El periodista José Luis Valverde Morales publicó en su cuenta de Facebook un comentario mordaz sobre la situación política actual, titulado «Pilar, Chaves, Arias: ¿”Culo con culo”?». En este post, Valverde Morales utiliza un lenguaje directo y crítico para referirse a los protagonistas de la escena política costarricense.
El mensaje comienza con una alusión humorística a un supuesto lugar de cena popular, insinuando que los personajes mencionados no son del tipo de personas que se encontrarían allí. Luego, compara la situación de Rodrigo Arias con la del entrenador Andrés Carevic en el ámbito deportivo, sugiriendo que su tiempo en la presidencia de la Asamblea Legislativa ha llegado a su fin.
Valverde Morales continúa criticando la gestión de Arias como presidente del parlamento, acusándolo de intentar proteger a un gobierno «inepto» a pesar de que este es atacado constantemente por sus propios colegas del Partido Liberación Nacional. También cuestiona la capacidad de los líderes políticos actuales, señalando que han sido incapaces de presentar propuestas sólidas y resistir el análisis jurídico.
Finalmente, el periodista insta a los partidos de oposición a dejar de apoyar a Chaves y Cisneros, y a enfrentar el futuro político por sí mismos. Concluye su mensaje advirtiendo sobre los posibles resultados de las negociaciones entre los tres personajes mencionados, insinuando que podrían no ser favorables para el pueblo.
Este comentario refleja una visión crítica y desafiante de la política costarricense, destacando la necesidad de un cambio y la responsabilidad de los líderes políticos de actuar en beneficio del pueblo. El periodista compartió con SURCOS su comentario.
Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.
Por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.
«We fear that this already catastrophic situation may slide deeper into the abyss as many Palestinians mark the holy month of Ramadan – a period that is meant to honour peace and tolerance – should Israel launch its threatened military offensive into Rafah, where 1.5 million people have been displaced in deplorable sub-human conditions.
Any ground assault on Rafah would incur massive loss of life and would heighten the risk of further atrocity crimes. This must not be allowed to happen. We also fear that further Israeli restrictions on access by Palestinians to East Jerusalem and Al Aqsa Mosque during Ramadan could further inflame tensions.
The UN High Commissioner for Human Rights repeats that there must be an immediate end to this conflict, and that the killing and destruction must stop».
Spokesperson, UN High Commissioner for Human Rights, Geneva, «Fears over Gaza catastrophe as brutal conflict enters sixth month»,official statement, March 8th, 2024
Este 15 de marzo del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó que se fijaron las audiencias para los días 8 y 9 de abril en el caso de la acción interpuesta por Nicaragua contra Alemania ante el juez internacional de La Haya.
Se trata de una demanda de Nicaragua presentada el 1ero de marzo del 2024, acompañada de una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, acusando a Alemania de faltar a las obligaciones de prevenir un genocidio en Gaza, utilizando como base de competencia la Convención para la Sanción y Prevención del Genocidio de 1948 (una convención multilateral a la que ambos son Estados Parte).
El comunicado de prensa oficial de la CIJ sobre la fijación de estas audiencias está disponible en francés y en inglés.
Breve puesta en contexto
Esta acción de Nicaragua se origina en buena parte en la acción interpuesta inicialmente por Sudáfrica contra Israel.
Como se recordará, en un primer momento, Sudáfrica presentó contra Israel una solicitud a la CIJ, el 29 de diciembre del 2023, a la cual la CIJ respondió mediante una ordenanza, el 26 de enero del 2024 (véase texto oficial de dicha ordenanza en francés y en inglésy en particular lo ordenado a Israel en el párrafo operativo 86).
Posteriormente a ello, Sudáfrica presentó:
– una segunda solicitud presentada el pasado 12 de febrero del 2024, a la que la CIJ respondió el 16 de febrero mediante un simple comunicado de prensa (véase texto en francés y en inglés), indicando que no eran por el momento necesarias nuevas medidas a las ordenadas a Israel el 26 de enero;
– una tercera solicitud de Sudáfrica (cuya lectura completa y detallada se recomienda) presentada el 6 de marzo del 2024 puede ser consultada en este enlace oficial de la CIJ en inglés. a la que la CIJ aún no ha dado respuesta.
Cabe recordar que Nicaragua, al igual que más de 150 Estados, externó en su momento su satisfacción y su respaldo a la demanda sudafricana presentada ante la justicia internacional (véase nota de prensa de Swiss Info del 10 de enero del 2024). En América Latina, el primer Estado en manifestar su apoyo a la demanda de Sudáfrica fue Bolivia en un comunicado oficial de su diplomacia, con fecha del 7 de enero (véase texto integral del comunicado).
Resulta también oportuno indicar que Nicaragua no mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde junio del 2010, en razón del ataque a una flotilla turca de carácter humanitario por parte del ejército de Israel (véase nota de El Tiempo / Colombia del 1 de junio del 2010): se trata de una situación que Nicaragua comparte con otros Estados en América Latina, siendo Bolivia (octubre del 2023) y Belice (noviembre del 2023) los dos últimos Estados en haber procedido a romper sus relaciones diplomáticas con Israel (Nota 1).
Nicaragua en respaldo a Sudáfrica y a la población civil en Gaza asediada
Con relación a otros Estados, que respaldan el accionar de la diplomacia sudafricana contra Israel, ya tuvimos la oportunidad en una nota anterior, de explicar el alcance de la solicitud de intervención presentada por Nicaragua el pasado 22 de enero, la cual fue dada a conocer por la CIJ el 8 de febrero del 2024: véase nuestra nota previa titulada «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel«.
Ahora bien, adicionalmente a esta solicitud de intervención como Estado tercero en la controversia que opone Sudáfrica a Israel, Nicaragua interpuso una demanda ante la CIJ, esta vez contra Alemania. Esta demanda fue acompañada como precisado con anterioridad, de una solicitud urgente de medidas provisionales de carácter urgente.
Esta iniciativa se registró formalmente el 1ero de marzo (véase texto oficial de su demanda), haciendo ver Nicaragua en su escrito que Alemania está ignorando con su actuar y con sus declaraciones oficiales a favor de Israel, las obligaciones que todo Estado Parte a la Convención contra el Genocidio de 1948 debe respetar, incluyendo la de prevenir un nuevo genocidio, en particular si se trata de un Estado exportador de armas hacia Israel.
La demanda también cuestiona la decisión de Alemania de suspender sine die sus contribuciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA), una decisión tomada con varios otros Estados a raíz de acusaciones lanzadas por Israel contra esta agencia de Naciones Unidas: como detalle de interés, estas acusaciones israelíes se dieron pocas horas después de darse a conocer la ordenanza de la CIJ del 26 de enero. ¿Mera coincidencia de calendario o sutil maniobra para desviar la atención ante el rotundo fracaso diplomático israelí en La Haya?
Al 1ero de marzo, Israel no había aún enviado las «pruebas irrefutables» a los investigadores de Naciones Unidas (véase nota de The Guardian). Al respecto, cabe señalar que el pasado 10 de marzo, Suecia y Canadá anunciaron volver a financiar a esta importante agencia humanitaria (véase nota de la BBC), al igual que Australia, anuncio dado a conocer el pasado 15 de marzo por las autoridades australianas (véase nota de la agencia AP). Noruega por su parte había indicado que no suspendería sus contribuciones hasta tanto se den a conocer las «pruebas contundentes» sobre el supuesto involucramiento del personal de esta agencia en el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre (véase nota del Times of Israel del 1ero de febrero). Un primer artículo del New York Times del 3 de marzo (véase texto) y una nota de la BBC del 11 de marzo señalan que las supuestas «pruebas irrefutables» de Israel contra varios funcionarios de la UNRWA fueron obtenidas mediante confesiones después de recurrir a amenazas, intimidaciones, tortura y maltratos de toda índole. Un dato para contraponer con la ligereza con la que se tomó la decisión inicial de suspender la contribución a la UNRWA por parte de Alemania, de Estados Unidos y de otros Estados, con base en la única información proporcionada por Israel (Nota 2). En el caso del Reino Unido, la cadena de noticias AlJazeera concluyó un extenso reportaje publicado el 13 de marzo cuya lectura se recomienda (véase enlace) señalando que: «Al Jazeera will continue to pursue its request that the UK Foreign, Commonwealth and Development Office share the Israeli allegations against UNRWA it received«.
Sobre Nicaragua y las transferencias de armas hacia Israel, es menester señalar que un mes antes, el 1ero de febrero del 2024, un comunicado oficial de Nicaragua advertía a Alemania, Canadá, Países Bajos y Reino Unido de una acción en ese sentido: véase al respecto texto de dicho comunicado reproducido en este enlace del medio El19Digital de Nicaragua. En este documento de anexo a la demanda de Nicaragua, se puede conocer el detalle del contenido de la misiva inicial de Nicaragua a Alemania (a páginas 2-9).
Al parecer, al menos por el momento, es contra Alemania que Nicaragua ha decidido concentrar su accionar ante el juez de La Haya. No se explicita en su escrito las razones exactas por esta escogencia entre los Estados proveedores de armas a Israel.
En el caso de Países Bajos, el pasado 12 de febrero, las autoridades de Israel fueron informadas de una sentencia de una corte nacional que ordena el cese inmediato de exportaciones de componentes hacia Israel para aviones de combate F-35 desde Países Bajos (véase nota de la BBC del 12 de febrero). En el caso de Reino Unido se indicó el 21 de febrero (véase nota de The Guardian) que de lanzar Israel su ofensiva sobre Rafah, se suspenderían las exportaciones de armas del Reino Unido hacia Israel. En el caso de Canadá, se informó el 14 de marzo (véase nota de CBC News) que una solicitud de Israel de vehículos militares – posiblemente de carácter urgente – está siendo tramitada de manera poco expedita por parte de las autoridades canadienses.
Las transferencias de armas hacia Israel ante un juez internacional que calificó de «plausible» el riesgo de genocidio en Gaza
En una reciente nota de prensa de EuroNews con fecha del 11 de marzo sobre el comercio mundial de armas, se indica que:
«The US and Germany accounted respectively for 69% and 30% of arms imports by Israel, which is currently fighting a deadly war against Hamas in Gaza which killed over 30,000 people, most of whom were civilians«.
No se ha tenido acceso a la fecha a algún informe técnico o cuadro comparativo de carácter público, publicado en un centro especializado sobre transferencia de armas, con relación a la proveniencia exacta de las armas, municiones y componentes electrónicos que importa Israel para equipar a su ejército (y se agradece desde ya a nuestros estimables lectores referirlo al autor si saben de su existencia enviando un mensaje a: cursodicr(a)gmail.com). Si el dato anteriormente señalado es confirmado, Alemania sería el segundo Estado en suplir de armas a Israel después de Estados Unidos.
En su demanda contra Alemania, Nicaragua indica (párrafo 53):
«53. /…/ By the end of 2023, the German Government had granted military exports to Israel in the amount of 326,505,156 euros. On January 2024, German media reported that Israel had made a request for tank shells, especifically 10,000 120-millimeter Rheinmetall precision rounds. Der Spiegel reported that Germany had agreed to deliver the request from its own stocks in order to be able to comply with the “urgency”. According to information made available by the German Government, export licences granted between January 2024 and 15 February 2024 concerned military equipment worth 9,003,676 euros».
Cabe indicar que el comercio de armas constituye un ámbito específico del derecho internacional público, con ramificaciones en el derecho interno cuando hay riesgos de ser mal utilizadas, y con un régimen jurídico que entraña responsabilidades en lo interno de los Estados exportadores de armas, como bien se analizó en un documento publicado en el 2021 que concluye (página 53):
«Legal challenges are gradually becoming a pragmatic response in the face of apparently unlawful decisions by arms exporting states. Governments should recognise this shift and the possibility that their decisions on arms exports will increasingly be subject to legal challenges before domestic courts. Their decisions must be able to withstand judicial oversight and must conform with obligations under both international and domestic law» (Nota 3).
Es de notar que el pasado 6 de marzo, la presión se ha hecho mayor sobre el Poder Ejecutivo norteamericano al publicar el Washington Post un reportaje titulado «U.S. floods arms into Israel despite mounting alarm over war’s conduct» (cuya lectura completa se recomienda), en el que se evidencia la total opacidad de las transferencias de armas de Estados Unidos hacia Israel desde el 7 de octubre.
Desde el punto de vista jurídico, no está de más señalar que ni Israel ni Estados Unidos son Estados Parte a la Convención sobre el Comercio de Armas adoptada en el 2013, cuyo número de Estados Parte asciende a 113 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los cinco Miembros Permanentes, únicamente Estados Unidos y Rusia persisten en no someterse a las obligaciones que contiene este tratado multilateral.
Con relación a Estados Unidos y a la opacidad antes señalada, hay que añadir la comprensión limitada que tiene el gran público norteamericano de la realidad que se vive en Gaza, y la manera tan parcializada de dar cobertura periodística en Estados Unidos al drama inhumano que se vive en Gaza: al respecto, se recomienda escuchar esta reciente (y muy completa) entrevista de Democracy Now.
Finalmente, en el caso de Francia, una pregunta muy precisa hecha desde el 7 de marzo del 2024 al Ministerio de Defensa galo por parte de una senadora con relación al uso dado a componentes militares de tipo «ML4» exportados hacia Israel (véase pregunta), espera una contestación. Una pregunta anterior más general hecha en noviembre del 2023 fue contestada en febrero del 2024. En la respuesta se concluía (véase enlace) que:
«La France a rappelé le droit d’Israël à se défendre, qui doit s’exercer dans le respect du droit international humanitaire. Le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire par le pays destinataire, de même que les conséquences pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales, sont pleinement pris en compte dans le cadre de l’examen des exportations de matériel de guerre par la CIEEMG. Cette stricte grille d’analyse n’a pas conduit à suspendre intégralement le flux d’exportations de matériels de guerre depuis le 7 octobre 2023«.
La petitoria final de Nicaragua en breve
En su solicitud a la CIJ enviada por Nicaragua, y más específicamente en la parte final de su petitoria en la que le pide a la CIJ ordenar medidas provisionales de carácter urgente contra contra Alemania, se lee que Nicaragua solicita diversos puntos a los jueces de la CIJ, a saber (párrafo 101):
«…, Nicaragua respectfully requests the Court, as a matter of extreme urgency, pending the Court’s determination of this case on the merits, to indicate the following provisional measures with respect to Germany in its participation in the ongoing plausible genocide and serious breaches of international humanitarian law and other peremptory norms of general international law occurring in the Gaza Strip:
(1) Germany shall immediately suspend its aid to Israel, in particular its military assistance including military equipment, in sor far as this aid may be used in the violation of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law such as the Palestinian People’s right to self-determination and to not be subject to a regime of apartheid;
(2) Germany must immediately make every effort to ensure that weapons already delivered to Israel are not used to commit genocide, contribute to acts of genocide or are used in such a way as to violate international humanitarian law;
(3) Germany must immediately do everything possible to comply with its obligations under humanitarian law;
(4) Germany must reverse its decision to suspend the funding of UNRWA as part of the compliance of its obligations to prevent genocide and acts of genocide and the violation of the humanitarian rights of the Palestinian People which also includes the obligation to do everything possible to ensure that humanitarian aid reaches the Palestinian people, more particularly in Gaza;
(5) Germany must cooperate to bring to an end the serious breaches of peremptory norms of international law by ceasing its support, including its supply of military equipement to Israel that may be used to commit serious crimes of international law and that it continue the support of the UNRWA on which this Organizations has counted and based its activities«.
Al no ser Alemania el único proveedor de Israel en armas o en componentes electrónicos con fines militares, la petitoria de Nicaragua debería interesar a muchos otros Estados que son Estados Partes a la Convención contra el Genocidio de 1948; y de paso, interpelar (en Alemania) a colectivos de organizaciones sociales que, salvo error de nuestra parte, no se han preocupado por activar los mecanismos legales previstos cuando armas alemanas son exportadas hacia destinos donde es evidente su mal uso en contra de poblaciones civiles indefensas (Nota 4).
La insensatez de Israel en contra de la población civil de Gaza
El último informe de situación de Naciones Unidas al 15 de marzo del 2024 (véase informe) señala el nivel de insensatez al que se ha llegado en Israel, ignorando lo ordenado por la CIJ desde el 26 de enero del 2024, al leerse que:
«Intense Israeli bombardment and ground operations as well as heavy fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups continue to be reported across much of the Gaza Strip, particularly in the Hamad area of Khan Younis, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction of houses and other civilian infrastructure.
Between the afternoon of 14 March and 10:30 on 15 March, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 149 Palestinians were killed and 300 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 10:30 on 15 March 2024, at least 31,490 Palestinians were killed in Gaza and 73,439 Palestinians were injured, according to MoH in Gaza.
Between the afternoons of 14 and 15 March, according to the Israeli military, there were no Israeli soldiers killed in Gaza. As of 15 March, 247 soldiers have been killed and 1,476 soldiers injured in Gaza since the beginning of the ground operation, according to the Israeli military. In addition, over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, the vast majority on 7 October. As of 15 March, the Israeli authorities estimate that 134 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including fatalities whose bodies are withheld».
Con relación a los saldos de muertos y heridos que proporciona Naciones Unidas, remitimos a una respuesta que debimos de dar a la embajadora de Israel en Costa Rica, en el marco de un foro público organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR) el 13 de marzo del 2024 y titulado «Historia y desinformación: perspectivas críticas sobre el conflicto Gaza /Israel«: de manera bastante cuestionable, la máxima representante de Israel en Costa Rica consideró útil y oportuno «advertir» horas antes del evento a sus organizadores, de la falta de validez de las cifras sobre muertos y heridos en Gaza que circulan (véase respuesta nuestra en el video de la actividad, a mn. 1:25:11). No está de más señalar que, 24 horas después de ese foro, se informó que el Rector de la UCR declinó una invitación de la misma diplomática israelí para una reunión en su casa (véase nota del Semanario Universidad del 14 de marzo del 2024).
Es de señalar que, contrariamente a lo que uno esperaría de un Estado objeto de una ordenanza proviniendo de la CIJ, Israel ha recrudecido sus acciones para impedir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza desde el pasado 26 de enero. Un reciente informe elaborado por la ONG británica OXFAM, titulado «Inflicting unprecedented suffering and destruction: seven ways the government of Israel is deliberately blocking and/or undermining the international humanitarian response in the Gaza Strip» (véase enlace) concluye (página 15) que:
«Humanitarian access in the Gaza Strip has effectively worsened since the International Court of Justice ordered Israel to ‘‘take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip’. The continued deliberate deprivation of access to basic assistance directly increases starvation against the backdrop of a serious risk of genocide«.
A modo de conclusión
La premura de la CIJ en convocar a audiencias en el caso de Nicaragua contra Alemania responde a la urgencia total ante el drama inhumano al que Israel somete a la población civil palestina desde la tarde/noche del 7 de octubre. Notemos que estas audiencias iniciarán justo 24 horas después de cumplirse 6 meses desde el 7 de octubre del 2023.
Desde el punto de vista jurídico, cabe precisar que Alemania es Estado Parte a la Convención sobre el Comercio de Armas del 2013 (véase texto completo), cuyo artículo 6, inciso 3 se lee de la siguiente manera:
«3. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte» (el subrayado es nuestro).
Siendo la Convención contra el Genocidio de 1948 una convención ratificada por 153 Estados (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), y habiendo sido dictaminada la ordenanza de la CIJ el 26 de enero del 2024 refiriendo a una riesgo «plausible» de genocidio en Gaza, interpela el hecho que solamente Nicaragua haya iniciado una acción de esta naturaleza en contra de Estados que exportan armas hacia Israel: ¿qué esperarán todos los demás?
Más allá de la demanda de Nicaragua contra Alemania, el recurso a la justicia internacional para frenar los ímpetus de Israel en el territorio palestino ocupado constituye una vía idónea, dada la actitud desafiante de las actuales autoridades israelíes.
Con relación al papel de la justicia internacional para mediar en el conflicto entre Palestina e Israel, en una de las intervenciones hechas a nombre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) ante los jueces de la CIJ recientemente por una jurista gala de gran trayectoria – cuya lectura completa se recomienda -, en el marco de un procedimiento consultivo iniciado en diciembre del 2022, se indica en sus conclusiones que (véase texto completo y video reproducidos por la AURDIP):
«30. Et pour finir, je voudrais, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, vous citer les propos du contre-amiral israélien Ami Ayalon, qui a dirigé pendant plusieurs années le service du renseignement intérieur israélien. Son chemin personnel l’a amené à s’interroger sur la notion d’ennemi et à mesurer l’impasse où se trouve Israël en ayant choisi la répression violente pour accompagner son refus de la solution politique. Et il conclut une interview donnée il y a quelques semaines à un quotidien français en disant : « La communauté internationale devrait jouer un rôle bénéfique. Nous avons besoin que quelqu’un de l’extérieur nous éclaire sur nos erreurs »».
– – Notas – –
Nota 1: Cuba no tiene relaciones con Israel desde 1967. Por su parte Venezuela rompió sus relaciones diplomáticas con Israel en enero del 2009, a raíz de la dramática ofensiva militar en Israel observada entre diciembre del 2008 y enero del 2009 (véase nota de prensa de El Pais /España). Al igual que Venezuela en el 2009, Bolivia también rompió sus relaciones diplomáticas con Israel, las reanudó oficialmente a finales del mes de noviembre del 2019 (véase nota de prensa del 2019 de la agencia turca de noticias TRT) para suspenderlas el pasado 31 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial de Bolivia de la misma fecha). El 14 de noviembre del 2023, Belice optó por tomar una medida similar a la de Bolivia (véase comunicado oficial).
Nota 2: Se leyó en el New York Times del 28 de enero que (véase artículo completo):»Two Western officials confirmed on the condition of anonymity that they had been briefed on the contents of the dossier in recent days, but said they had not been able to verify the details. Although the United States has yet to corroborate the Israeli claims itself, American officials say they found them credible enough to warrant suspending aid «. Se esperaría de periodistas y círculos de investigadores una profusa investigación para corroborar la fecha exacta de los «recent days» señalados en este extracto. Ello de manera a saber si más allá de un mera coïncidencia del calendario, se trató de una operación de comunicación de Israel tendiente a desviar la atención de la comunidad internacional sobre el alcance de la ordenanza de CIJ leida el 26 de enero del 2024 en La Haya. No estaría de más investigar a partir de qué elementos aportados, el Presidente de Estados Unidos se refirió a pruebas «highly highly credible» el 30 de enero (véase nota del Timesof Israel).
Nota 3: Véase ATT Expert Group, Domestic accountability for international arms transfers: Law, policy and practice, Saferworld, 2021, 54 páginas. Texto disponible haciendo click en «donwload» aquí. Véase también con relación a la normativa regional de la Unión Europea en la materia MERLIN J.-B., «Les contentieux nationaux relatifs à la vente interétatique d’armes«, Vol. 65 Annuaire Français de Droit International, Année (2019) pp.71-103. Texto integral de ese artículo disponible aquí. En Canadá y el debate sobre la ilegalidad de las armas enviadas a la coalición liderada por Arabia Saudita en la guerra civil en Yemen, véase AZAROVA V., DAVID E., TURP D., WOOD B., Opinion on the International Legality of Arms Transfers to Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Other Members of the Coalition Militarily Involved in Yemen, IPIS, 102 páginas, December 2019. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: En octubre del 2018, Alemania suspendió sus exportaciones de armas hacia Arabia Saudita, en razón de las exacciones cometidas en Yemen por la coalición liderada por Arabia Saudita contra civiles yemenitas y el vil asesinato de un perdiodista saudí en el Consulado saudita en Turquía (véase nota de la DW). Unos años antes, en febrero del 2011, Francia decidió suspender toda exportación de armas hacia Egipto, ante la brutal represión de manifestantes (véase nota de Le Monde). Más recientemente, en junio del 2020, fue España la que optó por suspender el envío de 600.000 cartuchos a Nicaragua debido a la represión desproporcional en contra de manifestantes por parte de las autoridades policiales nicaragüenses (véase nota de Mesa Redonda).
A veces nos olvidamos de que mucha gente que hoy convive con nosotros no tiene ni idea de acontecimientos que ocurrieron y que fueron moldeando y estableciendo los patrones de conducta y de consumo que hoy tenemos.
Los que nacieron del año 1985 en adelante no tienen ni idea de la revolución en Cuba y en Nicaragua, como muchos no tuvimos idea de la primera ni la segunda guerra mundial.
El problema es que los que nacimos antes del 65 teníamos una formación y educación diferente y conocimos la historia y supimos de su incidencia en lo que estábamos viviendo.
Ahora es diferente, los jóvenes en su mayoría no conocen de historia y su educación ha sido muy deficiente y especialmente en historia y cívica, y es por eso por lo que los de antes nos preguntamos que irá a pasar con los de ahora.
Lo ideal es que conocieran de la historia y del por qué hoy estamos como estamos, llenos de corrupción, de indigencia, de sicarios, de muertes, de violencia, de políticos que no les importa un bledo ni el país ni su futuro. Si pudieran conocer de todo eso y si fueran realmente responsables asumirían una posición de mayor compromiso y participación y dejarían la indiferencia a un lado.
Dios quiera que llegue a suceder algo así para bien de todos.
Una investigación reciente de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense, por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y el cambio climático señala aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales frente los desafíos del sistema alimentario.
El informe afirma, que, si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.
Agrega que, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.
La Defensoría de los Habitantes concluye que, si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.
La investigación permitió también, determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa
Entre los retos que persisten, indica que es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.
Además, apunta, que se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes.
En materia de cambio climático, establece que urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.
La Defensoría de los Habitantes, además le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.(Defensoría de los Habitantes, comunicado, febrero 2024)
En concordancia con el análisis de la Defensoría, en el mes de enero de este año, representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, demandaron al Gobierno una política clara que mejore la productividad y la competitividad del sector.
El presidente de la Cámara mencionó que preocupa el incremento de una canasta básica importada que no se traduce en mejores precios y que desplaza a los productores y a los miles de empleos que generan.
Señala que muchas veces se trata de productos que compiten desigualmente contra los nuestros, sea por prácticas desleales o bien porque sus productores reciben apoyos, soportes y ayudas internas inexistentes aquí.
Para la CNAA, la preservación de las actividades agrícolas es del más evidente interés público, por el desarrollo, los empleos y los encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras.
También expresaron la preocupación por las intenciones del Gobierno de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico y por la caída del tipo de cambio del dólar con respecto al colón que provoca la pérdida de competitividad en el mercado local y en el de exportación. (CRHoy.com,27-1-2024).
Como si esos señalamientos no fueran suficientes, en el mes de febrero, se dio a conocer la información con base en datos de la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, de que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024).
La mayoría de estas preocupaciones sobre el deterioro de las condiciones de producción de micro y pequeños productores, habían sido manifestadas el año anterior por las organizaciones agrícolas, Upanacional, UPIAV, UNAG y la Corporación Hortícola, durante la Marcha nacional en apoyo al Sector agropecuario del 29 de marzo en la que reclamaban una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo social y la soberanía alimentaria.
Igualmente fueron planteadas en la marcha del Sector agropecuario por la defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector, efectuada el 25 de octubre, en la que se demandó: No al bloque Alianza del Pacífico, Sí a la Comisión mixta en la Asamblea legislativa, Sí a la defensa de la institucionalidad del sector, Sí a la Soberanía alimentaria.
No obstante, los movimientos y demandas de las organizaciones, no han logrado detener las políticas que debilitan al sector y afectan a los productores nacionales en actividades específicas, como el caso de la política de la Ruta del Arroz, impulsada en julio del 2022 por el Gobierno actual mediante dos decretos que reducía considerablemente los impuestos a la importación y estimulaba la importación de arroz, con los consiguientes efectos sobre los productores locales y las áreas de producción de ese cultivo.
Así mismo, el Gobierno propuso a mediados del año anterior, un proyecto de ley para reformar la Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, dirigido a concentrar las decisiones en el Ministro de la cartera y eliminar potestades a las entidades especializadas, como el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara) y Servicio Fitosanitario del Estado, en una intencionalidad de imponer un modelo centralista y piramidal y convertirlas en meras entidades técnicas.
A finales del año anterior, también se propuso un proyecto de ley de reforma a la ley de Ferias del Agricultor, que pretende eliminar la Junta Nacional de Ferias y trasladar la coordinación de las ferias al Programa de Mercadeo Agropecuario (PIMA), que pretende institucionalizar el manejo de las ferias y atentar contra el manejo autónomo de las mismas por parte de los productores.
Estos proyectos de ley se encuentran en discusión en la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y han sido consultados a gran cantidad de instituciones y organizaciones del sector, que hacen prever dictámenes poco favorables a su aprobación.
Estos proyectos particulares, aunque no proponen transformaciones de fondo en la actividad agropecuaria, podrían continuar deteriorando la institucionalidad del sector agropecuario y las condiciones de producción y comercialización en que se encuentran los pequeños y medianos productores sobre todo vinculados al mercado interno.
Esta problemática ya había sido analizada en una propuesta de política agroalimentaria alternativa elaborada hace una década por el Foro de Políticas Agrícolas de Santa Bárbara.
En la situación de la producción agroalimentaria para el mercado interno, esa propuesta señalaba que:
La mayoría de los agricultores que producen para el consumo interno tienen escasa rentabilidad, provocada por bajos rendimientos y problemas de precios y de mercados.
Además, esa agricultura se ve amenazada por:
-las importaciones de alimentos básicos con precios subsidiados
-la inestabilidad de las cosechas por cambios climáticos
-el descenso en las áreas dedicadas a la producción por altos costos de producción.
En consecuencia, URGE definir una estrategia de nuevas políticas para mejorar esta actividad tan importante y estratégica para la economía nacional.
Frente a esa problemática, los elementos de la propuesta de políticas eran:
Mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno.
Democratizar el acceso al crédito para la pequeña producción (Banca de Desarrollo)
Promover la innovación y de desarrollo de tecnologías sostenibles
Mejorar la gestión de los servicios de apoyo agropecuario que ofrece el Estado.
Fomentar la Agroindustria y el valor agregado de las actividades agropecuarias
6.Formular un proyecto de ley marco en seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. (Propuesta de política agroalimentaria para el mercado interno,Grupo de Políticas Agrícolas,octubre 2014)
Debido a que la situación actual de la producción agroalimentaria es similar a la de hace una década y podría tender a agudizarse, la propuesta mencionada sigue siendo válida y demandaría un nuevo esfuerzo conjunto e integrador de todos los sectores hacia la formulación de una política agroalimentaria sostenible, incluyente y soberana.
Debemos cambiar la dinámica agroproductiva de los últimos 40 años que hizo del país uno de los más dependientes de la producción externa y uno de los más desiguales, con una pobreza rural creciente.
El país y sus regiones eran soberanos y autosuficientes en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y hasta los huevos, el azúcar y el café.
No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transición agroecológica de la actividad agrícola.
Una transición agroecológica que haga más sostenible ambientalmente la producción agroalimentaria, más justa y equitativa la participación de los productores y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos.
La propuesta debe incluir un programa de precios de garantía y de acceso a mercados, un nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores (fondo agrícola de banca para el Desarrollo) y un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a los condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad.
Un componente adicional, es el impulso de un programa de manejo postcosecha y agregación de valor, para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial y sellos de origen, junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales y regionales alternativos y justos.
Debe considerar también, programas para que las mujeres y los jóvenes rurales sean titulares de derechos y concesiones de tierra y reciban capacitación para integrarse a la producción agrícola.
Es necesario también perfeccionar los mecanismos de transferencias de apoyos sociales, para que éstos vayan dirigidos a las familias rurales de escasos recursos, como un bono rural que les permitan mantenerse en la producción agroalimentaria y contribuir a reducir la pobreza rural.
Todo ese esfuerzo propositivo, debe coronarse con la formulación y puesta en ejecución de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las condiciones externas de precios y mercados y de los cambios en las políticas internas de desestímulo e importación y de los riesgos y vulnerabilidades generados por fenómenos climáticos.
El proyecto de «Ley para declarar Costa Rica como país libre de exploración y explotación de petróleo y gas» (expediente N° 23.579), demanda ser aprobado urgentemente, para cortar de raíz la grave amenaza que hoy se cierne sobre nuestra Patria.
Y es que no es cuento, el peligro está latente, mientras se puedan otorgar PERMISOS y CONCESIONES, para que el mismo Estado (vía permisos) o empresas privadas, presumiblemente extranjeras, con o sin testaferros (vía concesiones), pudiesen lanzarse a diestra y siniestra, a buscar hidrocarburos en el subsuelo costarricense. Cabe resaltar el detallazo de prohibir el otorgamiento de «permisos», pues con ello se evita que el Poder Ejecutivo, con el impulso de un ministro cualquiera de Obras Públicas y Transportes, o de Ambiente, ¡como sucediera con ambos!, se impusieran como tarea medular, la tan destructiva tarea de buscar yacimientos, con la ocurrencia de hacerlo por medio del ICE que se encargaría de las perforaciones, como lo propuso el presidente ejecutivo de Recope, ahora a cargo del abastecimiento eficiente del agua potable. Cuando se prohibió la explotación minera a cielo abierto, solo se incluyó la prohibición de otorgar concesiones (obviamente a privados), pero no el otorgamiento de permisos, por lo que el Estado no tiene impedimento legal para, por ejemplo, explotar el oro de la mina en Crucitas, para aprovecharlo en el marco de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Gracias a esa redacción, tenemos la feliz oportunidad de dedicar más de US$120 millones anuales, para la atención médica de la creciente población de adultos mayores, en lo que hemos propuesto, sería un hermoso sistema hospitalario que hemos denominado “Hospital del Oro”. Pero bueno, volvamos al petróleo.
Reconocemos, que, algunas personas, gobernantes o no, después de estar escuchando por años a ciertos personajes, afirmar sin sonrojarse siquiera, que nuestro país esconde en el subsuelo gigantescas reservas de petróleo y gas metano, que nos permitirían saltar al grupo selecto de riquísimas naciones petroleras, se han creído ese cuento. Y ha sido así, pues, se han atrevido incluso, a dar cifras en centenares de miles de millones de dólares, que como no se podrían invertir sino en muchos años, se podrían ofrecer en Wall Street… por lo que no faltan quiénes se han frotado las manos, viéndose como ciudadanos del país más rico del continente.
Todo ello, sobra decir, sin poder mostrar ni un barril lleno de ese supuesto petróleo, que haría ricos a los promotores nacionales, gracias a las jugosas comisiones que, ellos esperan, pagarían los consorcios extranjeros, a los que, brindando “asesorías”, logren eliminar de la legislación tica, los conocidos impedimentos, que al lograrlo gracias a sus “contactos” a los más altos niveles gubernamentales y empresariales, les pudieren abrir, de par en par, las puertas que les permitan formalizar con el Estado costarricense, los respectivos contratos de exploración y contratación, sin tener que hacer sustanciosas inversiones financieras. Y todo bajo la sombrilla de una entreguista Ley de Hidrocarburos, que determina beneficios económicos extraordinarios a favor de las petroleras extranjeras.
Los que han venido pujando desde Zapote, unos pocos gremios de profesionales, organizaciones empresariales y algunos individuos «dispuestos a sacrificarse», ocultan que, detrás de esas iniciativas se esconde algo realmente tenebroso para Costa Rica, al enfrentarnos al dilema de escoger, entre un desarrollo turístico sustentado en nuestra riqueza ambiental, o entre un amenazante e imprevisible, «desarrollo» a partir de un supuesto «oro negro», que, reiteramos, NADIE podría afirmar con certeza, existe en nuestro pequeño y vulnerable país. Y es que hay que tener presente, que, pese a la «tecnología de última generación«, que siempre ofrecen sería utilizada, múltiples ejemplos tenemos de desastres ambientales, intrínsecos a la industria petrolera.
Por ello, el solo anuncio de esa posibilidad, acabaría inmediatamente, con potenciales inversiones en infraestructura turística, y provocaría comprensible desazón, entre los que hoy luchan por sacar adelante sus, mayoritariamente, pequeños proyectos hoteleros. La degradación instantánea del prestigio ambiental de Costa Rica, además de la vergüenza que nos provocaría como Estado, no es algo menor. Asimismo, los compromisos adquiridos formalmente, ante la comunidad de las naciones, en pro de mitigar los efectos del cambio climático, comprometiéndonos con los principios del desarrollo sostenible, se irían al carajo. Y todo para que, como es muy posible, sean vanos los intentos, por encontrar cantidades comerciales de petróleo de calidad, que pudiesen llenar las expectativas, de los amantes de los hidrocarburos causantes del desastre climático que ya el planeta está sufriendo.
Finalmente, invitamos a reflexionar a los amigos lectores, sobre lo que piensan sería el modelo de desarrollo de la Costa Rica actual, si en los años 80, durante el gobierno de don Luis Alberto Monge, se hubiese aprobado y construido un gigantesco oleoducto interoceánico, desde Limón a Guanacaste. Resulta que la terminal en la costa del Pacífico, infraestructura para la recepción de inmensos petroleros, con su correspondientes muelles y gigantescos tanques de almacenamiento, para bombear 1.200.000 barriles de petróleo diarios de costa a costa, se habría ubicado donde hoy, en tierras del Estado, se levanta el proyecto turístico Golfo de Papagayo, motor indiscutible del desarrollo turístico de Costa Rica, o sea, en la península de Nacascolo y sus magníficas playas, en playa Panamá y en bahía Culebra. ¿Se habría constituido el turismo en la principal fuente de empleo y divisas extranjeras, de haberse levantado ese complejo petrolero en ese vital centro de turismo? ¿Cuánto habríamos perdido, como nación, si tal fuente constante de contaminación hubiera evitado el empuje turístico que hoy conocemos?
Pues amigos, es conveniente que esa lucha realizada hace 40 años, fuertemente criticada entonces por los que soñaban con falsos beneficios económicos, sirva de ejemplo para reflexionar, repetimos, acerca de la trascendencia del proyecto de ley que hoy apoyamos con entusiasmo, pues, sin duda, es de significativa importancia para la Patria.
Si algo nos indicaban los resultados de las recientes elecciones municipales no era solo el arcoíris con el que se colorearán las municipalidades a partir de mayo próximo, sino cómo esa configuración política está expresando un rápido deslizamiento político ideológico del país hacia la derecha y al conservadurismo, por un lado, y al ensanchamiento de las brechas sociales, de las desigualdades y las exclusiones, y, quizás, de peligrosas fracturas territoriales, por el otro; sin que este resultado ni el rumbo en el resto de los escenarios políticos esté marcando ningún giro esperanzador para el futuro del país.
Ese resultado manifiesta la caída tendencial, de largo plazo, del bipartidismo histórico que marcó la alternancia entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, tanto a nivel nacional como provincial y local. De 84 alcaldías, juntos ganaron 49, o sea el 58 por ciento de los municipios. El PLN resultó ser el más castigado, pero el PUSC apenas logró hacer un reacomodo territorial de sus votos para alcanzar 5 alcaldías más que en 2020, pues en número de votos a nivel nacional no creció, sino que perdió más de un centenar de votos. Fue la aritmética local la que le ayudó.
Sin duda, en cada periodo electoral se producen reacomodos que pueden cambiar los mapas, algo parecido a la activación que se observa con los enjambres sísmicos. Pero en esos huecos que van dejando localmente los cambios de las hegemonías cacicales, no emergen salidas políticas que contengan respuestas esperanzadoras a los caldos de cultivo de la descomposición social, ni siquiera remaches a las fracturas y menos frenos al acercamiento acelerado a los abismos. Ni el PLN y mucho menos el PUSC escapan a la derechización política y al conservadurismo. Y las otras opciones que esperábamos más progresistas están estancadas o quizás también en caída.
Ese deslizamiento, casi sin freno, a un abismo de crisis ha sido causado por una intensa acumulación de tensiones sociales, de los cuales situaciones como el aumento de la desigualdad y de la pobreza, la delincuencia y la inseguridad, la desconfianza social en las instituciones son sus irrupciones en la superficie. Pero esa misma crisis expresa un deterioro de la conciencia cívica, de la crítica y de la rebeldía social frente al statu quo.
Nos falta preguntarnos sobre la (re) configuración territorial del poder y de la dominación en Costa Rica a partir del juego de fuerzas en la escala local. Para eso habrá que leer lo que ocultan las banderas que colorearán a cada municipalidad, pero también más allá y, sin caer en maniqueísmos ni determinismos, conjeturar un poco sobre el movimiento de las dinámicas locales. No hay leyes físicas para explicar esto y nos falta investigación social sobre esos escenarios.
También posiblemente las banderas nos dirán muy poco, sobre todo porque el abstencionismo tiene una oculta que no sabemos cómo colorear. Pese a que alcanzó el 68 por ciento, la estadística electoral en vez de colorearlo, lo sombrea bajo el sofisma de la poca conciencia y compromiso cívico de los abstencionistas. Los abstencionistas, creo yo, nos están diciendo otras cosas y quizás son evidentes, pero eso no estuvo ni está en la agenda de los partidos. Algunos apostaron por mantener el abstencionismo a raya y moverse dentro de círculos de electores manipulables.
Todo lo anterior es la expresión no de una sino de múltiples fracturas. Estamos viviendo sobre un enjambre socioterritorial que políticamente no se termina de acomodar, pero como en la sismografía se van acumulando tensiones y generando simultáneamente una liberación de energías que podría ser gradual o llevarnos a una catástrofe. También no podemos obviar que la cartografía política posiblemente esté expresando las distorsiones de la fragmentación derivada de la división territorial por cantones, cosa que no parece solucionarse en breve pues abundan caudillos locales con sueños imperiales y diputados que convierten la creación de nuevos cantones en moneda de cambio.
En fin, como mera especulación final agrego que quizás debamos seguir preparándonos para otros posibles nuevos remezones, la rebatiña que está protagonizando el refrito que nos gobierna apenas parece anunciarnos que todavía tendremos que ver mucho más de aquí a las próximas elecciones.
(*) Sociólogo, comunicador social e internacionalista.
Mas allá de cualquier situación anómala, alrededor de la contratación para construir, o arreglar la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, lo que tendrá que dilucidarse, ojalá con gran trasparencia y conocimiento público, lo que se ha desatado es un escándalo político, cosa que le gusta impulsar al presidente Chaves, como elemento distractor de la realidad política nacional.
Para mí, lo sucedido, con la forma realizada de la destitución del Ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación Civil, estando ellos en viaje oficial en Canadá, viaje con conocimiento y acuerdo del Presidente Chaves, y de las instancias administrativas correspondientes, fue una verdadera cochinada, una asquerosidad de actuación gubernamental, de deslealtad mínima hacia colaboradores, de la presidencia de la República, que mide, ubica y exhibe, una vez más, al Presidente; no a los destituidos.
La destitución del ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación Civil, no obstaculiza ni impide lo que tiene que resolverse en el Aeropuerto Daniel Oduber. La situación hay que atenderla, con la empresa calificada que pueda resolver los arreglos que tengan que hacerse. Esto está ligado a la responsabilidad de manejo de aeropuertos internacionales, que están también regulados y vigilados por la IATA, lo que debe preocuparnos como país, por el papel que hoy tiene el turismo extranjero en Costa Rica, y por la cantidad millonaria de turistas que llegan a Liberia anualmente.
La destitución realizada fue un acto qué, por su naturaleza, envía un mensaje directo a todos los miembros del Consejo de Gobierno, y a todos los funcionarios de nombramiento del Presidente, o del Gabinete ministerial. Ninguno está seguro, en sus actuaciones dirigidas por el presidente, aunque viajen con su autorización oficial. Todos están sujetos a las condiciones hepáticas, biliosas, atrabiliarias del presidente… hasta el país. Todos los ciudadanos, todos los sectores sociales, económicos, políticos y productivos penden y están sujetos a estos estados biológico-patológicos del presidente… ¡cosa muy grave!
Es claro que los ministros son de nombramiento del presidente, y que solo él los puede destituir. Eso no está en discusión. El que nombra destituye. Es la forma lo que ha trascendido como presunto escándalo político y de posible corrupción pública, situación que no era de desconocimiento del presidente, por la forma como se giró instrucciones para las instancias, que no eran las pertinentes, que resolvieron el trámite del arreglo del aeropuerto de Liberia. Por eso, en la destitución del ministro, y su sustitución, inmediatamente el presidente giró instrucciones, al nuevo jerarca de Obras Públicas, para que destituyera al director de Aviación Civil, puesto que sí dependía jerárquicamente del ministro y no del presidente.
La otra parte del mensaje cifrado, que le debe llegar a los miembros del Consejo de Gobierno, y a los funcionarios que el presidente nombra, es que deben tomar precauciones de sus actuaciones institucionales, sobre todo cuando esas actuaciones son directamente diseñadas, vigiladas, en cierta forma interesadas del propio presidente, y por ello ejecutadas indirectamente, o en paralelo, con el funcionario, de manera que ante una situación que luego se presenta en la forma como irregular, a cargo del funcionario, y no del presidente, deben tener a resguardo su espalda y asegurados los pasos de sus actuaciones, donde quede precisa la huella indeleble también del mandatario, sabiendo, sobre todo que el presidente los deja solo, a la intemperie del aguacero, a cielo descubierto, sin resguardo alguno.
Si esas precauciones incluyen grabaciones, como las que realizó, en su momento, la entonces ministra de Comunicación, son válidas; no solo para proteger al funcionario, que puede ser embarcado en una acción, que luego puede presentarse públicamente como dolosa, sino también para proteger la legalidad del acto, de la actuación, de lo realizado por el funcionario cuestionado. Así, se desprende, de lo actuado por el presidente… que todos los funcionarios de su nombramiento deben andar con su grabadorcita o tener su teléfono celular prendido en grabación… Ese puede ser su mejor seguro de vida, tal vez su garantía para no ser pasados a la Fiscalía, ni ser indagados judicialmente, aunque dicen que a todos los funcionarios que se reúnen con el presidente les revisan electrónicamente, no solo para ver si están armados, sino para detectarles cualquier dispositivo electrónico que porten. Si esto que se dice es real, lo que pone en evidencia es la desconfianza que se produce de cualquier conversación presidencial donde se traten asuntos de negocios del Estado o del Gobierno, discútanse o no montos de dineros, donde se trata de evitar que lo que no esté escrito no quede grabado. Esto es lo que públicamente se percibe de lo que sucede en Zapote.
Digo esto porque, para mí está claro que las actuaciones del ministro de Obras Públicas, y Trasportes y del director general de Aviación Civil, estaban con el aval y apoyo del presidente. Lo demás son discusiones de montos de dinero más, o montos de dinero menos, y de cuál empresa salió favorecida y cuáles perjudicadas, que es como se está presentando el caso del Aeropuerto de Liberia.
La destitución del Ministro de Obras Públicas y Trasportes y del Director General de Aviación, calza con lo que he afirmado en otros artículos, de la estrategia del caos, que el presidente trata de provocar, de desastre nacional, de crisis gubernativa o de gobernanza, que le permita preparar las condiciones para el ejercicio de un gobierno de fuerza, de excepción, o para preparar el intento de una posible convocatoria de un plebiscito o referéndum nacional, lo que se analiza en Zapote, para valorar las posibilidades de extender el mandato presidencial por una vía de excepción política, que no es fácil realizarla en Costa Rica.
La imagen de Bukele, solo falta que se coloque en el despacho del presidente, en apoyo a la idea centroamericanista que comparten, el presidente Chaves y el presidente Bukele, de El Salvador, con la posibilidad, de qué si el presidente Chaves no puede resolver los problemas nacionales, lo haga Bukele, como ya han empezado a proclamar algunos seguidores del actual gobierno. No sé si Bukele interviniendo directamente en la política nacional, cosa que no se podría, o como presidente centroamericano, formando nosotros parte de una nueva República Centroamericana, como la ha anunciado y proyectado Bukele, y como la acaricia Rodrigo Chaves. Sus flirteos con Bukele y el mismo Daniel Ortega tan solo son indicios, según se puede percibir.
La destitución realizada fue una carambola bien tirada del presidente. El presidente constantemente se luce como un buen billarista político. Sabe hacer, y está bien asesorado, en estas jugadas de distracción política en el escenario nacional. Por ahora yo lo veo así. Se presenta ante su audiencia fiel como el combatiente de la corrupción, de los supuestos chorizos y malos manejos de la cosa pública. Sus seguidores le aplauden en el circo que nos presenta.
Cuando en su gobierno, apenas de 22 meses, se han producido 42 cambios, a razón de uno cada quince días, lo que se evidencia es una crisis de gobierno, de conducción, de visión nacional, de no tener equipo de gobierno, de ausencia de un Gran Timonel, cuando el capitán del barco quiere realizar todas las funciones, que no puede dirigir.
La idea central de la crisis no está en las debilidades o falencias del presidente, sino en su mensaje de que no se le deja gobernar, como él quisiera, verticalmente, sin intromisión de organismos o instancias administrativas intermedias de control. Gira en lo que el presidente constantemente señala, que necesita que lo dejen gobernar, cómo él quiere dirigir el país, para lo que hay que eliminar a todos los funcionarios e instancias de control administrativo y político, que le estorban u obstaculizan su gestión autoritaria, como lo ha dicho claramente.
Cuando fui embajador en Venezuela conocí una situación similar de renuncias y cambios gubernamentales. Desde el 2000 hasta el 2009 el Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, también tenía una rotación, por destitución o cambios en Gabinete, muy similar al gobierno de Chaves, el costarricense. En Venezuela, 209 cambios en esos diez años. En una conversación que tuve con un alto funcionario de la Cancillería venezolana, le hice ver esa situación y cómo nos afectaba, en las gestiones diplomáticas que teníamos que realizar por medio de la cancillería, de atrasos burocráticos, en los trámites solicitados, y cómo creía yo que también afectaba a la propia obra gubernativa del Presidente Hugo Chávez. El funcionario tan solo me dijo: “Mire Embajador… Ese es el tiempo que da el Presidente Chávez”, frase que me quedó sonando… “tiempo Chávez qué da” … para robar…esa era la esencia. No es la situación de cambios ministeriales e institucionales que hay en el país, pero, ojalá no lleguemos a situaciones como ésa. No hay en Costa Rica los montos presupuestarios que puede generar una economía basada en la producción de petróleo y de gastos públicos, que autorizadamente el presidente puede gestionar casi discrecional y confidencialmente, como sucede en Venezuela. Pero, en grandes contrataciones para ciertos proyectos, pueden suceder “gastos”, “pagos” o “reconocimientos”, “favores”, como se señaló de una importante empresa constructora, en otros negocios de Estado, aún sin concluir sus indagaciones judiciales, en otros gobiernos, como se han conocido que ocurrieron en el país.
En torno a la bulla de la destitución del Ministro de Obras Públicas se ha cuestionado lo sucedido por su cercanía con el presidente Chaves, la consideración pública que se hacía de que era su delfín para la próxima campaña presidencial, de que hubiera manifestado públicamente que podría aspirar a una candidatura en esa dirección, que era el funcionario del Gabinete mejor calificado, que tenía mejor percepción pública que el mismo presidente, lo que sí afectaba el estado de ánimo presidencial, porque de las personas que le rodean y trabajan con él, nadie puede estar más arriba de la línea de flotación del presidente. Todo se hacía con conocimiento del presidente Chaves, y la buena imagen solo podía favorecer la imagen del gobierno y del presidente, aunque el presidente no lo entendiera o aceptara. Pero, volvemos a empezar de cero.
Dice mi buen amigo, el biólogo Freddy Pacheco, que el Ministro Amador “estaba en «alitas de cucaracha» por haber engavetado o destruido, proyectos como la autopista Barranca-Limonal, el urgentísimo tren metropolitano, una justa revisión vehicular, el regular ordenamiento vial, las carreteras a Cartago y Limón, el nuevo aeropuerto internacional en Orotina, con nueva carretera hacia el Pacífico (en lugar de la ocurrente ampliación de la ruta 27), el insostenible por ineficiente muelle de Caldera, el costoso espejismo de APM Terminals, el caos vial provocado por el puentecito del bajillo de Los Ledezma, el sueño irreal de la carretera a San Carlos, las decenas de puentes sin intervenir, los abandonados puentes peatonales, el incompetente proceso hacia la frustrada ciudad gobierno”.
Todo esto ocurría y se hacía al amparo y supervisión también del presidente de la República. Si todo esto es cierto, ¿cómo se había ganado tan buena imagen el ministro? Y, si todo eso es cierto, ¿había o no razón para destituirlo?, a pesar de que todo eso se hacía con el aval del presidente, y que “esa buena fama” le ayudaba a la imagen del gobierno. ¿Si todo eso es cierto, la responsabilidad compartida, del Ministro con el Presidente, vale o no para que el Presidente también renuncie, y deje su cargo?
La fresita del postre fue, como se ha dicho y publicado, una licitación para la urgente rehabilitación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, «a la medida» de la empresa MECO, que estaba cobrando cerca de mil millones de colones más, denunciado ante el presidente por sus amigos de las otras dos empresas, Pedregal y Hernán Solís, “como presunto acto de corrupción”, negociación que en alguna parte no se le consultó, participó o no fue atendido por el presidente Chaves, hasta que le advirtieron que estallaría el escándalo.
Alrededor de la destitución del ministro se movieron otras fuerzas, y personajes políticos y empresarios importantes, que sí tenían interés de sacar al ministro del escenario presidencial, por tener ellos ese interés presidencial, y por tener algunos de ellos gran influencia en el aparato de asesoría que gira alrededor del presidente, de quienes manejan hoy su estrategia electoral hacia las elecciones del 2026, y de la postulación del eventual relevo de Chaves. Esos asesores ya se mueven en la dirección de impulsar a un empresario, y financista, con lazos importantes internacionales, por ahora en la discreción pública de su conocimiento, como el natural relevo del presidente Rodrigo Chaves, con la certeza de que él no puede continuar continua o sucesivamente la presidencia como él quisiera.
Por ahora la candidatura de la ministra libertaria Natalia Díaz, no es la del presidente Chaves. La eventual candidatura de Natalia es, por ahora, la de la propia Natalia. Si la ministra llega a enero próximo, veremos si sigue o no en el gobierno por su propia voluntad, o se sale para lanzar su candidatura.
El ministro Amador promocionó su propia candidatura entre la afición chavista, poniéndole así, travesaños y zancadillas, a los deseos de los asesores de Zapote, a la misma ministra de la Presidencia, y a quien por debajo impulsan los asesores y financistas que llevaron a Rodrigo Chaves a la presidencia.
La candidatura que Rodrigo Chaves apoye o impulse la definirán quienes le asesoran fuera de la Casa Presidencial, y quienes le financiaron su campaña.
En este molote político, del escándalo de la destitución de estos funcionarios públicos, no perdamos la perspectiva… El aeropuerto tiene que repararse en lo que corresponda…separemos la paja del grano de la destitución… entendamos que la lucha presidencial en Zapote se ha agudizado y, por ahora, se ha limpiado su terreno con la destitución del ministro… Nuevos nubarrones vendrán que contribuirán a continuar la distracción política que se impulsa desde el despacho y oficinas en Zapote.
El país recibió una noticia que sacudió a todos pues no se esperaba que se diera algo así. La destitución del ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador junto al director de Aviación Civil Fernando Naranjo.
Puede haber muchos elementos o quizá no los haya tanto, lo que sí resulta increíble y hasta inaceptable es la forma: destituir al mejor ministro de su gabinete por medio de una llamada telefónica y estando fuera del país con lo que le impide poder dar su versión de los hechos, es decir, ejercer su derecho de defensa. Eso, a mi juicio, no es ni justo ni apegado al derecho.
Las conjeturas sobre el fondo del asunto no se han hecho esperar. Decir que “hay indicios” de favorecer a una empresa quiere decir que se debió de haber escuchado al ministro para conocer su versión y saber si esos “indicios” tenían o no fundamento.
Hoy se dice que el ministro, ahora exministro, estaba tomando mucha fuerza en su pretensión de ser candidato a la presidencia y que eso no le gustaba ni al presidente ni a otros ministros y ministra, con pretensiones también. Es decir, había que descabezarlo y de paso enlodarlo en un tema de presunta corrupción. Si fuera así muy lamentable la forma utilizada.
Quien quita y eso pueda traer más bien un efecto contrario al perseguido. El señor Amador deberá de dar su versión y ya tendrá oportunidad de defenderse.
Creo que hubo precipitación en esta toma de decisión. Podrá haber motivos, pero debió de haberse dado a conocer que el señor Amador tuvo oportunidad de defenderse.
Dios quiera que esta decisión no afecte las obras públicas que se han venido desarrollando.
Estaremos atentos a lo que vendrá sobre este caso. Muchos se frotan las manos porque esto les servirá a sus propósitos.
Somos un colectivo de mujeres comprometidas, desde hace 6 años con la búsqueda de acuerdos sustentados en el diálogo respetuoso, el estudio y la elaboración de políticas públicas para el mejoramiento de la democracia costarricense. Propuestas construidas desde nuestras variadas experiencias de vida y procedencia que sintetizan nuestras aspiraciones de la Costa Rica en la que deseamos vivir.
Estamos convencidas de que la democracia y la educación pública son el camino para forjar una Costa Rica de oportunidades para todas las personas. Estamos muy preocupadas por el rumbo del país, el deterioro democrático, la violencia política y la falta de compromiso con los grandes desafíos como el aumento de la desigualdad y la pobreza.
Como resultado de un largo proceso de diálogo y análisis hemos plasmado en este manifiesto nuestra visión y queremos compartirlo para apoyar todas las iniciativas que velen por recuperar la confianza, la esperanza, el entusiasmo y el compromiso de trabajar por nuestro país en todas las instancias posibles. Por esas razones, decidimos apoyar aquellas iniciativas de diálogo y elaboración de acuerdos que hagan posible esa Costa Rica que soñamos.
DESEAMOS UNA COSTA RICA:
Segura y solidaria para que todas las personas, sin distinción de edad, identidad, procedencia y pensamiento podamos expresarnos con libertad, caminar seguras por nuestras calles y sentirnos acogidas y respetadas en cualquier lugar de nuestro territorio.
Comprometida en ofrecer oportunidades a todas las personas, sin exclusión.
Respetuosa de la diversidad social, étnica, religiosa, ideológica, de nacionalidad e identidad de género.
Garante de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Comprometida con las comunidades y organizaciones informadas y participativas que trabajen por el desarrollo integral de las personas durante todo el ciclo de su vida.
Educada, con centros educativos de calidad y adecuados a las particularidades de sus comunidades y territorios, con opciones diversas de preparación para la vida a lo largo de su formación, que garantice a todas las personas el acceso a los diferentes niveles educativos (desde el prescolar hasta la superior). La educación como el motor del desarrollo integral de nuestra sociedad y de las capacidades plenas de las personas.
Ocupada por la salud integral y el desarrollo pleno de las habilidades deportivas, artísticas, recreativas y culturales de las personas como la alternativa ante las violencias, el narcotráfico y el crimen organizado.
Comprometida con el desarrollo sostenible para mitigar los efectos del cambio climático, la defensa y conservación de los recursos naturales y la generación de ambientes sanos para la convivencia mundial y de las comunidades rurales y urbanas.
Orgullosa de sus logros democráticos y de su institucionalidad, integrada por comunidades y familias felices, esperanzadas y seguras de su presente y su futuro.
Democrática y plural con principios sólidos de: honestidad, solidaridad, paz, respeto a las diferencias, búsqueda del bien común y el bienestar general de la población: un país comprometido en ofrecer oportunidades a todas las personas, sin exclusión.
Comprometida con la paz mundial, el diálogo y la búsqueda de acuerdos como los mecanismos que garanticen la convivencia pacífica.
POR LO TANTO, DESDE NUESTRO COLECTIVO, NOS COMPROMETEMOS A TRABAJAR POR:
La defensa y fortalecimiento del Estado Social de Derecho, en especial de la Caja Costarricense de Seguro Social, la educación pública, la seguridad ciudadana y alimentaria.
El avance en políticas de sostenibilidad ambiental, movilidad urbana pública, fuentes energéticas ambientalmente sostenibles y la seguridad alimentaria.
El fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática, con la promoción de liderazgos respetuosos de las libertades, del principio de legalidad y del equilibrio de poderes; así como de los mecanismos de control y una segura transparencia del uso de los fondos públicos.
El apoyo a políticas de desarrollo que promuevan la productividad y respeten los estándares ambientales y laborales respaldados en nuestra Constitución Política y los convenios internacionales. Así como reformas tributarias progresivas y políticas salariales que propicien la justa distribución de la riqueza.
NUESTRO OBJETIVO:
Apoyar procesos de alianza político electoral respaldadas en agendas participativas para el periodo electoral 2026-2030, que reviertan el deterioro democrático sufrido en esta administración y promueva nuevas formas de hacer política, respetuosas, serias, con sustento técnico y científico. De esa forma se devolverá el entusiasmo a la ciudadanía de participar en la toma de decisiones que competen a su bienestar, a su comunidad y al país.
LA PROMESA DEMOCRÁTICA, ¿CÓMO HACEMOS?
Con la participación de mujeres y hombres respetuosos de la democracia paritaria, así como de sectores sociales, económicos y políticos dispuestos a trabajar en un nuevo pacto social que no solo restituya los logros alcanzados como país, sino que los profundice.
Con la participación de las mujeres y las juventudes de todas las regiones en espacios de representación diversos y en actividades productivas que garanticen bienestar y satisfacción personal.
Con la participación de sectores y comunidades involucrados en el turismo sostenible, la producción agrícola, industrial y tecnológica, cultural y educativa, comprometidos en la defensa de nuestros recursos naturales, la soberanía territorial, agroalimentaria y energética costarricense.
Con sectores, organizaciones y comunidades que posicionen a Costa Rica como un país de paz, de derecho, de respeto, de equidad, de solidaridad y sostenibilidad ambiental.
16 de marzo, 2024
Democracia para respetar Diálogo para incluir Paz para trabajar
A una petición, como lo es, el acto de autonomía de la voluntad de una ciudadana, a renunciar a una aspiración de cargo público; en actitud caricaturesca, el presidente de la Corte, violando el trámite de elemental derecho de petición, en forma apresurada y locuaz, califica de inane la renuncia presentada por la jurista Amelia Pérez.
¿Cuál inane? Si gracias a esa renuncia se destrabo el nudo gordiano en que una Corte clientelista mantenía constreñida la decisión pronta y célere de designar a una nueva Fiscal General de terna presentada por el presidente Gustavo Petro.
¿Cuál inane? Si por ese acto de renuncia, la principal afectada tácitamente renuncia a incoar la acción de nulidad por la nueva designación de Fiscal y a cumplimentar el acto de nombramiento, a su favor, como resultado de haber obtenido 13 votos en una cesión de nombramiento de la Corte.
¿Cuál inane? Si esa renuncia no es óbice para iniciar la acción disciplinaria y el efecto penal a la insulsa Corte, por haber violado el mandato constitucional; la reglamentación legal del quorum decisorio de la mitad más uno y haber aplicado una resolución interna, desplazando en prioridad a la normativa jerárquica de la escala kelseniana.
La renuncia de la Dra. Amelia Pérez es de carácter y efecto sustancial. Resulta útil para esclarecer la conducta torva de la Corte al desconocer los principios universales del derecho administrativo de celeridad en la promulgación de los actos administrativos y de colocar en el plano de embrutecimiento a la opinión pública sobre los cuestionados «tiempos», como la opositora dictadura mediática, aupaba y avalaba el proceder torvo de esa entidad, que no procedía como ente judicial sino administrativo.
El acto de renuncia de la Dra. Amelia Pérez la habilita incluso para ser nombrada como nueva Vicefiscal; lo cual garantizaría el derrotero honesto para extirpar esa apéndice cancerosa del andamiaje judicial en Colombia!
