Todos sabemos que usted, como vicealcalde por ocho años de Araya, ha sido «su mano derecha», su escudero, su «cubre tortas», pero también su cómplice. Por eso nos dirigimos a USTED en esta oportunidad.
Usted sabe que, por decenas de años, el Hospicio de Huérfanos cumplió una magnífica labor, en pro de la niñez más necesitada. Por eso, para fortalecer su tarea, la Asamblea Legislativa aprobó como fuente necesaria de financiamiento, que el 50% de las ganancias de los festejos populares de San José, les fueran transferidos a ese Hospicio regentado por monjitas. Pero, un día el diablo se le metió a Johnny Araya y al resto de la «banda municipal», y en un acuerdo insólito, además de inhumano, acordaron vergonzosamente «interpretar», que las corridas de toros de Zapote, «NO formaban parte de las festejos populares». Así, con ese maldito acuerdo, ¡con el cual USTED estuvo de acuerdo!, determinaron que los dineros que antes pasaban al Hospicio se quedaran para gastos municipales.
¡Quebraron el Hospicio! producto de esa maldad!, y así, cientos de niños que hubiesen sido acogidos y educados bajo su alero, pasaron a ser niños con hambre, sin abrigo, sin educación, niños de la calle.
Ante ello, los tribunales de justicia acogieron una demanda promovida por el caballista Rodolfo Camacho, por la cual, fueron condenadas las autoridades municipales a saldar una deuda de alrededor de ¢5000 millones, acumulada a través de los años en que se la escamotearon a los niños huérfanos de San José. Sin embargo, con viles maniobras, matizadas de gran maldad, Johnny Araya, usted Mario Vargas y otros compinches de ambos, han obstaculizado el cumplimiento de la resolución judicial, que estando en firme, y sin más recursos legales posibles, ustedes, guiados por Johnny, se han negado a cumplir. Así que, don Mario, le preguntamos públicamente: ¿Estaría dispuesto a presentar la moción en su concejo municipal, que permita saldar esa deuda? Ello, por supuesto, ¿ANTES del próximo 4 de febrero?
La Corte Constitucional tiene una función de defensa integral de la Constitución Política (CP91). La mediática golpista le da un carácter de órgano de control, lo cual no tiene, como también es falso que influya en lo de control y «equilibrio de poderes».
Las acciones contra las leyes aprobadas se llaman de control de constitucionalidad. No aplica sobre proyectos de ley en trámite en el congreso. Se detienen – esos especuladores, que no intérpretes – en el trámite que se está dando a la ley que reforma el sistema de salud. Dicen que es una ley estatutaria y el gobierno la adelanta como una ley ordinaria.
La obtusa oposición prepara el terreno anticipado que la ley será objetada cuando sea aprobada. Sabemos que independiente del trámite dado la mafia blanca la objetará. Se trata de una ley de reforma y no de creación de un sistema de salud, pues el trámite es de una ley ordinaria. Si se tratare de una ley que crea en Colombia un sistema de salud, como cuando se concibió la fatídica ley 100 de 1993, allí si nos encontramos con el trámite de una ley estatutaria o ley marco, como se conoce en el derecho comparado.
De otro lado, la alaraca sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional de admitir medidas cautelares de suspensión de efectos, en acciones de control de constitucionalidad de una ley, ya lo venía aplicando el Consejo de Estado para acciones contra actos administrativos o decretos.
Así que la suerte de la necesaria ley de reforma a la salud en Colombia está echada y otra cosa es que la enredadera jurídica la enmarañe, y la respuesta popular obvio que se saldrá de mi análisis jurídico.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En lo que enero se acaba, ya el país ha entrado en un punto sin retorno en aquello que le quedaba como Estado observador de las garantías y derechos de sus ciudadanos.
No hay duda.Tenemos ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría y nuestros pueblos originarios, hacia los cuales el desprecio de la justicia y la omisión institucional, han acabado por marginarlos aún más de lo que históricamente los hemos mantenido.
En tanto el circo de las actuales autoridades gubernamentales mantiene mareada a la población con su comunicación lesiva y vulgar, sus funcionarios un día sí y otro también dan pena merced a sus actuaciones públicas, al tiempo que problemáticas sustantivas como la inseguridad y la pobreza siguen siendo observadas (y omitidas) de lejos por sus tecnócratas.
A contrapelo de este triste espectáculo, una acción a todas luces perjudicial de las autoridades de justicia del país decidió de buenas a primeras cerrar ad portas el caso del asesinato del líder indígena Sergio Rojas.El portazo, hay que decirlo, le dio en la cara a los pueblos originarios, el reconocimiento de sus derechos a sus tierras y sus tradiciones ancestrales.
Por este caso el estado costarricense ya había sido apercibido.Incluso antes de la muerte de Rojas se le había prevenido con medidas cautelares para su protección.
De nada sirvieron.
Hoy nos balanceamos entre la razón jurídica (menos justa ya) y la razón fáctica que controla territorios, normativas e instituciones.El mismo escenario que hoy tiene a países como Ecuador en una disputa entre actoresdel poder, donde las poblaciones en su gran mayoría resultan las grandes perdedoras.
La decisión de cerrar el caso por homicidio del líder indígena Sergio Rojas abona un terreno propicio para que la impunidad continúe haciendo su trabajo y se constituya en como política pública en un país en el que la justicia luce desequilibrada.
Un argumento más para cuestionarnos ese mito de la sociedad inclusiva que decimos ser.
No parece haber limites en el gobierno de Israel, para hacer «desaparecer» a los habitantes de Gaza, para perpetuar la guerra, y los medios por los cuales se pueda eternizar su hegemonía. En este sentido, deseamos compartir dos temas, que nos parecen increíbles de parte de Israel en relación con Gaza.
El primer tema es en base al artículo del investigador Dr. Izzeddin Araj » Utilización del esperma de soldados muertos en combate: la profunda militarización de la sociedad«, quien cita a la vez, a la profesora Nitza Berkovitch de la Universidad Ben Gurion de Israel.
Los autores, nos informan de una práctica, no nueva, de Israel, especialmente cuando entra en conflicto directo con Palestina. Esta práctica es la conocida como, reproducción asistida póstuma (RAP), que no es más que, la recogida de esperma de los cuerpos de soldados fallecidos para su «reproducción póstuma».
Se informa de un hecho a partir del 7 de octubre 2023, cuando «las familias de tres soldados caídos llegaron con una petición inusual: extraer esperma de los cuerpos de sus hijos fallecidos. Este procedimiento, conocido como aprovechamiento de esperma, ha ido ganando adeptos en Israel a lo largo de los años. La investigación científica sugiere la posibilidad de recuperar esperma hasta 72 horas después de la muerte».
Por un lado, la profesora Berkovitch y el investigador Araj señalan, la militarización de la sociedad israelí, donde los soldados se convierten en la encarnación colonial de la masculinidad nacional israelí. «Los militares son venerados como la encarnación de la masculinidad nacional, y el acto de paternidad póstuma se percibe como un homenaje a estos soldados caídos, un medio de garantizar que su legado perdure».
Por ejemplo, «en 2014, durante la guerra del régimen israelí contra Gaza que se saldó con el asesinato de más de 2.000 palestinos, en su gran mayoría civiles, los bancos de esperma israelíes registraron un aumento de la demanda de semen de soldados que servían en unidades de combate. Desde entonces, los bancos de esperma han incorporado activamente los antecedentes militares de los donantes en sus perfiles, y algunos bancos incluso rechazan donantes que no hayan servido en el ejército».
En fin, «mientras que las preferencias reproductivas en una sociedad profundamente militarizada producen y mantienen constantemente formas de masculinidad hegemónica, la continuidad buscada no es únicamente la de un individuo como miembro de la familia, hijo o incluso hombre, sino principalmente como soldado en una unidad de combate».
Por otro lado, la idea es perpetuar la sociedad israelí machista y patriarcal, surgida desde los inicios de este pueblo. Por supuesto, a partir de la formulación de la feminidad en Israel, basándose en considerar a las mujeres judías como madres, más que como ciudadanas o individuos.
Es lamentable «la inclinación entre muchas mujeres y parejas israelíes, a elegir esperma de soldados no es sorprendente, hasta el punto en que, el donante guerrero es a la vez el proveedor del producto y el producto básico en sí, y su semen se considera el portador material de su esencia espiritual. Esta esencia espiritual se percibe como su papel militarista, a la hora de proporcionar seguridad a la nación y llevar a cabo sus misiones nacionales». Es el binomio militarista y reproductor a perpetuar en Israel, pasando por lo patriarcal y masculino.
Esta idea o visión militar, por otro lado, tiene como base «el predominio de los militares en la sociedad israelí, ayuda a explicar por qué la guerra, el nacionalismo militarista y la violencia están tan profundamente arraigados en la ideología sionista. Israel es la consecuencia de un movimiento colonial de colonos militarizados que busca su legitimidad en el mito bíblico».
«Los pocos israelíes que se oponen a este nacionalismo militarista, especialmente después del 7 de octubre, han sido silenciados y perseguidos en Israel. La violencia genocida es casi exclusivamente el lenguaje que los líderes y ciudadanos israelíes utilizan para hablar con los palestinos y el mundo árabe».
En fin, «el objetivo primordial del colonialismo de colonos es la conquista total de la tierra palestina. Los pocos líderes israelíes que han intentado dominar el ejército, como el primer ministro israelí Levi Eshkol, han sido apartados por los generales». El Informe Chris Hedges con Miko Peled, 14 enero 2024.
El otro tema, basado en el artículo de, Luis Ángel Reglero «Denuncian que cadáveres de palestinos devueltos por Israel a Gaza tienen órganos robados«, es la denuncia concreta que, en cerca de ochenta cuerpos que murieron en el norte de Gaza, han robado órganos según el Ministerio de Sanidad de Gaza.
Los órganos son: «hígados, riñones o corazones», pero también «córneas y cócleas (parte de la oreja)».
«Israel entregó cerca de ochenta cuerpos en descomposición, difíciles de reconocer, tras haberlos sacado de diferentes zonas de la Franja. En muchos de ellos habían robado órganos, afirmó Hamás, en lo que calificó «un crimen de guerra» tras haber sido «exhumados de sus tumbas». Así como, “falta de moral y valores” por parte del Ejército de Israel».
Perpetuar la especie israelí, pasa hasta por robar órganos de sus enemigos, para montar un banco de órganos, y colocarlos en soldados y personas de Israel. En este caso, es contradictorio lo señalado de destruir a los y las palestinas hasta desaparecerlas, pero si se sirven de ellos y ellas para eternizar su pueblo.
Hay una denuncia, aún más concreta, de la periodista palestina Kawther Salam, en su artículo, «Los ladrones de órganos de Israel«, donde enfatiza:
Todos los oficiales israelíes y personal civil de la denominada administración civil que sirvieron en Cisjordania desde los primeros años setenta estuvieron implicados, como encubridores al menos, en el robo de órganos de los palestinos, tal vez actuando en connivencia, pero más probablemente participando en el crimen organizado por dinero.
Todos los médicos israelíes y personal que trabajaba en Abu Kabir desde los primeros años setenta estuvieron implicados en el robo y venta de órganos de los palestinos.
Todos los francotiradores del ejército hebreo y otros soldados que dispararon contra los palestinos (y extranjeros) en manifestaciones pacíficas están y estuvieron implicados en la mafia que roba y vende órganos de los palestinos asesinados, recibiendo algunos de ellos dinero a cambio.
El estado mayor del ejército israelí y la mayoría de los oficiales de la cadena de mando, si no todos, saben lo que está pasando y son cómplices del robo de órganos de los palestinos que asesinan, ofreciendo planificación y logística para la comisión de los crímenes, así como haciendo que las familias de las víctimas permanezcan en silencio. Todo el estado israelí y la nación israelí que acepta la continuada ocupación militar son responsables de crímenes contra la humanidad.
La mayoría del establishment médico israelí, si no todo él, sabe lo que está pasando y mantiene silencio porque obtiene dinero o es recompensada de otras formas por su complicidad con estos crímenes. Esto está confirmado por las repetidas denuncias de médicos de otros países por el hecho de que Israel es una de las pocas jurisdicciones que no prohíben el comercio con órganos y otras partes del cuerpo humano.
El ministerio de salud israelí está plenamente informado de lo que está pasando. Esto está confirmado por las informaciones ofrecidas por los traficantes de órganos detenidos en Brasil y Sudáfrica en 2003, según las cuales “personas del gobierno israelí” les habían proporcionado “contactos comerciales” y el gobierno de Israel financiaba trasplantes de órganos.
La demencia de Israel, no tiene límites a la hora de actuar para mantener su hegemonía en contra de Gaza.
Ni la contralora de la república Marta Acosta es santa paloma, ni el presidente de la república Rodrigo Chaves, el capataz de la patria, por encima de ellos está la institucionalidad del país.
Los cruces verbales y epistolares entre ambos, no presagian nada bueno para sacar al país del atascadero.
AMBIENTE DE PELEA.
En la cita de ambos jerarcas, debe haber respeto, espíritu magnánimo, altitud de miras, algo difícil, a juzgar por los entretelones, propios de combate de artes marciales mixtas.
Ni la Contraloría es infalible, ni el Presidente llega con la carga de la verdad, el encuentro no es auspicioso, ambos son empleados transitorios, el futuro de la gobernanza del país no se decidirá en el escenario de dimes y diretes.
La soberbia pareciera estar en ambas partes.
QUIRÓFANO.
El rol de la Contraloría debería revisarse en otro escenario, más académico que político, una vez alcanzado el consenso, procurar los proyectos en el parlamento para adecuarla al signo de los tiempos, no son Acosta ni Chaves los dueños de la verdad y la última palabra.
El ambiente está crispado, enrarecido, el ego de Marta Acosta, es de la altura del fortín del edificio faraónico de la Contraloría, el del Presidente Chaves, del tamaño de los señores feudales o los procónsules de los organismos financieros internacionales.
Ni el órgano fiscalizador es de Acosta, ni la presidencia del ejecutivo casa permanente de Chaves.
El país está urgido de estudio, análisis desapasionado de la realidad nacional, altitud de miras.
Dos empleados públicos en puestos efímeros mostrándose los dientes, no son buen presagio.
La grabación, en caso de concretarse la cita, será solamente un morboso radio teatro.
AVES DE PASO.
En un tiempo nadie se acordará, ni de Acosta, ni de Chaves, es la institucionalidad quien debe ir al quirófano.
Ni la Contraloría es hoy lo que demanda la patria, ni el Poder Ejecutivo, el soberbio mandamás.
Urge un centro para el estudio de los problemas nacionales, antes que la inteligencia artificial defina el escenario.
Fotos: Internet.
Publicado en Facebook y compartido con SURCOS por el autor.
En los grandes medios de América Latina pasó un tanto desapercibido el Informe Mundial 2024 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) la que analiza la situación de derechos humanos de más de 100 países y que, en mi opinión, los grandes medios suelen utilizar sólo cuando les conviene, en general para seguir con sus retórica contra Cuba o Venezuela, sin explicar que las sanciones económicas de Estados Unidos contra estos países generan pobreza, migración, y terminan violando los derechos humanos.
En general, los grandes medios suelen ocultar o maquillar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus propios países al mismo tiempo que, por línea editorial, defienden el sistema económico neoliberal el que permite la concentración de la riqueza para unos pocos y la pobreza (violación de los derechos humanos) para muchos.
Por supuesto, del gran hermano, de la democracia estadounidense, casi nada se divulga sobre la situación de derechos humanos en Estados Unidos y si se conocen nadie pone el grito en el cielo ni pide sanciones. Menos se critica la política exterior estadounidense que tiene consecuencias nefastas para otros países en materia de derechos humanos.
Vemos en las noticias con horror, tristeza, e impotencia la muerte de más de 24 mil palestinos, muchos de ellos niños, asesinados por Israel con armas y apoyo de los Estados Unidos.
El 11 de enero pasado en las noticias del medio alemán DW en español entrevistaron al subdirector para América Latina de HRW, Juan Pipper, y le preguntaron cómo se explica el doble discurso de EEUU que dos veces vetó una resolución, en el Consejo de Seguridad de la ONU, para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza.
“Este doble rasero que vemos en Estados Unidos, que vemos en Bruselas y también en otros países del mundo es hoy uno de los grandes desafíos que tienen los derechos humanos a nivel global” dijo Pipper, agregando a continuación que la Comunidad Internacional reaccionó de forma correcta frente a la guerra en Ucrania.
“Hace falta que se apliquen las mismas herramientas, las mismas respuestas en el caso de lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en otras crisis menos conocidas como lo que ocurre en Sudán o mucho más cerca, en nuestra región, en América Latina, en Haití. Son situaciones dramáticas de violaciones a los derechos humanos que requieren que la Comunidad Internacional responda de forma clara y sin dobles raseros. Siempre protegiendo los derechos humanos y a las víctimas”, expresó Pipper.
Anotar que en el conflicto en Ucrania la gran mayoría de los países se oponen a la guerra y han abogado por negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Mientras que EEUU y los países de la OTAN han resuelto apoyar la guerra y que se sigan desangrando ambas naciones.
El Informe Mundial 2024, de la organización internacional Human Rights Watch, señala en el apartado de la situación de los derechos humanos en los mismos Estados Unidos que “el racismo, el sentimiento antiinmigrante y las amenazas a la democracia continuaron siendo problemas apremiantes de derechos humanos en Estados Unidos en 2023”. Veamos algunas partes del informe en cuestión.
Asesinatos policiales
De acuerdo con el informe, “hasta el 28 de septiembre, la policía había matado a más de 800 personas en 2023, cifras similares a las de años anteriores. Per cápita, la policía mata tres veces a más personas negras que blancas”.
Los números de las personas asesinadas por la policía siguieron aumentando, llegando hasta 1329 en el año 2023 de acuerdo al sitio de monitoreo mappingpoliceviolence.org.
El informe de Human Rights Watch indica que “los llamamientos generalizados para reducir la dependencia excesiva de la policía y abordar los problemas sociales con la inversión en vivienda, atención sanitaria y educación fueron en gran medida ahogados por los llamamientos a una mayor financiación policial y a la reversión de las reformas policiales”.
Esto último, “fueron impulsados por una persistente divulgación de información errónea y narrativas engañosas sobre el aumento de las tasas de criminalidad y la disminución de la seguridad pública”.
Lo mismo, sacado de manual, lo podemos ver en tantos países, donde ayudados por los grandes medios de comunicación de los grupos de poder, se siembra el miedo con el fin de seguir militarizando la vida y justificando leyes que dan más garantías e impunidad a las Fuerzas de Seguridad.
Otro antecedente que indica el Informe, común en muchos países del mundo, es que “la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos se niegan a proporcionar datos sobre su uso de la fuerza, lo que hizo necesaria la recopilación y el análisis de datos de organizaciones no gubernamentales”.
Desigualdad Económica y Encarcelamientos
En Estados Unidos, uno de los países más ricos e industrializados del mundo, de acuerdo al informe, “la brecha de riqueza racial continuó siendo muy marcada: por cada dólar de riqueza de las familias blancas, las familias negras tenían apenas 24 centavos y las familias hispanas, 23 centavos, una brecha que ha cambiado muy poco en los últimos 50 años”.
“La desigualdad de ingresos en Estados Unidos es muy alta en comparación con otros países ricos: el 10 % de los que más ganan acapara casi la mitad de todos los ingresos y el 50 por ciento inferior obtiene sólo el 13 por ciento”.
El informe indica que “el índice GINI, una medida estadística de la desigualdad de ingresos, apunta que para Estados Unidos ha aumentado un 3,2 % desde 2021. La desigualdad de riqueza es igualmente marcada: el 50 % más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5 % de la riqueza privada del país”.
La pobreza, desigualdad, las grandes diferencias en el acceso a los derechos entre la población estadounidense puede explicar, en alguna medida, el aumento en la tasa de encarcelamiento, El informe de HRW dice que existen “aproximadamente 2 millones de personas recluidas en cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes estatales y federales en un día cualquiera, y millones más en libertad condicional” y donde, claro, hay “una representación enormemente excesiva de personas negras en prisiones y cárceles” en los Estados Unidos.
Migrantes: Biden expulsó a 2,3 millones de personas
Este punto, la problemática de la migración hacia los EEUU, es quizás uno de los pocos temas que uno puede leer en los medios masivos. Aunque, como en muchos temas, no se abordan las causas profundas de la migración que es la pobreza, las consecuencias del neoliberalismo, el cambio climático, las sanciones a terceros países, y la militarización impulsada por los mismos Estados Unidos que son factores que explican por qué las personas buscan migrar.
El informe de HRW señala que “las autoridades estatales y federales (en Estados Unidos) continuaron aplicando políticas destinadas a disuadir a las personas de buscar asilo en el país, en flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos, prácticamente forzándolas a emprender rutas más peligrosas”.
“La política de expulsiones sumarias del Título 42 de 2020 expiró en mayo, pero fue reemplazada por una nueva regla laberíntica de asilo. Conforme al Título 42, justificado como una medida de emergencia para combatir la pandemia de Covid-19, el gobierno de Biden expulsó sumariamente a 2,3 millones de personas sin analizar sus solicitudes de asilo”, señala HRW.
Vale recordar el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el que consagra que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” y los Estados están obligados por la Ley Internacional a tramitar sus solicitudes.
El informe recuerda que “como candidato, Biden prometió a poner fin a la detención de inmigrantes en cárceles privadas, pero en julio, el 90 % de los 30.000 extranjeros que en promedio son detenidos cada día en EE.UU. estaban recluidos en instalaciones privadas”.
La Cárcel ilegal de Guantánamo
Debemos recordar que, dentro de la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo, territorios que Cuba demanda sean devueltos al país, sigue existiendo una cárcel ilegal que viola los derechos humanos.
Este 11 de enero pasado, se cumplieron 22 años desde su apertura, la que fue establecida por el presidente George W. Bush en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La cárcel ilegal en Guantánamo ha llegado a albergar a más de 700 prisioneros.
El documento de HRW señala que “al momento de redactar este informe, 30 musulmanes extranjeros permanecían encerrados en el centro de detención militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, entre ellos cinco acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre de 2001”.
También indica que “las conversaciones sobre un acuerdo para que los acusados del 11 de septiembre se declararan culpables a cambio de cadena perpetua se estancaron, después de que el presidente Biden rechazará las solicitudes de atención de los hombres para ayudarlos a recuperarse de las torturas de la CIA y no cumplir sus condenas en régimen de aislamiento”.
El informe de HRW también analiza algunas prácticas de la política exterior estadounidense partiendo por el presente conflicto palestino-israelí indicando que el “presidente Biden criticó duramente el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, que resultó en la muerte de cientos de israelíes y otros civiles y se comprometió a aumentar el apoyo a la defensa de Israel más allá de la ayuda militar anual ya aprobada”.
Sin embargo, HRW es crítico al respecto y señala que “dicha asistencia de seguridad y transferencias de armas incumplieron las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional. Los funcionarios estadounidenses instaron pública y privadamente a Israel a minimizar el daño civil en su respuesta militar y permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza”.
Agregó que si bien es cierto que algunos funcionarios del gobierno de Biden hicieron ver sus preocupaciones el gobierno israelí este no cambió su política y siguió atacando a la población civil palestina la que debe ser protegida y respetada de acuerdo con la Ley Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Pese a lo anterior, Estados Unidos ha seguido enviando armas y dando asistencia militar a Israel.
Sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el informe indica que “Estados Unidos siguió brindando un importante apoyo militar y económico a Ucrania en 2023 en respuesta a la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022” y que “Biden aprobó la transferencia de municiones de racimo estadounidenses a Ucrania. Estas armas están prohibidas por un tratado internacional debido a los peligros que representan para los civiles, pero ni Estados Unidos ni Ucrania son partes de ese tratado”.
En este apartado no señala que también el gobierno de Zelensky incumplió “las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional”.
Sin embargo, en el capítulo sobre la situación en Ucrania señala el informe que “la Misión de Observación de la ONU también documentó 75 casos de detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas, en su mayoría de personas sospechosas de delitos penales relacionados con el conflicto, y el 57 por ciento de los detenidos dijeron que fueron sometidos a torturas y malos tratos, predominantemente en lugares de detención no oficiales”.
Al cierre de este artículo, en una cárcel de Ucrania murió el periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira quien antes de morir, bajo custodia del Estado ucraniano, acuso persecución, tortura, y extorsión bajo el gobierno de Zelensky.
Finalmente, el informe de Human Rights Watch, con sus acentos y silencios, nos permite ver cómo también dentro de los Estados Unidos se violan los derechos humanos. Es importante denunciar el mito de la democracia estadounidense.
* Pablo Ruiz es periodista y parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile
Inicio con esta frase tan bella del Popol Vuh, nuestro Popol Vuh, que me la hizo llegar mi dilecto amigo el expresidente Luis Guillermo Solís. Yo le respondí que haría falta señalar que, con la juramentación del ahora presidente constitucional de Guatemala, Bernardo Arévalo, se ha ganado una “batalla” importante para hacer renacer una verdadera democracia en Guatemala, pero la lucha será mucho más larga y compleja.
¿A qué herencia hay que renunciar?
Guatemala es probablemente el país que posee la estructura social más oligárquica en todo Centroamérica. Y, esto es una herencia de la colonia que, las fuerzas democráticas guatemaltecas no se han logrado quitar de encima.
En la década de los años cuarenta se produjo en el más nórdico de los países del Istmo centroamericano, el inicio de la llamada “primavera democrática”. Esta “primavera” se abrió con la “revolución democrática” de octubre de 1944, encabezada justamente por el padre del actual gobernante de Guatemala, Juan José Arévalo. ¿Revolución? Sí, porque como nos dijera en una oportunidad a varios revolucionarios costarricenses, el prócer asesinado por las crueles balas del ejército y la oligarquía guatemalteca, Meme Colom Argueta: “en nuestro país (Guatemala), para impulsar reformas democráticas, así chiquititas -y nos mostró sus dedos pulgar e índice de su mano derecha casi juntos- hay que hacer una revolución así grandotota -y nuevamente nos mostró esta vez sus dos manos ampliamente extendidas para evidenciar la diferencia-“.
El gobierno de Arévalo puso una detente a muchos años de regímenes militares de los más bárbaros y despóticos de la historia de los países centroamericanos. Aquellos regímenes militares estaban coludidos con la oligarquía más rica, aristocratizante y antidemocrática de los cinco países que tradicionalmente han constituido Centroamérica. Los militares eran los guardianes de la enorme riqueza amasada sobre la base de la explotación principalmente de la población originaria de Guatemala; sin duda la más extendida en todo el “Istmo”, conformada por diferentes etnias y poseedora de una rica tradición cultural: los Mayas. No obstante, no poco han ayudado los estudiantes universitarios, los intelectuales y hasta sectores minoritarios y democráticos de las fuerzas armadas a apuntalar las luchas progresistas y anti oligárquicas en Guatemala.
Y ¿cuáles fueron esas reformas “pequeñitas”, según la expresión del prócer Meme Colom? Los costarricenses sabremos aquilatar su significado, ya que la primera y fundamental reforma fue la conquista del código del trabajo en 1947. Mediante este código se puso fin a la denominada “Ley de vagancia”, mediante la que se sometió a muchas personas que vivían en el mundo de la pobreza y de la miseria a jornadas laborales extenuantes. Por medio de la seguridad social se legalizó el derecho de huelga, se le otorgó además el derecho al voto a todos los varones mayores de edad y a las mujeres que supieran leer y escribir.
Al terminar con el trabajo forzado, se desestructuró la hacienda como matriz societal de más larga duración; la cual era otra herencia funesta del período colonial, nos dice Julieta Rostica coordinadora del Grupo de Estudios sobre Centroamérica de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Todos estos cambios formaron parte, en principio, de la Carta Constitucional de 1945. En ella se estampó un precepto constitucional que denominaron “la función social de la propiedad”, el cual sirvió de base para la ley de “Reforma Agraria” que se impulsó en el segundo gobierno de la “revolución democrática”, el de Jacobo Árbenz en 1952. Durante el primer gobierno de Arévalo, también se había promovido una reforma educativa, se impulsaron campañas de alfabetización, se reabrió la Universidad Popular de Guatemala, florecieron las escuelas nocturnas para trabajadores, se impulsó como nunca la educación rural y la formación de maestros. También desde el Congreso de la República Antonio Colom Argueta impulsó otras tantas reformas a la educación, entre ellas el “Escalafón de maestros”.
El gobierno de Árbenz fue más radical que el anterior del presidente Arévalo; de hecho, se ganó el mote de “gobierno comunista”, desatando con ello una marejada contrarrevolucionaria, que derivó en un levantamiento militar alentado por la siniestra CIA de los Estados Unidos, dando al traste con los gobiernos de la “primavera democrática” de Arévalo y Árbenz. La “Reforma Agraria” llevó las cosas a un punto que los conservadores sencillamente no soportaron, asimismo, para la United Fruit Co., que acaparaba el 80% de la tierra cultivable en Guatemala, la erradicación de la “Ley de Trabajo Forzado” resultó un hecho insólito e insoportable. Ambos sectores, el de la oligarquía ultraconservadora y la United Fruit Co. financiaron el levantamiento militar junto a la CIA estadounidense, a cuyo frente se colocó el coronel Carlos Castillo Armas, quien entró por la frontera desde territorio hondureño y avanzó hasta la capital, provocando la caída nueve días después de Jacobo Árbenz. (Cfr. Oliva, Ayelén. “¿Quién fue Juan José Arévalo, el padre del nuevo presidente de Guatemala que lideró la “revolución de octubre” hace 80 años? BBC News Mundo. enero 2024).
A partir de ese momento, la represión desatada por los militares contra los sectores populares se tornó sumamente violenta, derivando en consecuencia, en una ola de asesinatos y cárcel contra todo el que se insubordinaba, el proceso en su integralidad estuvo exento de juicio previo. Todavía después de Castillo Armas, prosiguieron los crímenes y las desapariciones, que se han llegado a contabilizar en 200.000 personas entre 1978 y 1990. Es pues a esta herencia de latrocinio y arbitrariedad por parte del Estado guatemalteco, a la que se debe renunciar, y es debido a ello que, al actual mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo le costó tanto ser juramentado el 14 de enero, pasada la medianoche.
Bernardo Arévalo: por la verdadera democracia.
El actual presidente Arévalo, fue juramentado pasada la medianoche, junto a su vicepresidenta Karin Herrera, hecho que se efectuó simbólicamente en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esta juramentación se llevó a cabo, no sin que antes se hubiese escenificado un intenso debate entre diputados oficialistas y miembros de la oposición, próximo a enfrentamientos violentos entre los representantes del pueblo. En contrapartida, en las calles aledañas al Congreso también se encontraron las fuerzas policiales de la represión en la capital guatemalteca y las fuerzas populares que desde temprano inundaron las calles del centro de la capital y en los alrededores del Congreso.
Con antelación la fiscalía de la Nación había iniciado un espurio proceso contra el ahora presidente constitucional de Guatemala. Este proceso llevaba la intención de impedir que Arévalo y Herrera asumieran el poder político. Arévalo en varias ocasiones y en distintos foros denunció que se fraguaba en su contra un “golpe de Estado”. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral se pronunció validando el proceso electoral como legítimo, consagrando así, el triunfo de Arévalo y Herrera en las urnas electorales por un porcentaje de votos superior al 60%. Asimismo, la Corte Constitucional rechazó todos los recursos de amparo presentados por políticos de la oposición contra el proceso electoral, pretendiendo tacharlo de fraudulento. Todo esto preconiza las difíciles condiciones en medio de las cuales le corresponderá desenvolverse al actual gobierno, cuya misión política fundamental estriba en reestructurar el sistema democrático guatemalteco. El apoyo popular recibido será el principal bastión con que contará Bernardo Arévalo en el tanto que él, su vicepresidenta y el enorme movimiento popular que ahora los apoya, conserven esa unidad férrea de contenido anti oligárquico, antimilitarista y por una democracia verdadera.
Los enemigos que tienen enfrente no pueden ser subestimados; en esencia, son los mismos que intentaron tantas veces sabotear al Gobierno Constitucional de Juan José Arévalo, padre del actual mandatario y que le propinaron un golpe de Estado al siguiente gobierno del coronel progresista Jacobo Árbenz Guzmán, desatando la contrarrevolución y una represión generalizada contra el pueblo guatemalteco, “los de a pie” como se les dice tradicionalmente. Son los mismos enemigos, excepto uno, por ahora: el gobierno de Los Estados Unidos, encabezado por su presidente Joe Biden, quien ha estado apoyando en todo momento que se llevara a cabo el traspaso de poderes de una manera pacífica. De igual manera, esta vez la Organización de Estados Americanos, OEA, que preside Luis Almagro, ofreció su apoyo irrestricto al presidente electo. Ya era hora que la OEA se apuntara a favor de una causa justa para el pueblo.
Así quedó finalmente constituido el nuevo gobierno democrático de Guatemala, en una larga, aunque fructífera noche. Su objetivo cardinal, la consecución de una democracia verdadera en Guatemala será una tarea harto compleja, jalonada de muchos riesgos en el camino; la solidez democrática, el apoyo popular y la legitimidad que ha ganado el gobierno que recién asumió el mando de la Nación, hacen pensar que esta vez, el movimiento popular se puede solidificar junto a su gobierno con el objeto de poder cumplir así una tarea de gran trascendencia y calado en Guatemala y en todos los países del Istmo centroamericano. Es una responsabilidad histórica.
Aparte de la gasolina, por acción de la Aresep, ningún producto importado de primera necesidad, y otros, ha bajado de precio. Las importaciones de alimentos, medicinas, materiales de construcción, utensilios, ropas, etcétera, hasta suben de precios, mientras los salarios siguen congelados y la pobreza aumenta.
Por otro lado, el turismo que apenas se recupera del parón provocado por la pandemia, está captando dólares que les generan cerca de un 30% menos colones, necesarios para pagar salarios y compra de servicios, precisamente, en colones. Se vislumbra una grave crisis en el sector, apenas termine la temporada alta.
En cuanto a las exportaciones, de todo tipo, la cantidad de dólares, convertidos a colones, muestra angustiantes valores muy disminuidos, por lo cual, los productos agrícolas, entre ellos el café, está sufriendo pérdidas crecientes, que se suman a las inherentes a las del cambio climático, que algunos todavía insisten en negar.
«Cascada de dólares», que ha duplicado las reservas del Banco Central, a más de US$14 MIL MILLONES, sin que las autoridades se estén preocupando de su origen, pese a que está provocando una emergencia, un desbarajuste económico, en sectores productivos, y los habitantes en general, que ven como más de 180 personas al día, están perdiendo sus empleos. Dólares «muy guardaditos» por la administración Chaves, mientras las necesidades de inversión social y en infraestructura productiva, reciben apenas limosnas.
¿Qué pasó en las elecciones del 2022? Todavía no se ha hecho un buen análisis de ese proceso electoral. La sociedad política y empresarial nacional todavía está en shock emocional con el triunfo de Rodrigo Chaves.
La primera ronda de esas elecciones las ganó el Partido Liberación Nacional, el partido socialdemócrata y su candidato José María Figueres Olsen. Eso no significó que triunfara, en la conciencia de los votantes, en ese momento de febrero, el ideario socialdemócrata, ni el ideario figuerista, referido a don Pepe Figueres, que ha sido lo tradicional en la percepción política que ha girado alrededor de ese partido, y en cierta forma en el aire político nacional.
José María en los últimos cinco días de campaña, antes de la votación de la segunda ronda, intentó atraer a los votantes con su propuesta Ochomogo2.0, una plataforma social que en ese momento presentada fue como un canto a la luna. En su partido, y a su alrededor, se habían impuesto los grupos más conservadores y neoliberales de Liberación Nacional, que frente a los cantos de sirena de Rodrigo Chaves no causaban ningún enamoramiento electoral en la segunda ronda, no por la discusión social o política, que debía mantenerse, sino por el discurso anti partido tradicionales, anti políticos tradicionales, anti Política nacional, anticorrupción en general, que Rodrigo Chaves mantenía y que hacía representar en José María Figueres su principal candidato opositor, hacia abril del 2022.
Su discurso fue también contra las élites gobernantes, que no solo eran las políticas sino también de ciertos grupos empresariales, económicos, productivos y financieros, que tradicionalmente se habían coaligado alrededor de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.
La base material y emocional que le dio el Triunfo a Rodrigo Chaves, en mucho fue la pobreza, la extrema pobreza, la marginación, la exclusión, los graves problemas relacionados con desempleo, empleo informal, deserción estudiantil; la desatención de la población en instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social y en la educación pública, la desestructuración del Estado Social de Derecho que se ha venido impulsando; el debilitamiento que se ha venido haciendo de instituciones claves para el país y la población, como el ICE; las políticas privatizadoras de instituciones estatales que se impulsan, los problemas asociados a la violencia social, a la inseguridad ciudadana, a la narco economía, la narco política, a la explosión numérica de bandas criminales en el país y la lucha que tienen por territorios, por el control de las drogas, su comercialización y exportación, que se expresan en el sicariato.
Además de la renovación política que él mismo se auto proponía, también se presentó como El Salvador, la esperanza de los pobres, de los marginados y excluidos. Era la utopía realizable para la mayoría social que le apoyó.
Rodrigo Chaves era el símbolo de la renovación, de la limpieza institucional nacional. De allí también su arraigo en costarricenses, que aún mantiene desde la Casa Presidencial, porque una inmensa mayoría nacional y social costarricense se ha sentido marginada, desplazada de la atención pública estatal. Zonas geográficas se han abandonado de estas políticas nacionales, las que él trata de atender publicitariamente.
Su surgimiento desde afuera de la política tradicional fue en cierta forma su empaque de éxito, del foráneo, del outsider. En él, miles de costarricenses descubrieron que podían herir el statu quo, el establishment político, votando por un personaje impensado.
Fueron votantes airados, que pudieron votar a la derecha como a la izquierda, según se le hubiera llegado al oído, según se le hubiera apelado al llamado del pueblo. En cierta manera, hoy se ven en los pequeños partidos que se ha tratado de impulsar desde la Casa Presidencial, que se movilizan en protestas contra la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y contra el Tribunal Supremo de Elecciones, que también se impulsa desde el discurso presidencial contra medios de comunicación, periodistas y analistas políticos, contra diputados y altos funcionarios públicos, que él no ha podido nombrar, ni dependen de su escogencia y designación.
Este canto de sirenas ya se venía introduciendo en la vida política nacional desde la campaña del 2018, de manera más evidente. Como consigna se traía desde años atrás sin que repercutiera políticamente.
En el contexto mundial había una tendencia al populismo político, al autoritarismo político y hacia gobiernos de derecha. En América Latina el péndulo político de nuevo se movía hacia populismos de derecha y gobiernos autoritarios.
A Liberación Nacional lo dejaron solo en la segunda ronda tanto liberacionistas, de la primera ronda, como los grupos opositores que debieron haberse coaligado con Liberación y Figueres, para la segunda vuelta, obviamente con una plataforma política y un efectivo gobierno de unidad nacional, que ni siquiera se sugirió.
El abstencionismo, en este sentido, fue la mayor expresión de este abandono electoral el primer domingo de abril del 2022. Pero eso tuvo sus consecuencias, el ascenso de Rodrigo Chaves a la Casa Presidencial. Su triunfo era una aberración política, pero significaba renovación y esperanza
El golpe casi mortal que recibió el partido Acción Ciudadana, luego de dos años de gobiernos continuos, fue un mayor shock político. Contra este partido los grupos y organizaciones sociales que le habían apoyado se desmovilizaron, especialmente por las reformas legislativas que se impulsaron en el gobierno de Carlos Alvarado, dirigidas desde la Asamblea Legislativa por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Desmovilizados esos sectores sociales, de Acción Ciudadana, no hubo hacia ellos un discurso que les provocara confianza en Liberación Nacional como alternativa final de esa campaña electoral.
La campaña electoral al final no fue un problema de izquierdas o derechas, de progresistas o neoliberales. Fue una lucha por la renovación política de la que Rodrigo Chaves se hacía el representante más importante contra la vieja política y la corrupción histórica que representaba el escenario político nacional sobre su pasado histórico, que recaía en los partidos gobernantes del bipartidismo clásico, liberacionistas y socialcristianos, como del partido Acción Ciudadana.
El resultado electoral desde febrero estaba echado en la Asamblea Legislativa, donde Liberación Nacional tenía la fracción de diputados más grande. Pero, eso no era suficiente. Ni siquiera para darle la posibilidad a Liberación Nacional en caso de que hubiera llegado a la Presidencia.
El partido Progreso Social Demócrata y el Liberal Progresista de Eli Feinzaig Mintz habían sido la sorpresa con su cantidad de diputados, 10 y 6 respectivamente. Una Asamblea Legislativa constituida por representantes de seis partidos. Los partidos Unidad Social Cristiana, con una fracción muy conservadora políticamente, muy alejada de la tradición socialcristiana, y una fracción de gente muy joven, bien preparada, del Partido Frente Amplio, que se ha lucido legislativamente en estos dos años. Es el cuerpo legislativo nacional.
Para nosotros los costarricenses la democracia no es suficiente declararla. La democracia tiene que justificarse. Cuando ésta se debilita en la conciencia y en la realidad el autoritarismo se convierte en un gran atractivo, la fuerza en toda su expresión se vuelve intuitiva, provoca el instinto gorila, que antes estaba reservado a los militares y ahora lo asumen políticos como Rodrigo Chaves.
Su gorilismo institucional se expresa en el descontento popular existente, heredado de gobiernos anteriores, a quienes constantemente se dirige expresándoles e identificándose con su frustración, y haciéndoles ver que eso es parte suya. Se presenta como adalid del deseo insatisfecho de las mayorías. De allí su posición revanchista contra las clases y élites políticas del reciente pasado nacional.
El populismo no hay que demonizarlo. Es una respuesta democrática, arropada de liberalismo político. Es un liberalismo antidemocrático. Esto es lo que representa Rodrigo Chaves, de la misma manera como los dictadores y tiranos son reacciones antidemocráticas. El populismo tiene diferentes formas de presentarse. El zoológico humano político produce distintos olores y aromas seductores, atractivos. El populismo más que un sistema de creencias o posturas filosóficas es una forma de gobernar y organizar todo el tinglado político institucional.
Rodrigo Chaves, como el populista que él trata de representar y hacer sentir, es el líder principal. Todo se mueve alrededor suyo. Hace girar toda la acción estatal e institucional en el vértice que él constituye. Lo que se aparta de ese punto lo elimina, destituye o sustituye. Exige reconocimiento, demanda y atención constante. Sus encuentros de prensa semanal procuran eso. Han fracasado hasta hoy tanto que ninguna de sus reuniones semanales provoca una agenda nacional política de discusión, lo que le debe ser altamente frustrante. Por ello se pelea con los periodistas de los espacios de opinión, y con sus invitados, que para él generan más opinión pública, más credibilidad y más agenda política nacional de discusión. La crítica contra el gobierno es válida democráticamente y es el gobernante el que tiene que demostrar la invalidez de la crítica o de sus afirmaciones.
Como populista que es trata de ordenar toda la vida pública a su alrededor, especialmente de su voluntad. Su discurso político, su oralidad presidencial es su forma de gobernar, es su forma de hacer política, es su forma de crear realidades paralelas a la que se tiene real y naturalmente; es su forma de seleccionar hechos descontextualizados donde él define los términos en que deben ser tratados, abordados o diagnosticados.
El populismo y el autoritarismo político rechazan y niegan las evidencias empíricas, el método científico, el discurso o análisis de los expertos, la legitimidad del periodismo, porque inventan o crean un mundo a sus propias medidas y dimensiones, introduciendo narraciones no verdaderas pero creíbles.
El populismo ha surgido también por la crisis de representación que se ha dado en gobiernos y en la representación parlamentaria y municipal. El tema central es si este populismo ha surgido para quedarse después de Rodrigo Chaves. No con Chaves, porque no tiene reelección posible, salvo que altere el marco democrático institucional que se lo permita. Si no se queda él, ¿con quién? ¿Quién será su muñeco político? Por ahora no tiene partido propio, aunque le están formando sus turbas, sus partidarios confusos y desordenados.
La sociedad política exige acuerdos y pactos coyunturales, con partidos, líderes políticos y sociales. Este gobierno pareciera no estar interesado en nada de eso. Es parte de su demostración de que está contra todo ese pasado que ellos representan. Pero, tampoco tiene partidos ni nuevos líderes actuales, ni socios legislativos que se le pudieran aparecer o acercar, con independencia y respeto. Para Rodrigo Chaves solo el grupo de diputados, que se identifican personalmente con él tiene valor. Para él, los otros diputados siguen representando el pasado político que él criticó en su campaña electoral.
El problema principal es que los líderes populistas y autoritarios no buscan ni les interesan los acuerdos. Para los líderes populistas lo que les interesa es exacerbar ánimos presentando los problemas catastróficos de manera que solo ellos pueden enfrentarlos.
Su incapacidad de gobernante la sigue atribuyendo a la institucionalidad que él se empeña en debilitar, y ojalá desaparecer. La fractura social y política que sigue existiendo es porque se carece, especialmente desde el Poder Ejecutivo, de realizar o impulsar pactos o acuerdos, consensos y compromisos necesarios por una mejor gobernabilidad. Sí él criticó el ambiente político diciendo que no había ingobernabilidad, sino que no había gobernantes. De continuar así, de su gestión se llegará a la misma conclusión: con Rodrigo Chaves aumentó la ingobernabilidad y fue el peor gobernante.
El y su gobierno representan un nuevo grupo político, empresarial, económico, financiero y social; una nueva élite política y gobernante. Por ahora su discurso se ha dirigido a sectores populares marginados.
La clase media sigue apartada del discurso político oficial del gobierno y de los partidos políticos parlamentarios. La clase media es clave para la estabilidad democrática nacional. Las clases medias, en su diversidad, son termómetro de la temperatura política.
El ideal de Rodrigo Chaves es ser percibido como Dios y Señor. Se presenta generalmente identificado en su toma de decisiones con el pueblo bajo, sin que esto sea peyorativo, recordando constantemente la morosidad política, judicial y legislativa de los partidos y grupos gobernantes anteriores, exigiendo la máxima lealtad posible, especialmente de los medios de comunicación, de los periodistas. Los que no se le sometan deben ser neutralizados o eliminados del escenario de la información y comunicación pública, de allí sus bravuconadas con algunos periodistas en especial, y con sus programas de opinión. A los intelectuales y analistas les da un valor negativo. Lo que no se ajuste a sus parámetros pasa a ser su enemigo.
La desigualdad, y las enormes brechas sociales que están surgiendo, de mantenerse, va a hacer surgir más movimientos populistas, que se perciban como renovadores y salvadores.
Espero que el gobierno de Rodrigo Chaves no descarrile la vida democrática nacional. Reconozco en él su Presidencia como la de todos los costarricenses, como símbolo nacional que es su investidura. Su representación máxima nos obliga con igual intensidad a llamar la atención de sus yerros, de sus equivocadas decisiones, de su débil o falta de atención de ciertos problemas nacionales, de hacerle ver problemas con la intención de que les ponga más atención, y ojalá los resuelva.
Foto extraída de nota de la BBC titulada «Ataque en Israel ¿Porqué el ejército de Israel tardó tanto en reaccionar al ataque de Hamás desde Gaza?» (edición del 10/10/2023)
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«At the same time, the onslaught on Gaza by Israeli forces over these 100 days has unleashed wholesale destruction and levels of civilian killings at a rate that is unprecedented during my years as Secretary-General. The vast majority of those killed are women and children. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The humanitarian situation in Gaza is beyond words. Nowhere and no one is safe«.
Declaraciones (véase enlace) del Secretario General de Naciones Unidas, 15 de enero del 2024
En un comunicado dado a conocer este 18 de enero del 2024, México ha anunciado haber procedido, conjuntamente con Chile, a la remisión de la situación existente en Gaza a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por posibles crímenes debidamente tipificados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de 1998 (véase texto completodel Estatuto).
El artículo 14 de dicho instrumento multilateral faculta a cualquier Estado Parte a remitir toda situación susceptible de interesar a la Fiscalía de la CPI, al precisar que:
«1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.
En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante«
México es Estado Parte al Estatuto de Roma desde octubre del 2005, Chile lo es desde junio del 2009, al tiempo que el Estado de Palestina lo es formalmente desde el mes de enero del 2015.
Breve puesta en contexto
Como bien se sabe, la CPI es competente para establecer la responsabilidad penal de individuos que, en el ejercicio de sus funciones, instigaron, ordenaron o cometieron actos particularmente graves como el genocidio (artículo 6), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7), y los crímenes de guerra (artículo 8).
En 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la CPI adoptó una histórica decisión (véase texto completo) en la que declaró a la CPI perfectamente competente para investigar lo que ocurre en todo el territorio palestino, sin excepción de ningún tipo. En su conclusión se puede leer (página 60) que:
«FINDS that Palestine is a State Party to the Statute;
FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute;
and FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem».
Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de Palestina, esta decisión fue pocamente divulgada en los grandes medios de prensa: remitimos, sobre sus alcances, a un breve análisis que realizamos al respecto en la fecha en la que fue dada a conocer (Nota 1).
No está de más señalar que Estados Unidos se sintió obligado a descalificar esta decisión preliminar de la CPI (véase comunicado oficial), confirmando – sin proponérselo – los profundos temores que significa para Israel la existencia misma de la CPI con relación a sus operaciones militares en el territorio palestino ocupado (Nota 2).
Los comunicados de México y de Chile en breve
En el comunicado de su Secretaría de Relaciones Exteriores de este 18 de enero (véase texto completo reproducido al final de esta breve nota como material/documento), se lee que México informa que:
«El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia».
El texto del comunicado de México también señala que:
«La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.
Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.
La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.«
Por su parte, en su comunicado (cuyo texto está reproducido al final de estas reflexiones), Chile indica que:
«Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.
“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.
Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.
Lo que no se señala en ambos comunicados, es que la CPI es competente para examinar actos susceptibles de interesar a la Fiscalía cometidos en territorio palestino; en cambio, al no ser Estado Parte Israel al Estatuto de Roma, en principio, la CPI no es competente para examinar actos cometidos en territorio israelí, a menos que Israel la autorice a iniciar investigaciones en su territorio.
Cabe recordar que luego de firmar el Estatuto de Roma el 31 de diciembre del 2000, Israel notificó en el 2002 a Naciones Unidas su decisión de anular los efectos de su firma al indicar (véase nota 4 en el estado oficial de firmas y ratificaciones) que:
« In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following:»…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.»
Se trata de una notificación similar, redactada en términos idénticos, a la remitida unos meses antes por Estados Unidos, optando por «retirar» su firma al Estatuto de Roma (Nota 3).
Una justicia internacional cada vez más solicitada ante las proporciones del drama humano que se vive en Gaza
Esta acción de México y de la Chile ante la CPI se da justo una semana después de haberse realizado las audiencias en La Haya (11 y 12 de enero del 2024) ante otra instancia jurisdiccional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ): estas audiencias respondieron a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre, acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales (véase texto completo), invocando la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 4).
En su extensa solicitud de más de 80 páginas (véase texto completo, cuya lectura completa se recomienda), Sudáfrica pasó en detalle lo ocurrido desde la tarde/noche del 7 de octubre en Gaza, incluyendo en los párrafos 101-107 el detalle de las escalofriantes declaraciones oficiales de altos responsables israelíes.
Con relación a la CPI, la Fiscalía de esta jurisdicción internacional ya había sido objeto de un «referral» colectivo relacionado al drama humano que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: esta acción conjunta presentada el 17 de noviembre del 2023 fue coauspiciada por Bengladesh, Bolivia, Comoros, Sudáfrica y Yibutí (véase texto completo). De igual manera tuvimos la oportunidad de explicar brevemente sus alcances (Nota 5).
A modo de conclusión
Ante la reiterada incapacidad de un órgano como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ordenar un cese al fuego humanitario en Gaza (debido al veto de Estados Unidos ejercido en dos oportunidades, y a la amenaza de un tercer veto que explica las debilidades de la resolución 2720 del Consejo finalmente adoptada el 22 de diciembre del 2023 – véase texto), era previsible que otros Estados, como un grupo liderado por Sudáfrica, y ahora la dupla México-Chile de manera conjunta, buscaran la manera de activar mecanismos jurisdiccionales a su disposición: tales como los que ofrece el Estatuto de Roma que crea la CPI, o bien la misma CIJ.
Ello con el fin de intentar frenar los ímpetus de Israel que, desde la tarde noche del 7 de octubre, a modo de represalia por el ataque sufrido en su territorio por parte del Hamás el mismo día, ha emprendido una acción punitiva colectiva en contra de la población civil de Gaza. Estas acciones militares indiscriminadas y desproporcionales se realizan en abierta violación a las reglas más básicas del derecho internacional humanitario.
El último informe elaborado por Naciones Unidas (al 17 de enero, cuya lectura completa se recomienda) detalla el nivel de destrucción al que se ha llegado, con casi 25.000 víctimas mortales y más de 61.000 personas heridas, señalando además que cada nuevo día de bombardeos israelíes en Gaza conlleva la pérdida de centenares de personas:
«Between the afternoons of 16 and 17 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 163 Palestinians were killed, and another 350 people were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 17 January 2024, at least 24,448 Palestinians were killed in Gaza and 61,504 Palestinians were injured, according to the MoH.
Between 16 January and 17 January, three Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. Since the start of the ground operation, 191 soldiers have been killed, and 1,152 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military«.
No está de más indicar que muchas de las personas gravemente heridas en Gaza están prácticamente condenadas a muerte, al yacer bajo los escombros sin que puedan ser auxiliadas, en el frío, sin acceso a comida ni agua. Cuando son auxiliadas, llegan a centros hospitalarios y refugios sobrepoblados, muchos de ellos total o parcialmente destruidos, sin energía ni agua, ni suficientes medicamentos, ni suficiente personal médico para atenderlos.
Tampoco está de más recordar que los Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998 son 124 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), mientras que los que son Estados Partes a la Convención contra el Genocidio adoptada en 1948 son 153 (véase estado oficial), por lo que la inacción y el silencio de los demás Estados Partes a ambos instrumentos plantean interrogantes muy válidas.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, editada el 5 de febrero del 2021 y disponible aquí.
Nota 2: Años antes de que Palestina sea Estado Parte al Estatuto de Roma (2015), un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv del 23/02/2010 (véase textocompleto) dado a conocer por Wikileaks en el 2011 ya indicaba el profundo temor de Israel que generaba en aquel año a sus autoridades la CPI, en estos términos: “LibmannotedthattheICCwasthemostdangerousissueforIsraelandwonderedwhethertheU.S.couldsimplystatepubliclyitspositionthattheICChasnojurisdictionoverIsraelregardingtheGazaoperation”. El Coronel Liron Libman, alto funcionario israelí, era (y sigue siendo) un gran conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: ostentó durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF).
Nota 3: En este mismo estado oficial de firmas y ratificaciones se lee (Nota 12 en la parte final) que: » In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty«.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí .
Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio hecho por Sudáfrica de una acción conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», editada el 18 de noviembre del 2023 y disponible aquí.
Materiales / Documentos: Documento 1: Comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial) Remisión de la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI)
El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia.
La remisión se fundamenta en el artículo 13 a) y 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que permite a un Estado Parte remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situación para determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas.
La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.
Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.
La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.
A esto se suma el colapso prácticamente total de la infraestructura nacional de justicia de Palestina, por lo que no estaría en capacidad de investigar o enjuiciar los posibles crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales.
El Estado de Palestina es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el 1 de abril de 2015, por lo que ésta tiene jurisdicción para investigar los crímenes de su competencia ocurridos en el territorio del Estado palestino o por sus nacionales.
El Gobierno de México tiene conocimiento y da puntual seguimiento al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y a la solicitud de medidas provisionales.
México reitera su compromiso con la justicia internacional, la prevención del genocidio y otros crímenes de guerra y contra la humanidad. Asimismo, confía en que estas acciones, basadas en la solución pacífica de controversias, puedan abrir espacios para un cese al fuego inmediato y contribuyan a allanar el camino para una paz duradera en la región sobre la base de la solución de dos Estados que convivan dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas«.
Documento 2: Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial) Chile y México presentan remisión de la situación de Palestina ante la Corte Penal Internacional
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informó que el embajador de Chile en Países Bajos, Jaime Moscoso, presentó hoy, junto a México, un escrito de remisión ante la Corte Penal Internacional (CPI) respecto de la situación en Palestina, con el objetivo de reforzar la investigación de los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este e Israel, ilícitos contemplados en el Estatuto de Roma.
Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.
“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.
Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.
Desde el pasado 7 de octubre, Chile ha insistido reiteradamente, al igual que muchos países y organismos internacionales, en condenar los ataques terroristas de Hamas y en exigir la liberación inmediata de los rehenes; en reconocer el derecho de Israel a defenderse de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario; en condenar las operaciones militares en Gaza que no han cumplido con los principios de proporcionalidad y distinción del derecho internacional humanitario; en exigir el respeto del derecho internacional y los derechos humanos; y en solicitar un cese inmediato al fuego.
Finalmente, Chile reitera nuevamente su llamado al diálogo, que conduzca a la única solución posible para poner fin a este conflicto histórico: dos Estados, Israel y Palestina, coexistiendo en paz, en el marco de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas».
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