En cambio, es posible imaginar que un joven despierto y laborioso, subido en las anchas espaldas de la muy completa y excelente Ley Federal del Trabajo mexicana, comparándola con algún otro Código y apoyado en la experiencia de colegas maduros, pudo captar razonablemente su trabazón sistemática y su lógica interna, para calcar y adoptar el articulado resultante a los requerimientos y orientaciones ideológicas de Calderón Guardia y sus colaboradores.

Igualmente creo que fue don Manuel Mora quien aconsejó al joven Barahona usar la legislación mexicana como guía y modelo principal de los proyectos de Garantías Sociales y de Código, y que, en efecto, fueran éstos los modelos adoptados y adaptados, porque: a) los comunistas ticos conocían dichos textos, por sus buenas relaciones con los camaradas mexicanos, y porque plausiblemente se inspiraron en ellos al redactar el Programa Mínimo del Partido en 1931, que en materia laboral disponía: establecimiento del seguro social a cargo del Estado, para el desempleo, accidentes de trabajo, enfermedad, maternidad, vejez. La abolición del trabajo a niños menores de 15 años, reglamentación del trabajo: a igual trabajo igual paga, jornada de ocho horas, salario mínimo, leyes de organización sindical y derecho de huelga, vivienda, igualdad jurídico-política de la mujer; ley de servicio civil, etc. ; b) porque en aquellas fechas, la única Constitución que contenía un capítulo completo de garantías sociales era la mexicana de 1917. Y si es razonable pensar que Barahona tuvo que usar de modelo aquella Constitución, con mayor razón hubo de servirse de la Ley Federal mexicana, que era entonces el Código laboral más prestigioso de América Latina. De modo que, si aceptamos que Barahona siguió en esto la indicación de don Manuel ¿no es razonable suponer que también aceptó sus consejos, siendo don Manuel, como abogado comunista, un obligado conocedor precisamente del Derecho de Trabajo, y siendo Barahona un joven principiante?

Aunque él lo negó siempre, hay razones para pensar que Oscar Barahona Streber militó discreta o secretamente en el Bloque de Obreros y Campesinos (BOC), aproximadamente entre los años 1937 y 1942. En un informe de 1939, el Embajador yanqui Hornibrook lo incluye entre las figuras destacadas del BOC; y los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos lo situaban en 1942, al igual que a su esposa de entonces, la escritora socialista Yolanda Oreamuno, en la condición de ‘dirigentes del Partido Comunista’ (Communist Party leaders) y con el siguiente comentario: “…se considera que es otro de los simpatizantes silenciosos del Partido…” (lo de silencioso se debía a que, en aquellos años, ocupaba un cargo en el Ministerio de Salud, absolutamente incompatible con una militancia comunista, dados aquellos tiempos). Y es significativo el hecho de que su padre, el abogado nicaragüense Humberto Barahona Briones, antimperialista y seguidor del General Augusto César Sandino, fue expulsado de Costa Rica en 1939 por condenar públicamente las relaciones entre los gobiernos de León Cortés y el tirano Anastasio Somoza García, que había asesinado a Sandino en 1934; y es el periódico comunista ‘Trabajo’ el que denunció y reclamó enérgicamente, en primera plana, por la expulsión de don Humberto, pocos días después de acaecida.

En todo caso, me parece importante observar que, como lo ha notado el Profesor Mauricio Castro Méndez, la consigna de Calderón Guardia y sus secuaces contra los sindicatos, quedó reflejada en una serie de inconsistencias y debilidades institucionales plasmadas en el texto del Código con respecto a esa materia, obra del joven Barahona Streber, quien obviamente las redactó siguiendo instrucciones de Calderón. Debilidades que serán aprovechadas en los años sucesivos por los abogados y los jueces patronalistas, para contribuir a escamotear las garantías que la Constitución había consagrado en defensa de las instituciones de la huelga, el sindicato y la convención colectiva, históricos bastiones de los derechos de los trabajadores en todo el Mundo. Y allí comienza la tragedia del Derecho Laboral costarricense porque, sin una efectiva y coherente implantación de las instituciones del Derecho Colectivo de Trabajo, el llamado ‘Derecho Individual’, o derecho de la relación singular de trabajo quedaba completamente en el aire.

La promulgación de la normativa laboral de 1943 definió la contienda en sentido afirmativo; pero esto no calmó los ánimos patronales, aunque se trataba de una legislación muy moderada, hasta omisa, con respecto a los derechos de los trabajadores. Pero la oligarquía la rechazó ásperamente: y al rechazo visceral de la oligarquía se sumó la creciente desaprobación de la Embajada Norteamericana y una parte de la propia Iglesia Católica, por lo que consideraban una peligrosa influencia del Comunismo en el Presidente Calderón. Esa desaprobación se va a acentuar años después, en la última etapa del Gobierno de Teodoro Picado, hasta culminar en el período de la Revolución de Figueres (Conf. Jacobo Schifter: Las Alianzas Conflictivas; Libro Libre, San José, 1986; pág. 167 y sigtes.). Desde aquel primer momento los líderes de la oligarquía tica y las transnacionales no han descansado en su tarea de continua erosión de las instituciones laborales del País.

Obras consultadas: Ana María Botey, Rodolfo Cisneros: La crisis de 1929 y la fundación del Partido Comunista de Costa Rica; Editorial Costa Rica, San José, 1984. Iván Molina: Los pasados de la memoria. El origen de la Reforma Social en Costa Rica (1938-1943); Euna, Heredia, 2008. ID: Yolanda Oreamuno: una contribución fotográfica y documental (1931-1956) CIHAC, San José, 2019. Jacobo Schifter: Las Alianzas Conflictivas; Libro Libre, San José, 1986. Mauricio Castro: Evolución histórica del Derecho Colectivo de Trabajo en Costa Rica; Continental, San José, 2021.

3) La derrota político/militar

Costa Rica es un monumental ejemplo de la voluntad de establecer el control religioso a costa de la destrucción de sindicatos laicos influidos por el pensamiento marxista. Más aún, de aprovecharlos para hacer política partidaria por intermedio de la influencia confesional. Edelberto Torres Rivas

Evoco algunas estampas de los años 40; años golpeados por la crisis, la inflación y la especulación. Yo era un colegial en los días de la Huelga de Brazos Caídos (1947) y creía entender lo que pasaba por lo que oía decir en casa: que el Gobierno estaba haciendo todo muy mal. Mi familia había sido Calderonista y después Picadista, pero en el año 47 ya no lo era; entre la ‘gente conocida’ ya nadie lo era: los ricos y la clase media se habían pasado en masa a la oposición como reacción al peligro comunista; posiblemente, allá en el fondo, por el temor inconfesable de llegar a ser (o volver a ser) pobres, a vivir en un régimen de escasez e inseguridad, como ‘el hambre en Rusia’, de acuerdo con las versiones difundidas entonces. El resto del año 47 pasó bajo una atmósfera de zozobra e incertidumbre; la contraposición entre ambos bandos se radicalizó; por los dos lados menudearon actos de violencia: las calles eran patrulladas por los famosos ‘mariachis’; los jóvenes opositores Tuta Cortés, Federico Apéstegui, Pepino Delcore y otros, dinamitaron distintos sitios en San José; el militarón cubano Tabío hizo asesinar al doctor Carlos Luis Valverde en la puerta de su casa. En medio de esa escalada de violencia y repudio se difundió el pronunciamiento esperanzador de Figueres alzándose en armas contra el Gobierno: dos meses después había ganado la guerra y todos fuimos a aclamar la entrada de sus tropas en San José: el Desfile de la Victoria.

¿Qué había pasado? Al final de la contienda quedaron enfrentados dos contingentes: 1º) por el lado del Gobierno (no para defender a éste sino para proteger las garantías y los derechos laborales recientemente conquistados), estaba únicamente la fuerza militar improvisada formada por partidarios y simpatizantes del Partido Vanguardia Popular; el Ejército Nacional (la Unidad Móvil, etc.) ya no existía físicamente; y Somoza, a pedido del Departamento de Estado, había repatriado el batallón de su Guardia Nacional enviado a Costa Rica en apoyo del Gobierno; y 2º) por el lado de los rebeldes estaba la brigada de la llamada ‘Legión del Caribe’ y los miles de voluntarios ticos que se fueron uniendo a Figueres.

La victoria rebelde había sido facilitada por un acuerdo celebrado entre José Figueres y Manuel Mora (en presencia del Padre Núñez) en el llamado ‘Pacto de Ochomogo’, el 17 de abril de 1948, en el que Mora accedía a deponer las armas ante las fuerzas figueristas con tal de que no se derramara más sangre; y de que las garantías sociales y el Código de Trabajo fueran respetados, así como la vida y la libertad de los combatientes comunistas. Mora y el Partido calculaban que, salvaguardados las Garantías Sociales y el Código en lo que a sus derechos concernía, los sindicatos, el Partido y toda nuestra clase obrera dispondrían a futuro de una ‘cabeza de playa’: un punto firme para continuar un proceso de avance paulatino hacia una factible justicia social en Costa Rica; y creían contar para ello con una fuerza sindical muy apreciable por su número y calidad. Hay que decir que también pactaron con Figueres porque estaban seguros de que, si en el mejor de los casos lograban derrotarlo con las armas en aquel momento histórico, los Estados Unidos intervendrían e impondrían un gobierno dictatorial a la medida de sus intereses: porque eran años muy crudos de la Guerra Fría. Entonces pactaron cruzando los dedos, con una tenue esperanza de que Figueres mantuviera su palabra, aunque sabían que no le iba a resultar cómodo hacerlo, por las presiones a que sería sometido por los yanquis, resueltos más que nunca a aprovechar la ocasión de borrar el Comunismo de un país como Costa Rica, parte de ‘su patio trasero’. Lo cierto es que, en aquel momento, a Figueres le convenía poner a los comunistas fuera de la escena nacional por tiempo indefinido, para descabezar un movimiento social vigoroso que de otro modo estorbaría la realización de sus propios planes.

Y en efecto, Figueres cumplió una parte de lo prometido: respetó e hizo respetar en términos formales, tanto las Garantías Sociales de la Constitución como el Código de Trabajo; pero pisoteó su palabra de honor en lo demás, porque ordenó o permitió el asesinato, la prisión y la expulsión de dirigentes, militantes y sindicalistas del Partido Vanguardia Popular; decretó la proscripción de dicho Partido (Decreto Nº 105); y el Padre Núñez, testigo de honor y ahora ministro de Trabajo, gestionó la disolución de la Confederación General de Trabajadores, así como despidos masivos de empleados; y el Decreto 306 de la Junta autorizaba a los patronos particulares a despedir sin responsabilidad a quienes habían sido ‘caldero-comunistas’, y otros primores semejantes. Luego los constituyentes figueristas concurrieron a la aprobación del artículo 98 de la nueva Constitución, cuyo texto dispuso la ilegalidad de Vanguardia Popular; de modo que en los siguientes 26 años, el TSE con sus distintas integraciones procedieron al rechazo de la inscripción de toda agrupación política sospechosa de izquierdismo.

¿Qué ocurrió entonces con los miles de ciudadanos que se habían organizado en sindicatos de todas clases, y que votaban por Vanguardia? Todos ellos, ahora seguidores de un partido legalmente inexistente, con sus dirigentes presos o expulsados del País, con sus militantes desempleados, condenados, perseguidos, atemorizados y carentes de guía y conducción; es decir, los comunistas y su amplia clientela política y sindical, aunque trataron por años de resistir el ataque en distintas formas, lo cierto es que se sentían indefensos, a merced de los atropellos, que no cesaban de caerles de todos lados: de parte de los funcionarios ministeriales, de la policía, los patronos y otros enemigos provenientes de la Iglesia Católica, del Solidarismo y de los partidos rivales. Qué cúmulo de atropellos y brutalidades: muchos de ellos me contaban que en aquella época la policía no los dejaba ni respirar: pasaban más tiempo en la cárcel que en libertad; y no se trataba ya del duro y arbitrario régimen de facto de la Junta Fundadora, sino de presuntos Estados de Derecho como se presume fueron los períodos de Chico Orlich, Otilio Ulate o Trejos Fernández.

Como iremos viendo, en la Costa Rica posterior al 48, la condición para que el obrero, el campesino o el empleado no fueran hostilizados o atropellados al menor pretexto, era no ejercitar aquellos vergonzosas pseudo-derechos a la sindicalización y a la huelga.

Obras consultadas: Oscar Aguilar Bulgarelli: Costa Rica y sus hechos políticos de 1948; ECR, San José, 1969. Jacobo Schifter: La democracia en Costa Rica como producto de la neutralización de clases; en Chester Zelaya y otros: ¿DEMOCRACIA EN COSTA RICA? Cinco opiniones polémicas; Euned, San José, 1977. ID: Las Alianzas Conflictivas, cit. Marielos Aguilar: Clase trabajadora y Organización Sindical, cit. Oscar Castro Vega: Fin de la Segunda República. Figueres y la Constituyente del 49; LIL, San José, 1996.

4) Represión y persecución sindical; el aplastamiento y el ‘shock’.

La guerra del 48 terminó por virtud de un acuerdo, y vino la paz: la Junta Fundadora de la Segunda República convocó la Constituyente y, después de promulgada la Constitución de 1949, entregó el poder al Presidente Ulate, iniciándose así un período de transiciones pacíficas del poder por virtud de elecciones “directas, secretas y libres” que llega hasta nuestros días. Pero ¿fue éste, realmente, un período de paz? El sociólogo Manuel Solís reflexiona sobre dicho período de la siguiente manera:

“…no han sido suficiente(mente) exploradas las implicaciones (para el País, para su institucionalidad y para su concepción de ciudadanía) de que la dirigencia política de la segunda mitad del siglo recién pasado se forjara luchando a muerte entre sí, y arrastrando a sus seguidores por caminos violentos. Y que luego, volviendo sobre sus pasos, esa misma dirigencia política le impusiera a la colectividad la tarea de olvidar lo ocurrido, enajenando (volviendo ajena) una porción fundamental de su memoria y de su historia. ¿Cuán sólido puede ser lo que así surge? Bien podría ser que parte de lo que entendemos, o se nos presenta, como una cultura de paz fuese más bien una forma ideológica-cultural de desentendernos de esta historia. Los cauces por los que se llegó a la paz política conseguida en la segunda mitad del siglo anterior dan motivos adicionales para pensar que la agresividad y la violencia que desaparecieron del espacio electoral se quedaron circulando en la nueva institucionalidad, en ámbitos distintos de los electorales. La exclusión de la violencia política no impide que las prácticas arbitrarias o patrimonialistas se conserven en otros campos…” (La Institucionalidad Ajena, cit. págs. xvi y xvii)

En efecto, tal como lo repasamos en páginas anteriores, vemos que son los años del predominio socialdemócrata, fuertemente autoritario y abusivo, de la Junta Fundadora; y después, del flamante Partido Liberación Nacional, con sus logros de entonces, por todos conocidos (nacionalización bancaria, etc.), y con sus reprobables decisiones: las detenciones masivas, la eliminación física de destacados políticos y sindicalistas, la represión ideológica; la proscripción del Partido Vanguardia Popular y de la Confederación General de Trabajadores (para dejar la CTC Rerum Novarum liberacionista como única opción). Los Decretos que creaban el Tribunal de Sanciones Inmediatas, el Tribunal de Probidad y el Tribunal de Ética para funcionarios de la docencia mostraron la voluntad de la Junta de golpear y escarmentar a los vencidos; al igual que el Decreto que autorizaba al Gobierno y a los patronos particulares a despedir sin responsabilidad patronal a todos los funcionarios públicos que simpatizaban con Vanguardia Popular. Y lo que vino inmediatamente después.

Porque lo que vino después, que ha durado decenios, fue la cuidadosamente planeada, violenta e ilegítima eliminación (por amputación) de cientos de sindicatos inscritos; y la posterior represión de toda iniciativa del sindicalismo de izquierda; represión que se cebó predominantemente en los trabajadores de la empresa privada; preventivamente sostenida mediante la sucesiva, sistemática persecución sindical (que duró hasta el presente Siglo) por parte de un sector mayoritario de los patrones, con la connivencia de jueces, abogados y funcionarios ministeriales. Pero este shock, que se combina y refuerza con el sentimiento de orfandad de aquella generación de trabajadores por la desaparición de su Partido y su Confederación, sentidas por ellos, en el momento, como pérdidas definitivas, en medio de una situación de temor, inseguridad y pobreza extrema; este shock, repito, no se dirigió a destruir la semilla del Comunismo, como se decía. En realidad se dirigió a destruir la incipiente formación de los trabajadores costarricenses como ‘clase para si’: su conciencia de clase. Y lo consiguió en gran medida.

Mauricio Castro describe la ‘Reacción Conservadora’ que se produjo entonces, y que, según sus cuentas, duró 22 años (1948-1970):

“…La reacción conservadora se dirigió sobre todo a la persecución sindical (CTCR) y a la cooptación de la CCTRN. Se disolvieron 194 sindicatos (de 1948 a 1953), el 90% de los sindicatos vigentes en 1948, aunque luego del golpe de Estado el 80% estaba inactivo. La persecución desde la guerra incluyó ajusticiamientos, fusilamientos, torturas, encarcelamientos y exilios. La disolución de sindicatos se concentraría en períodos liderados por socialdemócratas, la junta militar (48-49), la administración Figueres (1953) y de Francisco J. Orlich. Para 1953 solo el 2.33% estaba sindicalizado, buena parte en sindicatos independientes contribuyendo a la fragmentación sindical y la acción sindical se desarrolló en el sector privado en un contexto de represión, anticomunismo e ilegalización. El sindicalismo opositor inicia su recomposición con la CGTC (1953) pero su acción era muy difícil. Los 12 conflictos colectivos planteados en 1952 por la FOBA son rechazados por jueces de trabajo y en 1959 la compañía bananera se niega a cumplir con la ley de aguinaldo, lo que provocó una huelga masiva que triunfó, pero fue seguida de una estrategia antisindical que desintegró la UTG, que incluyó “el despido, la represalia, la lista negra y la persecución policiaca (…) el halago y el soborno”, así como el arreglo directo con no sindicalizados y la idea de la “armonía obrero – patronal” para rechazar la negociación colectiva…” (Ob. cit., pág. 161/2).

Del concepto de ciudadanía social (Castro), o sea, de la incorporación social del movimiento obrero (Schifter)

Es a partir de entonces (1949) que transcurren los que he llamado ‘Los decenios de la ignominia’, con sus gravísimas consecuencias políticas, económicas y sociales. Pero retrocedamos un poco y recordemos que hasta finales de los 40 venía conformándose una sólida estructura sindical de amplia base popular que, de continuar por ese camino, estaba llamada a transformar a Costa Rica en un solvente Estado Social de Derecho, con una clase trabajadora fuerte, titular de lo que se ha llamado ‘ciudadanía social’; consciente de sus derechos, adiestrada para la negociación y el conflicto, y con un considerable peso específico en la palestra política.

La experiencia de la vida sindical que se vive en los decenios anteriores a 1948 creaba y fortalecía la conciencia de colectividad, que es fundamental para la construcción del sindicato, de la cooperativa, del partido político. Lo describe admirablemente el historiador y filósofo Eric Hobsbawm:

         “…Lo que proporcionaba a los movimientos y partidos obreros su fuerza era la convicción justificada de los trabajadores de que la gente como ellos no podía mejorar su situación mediante la actuación individual, sino sólo mediante la actuación colectiva, preferiblemente a través de organizaciones, en programas de asistencia mutua, huelgas o votaciones, y a la vez, que el número y la peculiar situación de los trabajadores manuales asalariados ponían a su alcance la actuación colectiva…” (Ob. cit., pág. 308).

Además, es obvio que el ejercicio colectivo de los derechos sindicales es condición sine qua non de un efectivo ejercicio de los derechos políticos. Esto vale para lo que diremos más adelante acerca de la actitud y el comportamiento que tendrá la gran mayoría de los asalariados de bajo nivel frente a la política nacional, sobre todo de cara a las elecciones.

En palabras de Mauricio Castro:

“…La democratización societal requiere de la ciudadanía social, es decir, el estatus que se otorga a las organizaciones de personas trabajadoras para el ejercicio de derechos colectivos frente al Estado y las organizaciones privadas. Un régimen con competencia electoral, pero con restricciones a la libertad sindical es un régimen democratico restrictivo…” (Ob. cit. pág. 165)

Esto último es esencial porque nos da las pistas para entender en las páginas siguientes las dimensiones político-electorales de la lesión que se ha causado en Costa Rica a la clase trabajadora.

Pues bien, volviendo a lo nuestro, ese deseable proceso de asimilación del movimiento obrero dentro de la comunidad ciudadana (la ‘ciudadanía social’ vigente y corriente en tantos países de Europa, en Estados Unidos y Canadá desde fines del Siglo XIX) era algo cuyo desarrollo en el ámbito nacional resultaba extremadamente oportuno y conveniente en la Costa Rica de la Segunda Postguerra, en términos de ‘bien común’, democracia y derechos humanos, tenía un enorme obstáculo en su camino: al tratar de asegurar una efectiva participación de los trabajadores en los destinos del país, y una redistribución progresivamente más equitativa de la riqueza nacional, afectaba los intereses de una clase empresarial poco competitiva, que nunca había pagado justos impuestos, y cuya fortaleza nunca estuvo en su productividad, sino en sus privilegios y en la explotación del trabajo; y afectaba asimismo los intereses de las transnacionales habituadas a los incentivos estatales y comprometidas a aumentar gradualmente los dividendos de sus accionistas.

En consecuencia, la oligarquía y las transnacionales buscarían la manera de hacer abortar o, al menos desvirtuar aquel entramado constitucional y legal de base nacido en 1943, en espera del momento oportuno que permitiera derogarlo definitivamente (y regresar al amanecer del Siglo XIX, al añorado ‘capitalismo salvaje’).

Obras consultadas: Eric Hobsbawm: El Siglo.XX, cit. Marielos Aguilar: Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica cit. Manuel Solís: La Institucionalidad Ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo; UCR, San Pedro, 2008. Naomi KLEIN: La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós, 1ª ed. Buenos Aires. 2008.

5) Los decenios de la ignominia sobre el sector laboral privado

En mi opinión, si bien es cierto que por los hechos de Alcoa en 1970, y por la eliminación de las trabas constitucionales a los partidos de izquierda en 1975, se produce un importante reverdecimiento de la actividad sindical, señaladamente en el sector público, en las bananeras y poco más, puede hablarse de la producción de un cierto efecto de ‘democratización societal’ (Castro, ob. cit., pág. 165), me parece que no conviene dejar la impresión de que se trató de un proceso homogéneo, que benefició por igual a toda la comunidad asalariada. No creo que sea así: la verdad es que, ni en ese período ni en ningún momento cesó la impune persecución sindical en las empresas privadas, la cual que se mantuvo prácticamente invariable con sus despidos ‘preventivos’, las listas negras de los despedidos, los operativos administrativos, legales y judiciales; la inexorable campaña goebbelsiana de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía; las campañas permanentes de la Iglesia Católica; y el desmoralizador espectáculo de arbitrariedad y favoritismo montado por el gobierno en las empresas bananeras y similares, fuera de la Meseta Central, en las que los excesos de la Compañía eran disimulados, pero la policía reprimía a los trabajadores en huelga con extrema brutalidad. Este conjunto de calamidades que se abaten sobre todo contra el asalariado de la empresa privada meseteña, se traduce en una negación del status indispensable para el ejercicio de los derechos colectivos frente a los patronos.

Tengo la experiencia directa, fruto de los años que serví como abogado de la CGT, de los esfuerzos (verdaderos ‘Tormentos de Sísifo’) de compañeros como Chepito Meléndez Ibarra, Luis Ángel Serrano, Domingo Rojas y otros, en la minuciosa, agotadora labor de convencimiento y asesoría de cientos de trabajadores fabriles en la Meseta Central y en Guanacaste, para que se organizaran en sindicatos y siguieran sus indicaciones precisas, las tácticas que la experiencia les había enseñado, so pena de la ocasión perdida, más despidos en serie, etc. ; sus pírricas victorias y su tesón indomable para empezar de nuevo, cada vez, en un ambiente en el que el enemigo implacable no eran sólo el empresario y sus oficiales, sino también la Iglesia, la Policía, los inspectores y otros funcionarios públicos.

¿Cuál es la fuerza de este shock cuyos efectos se prolongan sobre las sucesivas generaciones de trabajadores y sus familias?

Es evidente que, durante varias generaciones, aunque al comienzo hubieran luchado resistido la agresión, masas de trabajadores han carecido de aquel status, de aquella ciudadanía social: miles de obreros costarricenses han pasado sus vidas sin saber lo que es organizarse junto a sus compañeros para, invocando la protección de las leyes laborales, asegurarse mejores ingresos, más seguridad laboral, más vacaciones, mayor participación en la empresa, etc.; cientos de miles que nunca llegaron a gozar de las ventajas que procura una convención colectiva o una huelga justa; cientos de miles que, por el contrario, han asistido resignados o iracundos, pero impotentes, al deterioro inexorable de su nivel de vida, etc.

No conozco ninguna investigación que nos brinde respuestas directas a esas conjeturas ¿Cómo se vivió por dentro esa etapa restrictiva de los derechos de un importante sector de la comunidad costarricense? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de los cambios experimentados? ¿Cuáles serían las hipótesis más plausibles para construir una explicación?

Moviéndonos siempre en el terreno hipotético, aquí tendríamos que distinguir con nitidez los efectos de aquella política represiva que se instaló en el ambiente e influyó sobre cada una de las generaciones de asalariados que, cada vez de manera distinta, tuvieron que soportarla y convivir con ella:

a) los que sufrieron los brutales golpes de la Junta Fundadora (1948) y gobiernos inmediatamente sucesivos eran sindicalizados que habían vivido la época expansiva de su movimiento y que, en general, creían en el sindicalismo y en una perspectiva de izquierda; y resistieron en una buena proporción; pero claro que ya entonces tuvieron que registrarse deserciones y abjuraciones en sus filas;

b) la siguiente generación (1978), que en su infancia y juventud vivió el período de ilegalidad y clandestinidad del Partido, sufriendo la persecución y las pobrezas familiares, heredó el reflejo de abstención surgido entre sus mayores y vivió formas no traumáticas de la deserción y el abandono de la lucha;

c) los que vivieron el cambio del Siglo (2008), la desaparición del Socialismo Real y la hegemonía neoliberal en la forma del bombardeo propagandista contra el sindicalismo y contra los comunistas.

En años recientes han sido objeto de estudio, bajo el nombre de “Doctrina del Shock”, ciertas prácticas gubernativas que consisten en aprovechar situaciones colectivas de conmoción (naturales o preparadas) para hacer pasar medidas drásticas convenientes a los intereses del gobierno y perjudiciales a la comunidad afectada, medidas cuya implementación sería mucho más difícil en tiempos normales (conf. Naomi KLEIN: La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós, 1ª ed. Buenos Aires. 2008).

Observa Klein: “…Tanto en Chile como en Argentina los gobiernos militares utilizaron el caos inicial del golpe para lanzar con éxito su ataque contra el movimiento sindical. Claramente se trató de operaciones planeadas con mucha antelación, pues las redadas sistemáticas empezaron el mismo día del golpe. En Chile, mientras todas las miradas se dirigían al asediado Palacio Presidencial, otros batallones fueron enviados a fábricas en lo que se conocía como «cinturones industriales», donde las tropas llevaron a cabo redadas y arrestaron a gente. <<Durante los días siguientes», según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, hubo redadas en varias fábricas más, «lo que llevó a arrestos masivos de personas, muchas de las cuales fueron luego asesinadas o desaparecieron». En 1976, el 80 % de los prisioneros políticos de Chile eran obreros y campesinos. El informe de la Comisión de la Verdad de Argentina, Nunca Más, documenta una intervención quirúrgica similar contra los sindicatos: «Hemos visto que una gran parte de las operaciones [contra los trabajadores] se llevaron a cabo el mismo día del golpe o inmediatamente a continuación». Entre la lista de ataques a las fábricas, un testimonio es particularmente revelador de cómo el «terrorismo» se usó como pantalla de humo para perseguir a activistas pro obreros no violentos. Graciela Geuna, prisionera política en el campo de tortura conocido como La Perla, describió cómo los soldados que la vigilaban empezaron a ponerse nerviosos con una huelga que iba a tener lugar en una central eléctrica. La huelga iba a ser «un ejemplo importante de resistencia a la dictadura militar» y la Junta no quería que tuviera lugar. Así que, recordó Geuna, los «soldados de la unidad decidieron convertirla en ilegal o, como ellos dijeron, «montonerizarla»» (los montoneros eran un grupo guerrillero que el gobierno ya había derrotado). Los huelguistas no tenían nada que ver con los montoneros, pero eso no importaba. Los «mismos soldados que había en La Perla imprimieron panfletos que firmaron como «montoneros», panfletos en los que incitaban a los trabajadores a la huelga». Los panfletos se convirtieron entonces en la «prueba» necesaria para secuestrar y asesinar a los líderes sindicalistas, tortura patrocinada por las empresas En ocasiones los ataques a los líderes sindicales estaban coordinados con los propietarios de los lugares de trabajo. Demandas interpuestas en los últimos años han aportado algunos de los ejemplos mejor documentados de intervención directa de filiales locales de multinacionales extranjeras.” (págs. 179/180)

¿Podríamos decir que a partir de 1949 la acción terrorista de las autoridades que asesinaron, agredieron, lesionaron, encarcelaron a granel a los líderes sindicales, activistas, obreros y campesinos sindicalizados, des-inscribieron ilícitamente de los Registros del Ministerio a cientos de sindicatos y alentaron a los patronos para que incurriesen con plena impunidad en actos de persecución sindical, en la confección de listas negras de trabajadores, etc., para conmocionar el ánimo de miles de obreros y campesinos y sus familias, constituyó una forma de aplicación, avant la lettre, de la ‘doctrina del shock’?

Repasemos los efectos propiamente sindicales del shock, a los cuales se refiere Mauricio Castro en los siguientes términos:

“…Como resultado de la reacción conservadora se llegó a la virtual desaparición del sindicalismo en el sector privado que llegó al 3% (54.025), incluyendo sindicatos de campesinos no asalariados, frente a un 83,7% en el sector público (241.404 trabajadores).109 En el sector privado sobreviven 13 convenciones acordadas antes de 1980, todas de empresa y casi todas relacionadas con el banano. La OIT estimó que la negociación colectiva cubría a un 3% de los asalariados en el 2001…” (Ob. cit., pág. 176)

Después de que los crímenes, detenciones, vejaciones y persecución sindical desatada a partir del 48, y la consiguiente indefensión y subalternidad de los trabajadores costarricenses, sobre todo del sector privado (prolongadas por varias décadas y respaldadas por una campaña sistemática en los medios de comunicación) alcanzaron las dimensiones de lo irremediable en el imaginario popular, creando una atmósfera generalizada y silenciosa de temor e inseguridad económica y política en aquel importante segmento de la población; parece ser que se produjo la aparición de la cultura de mimetismo político y conformismo laboral que luego fue predominante en dicho segmento; y apareció una moral nueva, en la que se encomiaba la observancia de las directivas de la empresa, mientras que estaban vedadas, por ejemplo, las prácticas que condujeran al sindicalismo (equivalente a comunismo). La palabra ‘comunista’ denotaba una condición infamante que acarreaba menosprecio, desempleo y ruina (jueces costarricenses de entonces dictaminaron que ‘comunista’ era una injuria igual o peor que ladrón o criminal).

Esta perversa y prolongada maquinación, que cercenó y satanizó por largo tiempo la acción de sindicalizarse: una opción que era legítima en cualquier país civilizado, terminó por sumir a la clase trabajadora costarricense en un estado de miedo crónico a ser visualizado como sindicalista, socialista, comunista, y produjo en miles de costarricenses una reacción defensiva de negación de sí misma, de mimetismo (invisibilización) cuyo resultado en la realidad social costarricense fue la presencia de todo un extenso sector social ideológicamente ‘neutralizado’, desunido y paralítico: políticamente ‘domesticado’, como cínicamente (pero certeramente) lo calificó don Pepe Figueres. Consiguió, en suma, que cientos de miles de trabajadores costarricenses sintieran que los derechos laborales que la Constitución y el Código consagran, no eran en realidad sus derechos, y que en el plano político, para ellos estaba cerrada la posibilidad de manifestar públicamente (menos aún delante de sus patrones) su natural, instintiva preferencia por candidatos de izquierda. El trabajador termina razonando así: ingresar a un sindicato y votar por la izquierda son actos inconvenientes, dañinos, no recomendables, porque cualquiera de los dos me acarrea el despido, y el despido significa el hambre, las enfermedades y la muerte.

Invocando de nuevo el ejemplo de Chile, es notorio que al restablecerse la democracia, los partidos de izquierda (sobre todo el más grande: el Partido Comunista) se encontraron sensiblemente diezmados. Lo cual causaría extrañeza a muchos, puesto que los sufridos partidos de izquierda no eran obviamente los culpables de todos los sufrimientos padecidos por el pueblo chileno con el golpe, la masacre, la tortura, los desaparecidos, las detenciones, las deportaciones. Pero a raíz del shock del golpe Pinochetista había ocurrido algo así como si el pueblo quisiera castigarse después de recibir el brutal, prolongado e inmerecido castigo. Los sectores populares mostraban una tendencia abstencionista, o abandonaban explícitamente las posiciones de izquierda.

También en Costa Rica, cuando se eliminó el segundo apartado del artículo 98 constitucional y el Partido Vanguardia Popular recobró la legalidad, se encontró con que su militancia se había contraído sensiblemente: el shock había surtido sus efectos también en el campo político. Contra toda razón y justicia, los pueblos tienden a reverenciar el poder y no perdonan a los vencidos.

Obras consultadas: Elizabeth Lira: Consecuencias psicosociales de la represión política; en A. Blanco y M. Sabucedo: Psicología y Derechos Humanos, Icaria, Barcelona, 1998. Manuel Garretón: Balance y perspectivas de la democratización política chilena, en Menéndez-Carrión, Amparo y Joignant, Alfredo (ed.) La caja de Pandora: el retorno de la transición chilena; Planeta, Santiago, 1999. Naomi Klein: La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós, 1ª ed. Buenos Aires. 2008). Nicolás Maquiavelo: Discurso sobre la Primera Década de Tito Livio, en ‘Obras Políticas’, Ateneo, Buenos Aires, 1957.

6) Los sindicatos públicos defienden la integridad nacional

Los trabajadores del sector público en cualquier país están llamados a jugar un papel muy destacado en la política nacional durante el Siglo XX. El hecho de que muy temprano en la historia se les reconociera un cierto grado de inamovilidad gracias al régimen establecido por un Estatuto del Servicio Civil, sus sindicatos no pudieron ser desarticulados mediante despidos de efecto inmediato, como ocurría en la empresa privada, de modo que se consolidaron y acuñaron una experiencia de lucha que va a ser valiosísima a partir de la segunda mitad del Siglo XX, como veremos a continuación en el caso de Costa Rica.

Los sindicatos del sector público han llegado a ser muy numerosos gracias a las circunstancias relatadas, y al hecho de que se trata de un personal con un grado entre medio y alto de instrucción, muy favorable a la adquisición de capacidades para la disciplina y la lucha sindical.

Las principales agremiaciones de empleados públicos son: la Asociación de Educadores (ANDE), que nace en 1942 y que, en mi criterio, es una gran confederación sindical con nombre y status de asociación; UNDECA, en la Caja Costarricense de Seguro Social, que es de 1954; la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) fundada en 1955; ASDEICE, que es la primera que se forma en el ICE (1955); la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fundada en 1958; y en 1968 se funda el Sindicato de Empleados del Banco Nacional (SEBANA); y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) en 1969; y el Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU) en 1970; y Sintrajap de JAPDEVA; y los médicos de Siprocimeca; y el Fit–Ice, y Anttec, etc., etc. En realidad los sindicatos del sector público son muchísimos; La CCSS, por ejemplo, alberga más de treinta; y su crecido número ha jugado un importante papel en la marcha de los acontecimientos. Pero lo que ha sido de una extraordinaria relevancia en la historia patria ha sido la calidad moral de esos sindicatos públicos. Como decía José Martí, hay momentos en que la moral de la Patria está encarnada en un reducido grupo, o en una persona:

La aprobación del Contrato/Ley de Alcoa en la Asamblea Legislativa, en los últimos meses de la Administración Trejos Fernández fue adversado a comienzos de 1970 por un masivo movimiento estudiantil coordinado por la FEUCR, el cual gozó de un amplio respaldo popular, y fue apoyado por el movimiento sindical, particularmente por los sindicatos de educadores (entre los que destacó el SEC, con una participación constante durante todo el proceso). De modo que la gesta de Alcoa no se generó en el seno del sindicalismo, pero para éste constituyó una rica experiencia de movilización de masas, que aprovecharía en sus luchas de los años futuros.

Si no recuerdo mal, la poderosa transnacional Millicom negoció su instalación en Costa Rica por acuerdo con el gobierno de Oscar Arias (1986-1990), y operó efectivamente durante la Administración Calderón Fournier; pero los sindicatos del ICE determinaron que su funcionamiento era ilegal, trataron infructuosamente de que el Gobierno y el propio ICE hicieran valer aquella ilegalidad; y finalmente fueron a la huelga, ya durante la presidencia de Figueres Olsen (1995). El movimiento triunfó, y el Gobierno firmó el levantamiento de la huelga con los 11 sindicatos del ICE involucrados en la lucha. Pero de todo esto, lo que me parece más hermoso es que se trató de la primera vez que un grupo de sindicatos de una empresa pública tomó a su cargo la tutela de los intereses de toda la comunidad costarricense, en contra de las cúpulas gubernativas compuestas por el Presidente, los Ministros y los Directores del propio ICE, que eran los que tenían institucionalmente a su cargo la tutela de dichos intereses populares y, alevosamente, los estaban sacrificando.

Esto se va a repetir en los movimientos siguientes, que tienen lugar en los últimos treinta años de nuestra historia, donde vamos a ver siempre a sectores del pueblo (¡que eso son los sindicatos!) supliendo el papel de protectores de los intereses nacionales, en sustitución de los que fueron elegidos y nombrados por el pueblo para que cumplieran con ese papel.

El ICE es justa y unánimemente calificado como una institución benemérita y amada por el pueblo costarricense, porque ha impulsado con patriotismo y eficiencia la electrificación, la industrialización, la intercomunicación, la modernización y por ahí también la democratización y el bienestar del País. Forma, junto con la Caja, los dos mayores tesoros institucionales de nuestro pueblo; y al igual que la Caja, su existencia estorba a la voracidad insaciable de los mercachifles neoliberales, quienes en la presidencia de Miguel Ángel Rodríguez le prepararon el tristemente célebre ‘Combo’ (2000). Y de nuevo fueron los sindicatos del ICE, con fuerte apoyo popular y el respaldo de muchos otras organizaciones gremiales, quienes se extenuaron en la tutela de aquella institución que los burócratas y los políticos neoliberales querían desmantelar alegremente.

Y de nuevo veremos a los sindicatos públicos formando en el 2004 el Movimiento Cívico Nacional durante la presidencia de Abel Pacheco, protestando contra el monopolio RITEVE; y otra vez los vemos en el 2007 formando filas con el pueblo para el Referéndum del TLC; y así hasta el presente.

Lo que en realidad ha ocurrido en Costa Rica es que, frente a la monótona caravana de los gobiernos neoliberales y su política privatizadora y desmanteladora de la Res Publica, la única contraparte que va quedando, con capacidad de ponerles freno, son los sindicatos del sector público: las mujeres y los hombres que constituyen la masa de los técnicos, los administrativos, los geólogos, los banqueros, los jueces, los jardineros, los ingenieros, los conserjes, los enfermeros, los albañiles, los trabajadores sociales, los entrenadores, los economistas, los historiadores, los médicos, los oficinistas, los químicos, los cocineros, los profesores, los laboratoristas, los choferes, los investigadores, etc., que forman dichos sindicatos. El Frente Amplio, mi partido, que comparte en gran medida los ideales patrióticos de dichos gremios, no tiene por el momento los votos necesarios, aunque abunda en ideas claras, buenos proyectos y colaboradores laboriosos y honestos.

La Reforma Procesal Laboral, una iniciativa colectiva de laboriosa gestación que empeñó el esfuerzo de juristas y sindicalistas, y que tuvo el patrocinio de la OIT, fue promulgada en los estertores de la Administración Chinchilla Miranda, mereció el veto de la Presidenta saliente y la sanción del entrante. Fue el único intento logrado en tantos decenios de corregir al fin muchos de los achaques congénitos de nuestro viejo Código del Trabajo de 1943, sobre todo en materia de derecho colectivo y derecho procesal laboral. Mauricio Castro dedica al tema una síntesis conclusiva que vale la pena reproducir en lo conducente:

“…El derecho laboral colectivo se desarrolló en Costa Rica a partir del unilateralismo (ley y mecanismos impositivos) y en las 3 etapas de reconocimiento de la ciudadanía social, el ejercicio de la libertad sindical tuvo enormes limitaciones jurídicas, políticas y culturales que han impedido su consolidación. La incorporación laboral en los 40 partió de la desconfianza hacia los sindicatos, por lo que el Código de Trabajo incluyó potentes mecanismos de disciplinamiento sindical, que mostraron toda su potencia en las etapas de reacción conservadora. Aún con esas limitaciones, cuando se legitimó políticamente a los sindicatos y se reconoció el conflicto capital-trabajo, se produjo una explosión de afiliación, negociación, medios de solución de conflictos y huelgas…”. (pág. 193)

Obra consultada: Mauricio Castro: Ob. cit., pág 193. BID/CLAD: Análisis comparado de las relaciones laborales en la Administración Pública Latinoamericana. Argentina, Costa Rica, México y Perú; Bid, Washington, 2012. Felipe Martínez Kaechele: Libertad sindical en los funcionarios públicos; Universidad de Chile, Santiago, 2017. Adolfo Braga: Las relaciones sindicales en el empleo público; Universidad de Teramo, 2020. Lorenzo Bordogna: Problemas de las relaciones sindicales en el sector público. La experiencia italiana en perspectiva comparada; en Stato e Mercato Número 36, Milán, dic. 1992.

7) La última agresión neoliberal

En las últimas huelgas: la de 2017 de los funcionarios del Poder Judicial, y la del 2018, en la que participaron sobre todo los sindicatos de educadores, con apoyo parcial e intermitente de otras fuerzas, contra la promulgación de la llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (iniciativa del gobierno anterior con un nombre sugestivo, reasumida por el nuevo Gobierno sorpresivamente ultrarreaccionario, que aprovechó los daños de la desidia fiscal de las administraciones anteriores para decretar la emergencia fiscal y predicar su santa cruzada contra los empleados públicos, tratando así de minar los últimos bastiones de la resistencia popular y del Estado Social de Derecho). En los avatares de esa lucha tuvimos la ocasión de experimentar la unanimidad de los tres Poderes en concierto con la UCAEP, los mass media a su servicio y una opinión pública reaccionaria y hostil; en suma, una representación local del Capitalismo transnacional clara y resuelta, en un despliegue de fuerzas para imponer su modelo autoritario.

La Huelga contra la Ley de Fortalecimiento Fiscal fracasó: la Ley entró en vigencia con algunas limitaciones y fue diligentemente aplicada; pero además de eso la Asamblea, el Ejecutivo y la Sala Cuarta reaccionaron al unísono para tratar mediante nuevas leyes y decretos, de desvirtuar la parte más significativa de la reciente Reforma Procesal Laboral y despojar a los institutos de la Huelga y la Convención Colectiva de todo su poder, atropellando la Constitución y los Convenios Internacionales.

Mauricio Castro comenta ampliamente el episodio:

Las reformas y las huelgas del Poder Judicial (2017) y por justicia tributaria (2018) produjeron la tercera reacción conservadora (2018 …), que busca la imposición unilateral de las condiciones de trabajo. Se produce en un contexto de polarización y conflictos sin espacios de negociación. A la deslegitimación sindical y la calificación del conflicto como una patología, se suman reformas unilateralistas. Se legalizó la disminución unilateral de jornadas con disminución salarial (ley 9832); se creó un mecanismo “express” para suspender contratos (42248-MTSS); se apoya imponer una jornada ordinaria de 12 horas diarias 4 días de la semana. La emergencia sanitaria y la crisis fiscal han colocado la unilateralización en el sector público disfrazada de exigencia económica. Se limitó la huelga en el sector público en contra de la doctrina de OIT (ley 9808) que además buscaba facilitar la disolución sindical, aunque este aspecto debió abandonarse (SCV 20596-19). En general la Sala Constitucional abandonó la doctrina de la OIT. La Ley de Fortalecimiento Fiscal (9635) intentó limitar los convenios en su contenido esencial (salarios) y planteó su denuncia obligatoria…”. (Ob. cit. pág. 191)

Es público y notorio que en abril de 2019 el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que se tramita bajo el Número 21.336. El mayor interés que suscita para los efectos de este ensayo es que expresa claramente las intenciones del Gobierno que venían ocultas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: controlar todas las instancias del Estado y los entes públicos menores desde una especie de super-ministerio del Poder Ejecutivo: el Ministerio de Planificación, de manera de mediatizar la independencia de los Poderes y de las autonomías establecidas en la Constitución. El Diablo vendiendo escapularios: gobiernos neoliberales blindándose de super-poderes para de ese modo perpetrar cómodamente y sin resistencias su macabro desmantelamiento: sin el control de la Justicia, sin la crítica de la Academia y sin la protesta del Pueblo.

Conclusiones

Si leyéramos Historia Patria, confirmaríamos sobradamente el dato de que dos centenares de sindicatos de empresa que nacieron alrededor de los años cuarentas del Siglo XX, junto con otras mil iniciativas informales en el mismo sentido, en el contexto de un vigoroso pero incipiente movimiento social, todas al amparo y bajo la ilusión de Garantías Constitucionales, de un flamante Código de Trabajo y de la movilización popular, fueron negados, ilegalizados y desmantelados ilegítimamente en la década siguiente, aprovechando el triunfo de una rebelión armada y las políticas anticomunistas de la Guerra Fría; y también nos enteraríamos de que esas políticas represivas incluyeron el fomento de una prolongada, mortífera e impune persecución de aquellos sindicalistas, con cínica inobservancia de la flamante Constitución de 1949 y del Código de Trabajo: una persecución de trabajadores propiciada por el Ministerio de Trabajo, predicada por cientos de curas católicos y tolerada por los jueces del Ramo; la cual facilitó la conducta patronal del despido inexorable y sistemático de los trabajadores que intentaran formar un nuevo sindicato en las empresas, y a su inclusión en una lista negra que les dificultaría volver a tener un trabajo asalariado.

Recalcamos, por si quedan dudas, que esa práctica represiva, ilegal e inconstitucional, condujo al resultado de que, salvo en las zonas bananeras, desde hace más de medio siglo, prácticamente desapareciera el sindicato en la empresa privada en la Meseta Central y en muchas otras partes del Territorio (engañosamente sustituido en muchos casos por la asociación solidarista).

Así las cosas, la prolongada ausencia de una fuerza sindical en el sector privado, que reclamara eficazmente el mejoramiento de la situación laboral del dependiente, del obrero, del campesino, disponiendo incluso del arma de la huelga; así como la ausencia prolongada de convenciones colectivas económico-sociales que garantizaran una distribución más equitativa de las ganancias de las empresas y el gradual mejoramiento de los asalariados, llevaron a la configuración capilar pero incesante de aquel déficit en sus derechos y sus garantías laborales que ha sido, al fin y al cabo, la causa principal del deterioro de su tenor de vida; y los ha puesto en la necesidad de acudir a dos o más empleos; de aceptar trabajos informales por debajo del salario mínimo, sin seguridad social y con largas jornadas laborales; aislados y vulnerables, con los deletéreas efectos que todo ello les ocasiona en el orden moral, familiar, económico, de salud, etc. Todo esto es así, aunque en ciertos momentos los datos numéricos puedan hacer pensar que las cosas en el sector sindical privado son equiparables a las del sector público.

Es oportuno insistir en que en el empleo público los sindicatos han podido en general resistir las arremetidas de los gobiernos, por la feliz circunstancia ya conocida de que el empleado no puede ser despedido a voluntad (como sí le ocurre sistemáticamente al trabajador privado) sino que se requiere demostrar su supuesta falta mediante un proceso administrativo cuya decisión final puede ser impugnada en vía judicial. Lo cual, en la práctica, se ha traducido en una estabilidad como situación normal, que a los empleados públicos les ha permitido consolidar una experiencia sindical de varios decenios: ir a la huelga y firmar convenciones colectivas para mejorar sus salarios, su seguridad laboral, su régimen de pensiones, etc.

Afortunadamente tuvo que ocurrir que llegara el día en que la situación laboral en el sector privado fue conocida, analizada y divulgada por organismos científicos y agencias financieras internacionales (CEPAL, INEC, OCDE, PNUD, BM), cuyos hallazgos han permitido revelar otros aspectos de su desventajosa situación; como que, por ejemplo, a diferencia del otro sector, el temor, la apatía, la desmovilización y la indefensión de los trabajadores privados hayan conducido a que entre 1984 y 2009 el salario mínimo medio en términos reales sólo creciera a una tasa media anual de 0,7%; y que, por ende, la desigualdad salarial (con respecto del empleado público) se haya ido ensanchando significativamente año tras año.

Posiblemente algunos lectores recuerden que a principios de junio de 2018, los medios de comunicación divulgaron un estudio del Banco Mundial sobre pobreza y desigualdad en el Mundo. Entre esos medios, por ejemplo, EL PERIÓDICO CR del 2 de dicho mes, el cual nos brindó la siguiente información que reproduzco en lo que atañe a Costa Rica:

“…Aarón Chinchilla EP. Un estudio de análisis del Banco Mundial determinó que Costa Rica es el noveno país del mundo con mayor desigualdad económica. Para elaborar la investigación, se determinó evaluar el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país, la capacidad de compra de las personas respecto a sus ganancias (paridad del poder adquisitivo por habitante) y el Coeficiente Gini, que mide la desigualdad en el mundo. El estudio determinó que ocho países de América Latina y el caribe además de dos africanos son los más desiguales del Mundo…” (las negritas son mías)

“…Caso Costa Rica: Jornadas Largas acompañan alta ineficiencia y bajos salarios. Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han determinado que Costa Rica es un país en donde se trabaja mucho (2.212 horas por año), pero posee baja productividad, además de que los ingresos generales no permiten que las personas superen la línea de la pobreza.

“…El análisis “Working, But Still in Poverty” de la OCDE ha detallado que la cantidad de hogares, en Costa Rica, con personas jefas de hogar en edad laboral, tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza…”

“…Para el caso costarricense, el experto (economista chileno Jorge Rodríguez Grossi) aseguró que, es importante denotar que estos valores, cercanos al 0.5 (arrojados por el Coeficiente de Gini), han venido incrementándose desde la década de 1980, en donde rondaba valores cercanos al 0.31-0.32; lo cual denota que las políticas económicas después de 1980 (el Neoliberalismo galopante a partir de Luis Alberto Monge), han ido en decrecimiento de la distribución del ingreso y la falencia de un sistema tributario progresivo y acorde a las necesidades del siglo XXI…” (los paréntesis y las negritas son mías).

El economista y estadígrafo italiano Profesor Corrado GINI (1864-1946) inventó en 1912 el ‘coeficiente’ que lleva su nombre, que es una herramienta analítica para medir la desigualdad salarial de las personas en un lugar y un tiempo dados. Y es gracias a dicho señor que podemos conocer el coeficiente que corresponde a Costa Rica al día de hoy; enterarnos de que ese concreto guarismo significa una grave desigualdad; de que una consecuencia de ello es que la ‘Suiza Centroamericana’ es el noveno país más desigual del Mundo; y que en la lista del PNUD que ordena los países según su desarrollo humano, ocupa el sexagésimo-sexto (66) lugar, de un total de 168.

Esa desigualdad se expresa también, en lenguaje económico, en los términos de una ‘brecha’ en la distribución del PIB entre aquéllos a los que mayores ingresos se asigna, y los que menos reciben. Y en el caso de Costa Rica tenemos que en el 2016, el ingreso promedio por persona (contando a los menores) del grupo que constituye el 20% más rico, fue de 1.079.788 colones, es decir, 19 veces mayor que el del 20% más pobre, que fue de 56.713 colones (contando, también, a los menores).

No se trata de pensar que los ticos inventamos la desigualdad social: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, ha reafirmado recientemente la idea de que:

‘La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica. Aunque hubo avances importantes en los últimos 15 años, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, por sobre el África Subsahariana (la segunda región más desigual), y presenta un índice de Gini promedio casi un tercio superior al de Europa y Asia Central’ (CEPAL: PANORAMA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; Informe2019).

A mayor abundamiento, algunos datos extraídos del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica (Nuestro enojo ciudadano por la falta de dinero; UCR Noticias, 13 de octubre de 2021) nos indican que

         1.- el nivel de pobreza, que en 2017 alcanzara al 20.5% de la población, al finalizar el 2021 alcanza cerca del 30%. Lo que significa que, si en 2017 teníamos un millón cien mil pobres en el País; y noventa y nueve mil treinta y cuatro hogares costarricenses en extrema pobreza, al terminar el 2021 tenemos un millón ochocientos cincuenta mil POBRES, es decir, el 30% de la población; y un coeficiente de Gini de 5.19

“…En Costa Rica la desigualdad crece. Ésta es la diferencia en el monto de ingresos que reciben las personas y que provoca que un segmento de la población reciba una fracción relativamente pequeña del ingreso, en relación con otro segmento que concentra una proporción mucho más grande.

La desigualdad medida por el coeficiente de Gini en Costa Rica para el 2020 se ubica en 0,519 y su evolución refleja que ha ocurrido un crecimiento de la desigualdad durante las últimas décadas…” (Ob. y lug. cit.).

En vista de lo anterior, concluye el informe CEPAL/MINEX/MIDEPLAN: El enfoque de brechas estructurales. Análisis del caso de Costa Rica, en 2016:

“…El estancamiento de la pobreza y el aumento de la desigualdad económica están provocando la fragmentación de la sociedad costarricense, una de cuyas manifestaciones es la pérdida de la educación como agente de movilización social. Dentro del marco de este análisis, se establecen dos dimensiones relevantes de la brecha de pobreza y desigualdad: la pobreza extrema y la desigualdad de ingresos…” (pág. 92)

Según dicho estudio, Costa Rica (en sólo 3 años) pasó de tener 85 personas que concentraban un capital de más de 30 millones de dólares (2012), a 100 personas (2015) que, en conjunto, acumularon una riqueza que representaba la tercera parte del PIB; y las nefastas consecuencias de ello se reflejan en términos de inseguridad ciudadana, penetración del narco, regreso del analfabetismo, mortalidad infantil, etc.

Entonces pienso yo sea de extrema conveniencia que los trabajadores del sector privado, desde los empleados de comercio y los obreros industriales hasta los jornaleros de las fincas, se hagan la siguiente pregunta: ¿esos catastróficos resultados hubieran sido los mismos si durante el último medio siglo hubiese existido un enjambre de sindicatos de la empresa privada, organizados en sus confederaciones, celebrando periódicamente sus convenciones colectivas y con plena disponibilidad del derecho de huelga?

Mas me parece evidente que uno de los efectos de aquella ilegítima pero impune represión contra toda actividad sindical en el sector privado de la zona central y más desarrollada de Costa Rica, de la que hablábamos antes, que se prolongó por un buen medio siglo, se está manifestando ahora, en forma casi diríamos especular, convertida en forma de brecha económica y de Coeficiente de Gini: porque aquello que fue un verdadero asalto a los derechos de los pobres ¿el asalto del siglo?) fue perpetrado silenciosamente en Costa Rica, y mantenido en la sombra por muchos años, pero estalló con estruendo en el Coeficiente de Gini y en la actual Brecha Económica: una parte muy considerable de lo que se sustrajo de los bolsillos de los asalariados del sector privado que forman el quintil más pobre, aparece del otro lado de la brecha, formando parte de las ganancias del quintil más rico. En otras palabras: hurtada que fuera la riqueza que debió traducirse en bienestar de los trabajadores privados, viene a reaparecer, en cambio, acumulada al otro lado de la brecha, formando parte del ingreso de los ricos (!!).

Como los indicios de un oculto crimen, aquellos dos indicadores vienen a revelar acusadoramente la violación de los derechos sindicales de los trabajadores del sector empresarial, el aplastamiento de toda tentativa de sindicalización, la ausencia de convenciones colectivas que hubieran puesto un poco de equidad y de humanidad en la distribución de las ganancias de las empresas. Porque ¿qué es la brecha económica sino la confesión de una iniquidad perpetrada por el quintil más rico en daño del quintil más pobre de la población?

Los empleados públicos, por el contrario, aprovechando sus garantías constitucionales para sindicalizarse, tuvieron el coraje de pelear para celebrar convenciones y hacer huelgas para ampliar la esfera de sus derechos, e incluso para enfrentarse a políticas públicas contrarias al bien común.

Para su eterna vergüenza, los políticos y los funcionarios públicos costarricenses, en vez de castigar la persecución sindical y abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores privados que garantiza la Constitución, a fin de que dichos trabajadores accedieran a una razonable y sostenida expansión de sus derechos mediante sus instrumentos legales de lucha: la convención colectiva y (como ultima ratio) la huelga, los dejaron caer hasta el fondo; y ahora cínicamente pretenden más bien destruir los sindicatos públicos y privar a los empleados públicos de aquellas armas legítimas, para reducirlos a la impotencia: a la misma impotencia en que han mantenido a los trabajadores del sector privado durante tres generaciones.

Hay que repetirlo fuerte y claro: los decenios del sacrificio forzado de los derechos sindicales de los trabajadores del sector privado de Costa Rica, que en su tiempo se tradujeron en desamparo e indefensión, y en la miseria y la desdicha de innumerables familias humildes, terminaron al cabo siendo concausa, retardada pero acumulativa, de la infame brecha económica que pone un abismo entre los ricos y los pobres. Pero pensar en aquellos decenios de sacrificio debe también mover la conciencia de los trabajadores costarricenses: enseñarles a identificar a sus verdaderos amigos, …y a los otros.

Estoy convencido, además, de que el vacío político producido por la ausencia de una populosa clase trabajadora organizada y beligerante, que hubiera sido un fuerte interlocutor en la palestra política, poniendo en la balanza del poder el peso de sus legítimos intereses para sacar lo mejor de cada partido y de cada gobierno; repito: la ausencia de esa clase trabajadora unida y consciente que Costa Rica bien se merecía por sus tradiciones de civismo, hizo posible el deslizamiento y la degradación de un socialcristianismo y una socialdemocracia ideológicamente anémicas y sin contrapesos, hacia aquel neoliberalismo oportunista y chapucero que ha sido la tónica de quienes nos han venido gobernando:

a) con las consecuencias político-jurídicas disolventes que hoy se reflejan por doquier: se reflejan en el control politiquero consumado sobre las cúpulas judiciales y otros órganos de garantía; se reflejan en los contubernios entre los Poderes para asegurarse la impunidad de los excesos y de los compadrazgos en las altas esferas de la política y la economía que nos condujeron al Cementazo; en el desmantelamiento del MOPT y la concesión de las obras a un oligopolio que nos condujo a Cochinilla y al Diamante; en el abandono de toda política asistencial constructiva, junto a la carta blanca de los empresarios en la aplicación de la infame “flexibilización de las relaciones laborales”; en el ataque a los últimos bastiones institucionales del servicio público (la CCSS, el ICE). Todo lo cual se tradujo en la violación reiterada y flagrante de los derechos humanos económicos, sociales y culturales consagrados en beneficio de nuestro Pueblo por la Constitución y las Convenciones Internacionales.

b) con las nefastas secuelas económico-financieras que se transparentaron en el sempiterno e inducido desequlibrio fiscal, en el creciente desempleo, en la profunda y acusadora brecha entre ricos y pobres que se ha ensanchado bajo los pliegues del modelo del derrame.

c) con la artera política legislativa del Gobierno Alvarado, en connivencia con los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y los Pentecostales, tendientes a debilitar las instituciones de control jurisdiccional y a eliminar las universidades públicas, los sindicatos del sector público y, por esa vía, toda forma de crítica racional y de resistencia ciudadana.

¿Cómo podrán nuestra clase gobernante y el País entero reparar el inmenso daño económico, social, moral y político infligido a varias generaciones de trabajadores costarricenses a partir del 48, por haberlos privado ilícitamente de su derecho a formar sindicatos, y de los legítimos y esenciales servicios de dichos sindicatos que el Código de Trabajo, la Constitución y las Convenciones Internacionales habían creado en beneficio de aquellos trabajadores? Usando la fuerza, el terror, la injusta violencia, el abuso y la mentira ¡les pintaron como crímenes los que no eran sino sus legítimos derechos!

Está a la vista que Costa Rica no tiene ejército, pero tampoco le permitieron tener mayorías de trabajadores capaces de defenderse de la inanidad y la domesticación que les han decretado sus gobiernos. A fin de cuentas, como predijo el escritor y mártir argentino Rodolfo Walsh, muchas más vidas serían arrebatadas por la «miseria planificada» que por las balas.

¡Cómo retumba esta frase en el País de los muchos maestros y ningún soldado!