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Una discusión imaginada a propósito del gobierno de Chaves

Alberto Salom Echeverría

(Fragmento)

Nota aclaratoria: Todos los personajes de este escrito son inventados por el autor, lo aclaro por si acaso uno de los nombres coincidiera con alguna persona real

Leopoldo Mora, un joven de 26 años, nacido en San José, fue criado por sus padres en Barrio Cuba. Hijo de gente esforzada, su padre, Rómulo Mora, es un trabajador de la municipalidad de San José. Su madre, doña Ana Caballero, combina los quehaceres domésticos en su propio hogar, con trabajos en casas particulares de San José, en calidad de servidora doméstica. Su hijo es el mayor de una familia compuesta por cuatro hermanos, dos mujeres y dos varones. El mayor de todos ellos es Leopoldo.

“Polo”, así lo apodaron en el barrio desde niño, creció desarrollando un alto sentido de responsabilidad; en la primaria fue matriculado en la escuela Omar Dengo y la secundaria la hizo en el Liceo del Sur. Siempre se destacó en los estudios y además sintió la responsabilidad de servir de ejemplo a sus hermanos, a los que con frecuencia apoyaba en las tareas. Cuando presentó el examen de admisión en la UCR, sacó un puntaje muy cercano a los 800, que es la nota máxima, merced a su talento y excepcionales condiciones académicas. Decidió seguir la carrera de filosofía, en contra de la voluntad de sus padres, quienes pensaban que, esa carrera no iba a serle útil para desempeñarse después laboralmente. El chico tomó la decisión sin titubear, a pesar de la opinión de sus padres, por quiénes sentía amor y respeto.

Fue brillante en toda la carrera, a sus 26 años se encontraba elaborando la tesis para obtener el título de Licenciado en Filosofía. Su amiga íntima, es Natalia Ebrard Rodríguez, estudiante de Ingeniería Civil en la misma UCR. Natalia es hija de un inmigrante francés que llegó a México, de nombre Jean Paul Ebrard, su madre es costarricense y se llama Olga Rodríguez. La Familia reside en Costa Rica, donde Jean Paul se desempeña como consultor en asuntos jurídicos, gracias a su profesión de abogado, cuyos estudios los realizó en la UNAM. Su esposa Olga, la madre de Natalia es trabajadora social.

Ambos tienen tres amigos, con los que se reúnen habitualmente a divertirse y en ocasiones a estudiar juntos en la casa de Natalia. Ellos son Fernandino Fuentes, que sigue la carrera de ciencias políticas, en la UCR, donde cursa su segundo año; Ismael Montoya, estudiante de matemáticas en la UNA, residente, al igual que Polo, en Barrio Cuba, donde se conocieron y contrajeron una férrea amistad desde los tiempos escolares de ambos. Además, completaba el grupo el joven inmigrante venezolano, Rodolfo Llovera Abeledo, quien ingresó al Instituto Tecnológico (TEC), a la carrera de informática, gozando de una beca con ayuda socioeconómica. Llovera, se conoció con Ismael en un bar cercano a la UNA, hace más o menos dos años y por su medio trabó amistad con el resto de los jóvenes.

Un viernes por la noche, los cinco universitarios quedaron de verse, para celebrar el cumpleaños de Natalia, en su casa de habitación. Jean Paul y su esposa Olga les sirvieron como selectos anfitriones en la primera parte del encuentro. Todos se sentían muy a gusto en casa de Natalia, por la amistad que ya los unía, pero además por el trato tan amable que les brindaban Jean Paul y Olga.

No tardaron en retirarse a su aposento los padres de Natalia, cuando debido a un ingenuo comentario de Rodolfo Llovera relacionado con el gobierno de Rodrigo Chaves -del que Rodolfo expresó sentirse afín, aunque reconoció que ignoraba muchos de los vericuetos de la política costarricense- prendió entre los jóvenes, una discusión que no por acalorada, perdió el norte. Con ese furor discurrían muchos de los improvisados debates políticos entre ellos, probablemente debido a la excesiva juventud, especialmente de Fernandino Fuentes. Del acaloramiento quedaba a salvo casi siempre Leopoldo (Polo) Mora, por ser muy maduro y el más apacible y juicioso, características de su personalidad que las traía desde muy temprana edad. Por eso gozaba de la admiración de todos sus compañeros, especialmente de Natalia, quien ocasionalmente no sabía si lo que sentía por él era un profundo sentimiento de amistad, o amor.

Inmediatamente, saltó a la palestra, como ocurría casi siempre, Fernandino, el estudiante de políticas, el más joven de todos, que era bastante exaltado y poco tolerante; al menos así lo sentían Ismael y Natalia.

-Un momento -profirió ya con acaloramiento Fernandino, dirigiéndose a Rodolfo-, a vos te pasa que no terminás de conocer ni el ambiente, ni la política del país, quizás porque trasladás mecánicamente la situación de Venezuela y se te nota tu irritación contra el extinto Chaves, líder venezolano, y se echa de ver tu apego a la derecha conservadora y aliada de los gobiernos expansionistas gringos.

-Suave, suave -prorrumpió Natalia con vehemencia, sintiéndose con el derecho de hacerlo por ser anfitriona y cumpleañera- vos, Nandi (así le decían a Fernandino), sos demasiado impetuoso y a veces rayás en el irrespeto. Tus argumentos son descalificadores y no explican nada.

Fernandino iba a intervenir de nuevo, visiblemente alterado, pero en cuanto Ismael se dio cuenta, pues conocía muy bien el carácter de su amigo, se le adelantó.

-Ojo, -expresó flemático, como era- somos amigos todos y si vamos a discutir, es una conversación entre gente que se quiere…- -Es que… -quiso interrumpir Fernandino- -Un momento -insistió Ismael,- estoy hablando. Lo dijo con mucha autoridad, pero sin subir el tono de su voz, quizás apenas algo imperceptible. -Entonces continuó- si no podemos tener una conversación con respeto, cambiamos de tema, pues no vamos a pasearnos en el festejo de Natalia, tampoco vamos a irrespetar su casa.

Se produjo un silencio, fue un instante, pero para la mayoría se hizo eterno.

-Entonces Ismael continuó con su razonamiento de ajedrecista, flemático, como siempre acostumbraba a conversar. -Vuelvo al punto; quiero contextualizar, sobre todo para Rodolfo, porque él ni siquiera estaba en nuestro país, cuando se dijeron las primeras cosas acerca del hoy presidente Rodrigo Chaves. Chaves fue acusado, cuando trabajaba en el Banco Mundial de haber cometido acoso sexual en contra de varias mujeres…

-Puedo interrumpir dijo Llovera, sin haber salido todavía de su asombro ante la acometividad de Fernandino…

-adelante, expresó Ismael…Estoy enterado de esas acusaciones, -expresó Llovera- pero Chaves candidato se sacudió de las mismas, argumentando que el había sido exonerado de toda culpa por un tribunal de ética en el mismo Banco Mundial.

-Entonces entró Natalia Ebrard, cuyas convicciones feministas eran muy sólidas y coherentes.

-Eso es una falsedad, nunca lo exoneraron de nada, por el contrario, el actual presidente carga con esa mancha sobre su espalda. Hoy, penden sobre él muchas otras acusaciones que tienen que ver con un carácter impulsivo, sus subalternos reciben gritos y muchos se consideran irrespetados. Es grande el grupo de ministros y viceministros, así como presidentes ejecutivos y otras personas funcionarias en las instituciones del Estado, que han abandonado su puesto durante esta administración, como he dicho, por haberse sentido irrespetados, muchos de ellos, ante las diferencias con Rodrigo Chaves. No hay parangón al respecto con ninguna administración anterior, los funcionarios que le han renunciado al presidente son demasiados. Eso refleja inestabilidad en el Gabinete y ha creado un clima turbio, de intranquilidad en la administración pública.

El ambiente entre los jóvenes no era el mejor para el festejo que habían planeado hacerle a Natalia. Rodolfo entonces, preso de cierta tensión que lo embargaba, intervino y propuso: -Sugiero que cambiemos de tema y continuemos con el agasajo a Natalia. Ella misma se opuso. -Señaló que, no esperaba otra cosa en su cumpleaños y que debían demostrarse a sí mismos que podían tener un intercambio civilizado, en lugar de una riña.

Todos volvieron a ver a Leopoldo, casi al unísono, quien -ya lo dijimos- tenía una autoridad enorme sobre todos ellos. Sin embargo, como era usual en él permanecía en silencio, mientras registraba metódicamente en su mente, los principales argumentos de sus íntimos amigos.

Polo salió de su impavidez, tan pronto todos lo volvieron a ver. Con su notable serenidad y capacidad argumentativa comenzó a razonar, cargado de información como era usual en él.

-La crónica de la prensa, ha dado la información de que el gobierno de Chaves en este tercer año ha avanzado en temas como ambiente y tecnología. En cuanto al ambiente, según lo he estudiado -dijo Polo con autoridad- cerca de la mitad de las propuestas de campaña presentan poco avance. -Se notaba como de vez en cuando, Polo le daba una chequeada a su libreta de apuntes, que la llevaba consigo a todas partes. Hay una propuesta que juzgo importante -prosiguió con la misma calma- que consiste en la aprobación por el Congreso de la República de $70 millones del Consejo de Administración de Fondos del Clima (CIF) para invertir en la transformación de los sistemas energéticos. Otros planes, que vale la pena mencionar, están más al nivel de anuncios, que de políticas en acción. Tal es el caso -puntualizó- de la “Ruta de la Salud Ambiental”, encaminado a replantear el manejo de residuos; otro es el plan para sustituir el diésel con biometano; hay un tercero que está todavía en fase de proyecto, el cual busca cuantificar el carbono orgánico en suelos. Lo que ocurre es que el nivel de ejecución en todos ellos es pobre -insistió-.

-Por otra parte -continuó disertando Polo-, La información resalta atrasos de significación en la concreción de un sistema de transporte público interconectado y limpio; otro tanto se puede advertir respecto de la cobertura del alcantarillado. Este sistema cubría en el 2017-dijo de nuevo echándole un vistazo a su libreta de apuntes- un 21% de los requerimientos totales, en cambio en el 2023 fue apenas de 17.6%. El anuncio hecho por Chaves de crear parques como la sabana en todas las provincias, no presenta avances. Se trata de grandes pulmones que refresquen el ambiente. Es una buena idea. Debo decir, en cambio, que no me gusta para nada la propuesta de abrir concursos licitatorios para que empresas transnacionales inicien la exploración y luego, la posible explotación de gas natural y petróleo en nuestro suelo. Esto representa un retroceso con relación a la política ambiental verde que ha prevalecido en nuestro país por lo menos durante los últimos treinta años. Personalmente, no creo que haya gas y petróleo bajo nuestro subsuelo, con potencial de producción y comercialización, pero, de haberlo interrumpiría la ruta definida hacia la neutralidad de carbono en el 2050. El cambio hacia tecnologías limpias sufriría un estancamiento o hasta un retroceso.

Leopoldo hizo una pausa para ingerir un trago de agua. Entonces ya más calmado, interviene Fernandino Fuentes, el estudiante de politología, quien también era muy estudioso, pero como apenas incursionaba en su carrera, poseía menos elocuencia que el aplomado Polo.

-Nandi, toma de nuevo la palabra y hace unas señalizaciones importantes, conforme un trabajo que acababa de presentar en uno de los cursos de la carrera. Estaba afilado en los detalles de la cuestión en discusión. Nandi explicita que en su trabajo se había basado en el estudio realizado por el periodista Mario Bermúdez Vives del semanario Universidad y en un trabajo del economista de la UNA, Leiner Vargas, así como en datos de encuestas. Comienza afirmando que de cada 10 promesas de campaña hechas por el hoy presidente Rodrigo Chaves, 7 no se han cumplido y algunas de ellas ni siquiera se han convertido en proyecto, cuando el gobierno lleva ya más de la mitad de su gestión. Porcentualmente significa que el 68% de las promesas no presentan ningún grado de avance. Lo anterior constituye una evidencia de que la gestión pública del gobierno Chaves Robles es hasta el momento altamente ineficaz y bastante desordenada.

Por otra parte -continuó arguyendo Nandi-, el presidente ilusionó a mucha gente descontenta de la política, con la idea de que mejoraría la democracia costarricense, impulsando una mayor participación ciudadana, y hasta propuso impulsar el referéndum más continuamente con el cometido de desentrabar la política y otorgarle un alto poder de decisión a la ciudadanía.

-Ismael aprovechó una pausa de Nandi para hacer algunas acotaciones sobre lo que éste acababa de afirmar. Eso que dice Nandi es cierto, pero, el mandatario fue demagógico en cuanto al alcance de su propuesta, o bien ignorante de la legislación, de lo que ya existe evidencia fáctica, puesto que la Constitución no permite más de un referéndum por año, pero el señor pretendía echar mano de este mecanismo de consulta, cotidianamente; como si fuera fácil organizarlo y no costara un bigote de dinero. -Remató diciendo Ismael-

Nandi retomó entonces su argumentación añadiendo: -Secundo lo que acaba de resaltar Ismael, y agrego que, las consultas vía referéndum están limitadas a determinados temas. Algunas cuestiones que Chaves pretende someter a consulta ciudadana no son de recibo. Por ejemplo, se prohíbe consultar sobre temas fiscales, tributarios, monetarios, presupuestarios, crediticios, -ojo enfatizó Nandi- de pensiones, que el presidente quería que se resolviera por referéndum, tampoco se puede consultar sobre derechos humanos, seguridad, actos de naturaleza administrativa, ni menos aprobación de empréstitos y contratos.

Evidentemente Nandi estaba informado e hizo gala de ello en su última alocución. Sin duda, el “paper” que acababa de presentar en uno de los cursos de la carrera de políticas, lo había hecho a conciencia. De eso no quedaba duda alguna.

Natalia, mostrando un alto sentido de sensibilidad y civismo, interviene y postula:

-El tema de la democracia al que se acaban de referir Nandi e Ismael, merece de nuestra parte una discusión singular. Por ahora solo quiero añadir que es muy claro que el sistema político en Costa Rica se ha deteriorado mucho. Una gran parte de la gente está cansada y no quiere seguir escuchando tantas promesas vacuas, ya que nunca se cumplen, ni ser víctima de engaños por parte de los políticos. Basta con constatar la manera como se ha venido ensanchando la brecha social. A la par de ello la pobreza no solo no disminuye, sino que el indicador se mueve hacia arriba. En mi opinión -continuó Natalia- no puede haber democracia con hambre, ni mientras la desigualdad entre las cúpulas de la sociedad y los estratos más menesterosos siga “in crescendo”. -puntualizó Natalia aderezando su argumentación con un “latinazo”. Para mí es muy evidente, -concluyó- que la administración Chaves no ha acometido con seriedad ni el tema de la pobreza, ni el intrincado problema de la desigualdad social; como tantos otros que ha abandonado, no obstante haber adquirido compromisos con la gente más pobre y menesterosa de este país, que por eso lo votaron.

A estas alturas de la conversación, que por fin se había encarrilado de una manera más asertiva, todos estaban un poco exhaustos por la discusión. Solo quedó chance para una última intervención de parte de Rodolfo, que los había estado siguiendo, prestando mucha atención en sus argumentaciones. -Entonces inquirió- me queda una duda, si las cosas son tan claras como ustedes lo han expuesto, ¿por qué a estas alturas del partido, -dijo el venezolano empleando una expresión venida de la jerga del fútbol, algo jocosa, dada la seriedad de las argumentaciones- todavía parece haber, según lo he leído en los medios de información que comentan encuestas, mucha gente que apoya a Chaves? -Concluyó martillando- Perdonen, no quiero ser “aguafiestas” pero me queda esa duda. La expresión “aguafiestas” produjo hilaridad en algunos de sus contertulios.

Con la sobriedad habitual Polo interviene, sin haber advertido la presencia nuevamente de los padres de Natalia, que entre estupefactos y complacidos, tenían algún rato de estarlos escuchando.

-Ha estado lindo el intercambio dijo Polo, creo que debemos abrir otro espacio para intentar responder esa inquietud que le ha asaltado con razón a Rodo, sugiero que ahora nos tomemos un rato para “echarnos unas espirituosas” y bailar con buena música que tiene Natalia. Sin pausa y con cierta sorna agregó, pido de primero bailar con Natalia. Quedó en el ambiente la afinidad de afectos entre ambos. Todos rieron un poco y sobrevino un ambiente más distendido entre los amigos.

Tanto Jean Paul como Olga, se prodigaron en elogios acerca de la discusión tan seria que presenciaron durante un rato; Jean Paul dijo que había aprendido mucho y Olga como era de las ciencias sociales y profesora universitaria, expresó que se había quedado con las ganas de decir algunas cosas.

La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada…

En la próxima entrega continuaré.

Compartido con SURCOS por el autor.

Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su opinión consultiva

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel el 31 de agosto del 2023 por Magazine+972, titulado «‘It’s like 1948’: Israel cleanses vast West Bank region of nearly all Palestinians», cuya lectura completa se recomienda.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 12 de julio, la CIJ indicó que daría a conocer su opinión consultiva (solicitada en diciembre del 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas) el viernes 19 de julio del 2024: al respecto, véase el comunicado de prensa oficial difundido (en francés y en inglés ) del 12 de julio por la CIJ, muy pocamente referenciado en la prensa internacional y nacional. 

Cabe señalar que las deliberaciones entre los jueces de la CIJ iniciaron el 27 de febrero del 2024, al concluirse el día anterior las audiencias en el Peace Palace de La Haya (véase verbatim del 26 de febrero del 2024, con las últimas exposiciones orales a cargo de España, Fiji e Islas Maldivas).

Es posible que la actitud desafiante de Israel ante los jueces de la CIJ desde que estos emitieran una primera ordenanza el 26 de enero del 2024 (seguidas por dos más), en el caso contencioso que opone Sudáfrica a Israel, haya creado cierta indisposición en algunos jueces.

La opinión consultiva en breve

En su opinión consultiva dada a conocer este 19 de julio (véase texto completo en inglés y texto completo en francés), la CIJ concluyó de manera contundente (véase párrafo operativo 285) que la prolongada ocupación de Israel desde 1967 es ilegal y que debe ser inmediatamente suspendida. 

Adicionalmente, la CIJ es de la opinión que toda nueva actividad de colonización debe ser suspendida y que Israel tiene la obligación de reparar e indemnizar a todas las personas físicas o morales que hayan sufrido los efectos de su prolongada ocupación y colonización en el territorio palestino. La CIJ opina además que Israel debe evacuar sin más preludios los colonos israelíes situados en el territorio palestino ocupado. 

Para la CIJ, los demás Estados miembros de Naciones Unidas no pueden reconocer efectos legales a la situación ilegal que deriva de la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado, como tampoco prestar asistencia alguna a Israel para mantenerla. El punto 7 del párrafo 285 (por el que votaron 12 jueces) debe interpelar desde ya a muchos Estados con los que Israel mantiene relaciones muy estrechas y cuyos productos exportados hacia Israel son utilizados directa (o indirectamente) para consolidar esta ocupación y esta colonización ilegal.

Es de señalar que de los 15 jueces titulares que integran la CIJ, únicamente se registró una opinión disidente de una jueza (oriunda de Uganda) (véase texto).

El párrafo 285 en sí

De manera que nuestros estimables lectores puedan juzgar por sí mismos el contenido de las conclusiones de la CIJ, nos permitimos reproducir en su integralidad el párrafo conclusivo 285 y los 9 puntos que contiene:

«THE COURT, 

(1) Unanimously, 

Finds that it has jurisdiction to give the advisory opinion requested; 

(2) By fourteen votes to one, 

Decides to comply with the request for an advisory opinion; 

(3) By eleven votes to four, 

Is of the opinion that the State of Israel’s continued presence in the Occupied Palestinian Territory is unlawful; 

(4) By eleven votes to four, 

Is of the opinion that the State of Israel is under an obligation to bring to an end its unlawful presence in the Occupied Palestinian Territory as rapidly as possible; 

(5) By fourteen votes to one, 

Is of the opinion that the State of Israel is under an obligation to cease immediately all new settlement activities, and to evacuate all settlers from the Occupied Palestinian Territory; 

(6) By fourteen votes to one, 

Is of the opinion that the State of Israel has the obligation to make reparation for the damage caused to all the natural or legal persons concerned in the Occupied Palestinian Territory; 

(7) By twelve votes to three, 

Is of the opinion that all States are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory and not to render aid or assistance in maintaining the situation created by the continued presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory; 

(8) By twelve votes to three, 

Is of the opinion that international organizations, including the United Nations, are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory; 

(9) By twelve votes to three, 

Is of the opinion that the United Nations, and especially the General Assembly, which requested this opinion, and the Security Council, should consider the precise modalities and further action required to bring to an end as rapidly as possible the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory. 

../..

LA COUR, 

1) À l’unanimité, 

Dit qu’elle a compétence pour donner l’avis consultatif demandé ; 

2) Par quatorze voix contre une, 

Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ; 

3) Par onze voix contre quatre, 

Est d’avis que la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite ; 

4) Par onze voix contre quatre, 

Est d’avis que l’État d’Israël est dans l’obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais ; 

5) Par quatorze voix contre une, 

Est d’avis que l’État d’Israël est dans l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, et d’évacuer tous les colons du Territoire palestinien occupé ; 

6) Par quatorze voix contre une, 

Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le Territoire palestinien occupé ;

7) Par douze voix contre trois, 

Est d’avis que tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ; 

8) Par douze voix contre trois, 

Est d’avis que les organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ;

9) Par douze voix contre trois, 

Est d’avis que l’Organisation des Nations Unies, et en particulier l’Assemblée générale, qui a sollicité le présent avis, et le Conseil de sécurité, doit examiner quelles modalités précises et mesures supplémentaires sont requises pour mettre fin dans les plus brefs délais à la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé».

Este párrafo 285 concluye una larga reflexión de la CIJ sobre cada uno de estos nueve puntos, analizando los argumentos de unos y otros y contraponiéndolos a la información disponible así como a las normas internacionales aplicables y a la jurisprudencia internacional. Una reflexión metódica y rigurosa, que se extiende en los 284 párrafos anteriores.

De algunos puntos de detalle

La lectura completa de la opinión consultiva se recomienda de manera a observar el razonamiento seguido por el juez internacional de La Haya y el extremo cuido que ha tenido en analizar los argumentos jurídicos de Israel y de algunos de sus aliados ante la CIJ durante las audiencias públicas celebradas en febrero del 2024. Como se verá a continuación, la mayoría de estos argumentos jurídicos fueron descartados, por carecer de validez desde el punto de vista jurídico.

En los párrafos 93-94, la CIJ hace a un lado el argumento defendido por Israel según el cual Israel no ocupa militarmente Gaza:

«93. Based on the information before it, the Court considers that Israel remained capable of exercising, and continued to exercise, certain key elements of authority over the Gaza Strip, including control of the land, sea and air borders, restrictions on movement of people and goods, collection of import and export taxes, and military control over the buffer zone, despite the withdrawal of its military presence in 2005. This is even more so since 7 October 2023. 

  1. 94. In light of the above, the Court is of the view that Israel’s withdrawal from the Gaza Strip has not entirely released it of its obligations under the law of occupation. Israel’s obligations have remained commensurate with the degree of its effective control over the Gaza Strip«

../..

  1. Au vu des informations dont elle dispose, la Cour considère qu’Israël avait conservé la faculté d’exercer, et continuait d’exercer, certaines prérogatives essentielles sur la bande de Gaza, notamment le contrôle des frontières terrestres, maritimes et aériennes, l’imposition de restrictions à la circulation des personnes et des marchandises, la perception des taxes à l’importation et à l’exportation, et le contrôle militaire sur la zone tampon, et ce, en dépit du fait que cet État a mis fin à sa présence militaire en 2005. Cela est encore plus vrai depuis le 7 octobre 2023.
  2. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que le retrait d’Israël de la bande de Gaza n’a pas totalement libéré cet État des obligations que lui impose le droit de l’occupation. Les obligations d’Israël sont demeurées proportionnées au degré de son contrôle effectif sur la bande de Gaza«.

Con relación a los recursos naturales en el territorio palestino ocupado, que Israel controla y desvía para uso exclusivo (o casi) de las colonias isralíes implantadas en territorio palestino, en detrimento de la población palestina, se lee que:

«133. On the basis of the evidence before it, the Court considers that Israel’s use of the natural resources in the Occupied Palestinian Territory is inconsistent with its obligations under international law. By diverting a large share of the natural resources to its own population, including settlers, Israel is in breach of its obligation to act as administrator and usufructuary. In this connection, the Court recalls that the transfer by Israel of its own population to the Occupied Palestinian Territory is contrary to international law (see paragraph 119 above). Therefore, in the Court’s view, the use of natural resources in the occupied territory cannot be justified with reference to the needs of that population. The Court further considers that, by severely restricting the access of the Palestinian population to water that is available in the Occupied Palestinian Territory, Israel acts inconsistently with its obligation to ensure the availability of water in sufficient quantity and quality (Article 55 of the Fourth Geneva Convention).

../..

«133. Au vu des éléments de preuve dont elle dispose, la Cour considère que l’usage que fait Israël des ressources naturelles du Territoire palestinien occupé n’est pas conforme aux obligations que lui impose le droit international. En détournant une grande part des ressources naturelles au profit de sa propre population, notamment des colons, Israël manque à son obligation d’agir en tant qu’administrateur et usufruitier. À cet égard, la Cour rappelle que le transfert par Israël de sa propre population dans le Territoire palestinien occupé est contraire au droit international (voir le paragraphe 119 ci-dessus). Elle estime par conséquent que l’utilisation des ressources naturelles du territoire occupé ne peut être justifiée par les besoins de cette population. La Cour considère encore que, en restreignant gravement l’accès de la population palestinienne à l’eau disponible dans le Territoire palestinien occupé, Israël agit de manière contraire à l’obligation qu’il a d’assurer un approvisionnement en eau qui soit approprié sur le plan de la quantité autant que de la qualité (article 55 de la quatrième convention de Genève)«

Con relación a una ocupación prolongada y una colonización ilegal, acompañadas de prácticas diversas por parte de Israel para ampliar su control, la CIJ se muestra particularmente tajante en el párrafo 179, al dictaminar que equivalen a una verdadera anexión:

» 179. The Court has found that Israel’s policies and practices amount to annexation of large parts of the Occupied Palestinian Territory. It is the view of the Court that to seek to acquire sovereignty over an occupied territory, as shown by the policies and practices adopted by Israel in East Jerusalem and the West Bank, is contrary to the prohibition of the use of force in international relations and its corollary principle of the non-acquisition of territory by force.

../..

  1. La Cour a conclu que les politiques et pratiques israéliennes équivalaient à l’annexion de vastes parties du Territoire palestinien occupé. Elle estime que le fait de tenter d’acquérir la souveraineté sur un territoire occupé, ainsi que cela ressort des politiques et pratiques adoptées par Israël à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, est contraire à l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales et à son corollaire, le principe de non-acquisition de territoire par la force«.

En cuanto a la consecuencias jurídicas para Israel de la presente opinión consultiva, la CIJ aplica su ya tradicional jurisprudencia ante cualquier hecho ilícito internacional de un Estado debidamanete constatado y documentado, al dictaminar de manera enfática que:

«268. The Court further observes that, with respect to the policies and practices of Israel referred to in question (a) which were found to be unlawful, Israel has an obligation to put an end to those unlawful acts. In this respect, Israel must immediately cease all new settlement activity. Israel also has an obligation to repeal all legislation and measures creating or maintaining the unlawful situation, including those which discriminate against the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, as well as all measures aimed at modifying the demographic composition of any parts of the territory. 

  1. 269. Israel is also under an obligation to provide full reparation for the damage caused by its internationally wrongful acts to all natural or legal persons concerned (see Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 198, para. 152). The Court recalls that the essential principle is that “reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been committed” (Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 47). Reparation includes restitution, compensation and/or satisfaction.
  2. 270. Restitution includes Israel’s obligation to return the land and other immovable property, as well as all assets seized from any natural or legal person since its occupation started in 1967, and all cultural property and assets taken from Palestinians and Palestinian institutions, including archives and documents. It also requires the evacuation of all settlers from existing settlements and the dismantling of the parts of the wall constructed by Israel that are situated in the Occupied Palestinian Territory, as well as allowing all Palestinians displaced during the occupation to return to their original place of residence.

../..

  1. 268. La Cour observe en outre que, en ce qui concerne ses politiques et pratiques visées dans la question a), qui ont été jugées illicites, Israël est dans l’obligation de mettre un terme à ces faits illicites. À cet égard, il doit immédiatement cesser toute nouvelle activité de colonisation. Israël est également tenu d’abroger toutes lois et mesures créant ou maintenant la situation illicite, y compris celles qui sont discriminatoires à l’égard du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, ainsi que toutes mesures destinées à modifier la composition démographique de quelque partie de ce territoire.
  2. 269. Israël a également l’obligation de réparer intégralement les dommages causés par ses faits internationalement illicites à toutes les personnes physiques ou morales concernées (voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 198, par. 152). La Cour rappelle le principe essentiel selon lequel « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis » (Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47). La réparation comprend la restitution, l’indemnisation ou la satisfaction«.
  3. 270. La restitution inclut l’obligation pour Israël de restituer les terres et autres biens immobiliers, ainsi que l’ensemble des avoirs confisqués à toute personne physique ou morale depuis le début de son occupation en 1967, et tous biens et bâtiments culturels pris aux Palestiniens et à leurs institutions, y compris les archives et les documents. Elle exige également que tous les colons des colonies de peuplement existantes soient évacués, que les parties du mur construit par Israël qui sont situées dans le Territoire palestinien occupé soient démantelées, et que tous les Palestiniens déplacés durant l’occupation puissent retourner dans leur lieu de résidence initial».

En realidad, son muchos más los aspectos jurídicos en los que la CIJ aclara el alcance de la normativa internacional vigente ante el accionar de Israel el territorio palestino que ocupa. A su vez, la CIJ pone término a interminables debates entre Estados, así como entre por un lado ONG, académicos, especialistas en derecho internacional público y por otro, «expertos«, comentadores y analistas afines a Israel y a sus círculos de influencia.

El procedimiento consultivo de la CIJ en breve

Como bien se sabe, a diferencia de un procedimiento contencioso, el procedimiento consultivo no concluye con una sentencia dictaminada para resolver una controversia entre dos Estados, sino con una opinión jurídica del juez internacional de carácter general. No obstante, en este caso, las preguntas formuladas por la Asamble General lo eran de forma tal, que se lograra obtener lo que contiene el precitado párrafo 285, emplazando a Israel a conformarse con las obligaciones que derivan directamente del derecho internacional público. 

Es preciso recordar que, recibida la solicitud en enero del 2023, la CIJ solicitó en un primer momento a los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas y a las diversas agencias de Naciones Unidas hacerle llegar sus opiniones jurídicas con relación a las preguntas planteadas: fueron 53 los Estados que decidieron remitir sus opiniones, entre los cuales Israel y Palestina. Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto en francés y en inglés) contrastan con las módicas 4 páginas remitidas por Israel (véase texto en francés y en inglés). 

Varios Estados de América Latina consideraron oportuno hacer llegar a la CIJ sus opiniones legales (Nota 1). La omisión de muchos de los demás 193 Estados Miembros de Naciones Unidas no se verificó en el caso de los cinco Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quienes enviaron su opinión jurídica al juez de La Haya (Nota 2).

Habíamos tenido la oportunidad de analizar los alcances de las dos preguntas hechas desde la Asamblea General de Naciones Unidas en una resolución, que dió lugar a dos votaciones en Naciones Unidas primero en noviembre y luego en diciembre del 2022 en dos textos nuestros a los que remitimos nuestros estimables lectores:

  1. a) «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, editada el 31 de diciembre del 2022, y disponible aquí. Una versión ampliada y actualizada fue editada en el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR) en febrero del 2023 (disponibleaquí).
  2. b) «Palestina: ocupación y colonización por parte de Israel prontas a ser examinadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 23 de noviembre del 2022, y disponibleaquí.Una versión amplicada y actualizada fue editada en el portal de la UCR en diciembre del 2022 (disponible aquí). En este texto concluíamos que:

«En sí misma, esta resolución constituye desde ya el primer peldaño de un procedimiento que permitirá, sin lugar a dudas, acercar un poco más la justicia internacional al drama humano que se vive desde muchos años en el territorio palestino ocupado, como consecuencia de una abierta, flagrante y reiterada violación a las reglas del ordenamiento jurídico internacional«. 

Costa Rica: un voto en contra sin explicación alguna

El insólito voto en contra de la precitada resolución del 30 de diciembre del 2022 por parte de Costa Rica (conjuntamente con Guatemala en América Latina, siendo los dos únicos Estados en objetar en América Latina la solicitud de opinión consultiva a la CIJ) a la fecha no ha dado lugar a alguna explicación oficial. En el voto de noviembre del 2022, Costa Rica optó por la abstención, sin que se tenga tampoco explicación alguna.

Se remite nuevamente a nuestros estimables lectores al tablero de la votación del 30 de diciembre del 2022, en el que se registró un total de 98 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones; así como al texto mismo de la resolución A/RES/77/247, el cual está disponible aquí en español. 

El número elevado de abstenciones reunidas (así como los 27 Estados que optaron por el «No Show«) responden en gran parte a las intensas gestiones diplomáticas desplegadas por Israel (y por Estados Unidos) en aras de evitar a toda costa que esta resolución fuese adoptada.

Con relación a Costa Rica, recientemente se informó que la Municipalidad de Nicoya optó por retirar del programa oficial una actividad inicialmente prevista para el 24 de julio en Nicoya, auspiciada por la Embajada de Israel en Costa Rica, en el marco de las celebraciones de los 200 años de la anexión de Guanacaste (véase nota del 10 de julio del 2024 de La Voz de Guanacaste).

En un reciente foro organizado en la Universidad de Costa Rica (UCR) el pasado 4 de julio, titulado «Gaza/israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional» (véase video), se tuvo la oportunidad de escuchar a una jóven estudiante, integrante de la comunidad judía costarricense, denunciando los diversos crímenes de Israel en Gaza: se trata de una actitud valiente, que contrasta de manera notable con la del resto de los integrantes de la comunidad judía costarricense desde el 7 de octubre del 2023.

Israel ante el cerco de la justicia internacional

Pese a la tragedia indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, esta opinión consultiva del 19 de julio del 2024 constituye una nueva victoria para Palestina ante la justicia internacional y ante la comunidad internacional como tal: logra, por segunda vez, que la CIJ, mediante una opinión consultiva, constate y declare la total ilegalidad del accionar de Israel en el territorio palestino ocupado.

En efecto, la primera opinión consultiva tuvo lugar en los años 2003-2004: el procedimiento culminó con la opinión consultiva de la CIJ del 9 de julio del 2004 sobre la legalidad del muro construído por parte de Israel en el territorio palestino ocupado (véase texto completo). Aquella decisión de la CIJ se tomó internamente en el seno de la CIJ con 14 votos a favor y uno en contra (véase párrafo dispositivo 163): el juez norteamericano se sintió obligado a acuerpar en parte algunos de los argumentos de Israel y separarse del criterio de sus 14 homólogos en La Haya. 

Desde la perspectiva estríctamente jurídica, y de cara a las justificaciones legales dadas por Israel luego del ataque sufrido el 7 de octubre del 2023 perpetrado por el Hamás, encontramos en el párrafo 139 de dicha opinión consultiva del 2004 un aspecto convenientemente omitido por Israel, así como por un gran número de Estados cercanos a Israel, y por editorialistas, analistas internacionales, y «expertos» legales desde el 7 de octubre (Nota 3).

Para Israel, esta segunda opinión consultiva constituye un nuevo fracaso de su diplomacia, la cual desplegó intensos esfuerzos diplomáticos (con su incondicional aliado norteamericano) en los meses de noviembre/diciembre del 2022 para que esta solicitud de opinión consultiva no fuese remitida por la Asamblea General a la CIJ. Es muy probable que esta decisión de la CIJ provoque las habituales reacciones iracundas y gesticulaciones de Israel, que ya no impresionan mayormente a nadie, salvo a unos pocos círculos.

Es de notar que los argumentos esgrimidos por Israel ante los jueces de la CIJ, así como por un pequeño grupo de Estados (Canadá, Estados Unidos, Fiji, Guatemala, Hungría y República Checa) no surtieron mayores efectos entre los jueces de la CIJ: en efecto, los jueces de la CIJ tomaron la mayoría de los 9 puntos contenidos en el párrafo 285 con 12 o 14 votos a favor, siendo el punto 4 el único en el que la decisión se tomó de manera ligeramente más dividida, con 11 votos a favor y 4 en contra.

– – Notas – –

Nota 1: Por parte de América Latina enviaron sus opiniones a la CIJ (además de Belice, Canadá, Estados Unidos y Guyana en el hemisferio americano) Bolivia (véase texto en francés y en inglés) el 25 de julio del 2023; Brasil (véase texto en francés y en inglés) el 25 de julio del 2023; Colombia (véase texto en francés y en inglés) el 25 de julio del 2023, así como en la misma fecha; Cuba (véase texto en francés y en inglés); Guatemala (véase texto en francés y en inglés) el 23 de octubre del 2023, y Chile (véase texto en francés y en inglés) el 25 de octubre del 2023. La lectura completa de estos documentos permite conocer en detalle los diversos argumentos que cada uno de estos Estados de América Latina consideró oportuno hacerle llegar al juez internacional de La Haya en aras de ayudarlo en sus deliberaciones.

Nota 2: Las opiniones jurídicas de estos cinco Estado pueden ser consultadas, iniciando (por orden alfabético) con la que fue remitida por China (véase texto en francés y en inglés), por Estados Unidos (véase texto en francés y eninglés), por Francia (véase texto en francés y en inglés), por el Reino Unido (véase texto en francés y en inglés) y por Rusia (véase texto en francés y en inglés).

Nota 3: En efecto, en este párrafo 139 se mencionaba por parte de la CIJ en julio del 2004 que la legítima defensa prevista en el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas no puede ser invocada por Israel cuando se trata de reaccionar a ataques que provengan del territorio palestino que ocupa:

«L’article 51 de la Charte reconnaît ainsi l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un Etat contre un autre Etat. Toutefois, Israël ne prétend pas que les violences dont il est victime soient imputables à un Etat étranger. La Cour note par ailleurs qu’Israël exerce son contrôle sur le territoire palestinien occupé et que, comme Israël l’indique lui-même, la menace qu’il invoque pour justifier la construction du mur trouve son origine à l’intérieur de ce territoire, et non en dehors de celui-ci. Cette situation est donc différente de celle envisagée par les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité, et de ce fait Israël ne saurait en tout état de cause invoquer ces résolutions au soutien de sa prétention à exercer un droit de légitime défense. En conséquence, la Cour conclut que l’article 51 de la Charte est sans pertinence au cas particulier«.

.. /..

«Article 51 of the Charter thus recognizes the existence of an inherent right of self-defence in the case of armed attack by one State against another State. However, Israel does not claim that the attacks against it are imputable to a foreign State. The Court also riotes that Israel exercises control in the Occupied Palestinian Territory and that, as Israel itself states, the threat which it regards as justifying the construction of the wall originates within, and not outside, that teriritory. The situation is thus different from that contemplated by Securi1.y Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (200 l), and therefore lsrael could not in any event invoke those resolutions in support of its claim to be exercising a right of self-defence. Consequently, the Court concludes that Article 51 of the Charter has no relevance in this case«.

Régimen autoritario en Costa Rica

Martin Rodríguez Espinoza

No cabe duda de que el viejo refrán de «Zapatero a tus zapatos» tiene mucho sentido cuando vemos casos como el de Marta Esquivel al frente de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, la institución más emblemática e importante de Costa Rica.

Durante más de 70 años, nuestro país se exhibía ante el mundo entero por la institucionalidad pública. La columna vertebral del desarrollo, pero también de la redistribución de riqueza que Costa Rica producía, estaba compuesta por la salud pública, CCSS y el Ministerio de Salud, MS, la educación pública, el sistema de agua potable de Acueductos y Alcantarillados, AyA, la banca nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL, y el Instituto Nacional de Seguros.

Aparte de estas instituciones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, la Fábrica Nacional de Cemento, muelles, puertos y aeropuertos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, CNP, la Fábrica Nacional de Licores, FANAL, entre otras, constituían la fortaleza sobre la cual el desarrollo nacional podría ser más optimista para el pueblo costarricense. Redistribución de la riqueza que, además, proveía de fuentes de empleo extraordinarias, a la vez que brindaba seguridad alimentaria y Soberanía Nacional al país.

Desde el gobierno de Oscar Arias Sánchez, su primer gobierno, en 1986 y hasta nuestros días, Costa Rica fue empujada al abismo neoliberal que, junto al narcotráfico, tienen hoy al país en la oscuridad social, el hambre, la pobreza, la miseria y la muerte.

La mayoría de las instituciones que mencioné anteriormente han desaparecido, fueron destruidas, aniquiladas y los servicios que antes brindaban, hoy son el negocio de los saqueadores del país.

La CCSS es, con toda seguridad, la institución más fundamental. Sin salud pública no hay nada más. Junto a la salud pública, la educación, piedra angular sobre la cual se forjan los ciudadanos del presente y el futuro. Tanto la salud como la educación se encuentran hoy al acecho de quienes pretenden destruirlas completamente. Pero ¿para qué?

Precisamente es «el puñal en el corazón» de la Patria, no solo pretenden convertirlos en negocio de los estafadores políticos, corruptos y narcos, sino que además pretenden desaparecerlas.

La designación, no por capacidades de acuerdo con la institución en que se nombra, sino por la obediencia ciega y torpe de la presidencia ejecutiva de la CCSS, es una muestra de que no solo es incapaz de responder al mandato tanto de la Constitución Política, como de las leyes nacionales, es también absolutamente consciente de estas violaciones, amparada en la protección del Régimen imperante. A como se manejaba cuando era empleada de la empresa bananera transnacional, cree que se debe manejar una institución pública, «látigo, pan y agua».

Y es que el Régimen imperante en Costa Rica no es sólo el prepotente y «pichón de dictador» Rodrigo Chaves, no podría actuar de la forma que lo hace si estuviera solo, sino tiene la complicidad de los otros poderes políticos y del sector narco empresarial. Tiene el respaldo de los partidos políticos más corruptos de Costa Rica, el PLN, el PUSC y el hijo de estos, el PAC, con la complicidad de pseudo cristianos y los liberales (obvio). Pero además del Poder Judicial y Legislativo en conjunto.

Aquí, un presidente no se puede destituir o encarcelar por violar flagrantemente la Constitución Política, las Leyes y todo el Estado que llaman «Social de Derecho», no, no se puede, porque quienes debería hacerlo, son sus cómplices o son cobardes, que para el caso es lo mismo.

Dice la Constitución Política de Costas Rica, en el Artículo 9, que «El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.»

Pero hay un 4to Poder, que no son los medios de comunicación, estos son de los empresarios que están en el poder por medio de sus partidos políticos. Ese 4to Poder, y debe ser el primero, que es el Pueblo Costarricense, este es el que debe rebelarse y DEFENDER la Constitución Política que está siendo violentada y ultrajada.

Es el pueblo costarricense quien debe defender y recomponer la balanza del Poder en Costa Rica, poniéndola a favor suyo, del Pueblo y contra quienes la ultrajan y saquean, ¿Cuándo?, para mañana será tarde.

17 de julio de 2024

Profundo rechazo de la AFEP a las declaraciones de la presidenta del Partido Republicano

Félix Madariaga Leiva

Por Félix Madariaga Leiva

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, AFEP, encabezada por su presidenta Alicia Lira Matus, llegó hoy miércoles 17 de julio, hasta la sede del Partido Republicano, para entregar una Declaración Pública a Ruth Hurtado, presidenta de esa entidad, en la que expresan el rechazo total a sus declaraciones, en las que señaló textualmente que “ojalá que el Partido Comunista no existiera en Chile”.

La sede del Partido Republicano, está ubicada en la calle Presidente Errázuriz 4305 en la comuna de Las Condes, casi al frente de la casa donde vivía el dictador Augusto Pinochet, barrio emblemático de la ultraderecha y del conservadurismo chileno.

Alicia Lira entregó la declaración pública a una funcionaria del Partido Republicano quien se mostró bastante incómoda con la presencia de miembros de la AFEP en la sede del partido, y luego procedió a leerla ante los transeúntes que pasaban por el lugar.

Los puntos principales de la misiva señalan que las declaraciones hechas por Ruth Hurtado muestran el siniestro rostro antidemocrático que violenta la memoria de las víctimas y sus familiares, que por décadas han luchado por la verdad y la justicia, y agrega que “aún buscamos más de 1.100 detenidos desaparecidos. Este sector político, cuya identificación con la dictadura de Pinochet, se expresa con una criminalidad natural que merece el más profundo rechazo”.

Decir que “ojalá que el Partido Comunista no existiera en Chile, es lo que pretendió la dictadura civil militar en nuestro país, bajo el amparo de la seguridad nacional y a través de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil como parte de una política articulada e institucional, poniendo al Estado al servicio de una acción criminal, con el resultado de miles de ejecuciones, desaparición forzada y tortura cuyas víctimas no sólo fueron militantes comunistas”.

Además, señaló Alicia Lira que “para nosotros es una actitud repudiable, antidemocrática que nos habla de una derecha fascista. No podemos no estar presentes en esta sede. Queríamos que nos recibieran para presentarles nuestro rechazo, porque aquí, a pesar de los más de 3.500 ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, 1.100 personas que aún no se encuentran, tienen la inmoralidad y la mente criminal para ufanarse de la tragedia y del dolor que viven no sólo los familiares, sino esta sociedad. Es inaceptable quedarnos sin venir a enrostrarles la actitud de criminalidad, de negacionismo, el discurso de odio que no permitiremos nunca más. Cada vez que ellos ofendan la memoria y hablen en términos antidemocráticos, aquí estaremos para hacerles presente que en Chile existen personas dignas, que luchamos por la verdad y justicia y por una sociedad más justa e igualitaria”.

Después de leer la carta, procedieron a dejar distintas hojas con la declaración pública en el muro de la sede política. Los funcionarios del Partido Republicano que estaban en el lugar, quedaron muy desconcertados con la presencia de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, no se esperaban esta visita, y luego de que los miembros de la AFEP se fueron del lugar, procedieron a retirar las declaraciones que habían colgado en el muro.

Gestos como los de la AFEP se hacen cada día más necesarios ante fuerzas que pretenden ser parte de la política de este país con discursos negacionistas, antidemocráticos, peligrosos para la democracia y las garantías necesarias de no repetición.

Infinito Gold vs. Costa Rica: empresa minera canadiense desistió a cambio de … (?)

Manifestaciones en las calles de San José contra del proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17 de abril del 2013).

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 15 de julio, Costa Rica emitió un comunicado oficial en el que anuncia desde su mismo título que «Costa Rica gana laudo interpuesto por Infinito Gold» (sic.): véase al respecto texto circulado en redes sociales. 

Se desconoce si los autores de este comunicado oficial de Costa Rica están conscientes del hecho que un Estado, oficialmente, no «gana laudo» en derecho internacional público. Una rápida búsqueda en la red confirma que el único Estado en anunciar oficialmente que «gana laudo(s)» es Costa Rica, y ello desde el 15 de julio del 2024.

El error contenido en el título (acompañado de otros varios errores e imprecisiones en el texto) evidencia la premura con la cual fue redactado este comunicado de prensa. Así por ejemplo, las acciones policiales en la zona de Las Crucitas que se anuncian en este comunicado de prensa ponen en evidencia una comprensión bastante peculiar de lo que significa una demanda pendiente de resolución (que en nada limita el accionar policial de un Estado); de igual manera, es totalmente ajeno a la realidad sostener (como se lee en este comunicado oficial) que coligalleros provenientes de Nicaragua llegaron al sitio desde el mismo año 2010. Por otra parte, el uso de la expresión «presuntas ilegalidades» denota un desconocimiento profundo – y algo preocupante … – de las decisiones de la justicia costarricense, que confirmaron estas ilegalidades en dos ocasiones en el 2010 y en el 2011.

Un único comunicado oficial

Por el momento (al 17 de julio del 2024), no se ha hecho ningún anuncio por parte del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI) al respecto, como tampoco por parte de la empresa minera canadiense. 

Esto sí, llama la atención el hecho que numerosos medios de prensa en Costa Rica hayan reproducido los términos de este comunicado oficial sin contraponerlos con la información disponible sobre este preciso caso.

En un sitio especializado sobre arbitraje de inversiones de CIARGlobal (véase nota del 24 de junio del 2024), la empresa minera canadiense Infinito Gold parecía estar desistiendo del caso en el trámite pendiente ante el CIADI contra Costa Rica. 

El uso del condicional se debía al hecho que, al menos oficialmente, nada había aún trascendido desde el 24 de junio por parte del CIADI. Ahora bien, el anuncio oficial por parte de las autoridades costarricenses de este 15 de julio confirma que la empresa minera ha desistido de la demanda, sin que se sepa a cambio de qué exactamente. 

Como bien se sabe, es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) el ente a cargo de llevar a cabo la defensa de Costa Rica ante el CIADI, mediante la contratación de firmas de abogados especializadas norteamericanas: en este preciso caso, se trata de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer. En el sitio oficial de esta firma se lee un comunicado oficial del 17 de julio del 2024, sobre una «victoria» de la firma, en representación de Costa Rica (véase texto), en el que se indica que:

«However, a few days after Costa Rica submitted its final written submission, Infinito decided to withdraw its annulment claims with prejudice. Accordingly, the annulment Committee confirmed the discontinuance of the proceeding on July 15, 2024, thus definitively concluding the dispute and cementing the significant victory that Arnold & Porter had obtained on behalf of Costa Rica in the underlying ICSID arbitration

Tratándose de la firma escogida por COMEX para defender a Costa Rica, los datos proporcionados revisten cierto interés, pero deben ser considerados con cierta cautela.

Breve puesta en contexto

Como se recordará, el 4 de junio del 2021, el CIADI dió a conocer un laudo arbitral parcialmente favorable a Costa Rica (véase texto) en respuesta a la demanda presentada por la empresa minera canadiense Infinito Gold en febrero del 2014. 

En este artículo publicado por el Semanario Universidad de julio del 2021 (véase texto) en el que menciona la participación de ilustres juristas costarricenses que aparecen como testigos de la empresa minera se lee una inusual arremetida, raramente leída en un medio de prensa en Costa Rica: «Jurídicamente y lógicamente es una tontería; sencillamente es una estupidez«. 

Este laudo fue objeto de una solicitud de anulación parcial por parte de la empresa minera canadiense en octubre del 2021, que tuvimos la ocasión de analizar en una nota anterior al constituirse la terna arbitral en los primeros días del año 2022: véase nuestra nota titulada «Infinito Gold vs. Costa Rica: conformación de un Comité del CIADI para examinar la solicitud de nulidad del laudo arbitral presentada por la empresa minera» del 18 de enero del 2022.

De algunos detalles

Como señalado al inicio de estas reflexiones, aún no se tiene por parte del CIADI confirmación oficial o acceso a la última decisión tomada por los tres árbitros del tribunal arbitral. Unicamente se precisa en los detalles procesales del caso disponible en su sitio oficial (véase enlace) que el último episodio procesal data del 14 de junio del 2024:

Si, tal como se indica desde el sitio oficial del CIADI, ambas partes (Infinito Gold y Costa Rica) – y no solamente una (Infinito Gold) – han solicitado el 14 de junio del 2024 que el caso sea objeto de algún tipo de suspensión o si la empresa ha decidido definitivamente desistir, ello debería ser confirmado en alguna decisión oficial del CIADI, cuyo contenido por el momento se desconoce. 

Al no contar la empresa Infinito Gold con oficinas en Costa Rica desde hace ya muchos años, no se tenía como solicitar alguna confirmación al respecto. 

Hace unos años, su ex CEO Erich Rauguth contestaba sus correos desde una cuenta corriente en gmail.com, y no se conoce de un sitio oficial de Infinito Gold en internet: detalles ciertamente menores, pero que dan una pequeña idea de los módicos recursos de una empresa denominada Infinito Gold. Remitimos a nuestros estimables lectores al artículo «Op-ed: ‘Zombie’ Canadian mining company, Infinito Gold, stalks Costa Rica«, publicado en el Tico Times por el activista canadiense Rick Arnold en mayo del 2015, que explica el carácter «Zombie» de Infinito Gold.

En Costa Rica, las autoridades no habían hecho anuncio alguno antes del 15 de julio del 2024. Se leyó en esta nota del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) publicada el 25 de junio del 2024 que:

«Consultado sobre la decisión de retirar el arbitraje, el ministro de comercio exterior, Manuel Tovar, ni la confirmó, ni la desmintió. “Informaremos a la opinión pública conforme se concreten eventos firmes en el proceso que espero sea pronto”, le dijo a Trece Noticias. Otra fuente cercana a la canadiense Infinito Gold, dijo que “la empresa no hará ningún comunicado«.

En abril del 2024 se leyó de un «Plan Integral» en la zona de Las Crucitas con declaraciones del Presidente de Costa Rica que planteaban algunas dudas (véase nota de CRHoy). El pasado 26 de junio en La República (Costa Rica), se leyó por parte de un lider ecologista de la Zona Norte costarricense que llevó la empresa minera a los tribunales de justicia en el 2010 (véase nota) que:

«¿Por qué el gobierno ha insistido tanto en que no se puede plantear nada en Crucitas hasta que se resuelva el arbitraje? ¿Tiene claro el gobierno que nada de lo que se resuelva en el laudo afectará el futuro de esa zona? Y lo más importante, ¿qué negoció el Gobierno? ¿A qué se está comprometiendo? ¿Hay uso de fondos públicos de por medio? ¿Consideraron las prohibiciones legales existentes y nuestra normativa ambiental? Por el talante de este gobierno podría uno esperar cualquier cosa”, dijo Araya«.

El CIADI y sus imprecisiones

Es de notar que los artículo 53 y 43(1) que se citan en el sitio oficial del CIADI… no son disposiciones que apliquen a la situación indicada, lo cual plantea interrogantes muy válidas (véase texto).

En efecto, si son ambas partes las que han solicitado que el asunto sea discontinuado, sería el artículo 55 el que encuentra aplicación y no las precitadas disposiciones 53 y 43(1):

«Regla 55 Avenencia y Descontinuación por Acuerdo de las Partes:

(1) Si las partes notificaran al Tribunal que han acordado descontinuar el procedimiento, el Tribunal emitirá una resolución que deje constancia de la descontinuación. 

(2) Si las partes acordaran avenirse respecto de la diferencia antes de que se dicte el laudo, el Tribunal: (a) deberá emitir una resolución que deje constancia de la descontinuación del procedimiento, si las partes así lo solicitaran; o (b) podrá incorporar la avenencia en la forma de un laudo, si las partes presentan el texto completo y firmado de su avenimiento y solicitan al Tribunal que incorpore dicho avenimiento en un laudo.

(3) El Secretario General emitirá la resolución a la que se refieren los párrafos (1) y (2)(a) si aún no se ha constituido el Tribunal o si existe una vacante en el Tribunal».

Por alguna razón (que sería de sumo interés conocer), el CIADI en su página oficial ha remitido a disposiciones que no son aplicables al presente caso (acuerdo de ambas partes), sino al caso del desistimiento por una de las partes.

Claro está, el interés se mantiene también para conocer con exactitud los términos del «acuerdo» entre ambas partes, en particular lo que se obtuvo por parte de la empresa a cambio de desistir. Tratándose de un caso que lleva más de 10 años ante las instancias del CIADI, el gasto que ha tenido que sufragar Costa Rica para asegurar su defensa legal debe ubicarse en el rango usualmente establecido por los mismos Estados al litigar ante el CIADI, muy por encima de lo oficialmente indicado por COMEX (Nota 1).

Recientemente, en otra demanda ante el CIADI contra Costa Rica pendiente de resolución, Costa Rica exigió a la empresa demandante el depósito de 4 millones de US$ como garantía en caso de ser condenada en costas (véase punto 8 de resolución procesal del 2 de mayo del 2024 en el caso CIADI No. ARB(AF)/22/5).

Algunas breves reflexiones

La falta de transparencia del CIADI constituye una de las principales razones por las que muchos Estados mantienen sus distancias con el sistema de arbitraje de inversión que prevé, y se vuelve a confirmar en este preciso caso: a la fecha, se desconocen los términos de la solicitud de anulación parcial del laudo del 4 de junio del 2021 presentada por la empresa minera canadiense en octubre del 2021, así como las piezas escritas conteniendo los alegatos de la empresa minera canadiense y de Costa Rica.

El futuro nos dirá si los términos del «acuerdo» entre la empresa minera canadiense y Costa Rica serán dados a conocer con precisión a la opinión pública, … o si parte del acuerdo consiste en que no sea público.

En los últimos decenios, el CIADI ha despertado muchas reservas en diversos círculos en América Latina pero también en otras latitudes, ante la falta de transparencia en sus procedimientos, el perfil de sus árbitros (muchas veces poco familiarizados con álgidos temas legales como la protección del ambiente, el derecho al agua y los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho administrativo y constitucional), así como los montos millonarios y a veces desproporcionales a los que se ha condenado a Estados en algunos casos, por demandas claramente abusivas de un inversionista extranjero (Nota 2). No está de más indicar que cuando se creó el CIADI en 1965, la idea era permitir a un inversionista recuperar el monto de su inversión inicial objeto, por ejemplo, de un decreto de nacionalización, y no añadir a este monto otros adicionales correspondientes a las futuras ganancias proyectadas por el inversionista extranjero no percibidas (Nota 3).

Tuvimos la ocasión de analizar la denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington que crea el CIADI en marzo del 2022, que viene a añadirse a las denuncias anteriores por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela: véase nuestra breve nota tiotulada «CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«. En América Latina Brasil, principal receptor de inversión extranjera, no ha tan siquiera firmado la Convención de Washington de 1965.

Al momento de redactar estas líneas (17 de julio del 2024), en América Latina se registran con mayor cantidad de demandas pendientes de resolver ante el CIADI, México (21 demandas pendientes de resolver), Perú (17 casos pendientes), Venezuela (16) así como Honduras (11), Colombia (9). Siguen luego Panamá (8), Argentina (6), Costa Rica (3), Uruguay (2) al tiempo que Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua solamente registran una demanda. Por su parte, en el caso de Bolivia y de Paraguay, ninguna demanda aparece pendiente de resolver.

Al nunca haber ratificado la Convención de Washington de 1965, ninguna acción se registra ante el CIADI con relación a dos Estados de América Latina que reciben flujos de inversión extranjera sin mayor necesidad de someterse al arbitraje de inversión previsto por el CIADI: Brasil y Cuba.

El arbitraje de inversiones, el ambiente y los derechos humanos: un reciente informe pasado desapercibido

En un reciente comunicado de prensa desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del mes de octubre del 2023 (véase texto), se leyó que:

«Foreign investors use the dispute settlement process to seek exorbitant compensation from States that strengthen environmental protection, with the fossil fuel and mining industries already winning over $100 billion in awards,” the expert said. “Such cases create regulatory chill.

Al tratarse de un comunicado de prensa difundido desde la sede en Europa de Naciones Unidas que fue muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales, nos permitimos reproducir otra cita del mismo, no sin recomendar su lectura completa:

«As ISDS arbitration tribunals routinely prioritise foreign investment and corporate interests above environmental and human rights considerations, ISDS claims have devastating consequences for a wide range of human rights, exacerbating the disproportionate harms suffered by vulnerable and marginalised populations,” the expert said».

El informe integral del Relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está disponible en este enlace. En idioma español, su informe A/78/168 del 13 de julio del 2023 titulado «Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos» se puede consultar en este enlace.

Sospechamos que algunos de nuestros estimables lectores tomarán conocimiento del contenido de este informe y de su existencia al leernos, dada la escasa publicidad y difusión dada a este importante informe en algunos medios de prensa internacionales y nacionales.

La sombras del proyecto minero Crucitas envueltas ante el CIADI

De no ser por la precitada nota de CIARGlobal del pasado 24 de junio, ninguna nueva información anterior al 15 de julio del 2024 sobre el desarrollo de esta larga controversia ante el CIADI de Costa Rica relacionada al proyecto minero ubicado en «Las Crucitas«, podía darse a conocer.

Recordemos que se trataba de un proyecto minero ubicado en la Zona Norte de Costa Rica, y que pretendía ser el mayor de Centroamérica. Este proyecto a cargo de la empresa minera canadiense Infinito Gold, fue declarado de manera inconsulta mediante decreto «de conveniencia nacional» en octubre del 2008, y su total ilegalidad fue dictaminada en noviembre del 2010 por tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA): la lectura de su sentencia (véase texto completo) amerita una relectura dado los intentos de desregulación en materia ambiental que se discuten en los últimos meses en Costa Rica.

Recordemos que, según los jueces del TCA, en el párrafo XL de su sentencia de 14 de diciembre de 2010, se lee que: “En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero” (el subrayado es nuestro).

En noviembre del 2011 esta decisión fue confirmada en todos sus extremos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (véase texto). Es de notar que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental alegada por la recurrente en su apelación y rechazada por la Sala Primera (párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera) denota el desconocimiento de este principio – algo básico – y su realidad jurídica en Costa Rica; un desconocimiento que, al parecer, se extendía todavía a algunos integrantes de la Sala Constitucional, cuando estos analizaron en el 2020 el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escazú (Nota 4).

Pocos días antes de ser emitida, la prensa informó de la «filtración» del borrador de sentencia a los abogados de la empresa (véase nota del Semanario Universidad): un hecho inédito en la historia de la justicia costarricense, cuyos autores a la fecha (26 de junio del 2024) no han sido sancionados por ninguna entidad (Colegio de Abogados, justicia penal, justicia administrativa, …).

En febrero del 2014, a pocos días de conocerse los resultados electorales en Costa Rica, la empresa minera canadiense no encontró nada mejor que demandar a Costa Rica ante el CIADI. A la fecha, no se sabe qué fue lo que llevó a la empresa minera a esperar el resultado electoral de febrero del 2014 para presentar formalmente una demanda contra Costa Rica.

Notemos que en el 2021, se hizo nuevamente gestiones para conocer la lista nominal de un grupo de «expertos» que asesoraron al Vice Presidente de Costa Rica en julio del 2010, sin mayor éxito. Se lee en este artículo del Semanario Universidad que:

«En 2010, Piva dijo que un “grupo de expertos” afirmó que, en caso de indemnizar a Infinito Gold, por no desarrollar el proyecto de minería en las Crucitas, el Estado debería pagar $1.700 millones. En 2014 el ministro de Ambiente René Castro dijo que un grupo de expertos estaba asesorando al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y al Minae en el tema. Sin embargo, nunca se conocieron los nombres de este “grupo de expertos

¿Un grupo de «expertos» que asesoraron a un Vice Presidente costarricense en julio del 2010 sin que se pueda conocer, 14 años después (julio de 2024), la lista de sus integrantes? ¿Cómo así? Como se lee.

Finalmente, no está de más señalar otro secreto muy bien guardado por las altas esferas del poder en Costa Rica relacionado a este polémico proyecto minero: en el 2003 para el mismo proyecto minero de Las Crucitas, la empresa canadiense anterior a cargo de este proyecto minero (en aquel momento Vanessa Ventures) amenazó con demandar a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda fue en aquel entonces por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005). En una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa canadiense Vanessa Ventures. Como detalle de interés, en el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Tory´s explicó que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía «reasonnably optimistic» sobre el resultado de esta: el optimismo se confirmó el 12 de diciembre del 2005, cuando la Secretaría Tecnica Nacional del Ambiente (SETENA) aprobó el EIA. A la fecha de redactar estas líneas (17 de julio del 2024), no se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense que bien puede resumirse de la siguiente manera: «si tú desistes, nosotros te aprobamos el EIA«.

A modo de conclusión

Desde ya varios años, se ha observado un uso reiterado de empresas mineras canadienses del CIADI para intentar obtener ante esta instancia internacional lo que la justicia nacional les ha negado.

Con relación a empresas mineras canadienses, y a su cercanía con algunos sectores políticos que explican sus aventuras legales a repetición en Centroamérica, en noviembre del 2023 tuvimos la oportunidad de analizar la declaratoria de inconstitucionalidad de un contrato minero en Panamá por parte de la justicia constitucional (véase texto de la sentencia): un contrato adoptado de manera extrañamente célere por el Poder Legislativo en octubre del 2023 y que lanzó como raras veces en su historia a los panameños a movilizarse en las calles durante varias semanas. Al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero«.

Nótese que el pasado 12 de julio del 2024, Panamá fue notificada de una nueva demanda en su contra ante el CIADI debido a la suspensión de este proyecto minero (véase enlace).

En lo que atañe a las empresas mineras canadienses y a Canadá como tal, desde el 2014, un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina espera pacientemente que las autoridades canadienses tomen acciones tendientes a regular desde Canadá sus actividades, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección del ambiente (Nota 5). Una reflexión similar se impone ante la elevada cantidad de casos que se ventilan ante el CIADI por parte de empresas mineras contra Estados de América Latina, y sobre el que insiste el precitado informe de Naciones Unidas escasamente difundido.

Por lo pronto en Costa Rica, pese a la euforía de sus máximas autoridades desde el pasado 15 de julio, persiste la duda del contenido del acuerdo al que llegaron la empresa minera y el Estado, para pedir de manera conjunta el pasado 14 de junio que el caso sea discontinuado por el CIADI.

En un interesante artículo publicado por el Semanario Universidad el 16 de julio (véase texto), se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en asuntos ambientales, que:

“en buena hora lo que resuelve el CIADI, pero insisto, ¿por qué hasta ahora se decide Chaves a ser enérgico? A mi me suena todo esto, como parte de un acuerdo (conciliación ante el CIADI) para regresar a minería metálica, en “fincas seguras” para la extracción del oro”.

– – Notas – – 

Nota 1: Sostener que para un juicio ante el CIADI —de más de 10 años—, Costa Rica solamente gastó 3 millones de US$ en su defensa resulta sorprendente. Según un especialista costarricense en materia de arbitraje, independientemente del resultado final, los costos que usualmente deben asumir los Estados en su defensa legal durante un procedimiento ante el CIADI —que normalmente dura 4 años— son de unos 8 millones de US$ (véase nota de CRHoy del 2014). En el caso de una demanda contra Perú cuyo trámite duró casi 10 años, el Estado peruano alegó haber gastado 8.600.238 US$ (véase párrafo 50 de laudo arbitral del junio del 2024). En el caso de otra demanda contra Perú – cuyo trámite duró menos de 4 años – , el Estado peruano alegó haber gastado 6.742.880 US$ (véase párrafo 279 de laudo arbitral del febrero del 2020). Más cerca de Costa Rica, en el caso de la demanda contra Panamá interpuesta por un consorcio costarricense-holandés (caso Álvarez y Marín Corporación S.A y otros), Panamá —en poco más de 3 años que duró el procedimiento— indicó haber incurrido en un gasto de 7.210.790 US$ (véase laudo arbitral emitido en octubre del 2018, párrafo 408). En otro caso en el CIADI contra Guatemala, el Estado indicó haber gastado —en 3 años de procedimientos— la suma de 5.250.047 US$ (véase párrafo 774 de laudo arbitral del 2013). Hace más de 10 años, Panamá adujo haber gastado —durante los 4 años que duró la contienda— la suma de 10.364.183 US$ (véase párrafo 706 de laudo arbitral del noviembre 2010). El rango mínimo de aproximadamente 2 millones de US$ por año es lo que usualmente se preve y que los precitados casos vislumbran. Claramente, se trata de un rango que puede variar significativamente en virtud de los diversos incidentes procesales cuyo efecto es dilatar el proceso, así como de los peritajes adicionales que suelen solicitarse: en el caso que enfrentó otro Estado centroamericano (El Salvador) contra otra empresa minera canadiense (Pacific Rim), El Salvador indicó a los árbitros haber tenido que sufragar —durante un juicio que duró 7 años— la coqueta suma de casi 12 millones de US$ para asegurar su defensa (véase párrafo 1.14 del laudo arbitral de octubre del 2016 disponible en este enlace). En un laudo arbitral del CIADI condenando a Venezuela al pago de 1.386 millones de US$ a una empresa minera canadiense, Venezuela indicó haber incurrido en el pago de más de 14 millones de US$ (véase texto del laudo de abril del 2016, párrafo 950). En un caso en el que el CIADI condenó a Pakistán a pagar una suma por más de 4.000 millones de US$, Pakistán alegó haber gastado más de 25 millones de US$ en gastos de defensa (véase párrafo 1831 del laudo arbitral emitido en julio del 2019).

Nota 2: Sobre las diversas estrategias de los Estados de la región latinoamericana para limitar el alcance de ciertos tratados con cláusulas sumamente favorables para el inversionista extranjero, véase el análisis detallado de la profesora Katia Fach Gomez: FACH GOMEZ K., “Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y CIADI”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Medellín, Colombia), Vol. 40 (Dic. 2010), No. 113, pp. 439-454, artículo disponible aquí. Véase de igual manera la publicación FACH K & TITI C. «The Latin American Challenge to the Current System of Investor-State Dispute Settlement«, Journal of World Investment & Trade 17, 2016, pages 511-699. Así como FACH GOMEZ K. & TITI C.Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Oxford University Press, Oxford, 2018, 800 páginas. Sobre la revisión operada por Indonesia de más de 50 TBIs suscritos, véase en particular este estudio muy detallado de HAMZAH, LAMPUNG University, «Bilateral Investment Treaties (BITS) in Indonesia: a paradigm, shift, issued and challenges«, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 1, 2018. Texto completo disponible aquí.

Nota 3: Sobre los efectos negativos para las economías de los Estados de América Latina de estos millonarios montos dictaminados por los árbitros del CIADI y que se fueron consolidando con la red de TBI adoptados de manera entusiasta – y en nuestra modesta opinión algo ingenua – en los años 90-2000, remitimos al muy completo artículo de ZABALO P., “América Latina ante las demandas inversor-Estado”, Revista de Economía Mundial, Núm. 31 (Mayo-Agosto, 2012), pp. 261-296. Texto disponible aquí.

Nota 4: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., “La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: una celebración en América Latina y un profundo sinsabor en Costa Rica”, publicada en DerechoalDia, edición del 4 de mayo del 2021. Texto disponible aquí . Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí

Nota 5: Véase al respecto el informe titulado » El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá – Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«, Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014. Texto completo disponible aquí.

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Material adicional del autor publicado en años anteriores sobre la demanda interpuesta contra Costa Rica por Infinito Gold ante el CIADI: 

2022, BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica, una nueva maniobra de la empresa minera canadiense en el CIADI«, Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 8 de febrero del 2022. Texto disponible aquí

2021, BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica. El reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas«, Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 16 de junio del 2021. Texto disponible aquí

2019, BOEGLIN N., «Arbitraje Infinito Gold vs Costa Rica ante el CIADI: breves noticias«, CIARGlobal, edición del 31 de octubre del 2019. Texto disponible aquí

2015, BOEGLIN N., «La solicitud de Costa Rica de poner término al procedimiento de arbitraje interpuesto por Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones«, Derechoaldía, edición del 7 de agosto del 2015. Texto disponible aquí

Otros materiales sobre el polémico proyecto minero Las Crucitas en Costa Rica

2011, Documental «El Oro de los Tontos«, producido por la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual incluye entrevistas a varios académicos, y disponible aquí.

2011, Revista Ambientico (Universidad Nacional), Número 210, que incluye artículos de varios académicos. Texto disponible aquí.

“Verde por fuera, colonialista por dentro: crítica al ambientalismo corporativo en América Latina y el mundo”

Por Adrián Leitón Gutiérrez

Es importante en el mundo en el cual vivimos, definir las diferencias entre ambientalismo y ecologismo. Hoy por hoy, hablar de ambiente se ha vuelto una moda y el discurso por el cuido del planeta ha sido tomado por las grandes corporaciones y los políticos de centro y de derecha, para mercadearse como espacios “eco-friendly”, y continuar con su agenda neoliberal.

Según Róger Martínez Castillo (2015), catedrático de la UCR, sí existen diferencias teóricas entre el ambientalismo y el ecologismo. La primera supone que todos los problemas ambientales, económicos y sociales se resuelven desde el lucro. El mercado supuestamente es capaz de plantear por sí solo, soluciones con nuevas tecnologías cuyas patentes son monopolizadas por empresas pero eso sí, sin involucrar tanto a la política. De ahí surge el “desarrollo sostenible” en donde seguimos con los mismos patrones desenfrenados de consumo pero… verdes. Gracias al ambientalismo es que ahora cualquier grupo, cargo o persona puede considerarse un héroe ambiental: administraciones como la de Joe Biden o la de Carlos Alvarado, el Estado de Israel, empresas como Google, y un largo etcétera.

Particularmente en Costa Rica y otras partes de América Central o América Latina en general, procesos como la gentrificación en las playas y demás zonas turísticas se han vendido a la sociedad como “soluciones verdes”. Ese ambientalista de playa, que viene usualmente de la ciudad o de algún país del Norte Global vive como un colonizador más en lugares como La Fortuna de San Carlos, Playa Tamarindo en Santa Cruz o Santa Teresa de Cóbano. Practica y predica el veganismo, pero sin conciencia social; sin entender que muchas comunidades originarias de la nueva zona en la que vive muchas veces ni siquiera tienen la seguridad alimentaria para poder consumir las tres comidas mínimas por día, con todos los nutrientes y balances necesarios para vivir. 

Su trabajo directo por el ambiente se reduce si acaso a reciclar o a hacer únicamente limpiezas de playa. Estos eventos son financiados a través de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en donde la misma industria que explota trabajadores, amenaza líderes sociales y contamina fuentes de agua, ahora es la que contribuye activamente en pro de la sociedad, para así mejorar su competitividad y su desempeño. Los grupos ambientalistas con sede en la playa consiguen apoyo para sus proyectos, y las empresas que los financiaron se van con una Bandera Azul Ecológica o cualquier otro certificado de “industria colaborativa con el ambiente”. Es un gane para ambas partes, pero una pérdida para la causa ecologista.

Mientras en otras zonas más marginales o más campesinas de esa misma comunidad se vive la represión policial por actividades, como ejemplo, la venta y el consumo de cannabis, el acceso al agua, o la caza y la tala ilegal; la gentrificación provee un escudo de defensa que excluye a estos colonos de la violencia policial o estatal. Lo vimos en 2020 y 2021 con la pandemia del coronavirus que, mientras habían órdenes de mantenerse en casa en otras zonas del Pacífico con personas de otra clase social, en Cóbano el aumento del turismo trajo una de las mayores olas de contagio aún sin ser un cantón necesariamente denso en población, según autoridades de la municipalidad del cantón y de la CCSS (Bolaños, 2001). Setenta por ciento de los contagios detectados por semana en ese distrito correspondían a población extranjera, concentrados en su mayoría en la playa de Santa Teresa, de acuerdo a Juan Gabriel Ledezma, ex jerarca de la región Pacífico en el Ministerio de Salud de ese momento.

A nivel internacional, es muy común también encontrar eventos masivos con panelistas de la ONU o de algún otro organismo de cooperación para hablar sobre derechos humanos o desarrollo sostenible, y usualmente destinados a jóvenes con una excusa para viajar. Es una manera muy sutil de hacerle marketing al país a nivel internacional y blanquear las problemáticas ambientales y sociales de la región. Socialmente se convierte en tabú hablar sobre los recientes asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica, o la crisis que están generando las piñeras en Zona Norte, o el creciente megaturismo del cual comentábamos anteriormente.

La Conferencia de las Partes, el supuesto órgano rector de los convenios internacionales y el encuentro climático internacional más grande del mundo, le ha fallado muchísimo y traicionó completamente a la clase obrera de estos tiempos. Lo que pudo haber sido un panel científico, que caminara de la mano de la justicia social y vele por el bienestar de toda la humanidad y una manera más justa de la distribución de la riqueza y los recursos naturales, se volvió un espacio en donde las grandes empresas petroleras, los Estados genocidas e imperialistas, y la industria militar tuvieran su espacio de promoción y mercadeo gratuito. Es la razón también por la cual estos encuentros se han realizado en lugares como Sharm El-Sheikh (Egipto, algo cerca de la frontera con Gaza y la entidad sionista, en 2022), Dubái (de las ciudades más exclusivas en el mundo y extractora de petróleo, Emiratos Árabes Unidos, 2023) y Bakú (Azerbaiyán, país que hoy por hoy lleva a cabo un conflicto bélico con Armenia, 2024).

Siguiendo con el texto de Martínez Castillo, el ecologismo por su parte, ve estas ambigüedades del ambientalismo y se propone como una alternativa popular y anticapitalista. Es más radical y señala al neoliberalismo como el verdadero generador de la crisis ambiental. Es decolonial a nivel geopolítico; dice que se requieren cambios radicales y abolir el sistema actual en el que vivimos por uno más socialista y de la gente. Exige ir más allá del reciclaje y el veganismo, y entender que no todas las personas son iguales entre sí y por ende alcanzar o cumplir con ciertos estilos de vida les es casi imposible por su situación socioeconómica o geográfica.

Hay que dejar esto en claro porque, tenemos que entender que ahora cualquier individuo o colectivo se hace llamar “héroe ambiental”, sin necesariamente representar una ideología popular, crítica e interseccional. Esta lucha de alguna manera fue apropiada por los grandes colonizadores para evitar el señalamiento y la investigación de sus grandes actos de corrupción e imperialismo en varias partes del planeta. Uno de los varios críticos de estos procesos de blanqueamiento político ha sido Joan Martínez Alier, un economista y catedrático barcelonés. Martínez Alier explica y se concentra en muchas de sus obras en un concepto que él llama el ecologismo de los pobres o el ecologismo popular. Básicamente, se refiere a la lucha de las comunidades más desfavorecidas por la defensa de su entorno y sus recursos naturales. Aún a veces siendo marginadas y de bajos ingresos, enfrentan y resisten la degradación y explotación de sus recursos ambientales por parte de agentes externos, que sólo buscan beneficios propios sin pensar en un impacto ecológico o social (Mejía y Rengifo, 2009).

No es coincidencia que en los países o en los territorios con mayor conflicto social y político también sean los lugares con más extractivismo ambiental y privatización de los recursos naturales, que es al final de cuentas lo que intenta explicar Martínez Alier. Y tampoco es coincidencia, que este ambientalismo tradicional, que no se cuestiona las realidades y las relaciones de poder venga también de países de mucho desarrollo y privilegio económico; casi que siendo una excusa para ejercer clasismo y racismo en nombre del cuido de la naturaleza. Y es que, como miembros del movimiento que lucha por la justicia climática tenemos que entender que los recursos naturales hay que preservarlos, sí, pero también están para algo. En los sistemas de poder no hay espacios vacíos, y por tanto, alguien va a usarlos si usted no los reclama.

El agua, por ejemplo, si bien no es inagotable y hay que preservarla, está en este planeta para ser usada en sus diferentes formas. Solo que quizás se vuelve un problema únicamente cuando las comunidades más marginalizadas exigen su uso. Por ejemplo, lo vimos más recientemente en este 2024 cuando hubo protestas en los barrios del sur de la capital (que finalizaron siendo criminalizadas por la Fuerza Pública) y que al final, la responsabilidad de proteger el derecho al recurso hídrico quedó en las familias más pobres de Hatillo y no en el ente rector designado como el AyA, o inclusive barrios más de lujo como Monterán, donde actualmente vive el señor presidente (Nuñez, 2024). Y algo también curioso de cuando se dieron estas manifestaciones por el agua, no hubo presencia ni actos de solidaridad por parte de organizaciones ambientales que se supone que tratan estos mismos temas. Fueron nueve las y los dirigentes comunales que fueron detenidos en medio de los bloqueos, y en su mayoría ni siquiera estaban en la calle como tal, sino en la vereda. Primero los mantuvieron en la delegación de Barrio México y en menos de dos horas a los Tribunales del Circuito I, sin ni siquiera saber cuáles eran los delitos que habían cometido.

También, este ambientalismo hegemónico o tradicional se ha quedado callado ante la crisis humanitaria que vive Gaza producto de la ocupación israelí desde hace más de setenta años. Israel es de los países más contaminantes del agua en el mundo, en un territorio árido como lo es el Levante, y especialmente en zonas donde viven familias palestinas que se quedan sin agua potable producto de la intimidación de los colonos que llegan a amenazar e inclusive a amedrentar de muerte a estas y estos habitantes originarios (Actis, 2024). Según Nadua Abu Ghazalah, miembro de la diáspora palestina en España, en Palestina existe cierta abundancia de agua gracias a los acuíferos del Valle de Jordán. Sin embargo, desde el Nakba y con ello el inicio oficial de la ocupación, las autoridades sionistas le han negado a los palestinos y a las palestinas el acceso al agua a través de políticas muy estrictas de control.

Construir pozos nuevos está prohibido, a menos que se cuente con un permiso de las fuerzas de ocupación (que prácticamente nunca los dan). Recolectar agua de lluvia también está prohibido, e Israel destruye y confisca sistemáticamente cualquier infraestructura palestina para la gestión de los recursos hídricos y territorios con abundancia de agua. Cisjordania paga por metro cúbico alrededor de tres veces lo que cuesta en Jerusalén y nueve veces más de lo que cuesta en Tel Aviv. Medio millón de colonos disfrutan de seis veces más de agua que más de dos millones de palestinos exactamente en el mismo territorio, haciendo que en promedio el consumo diario del agua en Palestina sea entre dos o tres litros y del lado “israelí” cien veces más. Esto por consecuencia plantea una crisis de salubridad crónica y de mucha tensión, con un alza en enfermedades como la diarrea y la desnutrición infantil, causándole la muerte a veintitrés menores de edad gazatíes por deshidratación.

La solidaridad internacional dentro de contextos ambientalistas y/o ecologistas es muy importante, sin embargo también hay que saber trabajar el metro cuadrado. Uno de los más grandes ausentes en las elecciones municipales de 2024 fue el movimiento climático, quienes con sus recursos y plataformas pudieron convocar al voto y fiscalizar a los diversos partidos políticos y coaliciones que se reñían los diversos puestos en cada ayuntamiento o intendencia de este país. Cada vez más, el abstencionismo va en aumento; a nivel nacional, este año 7 de cada 10 personas elegibles a votar no fueron a ejercer su derecho al sufragio (TSE, 2024). Partidos políticos como el PUSC, Nueva República, el PLP, y de cierta manera el PLN ganaron bastantes escaños en estas últimas elecciones. Partidos políticos que (¡sorpresa!) tienen un historial de mucha corrupción estatal, mucha violencia política y que también van a tener un impacto enorme en el desarrollo e implementación de los Planes Reguladores de cada cantón.

Si como movimiento climático queremos seguir realizando limpiezas de playa, si queremos seguir protegiendo los parques nacionales, los refugios de vida silvestre y las cataratas escondidas en las montañas, hay que prestarle atención a los Planes Reguladores de cada municipalidad. Son el instrumento de planificación local que define en un conjunto la política de desarrollo y distribución en temas como uso de la tierra, servicios públicos, rehabilitación de áreas y más (CEPAL, 2024). Es un documento que se discute y después se vota en los espacios municipales, que nos permite entender cómo se va a ir construyendo literalmente el cantón en los próximos años. Decir “no sé” ante la importancia de dicho debate no es una respuesta válida por parte del activismo verde de este país. Y se empieza por ver cuáles figuras están postulándose para un puesto en la Muni.

En conclusión, la distinción entre ambientalismo y ecologismo es crucial, ya que la preocupación por el medio ambiente se ha mercantilizado y utilizado para legitimar agendas corporativas y políticas. El ambientalismo tiende a favorecerse bajo un marco neoliberal y superficial, versus el ecologismo como una respuesta más radical y anticapitalista. Es imperativo que el movimiento climático cuestione las estructuras de poder y reconozca las inequidades socioeconómicas y ambientales del sistema que tenemos actualmente, así como defender en primera mano los derechos de las comunidades más vulnerables y promueva una distribución más equitativa de la riqueza y el poder. Es esencial que los movimientos ambientales no se limiten a acciones simbólicas como la limpieza de una playa o la participación de una conferencia internacional, sino que comiencen a crear teoría crítica sobre lo que significa ser ambientalista en Costa Rica y si se asemeja a los intereses del Norte Global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

  1. Martínez Castillo, R. (2015). Ambientalismo y ecologismo: diferencias. Semanario UNIVERSIDAD. San José, Costa Rica. Tomado de: https://historico.semanariouniversidad.com/opinion/ambientalismo-y-ecologismo-diferencias-2/ 
  2. Bolaños, D. (2021). Turismo trae ola de COVID-19 a las playas de Cóbano. Radios UCR. San José, Costa Rica. Tomado de: https://radios.ucr.ac.cr/2021/05/interferencia/turismo-trae-ola-covid-19-a-playas-cobano/ 
  3. Núñez Chacón, M. (2024). Población de Hatillo sin agua por semanas y la policía responde deteniendo a líderes comunales en medio de manifestación pacífica. Semanario UNIVERSIDAD. Tomado de: https://semanariouniversidad.com/pais/poblacion-de-hatillo-sin-agua-por-semanas-y-la-policia-responde-deteniendo-a-lideres-comunales-en-medio-de-manifestacion-pacifica/
  4. Actis, A. (2024). El apartheid hídrico de Israel en Gaza: cuando el agua es también un arma de guerra. Revista CLIMÁTICA. Madrid, España. Tomado de: https://climatica.coop/apartheid-hidrico-israel-gaza-agua-guerra/
  5. Mejía, C. y Rengifo, L. (2009). El ecologismo de los pobres, por Joan Martínez Alier. Editorial ICARIA. Barcelona, España.
  6. Goebel-McDermott, A. (2009). El ecologismo de los pobres y marginalidad social: vehículos de complementariedad y puentes dialógicos. CIGEFI, Escuela de Historia. UCR.
  7. Tribunal Supremo de Elecciones. Resultados provisionales de las elecciones municipales de 2024. San José, Costa Rica. Tomado de: https://www.tse.go.cr/vr2024/#/alcaldes 
  8. INVU, SETENA, CEPAL (2018). Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial. Tomado de:  https://www.invu.go.cr/documents/20181/33489/Manual+de+Planes+Reguladores+como+Instrumento+de+Ordenamiento+Territorial 

Caída en los tributos: estamos mejor, pero todo empeora

Welmer Ramos González
Economista

Mientras que la riqueza que genera el país aumenta, la sociedad costarricense se empobrece aceleradamente; tremenda incongruencia que ha creado la ideología imperante.

Mientras las autoridades políticas señalan con bombos y platillos que la producción del país crece fuertemente, que la inversión extranjera rompe récords, que las exportaciones siguen dinámicas; el ministro de Hacienda anuncia que la recaudación fiscal disminuye y que recortará aún más el dinero para arreglar las vías públicas, para la salud de la población, para educación, para los Cen-CINAI, para la Red de Cuido, etc. Descomunal contradicción salta fuera del sombrero de los magos de la política económica.

La riqueza crece, pero el Estado se empobrece, la riqueza crece, pero las personas con ocupación disminuyen, la riqueza crece, pero la pobreza no cede, la riqueza crece y Costa Rica vive un serio problema ético de injusticia social que ya no se puede disimular. Y los líderes políticos de turno optan por no discutirlo siquiera, lo toman como si fuera una consecuencia inevitable del destino.

En Costa Rica los impuestos son altos para las Pymes, para los empleados, para los que trabajan por cuenta propia. El ciudadano paga impuestos cuando compra, por el salario que percibe, por las viviendas y los bienes inmuebles, por el combustible que utiliza, entre otros pagos. Sin embargo, no es igual para cierta élite que disfruta de exoneraciones plenas, creadas por leyes.

Cuando revisamos las estadísticas tributarias todos los rubros de cobro de impuestos suben (ver cuadro adjunto), el que disminuye bruscamente es el “Impuesto a los ingresos y utilidades”, que presenta una caída de ¢79.579 millones, al compararse el acumulado de mayo del 2024, con el mismo periodo del año anterior. Pero en ese renglón se recogen los impuestos al salario, a las ganancias de las personas que trabajan por cuenta propia (emprendimientos), ganancias de las Pymes y las ganancias de las grandes empresas. Por lo que es necesario desglosar ese rubro con el fin de darnos cuenta quiénes son los que están haciendo caer la recaudación.

Como podemos apreciar en el cuadro adjunto, los impuestos a los ingresos y utilidades de las personas físicas crecen, esto es, los impuestos a los salarios, la parte de quienes trabajan en sus propias actividades, en lo referente a las remesas también ha aumentado la recaudación.

Son los impuestos a las ganancias de las personas jurídicas donde la recaudación disminuye en ¢105.031 millones en solo 5 meses del 2024. Y más aún, si entráramos con más detalle, son las grandes empresas las que están pagando menos, no son las Pymes, a pesar de que crecen sus utilidades.

Ese resultado, es consecuencia de que ha habido un fortalecimiento legal de los mecanismos para eludir impuestos, un deterioro significativo en la gestión tributaria y aduanera, una mayor laxitud para que las empresas grandes que están en el régimen definitivo se trasladen al régimen exonerado.

Ha habido una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa “a propósito”, que abren portillos a la elusión y a la exoneración tributaria para las grandes empresas. Como ejemplo señalaré tres casos recientes:

– Ley 10.381, con la excusa de sacar a Costa Rica de la lista de Paraísos Fiscales, amplió el concepto de territorialidad para exonerar a decenas de empresas que pagaban impuestos en Costa Rica y ahora no tendrán que hacerlo más. Aunque operan en el país y carguen los costos de producir como gastos tributarios en Costa Rica, los ingresos no deben reportarlos porque esa nueva ley los exoneró.

– Ley N°10.234 que estableció nuevas categorías en el régimen de zona franca, beneficios adicionales, cambios en los criterios de la inversión requerida, así como otros beneficios fiscales respecto a las cargas sociales sobre las planillas. Dicha ley fue impulsada por la Asamblea Legislativa y ha erosionado groseramente la base tributaria.

– Ley que rebajó el cobro del marchamo se aplicó indistintamente a los autos de lujo y a los autos populares.

Estas leyes y otras recientes violentan, incluso, la Constitución Política de Costa Rica que en su Artículo 179 señala: “La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos”, pues la interpretación inversa de este texto es igualmente válida: no puede la Asamblea Legislativa reducir los ingresos de la hacienda pública sin señalar las fuentes que los compensen.

Socialmente no es aceptable que los grupos económicamente más pudientes del país tengan una posición de privilegio en lo tributario, pues son quienes más se benefician de la infraestructura pública, de la educación y de los servicios públicos en general; sin embargo, han ido tomando paulatinamente una posición cada vez más parasitaria en cuanto a la vida del Estado.

La caída de los impuestos de ¢105.031 millones es el equivalente a 12 veces el presupuesto del Ministerio de Economía, o el equivalente a 3.501 bonos de vivienda de ¢30 millones cada uno. No obstante, debido a que es una disminución recaudatoria, eso significará esa cantidad de bonos menos, más infantes padeciendo hambre, más ancianos sin techo; mientras tanto, seguirán apareciendo en las portadas de los diarios las listas de “Grandes Contribuyentes” con pérdidas y cero ganancias a perpetuidad, los escándalos con Panama Papers, ¿hasta cuándo? Y el PIB creciendo y la inversión extrajera rompiendo récords, y las exportaciones en ascenso, y al gobierno y al pueblo yéndole cada vez peor.

Los tres poderes de la República deben encarar con urgencia esta situación de crisis en las finanzas públicas y formar una comisión para resolver está aberración. Hay que encontrarle una salida al absurdo creado a través de las políticas públicas desafortunadas desde hace bastante tiempo para acá. Es necesaria la presencia de los tres poderes porque la Asamblea aprueba la legislación, el Ejecutivo tiene mucho que mejorar en gestión tributaria y aduanera, y el Poder Judicial debe entender la importancia de la correcta interpretación de las leyes en esa materia.

Caminata de seis semanas por la costa de Cataluña

Gabe Abrahams

Entre el 23 de marzo y el 4 de mayo de 2023, caminé 1.925 km por la costa de Cataluña y alcancé la plusmarca mundial de las 6 semanas de Speed Walking (Caminata Rápida).

Para completar los 1.925 km, recorrí casi trece veces un circuito de 150 km que iba de El Masnou a Vilanova i la Geltrú y de Vilanova i la Geltrú a El Masnou. Un circuito que yo ya había utilizado en mi anterior caminata de diez días por la costa catalana de 2021.

Recorriendo ese circuito desde El Masnou hasta Vilanova i la Geltrú, el presente artículo rememora mi caminata por la costa de Cataluña de 2023.

De El Masnou a Badalona

El circuito de la caminata tenía su punto de partida en El Masnou y su primer tramo era el paseo marítimo de El Masnou a Montgat que transcurría junto al mar Mediterráneo. Al pasar por él, me encontré invariablemente caminadores, corredores y ciclistas y disfruté mucho observando el mar.

Arribado a Montgat, el circuito cruzaba un túnel y entraba en la carretera de Montgat a Badalona, la conocida como carretera de Mataró. A la izquierda de esa carretera en dirección a Badalona, se encontraba el mar. Y, a su derecha, una hilera con edificios de viviendas, casas y alguna empresa de Montgat.

El circuito seguía por la carretera y rápidamente entraba en Badalona, con el Mediterráneo a su izquierda y casas de dos plantas, empresas y antiguas fábricas a su derecha. Al recorrer la carretera en ese tramo, observaba casi siempre el edificio modernista de la antigua fábrica Cordelería Ribó y pensaba en los obreros que trabajaron en esa y otras fábricas similares.

En mi caminata de seis semanas de 2023, al igual que en mi anterior caminata de diez días de 2021, en cualquier caso, lo que más me impactó de la zona El Masnou-Badalona fue el mar. Tras vivir en Navarra desde el año 2019, el reencuentro con el Mediterráneo resultó especial.

Badalona y Santa Coloma de Gramenet

El circuito entraba en Badalona por la calle Pomar de Baix, la cual se transformaba en la calle Sant Bru a los pocos metros. En el lado derecho de esa calle en dirección a Barcelona, se encontraban casitas de dos plantas de color blanco con gran atractivo.

Por la misma acera, a escasa distancia, el circuito también pasaba por el parque de Can Solei i Ca l’Arnús, un pulmón verde de Badalona. El parque, resultado de la unión de las fincas de Can Solei i Ca l’Arnús, me llamaba la atención por su estado muy cuidado.

Pasado el parque y recorrida la calle Sant Bru, el circuito seguía por el centro de Badalona y transcurría por las calles Francesc Layret y de la Creu, muy transitadas y de gran actividad comercial, la Rambla Sant Joan, la calle Liszt y la calle Mozart, por la cual se entraba en Santa Coloma de Gramenet.

En Santa Coloma, el circuito recorría la rambla principal, llamada Rambla del Fondo, de San Sebastià y de Llorenç Serra. Y, al finalizarla, pasaba por el puente de Santa Coloma sobre el río Besòs a Barcelona. Desde ese puente, se observaban el río, sus laterales de hierba y un carril que unía el mar y la montaña con deportistas a todas horas del día.

De Sant Andreu a l’Eixample

El circuito entraba en Barcelona por el puente y el paseo de Santa Coloma, perteneciendo la acera de la izquierda al barrio de Baró de Viver y la de la derecha al barrio de la Trinitat Vella, dos barrios del distrito de Sant Andreu.

Tras esa zona, el circuito llegaba a otro barrio del distrito, Sant Andreu de Palomar, y recorría el paseo de Torras i Bages y la calle Segre. Al iniciarse esta, pasaba por la Iglesia de Sant Andreu de Palomar y las antiguas fábricas Can Fabra y Fabra i Coats.

En la Fabra i Coats, el circuito daba una vuelta por su interior, algo ideal para mí por las buenas sensaciones que he tenido siempre al visitar una antigua fábrica como la Fabra i Coats. Tanto en mi caminata de seis semanas de 2023 como en mi anterior caminata de diez días del 2021, la Fabra i Coats me levantó el ánimo en muchas ocasiones. Pensaba en las generaciones de esforzados obreros que pasaron su vida entre sus paredes y eso me daba ánimos para continuar caminando a pesar de estar cansado o agotado.

Después de dejar atrás esa zona, el circuito seguía por las calles Virgili y Pare Manyanet y entraba en el barrio de La Sagrera por la calle Gran de la Sagrera. Una vez superado el parque de la Pegaso, ubicado en los terrenos de la antigua fábrica ENASA, recorría el primer tramo de la calle Monlau, la plaza de Masadas y el segundo tramo de la calle Monlau hasta la calle Garcilaso. Al pasar por la plaza de Masadas, siempre disfrutaba con ella y sus bellos pórticos de otro tiempo. Quedan pocas plazas como esa en Barcelona.

Una vez dejaba atrás la calle Garcilaso, el circuito conducía a la avenida Meridiana, un punto de tráfico y ruido. Un punto de edificios muy altos y de gran bullicio. En la avenida, se encontraba la cafetería Sun, uno de mis establecimientos preferidos durante mi caminata de seis semanas de 2023 para beber, comer y recuperar fuerzas. Allí tomaba un café, bebía agua y comía para superar el cansancio, el agotamiento. Bendito Sun. Qué recuerdos.

Tras la avenida Meridiana, el circuito pasaba por la calle Felipe II y recorría el barrio de Navas. Y, después, llegaba a la calle del Fresser y cruzaba el barrio del Camp de l’Arpa del Clot. Del barrio de Navas, me atraían sus casas tipo torre. Del barrio del Camp de l’Arpa del Clot, ya perteneciente al distrito de Sant Martí, la fábrica Costa Font de la calle del Fresser, un edificio racionalista del arquitecto Francesc Mitjans del año 1950. Al caminar ante el edificio, siempre observaba su logrado diseño. En mi caminata de diez días de 2021, hice lo mismo.

Por la calle del Fresser, el circuito llegaba a la calle Rosselló y al distrito de l’Eixample que vertebra la ciudad de Barcelona.

L’Eixample y Les Corts

El circuito atravesaba l’Eixample por las calles Rosselló, Aribau y Londres. En la primera, que lo recorría en parte, se encontraban edificios destacados como el de la fábrica Damm, de estilo ecléctico y obra del arquitecto Joan Massoles de 1905. Al pasar junto a él en el cruce de la calle Rosselló con las calles Dos de Maig y Cartagena, me fijaba en sus detalles artísticos.

Otro edificio impresionante de la calle Rosselló, situado a la altura del cruce con la avenida Diagonal, era la Casa Terradas o de les Punxes, de estilo modernista y obra del arquitecto Josep Puig i Cadafalch, también datado en 1905. Con aspecto medieval y elementos neogóticos, sus seis torres coronadas por agujas de forma cónica son famosas. Al caminar ante el edificio, su belleza invariablemente reclamaba mi atención.

El circuito de la caminata dejaba atrás el distrito de l’Eixample y entraba en el distrito de Les Corts por la avenida Sarrià. Entonces recorría el barrio de Les Corts por la calle Deu i Mata hasta la modernista Casa Can Deu, situada en la plaza de la Concòrdia, obra del arquitecto Eduard Mercader de 1897.

Conocía muy bien Can Deu, tanto por haber vivido en Les Corts durante años como por algunas de mis anteriores caminatas como la de los diez días de 2021 o la de las 1.000 millas de 2017, y no dejaba de cautivarme. Sus estancias y su jardín con vidrieras son una maravilla. Aproveché la caminata para tomarme algún café en el lugar y reponer fuerzas.

Una vez el circuito de la caminata abandonaba el barrio de Les Corts por la calle Mejía Lequerica, este recorría los barrios de la Maternitat i Sant Ramon y Badal, los últimos de Barcelona antes de llegar a L’Hospitalet de Llobregat.

En la entrada del barrio de la Maternitat i Sant Ramon, en el cruce de la calle Mejía Lequerica con la gran vía de Carles III, aparecían los racionalistas Edificios Trade (1965-1971), obra del arquitecto Josep Antoni Coderch. Al pasar por delante de los mismos, me encantaba observar sus fachadas acristaladas de formas cilíndricas.

Después de los Edificios Trade, el circuito entraba en los jardines de la Maternitat, la antigua Casa de la Maternitat i Expòsits. Los edificios de los jardines eran modernistas (Xaloc, Central, Ave Maria, Mestral, Olímpia y Prat de la Riba) y noucentistas (Rosa y Blau) y obra de una larga lista de arquitectos. Al pasar ante ellos, me parecían igual de extraordinarios que siempre. Toda la zona, conocida por haber vivido en Les Corts y por anteriores caminatas, me producía la misma impresión.

Pasado el estadio del FC Barcelona y un par de calles de los barrios de la Maternitat i Sant Ramon y Badal, el circuito entraba en L’Hospitalet de Llobregat, reapareciendo el extrarradio barcelonés.

De L’Hospitalet de Llobregat a Les Botigues de Sitges

El circuito atravesaba L’Hospitalet de Llobregat por las calles Riera Blanca, Santa Eulàlia, Amadeu Torner, Gran Via y Jaume Ventura i Tort. Y, rodeando el Hospital de Bellvitge, llegaba al puente del río Llobregat.

En L’Hospitalet, el circuito pasaba por la modernista Fábrica Trinxet (1905-1916), de los arquitectos Joan Alsina y Modest Feu, y por los rascacielos de la plaza Europa, entre los que destacaban la Torre Realia BCN (2009) y el Hotel Porta Fira (2010) del arquitecto Toyo Ito.

El arquitecto Modest Feu, un clásico de mis caminatas, destacó tanto en el modernismo con sus fábricas de pura arquitectura obrera como en el noucentisme con sus edificios de viviendas de trabajadores. En 2024, le dediqué un merecido artículo.

Cruzado el puente del Llobregat, el circuito entraba en el parque Riu Llobregat, seguía por una pista hacia el sur, entraba en la carretera B-250 que atravesaba El Prat de Llobregat y recorría pistas hasta Gavà Mar.

Ya en Gavà, el circuito transcurría por un paseo marítimo preparado para caminadores, corredores, ciclistas… que acababa incorporando carriles de coches. Al caminar por ese paseo, me tropezaba con deportistas y veía el mar de forma intermitente. Y volvía a disfrutar con él tanto como entre El Masnou y Badalona.

Al final, el paseo marítimo de Gavà Mar se transformaba en el paseo marítimo de Castelldefels al llegar a esa población y el mar Mediterráneo, la playa y las palmeras terminaban por dominar por completo el escenario. Poco a poco, los edificios del lado del mar desaparecían, permitiendo una vista impresionante del Mediterráneo. Una característica del paseo marítimo de Castelldefels que me llamó la atención fue la presencia de deportistas a cualquier hora del día, algo que ya aprecié en mi anterior caminata de diez días de 2021.

A los pocos kilómetros, el paseo marítimo de Castelldefels se transformaba en el paseo marítimo de Les Botigues de Sitges, perteneciente a Sitges, manteniendo una gran vista del mar Mediterráneo, con la playa a la izquierda y palmeras en sus lados.

En Les Botigues de Sitges, se encontraba el Restaurante El Navegante, donde durante la caminata bebía, comía y reponía fuerzas. El restaurante, situado a escasos metros del Port Ginesta, me sirvió para recuperarme de no pocos momentos de gran agotamiento.

De Les Botigues de Sitges a Vilanova i la Geltrú

Una vez dejaba atrás el Restaurante El Navegante, el circuito de la caminata entraba en el Port Ginesta, llegando a la población de Garraf por una pista muy estrecha y en mal estado. Después, transitaba por pistas hasta Casa Vella, desde donde por otra pista llegaba al Camino Sitges-Plana Novella. Por ese camino, transcurría hasta el norte de Sitges. Desde la población de Garraf hasta el norte de Sitges, el circuito se encontraba dentro del parque de El Garraf y recordaba en algunos tramos al parque de Collserola, situado al lado de Barcelona.

Ya en Sitges, el circuito recorría la avenida del Camí Pla, la calle Pruelles, la calle Josep Soler i Tasis, el paseo de Vilafranca y el paseo de Vilanova. En el paseo de Vilanova, me sorprendía gratamente el Santuario del Vinyet. Al pasar junto al mismo, contemplaba su estructura y me venían a la mente las iglesias griegas de los cristianos ortodoxos. El santuario era una maravilla arquitectónica, como otras del interior del Garraf, y su belleza me animaba a seguir por muy cansado o agotado que estuviese.

Superado el Santuario del Vinyet, el circuito proseguía por el paseo de la riera de Ribes, con casas de construcción reciente y buenas aceras, y la avenida del camí del Miralpeix, ya sin casas y con un par de carriles para caminar, correr o ir en bici.

Pasado el golf de Sitges y la zona residencial de Can Girona, el circuito llegaba por pistas a Vilanova i la Geltrú, punto de retorno a El Masnou. El camí del Miralpeix me resultaba agradable por sus vistas magníficas.

Por el camí del Miralpeix, transitaban algunos deportistas en aquellos días de mi larga caminata de seis semanas, en aquellos días de la primavera de 2023. Transitaban devotos del caminar, mientras yo me partía el alma por llegar al final de mi larguísimo reto. Quisiera parar el tiempo y encontrarme siempre como me encontré entonces. Quisiera poder recorrer eternamente los mismos lugares. Me conformaría con lo último. Qué grandes recuerdos tengo de mi caminata de seis semanas de la primavera de 2023. Imborrables.

Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pego a Fuchilanga y Fuchilanga le arrió a Burundanga

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Cuando en junio del 61 nacía el presidente Chaves, ya la afamada rumba interpretada magistralmente por Celia Cruz se extendía como pólvora no sólo por el Caribe nuestro, sino además por el resto de América Latina y parte de Estados Unidos.

El título de esta sabrosa y cálida melodía, del músico cubano Oscar Muñoz, nos pone en presencia de un desorden, de un gran desorden sin ton ni son. Digamos, una confusión inútil que distrae de lo verdaderamente importante. Donde Borondongo con pellizcos, empujones y pescozones, carente de ideas y liderazgo, no hace por donde poner orden. De modo que, ante un escenario de semejante naturaleza, ni nuestra energía ni atención se posa sobre lo urgente y lo importante. De manera que una contagiosa y sonora canción caribeña, de orígenes africanos, en su letra nos traslada a un escenario, que resulta hasta violento e irrespetuoso, pues se reparten culpas entre unos y otros sin que nadie sea capaz de reconocer sus propios errores. Esa imagen de empujones, golpes, majonazos, ofensas e infidelidades, se parece mucho a la forma en que quieren conducir mi país.

Todos desearíamos que la patria se pareciera más a una hermosa historia inacabada de éxito y bienestar, que a un baile como el planteado por Celia Cruz, donde los invitados sean Borondongo y sus compinches. No es arriándonos unos a otros como vamos a salir avante. El tiempo continúa su marcha inexorable y no es un bien infinito con el cual siempre podamos contar. Los problemas nacionales se agravan y en el horizonte no se avizoran soluciones a los mismos. Al contrario, quienes fueron llamados a construir soluciones y buscar salidas, pierden el tiempo, se distraen con nimiedades y andan siempre buscando culpables por los yerros cometidos. O peor aun pensando en la campaña electoral que se avecina, sin haber comenzado siquiera a gobernar. Nunca ha sido más necesario que ahora, un liderazgo visionario, producto de sana y adecuada mezcla de conocimiento, experiencia y humildad.

Faltan poco más de 400 días para que el Tribunal Supremo de Elecciones llame a elecciones. Por eso me detengo para compartirles algunas reflexiones en torno a algunos de esos problemas que empiezan a tornarse agobiantes y que desencadenan intensas frustraciones en la ciudadanía nacional, sobre los cuales hay una ausencia mayúscula de lucidez, iniciativa y de humildad para buscar y escuchar consejo. Me refiero: al desorden propiciado en materia ambiental, la indescifrable ruta de la educación semejante a un monumental laberinto y la sangrienta inseguridad convertida en terreno fértil para el narcotráfico y el crimen organizado.

¿Desorden en materia ambiental… es deliberado? La gestión del MINAE en estos dos años ha sido errática, desenfocada y criminalmente omisa. Las últimas semanas hemos sido testigos como arrecian las denuncias ante talas ilegales en áreas de conservación y se movilizan las comunidades defendiendo lo propio. Sobre todo, en el litoral del Caribe sur costarricense, donde el actuar de la municipalidad de Talamanca y el SINAC quedan debiendo mucho y levantando sospechas. Lo cual podría ser la punta del iceberg de la involución que experimentamos en materia ambiental.

Un país que se precia de ser verde, de venderse en el mundo por tantos aciertos acumulados por esta generación y las que nos antecedieron, para convertir al país en un abanderado mundial de la protección ambiental y de la biodiversidad, con un 25% de cobertura boscosa en el territorio nacional, lideres en la búsqueda del carbono neutralidad, generación eléctrica limpia, protección de los mares y océanos, protagonista mundial contra el cambio climático, legislación robusta y existencia de órganos para garantizar una adecuada gobernanza; enfrenta ahora varios peligros, pues instancias de control han sido debilitadas adrede. El SINAC, con las actuales autoridades ha perdido capacidad para salvaguardar la rica biodiversidad que nos ha sido heredada y nos corresponde resguardar. Su debilitamiento y el del tribunal ambiental, constituyen el caldo de cultivo perfecto para que retrocedamos mucho en lo que hemos logrado en los últimos 50 años. Desde mayo de 2022 se han girado nuevas normas, directrices y lineamientos que desregulan al sector y propician una conducta cada vez más desregulatoria en contra del medio ambiente. Controles que se diluyen, mientras sierras, hachas y tractores destruyen manglares, áreas protegidas y quebradas en nombre de un progreso y desarrollo mal entendidos. Guacamayas, lapas, monos y perezosos parecieran estorbar a una nueva ola de turismo invasivo dentro de zonas costeras y bosques protegidos. Grandes camiones con hermosos y robustos troncos circulan ahora por nuestras vías, ahora con mayor libertad, sobre todo en las madrugadas y fines de semana. Valientemente la comunidad del Caribe sur limonense decidió alzar la voz y exigir a las autoridades judiciales, detener la barbarie de investigar a profundidad el otorgamiento de permisos de uso del suelo, otorgados siniestramente por la Municipalidad de Talamanca y autoridades del SINAC. Esta justa y cívica lucha que emprenden las comunidades en contra de odiosos y espurios intereses de empresarios y testaferros locales en la zona, deben servirnos de norte en la protección de nuestros recursos naturales. Un afán desmedido de riqueza que transforma el bosque y la natura para ubicar cientos de casas de descanso, chalet y desarrollos inmobiliarios turísticos para unos pocos, a costa de sacrificar lo que la naturaleza tardó cientos de años para regalarnos una belleza escénica inigualable y hogar de cientos de especies, no debe ser propiciado desde los órganos llamados a ejercer gobernanza y desarrollo de políticas ambientales. Nuestro bosque y fauna silvestre, necesita de aliados y buenos costarricenses que detengan esta barbarie. Estas conductas depredadoras del ambiente que vemos en Gandoca Manzanillo, Cahuita y áreas cercanas, deben ser detenida y no aceleradas como pareciera ocurrir en Talamanca. En el caso de zonas boscosas cercanas a la costa, planes de manejo amañados, permisos municipales fraudulentos y burlas a la legislación ambiental, han dado al traste con la conservación del bosque y la protección del hábitat de cientos de especies de aves, mamíferos, reptiles. El infame debilitamiento de SETENA y el desmantelamiento del tribunal ambiental al cercenarle recursos humanos y materiales hacen que dichas dependencias se atasquen, fallen más de una vez y se tornen torpes y lentas. Ante la comisión de hechos irregulares, indiferencia y desidia de las autoridades competentes, entiéndase ministro, viceministros, directores de áreas de conservación; ha sido el Ministerio Público y la misma Sala Constitucional, quienes nos devuelven la esperanza al frenar ese tipo de atropellos y felonías, al dictar un alto a la tala y destrucción de recursos bióticos. La inacción de SINAC y desacato ante lo que la Sala ha ordenado desde hace 5 años para delimitar correctamente las áreas sujetas a protección y deslindar las que corresponden al ámbito privado y que requieren de algún grado de manejo mínimo, nos hace sospechar, del por qué las autoridades de turno no han actuado apegados a la ley y más bien parecieran plegarse a intereses espurios de jerarcas y empresarios deseosos de vender terrenos con esa naturaleza exuberante, al mejor postor. Ante la codicia y ambición desmedida de algunos y la presencia de funcionarios públicos inescrupulosos, insisto, han sido los tribunales, el ministerio público y parte de la misma Asamblea Legislativa quienes han alertado sobre semejantes despropósitos.

La riqueza natural de nuestro país es para el disfrute de sus hijos, proteger la belleza escénica y conservar nuestra biodiversidad. Nuestra institucionalidad ha actuado para frenar semejantes desmanes y excesos contra la naturaleza e infames formas de enriquecimiento de algunos, que, escondidos taimadamente, pretenden llenar sus bolsillos, sabiendo que les queda poco tiempo. Aquí no hemos visto que esta bronca se la coma nadie en Zapote, donde más bien ha habido un silencio sepulcral. Impulsar nuevos reglamentos en SETENA, flexibilizar normas y proteger intereses del sector constructor agronegocios e inmobiliario, como lo han evidenciado las investigaciones llevadas adelante por parte del Ministerio Público, OIJ y auditorías internas en SINAC y SETENA en el sonado caso COMEJEN, sacan a la luz pública la pudrición y ruindad de algunos pocos a quine pudieron comprar, pero no así hacer mella en el alma del pueblo costarricense que aún resiste y combate la corrupción. Ya hemos visto cómo funcionarios sinvergüenzas, haciéndose de la vista gorda y siguiendo órdenes de quien sabe quién, dejan atrás un estudio elaborado desde 2017 y permiten que arrasen con el 40% del área de humedales, desapareciendo en este lapso 92 hectáreas de humedales en Talamanca. Todo ello ocurre cuando el ministro impulsa una reforma para que desaparezcan órganos del sector y concentrar en su figura, mayor poder y celeridad en los trámites, donde el criterio técnico pasaría a un segundo o tercer plano, y prevalecería el político. Ojo, nos miran nuestros niños y jóvenes de cómo estamos jugando y decidiendo hoy ¡sobre su futuro!

Siempre en materia ambiental y en la forma en que gestionamos el recurso hídrico, hemos sido testigos de la absoluta incapacidad de los jerarcas de turno para lidiar con los problemas de abastecimiento de agua potable para importantes sectores de la población costarricense, que recurren cada vez más a la protesta pacífica al enfrentar severos racionamientos del preciado líquido. La descoordinación a lo interno del AyA y de ésta con Asadas y acueductos municipales, es monumental. Desde noviembre de 2020 quedó listo un empréstito con el BCIE por 399 millones de dólares, que respondia a satisfacer las necesidades y problemas de abastecimiento de aguas en la GAM, Liberia, Limón, Guácimo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Alajuela y San Ramón, tras un estudio bien cimentado. Desde finales de 2021, no hay ningún avance en este tema. Miles y miles de costarricenses seguirán padeciendo racionamiento y brutales cortes en el suministro de agua. Allí hay una solución técnica y presupuestaria, solo se requiere de alguien que tome la decisión más acertada y no nos distraiga con tristes y descolorido espectáculo semanales de alaridos, gemidos y ronroneos guturales.

Si hay dos cosas de las cuales los ticos nos jactamos por su impacto en nuestro nivel de vida y valor primordial que le damos, lo son la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación. No hay nada más que el costarricense lo sienta como suyo, como propio. Es por ello por lo que en lo educativo la administración Chaves Robles tiene una oportunidad única e inigualable de constituirse en el gobierno que salvó la educación pública o el que dilapidó tan importante e histórica oportunidad. Por lo hecho hasta ahora, el presidente Chaves y su equipo serán recordados por destinar 56 mil millones de colones menos en el presupuesto 2024 para educación. Este presupuesto y el del año anterior está cada vez más lejos del 8% del PIB constitucional. En esta oportunidad el presupuesto para este año equivale a un 5,2% del PIB. Lo cual dramáticamente se traduce en agudizar los ya severos problemas de infraestructura existentes, equipamiento insuficiente, menos contratación de docentes, sobre todo en educación especial, y menos recursos para comedores escolares y transporte estudiantil y escuálidos presupuestos para Juntas de Educación y Administrativas. Durante el periodo 2015-2020 el presupuesto MEP fue en promedio un 25% del presupuesto nacional. Este año equivale a 20,6%, lo cual constituye verdaderamente una tragedia nacional. No atender los graves y acuciantes problemas que enfrenta la educación pública nos lleva al borde del despeñadero y sobre todo segar la posibilidad de formación para miles y miles de niños y jóvenes sobre todo provenientes de zonas costeras y fronterizas. El presupuesto cercenado debe ser restituido en el corto plazo. La brecha digital debe ser atendida satisfactoriamente, hay que limpiar el calendario escolar de tanta actividad pues hay más de 100 y que de alguna manera impacta el desarrollo normal de lecciones. Hay que cuidar la salud mental de profesores y estudiantes, y generar una amplia discusión sobre el currículo y la importancia de la educación cívica en primaria y secundaria. Esta es la mayor empresa que ha de acometer la próxima administración.

En cuanto a la inseguridad -otro de los graves problemas que no ha sido atendido con la diligencia que amerita- hemos sido testigos desafortunadamente estos dos últimos años, han sido los de mayor cantidad de muertes violentas en el país, asociadas al uso de armas de fuego, sicariato y crimen organizado. Curiosamente hay un descenso en robos, hurtos y delitos contra la propiedad, pero en muertes violentas por armas de fuego y femicidios, las cifras son alarmantes. El año pasado más de 900 homicidios y este año las cifras no ceden. Y ahí penosamente se ha dejado de hacer mucho, una omisión casi cómplice y criminal. Ante la inexplicable decisión política de retirar la Policía de Control de Drogas (PCD) desde setiembre del pasado a la fecha, de puertos y fronteras; los decomisos de cocaína han caído en un 55%, o sea 47 toneladas menos, y no es que haya menos drogas trasegadas, sino hemos perdido capacidad operativa para enfrentar el fenómeno droga. La mayoría de las últimas capturas ha sido gracias a operativos del OIJ. Durante este año los decomisos de cocaína, marihuana y sobrevuelos en áreas conflictivas, como Talamanca han disminuido drásticamente, pues no posee además colaboración del Servicio de Vigilancia Aérea, pues allí no disponen de aeronaves suficientes y tan sólo hay un avión activo y 20 pilotos desocupados. Entiendan costarricenses, ¿cuál país en el mundo se da el lujo de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico con una de sus dos manos atadas? ¿Por qué esa decisión irracional de retirar la PCD de zonas fronterizas? El ministro Zamora y subalternos nos deben varias explicaciones. Este cuerpo policial, vital para enfrentar el narcotráfico y sus escuelas, requiere al menos de 100 plazas más, que no las vemos aún por ningún lado. ¿Cuántas vidas más, de víctimas colaterales o de jóvenes y niños serán necesarias ofrendar más para que las autoridades del ejecutivo reaccionen?

Ante este listado de problemas que nos roban la paz y la esperanza, no debemos ceder. El espíritu costarricense de superación y de luchar por un futuro mejor, nos ha marcado por más de 200 años. Ante los desmanes y politiquería con que desde Zapote pretenden gobernar, mintiendo un día y otro también, los órganos que nos representan y sobre los cuales descansa nuestro horizonte democrático, han respondido. Órganos de control como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y el Poder Judicial, imponen el imperio de la ley, aunque al presidente no le guste. Gobernar no es asunto de gustos, es ser consciente de un mandato popular que se delega con un plazo perentorio para la búsqueda del bien y la felicidad de los demás. Desgastarse atacando a la institucionalidad es como emprender una batalla contra molinos de viento. Peor aún cuando se hacen berrinches cual amante despechado.

No es dividiendo al país, pues a nadie conviene esa ruta. El arte de gobernar demanda nuestro mayor esfuerzo y sobre todo ocuparnos de quienes menos tienen. Una persona que guía orienta a toda una nación hace del derecho, el sentido común y su sano juicio, las mejores armas para conducirnos a buen puerto.

A pesar de ser electo en abril de 2022, el presidente Chaves obtuvo menos votos, que Carlos Alvarado (1 200 000 en abril de 2018) y el mismo Luis Guillermo Solís (1 400 000 abril 2014). Sin embargo, gobierna no sólo para el millón de costarricenses que votó por él. Es el presidente de todos, hasta el 30 de abril de 2026.

Presidente, no somos sólo una sociedad que genera pocas oportunidades de empleo, en especial para las mujeres, sino somos una sociedad además donde hay cada vez más violencia. Usted y ambos expresidentes tuvieron que gobernar sin poseer mayoría en el Legislativo. Sin embargo, ellos fueron capaces de encontrar las vías del diálogo y la negociación para sacar avante la tarea.

El tiempo transcurre y es momento oportuno para seguir el sabio consejo de Abambelé “porque entre hermanos se vive mejor”.

14-VII-24

La biomasa o los desechos de la ganadería ofrecen soluciones ambientales y ahorros económicos

Gloria Gavioli

Aprovechando la larga carta pública dirigida al ministro de Ambiente y Energía, me gustaría hacer un comentario.

No hay duda de que la situación de nuestra Costa Ruca es muy preocupante en relación con la cantidad enorme de basura que todos producimos, pero en varios países, como Alemania, por ejemplo, unos pueblos aprovechan sus desechos para producir gas natural que es 5 veces más abundante de lo que se necesita y lo que sobra, lo venden.

Uno de estos pueblos se llama Wildpoldsried. y la información la pueden encontrar en internet.

Existen alternativas, la biomasa o los desechos de la ganadería son fuentes naturales que ofrecen soluciones ambientales y ahorros económicos.

Costa Rica, conocida mundialmente como país verde, podría copiar y disfrutar de los mismos beneficios.

Imagen con fines ilustrativos: https://natuyser.es